Yo sostengo que cada país debe decidir el número de presos que quiere tener, que es una decisión política (Eugenio Raúl Zaffaroni)


Un Juez del Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa, denegó un Habeas Corpus correctivo presentado por el Defensor de Ejecución de la I Circunscripción Judicial de la Provincia, tendiente a que cesara la manifiesta situación de agravamiento de las condiciones de detención del interno DAL, que actualmente se encuentra alojado en el penal de Rawson, Provincia de Chubut. El decisorio, dictado en el Legajo Legajo Nº 9911-2/13, llega a afirmar que  "el traslado de L... de la Alcaidía de esta ciudad a la Unidad Penitenciaria U-6 de Rawson, no puede ser considerada como un agravamiento del cumplimiento de la pena, sino justamente lo contrario (y ello en base a las argumentaciones vertidas supra), por lo que no se configura el Habeas Corpus Correctivo planteado por la defensa, que justifique la procedibilidad del mismo". Lástima que los internos alojados en la Alcaidía local se han pronunciado, colectivamente y por escrito, para evitar ser trasladados fuera de la Provincia.

PLANTEA HABEAS CORPUS
EN FAVOR DE DANIEL E. LAGOS
Señores Jueces del
Tribunal de Impugnación Penal
Alejandro Javier Osio, Defensor Oficial en lo Penal de la 1 Circunscripción Judicial de La Pampa, con domicilio en Centro Judicial, Edificio Fueros, Tercer Piso, en representación de Daniel Enrique Lagos, en causa n 9911/1, caratulada: "Lagos, Daniel Enrique S/ Legajo de ejecución"; comparezco y digo:
OBJETO:
Que por el presente vengo a plantear Habeas Corpus correctivo en favor de mi defendido Daniel Enrique Lagos en razón de que se ha dispuesto su traslado a la Unidad n 6 de Rawson (Chubut), para su alojamiento definitivo a fines del cumplimiento de la pena que le fuera impuesta, y se ha efectivizado el día 29/07/2013.
Ello le agrava las condiciones mínimas de detención por su desvinculación con su familia, como así también va en contra del principio resocializador de la pena, único válido constitucionalmente como fin de la sanción punitiva (Art. 75.22 de la CN, 5.6 de la CADH y 10.3 del PIDCP), entre otros principios y compromisos internacionales que también vulnera la disposición que se me comunicara, según detallaré en los fundamentos.
HECHOS: Según se me ha notificado, en autos se ha dispuesto lo siguiente: "Por recibido, agréguese vía fax copia de mensaje teletipografico remitido por al Dirección de Judicial del Servicio Penitenciario Federal Argentino.- Visto el contenido de la comunicación recibida extráigase fotocopia del fallo glosado en autos y del cómputo de pena practicado con relación a Daniel Enrique LAGOS y previa certificación remítase a la Alcaidìa U. R.I.., organismo que queda autorizado al traslado de los internos a la Unidad n 6 del S.P.F.. A tal fin ofíciese.- Por su parte, líbrese oficio a Prisión Regional del Sur con el objeto de solicitar el se aloje al interno mencionado en dicha dependencia.- Ofíciese.-"
Dicha orden, se ha cumplimentado el día 29/07/2013, por lo que sitúa a mi defendido a más de 600km de distancia de su familia, durante el cumplimiento de su pena, lo que la tornaría en un trato cruel, inhumano y degradante, además de vulnerar varios principios constitucionales y convenios internacionales, según lo que se detallará a continuación.
COMPETENCIA:
La competencia de ese Tribunal para resolver en el presente planteo de habeas corpus surge del artículo 3 de la Ley Provincial 267 que dispone lo siguiente:
"Conocerá de la demanda cualquier Juez letrado de la Provincia, aunque forme parte del Tribunal colegiado, que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ha ejecutado el acto o hecho que motiva la acción. Cuando emane de un Juez de Primera Instancia, entenderá cualquier miembro de un tribunal superior."
Y del artículo 2 de la Ley Nacional 23098, que dispone lo siguiente:
"Jurisdicción de aplicación. La aplicación de esta ley corresponderá a los tribunales nacionales o provinciales, según el acto denunciado como lesivo emane de autoridad nacional o provincial. Cuando el acto lesivo proceda de un particular se estará a lo que establezca la ley respectiva."
En el caso, como se ha visto en el acápite anterior. la orden judicial y el acto lesivo de desarraigo y alojamiento en otra provincia del condenado Lagos, han ocurrido en esta ciudad de Santa Rosa (L.P.), por lo cual cualquier Juez letrado de la provincia con funciones en esta circunscripción resulta competente para resolver el presente habeas corpus, entre ellos ese Tribunal de Impugnación Penal.
Se indica además, que la presentación en este caso se hace directamente ante ese TIP y no ante el Juzgado de Ejecución que dictó la orden, primero porque ya se lo ha realizado en otros múltiples casos, y de manera sistemática rechaza los habeas corpus; segundo, porque eso lo hace de manera metódica para no modificar por contrario imperio decisiones que el mismo Juez toma, a nuestro criterio en contra de normativa que le es obligción aplicar, según veremos a continuación; y tercero porque nuestra ley de habeas corpus no prevé recurso contra la resolución que se dicta, y me parece fundamental en términos constitucionales que ese Tribunal de Alzada se pronuncie sobre este aspecto.
El caso se emarca en lo sustancial en el supuesto previsto por el artículo 3, inciso 2, de la Ley Nacional 23098, y 1, inciso 1, de la Ley Provincial n 267, en su remisión a los artículos 12 y 13 de la Constitución Provincial.
FUNDAMENTOS:
Podemos decir entonces, respecto de lo reseñado, que las medidas a implementarse una vez comunicado el decisorio que venimos a pedir que se modifique, esto es, el traslado de Lagos a más de 600km de su familia para el cumplimiento de su pena, es inconstitucional por suponer el agravamiento arbitrario de las condiciones de la privación de la libertad; entre varias vulneraciones más que explicaremos seguidamente.
La razón del presente pedido para que se revoque la medida dispuesta y se ordene el alojamiento de Lagos en la Unidad 4 local, se funda, por un lado, en razones de acercamiento familiar de mi defendido puesto que toda su familia reside aquí, quienes se encuentran material y económicamente imposibilitados de viajar hasta Rawson a verlo, además que se había solicitado oportunamente su traslado a la sede del Registro Civil local con el fin de reconocer a sus hijos, y ello tampoco fue cumplimentado, siendo que según informara la madre de Lagos, como los niños fueron abandonados por su madre, en caso de no reconocerse de manera celera, serían dados en adopción por la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia de esta Provincia.
Además, no cuenta ninguno de los miembros de la familia de LAgos con medios económicos suficientes para visitarlo en Rawson, son su único sostén emocional para el momento que le toca vivir y las únicas personas que le hacen llegar los elementos de higiene y personal necesarios, por lo cual resulta indispensable para él contar con ellos tanto en la visita como cercanos para poder obtener los enseres necesarios para su vida en prisión y su salud mental y espiritual, máxime teniendo en cuenta la corta edad que registra a la actualidad.
Por otro lado, la razón del pedido se funda en que en las condiciones en que se ejecutará la pena de continuarse con el alojamiento distante, Lagos en Rawson y su familia aquí imposibilitada de viajar, se establece la imposibilidad de cumplimiento del capítulo 11 de la Ley 24.660, como así también se viola el principio de trascendencia mínima de la pena (5.3 de la CADH, y 75.22 de la CN) y el de resocialización del condenado (art. 5.6 de la CADH y 10.3 del PIDCyP), puesto que amén de la prisión efectiva que ya acarrea efectos negativos anexos para el sujeto detenido, se están extendiendo los perjuicios a los familiares y allegados a él.
Con todo ello se viola el principio de prevención especial positiva como dijimos, ya que la única posibilidad de contacto de mi defendido con el resto de la sociedad que favorezca su reinserción es su familia, y del modo en que se ha procedido, se lo está alejando, provocando una profundización del efecto desocializador ya propio del encarcelamiento prolongado.
Téngase en cuenta además, para nuestro pedido, lo dispuesto en los principios 19 y 20 del "Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión", adoptados por la Asamblea General de la ONU en su resolución 43/173, del 9 de diciembre de 1988.
"Principio 19: Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho."
"Principio 20 : Si lo solicita la persona detenida o presa, será mantenida en lo posible en un lugar de detención o prisión situado a una distancia razonable de su lugar de residencia habitual."
Como así también lo dispuesto en las "Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos":
"79. Se velará particularmente por el mantenimiento y el mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su familia, cuando éstas sean convenientes para ambas partes."
"80. Se tendrá debidamente en cuenta, desde el principio del cumplimiento de la condena, el porvenir del recluso después de su liberación. Deberá alentarse al recluso para que mantenga o establezca relaciones con personas u organismos externos que puedan favorecer los intereses de su familia así como su propia readaptación social."
Pero también debe tenerse especialmente en cuenta que el traslado dispuesto de Lagos agrava sus condiciones de detención de manera ilegítima, por la vulneración de derechos constitucionales acordados, lo cual va en contra del control de legalidad que es pura y exclusivamente del Poder Judicial (Arts. 3 de Ley 24.660), y la única excepción normativa para disponer el traslado a otra circunscripción esta contemplada para el caso de quien es sancionado por una infracción grave al régimen disciplinario (Art. 64 del Decreto 18/97), y no es este el caso que se da con Lagos, quien fue directamente sacado de la Alcaidía policial local a la sede de la U.6 de Rawson.
Y por último, previendo el caso de que se pretenda argumentar que el lugar de alojamiento dispuesto para Lagos en la Unidad 6 de Rawson tenga que ver con la diagramación de su programa individual de tratamiento, solicito se tengan especialmente en cuenta dos cuestiones que desvirtúan cabalmente esta excusa reiteradamente ensayada por el SPF:
Primero, la categorización como de Mediana Seguridad de la Unidad 4 local, y lo dispuesto en la Resolución n 845/10 del Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal (B.O. Año 17 N 379, Bs.As. 30/04/2010) respecto a que esta unidad en particular debe ser polivalente, con preponderancia de régimen semiabierto, un sectorizado régimen abierto y sectores diferenciardos de régimen cerrado (ver pág. 10 de la resolución citada).
Respecto de la polivalencia la resolución referida marca textualmente en la página 6 del decisorio lo siguiente:
"La 'Polivalencia', habilita a los establecimientos penitenciarios, a disponer de sectores independientes, con modalidades de supervisión distinta a las que admite el régimen preponderante o sectorizado que funciona en la Unidad, para alojar internos en forma temporal o por circunstancias excepcionales." -negrilla es nuestra-
"Para determinar el establecimiento adecuado para el alojamiento del interno se conjugarán dos aspectos esenciales, las particularidades del régimen que se implementa en la unidad, y las características del interno a alojar".
Y respecto a la caracterización del régimen cerrado, en cuanto a la "Población Penal" que lo recibe, dice expresamente que es una "Etapa de acomodamiento al sistema:" y en cuanto al "Tratamiento" dispone que lo recibirán "Internos procesados incorporados al REAV y condenados incluidos en el Período de Observación (estudio del interno) y en el Período de Tratamiento Fase de Socialización (promoción de factores positivos de la personalidad del interno)"
Y lo segundo a tenerse en cuenta debe ser el convenio del 2007 entre nuestra Provincia y el SPF, en el cual éste último se compromete a asegurar a La Pampa 300 vacantes para sus presos, mientras que al presente no se encuentran ocupados en ese penal en su totalidad los lugares que deberían ser destinados específicamente para detenidos a disposición de órganos judiciales pampeanos, cuando la Provincia hasta construyó con fondos propios los pabellones necesarios para que ello sea posible.
Convenio sancionado mediante Ley 2365 (B.O. pcial. del 01/11/2007), cláusula: "Décimo tercera: A partir de la terminación y habilitación de la ampliación del establecimiento [se refiere al que debíase construir con fondos provinciales, y fue inaugurado el año pasado 2011], "La Provincia" podrá utilizar un cupo de trescientos (300) internos a disposición del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa."
Sobre este convenio, debo aclarar que si bien su cláusula "Quinta" dispone que el alojamiento de internos provinciales, dentro o fuera de la provincia, será una elección del SPF, es merecedor de varias consideraciones, todas las cuales llevan a dar razón al pedido que formalizamos en el presente:
Primero, y fundamentalmente, más allá de que esa cláusula exista en un convenio interjurisdiccional, es manifiestamente inconstitucional por ir en contra de lo normado tanto en la Carta Magna, como en los tratados internacionales, y las reglas y principios de las Naciones Unidas, que ya hemos citado más arriba, por ende, y ya con éste sólo argumento, debería ser descartada de plano, y no podría ser aplicada por Usted como normativa válida por violentar directamente derechos garantizados constitucionalmente e ir en contra de la normativa de superior jerarquía.
En segundo término, debemos decir que ese convenio aún hoy no se sabe a ciencia cierta si está vigente o no pues sigue siendo invocado por el SPF, pero puede interpretarse válidamente que no lo está, y en caso de que se consdiere subjetivamente que sí es aplicable, pese a su fenecimiento, de un entendimiento sistemático de dos de sus cláusulas debe colegirse que la resolución a tomar respecto de los traslados de los presos pampeanos por debajo del cupo de 300 le corresponde al Juez. Veamos.
Aparte de la cláusula quinta criticada, también se acordó en el mismo instrumento una vigésimo quinta, que dispone que "El lapso de vigencia del presente convenio se estipula hasta diciembre de 2010, excepto que al 31 de diciembre de 2009 las obras objeto del mismo no hubieran sido habilitadas, en cuyo caso fenecerá en dicha fecha." Y como sabemos, las obras no terminaron sino hasta el año próximo pasado 2011, por ende, por disposición expresa de los acordantes, el convenio del 2007 no se encuentra vigente, debido a que feneció el día 31/12/2009, y por ende, no puede ser invocado por el SPF para disponer autónomamente el destino de alojamiento de los presos pampeanos y mucho menos por Usted para sustentar sus fallos.
Y aún cuando se considere aplicable, aún fenecido, debido a la ausencia de uno nuevo que lo reemplace y al principio de ejecución material en materia contractual, si bien la cláusula quinta criticada existe en ese convenio del 2007, también existe la decimo tercera citada, que asegura 300 plazas para los presos pampeanos e indica recién sobre el adicional a ese número el SPF podrá escoger los alojamientos. Véase que dispone expresamente "Cubierto dicho cupo, la solicitud de plazas adicionales quedará a consideración de disponibilidad por parte del SERVICIO". Y como dijimos, y puede verificarse de sus registros, actualmente no se encuentran ocupadas ni la mitad del cupo acordado en aquél momento en las U.4 y U.13 locales, y U.25 de Gral. Pico.
Y en tercer lugar, lo que debemos concluir es que al no estar vigente convenio alguno que indique (aún inconstitucionalmente) quién toma la decisión sobre el alojamiento de presos pampeanos, si el Juez, otro órgano de la Provincia o el SPF autónomamente, debe aplicarse la normativa de fondo (Art. 3 y 4 de Ley 24.660, y la reglamentaria ya citada) con más las de superior jerarquía ya citadas ut supra, todas las cuales no dejan lugar a dudas de que debe ser el Juez el que tome la decisión y esa decisión no puede ser otra que disponer el alojamiento de los presos en los establecimientos más cercanos al asiento de residencia de su familia, y es esta la única interpretación constitucional posible en esta materia, de lo contraria su decisión será inconstitucional.
Aclaro que si bien existe un nuevo convenio de fecha 29/12/2011 entre nuestra Provincia y el SPF (Ley 2660, B.O. pcial. del 01/06/2012), en éste nada se dispone sobre el alojamiento de internos, que modifique a aquél del 2007, sino que sólo se regula la nueva cápita por detenido alojado en el SPF.
Esto lo traigo a colación para demostrar que el SPF no está cumpliendo actualmente ni con la normativa internacional aplicable, ni con la de fondo, ni con la reglamentaria, ni con el convenio interjurisdiccional citado, ni con la resolución interna respectiva dictada por el Director del SPF, y todas esas ilegalidades caen en cabeza del interno, cuyo alojamiento en esta ciudad solicito, como así también sobre muchos otros, lo cual debería ser controlado por el Juez competente y no ser el Juez de Ejecución quien disponga el traslado hacia otra jurisdicción en contra de los principios constitucionales y reglas y principios internacionales citados, los cuales está obligado a aplicar.
En razón de todo ello, solicito que se disponga judcialmente por encontrarse dentro de sus facultades específicas (Art. 3 y 4 de Ley 24660, con más las normas constitucionales, reglas y principios, y normas reglamentarias citadas) el inmediato alojamiento en esta ciudad de mi defendido, y se arbitren los medios que sean necesarios para que sea alojado en la Colonia Penal U.4 del SPF con asiento en esta ciudad de Santa Rosa, La Pampa, a la mayor brevedad que sea posible definitivamente, y si esto es imposible de materializarse en el corto plazo, se suspenda la ejecución del traslado dispuesto y materializado, regresándose a Lagos a la Alcaidía local, a fin de que el condenado no pierda los lazos afectivos primarios que por la distancia no está gozando, y ello sin duda redundará en beneficios para el fin resocializador establecido constitucionalmente.
Solicito además, que en caso de que desde la U.4 no se acate la orden de traslado y/o permanencia o se indique que es "imposible" su cumplimiento por falta de vacantes, de alojamiento con régimen cerrado u otra "razón", se le asigne un lugar de alojamiento en la Alcaidía de Policía UR-1 local o en otra dependencia policial local.
El anclaje normativo de lo expuesto es el siguiente:
El agravamiento arbitrario e ilegítimo de las condiciones de detención en franca oposición de la dignidad y humanidad como derechos humanos básicos de los seres humanos, va directamente en contra de los artículos 5.2 de la CADH, 10.1 del PIDCP, y 16, 18 y 19 de la C.N., y supone además la vulneración flagrante del principio resocializador de la pena (Art. 75.22 de la CN, 5.6 de la CADH y 10.3 del PIDCP) como el deber de alojar a los condenados de la manera más cercana posible a sus familias (principios 19 y 20 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, Adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988; 1 y 5 de los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, Adoptados y proclamados por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990; y reglas 79 y 80 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.
En lo específico a la ley pcial 267 de habeas corpus (artículo 1) y en lo aplicable supletoriamente y de manera específica para el caso que nos convoca, artículo 3, inciso 2, de la Ley Nacional 23098, todos los cuales los hacen a su vez competente para la resolución del presente planteo (Art. 3 y 208 de la LEP), pues en este caso se han agravado ilegítimamente las condiciones de privación de la libertad de Daniel Enrique Lagos, según hemos expuesto, y tal agravamiento no se encuentra dentro de las facultades del Juez de Ejecución provocarlo, sin que por mandato del artículo 3 de la LEy 24660, y de las normas constitucionales ya citadas, lo que le corresponde como deber es, precisamente, evitarla, y en el caso no lo ha hecho.
PETITORIO: Por lo expuesto solicito:
1) Se tenga por interpuesto habeas corpus en favor de Daniel Enrique Lagos.
2) Se reciba en audiencia al agraviado en el término legal (Art. 5 de Ley 267);
3) Se disponga su alojamiento en la Unidad 4 del SPF con asiento en esta ciudad de Santa Rosa;
4) Se dispongan las medidas necesarias para la suspensión del cumplimiento de la orden de traslado a la Unidad 6 de Rawson, reintegrándoselo a su lugar de alojamiento en la Alcaidía local o en alguna dependencia policial que tenga vacante, hasta tanto se hubiere agotado la vía recursiva en caso de no hacer lugar a lo aquí solicitado.-
Proveer de conformidad,
SERÁ JUSTICIA.-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santa Rosa, 9 de agosto de 2013
AUTOS Y VISTOS:
El presente Legajo Nº 9911-2/13 (Registro de este Tribunal), caratulado" LAGOS, Daniel Enrique s/ Habeas Corpus Correctivo", del que:
RESULTA:
Que con fecha 8 de agosto de 2013, se presenta el señor Defensor General Alejandro Javier Osio, planteando Habeas Corpus Correctivo de su defendido Daniel Enrique Lagos, en razón de haberse dispuesto su traslado a la Unidad Nº 6 de Rawson (Chubut), para su alojamiento definitivo, a los fines del cumplimiento de la pena que le fuera impuesta, efectivizándose dicho traslado el día 29 de julio de 2013.
Que con fecha 8 de agosto del corriente año, obra informe de Secretaría, del que surge que telefonicamente el señor Juez de Ejecución Martín Saravia, comunicó que el detenido Daniel Enrique Lagos, fue condenado mediante sentencia Nº 116/12, de fecha 11 de diciembre de 2012, a la pena de 6 años de prisión por el delito de Abuso Sexual Agravado con acceso carnal, en concurso real con Abuso Sexual Simple, habiéndose realizado el cómputo de pena conforme lo previsto por el art.444 del C.P.P. el 11 de enero de 2013, del que surge que la condena impuesta agota el día 25 de julio de 2018.
Asimismo informa que, habiéndose solicitado lugar para su alojamiento a la Dirección Nacional del Registro del Servicio Penitenciario Federal, se le asignó la U-6, disponiéndose con fecha 22 de marzo de 2013, el traslado a esa Unidad, el cual se efectivizó el día 29 de julio del corriente año,y:
CONSIDERANDO:
La competencia del suscripto para entender en la acción de Habeas Corpus Correctivo planteada, surge de lo establecido en el art.3º de la Ley Provincial Nº 267.-
Los fundamentos del presentante, está basado en que el traslado de Lagos a la Unidad 6 de Rawson (Chubut), le imposibilita el trato con su familia, considerando que su defendido, ha sufrido un agravamiento arbitrario e ilegítimo de las condiciones de detención.
El art.3º inc.2º de la Ley 23.098, que establece el Habeas Corpus Correctivo, determina: "Agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad.....". Ahora bien, corresponde determinar si el traslado de Lagos a la Unidad 6 de Rawson (Chubut), fue una "agravación ilegítima" en que venía cumpliendo la pena impuesta.
Según surge del informe de la Actuaria, Daniel Enrique Lagos venía cumpliendo la pena impuesta mediante Sentencia Nº 116/12 en la Alcaidía de la Unidad Regional I de esta ciudad y con fecha 29 de julio de 2013, fue trasladado a la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal.
Ahora bien, podemos considerar como un "agravamiento ilegítimo" de la condición en que cumple la pena Lagos, el traslado de la Alcaidía Policial a la Unidad Penitenciaria Federal?. Es indudable que dicho traslado, en lugar de agravar el cumplimiento de la pena, lo beneficia, en el sentido de que continuará el cumplimiento de aquella, en una Institución que se encuentra preparada para lograr la finalidad de readaptación social del condenado que establece el art.1º de la Ley de Ejecución Penal (24.660), sin perjuicio de poder lograr ( de acuerdo a su evolución dentro de la Institución) las diferentes etapas del regimen de la progresividad, el cual resulta determinante, a los fines de su alojamiento en establecimiento de menor rigor respecto a sus derechos carcelarios (Art.6º de la Ley 24.660).
Quienes llevamos varios años en la Justicia, somos concientes que uno de los problemas fundamentales es lograr que el Servicio Penitenciario Federal, otorgue un lugar para un condenado de la Provincia, siendo un número importante de estos últimos, los que cumplen su condena en las diferentes instituciones policiales de la Provincia, las cuales indudablemente no se encuentran preparadas para lograr las finalidades que la Ley 24660 establece en relación a los condenados.
En el caso sub-examen, el traslado de Lagos de la Alcaidía de esta ciudad a la Unidad Penitenciaria U-6 de Rawson, no puede ser considerada como un agravamiento del cumplimiento de la pena, sino justamente lo contrario (y ello en base a las argumentaciones vertidas supra), por lo que no se configura el Habeas Corpus Correctivo planteado por la defensa, que justifique la procedibilidad del mismo.
Sin perjuicio de ello, quiero hacer mención a lo expresado por el señor Defensor General, del problema relacionado a la distancia existente de la Unidad donde deberá cumplir la pena Lagos, para el acercamiento familiar del nombrado. Ello no es obviado por el suscripto, ya que indudablemente esta circunstancia puede afectar dicho acercamiento. Pero por otra parte, esto resulta ser a consecuencia de no contar con un Servicio Penitenciario Provincial, debiendo depender (en cuanto a conseguir lugar dentro del Servicio Penitenciario Federal), de las disponibilidades que este último, puede tener en las diferentes unidades que posee en todo el país.
Que ello así, corresponde no hacer lugar a la Acción de Habeas Corpus planteada por el señor Defensor General, por resultar la misma, formalmente improcedente (Art.3º inc.2º de la Ley 23.098).
Por todo lo expuesto, el TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN PENAL:
RESUELVE:
PRIMERO: No hacer lugar a la Acción de Habeas Corpus Correctivo planteada por el señor defensor general Alejandro Javier Osio en favor de Daniel Enrique Lagos, por resulta la misma, formalmente improcedente (Art. 3º inc.2 de la Ley 23.098).
SEGUNDO: Protocolícese, Notifíquese y oportunamente archívese

Desde hace algunos años a esta parte, son cada vez más frecuentes los reclamos de agrupaciones de Derechos Humanos que peticionan  para que los presos vascos condenados por  terrorismo sean retornados a su tierra. Se encuentran encerrados en cárceles que distan, promedio, 615 kilómetros de su territorio de origen. Presos croatas, condenados por crímenes contra la humanidad, están alojados en una prisión de La Haya, distante a menos de 1100 kilómetros de Zagreb. Pueden parecer muy locas ambas referencias, pero resulta difícil hacer entender a las autoridades el grosero agravamiento de las condiciones de detención de los presos pampeanos que se encuentran cumpliendo sus condenas en otras provincias. Los más cercanos están en la Unidad 5 de Roca, distante 550 kilómetros de Santa Rosa, pero casi 700 de General Pico, de donde son oriundos algunos internos. La Unidad 9 de Neuquén está a casi 600 km de la ciudad Capital de La Pampa, pero la diferencia también se amplía si se trata de presos piquenses o de otras localidades del norte provincial. Ni hablar los casos de Rawson, o el Chaco. Hace décadas que esta situación de iniquidad se mantiene, sin que el Estado pampeano haya demostrado la más mínima preocupación por resolverla. Curiosamente, o no tanto, los reclusos condenados por delitos de lesa humanidad, esos sí, purgan sus condenas en la Unidad 4 de Santa Rosa. Otra muestra de la arbitrariedad y selectividad del SPF, y de la desidia histórica de nuestras autoridades en el tema. Otro sí: por supuesto, no se me ocurre plantear la creación de un servicio penitenciario provincial. Sobran los ejemplos nefastos en el país de lo que terminan siendo esas agencias.
“Un singular estudio de Oriol i Anguera sobre la “agonía interior” de San Martín, editado en 1954, al asomarse a sus problemas familiares y personales desde el punto de vista médico y psicológico, formula agudos interrogantes en torno a los conflictos que padeció: “su radical soledad”, las mudanzas o carencia de hogar, la falta de “introyección paterna”, su insatisfacción consigo mismo, el desequilibrio que de algún modo lo impulsó al heroísmo... El caso del hijo mestizo de una unión ilegal, cuya “agonía interior” le llevó a convertirse en el conductor de la guerra de la independencia, lejos de ser excepcional o anecdótico, bien podría considerarse como una síntesis del drama original de América.” (Chumbita, Hugo: “El Secreto de Yapeyú. El origen mestizo de San Martín”, Emecé, 2001, p. 58 y 59).

El divorcio histórico entre el mandato constitucional inspirado en los denominados “paradigmas RE” y los productos de los procesos de criminalización alojados en los establecimientos generales de secuestro institucional, marca un aspecto dramáticamente elocuente respecto del fracaso de la prisión en orden a las finalidades que históricamente le asignara el derecho penal liberal (conf. Mathiesen,  op. cit., p. 31 y 32), a la sazón el sistema de control social clásico del capitalismo temprano.
Hasta donde llevamos visto, la cárcel, contrariamente a como se la exhibe en lo que hace a  sus fines, des-habilita, des-socializa y estigmatiza. Debemos igualmente admitir que las denominadas ideologías “RE” responden a una dosis manifiesta de pensamiento mágico y constituyen algo así como una suerte de ficción contractualista que se retroalimenta continuamente.

Estas evidencias, empero, no alcanzan a soslayar los aspectos constitutivos de los procesos de apropiación estatal de la libertad: la tendencia sistemática a valerse de los sectores más vulnerables de la sociedad como víctimas exclusivas y excluyentes de los castigos estatales, por una parte, y por la otra la apelación al secuestro institucional como respuesta sistémica a la afectación de la propiedad privada por parte de los infractores.
El encerramiento es, por ende, la resignificación de una tentativa brutal de disciplinar al conjunto, cuya aplicación se circunscribe, paradójicamente, a un solo segmento social.
Un abordaje empírico permitiría comprobar que los pobres presos (ergo, la mayoría de los encarcelados) están privados de su libertad por haber cometido delitos contra la propiedad.
Semejante celo estatal en la protección de estos bienes jurídicos, en una época donde el mercado se halla, precisamente,  saturado de bienes, deslegitima aún más las motivaciones explícitas del castigo y pone de relieve la selectividad e injusticia del sistema penal.
Este último, empero, se defiende construyendo su propio discurso legitimante desde una relación de fuerzas sociales favorable, exhibida ex - profeso como una necesidad natural y una consecuencia obligada del también irreversible proceso de transnacionalización de la economía, y con el aval que la mayoría de la población – incluidos, paradójicamente, los sectores sociales más desfavorecidos- otorgan al castigo institucional.
La lógica de la punición del capitalismo tardío pocas veces ha sido puesta en crisis desde concepciones alternativas sociológico-criminales y político-criminales. Esta carencia es una asignatura pendiente de los críticos, que además desnuda falencias teóricas preocupantes, ante esta situación de represión asimétrica con sustento de lo que parece ser la opinión mayoritaria de la población. 
Ello así, pese a que el paradigma defensista hegemónico se legitima a sí mismo sobre la base de la sanción de conductas derivadas de la afectación de valores que los sectores preeminentes de esa sociedad consideran relevantes.
Sistema penal, bienes jurídicos y control social, encuentran en la realidad carcelaria una evidencia impactante, elocuente, respecto de la selectividad del sistema: pobres, marginales, y jóvenes (cada vez más menores, como se observa en los cuadros estadísticos que se transcriben). La mayoría de esos sujetos sociales están privados de libertad por haber cometido delitos contra la propiedad.
Me he extendido ya sobre lo que considero la tendencia a futuro de la privatización de las prisiones y de la necesidad de contar con más reclusos para que esta expresión (acaso la más violenta de la historia, en lo que hace a la pretensión de control social formal) del mercado punitivo, resulte funcional en términos de costo-beneficio.
De todas maneras,  enunciaré a manera de introducción de este capítulo, algunas circunstancias que caracterizan al problema carcelario actual en la Argentina, donde la mayoría de los presos pertenecen a sectores de bajos recursos, conforme lo expresan categóricamente las investigaciones actuales[1], y más específicamente a la Provincia de La Pampa, donde se han recolectado muchos de los datos que se vuelcan en esta investigación.
Quiero inicialmente poner de relieve que este estado provincial argentino posee indicadores de desarrollo (escolarización, analfabetismo, satisfacción de necesidades básicas, mortalidad infantil, expectativa de vida, conflictividad social, etc.) que la sitúan en todos los casos por encima de la media del país y casi siempre en los primeros lugares en el concierto nacional, por lo que resulta un escenario propicio para establecer patrones extensibles con alguna pretensión de analogía, sobre todo cuando su tasa de delincuencia anual cada 10.000 habitantes (324,39) la ubica en un punto medio entre el porcentual más bajo del país (Formosa, 133, 97) y el más elevado (482,05), y es cercano al promedio nacional (230,04)[2]. Pero además, y en lo que creo datos conducentes para una apreciación panorámica y abarcativa, es oportuno poner de relieve que, de acuerdo a los Aportes para el de Desarrollo Humano de la Argentina correspondientes al año 2002, del PNUD, La Pampa figura quinta entre las provincias argentinas en lo que concierne precisamente a los indicadores totales de desarrollo humano ampliado, encontrándose entre las que son destacadas como con situaciones más favorables (junto a Buenos Aires, Mendoza, Tierra del Fuego y Córdoba). Asimismo, en lo que concierne a los estándares de desigualdad social entre provincias, también es ubicada entre las que presentan situaciones más favorables, exhibiendo los mejores indicadores en conocimientos, longevidad de la población y estándar de vida; la tasa de desempleo la ubica en sexto lugar en el concierto nacional; mientras el deterioro del ingreso promedio en el país entre 1995 y 2002 es de 19, 6%, en La Pampa este guarismo alcanza a 12,8%; las referencias del informe sobre pobreza estructural e indigencia (porcentaje de personas en hogares con NBI) la ubican en cuarto lugar entre las menos pobres, luego de Tierra del Fuego, Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz y la esperanza de vida al nacer en el año 2000 era de 74,1 años (la más alta pertenecía a Córdoba con 74,5 y las más bajas a Formosa y Jujuy con 71,8 y 71,9 respectivamente). Por estas razones, y sin ignorar el dato trascendente de que la mayor conflictividad social se expresa especialmente en los grandes conglomerados urbanos -las megalópolis que parecen convertirse en el futuro inexorable de la humanidad- resulta igualmente posible ensayar un abordaje desde un lugar donde distintas variables e indicadores sociales permiten tener una visión acotada y a la vez próxima del fenómeno que se intenta analizar.
Del mismo modo, considero también oportuno entrecruzar algunos datos estadísticos extraídos del Departamento Judicial de la Policía de la Provincia, organismo del que emana este tipo de informaciones oficiales, que sirven para dar una idea introductoria aproximada del cuadro de situación con que nos encontramos.
Debe observarse así que, durante el primer semestre del año 2001, hubo en la Provincia tan sólo 4 homicidios dolosos, 30 homicidios culposos (casi todos derivados de accidentes del tránsito vehicular), 15 violaciones y estupros, 16 abusos deshonestos. Curiosamente, no se consigna entre esos datos, por ejemplo, ningún hecho de usura, lo que aproxima a la idea de cuáles son los delitos que ordinariamente se reportan.
Con estos elementos, debe confrontarse la constatación de 4589 delitos contra la propiedad (74,9%) sobre un total de 6126 delitos denunciados. De esos delitos contra la propiedad, 1396 fueron hurtos; 200 abigeatos; 40 hurtos de automotor; 213 hurtos de ciclomotor; 887 hurtos de bicicleta; 1209 robos; 66 estafas y defraudaciones; 24 usurpaciones y 554 daños. Es oportuno poner de relieve que estas mediciones resultan coincidentes en lo fundamental con lo que acontece a nivel nacional, toda vez que, según información emanada del Sistema Nacional de Información Criminal, en el año 2000 el 67% de los hechos delictuosos reportados ante las fuerzas de seguridad fueron delitos contra la propiedad (753.727 sobre un total de 112990)[3] y durante el año 2001, sobre un total de 1.171.648 delitos, los delitos contra la propiedad ascendieron a 781.678 (66,7%).
De entre los delitos denunciados en la Provincia, 2384 fueron “esclarecidos”, resultando inculpados 2456 mayores y 772 menores. (Es del caso acotar además que –según las encuestas policiales- se había producido por entonces una disminución del 5,2% de los delitos respecto del semestre anterior, lo que pone seriamente en crisis a los mensajes apocalípticos de “aumento de la inseguridad” que se imparten desde los medios de comunicación y desde la irresponsabilidad de algunos políticos ávidos por obtener algunos centímetros de tiraje gráfico o unos módicos minutos en televisión).
En esa misma dirección, durante el mes de junio del año 2000, ya iniciada esta investigación, un relevamiento llevado a cabo por el suscripto en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal con asiento en La Pampa (que no posee servicio provincial penitenciario), en la única cárcel de menores ubicada en Santa Rosa (Unidad 30, “Dr. Julio Alfonsín”) y en todas las comisarías, permitió constatar que el índice de prisionización de la Provincia era de 59 presos cada 100.000 habitantes (se constató en ese momento un total de 177 presos).
Para ello, se contabilizaron  los reclusos alojados en dichos establecimientos federales pero condenados por tribunales pampeanos o por tribunales federales asentados en la Provincia, la población de detenidos en comisarías de la policía provincial y federal, los presos condenados por tribunales con asiento en el territorio provincial (sean éstos federales o provinciales) que se hallaban purgando sus penas en cárceles de otras provincias (Chaco, Neuquén, Chubut, etcétera). El guarismo fue cruzado con el porcentaje de sentencias condenatorias producidas en La Pampa con relación a denuncias realizadas, que era  de 2,67% y colocaba a los tribunales de len el segundo lugar de “eficiencia” en el país (hoy en día posee el primero), lo que aventaba la posibilidad de que los particulares indicadores de prisionización  (prácticamente igual al que Nils Christie relevaba para Noruega en 1994 en su libro "La industria del control del delito") antes reseñados pudieran deberse a “ineficacia” o “mano blanda” de los jueces.
Ahora bien, una vez constatada esta conflictividad “baja” en orden al fenómeno criminal, hubo que adentrarse en la averiguación de dos supuestos relevantes para el resultado de esta investigación.
Uno fue la condición social de los reclusos. El otro, los bienes jurídicos afectados por ellos, que determinaran su encerramiento.
La hipótesis de trabajo fue intentar encontrar un correlato de racionalidad entre esa baja conflictividad social y las motivaciones y destinatarios de los castigos. O sea, se tendió a desentreñar el enigma que a priori se genera al observador con los datos de desarrollo humano de la Provincia donde se realiza la investigación empírica. Dicho en otros términos, si la vigencia de un “estado de bienestar” atenúa el carácter selectivo del sistema penal.
Comencé entonces por relevar los establecimientos para menores, precisamente por las convicciones que he marcado en cuanto a su vulnerabilidad frente a la ley penal en el capítulo anterior. En primer lugar, me reuní con los profesionales del denominado “Proyecto Vida”, un establecimiento de  “menores en conflicto con la ley” donde de ordinario se internan niños por disposición de los jueces de menores de la justicia pampeana en cumplimiento de las “medidas tutelares” dictadas por éstos, que además han sido declaradas inapelables por las Cámaras en lo Criminal por no haberse previsto expresamente ese recurso en la ley y ser dichas disposiciones dictadas “en favor de los menores”. Depende de la Subsecretaría de Promoción y Asistencia de la Comunidad del Ministerio de Bienestar Social de la Provincia de La Pampa, de conformidad con la misma ley 1270, que crea el Fuero del Menor y la Familia.
El lugar está ubicado en pleno centro de la ciudad de Santa Rosa, y tiene dos segmentos diferenciados: un “sector abierto” (donde los niños están internados) y un “sector de máxima seguridad”.
En función de los requerimientos que realizara, he obtenido datos de importancia en función del objeto de la investigación. Transcribiré a continuación textualmente el informe que se me proporcionara, porque a mi juicio resulta esclarecedor en sí mismo, sobre todo a la luz de su comparación con los guarismos policiales antes referidos.
Algunas proyecciones estimativas en el Programa Proyecto Vida. Año 2001.
Hasta la primera semana de setiembre de 2001, han ingresado en el corriente año 29 "residentes" (dando un promedio de 3.6 internaciones por mes), que sumado a 2 ingresos de diciembre del año pasado arrojan los siguientes datos sobre el cálculo de un total de 31 casos registrados:
-Causas que determinaron la internación por parte de los tribunales:
a)    Homicidios: 1 caso.
b)    Tentativas de homicidio: dos casos.
c)     Robos agravados (con armas) y abuso de armas: 6 casos.
d)    Violaciones: 1 caso (reiteradas).
e)    Robos: 21 casos (67,7%).

-Edades (n. del a.: de los internados)
a)    18 años: 6 adolescentes.
b)    17 años: 9.
c)     16 años: 8.
d)    15 años: 7.
e)    13 años: 1.
-         Otros datos:
a)    10 chicos vivían (antes de ser institucionalizados) fuera de la familia, en casas de amigos o en la calle.
b)    8 chicos tienen anteriores internaciones.
c)     Las medidas de institucionalización suelen ir de 4 a 6 meses, luego de esto se prorroga en todos los casos, por un período de 3 a 6 meses.
d)    7 chicos son de General Pico (de los cuales 5 ya habían sido internados anteriormente) y el resto de Santa Rosa.
e)    En todos los casos, además de la causa que originó la medida de internación, hay causas penales previas”.                              Llama poderosamente la atención que de una treintena de niños internados, 21 lo hayan sido por la comisión de robos. Igualmente, el único homicidio perpetrado parece reproducir en escala los apenas 4 homicidios cometidos en la Provincia en el primer semestre del año 2001.      
Por lo tanto, está claro que el poder punitivo conserva la misma lógica histórica en lo que concierne a la protección de los bienes jurídicos mediante la sanción penal: más de las dos terceras partes de los internos estaban “institucionalizados” por la comisión de robos sin la utilización de armas, lo que se conjuga perfectamente con las estadísticas del orden nacional ya reseñadas. La tercera parte de esos niños no tenía una familia orgánica constituida o no vivía con ella y la gran mayoría de los mismos provenía de sectores sociales particularmente vulnerables.
En este primer muestreo, parece confirmarse la hipótesis inicial de una sobreactuación del poder punitivo en orden a conductas atentatorias contra el bien jurídico “propiedad privada”.
En segundo término, visité el día 31 de octubre de 2001 la Unidad 30, “Dr. Julio Alfonsín”, del Servicio Penitenciario Nacional, sito igualmente en la ciudad de Santa Rosa, destinado a albergar menores de 18 a 21 años, con las excepciones que los artículos 197 y 198 de la Ley 24660 reservan para casos cuya evaluación queda a cargo de la administración (con los consabidos riesgos de arbitrariedad que llegan a encubrir sistemas de “premios y castigos”), y que permite que los internos informados “favorablemente” residan en dicho ámbito hasta los 25 años.
Dicho establecimiento tiene capacidad para albergar a 21 internos, y a la fecha de la constatación residían allí 18 jóvenes, todos radicados en la Provincia de La Pampa.
De entre ellos, seis estaban condenados, y en todos los casos, por delitos contra la propiedad. Otros diez eran procesados, todos igualmente por delitos contra la propiedad. Dos de ellos finalmente, estaban a “disposición” de los Juzgados de menores, uno por delitos contra la propiedad y otro por homicidio.
Es importante destacar aquí un costado de la metodología cualitativa utilizada en todos los supuestos: la observación participante y la entrevista.
Cuando, por ejemplo, durante la entrevista inquirí al por entonces  jefe del penal, sobre la extracción social de los menores alojados, me respondió que estimativamente el 90% de los mismos provenía de hogares de “constitución irregular”, y que evidenciaban “falta total de límites” o “carencia de identidad paterna”, según su percepción explícita (configurada, como es de esperar, a instancias de las ideologías aplicadas del “tratamiento”[4]). Ante un  pedido de mayores precisiones, opinó que un porcentaje similar estimativo (90%) tenía estudios primarios incompletos y había sólo tres casos de menores que cursaban el Ciclo EGB (dos procesados y uno “dispuesto” judicialmente).
Y que en todos los casos se trataba de internos provenientes de familias marginales, con situaciones emblemáticas de exclusión social.
Es curiosa pero igualmente elocuente la constante histórica e inalterable de esta tendencia en lo que hace a la clientela juvenil del sistema penal. Una investigación de neto perfil positivista del año 1923 en la Argentina, destinada a describir a los menores delincuentes,  establecía ya respecto de las familias de las que estos niños provenían que “el 90 por ciento vivía en verdadera miseria”[5].
El día 5 de octubre del mismo año 2001, me entrevisté con el Jefe de Seguridad de la Colonia Penal Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal, en busca de datos análogos a los ya referidos.
En rigor de verdad, los guarismos resultan de datos que ésta persona me brindara, de manera fragmentaria, producto de la imposibilidad de lograr un “rapport” adecuado en esa oportunidad.
Por ejemplo, de una población total de 272 internos, se me explicó que 51 de ellos se encontraban en condición de procesados y el resto eran personas condenadas.
Cuando le requerí  más precisiones sobre este particular, se me señaló de manera verbal y genérica que se alojaban allí “alrededor del 40% de presos pampeanos condenados y la mayoría de los procesados eran también pampeanos”. Posteriormente, intentó precisar que de La Pampa había 34 procesados y 89 condenados, no pudiéndose verificar fehacientemente ninguno de estos datos.
 Dadas las características de la Unidad, interrogué también acerca de los presos condenados por tribunales pampeanos (provinciales o federales) que se hallaban alojados en otras cárceles del país. Se me respondió que ese dato debía recabarlo en Buenos Aires, ya que allí no poseían esa información (aunque la misma me había sido proporcionada por el Departamento Judicial de la propia Unidad 4 cuando realizara el relevamiento de junio del 2000, al cual ya hiciera mención).
De los 272 internos, 50 eran personas vinculadas a delitos contra las personas y 118 contra la propiedad. En el caso del resto, la mayoría se trataba de delitos sexuales o relacionados con drogas.
Ese cuadro de situación, por el momento en que fue detectado, resultaba a mi entender particularmente oportuno.
En primer lugar, porque a partir de la reciente decisión política de “descongestionar” las grandes cárceles argentinas, los establecimientos federales con asiento en la Provincia recibieron abruptamente importantes contingentes de presos que saturaron su capacidad de alojamiento.
Este aumento de la población carcelaria podría, hipotéticamente, haber hecho variar el escenario anteriormente descripto.
A fin de constatar esta circunstancia, en una visita a la citada unidad realizada el 20 de enero de 2003, me informaron – en este caso, de manera más precisa - que la población del establecimiento era en ese momento de 301 presos, y los internos pampeanos procesados a disposición de tribunales con asiento en la Provincia (aunque se trate de tribunales federales) eran cincuenta y ocho. Veinticuatro eran condenados de la misma condición (siempre sobre la referida población de 301 internos).
Algunos indicadores oficiales complementan y permiten una cierta orientación en la dirección que plantea esta investigación: según el Informe Anual de Estadísticas Policiales del año 2001 que publica la Dirección Nacional de Política Criminal dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Provincia de La Pampa poseía el índice de decrecimiento más alto del país respecto de hechos delictuosos registrados (-7,27%) en el año 2001 respecto del 2000.
Pero además exhibía en el año 2001 el porcentaje más alto del país (3, 93%) en la comparación entre hechos delictuosos y sentencias condenatorias (con el dato cualitativo ya señalado respecto de esas sentencias) y estaba ubicada en el vigésimo primer lugar en las tasas comparativas de homicidios dolosos cada cien mil habitantes, con un indicador de 3,27%, cuando el promedio nacional era de 8,23%.
          Más allá de lo objetable de la rigurosidad de estos guarismos en la Argentina, parecería quedar claro que, pese a que la Provincia de La Pampa posee un estado que no se ha retirado totalmente de sus funciones históricas, lo que queda de ese "estado de bienestar" resulta incapaz de modificar la condición selectiva del sistema penal y, lo que es más llamativo aún, ha resignado al parecer su aptitud para intentar reformular el rol de las agencias penales (en especial la judicial), que igualmente siguen reproduciendo la (sobre) protección del bien jurídico propiedad privada.
La población de internos pampeanos procesados se discriminaba a enero de 2003 de la siguiente manera: 9 estaban encausados por delitos contras las personas; 4 contra la honestidad; 2 contra la seguridad pública; 1 contra el orden público; 2 contra la administración pública; 8 por infracción a la Ley 23.737 y 32 contra la propiedad (55,1 %).
El total de condenados que purgaban por entonces sus condenas en la misma Colonia Penal respondía a estos datos, brindados en todos los casos por el responsable de la Sección Judiciales: 28 condenados por delitos contra las personas; 15 contra la honestidad; 1 contra la seguridad pública; 2 contra el orden público; 6 contra la administración pública; 43 por infracción a la Ley 23.737 y 132 por delitos contra la propiedad (58,1 %).
Un último relevamiento realizado el día 29 de mayo de 2003 reveló que solamente en las comisarías de la Provincia había por entonces 152 personas privadas de libertad (alrededor de un 70% de las mismas, por delitos contra la propiedad). Si a esa cifra se agregaran los casi 40 menores alojados en ese momento en el “Proyecto Vida” (en condiciones de superpoblación admitidas por las propias autoridades del Poder Judicial y la Dirección General de Familia de la Provincia) y los 21 que se hallaban alojados en la Unidad 30, se superaba holgadamente el índice de prisionización detectado en la investigación llevada a cabo en el mes de junio del año 2000, sin contar uno sólo de los internos de los establecimientos carcelarios para mayores pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal en La Pampa, ni los presos condenados por tribunales pampeanos alojados en otras jurisdicciones. Concretamente, se había pasado de 177 reclusos en junio de 2000 a 393 en junio de 2003. Esto constituye un aumento de la población presidiaria sin precedentes, que ni siquiera puede justificarse apelando a la evolución de los ya citados indicadores de criminalidad, donde la selectividad del sistema sigue operando de igual manera y con idénticos resultados, más allá del aumento de ciertos delitos violentos.
(*) Este trabajo data de más de diez años, e integra mi primera tesis doctoral, publicada en el año 2005 por Fabián Di Plácido ("Bienes Jurídicos y sistema penal"). Los datos que ex profeso consignamos nuevamente, los indicadores señalados, bien podrían conceptualizarse como una suerte de "huevo de la serpiente" en La Pampa. Las mediciones carcelarias se realizaron en pleno colapso de la última experiencia liberal, esa a la que tantos -a juzgar por los resultados de la última contienda electoral- añoran retornar, y sirven para pensar este presente de inflación penitenciaria en la Provincia como un proceso inacabado de exacerbación del poder punitivo, del que resulta responsable excluyente la agencia judicial.





[1] (ver sobre el particular los Informes de ONGs argentinas al Comité de Derechos Humanos de la ONU, en http://www.derechos.org/nizkor/arg/onga/carcel.htm )
[2] Conf. Cerro, Ana María; Meloni, Osvaldo: op. cit., p. 3.
[3] Conf. Revista “Delito y Sociedad”, Año 10, Números 15 y 16 del año 2001, p. 240 y 242.
[4] Como se observa, la falta de introyección de la figura paterna puede dar como resultado, al parecer, un preso o el general San Martín.
[5] Conf. Carlos de Arenaza: “Menores delincuentes. Clasificación y estudio médico-psicológico”. RCPML. 1923, p. 39-60, citado por Eugenia Scarzanella en su libro: “Ni gringos ni indios. Inmigración, criminalidad y racismo en Argentina 1890-1940”, Universidad nacional de Quilmes Ediciones, 2002, p. 66.
No hace demasiado tiempo, Michael Hardt y Toni Negri anticiparon que Estados Unidos había sido derrotado en su intento de dar un golpe de estado al mercado mundial. En lo que podría asumirse como las vísperas de un (nuevo) retroceso de un imperialismo que se agota, la administración Obama acaba de meterse en un atolladero de destino incierto. La crisis a la que se ha expuesto, al comprobarse la más fabulosa operación de espionaje de la historia de la humanidad tiene un final abierto, pero en cualquier caso, traumático. Estados Unidos ha perdido el dominio del hecho y es improbable que lo recupere en el plano diplomático, al menos en el corto plazo. Entre el libro “Common Wealth" (2009), que da cuenta de la debacle del unilateralismo económico, y el escándalo del espionaje mundial han pasado menos de cuatro años. Casi el mismo lapso que ha transcurrido desde que el presidente norteamericano fuera insólitamente ungido Premio Nobel de la Paz. En aquella oportunidad, Obama sacó pecho y, paradójicamente, reivindicó la legitimidad y la necesidad de... la guerra: "La guerra sí que tiene un papel que jugar en la preservación de la paz".  "Me enfrento al mundo como es, y no puedo obviar las amenazas a las que se enfrenta el pueblo americano". "La guerra es necesaria". Palabras de Obama en su cenit. Imposibles de ser replicadas en el contexto de particular sensibilidad que la propia superpotencia ha creado. La capacidad de disciplinar voluntades ha dado muestras de un llamativo debilitamiento, lo que obliga al presidente a recordar que su país conserva intacta una capacidad de disuasión militar que nadie le discute. Pero que no alcanza para organizar en clave de viejo orden la imprevisible dinámica internacional.


Los países europeos, sus socios menores, han interpelado a la expresión institucional del complejo militar industrial, por la grosera injerencia que supone un espionaje a gran escala, que amenaza reducir a Watergate en una inocente infidencia barrial.
Putin ha contestado con una hierática ironía de cara al caso Snowden (quizás porque todavía están frescas las impudorosas imágenes de ambos países intercambiando espías). Los países latinoamericanos no parecen dispuestos a reeditar sus ejercicios de sumisión de antaño y se encuentran próximos a ensayar una nueva estrategia conjunta de enérgica protesta formal.
Si entre los miembros del MERCOSUR había cundido una justificada reserva ante la falta de compromiso militante de algunos países miembros (sobre todo Brasil) a la hora de solidarizarse con el Presidente Morales, ni bien se conocieron en la región las inéditas maniobras de intromisión, la alianza estratégica se galvanizó definitivamente. 
La administración demócrata lo consiguió, por otros medios.





Acabamos de conocer los nuevos cuestionamientos efectuados por la relatora especial sobre independencia de jueces y abogados de la ONU, la brasileña Gabriela Knaul, contra las medidas de democratización de la justicia impulsadas por el gobierno argentino, particularmente en lo que concierne a los mecanismos propuestos de selección de jueces.
La mencionada funcionaria había exteriorizado sus primeras  y llamativas críticas desde Ginebra, Suiza.
Sería bueno saber si, antes de incurrir en esos excesos e inexactitudes, la relatora intentó también amonestar al país desde donde realizó esas especulaciones, que no es otro que un proclamado campeón occidental de la democracia cantonal.
Es necesario decir esto, a la luz de los mecanismos de elección de los jueces que, entre otros Estados, utiliza Suiza, que al parecer no es otro que la elección popular directa, "en el que existe un dominio político partidario transparente y en el que los partidos políticos tienen absoluto predominio"[1].
Resultaría también interesante conocer si, con los mismos argumentos basados en la preservación del Estado de derecho, la independencia de poderes y demás invocaciones genéricas, puso en algún momento en crisis la constitución y el funcionamiento de una multiplicidad de tribunales internacionales esponsoreados por la propia   ONU y la “comunidad jurídica internacional”, acusados históricamente de violar principios básicos de cualquier derecho democrático, tales como la igualdad ante la ley, el juez natural, la ley previa, el derecho de defensa en juicio, los derechos fundamentales de los reclusos, los derechos de las víctimas, etcétera. Esas y otras críticas, nunca suficientemente rebatidas, se extienden desde los tribunales de Nüremberg y Tokio hasta -en lo que hace a la responsabilidad directa de la ONU- los de la Antigua Yugoslavia, Ruanda y la propia Corte Penal Internacional. No se ha podido conocer, hasta ahora, la opinión de la relatora sobre estos temas tan sensibles, que hacen a la democracia planetaria.

■ Están invitados a participar de estas jornadas los trabajadores, profesionales (sean o no juristas), estudiantes, funcionarios, magistrados de las agencias judiciales, operadores de los distintos poderes de todo el país y de la región latinoamericana, militantes de organizaciones sociales y colectivos interesados. ■ Las jornadas tienen un enfoque participativo y se invita a que los asistentes ponencias para su exposición y debate en las comisiones. Se recibirán ponencias  a la dirección Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. hasta el día 7 de mayo de 2013. Las mismas no podrán exceder de 15 carillas, tamaño A4, interlineado normal, y los presentantes deberán exponer sus trabajos en un plazo máximo de quince (15) minutos. ■ Para conocer el programa completo y los ejes de discusión de las Jornadas puede descargarse el folleto de convocatoria en este archivo (pdf).■ Se otorgarán certificados diferenciados para ponentes y simples asistentes. Para registrar la inscripción (abierta y gratuita) a las Jornadas debe completar el formulario al que se accede a través de este link


Temario


9 de mayo | 16.00 Hs. 

Conferencia de Apertura: Dr. Eduardo Aguirre (Defensor General de la Provincia)

Comisión N° 1: Sistema adversarial y medidas de coerción. Puesta en práctica y evaluación político criminal ¿Problemas de implementación o asignaturas pendientes en materia de elaboración de una política criminal unitaria?

Comisión N° 2: ¿Cuánto queda todavía en pie del paradigma inquisitivo.?  Temas y problemas. Lógicas de los operadores y derechos de los justiciables

10 de mayo | 16,30 Hs. 

Panel único: Propuesta de revisión de decisiones judiciales por jurados populares. Debate y desarrollo de las consignas del programa


(Discurso pronunciado por Piotr Kropotkin en Paris el 20 de diciembre de 1877)


Introducción:Tras el problema económico y tras el problema del Estado, quizás el más importante de todos sea el que concierne al control de los actos antisociales. La distribución de justicia fue siempre el principal instrumento para crear derechos y privilegios, pues se basaba en sólidos fundamentos de derechos constituidos; el problema de lo que ha de hacerse con los que cometen actos antisociales contiene en consecuencia en sí el gran problema del gobierno y del Estado.
Es hora ya de que nos preguntemos si la condena a muerte o a la cárcel son justas.
¿Logran el doble fin que se marcan como objetivo, el de impedir la repetición del acto antisocial y (en cuanto a las cárceles) el de reformar al infractor?

Son graves cuestiones. De la solución que se les de depende no sólo la felicidad de miles de presos, no sólo el destino de mujeres y niños asolados por la miseria, cuyos padres y maridos no pueden ayudarles desde detrás de sus rejas, sino también la felicidad de la especie humana. Toda injusticia cometida contra un individuo la experimenta, en último termino, todo el conjunto de la especie.
He tenido ocasión de conocer dos cárceles en Francia y varias en Rusia, y diversas circunstancias de mi vida me han llevado a volver a estudiar las cuestiones penales, y creo que es mi deber exponer claramente lo que son las cárceles: relatar mis observaciones y mis ideas, resultado de ellas.
1. La cárcel como escuela de delito.
Cuando un hombre ha estado en la cárcel una vez, vuelve. Es inevitable, las estadísticas lo demuestran. Los informes anuales de la administración de justicia penal de Francia muestran que la mitad de los que comparecen ante los jurados y dos quintas partes de los que anualmente comparecen ante los órganos menores por faltas reciben su educación en las cárceles. Casi la mitad de los juzgados por asesinato, y tres cuartas partes de los juzgados por robo con allanamiento son reincidentes. En cuanto a las cárceles modelo, mas de un tercio de los presos que salen de estas instituciones supuestamente correctivas vuelven a ser encarcelados en un plazo de doce meses después de su liberación.
Otra característica significativa es que la infracción por la que el hombre vuelve a la cárcel es siempre mas grave que la anterior. Si antes era un pequeño robo, vuelve ya por un audaz robo con allanamiento. Si la primera vez le encarcelaron por un acto de violencia, lo más probable es que vuelva luego como asesino. Todos los tratadistas de criminología coinciden en este punto. Los ex-presidiarios se han convertido en un grave problema en Europa. Y ya sabemos como lo ha resuelto Francia: decretando su destrucción total por las fiebres de Cayena, un exterminio que se inicia en el viaje.
2. La Inutilidad de las cárceles.
Pese a todas las reformas hechas hasta el presente, pese a los experimentos de los distintos sistemas carcelarios, los resultados son siempre los mismos. Por una parte, el número de delitos contra las leyes existentes ni aumenta ni disminuye sea cual sea el sistema de castigo. En Rusia se ha abolido la flagelación y en Italia la pena de muerte, sin que variara el número de crímenes. La crueldad de los jueces puede aumentar o disminuir, la crueldad del sistema penal jesuítico cambiar, pero el número de actos considerados delitos se mantiene constante. Sólo le afectan otras causas que brevemente enunciaré.
Por otra parte sean cuales fueren los cambios introducidos en el régimen carcelario, el problema de la reincidencia no disminuye. Esto es inevitable; así ha de ser; la prisión mata todas las cualidades que hacen al hombre adaptarse mejor a la vida comunitaria. Crea el tipo de individuo que inevitablemente volverá a la cárcel para acabar sus días en una de esas tumbas de piedra que tienen grabado: «Casa de detención y corrección».
A la pregunta “¿Qué hacer para mejorar el sistema penal?», sólo hay una respuesta: nada. Es imposible mejorar una cárcel. Con excepción de unas cuantas mejoras insignificantes, no se puede hacer absolutamente nada más que demolerla.
Podría proponer que se pusiese un Pestalozzi al frente de cada cárcel. Me refiero al gran pedagogo suizo que recogía niños abandonados y hacer de ellos buenos ciudadanos.
Podría proponer también que substituyesen a los guardias actuales, ex soldados y ex policías, sesenta Pestalozzis. Aunque preguntareis:
«¿Dónde encontrarlos?»… Pregunta razonable. El gran maestro suizo rechazaría sin duda el oficio de carcelero, pues, el principio de toda cárcel es básicamente malo porque priva al hombre de libertad.
Privando a un hombre de su libertad, no se conseguirá que mejore. Cultivaremos delincuentes habituales, como ahora mostraré.
3. Los delincuentes en la cárcel y fuera.
Para empezar, tengamos en cuenta que no hay preso que considere justo el castigo que se le aplica. Esto es en si mismo una condena de todo nuestro sistema judicial. Hablad con un hombre encarcelado o con un gran estafador. Dirá: «Aquí están los de las pequeñas estafas, los de las grandes andan libres y gozan del público respeto». ¿Qué responder, sabiendo que existen grandes empresas financieras expresamente dedicadas a arrebatar los últimos céntimos de los ahorros de los pobres, y cuyos fundadores se retiran a tiempo con botines legales hechos a costa de esos pequeños ahorros? Todos conocemos esas grandes empresas que emiten acciones, sus circulares falsas, sus inmensas estafas. ¿Cómo no dar al preso la razón?
Y el hombre encarcelado por robar una caja fuerte, te dirá: «Simplemente no fui bastante listo; nada mas». ¿Y qué contestarle, sabiendo lo que pasa en sitios importantes, y cómo, tras terribles escándalos, se entrega a esos grandes ladrones el veredicto de inocencia?
Cuantas veces se oirá decir a los presos: «Son los grandes ladrones los que nos tienen aquí encerrados; nosotros somos los pequeños». ¿Cómo discutir esto cuando los presos saben de las increíbles estafas perpetradas en el campo de las altas finanzas y del comercio. Cuando saben que la sed de riquezas, adquiridas por todos lo medios posibles, es la esencia misma de la sociedad burguesa? Cuando ha examinado la inmensa cantidad de transacciones sospechosas que separan a los hombres honestos (según medidas burguesas) y a los delincuentes, cuando ha visto todo esto, tiene sin duda que creer que las cárceles son para torpes, no para delincuentes.
Esta es la norma respecto al mundo exterior. En cuanto a la cárcel misma, no hace falta extenderse mucho en ello. Sabemos bien lo que es. Sea respecto a la comida o a la distribución de favores, en palabras de los presos, desde San Francisco a Katmchatka: «Los mayores ladrones son los que nos tienen aquí, no nosotros».
4. El trabajo en la cárcel.
Todos conocemos el influjo dañino de la ociosidad. El trabajo realza al hombre. Pero hay muchos trabajos. El trabajo del libre hace sentirse parte del todo inmenso; el del esclavo degrada. Los trabajos forzados se hacen a la fuerza, sólo por miedo a un castigo peor. Y ese trabajo, que no atrae por si mismo porque no ejercita ninguna de las facultades mentales del trabajador, esta tan mal pagado que se considera un castigo.
Cuando mis amigos hacían corsés o botones de concha y ganaban doce centavos por diez horas al día, y cuatro los retenía el Estado, podemos comprender muy bien la repugnancia que este trabajo producía al condenado a ejecutarlo.
Cuando uno gana treinta y seis centavos por semana, hay derecho a decir: «Los ladrones son los que aquí nos tienen, no nosotros».
5. Consecuencias del cese de los contactos sociales.
¿Y qué inspiración puede lograr un preso para trabajar por el bien común, privado como está de toda conexión con la vida exterior? Por un refinamiento de crueldad, quienes planearon nuestras cárceles hicieron todo lo posible por cortar toda relación del preso con la sociedad. En Inglaterra, la mujer y los hijos del preso sólo pueden verle una vez cada tres meses y las cartas que se le permiten escribir son realmente ridículas. Los filántropos han llegado a veces a desafiar la naturaleza humana hasta el punto de impedir a un preso a escribir algo más que su firma en un impreso.
La mejor influencia a que un preso podría someterse, la única que podría aportarle un rayo de luz, un soplo de cariño en su vida (la relación con los suyos) queda sistemáticamente prohibida.
En la vida sombría del preso, sin pasión ni emoción, se atrofian en seguida los buenos sentimientos. Los trabajadores especializados que amaban su oficio pierden el gusto por el trabajo. La energía corporal se esfuma lentamente.
La mente no tiene ya energía para fijar la atención; el pensamiento es menos ágil, y, en cualquier caso, menos persistente.
Pierde profundidad. Yo creo que la disminución de la energía nerviosa en las cárceles se debe, sobre todo, a la falta de impresiones variadas.
En la vida ordinaria hay miles de sonidos y colores que asaltan diariamente los sentidos, un millar de pequeños hechos llegan a nuestra conciencia y estimulan la actividad del cerebro. Esto no sucede con los sentidos de los presos. Sus impresiones son escasas y siempre las mismas.
6. La teoría de la fuerza de voluntad.
Hay otra importante causa de desmoralización en las cárceles. Todas las transgresiones de las normas morales aceptadas pueden atribuirse a la falta de una voluntad fuerte. La mayoría de los habitantes de las cárceles son gentes que no tuvieron la fuerza suficiente para resistir las tentaciones que les rodeaban o para controlar una pasión que les arrastró momentáneamente. En las cárceles, como en los conventos, se hace todo lo posible para matar la voluntad del hombre. No se suele tener posibilidad de elegir entre dos opciones.
Las raras ocasiones en que se puede ejercitar la voluntad son muy breves. Toda la vida del preso está regulada y ordenada previamente. Sólo tiene que seguir la corriente, que obedecer so pena de graves castigos.
En estas condiciones, toda la fuerza de voluntad que pudiese tener al entrar desaparece.
¿Y dónde buscar fuerzas para resistir las tentaciones que surjan ante él, como por arte de magia, cuando salga de entre los muros de la cárcel? ¿Dónde encontrará la fuerza necesaria para resistir el primer impulso de un arrebato de pasión, si durante años se hizo lo posible por matar esa fuerza interior, por hacerle dócil instrumento de los que le controlan? Este hecho es, en mi opinión, la condena más terrible de todo el sistema penal basado en privar de libertad al individuo.
Es claro el motivo de esta supresión de la voluntad del individuo, esencia de todo sistema penitenciario. Nace del deseo de guardar el mayor número de presos posible con el menor número posible de guardias. El ideal de los funcionarios de prisión seria millares de autómatas, que se levantaran, trabajaran, comieran y fueran a dormir controlados por corrientes eléctricas accionadas por uno de los guardianes. Quizá así se ahorrase presupuesto, pero nadie debería asombrarse de que estos hombres, reducidos a máquinas, no fuesen, una vez liberados, tal cómo la sociedad los desea. Tan pronto como un preso queda libre, le esperan sus viejos camaradas. Lo reciben fraternalmente y se ve una vez mas arrastrado por la corriente que le llevó a la cárcel. Nada pueden hacer las organizaciones protectores. Lo único que pueden hacer para combatir la influencia maligna de la cárcel es aliviar su influjo en los ex-presidiarios.
¡Qué contraste entre la recepción de sus viejos camaradas y la de la gente que se dedica a tareas filantrópicas con ex-presidiarios! ¿Cuál de estas personas le invitará a su casa y le dirá simplemente: «Aquí tienes una habitación, aquí tienes un trabajo, siéntate en esta mesa como uno mas de la familia»?
El ex-presidiario sólo busca la mano extendida de cálida amistad. Pero la sociedad, después de haber hecho todo lo posible por convertirle en enemigo, después de inocularle los vicios de la cárcel, le rechaza. Le condena a ser un «reincidente».
7. El efecto de las ropas de la cárcel y de la disciplina.
Todo el mundo conoce la influencia de la ropa decente. Hasta un animal se avergüenza de aparecer ante sus semejantes si algo le hace parecer ridículo.
Si pintan a un gato de blanco y amarillo no se atreverá a acercarse a otros gatos. Pero los hombres empiezan por entregar una vestimenta de lunático a quien afirman querer reformar.
El preso se ve sometido toda su vida de prisión a un tratamiento que indica un desprecio absoluto por sus sentimientos. No se concede a un preso el simple respeto debido a todo ser humano. Es una cosa, un número, y a cosa numerada se le trata. Si cede al más humano de todos los deseos, el de comunicarse con un camarada, se le culpa de falta de disciplina. Quien no mintiese ni engañase antes de entrar en la cárcel: allí aprenderá a mentir y a engañar y este aprendizaje será para él una segunda naturaleza.
Y los que no se someten lo pasan mal. Si verse registrado le resulta humillante, si no le gusta la comida, si muestra disgusto porque el guardián trafica con tabaco, si divide su pan con el vecino, si conserva aun la suficiente dignidad para enfadarse por un insulto, si es lo bastante honrado para sublevarse por pequeñas intrigas, la cárcel será para él un infierno. Se verá abrumado de trabajo o le meterán a pudrirse en confinamiento solitario.
La más leve infracción de disciplina significará el castigo mas grave. Y todo castigo llevará a otro. Por la persecución le empujaran a la locura. Puede considerarse afortunado si no deja la cárcel en un ataúd.
8. Los carceleros.
Es fácil escribir en los periódicos que hay que vigilar estrechamente a los guardias de las cárceles, que deben elegirse entre hombres buenos. No hay nada más fácil que construir utopías administrativas. Pero el hombre seguirá siendo hombre, guardián o preso.
Y cuando se condena a estos guardianes a pasar el resto se sus vidas en situaciones falsas, sufren las consecuencias. Se vuelven irritables. Sólo en monasterios y conventos hay tal espíritu de mezquina intriga. En ninguna parte abundan tanto escándalos y chismorreos como entre los guardianes de las cárceles.
No se puede dar a un individuo autoridad sin corromperle. Abusará de ella. Y será menos escrupuloso y sentirá su autoridad más aun cuanto su esfera de acción sea mas limitada.
Obligado a vivir en terreno enemigo, el guardián no puede convertirse en un modelo de bondad. A la alianza de los presos se opone la de los carceleros. Es la institución la que les hace lo que son: sicarios ruines y mezquinos. Si pusiésemos a Pestalozzi en su lugar, pronto sería un carcelero.
Rápidamente, el rencor contra la sociedad penetra en el corazón del preso. Se habitúa a detestar a los que le oprimen. Divide el mundo en dos partes: una, aquella a la que pertenecen él y sus camaradas; la otra, el mundo exterior representado por los guardianes y sus superiores. Los presos forman una liga contra todos los que no llevan el uniforme de presidiario. Son sus enemigos y cuanto puedan hacer para engañarles es bueno.
Tan pronto como se ve en libertad, pone el preso en práctica su código. Antes de ir a la cárcel pudo cometer su delito involuntariamente. Ahora tiene una filosofía que puede resumirse en estas palabras de Zola: «Que sin vergüenzas son estos hombres honrados».
Si consideramos las distintas influencias de la cárcel sobre el preso nos convenceremos de que hacen al hombre cada vez menos apto para vivir en sociedad. Por otra parte, ninguna de estas influencias eleva las facultades intelectuales y morales del preso, ni le lleva a una concepción mas elevada de la vida. La cárcel no mejora al preso. Y además, hemos visto que no le impide cometer otros delitos. No logra, pues, ninguno de los fines que se propone.
9. ¿Cómo debemos tratar a los infractores?
Debemos de formular la siguiente pregunta: «¿Qué debería hacerse con los que violan las leyes?» No me refiero a las leyes escritas (son triste herencia de un triste pasado), si no a los principios morales grabados en los corazones de todos nosotros.
Hubo tiempos en que la medicina era el arte de administrar ciertas drogas, laboriosamente descubiertas con experimentos. Pero nuestra época ha enfocado el problema médico desde un nuevo ángulo. En vez de curar enfermedades, busca la medicina ahora ante todo impedirlas. La higiene es la mejor medicina de todas. Aun hemos de hacer lo mismo con este gran fenómeno social al que aun llamamos «delito», pero al que nuestros hijos llamarán «enfermedad social». Impedir la enfermedad será la mejor cura. Y esta conclusión se ha convertido ya en lema de toda una escuela de pensadores modernos dedicados al estudio del «delito».
En las obras publicadas por los innovadores están todos lo elementos necesarios para adoptar una actitud nueva hacia aquellos a quienes la sociedad, cobardemente, ha decapitado, ahorcado o encarcelado hasta ahora.
10. Causas del delito.
A tres grandes categorías de causas se deben esos actos antisociales llamados delitos. Son causas sociales, fisiológicas y físicas. Empezaré por las últimas. Son las menos conocidas, pero su influencia es indiscutible.
Causas físicas.
Si vemos que un amigo hecha al correo una carta olvidándose poner la dirección, decimos que es un accidente, que es algo imprevisto. Estos accidentes, estos acontecimientos inesperados, se producen en las sociedades humanas con la misma regularidad que los que pueden prevenirse. El número de cartas sin dirección que se envían por correo continúa siendo notable año tras año. Este número puede variar de un año tras otro, pero muy levemente. Aquí tenemos un factor tan caprichoso como la distracción. Sin embargo, este factor está sometido a leyes igual de rigurosas que las que gobiernan los movimientos de los planetas.
Y lo mismo sucede con el número de delitos que se cometen al año. Con las estadísticas de años anteriores en la mano, cualquiera puede predecir con antelación, con sorprendente exactitud, el número aproximado de asesinatos que se cometerán en el curso del año en cada país europeo.
La influencia de las causas físicas sobre nuestras acciones aun no ha sido, ni mucho menos, plenamente estudiada. Se sabe, sin embargo, que predominan los actos de violencia en el verano, mientras que en el invierno adquieren prioridad los actos contra la propiedad. Si examinamos los gráficos obtenidos por el profesor Enrico Ferri y observamos que el gráfico de actos de violencia sube y baja con el de temperatura, nos impresiona profundamente la similitud de los dos y comprendemos hasta que punto el hombre es una máquina. El hombre que tanto se afana de su voluntad libre, depende de la temperatura, los vientos y las lluvias tantos como cualquier otro organismo. ¿Quién pondrá en duda estas influencias? Cuando el tiempo es bueno y es buena la cosecha, y cuando los hombres se sienten a gusto, es mucho menos probable que de pequeñas disputas resulten puñaladas. Si el tiempo es malo y la cosecha pobre, los hombres se vuelven irritables y sus disputas adquieren carácter mas violento.
Causas fisiológicas.
Las causas fisiológicas, las que dependen de la estructura del cerebro, órganos digestivos y sistema nervioso, son sin duda más importantes que las causas físicas. La influencia de capacidades heredadas, así como de la estructura física sobre nuestros actos, han sido objeto de tan profunda investigación que podemos formarnos una idea bastante correcta de su importancia.
Cuando Cesare Lombroso afirma que la mayoría de los que habitan nuestras cárceles tienen algún defecto en su estructura cerebral, podemos aceptar tal afirmación siempre que comparemos los cerebros de los que mueren en prisión con los de quienes mueren fuera en condiciones de vida generalmente malas. Cuando demuestra que los asesinatos más brutales los cometen individuos que tienen algún defecto mental grave, aceptamos lo que dice si tal afirmación la confirman los hechos. Pero cuando Lombroso declara que la sociedad tiene derecho a tomar medidas contra los deficientes, no aceptamos seguirle. La sociedad no tiene derecho a exterminar al que tenga el cerebro enfermo. Admitimos que muchos de los que cometen estos actos atroces son casi idiotas. Pero no todos los idiotas se hacen asesinos.
En muchas familias, tanto en los manicomios, como en los palacios, hay idiotas con los mismos rasgos que Lombroso considera característicos del «loco criminal». La única diferencia entre ellos y los que van al patíbulo es el medio en que viven. Las enfermedades cerebrales pueden ciertamente estimular el desarrollo de las tendencias asesinas, pero no es algo inevitable. Todo depende de las circunstancias de quien sufra la enfermedad mental.
Toda persona inteligente podrá ver, por los datos acumulados, que la mayoría de los individuos a los que se trata hoy como delincuentes son hombres que padecen alguna enfermedad, y a quienes en consecuencia, es necesario curar lo mejor posible en vez de enviarlos a la cárcel, donde su enfermedad sólo puede agravarse.
Si nos sometiésemos todos a un riguroso análisis, veríamos que a veces pasan por nuestra mente, rápidos como centellas, los gérmenes de ideas que son los fundamentos de las malas acciones. Rechazamos estas ideas, pero si hubiesen hallado un eco favorable en nuestras circunstancias o si otros sentimientos, como el amor, la piedad o la fraternidad, no hubiesen contrarrestado estas chispas de pensamientos egoístas y brutales, habrían acabado llevándonos a una mala acción. En suma, las causas fisiológicas juegan un papel importante en arrastrar a los hombres a la cárcel, pero no son las causas de la «criminalidad» propiamente dicha. Estas afecciones de la mente, el sistema cerebro- espinal, etc., podemos verlas en estado incipiente en todos nosotros. La inmensa mayoría padecemos alguno de esos males. Pero no llevan a la persona a cometer un acto antisocial a menos que circunstancias externas les den una inclinación mórbida.
Causas sociales.
Si las causas físicas tienen tan vigorosa influencia en nuestras acciones, si nuestra fisiología es tan a menudo causa de los actos antisociales que cometemos, ¡cuanto más poderosas son las causas sociales! Las mentes más avanzadas e inteligentes de nuestra época proclaman que es la sociedad en su conjunto la responsable de los actos antisociales que se cometen en ella. Igual que participamos de la gloria de nuestros héroes y genios, compartimos los actos de nuestros asesinos.
Nosotros les hicimos lo que son, a unos y otros.
Año tras año crecen miles de niños en medio de la basura moral y material de nuestras grandes ciudades, entre una población desmoralizada por una vida mísera. Estos niños no conocen un verdadero hogar. Su casa es una choza mugrienta hoy y las calles mañana.
Crecen sin salida decente para sus jóvenes energías. Cuando vemos a la población infantil de las grandes ciudades crecer de ese modo, no podemos evitar asombrarnos de que tan pocos de ellos se conviertan en salteadores de caminos y en asesinos. Lo que me sorprende es la profundidad de los sentimientos sociales entre el género humano, la cálida fraternidad que se desarrolla hasta en los barrios peores. Sin ella, el número de los que declarasen guerra abierta a la sociedad sería aun mayor. Sin esta amistad, esta aversión a la violencia no quedaría en pie ninguno de nuestros suntuosos palacios urbanos.
Y al otro lado de la escala, ¿qué ve el niño que crece en las calles? Lujo, estúpido e insensato, tiendas elegantes, material de lectura dedicado a exhibir la riqueza, ese culto al dinero que crea la sed de riqueza, el deseo de vivir a expensas de otros. El lema es:
«Hazte rico. Destruye cuanto se interponga en tu camino y hazlo por cualquier medio, salvo los que puedan llevarte a la cárcel». Se desprecia hasta tal punto el trabajo manual, que nuestras clases dominantes prefieren dedicarse a la gimnasia que manejar la sierra o la azada. Una mano callosa se considera signo de inferioridad y un vestido de seda, de superioridad.

La sociedad misma crea diariamente estos individuos incapaces de llevar una vida de trabajo honesto y llenos de impulsos antisociales. Les glorifica cuando sus delitos se ven coronados del éxito financiero. Les envía a la cárcel cuando no tiene «éxito». No servirán ya de nada cárceles, verdugos y jueces cuando la revolución social haya cambiado por completo las relaciones entre capital y trabajo, cuando no haya ociosos, cuando todos puedan trabajar según su inclinación por el bien común, cuando se enseñé a todos los niños a trabajar con sus propias manos al mismo tiempo que su inteligencia y su espíritu, al ser cultivados adecuadamente, alcanzan un desarrollo normal.
El hombre es resultado del medio en que se cría y en que pasa su vida. Si se le acostumbra a trabajar desde la niñez, a considerarse parte del conjunto social, a comprender que no puede hacer daño a otros sin sentir al fin él mismo las consecuencias, habrá pocas infracciones de las leyes morales. Las dos terceras partes de los actos que hoy se condenan cómo delitos, son actos contra la propiedad.
Desaparecerán con la propiedad privada. En cuanto a los actos de violencia contra las personas, disminuyen ya proporcionalmente al aumento del sentido social y desaparecerán cuando ataquemos las causas en vez de los efectos.
11. ¿Cómo curar a los infractores?
Hasta hoy, las instituciones penales, tan caras a los abogados, han sido un compromiso entre la idea bíblica de venganza, la creencia medieval en el dominio, la idea del poder del terror de los abogados modernos y la de la prevención del crimen por medio del castigo.
No deben construirse manicomios para subsistir a las cárceles. Nada más lejos de mi pensamiento, que idea tan execrable. El manicomio es siempre cárcel. Lejos también de mi pensamiento esa idea, que los filántropos airean de cuando en cuando, de que debe ponerse la cárcel en manos de médicos y maestros. Lo que los presos no han hallado hoy en la sociedad es una mano auxiliadora, sencilla y amistosa, que les ayude desde la niñez a desarrollar las facultades superiores de su inteligencia y su espíritu; facultades estas cuyo desarrollo natural han obstaculizado o un defecto orgánico o las malas condiciones sociales a que somete la propia sociedad a millones de seres humanos. Pero si carecen de la posibilidad de elegir sus acciones, los individuos privados de su libertad no pueden ejercitar estas libertades superiores de la inteligencia y el corazón.
La cárcel de los médicos, el manicomio, sería mucho peor que nuestras cárceles presentes. Sólo dos correctivos pueden aplicarse a esas enfermedades del organismo humano que conducen al llamado delito: fraternidad humana y libertad. No hay duda de que en toda sociedad, por muy bien organizada que esté, aparecerán individuos que se dejen arrastrar fácilmente por las pasiones y que pueden cometer de cuando en cuando hechos antisociales.
Pero para impedir esto es necesario dar a sus pasiones una dirección sana, otra salida.
Vivimos hoy demasiado aislados. La propiedad privada nos ha llevado al individualismo egoísta en todas nuestras relaciones mutuas. Nos conocemos muy poco unos a otros; los puntos de contacto son demasiado escasos. Pero hemos visto en la historia ejemplos de vida comunal mucho más integrada: la «familia compuesta» en China, las comunas agrarias, por ejemplo.
Estas gentes si se conocen entre sí. Las circunstancias las fuerzan a ayudarse recíprocamente en un sentido material y moral. La vida familiar, basada en la comunidad primigenia, ha desaparecido. Ocupará su lugar una nueva familia, basada en la comunidad de aspiraciones. En esta familia, los individuos se verán forzados a conocerse mutuamente, a ayudarse entre sí y a apoyarse unos en otros moralmente en toda ocasión. Y esta colaboración mutua impedirá el gran número de actos antisociales que vemos hoy.
Se dirá, sin embargo, que habrá siempre algunos individuos, los enfermos, si queréis llamarles así, que serán un peligro para la sociedad. ¿No será necesario, pues, liberarnos de ellos, o impedir al menos que hagan daño a otros? Ninguna sociedad, por muy poco inteligente que sea, necesitará recurrir a una solución tan absurda, y ello tiene un motivo. Antiguamente se consideraba a los locos posesos de demonios y se les trataba en consecuencia.
Les mantenían presos en sitios como establos, encadenados a la pared como animales peligrosos. Luego Pinel, hombre de la gran revolución se atrevió a eliminar aquellas cadenas y probó a tratarles como hermanos. «Te devorarán», gritaron los guardianes. Pero Pinel no tuvo miedo. Aquellos a quienes se consideraba bestias salvajes se reunieron alrededor de Pinel y demostraron con su actitud que él tenía razón al creer en el mejor aspecto de la naturaleza humana, aun cuando la enfermedad nublase la inteligencia. Y ganó la causa. Se dejo de encadenar a los locos.
Luego, los campesinos del pueblecito belga de Gheel encontraron algo mejor. Dijeron:
«Mandadnos vuestros locos. Nosotros les daremos libertad total». Les adoptaron en sus familias, les dieron un sitio en sus mesas, oportunidad de cultivar con ellos sus campos y un puesto entre sus jóvenes en bailes y fiestas. «Comed, bebed y bailad con nosotros. Trabajad y corred por el campo y sed libres.» Este era el sistema, esta era toda la ciencia que sabían los campesinos belgas. (Hablo de los primeros tiempos. Hoy el tratamiento de los locos en Gheel se ha convertido en profesión y, siendo profesión y persiguiendo el lucro, ¿qué significado puede poseer?) Y la libertad obró un milagro. Los locos se curaron. Incluso los que tenían lesiones orgánicas incurables se convirtieron en miembros dóciles y tratables de la familia, como el resto. La mente enferma podía seguir trabajando de un modo anormal pero el corazón estaba en su sitio. Se proclamó el hecho como un milagro. Se atribuyeron estos notables cambios a la acción milagrosa de santos y vírgenes. Pero la virgen era la libertad y el santo, trabajo en el campo y trato fraternal. En uno de los extremos del inmenso «espacio que media entre enfermedad mental y delito» del que Maudsley habla, la libertad y el trato fraternal obraron su milagro.
También lo obrarán por el otro extremo.
12. Conclusión.
La cárcel no impide que se produzcan actos antisociales. Multiplica su número. No mejora a los que pasan tras sus muros. Por mucho que se reforme, las cárceles seguirán siendo siempre lugares de represión, medios artificiales, como los monasterios, que harán al preso cada vez menos apto para vivir en comunidad. No logran sus fines.
Degradan la sociedad. Deben desaparecer. Son supervivencia de barbarie mezclada con filantropía jesuítica.
El primer deber del revolucionario será abolir las cárceles: esos monumentos de la hipocresía humana y de la cobardía. No hay porque temer actos antisociales en un mundo de iguales, entre gente libre, con una educación sana y el hábito de la ayuda mutua. La mayoría de estos actos ya no tendrían razón de ser. Los restantes serían sofocados en origen.
En cuanto a aquellos individuos de malas tendencias que nos legará la sociedad actual tras la revolución, será tarea nuestra impedir que ejerciten tales tendencias. Esto se logrará ya muy eficazmente mediante la solidaridad de todos los miembros de la comunidad contra tales agresores. Si no lo lográsemos en todos los casos, el único correctivo práctico seguiría siendo tratamiento fraternal y apoyo moral.
No es esto una utopía. Se ha hecho ya con individuos aislados y se convertirá en práctica general. Y estos medios serán mucho más poderosos para proteger a la sociedad de actos antisociales que el sistema actual de castigo que es fuente constante de nuevos delitos.


El Estado de California es el más poblado de Estados Unidos, con alrededor de 38 millones de habitantes. Actualmente alberga en 33 prisiones concebidas originalmente para contener a 80.000 reclusos, la escalofriante cifra de 148.000 personas privadas de libertad. Semejantes niveles de prisionización y hacinamiento llevaron a que la Corte Suprema de la nación ordenara la liberación de miles de internos.

El fallo, adoptado por una ajustada mayoría de votos (5 a 4) intenta poner freno a una problemática crónica, agravada por la crisis económica de California y las políticas públicas que en materia carcelaria ha llevado adelante la administración del actor conservador Arnold Schwarzenegger.

La decisión tiene un precedente igualmente significativo. En 2009, tres jueces federales ordenaron la liberación de 40.000 prisioneros, medida que fue apelada por el Estado de California con el argumento de que el cumplimiento de la misma implicaría un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.