Este Tribunal ha dictado sentencias condenatorias[1], en las que consigna la consideración de la edad de los condenados en el supuesto de penas de privación de libertad de elevada duración[2], suponiendo relevar las condenas del Tribunal Especial, con prácticas restaurativas concomitantes, que complejizaron pero a su vez enriquecieron sustancialmente el proceso de paz.
En Ruanda se planteó, una vez finalizado el conflicto, la imposibilidad de llevar a juicio a los miles de individuos posiblemente implicados en violaciones flagrantes a los Derechos Humanos, ya que esto hubiera implicado una obligación de cumplimiento imposible para el tribunal penal “institucional”.
Ante una evidencia tan concreta, se resolvió en el año 2001 saldar esas dificultades objetivas recurriendo al procedimiento ancestral de las tribus locales, el Ikiko Gacaca (Tribunal de la hierba), en el que las partes en conflicto elegían a un tercero neutral, ajeno al mismo, quien se sentaba en la hierba (lo que explica la denominación de estas prácticas) e intentaba escuchar a los partícipes de las diferencias, intentando arribar a una solución consensuada que restaurara el equilibrio alterado por la situación problemática.
Originariamente, estas expresiones de justicia vecinal eran un claro ejemplo de justicia restaurativa. Su conversión forzada en tribunales penales despertó una serie de críticas respecto de su verdadero rol y de muchas de las decisiones adoptadas por esos cuerpos.


La más reiterada, por supuesto, señalaba que estas cortes no cumplían con las garantías mínimas esperables en procesos penales en materia de respeto a los Derechos Humanos. De la misma manera, se cuestionaba que jueces elegidos por sus vecinos, podrían encubrir intentos de llevar a cabo juicios sumarios, cuando no, verdaderas venganzas contra los acusados[3].
De hecho, investigaciones posteriores lograron determinar que el objetivo inicial de los tribunales Gacaca (terminar con la impunidad, promover la reconciliación y establecer la verdad de lo ocurrido durante el genocidio, en palabras de Paul Kagame) no se consiguió en la medida esperada, demostrando que el buen funcionamiento de estas experiencias dependía exageradamente de la aleatoria integridad de los jueces, y eso hacía que fuera demasiado variable entre las distintas comunidades, profundizando en muchos casos los conflictos locales, ya que en las percepciones mayoritarias, las cortes Gacaca eran, a diferencia de sus versiones originarias transicionales, tribunales esencialmente punitivos, cuyas respuestas fueron, mayoritariamente,  condenas a penas privativas de libertad, que aumentaron exponencialmente las tasas de encarcelamiento de las cárceles ruandesas[4].



[1] http://www.unictr.org/
[2] Jean Paul Akayesu, ex alcalde de la ciudad de Taba, resultó condenado a prisión perpetua, el 2 de octubre de 1998. Michel Bagaragaza, empresario del té acusado de complicidad en el genocidio, fue condenado a 8 años de prisión el 5 de noviembre de 2009. Había nacido en 1945. Hassan Ngeze (1957, director y editor de la revista Kangura), Ferdinand Nahimana (1950), a cadena perpetua y Jean Bosco Barayagwiza  (1950) -ambos dirigentes de la Radio  Televisión Libre de las Mil Colinas o RTLM- fueron condenados a 35 años de prisión, el 3 de diciembre de 2003. Barayagwiza murió en abril de 2010 en el hospital de Benin, donde cumplía la pena que le fuera impuesta. Simón Bikindi, uno de los cantantes más populares de Ruanda, fue condenado a 15 años de prisión el 2 de diciembre de 2009 por incitación al odio racial y al genocidio. Paul Bisengimana, ex alcalde de la Comuna de Gikoro, en Kigali, fue condenado a 15 años de prisión el 13 de abril de 2006. Sylvestre Gacumbitsi, ex alcalde de Rusamo, fue condenado el 17 de junio de 2004 a 30 años de prisión. Gacumbitsi había nacido en 1943. Juvénal Kajelijeli, ex alcalde de Mukingo, nacido en 1951, fue condenado a prisión perpetua, reducida a 45 años de prisión en virtud de las violaciones de derechos de que fue víctima el acusado durante su arresto y detención, el 23 de mayo de 2005. Callixte Kalimanzira, nacido en 1953, ex Director de gabinete del Ministerio del interior, fue condenado a 30 años de prisión el 22 de junio de 2009. Jean Kambanda, ex primer ministro ruandés, nacido en 1955, fue condenado a prisión perpetua el 4 de septiembre de 1998. Jean de Dieu Kamuhanda, ex Ministro de Ecuación, Ciencia y Cultura ruandés, fue condenado a prisión perpetua por genocidio, en fallo no unánime, el 22 de enero de 2004. Francois Karera, ex Gobernador de la Provincia de Kigali, fue condenado a cadena perpetua el 7 de diciembre de 2007. Clement Kayishema, ex Gobernador de Kibuye, fue condenado el 1 de junio de 2001 a prisión vitalicia por encontrárselo culpable de genocidio. Mikaeli Muhimana fue condenado el 28 de abril de 2005 a cadena perpetua. Muhimana, nacido en 1961, era legislador municipal durante el genocidio. Alfred Musema, empresario, fue sentenciado el 27 de enero de 2000 a cadena perpetua. Siméon Nchamihigo, ex fiscal de la prefectura de Cyangugu, fue condenado el 12 de noviembre de 2008 a prisión perpetua. Emmanuel Ndindabahizi, ex Ministro de Finanzas de Ruanda, nacido en 1950, fue condenado a prisión perpetua el 15 de julio de 2004. Eliezer Niyitegeka, ex Ministro de Información y periodista, condenado a prisión perpetua, el 16 de mayo de 2003. Gérard Ntakirutimana, médico religioso que ejercía la medicina en el hospital perteneciente la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Mungonero, fue condenado por genocidio y por crímenes contra la humanidad y sentenciado a 25 años de prisión el 21 de febrero de 2003, cuando tenía 45 años de edad. Joseph Nzabirinda, monitor juvenil, condenado a 7 años de prisión el 23 de febrero de 2007. Juvénal Rugambarara, alcalde de Bicumbi en la Prefectura Rural de Kigali, fue condenado a 11 años de prisión,  el 16 de noviembre de 2007. Emmanuel Rukundo, sacerdote, ex capitán y capellán de las fuerzas armadas ruandesas, condenado a 25 años de prisión el 27 de febrero de 2009. Vincent Rutaganira, el 14 de marzo de 2005, contando con 60 años de edad, acordó con el fiscal una pena de 6 años de prisión. Obed Ruzindana, empresario, condenado a 25 años de prisión el 21 de mayo de 1999. Laurent Semanza, condenado a 35 años de prisión (unificando todos los cargos existentes en su contra)  el 15 de mayo de 2003. Athanase Seromba, sacerdote, condenado a 15 años de prisión el 13 de diciembre de 2006. Joseph Serugendo, directivo de Radio Televisión Libre fue sentenciado, el 3 de junio de 2006, a seis años de prisión por la transmisión de mensajes por radio y televisión incitando al genocidio. Omar Serushago, hombre de negocios y jefe de una milicia racista, fue condenado a 15 años de prisión en Malí el 5 de febrero de 1999. Aloys Simba, ex militar, fue condenado el 13 de diciembre de 2005 a 25 años de prisión.
[3] Pérez Vaquero, Carlos: “Los Tribunales Gacaca”, en Anécdotas y curiosidades jurídicas/Iustopía, disponible en http://archivodeinalbis.blogspot.com/2011/09/los-tribunales-gacaca.html
[4] Burnet, Jennie E.: “La injusticia de la justicia local: verdad, reconciliación y venganza en Ruanda”, en Revista de Estudios sobre Genocidio, Volumen 3, noviembre de 2009, Eduntref, Daniel Feierstein (Director), p. 24.