RECUERDOS DE LA HISTORIA RECIENTE DE LA CUESTIÓN CARCELARIA EN LA PAMPA (*)

“Un singular estudio de Oriol i Anguera sobre la “agonía interior” de San Martín, editado en 1954, al asomarse a sus problemas familiares y personales desde el punto de vista médico y psicológico, formula agudos interrogantes en torno a los conflictos que padeció: “su radical soledad”, las mudanzas o carencia de hogar, la falta de “introyección paterna”, su insatisfacción consigo mismo, el desequilibrio que de algún modo lo impulsó al heroísmo... El caso del hijo mestizo de una unión ilegal, cuya “agonía interior” le llevó a convertirse en el conductor de la guerra de la independencia, lejos de ser excepcional o anecdótico, bien podría considerarse como una síntesis del drama original de América.” (Chumbita, Hugo: “El Secreto de Yapeyú. El origen mestizo de San Martín”, Emecé, 2001, p. 58 y 59).

El divorcio histórico entre el mandato constitucional inspirado en los denominados “paradigmas RE” y los productos de los procesos de criminalización alojados en los establecimientos generales de secuestro institucional, marca un aspecto dramáticamente elocuente respecto del fracaso de la prisión en orden a las finalidades que históricamente le asignara el derecho penal liberal (conf. Mathiesen,  op. cit., p. 31 y 32), a la sazón el sistema de control social clásico del capitalismo temprano.

Hasta donde llevamos visto, la cárcel, contrariamente a como se la exhibe en lo que hace a  sus fines, des-habilita, des-socializa y estigmatiza. Debemos igualmente admitir que las denominadas ideologías “RE” responden a una dosis manifiesta de pensamiento mágico y constituyen algo así como una suerte de ficción contractualista que se retroalimenta continuamente.

Estas evidencias, empero, no alcanzan a soslayar los aspectos constitutivos de los procesos de apropiación estatal de la libertad: la tendencia sistemática a valerse de los sectores más vulnerables de la sociedad como víctimas exclusivas y excluyentes de los castigos estatales, por una parte, y por la otra la apelación al secuestro institucional como respuesta sistémica a la afectación de la propiedad privada por parte de los infractores.

El encerramiento es, por ende, la resignificación de una tentativa brutal de disciplinar al conjunto, cuya aplicación se circunscribe, paradójicamente, a un solo segmento social.

Un abordaje empírico permitiría comprobar que los pobres presos (ergo, la mayoría de los encarcelados) están privados de su libertad por haber cometido delitos contra la propiedad.

Semejante celo estatal en la protección de estos bienes jurídicos, en una época donde el mercado se halla, precisamente,  saturado de bienes, deslegitima aún más las motivaciones explícitas del castigo y pone de relieve la selectividad e injusticia del sistema penal.

Este último, empero, se defiende construyendo su propio discurso legitimante desde una relación de fuerzas sociales favorable, exhibida ex - profeso como una necesidad natural y una consecuencia obligada del también irreversible proceso de transnacionalización de la economía, y con el aval que la mayoría de la población – incluidos, paradójicamente, los sectores sociales más desfavorecidos- otorgan al castigo institucional.

La lógica de la punición del capitalismo tardío pocas veces ha sido puesta en crisis desde concepciones alternativas sociológico-criminales y político-criminales. Esta carencia es una asignatura pendiente de los críticos, que además desnuda falencias teóricas preocupantes, ante esta situación de represión asimétrica con sustento de lo que parece ser la opinión mayoritaria de la población. 

Ello así, pese a que el paradigma defensista hegemónico se legitima a sí mismo sobre la base de la sanción de conductas derivadas de la afectación de valores que los sectores preeminentes de esa sociedad consideran relevantes.

Sistema penal, bienes jurídicos y control social, encuentran en la realidad carcelaria una evidencia impactante, elocuente, respecto de la selectividad del sistema: pobres, marginales, y jóvenes (cada vez más menores, como se observa en los cuadros estadísticos que se transcriben). La mayoría de esos sujetos sociales están privados de libertad por haber cometido delitos contra la propiedad.

Me he extendido ya sobre lo que considero la tendencia a futuro de la privatización de las prisiones y de la necesidad de contar con más reclusos para que esta expresión (acaso la más violenta de la historia, en lo que hace a la pretensión de control social formal) del mercado punitivo, resulte funcional en términos de costo-beneficio.

De todas maneras,  enunciaré a manera de introducción de este capítulo, algunas circunstancias que caracterizan al problema carcelario actual en la Argentina, donde la mayoría de los presos pertenecen a sectores de bajos recursos, conforme lo expresan categóricamente las investigaciones actuales[1], y más específicamente a la Provincia de La Pampa, donde se han recolectado muchos de los datos que se vuelcan en esta investigación.

Quiero inicialmente poner de relieve que este estado provincial argentino posee indicadores de desarrollo (escolarización, analfabetismo, satisfacción de necesidades básicas, mortalidad infantil, expectativa de vida, conflictividad social, etc.) que la sitúan en todos los casos por encima de la media del país y casi siempre en los primeros lugares en el concierto nacional, por lo que resulta un escenario propicio para establecer patrones extensibles con alguna pretensión de analogía, sobre todo cuando su tasa de delincuencia anual cada 10.000 habitantes (324,39) la ubica en un punto medio entre el porcentual más bajo del país (Formosa, 133, 97) y el más elevado (482,05), y es cercano al promedio nacional (230,04)[2]. Pero además, y en lo que creo datos conducentes para una apreciación panorámica y abarcativa, es oportuno poner de relieve que, de acuerdo a los Aportes para el de Desarrollo Humano de la Argentina correspondientes al año 2002, del PNUD, La Pampa figura quinta entre las provincias argentinas en lo que concierne precisamente a los indicadores totales de desarrollo humano ampliado, encontrándose entre las que son destacadas como con situaciones más favorables (junto a Buenos Aires, Mendoza, Tierra del Fuego y Córdoba). Asimismo, en lo que concierne a los estándares de desigualdad social entre provincias, también es ubicada entre las que presentan situaciones más favorables, exhibiendo los mejores indicadores en conocimientos, longevidad de la población y estándar de vida; la tasa de desempleo la ubica en sexto lugar en el concierto nacional; mientras el deterioro del ingreso promedio en el país entre 1995 y 2002 es de 19, 6%, en La Pampa este guarismo alcanza a 12,8%; las referencias del informe sobre pobreza estructural e indigencia (porcentaje de personas en hogares con NBI) la ubican en cuarto lugar entre las menos pobres, luego de Tierra del Fuego, Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz y la esperanza de vida al nacer en el año 2000 era de 74,1 años (la más alta pertenecía a Córdoba con 74,5 y las más bajas a Formosa y Jujuy con 71,8 y 71,9 respectivamente). Por estas razones, y sin ignorar el dato trascendente de que la mayor conflictividad social se expresa especialmente en los grandes conglomerados urbanos -las megalópolis que parecen convertirse en el futuro inexorable de la humanidad- resulta igualmente posible ensayar un abordaje desde un lugar donde distintas variables e indicadores sociales permiten tener una visión acotada y a la vez próxima del fenómeno que se intenta analizar.

Del mismo modo, considero también oportuno entrecruzar algunos datos estadísticos extraídos del Departamento Judicial de la Policía de la Provincia, organismo del que emana este tipo de informaciones oficiales, que sirven para dar una idea introductoria aproximada del cuadro de situación con que nos encontramos.

Debe observarse así que, durante el primer semestre del año 2001, hubo en la Provincia tan sólo 4 homicidios dolosos, 30 homicidios culposos (casi todos derivados de accidentes del tránsito vehicular), 15 violaciones y estupros, 16 abusos deshonestos. Curiosamente, no se consigna entre esos datos, por ejemplo, ningún hecho de usura, lo que aproxima a la idea de cuáles son los delitos que ordinariamente se reportan.

Con estos elementos, debe confrontarse la constatación de 4589 delitos contra la propiedad (74,9%) sobre un total de 6126 delitos denunciados. De esos delitos contra la propiedad, 1396 fueron hurtos; 200 abigeatos; 40 hurtos de automotor; 213 hurtos de ciclomotor; 887 hurtos de bicicleta; 1209 robos; 66 estafas y defraudaciones; 24 usurpaciones y 554 daños. Es oportuno poner de relieve que estas mediciones resultan coincidentes en lo fundamental con lo que acontece a nivel nacional, toda vez que, según información emanada del Sistema Nacional de Información Criminal, en el año 2000 el 67% de los hechos delictuosos reportados ante las fuerzas de seguridad fueron delitos contra la propiedad (753.727 sobre un total de 112990)[3] y durante el año 2001, sobre un total de 1.171.648 delitos, los delitos contra la propiedad ascendieron a 781.678 (66,7%).

En esa misma dirección, durante el mes de junio del año 2000, ya iniciada esta investigación, un relevamiento llevado a cabo por el suscripto en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal con asiento en La Pampa (que no posee servicio provincial penitenciario), en la única cárcel de menores ubicada en Santa Rosa (Unidad 30, “Dr. Julio Alfonsín”) y en todas las comisarías, permitió constatar que el índice de prisionización de la Provincia era de 59 presos cada 100.000 habitantes (se constató en ese momento un total de 177 presos).

Para ello, se contabilizaron  los reclusos alojados en dichos establecimientos federales pero condenados por tribunales pampeanos o por tribunales federales asentados en la Provincia, la población de detenidos en comisarías de la policía provincial y federal, los presos condenados por tribunales con asiento en el territorio provincial (sean éstos federales o provinciales) que se hallaban purgando sus penas en cárceles de otras provincias (Chaco, Neuquén, Chubut, etcétera). El guarismo fue cruzado con el porcentaje de sentencias condenatorias producidas en La Pampa con relación a denuncias realizadas, que era  de 2,67% y colocaba a los tribunales de len el segundo lugar de “eficiencia” en el país (hoy en día posee el primero), lo que aventaba la posibilidad de que los particulares indicadores de prisionización  (prácticamente igual al que Nils Christie relevaba para Noruega en 1994 en su libro "La industria del control del delito") antes reseñados pudieran deberse a “ineficacia” o “mano blanda” de los jueces.

Ahora bien, una vez constatada esta conflictividad “baja” en orden al fenómeno criminal, hubo que adentrarse en la averiguación de dos supuestos relevantes para el resultado de esta investigación.

Uno fue la condición social de los reclusos. El otro, los bienes jurídicos afectados por ellos, que determinaran su encerramiento.

La hipótesis de trabajo fue intentar encontrar un correlato de racionalidad entre esa baja conflictividad social y las motivaciones y destinatarios de los castigos. O sea, se tendió a desentreñar el enigma que a priori se genera al observador con los datos de desarrollo humano de la Provincia donde se realiza la investigación empírica. Dicho en otros términos, si la vigencia de un “estado de bienestar” atenúa el carácter selectivo del sistema penal.

Comencé entonces por relevar los establecimientos para menores, precisamente por las convicciones que he marcado en cuanto a su vulnerabilidad frente a la ley penal en el capítulo anterior. En primer lugar, me reuní con los profesionales del denominado “Proyecto Vida”, un establecimiento de  “menores en conflicto con la ley” donde de ordinario se internan niños por disposición de los jueces de menores de la justicia pampeana en cumplimiento de las “medidas tutelares” dictadas por éstos, que además han sido declaradas inapelables por las Cámaras en lo Criminal por no haberse previsto expresamente ese recurso en la ley y ser dichas disposiciones dictadas “en favor de los menores”. Depende de la Subsecretaría de Promoción y Asistencia de la Comunidad del Ministerio de Bienestar Social de la Provincia de La Pampa, de conformidad con la misma ley 1270, que crea el Fuero del Menor y la Familia.

El lugar está ubicado en pleno centro de la ciudad de Santa Rosa, y tiene dos segmentos diferenciados: un “sector abierto” (donde los niños están internados) y un “sector de máxima seguridad”.

En función de los requerimientos que realizara, he obtenido datos de importancia en función del objeto de la investigación. Transcribiré a continuación textualmente el informe que se me proporcionara, porque a mi juicio resulta esclarecedor en sí mismo, sobre todo a la luz de su comparación con los guarismos policiales antes referidos.

“Algunas proyecciones estimativas en el Programa Proyecto Vida. Año 2001.

Hasta la primera semana de setiembre de 2001, han ingresado en el corriente año 29 "residentes" (dando un promedio de 3.6 internaciones por mes), que sumado a 2 ingresos de diciembre del año pasado arrojan los siguientes datos sobre el cálculo de un total de 31 casos registrados:

-Causas que determinaron la internación por parte de los tribunales:

a)    Homicidios: 1 caso.

b)    Tentativas de homicidio: dos casos.

c)     Robos agravados (con armas) y abuso de armas: 6 casos.

d)    Violaciones: 1 caso (reiteradas).

e)    Robos: 21 casos (67,7%).

-Edades (n. del a.: de los internados)

a)    18 años: 6 adolescentes.

b)    17 años: 9.

c)     16 años: 8.

d)    15 años: 7.

e)    13 años: 1.

-         Otros datos:

a)    10 chicos vivían (antes de ser institucionalizados) fuera de la familia, en casas de amigos o en la calle.

b)    8 chicos tienen anteriores internaciones.

c)     Las medidas de institucionalización suelen ir de 4 a 6 meses, luego de esto se prorroga en todos los casos, por un período de 3 a 6 meses.

d)    7 chicos son de General Pico (de los cuales 5 ya habían sido internados anteriormente) y el resto de Santa Rosa.

e)    En todos los casos, además de la causa que originó la medida de internación, hay causas penales previas”.                              Llama poderosamente la atención que de una treintena de niños internados, 21 lo hayan sido por la comisión de robos. Igualmente, el único homicidio perpetrado parece reproducir en escala los apenas 4 homicidios cometidos en la Provincia en el primer semestre del año 2001.      

Por lo tanto, está claro que el poder punitivo conserva la misma lógica histórica en lo que concierne a la protección de los bienes jurídicos mediante la sanción penal: más de las dos terceras partes de los internos estaban “institucionalizados” por la comisión de robos sin la utilización de armas, lo que se conjuga perfectamente con las estadísticas del orden nacional ya reseñadas. La tercera parte de esos niños no tenía una familia orgánica constituida o no vivía con ella y la gran mayoría de los mismos provenía de sectores sociales particularmente vulnerables.

En este primer muestreo, parece confirmarse la hipótesis inicial de una sobreactuación del poder punitivo en orden a conductas atentatorias contra el bien jurídico “propiedad privada”.

En segundo término, visité el día 31 de octubre de 2001 la Unidad 30, “Dr. Julio Alfonsín”, del Servicio Penitenciario Nacional, sito igualmente en la ciudad de Santa Rosa, destinado a albergar menores de 18 a 21 años, con las excepciones que los artículos 197 y 198 de la Ley 24660 reservan para casos cuya evaluación queda a cargo de la administración (con los consabidos riesgos de arbitrariedad que llegan a encubrir sistemas de “premios y castigos”), y que permite que los internos informados “favorablemente” residan en dicho ámbito hasta los 25 años.

Dicho establecimiento tiene capacidad para albergar a 21 internos, y a la fecha de la constatación residían allí 18 jóvenes, todos radicados en la Provincia de La Pampa.

De entre ellos, seis estaban condenados, y en todos los casos, por delitos contra la propiedad. Otros diez eran procesados, todos igualmente por delitos contra la propiedad. Dos de ellos finalmente, estaban a “disposición” de los Juzgados de menores, uno por delitos contra la propiedad y otro por homicidio.

Es importante destacar aquí un costado de la metodología cualitativa utilizada en todos los supuestos: la observación participante y la entrevista.

Cuando, por ejemplo, durante la entrevista inquirí al por entonces  jefe del penal, sobre la extracción social de los menores alojados, me respondió que estimativamente el 90% de los mismos provenía de hogares de “constitución irregular”, y que evidenciaban “falta total de límites” o “carencia de identidad paterna”, según su percepción explícita (configurada, como es de esperar, a instancias de las ideologías aplicadas del “tratamiento”[4]). Ante un  pedido de mayores precisiones, opinó que un porcentaje similar estimativo (90%) tenía estudios primarios incompletos y había sólo tres casos de menores que cursaban el Ciclo EGB (dos procesados y uno “dispuesto” judicialmente).

Y que en todos los casos se trataba de internos provenientes de familias marginales, con situaciones emblemáticas de exclusión social.

Es curiosa pero igualmente elocuente la constante histórica e inalterable de esta tendencia en lo que hace a la clientela juvenil del sistema penal. Una investigación de neto perfil positivista del año 1923 en la Argentina, destinada a describir a los menores delincuentes,  establecía ya respecto de las familias de las que estos niños provenían que “el 90 por ciento vivía en verdadera miseria”[5].

El día 5 de octubre del mismo año 2001, me entrevisté con el Jefe de Seguridad de la Colonia Penal Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal, en busca de datos análogos a los ya referidos.

En rigor de verdad, los guarismos resultan de datos que ésta persona me brindara, de manera fragmentaria, producto de la imposibilidad de lograr un “rapport” adecuado en esa oportunidad.

Por ejemplo, de una población total de 272 internos, se me explicó que 51 de ellos se encontraban en condición de procesados y el resto eran personas condenadas.

Cuando le requerí  más precisiones sobre este particular, se me señaló de manera verbal y genérica que se alojaban allí “alrededor del 40% de presos pampeanos condenados y la mayoría de los procesados eran también pampeanos”. Posteriormente, intentó precisar que de La Pampa había 34 procesados y 89 condenados, no pudiéndose verificar fehacientemente ninguno de estos datos.

 Dadas las características de la Unidad, interrogué también acerca de los presos condenados por tribunales pampeanos (provinciales o federales) que se hallaban alojados en otras cárceles del país. Se me respondió que ese dato debía recabarlo en Buenos Aires, ya que allí no poseían esa información (aunque la misma me había sido proporcionada por el Departamento Judicial de la propia Unidad 4 cuando realizara el relevamiento de junio del 2000, al cual ya hiciera mención).

De los 272 internos, 50 eran personas vinculadas a delitos contra las personas y 118 contra la propiedad. En el caso del resto, la mayoría se trataba de delitos sexuales o relacionados con drogas.

Ese cuadro de situación, por el momento en que fue detectado, resultaba a mi entender particularmente oportuno.

En primer lugar, porque a partir de la reciente decisión política de “descongestionar” las grandes cárceles argentinas, los establecimientos federales con asiento en la Provincia recibieron abruptamente importantes contingentes de presos que saturaron su capacidad de alojamiento.

Este aumento de la población carcelaria podría, hipotéticamente, haber hecho variar el escenario anteriormente descripto.

A fin de constatar esta circunstancia, en una visita a la citada unidad realizada el 20 de enero de 2003, me informaron – en este caso, de manera más precisa - que la población del establecimiento era en ese momento de 301 presos, y los internos pampeanos procesados a disposición de tribunales con asiento en la Provincia (aunque se trate de tribunales federales) eran cincuenta y ocho. Veinticuatro eran condenados de la misma condición (siempre sobre la referida población de 301 internos).

Pero además exhibía en el año 2001 el porcentaje más alto del país (3, 93%) en la comparación entre hechos delictuosos y sentencias condenatorias (con el dato cualitativo ya señalado respecto de esas sentencias) y estaba ubicada en el vigésimo primer lugar en las tasas comparativas de homicidios dolosos cada cien mil habitantes, con un indicador de 3,27%, cuando el promedio nacional era de 8,23%.

          Más allá de lo objetable de la rigurosidad de estos guarismos en la Argentina, parecería quedar claro que, pese a que la Provincia de La Pampa posee un estado que no se ha retirado totalmente de sus funciones históricas, lo que queda de ese "estado de bienestar" resulta incapaz de modificar la condición selectiva del sistema penal y, lo que es más llamativo aún, ha resignado al parecer su aptitud para intentar reformular el rol de las agencias penales (en especial la judicial), que igualmente siguen reproduciendo la (sobre) protección del bien jurídico propiedad privada.

La población de internos pampeanos procesados se discriminaba a enero de 2003 de la siguiente manera: 9 estaban encausados por delitos contras las personas; 4 contra la honestidad; 2 contra la seguridad pública; 1 contra el orden público; 2 contra la administración pública; 8 por infracción a la Ley 23.737 y 32 contra la propiedad (55,1 %).

El total de condenados que purgaban por entonces sus condenas en la misma Colonia Penal respondía a estos datos, brindados en todos los casos por el responsable de la Sección Judiciales: 28 condenados por delitos contra las personas; 15 contra la honestidad; 1 contra la seguridad pública; 2 contra el orden público; 6 contra la administración pública; 43 por infracción a la Ley 23.737 y 132 por delitos contra la propiedad (58,1 %).

Un último relevamiento realizado el día 29 de mayo de 2003 reveló que solamente en las comisarías de la Provincia había por entonces 152 personas privadas de libertad (alrededor de un 70% de las mismas, por delitos contra la propiedad). Si a esa cifra se agregaran los casi 40 menores alojados en ese momento en el “Proyecto Vida” (en condiciones de superpoblación admitidas por las propias autoridades del Poder Judicial y la Dirección General de Familia de la Provincia) y los 21 que se hallaban alojados en la Unidad 30, se superaba holgadamente el índice de prisionización detectado en la investigación llevada a cabo en el mes de junio del año 2000, sin contar uno sólo de los internos de los establecimientos carcelarios para mayores pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal en La Pampa, ni los presos condenados por tribunales pampeanos alojados en otras jurisdicciones. Concretamente, se había pasado de 177 reclusos en junio de 2000 a 393 en junio de 2003. Esto constituye un aumento de la población presidiaria sin precedentes, que ni siquiera puede justificarse apelando a la evolución de los ya citados indicadores de criminalidad, donde la selectividad del sistema sigue operando de igual manera y con idénticos resultados, más allá del aumento de ciertos delitos violentos.