Este Tribunal ha dictado sentencias condenatorias[1],
en las que consigna la consideración de la edad de los condenados en el
supuesto de penas de privación de libertad de elevada duración[2],
suponiendo relevar las condenas del Tribunal Especial, con prácticas
restaurativas concomitantes, que complejizaron pero a su vez enriquecieron
sustancialmente el proceso de paz.
En Ruanda se planteó, una vez finalizado el conflicto, la imposibilidad
de llevar a juicio a los miles de individuos posiblemente implicados en
violaciones flagrantes a los Derechos Humanos, ya que esto hubiera implicado
una obligación de cumplimiento imposible para el tribunal penal
“institucional”.
Ante una evidencia tan concreta, se resolvió en el año 2001 saldar esas
dificultades objetivas recurriendo al procedimiento ancestral de las tribus
locales, el Ikiko Gacaca (Tribunal de la hierba), en el que las partes en conflicto
elegían a un tercero neutral, ajeno al mismo, quien se sentaba en la hierba (lo
que explica la denominación de estas prácticas) e intentaba escuchar a los
partícipes de las diferencias, intentando arribar a una solución consensuada
que restaurara el equilibrio alterado por la situación problemática.
Originariamente, estas expresiones de justicia vecinal eran un claro
ejemplo de justicia restaurativa. Su conversión forzada en tribunales penales
despertó una serie de críticas respecto de su verdadero rol y de muchas de las
decisiones adoptadas por esos cuerpos.
La más reiterada, por supuesto, señalaba que estas cortes no cumplían
con las garantías mínimas esperables en procesos penales en materia de respeto
a los Derechos Humanos. De la misma manera, se cuestionaba que jueces elegidos
por sus vecinos, podrían encubrir intentos de llevar a cabo juicios sumarios,
cuando no, verdaderas venganzas contra los acusados[3].
De hecho, investigaciones posteriores lograron determinar que el
objetivo inicial de los tribunales Gacaca (terminar con la impunidad, promover
la reconciliación y establecer la verdad de lo ocurrido durante el genocidio,
en palabras de Paul Kagame) no se consiguió en la medida esperada, demostrando
que el buen funcionamiento de estas experiencias dependía exageradamente de la
aleatoria integridad de los jueces, y eso hacía que fuera demasiado variable
entre las distintas comunidades, profundizando en muchos casos los conflictos
locales, ya que en las percepciones mayoritarias, las cortes Gacaca eran, a
diferencia de sus versiones originarias transicionales, tribunales
esencialmente punitivos, cuyas respuestas fueron, mayoritariamente, condenas a penas privativas de libertad, que
aumentaron exponencialmente las tasas de encarcelamiento de las cárceles
ruandesas[4].
[1] http://www.unictr.org/
[2] Jean Paul Akayesu,
ex alcalde de la ciudad de Taba, resultó condenado a prisión perpetua, el 2 de
octubre de 1998. Michel Bagaragaza,
empresario del té acusado de complicidad en el genocidio, fue condenado a 8
años de prisión el 5 de noviembre de 2009. Había nacido en 1945. Hassan Ngeze (1957, director y editor de la
revista Kangura), Ferdinand Nahimana
(1950), a cadena perpetua y Jean Bosco Barayagwiza (1950) -ambos dirigentes de la Radio Televisión
Libre de las Mil Colinas o RTLM- fueron condenados a 35 años de prisión, el 3
de diciembre de 2003. Barayagwiza
murió en abril de 2010 en el hospital de Benin, donde cumplía la pena que le
fuera impuesta. Simón Bikindi, uno
de los cantantes más populares de Ruanda, fue condenado a 15 años de prisión el
2 de diciembre de 2009 por incitación al odio racial y al genocidio. Paul Bisengimana, ex alcalde de la Comuna de Gikoro, en
Kigali, fue condenado a 15 años de prisión el 13 de abril de 2006. Sylvestre Gacumbitsi, ex alcalde de Rusamo, fue
condenado el 17 de junio de 2004
a 30 años de prisión. Gacumbitsi había nacido en 1943. Juvénal
Kajelijeli, ex alcalde de Mukingo,
nacido en 1951, fue condenado a prisión perpetua, reducida a 45 años de prisión
en virtud de las violaciones de derechos de que fue víctima el acusado durante
su arresto y detención, el 23 de mayo de 2005. Callixte Kalimanzira, nacido en 1953, ex Director de gabinete del
Ministerio del interior, fue condenado a 30 años de prisión el 22 de junio de
2009. Jean Kambanda, ex primer
ministro ruandés, nacido en 1955, fue condenado a prisión perpetua el 4 de
septiembre de 1998. Jean de Dieu Kamuhanda,
ex Ministro de Ecuación, Ciencia y Cultura ruandés, fue condenado a prisión
perpetua por genocidio, en fallo no unánime, el 22 de enero de 2004. Francois Karera, ex Gobernador de la Provincia de Kigali, fue
condenado a cadena perpetua el 7 de diciembre de 2007. Clement Kayishema, ex Gobernador de Kibuye, fue
condenado el 1 de junio de 2001
a prisión vitalicia por encontrárselo culpable de
genocidio. Mikaeli Muhimana fue
condenado el 28 de abril de 2005
a cadena perpetua. Muhimana, nacido en 1961, era
legislador municipal durante el genocidio. Alfred Musema, empresario, fue sentenciado el 27 de enero de 2000 a cadena perpetua. Siméon
Nchamihigo, ex fiscal de la
prefectura de Cyangugu, fue condenado el 12 de noviembre de 2008 a prisión perpetua. Emmanuel
Ndindabahizi, ex Ministro de
Finanzas de Ruanda, nacido en 1950, fue condenado a prisión perpetua el 15 de
julio de 2004. Eliezer Niyitegeka,
ex Ministro de Información y periodista, condenado a prisión perpetua, el 16 de
mayo de 2003. Gérard Ntakirutimana,
médico religioso que ejercía la medicina en el hospital perteneciente la Iglesia Adventista del Séptimo Día
de Mungonero, fue condenado por genocidio y por crímenes contra la humanidad y
sentenciado a 25 años de prisión el 21 de febrero de 2003, cuando tenía 45
años de edad. Joseph Nzabirinda,
monitor juvenil, condenado a 7 años de prisión el 23 de febrero de 2007. Juvénal
Rugambarara, alcalde de Bicumbi
en la Prefectura
Rural de Kigali, fue condenado a 11 años de prisión, el 16 de noviembre de 2007. Emmanuel Rukundo, sacerdote, ex capitán y
capellán de las fuerzas armadas ruandesas, condenado a 25 años de prisión el
27 de febrero de 2009. Vincent Rutaganira,
el 14 de marzo de 2005, contando con 60 años de edad, acordó con el fiscal una
pena de 6 años de prisión. Obed Ruzindana,
empresario, condenado a 25 años de prisión el 21 de mayo de 1999. Laurent Semanza, condenado a 35 años de prisión
(unificando todos los cargos existentes en su contra) el 15 de mayo de 2003. Athanase Seromba, sacerdote, condenado a 15 años
de prisión el 13 de diciembre de 2006. Joseph Serugendo,
directivo de Radio Televisión Libre fue sentenciado, el 3 de junio de 2006, a seis años de
prisión por la transmisión de mensajes por radio y televisión incitando al
genocidio. Omar Serushago, hombre
de negocios y jefe de una milicia racista, fue condenado a 15 años de prisión
en Malí el 5 de febrero de 1999. Aloys Simba,
ex militar, fue condenado el 13 de diciembre de 2005 a 25 años de prisión.
[3]
Pérez Vaquero, Carlos: “Los
Tribunales Gacaca”, en Anécdotas y curiosidades jurídicas/Iustopía, disponible
en http://archivodeinalbis.blogspot.com/2011/09/los-tribunales-gacaca.html
[4]
Burnet, Jennie E.: “La injusticia
de la justicia local: verdad, reconciliación y venganza en Ruanda”, en Revista
de Estudios sobre Genocidio, Volumen 3, noviembre de 2009, Eduntref, Daniel Feierstein (Director), p. 24.