Desde hace algunos años a esta parte, son cada vez más frecuentes los reclamos de agrupaciones de Derechos Humanos que peticionan para que los presos vascos condenados por terrorismo sean retornados a su tierra. Se encuentran encerrados en cárceles que distan, promedio, 615 kilómetros de su territorio de origen. Presos croatas, condenados por crímenes contra la humanidad, están alojados en una prisión de La Haya, distante a menos de 1100 kilómetros de Zagreb. Pueden parecer muy locas ambas referencias, pero resulta difícil hacer entender a las autoridades el grosero agravamiento de las condiciones de detención de los presos pampeanos que se encuentran cumpliendo sus condenas en otras provincias. Los más cercanos están en la Unidad 5 de Roca, distante 550 kilómetros de Santa Rosa, pero casi 700 de General Pico, de donde son oriundos algunos internos. La Unidad 9 de Neuquén está a casi 600 km de la ciudad Capital de La Pampa, pero la diferencia también se amplía si se trata de presos piquenses o de otras localidades del norte provincial. Ni hablar los casos de Rawson, o el Chaco. Hace décadas que esta situación de iniquidad se mantiene, sin que el Estado pampeano haya demostrado la más mínima preocupación por resolverla. Curiosamente, o no tanto, los reclusos condenados por delitos de lesa humanidad, esos sí, purgan sus condenas en la Unidad 4 de Santa Rosa. Otra muestra de la arbitrariedad y selectividad del SPF, y de la desidia histórica de nuestras autoridades en el tema. Otro sí: por supuesto, no se me ocurre plantear la creación de un servicio penitenciario provincial. Sobran los ejemplos nefastos en el país de lo que terminan siendo esas agencias.