De todas maneras, y aun aceptando estos sesgos difícilmente eludibles, no hay ninguna duda que los juicios de Nuremberg y Tokio tuvieron una influencia decisiva en la construcción y desarrollo ulterior de un sistema de Derecho internacional, con las limitaciones objetivas con las que los conocemos hoy, y de ciertos principios que habrían de gobernarlos, que a su vez dieron pie a la formación de otros tribunales especiales, como los que juzgan (solamente [1].algunos de) los crímenes ocurridos en Ruanda y la ex Yugoslavia y de la propia Corte Penal Internacional
En principio, debe mencionarse que en 1947 la Asamblea de las Naciones Unidas decidió formar la Comisión de Derecho Internacional, que tenía como cometido impulsar el desarrollo de un derecho internacional codificado. La C.D.I, compuesta por 25 miembros elegidos por la propia Asamblea General, ha tenido un papel preponderante en la redacción de una importante cantidad de proyectos, pero fundamentalmente en la redacción de tres de ellos: a) El proyecto que contenía los denominados “Principios de Nuremberg”; b) El Proyecto sobre Responsabilidad Internacional, y c) El Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad[2].


Los Principios de Nuremberg compendian las conclusiones a que arribara dicho tribunal y algunos de los principios contenidos en la Carta Orgánica del mismo[3].
El Principio I determina que toda persona que cometa un acto que constituya delito para el derecho internacional, será pasible de persecución, enjuiciamiento y eventual sanción por esa conducta reprochable.
El Principio II establece que el  hecho de que las leyes internas no impongan castigo por un acto que constituya un crimen bajo las leyes internacionales no exime a la persona que cometió el acto de su responsabilidad bajo las leyes internacionales.
El Principio III prescribe que la circunstancia de que una persona que ha cometido un acto que constituye un crimen bajo las leyes internacionales sea Jefe del Estado o un oficial responsable del Gobierno tampoco lo releva de  responsabilidad penal de acuerdo a las leyes internacionales.
El Principio IV determina que el hecho de que una persona actúe bajo las órdenes de su Gobierno o de un superior no le exime de la responsabilidad bajo las leyes internacionales, siempre que se demuestre que tenía posibilidad de actuar de otra forma.
El Principio  V  establece que toda persona acusada de un crimen bajo las leyes internacionales tiene el derecho de un juicio justo ante la ley.
El Principio VI enumera los tres delitos que constituyeron causa de acción penal de acuerdo a la Carta Orgánica del Tribunal de Nuremberg: a) crímenes contra la paz; b) de guerra, y c) contra la humanidad[4].
Los crímenes contra la paz incluyen la planificación, preparación, iniciación o comienzo de una guerra de agresión, o una guerra que viole los tratados internacionales, acuerdos o promesas; y la participación en un plan común o conspiración para el cumplimiento de cualquiera de los actos mencionados en el  párrafo precedente[5].
Los crímenes de guerra aluden a las violaciones de las leyes o costumbres de la guerra que incluyen, de manera no taxativa, asesinato, trato inhumano o deportación como esclavos o para cualquier otro propósito de la población civil de un territorio ocupado, asesinato o trato inhumano a prisioneros de guerra, a personas sobre el mar, asesinato de rehenes, pillaje de la propiedad pública o privada, destrucción injustificada de ciudades, pueblos o villas, o la devastación no justificada por la necesidad militar[6].
Por su parte, los crímenes contra la humanidad abarcan asesinatos, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil, o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos, cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de guerra[7].
El Principio VII establece que la complicidad en la comisión de alguno de los delitos enumerados en el Principio anterior constituye un crimen para la ley internacional[8].
Esta saga de artículos vinculados al tema, recuerdan que el próximo 17 de julio se conmemora el Día Mundial de la Justicia Internacional. Seguiremos, antes y después de esa fecha, desmenuzando el funcionamiento de los tribunales internacionales desde una perspectiva histórica, política, jurídica e ideológicamente crítica, acaso el mejor homenaje y el más valorable aporte que podríamos hacer al ideal -hasta ahora lejano-de un sistema de justicia global más justo y democrático.




[1] Andrade Crespo, Ana Gabriela: “Proceso de Universalización de la Justicia Penal”, flacso, Ecuador, Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales, p. 60, disponible en http://www.flacsoandes. org/dspace/bitstream/10469/2010/3/TFLACSO-AGAC2010.pdf 
[2] Fernández, Fernando M.: “Los Principios de Nuremberg”, disponible en http://www.analitica.com/va/ sociedad/articulos/2866118.asp y Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 85.
[3] Fernández, Fernando M.: “Los Principios de Nuremberg”, disponible en http://www.analitica.com/va/ sociedad/articulos/2866118.asp y Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 85.
[4] Fernández, Fernando M.: “Los Principios de Nuremberg”, disponible en http://www.analitica.com/va/ sociedad/articulos/2866118.asp y Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 85.
[5] Fernández, Fernando M.: “Los Principios de Nuremberg”, disponible en http://www.analitica.com/va/ sociedad/articulos/2866118.asp y Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 85.
[6] Fernández, Fernando M.: “Los Principios de Nuremberg”, disponible en http://www.analitica.com/va/ sociedad/articulos/2866118.asp y Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 85.
[7] Fernández, Fernando M.: “Los Principios de Nuremberg”, disponible en http://www.analitica.com/va/ sociedad/articulos/2866118.asp y Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 85.
[8] Fernández, Fernando M.: “Los Principios de Nuremberg”, disponible en http://www.analitica.com/va/ sociedad/articulos/2866118.asp y Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 85.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios de La Pampa acaba de replicar en nuestra Provincia un simulacro de juicio por jurados, a la manera en que estas novedosas puestas en escena son reproducidas cada vez mayor frecuentemente en la región. Bienvenida la iniciativa, sobre todo para aquellos que conciben al juicio popular como una forma de profundización de la democracia en materia de administración de justicia en la Argentina (no hace falta recordar que reconocidos expertos se oponen a la implantación del mismo, invocando, paradójicamente, razones en el fondo análogas). Con esto, dejo en claro mi postura  favorable acerca del mencionado ensayo.
Ahora bien, en lo sustancial, siento la necesidad de analizar críticamente el orden de prioridades y los contenidos conceptuales que se infieren de la matriz de la convocatoria, que sí merecen  algunos reparos.
El sistema de justicia penal en La Pampa ha sufrido en los últimos tiempos sucesivas evidencias de su crisis de legitimidad, expresada simbólicamente a partir de episodios emblemáticos y socialmente conmocionantes.


Desde los recordados casos Carla y Sofía, pasando por las penalizaciones injustificadamente asimétricas aplicadas en casos virtualmente análogos, la estupefacción que generó el posible acuerdo de imposición de penas levísimas para tres policías que remitieron a las peores prácticas dictatoriales, y el forzamiento de un tipo penal atenuado en el caso de un niño asesinado, las respuestas jurisdiccionales frente a la conflictividad social fueron colocadas en entredicho por la mayoría de la sociedad pampeana. Esa rampa de deterioro en términos de legitimidad, precipitó finalmente hacia un hecho verdaderamente escandaloso que no ha merecido –curiosamente- ni siquiera una editorial que lo abordara. Cinco personas acaban de ser absueltas al final de un juicio donde se investigaba el homicidio de un vecino de Santa Isabel. Los cinco imputados permanecieron más de once meses privados de libertad, sufriendo una prisión preventiva aplicada sin explicación ni razonabilidad alguna. Un ejercicio de justificación binaria alcanzaría para intentar expiar las falencias exhibidas por un sistema integrado por operadores de carne y hueso. Podríamos decir, para que todo quede en la nada, como hasta ahora, que ha fallado la investigación de la policía o de la fiscalía. Pues bien, ese relato, en apariencia tranquilizador, suprime un tramo significativo de la verdad histórica: un juez de control y tres jueces del TIP, en cuatro oportunidades sucesivas, desestimaron –durante el largo período de cautiverio cautelar- los planteos  de las defensas que intentaban reexaminar la gravísima medida de coerción impuesta.
Insólitamente, a pocos días de conocerse el fallo, se hizo público, mediante un procedimiento demasiado parecido a una operación de prensa, un proyecto de ley que, entre otras perplejidades, confiere más facultades a los fiscales y habilita mayor poder punitivo respecto de la prisión preventiva (entre otros desaguisados), justamente, en un embate en franca colisión con el paradigma de la Constitución. Demasiado, como para no ensayar un ejercicio imprescindible de réplica.
Estos son los hechos que, objetivamente, deberían marcar la urgencia y el orden de prioridades de la justicia pampeana. No existe una política criminal racional, no hay siquiera atisbos de planteos de democratización del sistema, se apela a un peligrosísimo y regresivo culto a la “eficiencia” y la “gestión” como forma de eludir un análisis y un diagnóstico serio en materia de sociología de las profesiones y de las organizaciones, un aumento de la población carcelaria y una “huída” a la prisionización como forma de autopreservación individual.

Y lo que es peor, sufrimos sin tomar debida conciencia de ello, un proceso de colonización cultural que la defensa pública ha venido marcando enfáticamente, incluso promoviendo encuentros de debate y reflexión que no tuvieron la generosa cobertura periodística del simulacro, pero que congregaron a casi un centenar de personas hace poco más de un mes.
Esta interpretación vacía de contenido de los procesos penales como forma de administración de la conflictividad, amenaza con menoscabar los derechos y garantías de los imputados en aras del fetiche de un eficientismo de tercera velocidad, que parece haber sido el paradigma que se ha impuesto hasta ahora en La Pampa. No  hace falta realizar ejercicios ficcionales para constatar estas consecuencias, sino simplemente hacer un seguimiento de la evolución de estándares objetivos que así lo demuestran.
Este descalabro político criminal no puede analizarse sin caracterizar debidamente el rol y la gravitación que en el mismo han tenido y tienen ciertos cenáculos internacionales que han logrado instalar en la región sistemas realizativos clonados que se caracterizan por la criminalización sumaria de sectores sociales postergados y la macdonalización de los procesos. En La Pampa, desde que se implementó el nuevo sistema adversarial, han aumentado las tasas de encarcelamiento y se ha incrementado de manera sostenida el recurso de la prisión preventiva, cosa que estaba en las antípodas de los que se quería cuando se ideó el nuevo código. Voy a decirlo con nombre y apellido: nos gustaría, por ejemplo, escuchar explicaciones convincentes del CEJA (la nueva meca de incautación de la cultura jurídico penal latinoamericana), sobre estos aspectos. Esperamos que las mismas excedan los aspectos rituales o extrínsecos de las puestas en escena y la salvaguarda de los ritos, que al parecer adquieren una curiosa centralidad en estos procesos.
Queremos debatir respecto de la ideología que precede a estas concepciones de gestual eficientismo, desde una mirada comprometida con la democratización de los procesos y en modo alguno nostálgica de los sistemas inquisitivos.  También aguardamos, ansiosamente, que nos demuestren que estamos equivocados. Y esta expectativa no está condicionada por la más mínima ironía, aunque sí atravesada por las evidencias objetivas que surgen de estas nuevas prácticas de criminalización secundaria de máxima “efectividad”.
Este proceso de virtual colonización intelectual, de control y dominación de nuevo cuño, encuentra su base de operaciones justamente en la OEA, un organismo recientemente cuestionado por gobiernos populares y antiimperialistas por su connotación sesgada en materia de resguardo de derechos y garantías de los países soberanos de la región, y de sumisión a los dictados de la administración imperial. Esto también quisiéramos que se añadiera a las futuras, indispensables y -en este caso sí- urgentes discusiones sobre la justicia penal.


La dificultosa síntesis de esas distintas concepciones fue uno de los más importante legados culturales del juicio de Nuremberg de cara al futuro del Derecho penal internacional. Ahora bien, el artículo 6ª de la mencionada Carta Orgánica del Tribunal Militar, determinaba que eran crímenes que generaban responsabilidad individual, y sujetos a la jurisdicción del Tribunal, a los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.
La primera tipificación aludía a aquellas conductas enmarcadas en la planificación y preparación de la guerra por parte de la potencia agresora[1].
La segunda atendía a la violación del derecho de guerra existente en esa época, y  la tercera se proponía sancionar los asesinatos, el exterminio,  la esclavitud, las deportaciones y otros tratos crueles e inhumanos que se hubieran cometido contra la población civil. También alcanzaba las persecuciones motivadas por razones políticas, raciales o religiosas, aunque las mismas pudieran no infringir las leyes del o los países donde las mismas se hubieren cometido[2].


Esa última cuestión resulta de suma importancia, habida cuenta que era la primera oportunidad en que aparecían plasmadas en una norma internacional, conductas calificadas como criminales, con independencia de que las mismas estuvieran o no tipificadas de esa manera en los derechos internos respectivos[3].
El Tribunal estaría compuesto por cuatro jueces, cada uno de los cuales representaba a las cuatro potencias principales vencedoras: la URSS, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia[4].
En el juicio de Nuremberg comparecieron como acusadas 21 personas, escogidas entre varios centenares de referentes nazis detenidos en las postrimerías del conflicto, cuando la caída de Alemania estaba asegurada. En principio, se había pensado en llevar a proceso a 24 imputados, de los cuales el industrial Gustav Krupp, fundamental en la tarea de proporcionar armamento bélico a los nazis, acusado de mantener en sus empresas un gran número de esclavos provenientes de distintos países ocupados y de campos de concentración, fue sobreseído por razones humanitarias, dada su avanzada edad y su precario estado de salud[5].
El responsable de campos de exterminio, Robert Ley se suicidó antes del juicio y Martin Bormann fue juzgado en ausencia dado que se desconocía si en realidad había muerto en su intento de huir del  asalto final a Berlín[6]. Después de un largo proceso, sobre cuyas incidencias habremos de reflexionar más adelante, el 1 de octubre de 1946 se dictó sentencia definitiva en el proceso.
El Tribunal encontró culpable de alguno de los cargos endilgados a 19 de los 22 acusados. Göering, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Seyss-Inquart, Sauckel, Jodl y Bormann (en ausencia) fueron condenados a morir en la horca; Hess, Raeder y Funk fueron sentenciados a cadena perpetua; Speer y Schirach sufrieron una condenada de veinte años de prisión; Neurath a quince años; Doenitz a diez años. Fueron absueltos únicamente tres imputados: Schacht, Fritzsche y Von Papen[7].
Vale destacar que el tribunal no pudo arribar a un acuerdo unánime a la hora de dictar su sentencia. El magistrado soviético dejó a salvo su disidencia en dos aspectos no menores: las tres absoluciones que se dictaron y la denegatoria respecto de su pedido de que la condena a dictarse alcanzara a organizaciones e instituciones políticas tales como el Gobierno Alemán y los altos mandos de sus fuerzas armadas, introduciendo en este caso un inquietante requerimiento extensivo de responsabilidad penal respecto de personas jurídicas públicas, que daba la pauta de las dificultades que en futuro sobrevendrían para articular y compatibilizar en un único sistema jurídico las tendencias políticas y las perspectivas jurídicas  disímiles que coexistían en el mundo de posguerra[8].
Una vez finalizado este proceso, los norteamericanos llevaron a juicio a 199 imputados más, también acusados de haber cometido crímenes durante la segunda guerra. De todos ellos, fueron absueltos únicamente 38 personas. Otras 36 fueron condenadas a muerte, resultando ejecutadas finalmente 18; hubo 23 condenados más a cadena perpetua y 102 condenas a penas de prisión de menor gravedad[9].
Las cruentas y terribles ejecuciones de los condenados tuvieron un ingrediente simbólico tortuoso adicional. Fueron llevadas a cabo por un verdugo militar profesional, que llevaba ejecutadas por entonces a casi 300 personas. A fin de prevenirse del “riesgo” de cualquier reivindicación de la memoria de los alemanes condenados a muerte, se ordenó que sus cuerpos fueran incinerados en un horno crematorio.
Paradojas de los crímenes masivos, se utilizó el mismo procedimiento de eliminación utilizado por los nazis, y se los privó de los ritos funerarios, en lo que supone una anticipación de las prácticas genocidas de Argelia y América latina en lo que hace al daño adicional que se causa a los familiares de los muertos al no poder elaborar debidamente sus respectivos duelos.
Más allá de estas formas punitivas brutales, se pusieron en práctica también los denominados tribunales alemanes de “desnazificación”, en las zonas ocupadas por  Estados Unidos[10].
La desnazificación, sobre cuyas formas y duración mucho se había polemizado entre las potencias vencedoras, era un verdadero proceso de contraculturación. Un intento de derogar la cultura nacionalsocialista y sustituirla por otra, compatible con las democracias indirectas de occidente, presentado como un intento de “reeducación” sobre las personas y las instituciones germanas.
Pero además, y fundamentalmente, la desnazificación implicaba una formidable campaña de propaganda masiva destinada a inculcar un sentimiento de culpa colectiva a los ciudadanos alemanes[11].
La dificultad de establecer niveles objetivos de participación y responsabilidad, llevó a determinaciones de un simplismo realmente humillante, tales como la división entre distintas categorías de nazis, a quienes se denominaba “delincuentes” principales (un símil de la denominación de “delincuentes” subversivos al que recurrió la dictadura en la Argentina, para intentar evitar el cumplimiento de pactos y tratados internacionales respecto de prisioneros que ellos mismos identificaban como miembros de uno de los “bandos” en supuesta “guerra”), “delincuentes” a secas, “delincuentes menores” y meros adherentes. Los crímenes horrorosos cometidos durante la segunda guerra mundial, revelaron la debilidad del sistema jurídico internacional existente hasta ese momento.
Esa evidencia, y la nueva relación de fuerzas imperante en un mundo bipolar, fueron factores que contribuyeron decididamente a la Creación de la Organización de las Naciones Unidas, que se constituye rápidamente en el ámbito dentro del cual comienza la construcción de un nuevo Derecho Internacional[12].
En ese sentido, el 9 de diciembre de 1948, la Asamblea de la ONU aprobó por 55 votos contra ninguno en contra, y sin abstenciones, la creación de la Convención sobre Prevención y Castigo del Delito de Genocidio (conug)[13].
Las palabras que preceden a la aprobación dan cuenta de la convicción y la urgencia en la consolidación de un sistema jurídico internacional: “En este campo que se relaciona con el sagrado derecho que tienen los grupos humanos a subsistir, declara Evatt, presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, vamos a proclamar hoy la eterna supremacía del Derecho Internacional”[14].
Previamente, en 1946, la Asamblea había declarado que el  genocidio era un  delito internacional, un delito iuris gentium[15].



[1] http://www.cgae.es/portalCGAE/archivos/ficheros/1170354664172.pdf
[2] Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para Crímenes contra el Derecho Internacional”, Editorial Ad-Hoc, 2002, p. 50.
[3] Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 50.
[4] Pérez Bustamante, Rogelio: “El juicio de Nuremberg”, disponible en http://www.cgae.es/ portalCGAE/archivos/ficheros/1170354664172.pdf
[5] “El Juicio de Nüremberg”, disponible en http://sgm.casposidad.com/nuremberg/nuremberg.htm
[6]“El Juicio de Nüremberg”,  disponible  en http://sgm.casposidad.com/nuremberg/nuremberg.htm
[7] “El Juicio de Nüremberg”, que se encuentra disponible en http://sgm.casposidad.com/nuremberg/nuremberg.htm
[8]  Andrade Crespo, Ana Gabriela: “Proceso de Universalización de la Justicia Penal”, flacso, Ecuador, Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales, p. 60, disponible en http://www.flacsoandes.org/ dspace/bitstream/10469/2010/3/TFLACSO-AGAC2010.pdf 
[9] Andrade Crespo, Ana Gabriela: “Proceso de Universalización de la Justicia Penal”, flacso, Ecuador, Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales, p. 60, disponible en http://www.flacsoandes. org/dspace/bitstream/10469/2010/3/TFLACSO-AGAC2010.pdf 
[10] Andrade Crespo, Ana Gabriela: “Proceso de Universalización de la Justicia Penal”, flacso, Ecuador, Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales, p. 60, disponible en http://www.flacsoandes.org/ dspace/bitstream/10469/2010/3/TFLACSO-AGAC2010.pdf 
[11]  Andrade Crespo, Ana Gabriela: “Proceso de Universalización de la Justicia Penal”, flacso, Ecuador, Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales, p. 60, disponible en http://www.flacsoandes.org/ dspace/bitstream/10469/2010/3/TFLACSO-AGAC2010.pdf 

[12] Díaz Cisneros, César: “Derecho Internacional Público”, Editorial TEA, Buenos Aires, 1966, Tomo I, p. 350.
[13] Díaz Cisneros, César: “Derecho Internacional Público”, Editorial TEA, Buenos Aires, 1966, Tomo I, p. 347.
[14] Díaz Cisneros, César: “Derecho Internacional Público”, Editorial TEA, Buenos Aires, 1966, Tomo I, p. 347.
[15] Díaz Cisneros, César: “Derecho Internacional Público”, Editorial TEA, Buenos Aires, 1966, Tomo I, p. 348.
La primera oportunidad en que el incipiente sistema penal internacional debió perseguir y enjuiciar a responsables de delitos contra la humanidad aconteció -como sabemos- al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ocasión en que fueron sometidos a proceso los jerarcas de las potencias del eje derrotado en la contienda, en los juicios de Nuremberg y Tokio[1].
Ambos procesos, y en especial el primero, por la enorme difusión y el efecto simbólico sin precedentes que adquirió con posterioridad a su realización, significaron una primera puesta a prueba de un sistema penal hasta entonces embrionario, poniendo en buena medida de manifiesto las peculiaridades que habrían de caracterizar y condicionar al derecho global hasta el presente.
Hasta 1946, en efecto, no existían antecedentes de un juicio internacional llevado a cabo contra las máximas jerarquías de un Estado nación que había perdido una guerra, por los crímenes cometidos fundamentalmente durante esa conflagración global. La principal dificultad para llevar a cabo la persecución y el enjuiciamiento de estos dirigentes, radicaba en el escaso desarrollo que hasta entonces tenían las instituciones de resolución internacionales de los conflictos. La vigencia plena de los principios de no intervención y de soberanía de las naciones, impedía toda ingerencia foránea en la resolución de los mismos.
Dicho en otros términos, la evolución del Derecho de gentes impedía por entonces que los crímenes contra la humanidad pudieran ser juzgados por otros tribunales o agencias que no fueran los  de los propios países a los que pertenecían los presuntos perpetradores[2].


Sin perjuicio de este panorama, no es menos cierto que mientras se producía la reconquista por parte de los aliados de los territorios ocupados, crecían gradualmente las evidencias de la comisión de horrendos crímenes de masa, que alcanzaban proporciones inimaginables hasta ese momento.
Abstracción hecha, claro está, de las que cometían los propios aliados, entre las que debe enumerarse los bombardeos destructivos sobre la población civil de la ciudad alemana de Dresden, y la utilización por única vez en la historia de armas atómicas en un conflicto bélico, lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki.
Mientras se avanzaba en esas horrendas constataciones, tales como la existencia de campos de concentración y las groseras violaciones al derecho de la guerra por parte de los nazis, se iba dando forma a una propuesta de enjuiciamiento de esos crímenes, previendo ya desde 1942 el desenlace militar favorable a los aliados. 
Wiston Churchill fue el primero en denunciar la comisión de crímenes de guerra y de destacar que “el castigo por estos crímenes debiera tener lugar cuando se produjera el desenlace definitivo de la contienda”[3]. Definía, en plena guerra, aspectos que resultaban medulares. El primero de ellos, es que finalizada la conflagración los alemanes iban a ser castigados por sus crímenes[4].
La forma de reparar las iniquidades iba a ser el castigo, y que el mismo se iba a producir una vez ganada la guerra por parte de los aliados. Luego dejaba instalada una cuestión que se saldaría no sin discusiones entre los aliados, vinculada a la forma en que se habría de arribar a esas instancias sancionatorias, como habremos de ver. No debe olvidarse que, además de compatibilizar las tradiciones jurídicas diferentes de las potencias vencedoras, se debió contrarrestar algunos intentos de ajusticiar sumariamente a los criminales de guerra nazis.
Ya por entonces se dispuso crear una comisión que tenía por objeto comenzar la confección de una “lista” con la identidad de presuntos perpetradores de los referidos crímenes, a fin de que fueran juzgados cuando se pusiera fin a la guerra[5].
Durante la conferencia de Yalta, en 1945, Stalin, Churchill y Roosevelt se ocuparon también de este tema, y establecieron las primeras pautas respecto de las formas en que los eventuales juicios deberían llevarse a cabo, coincidiendo con el avance de sucesivas decisiones que en esa misma dirección se habían adoptado en las cumbres de Teherán, en 1943, y posteriormente en Potsdam, en 1945. Esas formas fueron, desde siempre, motivo de arduas controversias jurídicas y políticas[6].
Una vez finalizada la guerra, más precisamente el 26 de junio de 1945, tuvo lugar en Londres la celebración del acuerdo entre todas las potencias que habían enfrentado a la Alemania nazi, para la creación de un Tribunal Internacional que debería juzgar a los acusados de haber cometidos crímenes contra la humanidad y otros delitos aberrantes durante el enfrentamiento[7].
En esa oportunidad, en el marco de la celebración de la Conferencia Internacional sobre Tribunales Militares, se acordó la Carta Orgánica del Tribunal Militar que juzgaría a los criminales de guerra alemanes en la ciudad de Nuremberg[8].
Esta fue, sin duda, la primera construcción cultural y también formal, de un tribunal de enjuiciamiento especialmente concebido para el juzgamiento de hechos ocurridos con antelación a esa creación, cosa que no resultó para nada sencilla. Al respecto se ha puesto de relieve: “Hubo fuertes discrepancias en cuanto al aspecto formal del proceso. Stalin se inclinó por una justicia lo más expeditiva posible, y esa sería la idea mantenida finalmente por Churchill cuando en los últimos meses de la guerra manifestaba desear fusilar a los jefes nazis en menos de seis horas, pero los americanos se decidieron desde un principio por rechazar la ejecución sumarísima, y ésta era la opinión del Presidente Truman, antiguo juez y partidario de constituir un Tribunal Militar Internacional. De este modo, y por influencia americana, triunfó la vía procesal sobre la vía sumaria y se estableció un proceso público sobre bases jurídicas”[9].
En puridad, los antagonismos enfrentaban a un sistema inquisitivo propio del derecho continental europeo, con el sistema acusatorio del common law y el derecho socialista de primera generación[10].



[1] Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para Crímenes contra el Derecho Internacional”, Editorial Ad-Hoc, 2002, p. 49.
[2] Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para Crímenes contra el Derecho Internacional”, Editorial Ad-Hoc, 2002, p. 30.
[3] http://sgm.casposidad.com/nuremberg/nuremberg.htm
[4] http://sgm.casposidad.com/nuremberg/nuremberg.htm
[5] http://sgm.casposidad.com/nuremberg/nuremberg.htm#antecedentes
[6] http://sgm.casposidad.com/nuremberg/nuremberg.htm
[7] http://sgm.casposidad.com/nuremberg/nuremberg.htm#antecedentes
[8] Pérez Bustamante, Rogelio: “El Juicio de Nüremberg”, que se puede encontrar como disponible en http://www.cgae.es/portalCGAE/archivos/ficheros/1170354664172.pdf
[9] Pérez Bustamante, Rogelio: “El juicio de Nuremberg”, disponible en http://www.cgae.es/ portalCGAE/archivos/ficheros/1170354664172.pdf
[10]  Sobre el particular, ver Andrade Crespo, Ana Gabriela: “Proceso de Universalización de la Justicia Penal”, flacso, Ecuador, Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales, p. 60, disponible en http://www.flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/2010/3/TFLACSO-AGAC2010.pdf  
     “No tengo patria para dibujar sobre sus paredes / con una tiza de la infancia: ¡Que Viva! / No tengo patria que haya que aguantar cada mañana / tomando mi taza de café, / mientras me pule el sol. / No tengo patria, que me otorgue su pulmón  /  y yo lo otorgue el mío / ser su ruido y mía sea la voz  /  seré el travieso, el malévolo, el rebelde y el arduo / y seré el sabio, el intuitivo, el piadoso y el gran corazón. / No tengo patria para escribir /  sobre el cobre de una de sus casas: / bienvenidos amigos, / esta es la casa de Hussein Habasch. / No tengo patria donde me emborrache en sus tabernas / hasta el último aliento de la noche, / vagabundeando en sus caminos, / y donde mi corazón sea su terreno, / me abrigue y la abrigue / la escuche y me escuche / como buenos amigos. / Pero no tengo patria…”.  (“Desilusión”, de Husssein Habash, poeta kurdo exiliado en Alemania).

El pueblo kurdo tiene una población estimada de alrededor de 30 millones de habitantes, ocupa aproximadamente medio millón de kilómetros cuadrados y está considerada la mayor nación sin Estado del mundo. Sin embargo, el Kurdistán no figura en los mapas, y estas omisiones encuentran su explicación, según los autores militantes de la cuestión kurda, en su condición de “colonia internacional”[1], justamente porque ha sido la “comunidad internacional” la que ha despojado a esta nación de toda condición.
Los kurdos, que a lo largo de siglos han sufrido ocupaciones, persecuciones y genocidios, viven desde 1923 (fecha en que se suscribió el tratado de Lausana entre Inglaterra, Francia y otras potencias, que borraron del mapa a la nación kurda, dividiéndola en cuatro partes sin que se registrara una reacción medianamente sería y consistente de la comunidad internacional) en una situación particular de colonización. Los kurdos no son  aceptados como tales en ninguna parte. En Turquía se los considera turcos, en Irán, iraníes, y en  Irak y Siria, árabes. En todos los casos, son discriminados como ciudadanos de segunda clase[2].
Todavía en 1920, con el Tratado de Sévres se reconocía internacionalmente su existencia y su derecho a la independencia estatal[3].


Desde el punto de vista de su consideración por parte del Derecho internacional, los kurdos son, desde 1923, una “minoría” étnica repartida dentro de las fronteras de cuatro estados: Turquía, Irak, Siria e Irán, donde padece situaciones de dominación cultural, económica y política.
De parte de los dos Estados mencionados en primer término, ha sido víctima de dos procesos genocidas, cualidad ésta que distingue y condiciona la historia misma del pueblo kurdo, lo mismo que el gigantesco proceso de silenciamiento y desinformación existente acerca de la cuestión kurda, que hizo que gran parte del planeta escuchara hablar de este sufrido pueblo recién durante la guerra del Golfo.
Este proceso intencional de silenciamiento debe atribuirse a la disputa interimperialista que desde antaño han llevado a cabo las grandes potencias del mundo, atento a que el Kurdistán es una regíón extremadamente rica, con grandes reservas petroleras y acuíferas y un clima excepcionalmente apto para las actividades agropecuarias.
En realidad, este proceso de negación de la cuestión nacional y cultural kurda ha recorrido exitosamente siglos y, en el caso de la política oficial turca sobre el tema, se sostiene todavía la inexistencia lisa y llana de una “minoría” kurda que representa, por ejemplo, el 25% de la población turca (hay 15 millones de kurdos en ese país)[4].
A esto debe agregarse, de parte de las autoridades turcas, una represión sostenida en el tiempo que adoptó finalmente la forma de un genocidio. En efecto, desde 1924, cuando se tomaron medidas estrictas en aras de la “occidentalización” de Turquía, la política de ese país avanzó sistemáticamente en la destrucción de edificios históricos, de aquellos textos fundamentales escritos en lengua kurda, e incluso la propia palabra “kurdo” fue eliminada de los textos oficiales, prohibiéndose hablar y escribir en kurdo, a quienes se denominaba “turcos que han olvidado su lengua”[5].
Esta negación sistemática de una minoría por parte de un Estado dominante, produjo entre 1925 y 1938 una multiplicidad de conflictos resueltos por Turquía de manera unilateral y violenta, dejando a los kurdos en situación de pueblos vencidos o en posiciones políticamente comprometidas, como cuando algunos de sus referentes, leales al régimen turco,  fueron acusados de consentir o avalar el genocidio armenio.
Sin  perjuicio de ese episodio histórico estigmatizante, las fases de una rebelión progresiva de los kurdos contra el dominio turco se sucedieron. La primera de ellas tuvo lugar cuando el jeque Saïd se alzó contra las autoridades de Ankara, por lo que fue llevado a la horca cuando tenía 80 años. La rebelión fue la respuesta a la política de “turquización” kemalista. El jeque logró inicialmente la rápida adhesión de muchas comunidades, hasta liberar una zona determinada del territorio. Toda la región al oeste del Lago de Van, un tercio del Kurdistán turco, llegó a estar en manos rebeldes en 1925[6].
Esta situación llevó a que Turquía reclamara la ayuda de Francia para aplastar el levantamiento. Con la captura de Saïd, Atataurk apeló a medidas radicales de represión, mediante la creación en la zona de los llamados “Tribunales de Independencia”, que rubricaron el triunfo militar turco con sentencias sumarias dictadas tras juicios sumarios, a partir de las cuales se ejecutaron, encarcelaron o desterraron a todos los kurdos sospechosos de apoyar el levantamiento. Luego, siguieron las primeras medidas de deportaciones, aplicadas especialmente a los jeques y demás referentes políticos y religiosos, que obligaron a que miles de refugiados huyeran a la parte iraquí[7].
En 1927 estalló un nuevo levantamiento,  a la que se conoce como “la sublevación del  Monte Ararat” o del Agri Dagh (“La montaña de Fuego”, en kurdo). Fue la resultante de un comité denominado Khoyboun, que agrupaba a varias organizaciones kurdas, y estuvo liderado por Ishsan Nouri, que había formado parte de los ejércitos turcos y poseía una vasta experiencia militar. Nouri logró en 1928 afirmar la pequeña república kurda del Ararat, y con el agregado de una gran cantidad de tribus y guerreros kurdos infligió al ejército turco varias derrotas al principio del conflicto, derribando incluso aviones de combate enemigos[8].
Finalmente, las fuerzas turcas, superiores en número y armamento, derrotaron a los kurdos en 1930. La réplica fue tremenda. El diario turco Milliyet publicó un dibujo que representaba dos montes Ararat con la leyenda “Aquí está enterrado el sueño de un Kurdistán libre”. Varios meses después de la derrota, los aviones turcos continuaban arrasando las aldeas kurdas, y entre 1925 y 1928, un millón de kurdos fueron deportados. En 1932 se sanciona la ley de deportación, que directamente desplaza a centenares de miles de kurdos a Anatolia[9].
El ministro turco Mahmut Bozhurt había anunciado en 1930: “Vivimos en el país más libre del mundo, que se llama Turquía. (…) El turco es el único señor, el único dueño de este país. Quienes no son de puro origen turco tienen en este país un solo derecho: el derecho de ser servidores, el derecho de ser esclavos”[10].
En 1936, el gobierno turco aplasta la sublevación de Dersim, que culmina en 1938 con una salvaje matanza de kurdos. Las informaciones más confiables señalan que en la represión se produjeron alrededor de cincuenta mil muertes y el ajusticiamiento de su líder Seyit Riza  el 5 de septiembre de 1937[11]
A partir de la década del 70´ del siglo pasado, los militantes kurdos comenzaron a proyectar una estrategia de liberación nacional revolucionaria. Esta iniciativa gestó el mayotitario Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK en 1978), que impulsó con posterioridad una estrategia insurreccional, liderado por Abdulláh Ocalan, que ha organizado en Frente de Liberación y un Parlamento Kurdo en el exilio[12].
La lucha armada anticolonialista se inició en 1984. La guerrilla evolucionó hasta encarnar el Ejército de Liberación del Pueblo del Kurdistán en 1986 (argk), siendo su brazo político el Frente de Liberación Nacional (ernk), cuya misión fundamental era la dirección política de la Revolución y la cohesión de las diferencias de las distintas tribus que confluían en el proceso revolucionario. En 1990 comenzaron los levantamientos masivos contra el poder turco[13].
La política de avasallamiento de que fueron sistemáticamente objeto los kurdos por parte de los estados turco, iraní, iraquí y sirio, con la complacencia o complicidad de otras potencias con intereses en la región, dieron como resultado que en 1988, la ciudad de Halabcha, ubicada en el kurdistán meridional, fuera conquistada por guerrilleros kurdos apoyados por el ejército iraní[14].
La respuesta del gobierno iraquí, cuyos efectivos fueron obligados a abandonar la ciudad, fue un ataque salvaje  llevado a cabo con armas químicas. Las agencias oficiales de occidentes hablaron siempre de cifras escalofriantes: más de cinco mil muertos y diez mil heridos, en el que perdieron la vida niños, mujeres y ancianos. Para los kurdos, estas cifras no terminan de reflejar la verdadera magnitud del etnocidio[15].
La prensa turca guardó un oprobioso silencio respecto de una masacre, en la que se utilizaron armas que ni siquiera las grandes potencias usaron en sus conflictos armados neocolonialistas o imperialistas.
Entre 1981 y 1984, cuarenta mil prisioneros kurdos ya habían sido torturados y asesinados bajo las órdenes de Saddam Hussein, sencillamente porque  se negaron a renunciar a su identidad, cosa que ya había ocurrido frente a un intento análogo de los turcos. “Asimismo, las reseñas oficiales datan en cien mil los muertos kurdos en manos de las fuerzas militares de Saddam Hussein. Los muertos civiles durante el régimen de Hussein son incalculables. Muchos fueron torturados hasta morir. Tenían formas tan atroces de ejecutar a disidentes iraquíes como colocarles 100 gramos de explosivos en el estómago para después hacerles explotar por los aires. Las cifras de muertos pueden rondar los sesenta mil si excluimos a los cien mil desaparecidos. En total casi 2 millones de kurdos exterminados”[16].
Como ocurre en todas las prácticas sociales genocidas, terminaremos preguntándonos cómo pudo suceder esto; cómo pudo llevarse a cabo un proceso de semejante brutalidad.
En el caso del genocidio kurdo, el aniquilamiento múltiple constituye un dato saliente que merece ser analizado. Y, por primera vez, surge la necesidad de ahondar en la conducta de los perpetradores y las  condiciones previas que hicieron posible la masacre.
Turquía, como potencia vencida, obviamente, había sido acusada de graves violaciones a los Derechos Humanos en perjuicio del pueblo armenio al finalizar la Primera Guerra Mundial: “Con respecto a Turquía, la promesa de castigo que le hicieron los Aliados al comienzo de la guerra cuando denunciaron el genocidio del pueblo armenio como crimen contra la humanidad y la civilización, no fue mantenida cuando finalizó el conflicto. El nuevo gobierno turco en abril de 1919 instauró una corte marcial para juzgar los hechos, pero la primera condena a muerte dictada contra uno de los autores de la masacre movilizó demostraciones por las calles que impidieron que el tribunal turco continuara su labor”[17].
No obstante esas amonestaciones internacionales, llevadas a cabo por las potencias vencedoras, no solamente no impidieron sino que toleraron y hasta estimularon el inicio de otro genocidio perpetrado por el Estado turco respecto de otro pueblo sometido, a partir de la suscripción del ya referido tratado de Lausana.
El sistema internacional no pudo prever, ni perseguir, ni sancionar  dos genocidios seguidos perpetrados contra un mismo pueblo, que fue víctima no de una agresión genocida, sino al menos de dos, si consideramos las incursiones homicidas del Gobierno de Saddam, que -vale recordarlo- fue perseguido únicamente cuando contradijo o amenazó los intereses imperiales, siendo en ese caso la respuesta de la justicia penal, cuanto menos, deleznable, por retrógrada, selectiva y brutal.
En aquellas preguntas iniciales acerca de cómo pueden ocurrir este tipo de prácticas genocidas, va implícita la necesidad de analizar las respuestas de las instituciones políticas y jurídicas nacionales y globales y las perspectivas de los perpetradores al momento de decidir y poner en práctica los genocidios.
¿Qué insumos discursivos y culturales, qué consensos sociales y qué contexto internacional deben coincidir para la sucesión -hasta ahora ininterrumpida- de semejantes procesos de aniquilamiento y ulterior silenciamiento? Intentaremos, a partir de los próximos capítulos de este trabajo, despejar estas incógnitas fundamentales.



[1] Besikci, Ismail: “Kurdistán: una colonia internacional”, Editorial Iepala, Madrid, 1992, p. 5, disponible en http://books.google.com.ar/books?id=N0iytIPVegAC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=Kurdist%C3%A1n:+una+colonia+internacional&source=bl&ots=zHKsZIiX8F&sig=pmByzmWaYOyIcAv-2xkVpvm7EJM&hl=es#v=onepage&q&f=false
[2] Besikci, Ismail: “Kurdistán: una colonia internacional”, Editorial Iepala, Madrid, 1992, p. 16, en http:// books.google.com.ar/books?id=N0iytIPVegAC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=Kurdist%C3%A1n:+una+colonia+internacional&source=bl&ots=zHKsZIiX8F&sig=pmByzmWaYOyIcAv2xkVpvm7EJM&hl=es#v=onepage&q&f=false
[3] Sammali, Jacqueline: “Ser kurdo ¿es un delito?”, Editorial Txalaparta, Navarra, 1995, pp. 112, 264 y 284.
[4] Sammali, Jacqueline: “Ser kurdo ¿es un delito?”, Editorial Txalaparta, Navarra, 1995, p. 18.
[5] Sammali, Jacqueline: “Ser kurdo ¿es un delito?”, Editorial Txalaparta, Navarra, 1995, p.59.
[6] Sammali, Jacqueline: “Ser kurdo ¿es un delito?”, Editorial Txalaparta, Navarra, 1995, p. 116 y 117.
[7] Sammali, Jacqueline: “Ser kurdo ¿es un delito?”, Editorial Txalaparta, Navarra, 1995, p. 117.
[8] Sammali, Jacqueline: “Ser kurdo ¿es un delito?”, Editorial Txalaparta, Navarra, 1995, p.118.
[9] Sammali, Jacqueline: “Ser kurdo ¿es un delito?”, Editorial Txalaparta, Navarra, 1995, pp. 117 y 118.
[10] Sammali, Jacqueline: “Ser kurdo ¿es un delito?”, Editorial Txalaparta, Navarra, 1995, p. 122.
[11] centro de estudios y documentación del kurdistán, disponible en http://www.centrokurdistan.org/ documentos/conflicto.PDF
[12] centro de estudios y documentación del kurdistán, disponible en http://www.centrokurdistan.org/ documentos/conflicto.PDF
[13] Sammali, Jacqueline: “Ser kurdo ¿es un delito?”, Editorial Txalaparta, Navarra, 1995, p. 132.
[14] centro de estudios y documentación del kurdistán, disponible en http://www.centrokurdistan.org/ documentos/conflicto.PDF
[15] http://www.organizacionislam.org.ar/articulos/genocidio.htm
[16] -http://www.organizacionislam.org.ar/articulos/genocidio.htm
[17] Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 47.


A qué se debe su interés y de sus alumnos en el tema del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia en la Haya, y en particular el caso del general Ratko Mladic? No es que Argentina queda muy lejos de los Balcanes?

R: Nuestros alumnos en sus prácticas profesionales en lo penal, que es una de las asignaturas que imparto en la UNLPam, anualmente deben implicarse, entre otras tareas, en ejercicios de litigación hipotéticos ante tribunales internacionales o interesarse en determinados casos que resultan significativos en el marco del Derecho Internacional. Este año hemos trabajado en el caso Mladic. Estas incursiones, a nuestro entender, son de una gran utilidad, porque les permite conocer y comparar el funcionamiento de tribunales internos e internacionales, y practicar no solamente con ejercicios vinculados a delitos comunes, también denominados “de calle” o “de subsistencia”, sino también respecto de graves crímenes contra la humanidad, que por supuesto han estudiado previamente en los cursos de la parte especial del Derecho Penal.

Qué recursos tienen disponibles en Argentina para enterarse de los hechos del caso de Mladic y, sobre todo, del contexto de la guerra?
R: Pues, hemos debido analizar los documentos emergentes del propio Tribunal, material periodístico, videos, jurisprudencia, entrevistas, etcétera.
El trabajo, en ese sentido, fue arduo, sobre todo en la recopilación de fuentes y datos.



El  contexto fundamental en que se sitúa el caso del general Mladic, cuando menos hablando de Srebrenica, es de genocidio. A la luz de su investigacion de las circunstancias fácticas, qué opina sobre tal calificación jurídica de lo ocurrido en Srebrenica?
R: Nuestra tarea se ha circunscripto, más que analizar aspectos fácticos, a correlacionar las imputaciones de este caso, con las resoluciones de los tribunales argentinos en los principales casos vinculados al juzgamiento de los acusados por graves delitos de masa cometidos durante la última dictadura cívico militar, una experiencia de memoria, verdad y justicia  sin precedentes en el mundo. Al haber producido un avance de semejante magnitud, se ha podido analizar el delito de genocidio a la luz de nuevos insumos teóricos, aportados por expertos en otros saberes. Es el caso de Daniel Feierstein, un sociólogo cuyos aportes han sido esclarecedores en materia de determinación de la existencia o no de un genocidio, que es lo que yo podría aportar.
En este sentido, nuestra jurisprudencia ha asociado las prácticas sociales genocidas cometidas en la Argentina, a lo que podríamos denominar “genocidio reorganizador”. Es decir, aquellos crímenes modernos, propios de las sociedades estatales, donde el perpetrador comete el delito con la intención de “reorganizar” la sociedad de conformidad con sus pautas culturales y  concepciones de vida. Es decir, una práctica cuyo objetivo es la transformación de las relaciones sociales hegemónicas al interior de un Estado nación preexistente.
En este  caso, el genocidio moderno debe ser entendido como una práctica social, pero también como una tecnología de poder, destinada a destruir  las relaciones sociales preexistentes y reorganizarlas con sujeción a los modos de articulación de las relaciones sociales, el sistema de creencias, la cultura y la visión del mundo de los perpetradores. Cuando se dan estas situaciones, se estaría frente a un genocidio.
Sobre el particular, debe recordarse que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, al sentenciar en la causa  Nº 2506/07, en la que se condenara al sacerdote católico Christian VON WERNICH, citando la obra de Feierstein, dijo textualmente: “Sin embargo resulta ilustrativo lo reflexionado por el autor citado sobre el particular. “...la caracterización de “grupo nacional” es absolutamente válida para analizar los hechos ocurridos en la Argentina, dado que los perpetradores se proponen destruir un determina do tramado de las relaciones sociales en un Estado para producir una modificación lo suficientemente sustancial para alterar la vida del conjunto. Dada la inclusión del término “en todo o en parte” en la definición de la Convención de 1948, es evidente que el grupo nacional argentino ha sido aniquilado “en parte” y en una parte suficientemente sustancial como para alterar las relaciones sociales al interior de la propia nación...El aniquilamiento en la argentina no es espontáneo, no es casual, no es irracional: se trata de la destrucción sistemática de una “parte sustancial” del grupo nacional argentino, destinado a transformarlo como tal, a redefinir su modo de ser, sus relaciones sociales, su destino, su futuro”. Este último tramo quedan implicadas las características del genocidio reorganizador moderno. Creo que es el más objetivo y respetuoso aporte comparativo que puedo realizar.


Conoce los Balcanes? Ha tenido contactos con colegas abogados y catedráticos de la región? Cuál es su impresión de los países de la antigua Yugoslavia en el período de “transición” que están viviendo actualmente?
R: Conozco los Balcanes, he tenido contacto con colegas académicos en varias ciudades de la región, y me ha impactado mucho el proceso de transformaciones que viven, en un escenario de por sí complejo. Observo en líneas generales un corrimiento de sus coordenadas de organización social hacia un capitalismo compatible con las exigencias de ciertos factores de poder internacional. Esto me ha llamado la atención, quizás porque varios países de América Latina están intentando en este momento un proceso inverso: prácticas autonómicas y unitarias a nivel regional que han acompañado reformas sustanciales en materia política, cultural, económica, social, tecnológica, etcétera, con resultados a mi entender muy valorables. Entre esos resultados está la creación de organismos tales como la CELAC, el UNASUR, el MERCOSUR, y un próximo Banco del Sur


Se trata de un reportaje publicado en su edición del día de la fecha por el mencionado medio escrito serbio, disponible en http://www.pecat.co.rs/

El Tribunal Oral Federal Número UNO de Mendoza citó, al momento de dictar sentencia en el primer juicio por delitos de lesa humanidad sustanciado en esa Provincia, un artículo del responsable de este blog, publicado en Derecho a Réplica. Este importante precedente jurisprudencial expresa textualmente:

 "Al fallar la presente causa, el Tribunal calificó los delitos cometidos por los condenados como de Lesa Humanidad y en el contexto del delito internacional de genocidio.
Para analizar estos conceptos hemos de seguir el trabajo realizado por Eduardo Luis Aguirre, Profesor Regular de Derecho Penal de la Universidad Nacionalde La Plata y la Universidad Nacional de la Pampa, lo que hace bajo el Título “El Delito de genocidio en la jurisprudencia argentina”, criterio que compartimos y utilizamos para explicar la decisión referida al comienzo.


El nombrado profesional refiere que, la jurisprudencia argentina reciente ha caracterizado en términos dogmáticos los crímenes cometidos por el propio estado en nuestro país , concluyendo que se trató de delitos de Lesa Humanidad perpetrados en el marco de un genocidio (fallos Etchecolatz y Von Wernich). En primer lugar destaca que para superar el hiato que se deriva de la redacción del propio tipo, en lo que atañe a “la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”, que además lo distingue de otros crimines contra la humanidad, dice que así se concluye en Etchecolatz- en coincidencia con la doctrina mas autorizada y el aval de la jurisprudencia de los tribunales internacionales especiales- que “la intención necesaria podría ser inferida de las circunstancias que rodean a los actos en cuestión”.
Agrega que esa, “evidencias circunstanciales” implican “una serie de factores y circunstancias, como el contexto general, la perpetración de otros actos culposos sistemáticamente dirigidos contra el mismo grupo, la escala de las atrocidades cometidas, el hecho de escoger sistemáticamente a las victimas en razón de su pertenencia a un grupo determinado, o la reiteración de actos destructivos o discriminatorios” (El Fiscal contra Jelisic, fallo, Sala de Apelaciones, Párrafo 47, TPIY , citado por Bjornlund, Matthías; Markusen Eric; Mennecke, Martín: “¿ Que es genocidio?”, Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La Administración de la muerte en la modernidad”, Ed. Eduntref, Buenos aires, 2005 pag 32 y 33).
Agrega que otra cuestión relevante que se salda, se vincula con la determinación del concepto de “grupo de victimas”. Así, basta que la intención criminal se extienda solo a una parte del grupo social , étnico , nacional o religioso, y su delimitación a un determinado ámbito: un país, una región o una comunidad concreta, cuestión esta fundamental al momento de caracterizar el genocidio argentino.
Con todo, la delimitación esencial del concepto de grupo de victimas no ha sido pacifica. Benjamín Whitaker advertía en su trascendente informe sobre la necesidad de una reforma a la Convención de la Organización de la Naciones Unidas sobre Prevención y sanción del Delito de Genocidio (CONUG), porque “dejar a grupos políticos u otros grupos fuera de la protección de la Convención ofrece un pretexto considerable y peligroso que permite el exterminio de cualquier grupo determinado, ostensiblemente bajo la excusa de que eso sucede por razones políticas” (Whitaker, Benjamín: “Revised and Updated Report on the Questión of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide”, p. 19, citado por Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad , Editorial Edunfret, Buenos Aires , 2005. p.35).
Dice Eduardo Luis Aguirre que ello es así, toda vez que “mientras en el pasado los crímenes de genocidio se cometieron por razones raciales o religiosas, era evidente que en el futuro se cometerían por motivos políticos (…) En una era la ideología, se mata por motivos ideológicos” (Informe E/CN, 4/Sub. 2/1985/6 (informe Whitaker) p. 18 y 19, citado por Feierstein, Daniel: “El genocidio como práctica social”, Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008, p.48).
Comenta que en la sentencia “Etchecolatz se anticipa de manera consistente, además, a cualquier impugnación con respecto a eventuales violaciones del principio de congruencia, Etchecolatz no había sido indagado por el delito de genocidio, por lo cual la sentencia destaca que los hechos juzgados y comprobados, habían sido cometidos “en el marco” de un genocidio, sugiriendo además que fuera esta la figura escogida para avanzar en la persecución de los represores en los juicios sucesivos.
Acota que también resulta particularmente relevante que el pronunciamiento en cuestión recuerde que las definiciones jurídicas de genocidio incluyen cualquiera de las siguientes conductas perpetradas con la intención de destruir total o parcialmente a un grupa nacional , étnico, racial o religioso como tal; a) matanza de miembros del grupo ; b) lesión grave a la integridad física o mental a los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) medidas destinadas a impedir nacimientos en el ceno del grupo; e) traslado por a fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Después de estas reflexiones veremos como sigue la sentencia expresando la forma en que construye la existencia del referido “grupo nacional “, victima del genocidio.
“Ya en la sentencia de la histórica causa 13 se dio por probada la mecánica de la destrucción masiva instrumentada por quienes se autodenominaron “Proceso de Reorganización Nacional”. Así , en la causa 13/84 donde se condenó a los ex integrantes de las Juntas Militares se dijo: El sistema puesto en práctica- secuestro, interrogatorio bajo tormento, clandestinidad e ilegitimidad de la privación de la libertad, en muchos casos eliminación de las victimas -, fue sustancialmente idéntico en todo el territorio de la nación y prolongado en el tiempo”. Nótese que la decisión deja en claro que la eliminación de las victimas no constituye un elemento sine qua non para la perpetración del genocidio, que puede configurarse a partir de las restantes practicas que se enumeran en el mismo párrafo, en tanto las conductas integran una planificación previa, sistemática, discriminada y unitaria de aniquilamiento, un datocentral no asumido por las tendencias jurisprudenciales previas.
“Es precisamente a partir de esa aceptación – sigue diciendo el fallo Etchecolatz- tanto de los hechos como de la responsabilidad del Estado argentino en ellos, que comienza, a mi entender, el proceso de producción de verdad sin el cual solo habría retroceso e impunidad. Obviamente que dicho proceso estuvo sujeto todos estos años a una cantidad enorme de factores de presión cuya negación resultaría ingenua pese a lo cual tanto el ámbito nacional como en el internacional se lograron avances significativo en la materia.
Esos “avances significativos”a los que hace mención la sentencia, supusieron en realidad un avance de la conciencia de la sociedad argentina, del derecho como productor de verdad y , sobre todo, un progreso en bastos sectores de la agencia judicial, históricamente asociada al pensamiento conservador, cuando no complicada con el gobierno de facto y las doctrinas jurisprudenciales mas conservadoras.
Continua comentando, que, si se hace hincapié en las peculiaridades que los perpetradores asignaban a las victimas, en general militantes de pensamiento crítico, autónomo , en definitiva opositor a la oscurantista impronta ideológica dictatorial es indudable que se trata de un “grupo” percibido como amenaza de supuestos “valores” “occidentales y cristianos”, que cesaría como tal únicamente a partir de la eliminación de estos agregados, particularmente dinámicos (Feierstein: El genocidio como practica social”, Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008, pag. 51,58).
Justamente por estas condiciones, la eliminación “en todo o en parte”de ese grupo nacional, implicaba una alteración de las relaciones sociales preexistente y su sustitución por nuestras formas de relacionamiento social Esta elección premeditada y discriminada de las victimas por parte de losperpetradores, confiere a las conductas el indudable carácter de practicas sociales genocidas.
Por que en el delito de genocidio, son los propios perpetradores los que identifican y constituyen el grupo de victimas: “a decir verdad, esta identificación negativa en términos de construcción de otredad, que fue lo que permitió que el grupo nacional fuera construidos por los propios perpetradores…”. Eran “los enemigos del alma Argentina”, tal como los denominaba el General Luciano Benjamín Menendez, imputado en esta causa, que, por alterar el equilibrio debían ser eliminados”, establece el pronunciamiento del TOF 1 de la Plata, determinando que no se está en el caso sometido a su jurisdicción “ante una mera sucesión de delitos sino ante algo significativamente mayor que corresponde denominar genocidio”: el plan sistemático de exterminio.
Es importante recordar de que manera, desde lo simbólico, los militantes de cualquier causa potencialmente desestructurante del credo conservador, eran presentados como un peligro, un riesgo concreto a nuestro bienestar y nuestras seguridad. Una jerga compatible que se adueñaba de sentidos engañosos, tales como “subversivos”, “terroristas”, “bandas” o sencillamente “delincuentes” para estigmatizar justamente a aquellos que esta tecnología de poder quiso – y logró- incorporar a las retóricas mundanas.
Si la sola existencia de estas personas era capaz de poner en riesgo nuestra existencia y convivencia –según esas lógicas genocidas- su eliminación, “aniquilamiento” o “extirpación” del cuerpo social, estaba justificada.
Como ya está señalado, es necesario al momento de analizar las practicas genocidas prestar también atención a la evolución que han registrado las grandes matanzas y exterminios a través de la historia.
Se continua razonando que, de esa manera, podremos observar mas claramente la tajante distinción de la condición de perpetrado y victima que caracterizaba a ese tipo de hechos en el pasado, donde estos últimos grupos pertenecían generalmente a comunidades exteriores a las fronteras de las ciudades e inclusos de las ciudades –estados, reinos o imperios. Estos aniquilamientos se llevaban a cabo en general, para deteriorar con la matanza el numero de potenciales guerreros de los ejércitos derrotados, por motivación de expansión territorial, religioso o económicos, como es el caso de los procesos coloniales que devastaron a los pueblos originarios americanos. Incluso, por motivaciones psicosociales asociadas al temor de crecimiento de ciudades- estados rivales que pudieran aprovecharse del ocaso de potencias imperiales, lo que parece explicar por ejemplo el ataque y la destrucción de Cartago por parte de los romanos (Chalk Frank; Jonassohn , Kart: “Historia y sociología del genocidio, Editorial Prometeo, 2010, p.65 y 109).
No obstante estos antecedentes, a partir del siglo pasado los genocidios victimizaron -en la mayoría de los casos- a grupos nacionales convivientes dentro de las fronteras del mismo estado agresor, y el objetivo de los agresores comienza a sentarse en la eliminación de grupos (no necesariamente minoritarios, aunque en la mayoría de los casos lo fuera) concebidos como diferentes por razones étnicas, culturales, políticas o ideológicas que son percibidos como amenazas para los sistemas de creencias hegemónicas.
Vale decir que, en lo que concierne a la identidad , es la pertenencia a algo común, apreciada por los agresores, lo que construye a los enemigo y las victimas “Un terrorista no es solo el portador de una bomba o una pistola , sino también quien difunde ideas contrarias a la civilización cristiana y occidental” (Jorge Rafael Videla and the Times del 4/01/78).
Por supuesto que se trata (también de un grupo de “nacionales”, pero estaba mucho mas claro que para los genocidas eran fundamentalmente un colectivo político diverso en sus bagajes teórico y sus praxis, por ende, integrantes de una “amenaza” respecto de un “modo de vida”, y finalmente, “enemigos”.
Por lo tanto no cabe duda de que además de agredir a un grupo nacional las practicas genocidas se llevaron a cabo, también, contra un grupo político. Las fuerzas represivas consideraron que además de la estigmatización y la eliminación de los grupos insurgentes, era también una cuestión de resolución inexorable el ostigamiento, la violación de derecho y hasta el aniquilamiento de los sectores de la población civil que incluía la “periferia”, “los brazos políticos”, los simpatizantes, los trabajadores, sindicalistas, intelectuales o estudiantes que pudieran llegar a poner en crisis o cuestionar los métodos de ladenominada “guerra sucia”, o incluso a cualquier persona de la comunidad.
Este es el rol del genocidio en tanto tecnología de poder destinada a reconstruir determinadas formas de organización social y sustituirlas por otros. La frase del general Ibérico Manuel Saint- Jean caracteriza esta concepción con mayor precisión : “primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después …. a sus simpatizantes, enseguida… aquellos que permanecen indiferentes y finalmente a lostímidos” (Gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, disponible en http: // www. Rodolfowalsh.org/ slip.php?article 2917) .
Por otra parte, el derecho internacional ha delimitado claramente cuando se está contra crímenes contra la humanidad a los que identifica como una serie de actos inhumanos, incluidos el homicidio intencional el encarcelamiento, la tortura, la persecución y la desaparición forzada, cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil tanto en tiempo de guerra como de paz llevados a cabo por motivos políticos, raciales o religiosos es decir, cuando este tipo de acto se cometen de manera sistemática o a gran escala, dejan de ser crímenes comunes para pasar a subsumirse en la categoría mas grave de crímenes contra la humanidad .
Las características del párrafo anterior mas lo dicho en el capítulo destinado a los delitos de Lesa Humanidad (primera cuestión, punto 2, apartado h) n
os permiten concluir que existen características de los delitos definidos por los art 6 y 7 del Estatuto de Roma en todos los ilícitos por los que fueron condenados los procesados de los presentes autos, lo que nos hizo afirmar que se trataba de delitos de Lesa Humanidad, cometidos en el contexto deldelito internacional de genocidio. Si bien es cierto no son tipo penales definidos por nuestro derecho penal positivo, tienen características que los ponen en ese contexto de estos delitos internacionales" (http://juiciosmendoza.blogspot.com.ar/2013/05/audiencia-final-publicacion-de.html)
El pasado 30 de mayo, a las 19,30 horas, participamos de la Conferencia “Srebrenica-ciudad sin Dios” , celebrada en  la sala Valle Inclán del Circulo de Bellas Artes de Madrid.  El concurrido acto, organizado por "Semanario Serbio", concluyó con una muy interesante exposición del reconocido periodista belga Michel Collon sobre las formas que asumen los medios de comunicación durante los grandes conflictos globales que acontecen en la tardomodernidad. Con posterioridad a la intervención de Collon, se produjo un intenso debate sobre el tema que motivara el evento, al que puede accederse íntegramente en http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vBvteogkuWg
Agradecemos por este medio a los organizadores de la conferencia, por habernos permitido estar presentes y expresar nuestro punto de vista respecto del tema para el que fuimos convocados.