Permítasenos reiterar que el Derecho penal contemporáneo presenta, en todo el mundo, algunas características distintivas que es necesario poner de manifiesto, por su gravedad intrínseca y sus potenciales consecuencias genocidas.
Existe una hipertrofia irracional del Derecho penal, que supone una opción clara, por un derecho penal máximo, opuesto a un sistema democrático (ver sobre el particular,Rivera Beiras, Iñaki, en http://www.eldiario.es/catalunya/Inaki-Rivera-penal-opuesto-democratico_0_201929823.html) sostenido en la convicción  mítica (y errática) que la coerción punitiva podrá prevenir, disuadir o conjurar conductas que se consideran lesivas de bienes jurídicos o verdaderas amenazas para esos mismos bienes, personas o agregados de tales. O, al menos, que servirá para eliminar del paisaje social a los  “otros”, considerados indeseables, peligrosos e irrecuparables, en términos de la supuesta necesidad de reorganizar las sociedades con arreglo a la escala de valores y las pautas de vida hegemónicas. Los condimentos imprescindibles que permitieron sentar las bases de todos los genocidios, incluido, desde luego, el argentino.
En ese marco de creencias fatuas, la forma más usual de resolución de los conflictos es la judicialización y la condena a una pena de prisión. En casi todo el mundo, las tasas de encarcelamiento han subido exponencialmente en la modernidad tardía.

Los discursos progresistas de los expertos, que fueron una referencia hasta bien entrada la década de los 70’, cayeron en los años 80’ en una crisis sin precedentes. 

Así como las consignas de la socialdemocracia de posguerra habían sido “control económico y liberación social”, el reverdecer conservador dio un giro de ciento ochenta grados y proclamó “libertad económica y control social”[1].
Lo que sobreviene, entonces, es una acentuación de la prisionización como respuesta institucional excluyente, perpetrada contra jóvenes, pobres, extranjeros, foráneos, insumisos y disidentes, con su consecuente explosión demográfica de las cárceles y demás establecimientos coactivos de secuestro oficial[2]
El crecimiento de la criminalización de situaciones sociales problemáticas configura una consolidación del estado de policía -por oposición al Estado constitucional de Derecho- y una legitimación de un derecho penal de excepción.
El aumento sostenido de la población reclusa es un dato objetivo difícilmente contrastable, que en líneas generales no se ha revertido en los últimos años, ya que las tasas de encarcelamiento siguen aumentando en forma sostenida en la mayoría de los países del mundo.
Pero más allá de esta circunstancia cualitativa, debe anotarse que el “prestigio” de la cárcel ha alcanzado niveles impensados. Se proclama ahora, a diferencia de lo que ocurría durante el auge del correccionalismo criminológico, es que la prisión “funciona”, y se reactualiza en clave postmoderna el concepto de “pena merecida”[3].
Existe en todo el mundo, en síntesis, la suposición de que no deben tolerarse las violaciones a los derechos, cualquiera sea el lugar donde ocurran, y que la reacción frente a esas afectaciones ha de efectuarse mediante una intervención y una pena, respecto de os extraños irrecuperables.
En esos procesos asimétricos de construcción de las normas penales del tardocapitalismo, la potestad para decidir qué conductas serán penalizadas, es patrimonio exclusivo y excluyente de unas pocas personas, generalmente representantes de intereses de clase o corporativos.
Por eso, normalmente, la violencia reglada institucional recaerá más severamente sobre los sectores vulnerables de las sociedades, previamente estigmatizados en base al prejuicio, supuesto éste que se reproduce, insistimos, tanto a nivel interno como internacional.
La particularidad que exhibe el nuevo sistema globalizado radica no solamente en la reproducción de la nueva relación de fuerzas, sino también en la capacidad de presentar dicha fuerza como un bien al servicio de la justicia y de la paz en un contexto de expansión de la ideología securitaria[4].
Como consecuencia de lo expuesto, sobreviene una desformalización y funcionalización del Derecho criminal, con inexorable flexibilización de las garantías penales, procesales y ejecutivas de la pena[5], de las que las cárceles de Guantánamo dan debida cuenta.
En todo el planeta, las tendencias modernas a “luchar contra la criminalidad” y la “inseguridad”, suponen reprimir rápida y ejemplarmente los problemas y conjurar las amenazas que impactan más fuertemente en la opinión pública.
Esas iniciativas recurren en la mayoría de las situaciones a un aumento de los montos de las penas, con finalidades preventivo-generales e  intimidatorias.
En materia procesal, las reformas tienden a acelerar, acortar, abaratar y desformalizar los procesos, allanando todos los “obstáculos” que lo perturben.
Las reformas que tienden a abogar por el derecho de las víctimas se hacen a costa de los derechos de los inculpados y las víctimas, contradiciendo las especulaciones históricas de los procesalistas, ingresan al proceso a reclamar la más grave punición, antes que a restablecer el equilibrio afectado por la ofensa.
Estas -y otras- claves funcionalistas, en síntesis, resumen el rumbo de las reformas político criminales de la tardomodernidad[6].
Esta es una tendencia que ya no se limita a criminalizar a sujetos individuales, sino que ese control se expresa de manera “glocal” y grupal y su objeto de control es la rebelión de los excluidos[7] y de los que se alzan –muchas veces inorgánicamente-contra un estado de cosas que intuyen injusto.
La rebelión de los diversos, los excluidos, los distintos, los rebeldes, en definitiva, los “otros”, son la nueva excusa que se pretende con frecuencia asimilar al “terrorismo”, para habilitar la violencia legitimada únicamente por su eficacia. “Se difumina la distinción entre el “enemigo”, tradicionalmente concebido como exterior, y las “clases peligrosas”, tradicionalmente interiores, en tanto que objetivos del esfuerzo bélico”[8].
Parece comprensible, con estas claves, que en cualquier sociedad exista una dosis de temor o desconfianza hacia aquellos que son asumidos diferentes.
No obstante, estas tendencias reactivas se han magnificado al punto de incorporarse a los regímenes sociales y políticos del mundo contemporáneo.
La desconfianza hacia los otros, concluye articulándose con la indiferencia respecto de la posibilidad de que se los prive de la plena condición de ciudadanos.
Lo que les pase a aquéllos, en términos de destitución de ciudadanía -pérdida de derechos civiles, económicos, soberanos, medioambientales y políticos-, no importa demasiado al resto, y en todo caso esos procesos “descivilizatorios” se perciben como un costo no demasiado oneroso a pagar para conservar un determinado orden social[9], al que se asimila con la “seguridad jurídica”, a la sazón una nueva forma de interpretar las nuevas formas de explotación y expoliación.

Esa “desconfianza” en los otros, alcanza también, y muy especialmente, a los que encarnan el rol de gobernar la penalidad, sus instituciones, sus narrativas y prácticas colectivas, e influye decididamente en la construcción de las nuevas relaciones sociales, explicando, entre otras cosas, el peligro, el riesgo y el auge de nuevas formas de control punitivo.
Por su parte, para el sofista del Anónimo de Jámblico “sólo la sumisión a la ley, o sea, el estado de legalidad, hace posible la vida en común. Para este sofista anónimo, el estado de legalidad es uno de los bienes supremos, pues “una legalidad debidamente establecida origina la confianza que produce grandes beneficios a toda la colectividad”. El estado de ilegalidad, por el contrario, es uno en que reinan la desconfianza y el riesgo permanente, lo cual da lugar a una falta la seguridad cognitiva de los comportamientos personales, y por ello, a que los hombres experimenten el temor y el miedo. Por esto, y puesto que “los hombres no son capaces de vivir sin leyes ni justicia”, a quienes no se someten a la ley les sobreviene la guerra que conduce a la sumisión y a la esclavitud con más frecuencia que a quienes se rigen por una recta legalidad”[10].
Las sociedades de riesgo son, precisamente, aquellas donde la producción de riqueza va acompañada  de una creciente producción social de riesgos[11].
El aumento de los riesgos está produciendo consecuencias trascendentales en el ámbito de la política, el biopoder y la gubernamentalidad de los agregados sociales actuales.
El primer efecto lo constituye la necesariedad de la implementación de políticas públicas tendientes a gestionar, esto es, a controlar los riesgos, cada vez más visibilizados por la opinión pública, e internalizados por la multitud como los nuevos miedos derivados de la modernidad tardía.
El “riesgo”, como el miedo, termina completando, entonces, un nuevo metarrelato cuya densidad sería capaz de sustituir y recomponer los paradigmas totalizantes en aparente retirada, cohesionar los discursos y los sistemas de creencias e imponer políticas públicas defensistas.
Estas características se observan, particularmente, en lo que atañe a las respuestas institucionales que se adoptan en materia de conflictividad social en todo el mundo, ya sea adelantando la punición, inocuizando a los especialmente peligrosos y propiciando estrategias de control que recurrentemente menoscaban las libertades públicas y las garantías individuales decimonónicas, adoptadas siempre en aras de una mayor “seguridad”, una suerte de “concepto estrella” del Derecho penal actual[12], al que todo le está permitido, sencillamente porque “todos estamos en peligro”. Y todos lo estamos, porque el riesgo está identificado como riesgo de daño o de peligro.
Se trata de un riesgo “negativo”, que el Estado debe gestionar como fin primordial que dota de sentido su razón de ser postmoderna, dejando de lado las expectativas asegurativas que caracterizaron al Estado de Bienestar; por ejemplo, la justicia distributiva y la igualdad, la seguridad social, la estabilidad en el empleo, los miedos a los malestares de clase, etcétera[13].
El riesgo, de tal suerte, opera como una forma de gobierno de los (nuevos) problemas “a través de la predicción y la previsión. Se trata de una tecnología que es común y familiar en el campo de la salud pública”, pero que se extiende especialmente a la justicia penal, “un campo en el que el riesgo se ha vuelto cada vez más importante como una técnica para ocuparse de aquellos condenados por delitos, pero también para la prevención del delito”. (…) “El lugar central ocupado por el riesgo en el gobierno contemporáneo es un reflejo de un cambio epocal en la modernidad. Este desplazamiento epocal desde la “modernidad industrial” hacia la “modernidad reflexiva” es vinculado  con la aparición de los “riesgos de la modernización”, tales como el calentamiento y el terrorismo globales. Producto del despliegue de las contradicciones del modernismo industrial -especialmente del rápido y autodestructivo desarrollo del cambio tecnológico conducido por el capitalismo- estos riesgos amenazan a la existencia humana y crean una nueva “conciencia del riesgo” que, a su vez, se torna el rasgo organizador central de la emergente “sociedad del riesgo”. (…).. En otras palabras, aunque las divisiones sociales tales como la clase y el género no desaparecen, son reconstituidas en comunidades de seguridad y protección, unidas más por los riesgos compartidos que por las necesidades materiales en común. En esta era, las instituciones y concepciones centrales de la modernidad son puestas en cuestión: hasta el progreso en sí mismo se vuelve algo que es puesto en duda y sobre lo que se reflexiona críticamente”[14].
Esa conciencia de los riesgos presentes, parte fundamental de una cultura  postmoderna hegemónica unidimensional, se vale de un retribucionismo y un prevencionismo extremos para confirmar la vigencia de las normas sociales y anticiparse a “riesgos futuros” ocasionados por los peligrosos, mediante un “derecho” (interno y supranacional) en estado de permanente excepción[15].
A estas decisiones draconianas recurrentes, conduce el segundo efecto de la gubernamentalidad de las sociedades de riesgo, que está dado por el fracaso de las políticas públicas en la gestión de administración y control de los peligros, y la necesidad de los gestores institucionales de apelar a un urgente populismo punitivo como única forma de conservar sus precarios y efímeros consensos.
El Derecho penal establece, de esta manera, formas específicas de reacción punitiva no sólo contra infractores incidentales de la ley, sino también contra quienes frontalmente desafían el ordenamiento jurídico con el que se identifica la Sociedad y a los que la dogmática funcionalista denomina enemigos, en cuanto conculcan las normas de flanqueo que constitucionalmente configuran la Sociedad, revelan singular peligrosidad y no pueden garantizar que van a comportarse como personas en Derecho, esto es, como titulares de derechos y deberes[16]. Con ellos el Estado no dialoga, sino que los amenaza y conmina con una sanción en clave prospectiva, no retrospectiva, esto es, no tanto por el delito ya cometido cuanto para que no se cometa un ulterior delito de especial gravedad (v.gr., la configuración típica de la tenencia de armas o explosivos o actos de favorecimiento del terrorismo, como delitos autónomamente incriminados, para evitar la comisión de un atentado terrorista de gran magnitud destructiva).
Se ha afirmado al respecto que “… el Derecho penal del enemigo es, tal y como lo concibe Jakobs, un ordenamiento de combate excepcional contra manifestaciones exteriores de peligro, desvaloradas por el legislador y que éste considera necesario reprimir de manera más agravada que en el resto de supuestos (Derecho penal del ciudadano). La razón de ser de este combate más agravado estriba en que dichos sujetos (“enemigos”) comprometen la vigencia del ordenamiento jurídico y dificultan que los ciudadanos fieles a la norma o que normalmente se guían por ella (“personas en Derecho”) puedan vincular al ordenamiento jurídico su confianza en el desarrollo de su personalidad. Esa explicación se basa en el reconocimiento básico de que toda institución normativa requiere de un mínimo de corroboración cognitiva para poder orientar la comunicació en el mundo real. De la misma se deriva, no sólo un derecho a la seguridad (Recht auf Sicherheit), sino un verdadero derecho fundamental a la seguridad (Grundrecht auf Sicherheit)”[17].
Es necesario, no obstante, establecer algún tipo de precisiones con respecto al Derecho penal de enemigo, toda vez que la noción ha sido simplificada, muchas veces descontextualizada y desinterpretada en lo que tiene que ver con su filiación histórica, sociológica y política.
Se tiende a creer, en general, que la noción de “enemistad” en el Derecho penal es el producto exclusivo de una construcción funcionalista sistémica, anatemizada por conservadora según la particular visión de algunos penalistas, que pretenden hallar la génesis de la misma en el pensamiento de Niklas Luhman, de Carl Schmitt, o más recientemente de Günther Jakobs, a los que generalmente remiten[18].
Así se ha afirmado que “no creo que me aleje demasiado de la realidad si digo que la expresión “Derecho penal del enemigo” suscita ya en cuanto se pronuncia determinados prejuicios motivados por la indudable carga ideológica y emocional del término “enemigo”. Este término, al menos bajo el prisma de determinadas concepciones del mundo (democráticas y, sobre todo, progresistas), induce ya desde el principio a un rechazo emocional de un pretendido Derecho penal del enemigo, y no sin razón, cuando volvemos la mirada a la experiencia histórica y actual, y desde ella contemplamos el uso que se ha hecho y que aún se hace actualmente del Derecho penal en determinados lugares”[19].
La historia resulta, como de ordinario acontece, bastante más compleja; y desde una multiplicidad de matices y relatividades nos plantea demasiadas perplejidades como para permitirnos incorporar subjetividades en este tipo de análisis, por respetables que pudieran éstas resultar.
Inicialmente, debemos reconocer que esta separación tajante entre Derecho penal de ciudadano y Derecho penal de enemigo no siempre encuentra su correlato en la realidad objetiva.
En todo enjuiciamiento por un hecho cotidiano, por ejemplo, efectuado de acuerdo a las reglas del Derecho penal de ciudadano, habrán de entremezclarse lógicas tendientes a la defensa de riesgos futuros (Derecho penal de enemigo), sencillamente porque todos los sistemas penales conservan rémoras de ambos paradigmas[20].
Y las conservan porque los sistemas jurídicos en la era del Imperio basan su legitimidad en la capacidad para llevar adelante objetivos éticos mediante la coacción. Pero aun así, en esta etapa transicional de consolidación del Imperio, aunque  actúe en un estado de excepción y mediante técnicas policiales, el derecho no tiene que ver con las dictaduras o el totalitarismo y el dominio de la ley continúa desempeñando un rol paradigmático.
Así, se ha señalado sobre el particular: “El derecho penal del enemigo es, aparte del nombre (aparte del nombre, que a mí personalmente no termina de convencerme, aunque se trata de una denominación estrictamente científica), una realidad en todos los ordenamientos democráticos del mundo, pero una realidad que ha de ser minimizada al grado mínimo de lo estrictamente necesario: esto es, a lo que el autor citado ha llamado “ámbito nuclear del Derecho Penal del enemigo…”[21].
En otros términos, coexisten en el Derecho contemporáneo, fragmentos de Derecho penal liberal y de Derecho penal de enemigo. Y al parecer, eso ha ocurrido en todas las etapas del capitalismo[22].
Por lo demás, aquellas perspectivas –como digo, fragmentarias, planteadas en términos de polarización y con evidentes desajustes históricos- impiden reconocer la verdadera matriz ideológica que campeaba entre los clásicos del liberalismo durante el capitalismo temprano, a partir de la construcción ideal del concepto fundacional del “contrato social”.
Justamente, la naturaleza cultural del contrato está fuertemente anudada a las concepciones binarias de la enemistad, que reproducen la posibilidad de la “amenaza” del Estado con relación a los infractores, tanto en el orden interno como internacional, y exhiben concepciones muy similares a los postulados preventistas y retribucionistas que se critican al derecho penal contemporáneo.
La visión reduccionista analizada concibe a la “modernidad”, en cambio, como un todo homogéneo y armónico, como un paradigma unitario que viene a superar el sistema de creencias del “Anciene Régime”  de la mano de un programa de libertades sin fisuras, que el imaginario de los juristas percibe generalmente como instituido para el conjunto social, sin exclusión alguna.
Debe recordarse, sin embargo, que el Derecho es también una parte de la superestructura social, un sistema de control social destinado a garantizar las nuevas relaciones de producción hegemónicas en cada período de la historia política.
Por eso, los derechos que otorgó el Estado liberal no pudieron trascender sus propios límites en términos de  autonomía relativa.
Esa autonomía relativa, propia de los Estados capitalistas, aunque se tradujera como una autoproclamación protectiva de los derechos de todos los ciudadanos, en realidad resguardaba  los intereses de las nuevas clases dominantes.
Podemos someter a prueba la consistencia de esta especulación, apelando al propio Rousseau y su visión respecto de los infractores del “pacto social”, acaso el soporte jurídico más relevante del sistema capitalista: “Para que el pacto social no sea, por lo tanto, una fórmula vana, contiene tácitamente este compromiso, el único que puede dar la fuerza a los demás: quien se niegue a acatar la voluntad general será obligado por todo el cuerpo, (…) lo cual no significa otra cosa sino que se le obligará a ser libre, puesto que tal es la condición que dándose cada ciudadano a la patria le asegura de toda dependencia personal, condición que forma el artificio del funcionamiento de la máquina política y única que hace legítimos los compromisos civiles, los cuales, sin esto, serían absurdos, tiránicos y sujetos a los más enormes abusos”[23]. “Todo malhechor, al atacar el derecho social, se convierte por sus delitos en rebelde y traidor a la patria; deja de ser miembro de ella al violar sus leyes, y hasta le hace la guerra. Entonces, la conservación del Estado es incompatible con la suya; es preciso que uno de los dos perezca, y cuando se da muerte al culpable, es menos como ciudadano que como enemigo. Los procedimientos, el juicio, son las pruebas y la declaración de que ha roto el pacto social y, por consiguiente, de que ya no es miembro del Estado. Ahora bien, como él se ha reconocido como tal, al menos por su residencia, debe ser separado de aquél mediante el destierro, como infractor del pacto, o mediante la muerte, como enemigo público; porque un enemigo así no es una persona moral, es un hombre, y entonces el derecho de guerra consiste en matar al vencido”[24].
En definitiva, el  pacto social fue una manera de legitimar al legislador una vez que entraron en crisis las tesis naturalísticas que explicaban dicha legitimación con arreglo a un mandato sobrenatural del que se hallaba investido el monarca.
El legislador había pasado entonces de ser un simple intérprete del derecho, a ser su creador. Y esto mereció una respuesta en términos de legitimación: el contrato[25].
Dejar de lado estas circunstancias históricas, podría comprometer seriamente una investigación que debe escrutar, entre otros conceptos, las similitudes y diferencias entre los derechos internos y el derecho penal internacional contemporáneo.
Por eso, precisamente, nos vemos determinados a advertir que esas postulaciones importan un esfuerzo ocioso, innecesario, realizado aparentemente para preservar a los clásicos del liberalismo de cualquier acercamiento o “contaminación” entre sus discursos y las tesis que legitiman  la guerra contra los terroristas internos, los enemigos con los cuales el estado no dialoga sino que, por el contrario, amenaza o directamente combate[26].
El concepto de enemistad, como podemos observar, es una formulación conceptual de los clásicos, probablemente anterior a ellos, que se utilizaba -como sigue ocurriendo en la actualidad- tanto en cuestiones de Derecho interno, como para resolver las diferencias planteadas entre los Estados.
La similitud entre el adelantamiento de la reacción punitiva, el deterioro de las garantías penales y procesales y la violación del  principio de proporcionalidad, manifestaciones éstas características del Derecho penal de enemigo, con la guerra preventiva moderna, no puede resultar más evidente.
En el examen del Derecho penal del enemigo y de las cuestiones dogmáticas que el mismo plantea en el actual sistema penal, se ha puesto de relieve desde una óptica estrictamente funcionalista normativa que “no se quiere negar que en los regímenes autoritarios se haga uso de normas de Derecho penal del enemigo. Al contrario. El Derecho penal del enemigo, en tanto consunto de normas, existe tanto en las dictaduras como en las democracias. Pero el problema en las dictaduras es de raíz. Las normas de Derecho penal del enemigo no son ahí ilegítimas porque el Derecho penal del enemigo lo sea per se, sino por el déficit de democracia que caracteriza a esos países. En definitiva, mientras en las dictaduras todas las normas (las del enemigo y las del ciudadano) son ilegítimas per se, en las democracias todas las normas (las del enemigo y las del ciudadano) son legítimas per se, en las democracias todas las normas (las del enemigo y las del ciudadano) son legítimas per se, y tendrán esa presunción de legitimidad formal y material hasta tanto no se declare, por el Tribunal imparcial legítimamente establecido para ello, lo contrario. En última instancia, ahí, en la posibilidad de un control de legalidad objetivo e impacial, reside la diferencia entre una dictadura y una democracia”[27] .
El Derecho penal interno de los Estados, con estas categorías, tiende a parecerse cada vez más, en sus lógicas, a la guerra. Vemos como amigo y enemigo, ciudadano y enemigo, constituyen categorías centrales estimuladas por quienes tienen a su cargo el gobierno de la penalidad.
Por eso es que se hace sumamente difícil defender los derechos de los “otros”, sobre todo cuando se encuentran prisionizados: “La gente es muy ignorante en este sentido y solo piden que se pudran en la cárcel, o piensan exclusivamente en las víctimas de los delitos, creyendo en la falsa pedagogía de que porque se trituren los derechos de los presos se van a salvaguardar los derechos de las víctimas, lo cual es una pésima pedagogía. En este sentido no creo que haya ningún tipo de sensibilidad o en todo caso muy minoritaria frente a los derechos de las personas privadas de libertad. Hasta que a cada uno le toca por alguna razón en la vida conocer de cerca qué es de verdad el sistema penal y penitenciario. Hasta este momento es muy difícil entenderlo, que haya una cierta sensibilidad sobre el tema” (Rivera Beiras, artículo ya citado).
Es curioso. Estas posturas contrarían expresamente las grandes líneas filosóficas que se derivan de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, del propio Papa Francisco:  “44. Por otra parte, tanto los Pastores como todos los fieles que acompañen a sus hermanos en la fe o en un camino de apertura a Dios, no pueden olvidar lo que con tanta claridad enseña el Catecismo de la Iglesia Católica: «La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales”.
“Por lo tanto, sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día. A los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas sino el lugar de la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible. Un pequeño paso, en medio de grandes límites humanos, puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. A todos debe llegar el consuelo y el estímulo del amor salvífico de Dios, que obra misteriosamente en cada persona, más allá de sus defectos y caídas”.
“45. Vemos así que la tarea evangelizadora se mueve entre los límites del lenguaje y de las circunstancias. Procura siempre comunicar mejor la verdad del Evangelio en un contexto determinado, sin renunciar a la verdad, al bien y a la luz que pueda aportar cuando la perfección no es posible. Un corazón misionero sabe de esos límites y se hace «débil con los débiles […] todo para todos» (1 Co 9,22). Nunca se encierra, nunca se repliega en sus seguridades, nunca opta por la rigidez autodefensiva. Sabe que él mismo tiene que crecer en la comprensión del Evangelio y en el discernimiento de los senderos del Espíritu, y entonces no renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino”.








[1]   Garland, David: “La cultura del control”, Editorial Gedisa, Barcelona, 2005, p. 174.
[2] Aguirre, Eduardo Luis: “Inseguridades globales y sociedades contrademocráticas. La desconfianza como articulador del nuevo orden y como enmascaramiento de las contradicciones Fundamentales” en “Elementos de Política Criminal. Un abordaje de la Seguridad en clave democrática”, Universidad de Sevilla, trabajo de investigación presentado para la obtención del DEA, Programa de Doctorado “Derecho Penal y Procesal”, Universidad de Sevilla, 2010.
[3]   Garland, David: “La cultura del control”, Ed. Gedisa, 2005, pp. 43 y 51.
[4]   Hardt, Michael - Negri, Antonio, op. cit., p. 31
[5]  Gomes, Luiz Flavio - Bianchini, Alice: “El Derecho penal en la era de la globalización”, Serie Las Ciencias Criminales en el Siglo XXI, Volumen 10, Editora Revista de los Tribunales, San Pablo, 2002, y Aguirre, Eduardo Luis: “Elementos de control social en las naciones sin estado”, disponible en www.derecho-a-replica.blogspot.com
[6]   Hassemer, Winfried: “Derecho Penal y Filosofía del Derecho en la República Federal de Alemania”, Portal DOXA de Filosofía del Derecho, Nº 8, p. 182, que se puede encontrar como disponible en http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01471734433736095354480/cuaderno8/Doxa8_09.pdf
[7]  Sánchez Sandoval, Eduardo: conferencia dictada en el 8º Seminario Internacional del IBCCrim, San Pablo, 8 al 11 de octubre de 2002.
[8]   Hardt, Michael - Negri, Antonio: “Multitud”,  Editorial Debate, Buenos Aires, 2004, p. 36.
[9]  Pratt, John: “Castigo y civilización”, Editorial Gedisa, Barcelona, 2006, p. 24.
[10] Gracia Martín, Luis: “Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado “Derecho Penal de Enemigo”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, número 7,  2005, que se halla disponible en  http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-02.pdf
[11]  Climent San Juan, Víctor: “Sociedad del Riesgo: Producción y Sostenibilidad”, Revista de Sociología, N°. 82, 2006, p. 121, disponible en http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2263896.
[12]  Polaino Navarrete, Miguel: “La controvertida legitimación del Derecho penal en las sociedades modernas: ¿más Derecho penal?”, en “El Derecho penal ante las sociedades modernas”, Editorial Jurídica Grijley, Lima, 2006, p.76.
[13]    O´Malley, Pat: “Riesgo, Neoliberalismo y Justicia Penal”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2006, pp. 168 y 169.
[14]    O´ Malley, Pat: “Riesgo, Neoliberalismo y Justicia Penal”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2006, pp. 21 y 22.
[15]  Agamben, Giorgio: “Estado de excepción”, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2007, p. 6.
[16]  Polaino Navarrete, Miguel: “La controvertida legitimación del Derecho penal en las sociedades modernas: ¿más Derecho penal?”, en “El Derecho penal ante las sociedades modernas”, Editorial Jurídica Grijley, Lima, 2006, p. 76.
[17]  Polaino-Orts, Miguel: “Verdades y mentiras en el Derecho penal del enemigo”, en Revista de l Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), nueva serie, año 5, nº 9, Editorial Dunken, Buenos Aires, 2011, pp. 426 s.
[18]    Marteau, Juan Félix: “Una cuestión central en la relación Derecho-Política. La enemistad en la política criminal contemporánea”, Revista “Abogados”, edición noviembre de 2003.
[19]  Gracia Martín, Luis: “Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado “Derecho Penal de Enemigo”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, número 7,  2005, que se halla disponible en http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-02.pdf
[20]  Jakobs, Günther: “Derecho Penal del Ciudadano y Derecho Penal del Enemigo”, en “El Derecho Penal ante las sociedades modernas”, Editora Jurídica Grijley, Lima 2006, p. 23.
[21] Polaino Navarrete, Miguel: “¿Por dónde soplan actualmente los vientos del Derecho Penal?”, en Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias / coord. por Manuel da Costa Andrade, Maria Joao Antunes, Susana Aires de Sousa, Coimbra Editora, Universidad de Coimbra, Vol. 1, 2009 (Direito Penal), ISBN 978-972-32-1776-6,  p. 483.
[22]    Hardt, Michael - Negri, Antonio: “Imperio”, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2002, p. 40.
[23] “El Contrato Social”, Primera Edición Cibernética, la cual aparece como disponible en http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/contrato/libro1.html.
[24]    Sobre las posibilidades de una interpretación de los textos roussonianos en ese sentido, véase Pérez del Valle, en CPC, nº 75, 2001, pp. 597 ss.; y también Jakobs, en Jakobs/Cancio, (n. 1), pp. 26 s. 79 Véase Rousseau, Jean Jacques, El contrato social o Principios de derecho político, Libro Segundo, V, citado según la edición, con estudio preliminar, y traducción, de María José Villaverde, 4ª ed., Ed. Tecnos, Madrid, reimpresión de 2000, Lib. II, cap. V, pp. 34 s.
[25]  Hassemer, Winfried: “Derecho Penal y Filosofía del Derecho en la República Federal de Alemania”, Portal DOXA de Filosofía del Derecho, Nº 8, p. 176, texto que se puede encontrar como disponible en http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01471734433736095354480/cuaderno8/Doxa8_09.pdf
[26] Aguirre, Eduardo Luis: “Consideraciones criminológicas sobre el derecho penal de enemigo”, disponible en http://derecho-a-replica.blogspot.com/2010/05/consideraciones-criminologicas-sobre-el.html
[27]  Polaino-Orts, Miguel: “Verdades y mentiras en el Derecho penal del enemigo”, en Revista de l Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), nueva serie, año 5, nº 9, Editorial Dunken, Buenos Aires, 2011, p. 453. 
Meses atrás, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, había planteado la necesidad de construir en el marco del ALBA una agencia de defensa común latinoamericana, destinada a custodiar la paz en la región.
La iniciativa importaba un paso trascendental en términos de consolidación de las estrategias integracionistas del Cono Sur, sobre todo, por las motivaciones que sustentaban esa idea.
Morales apuntaba a establecer vínculos defensivos de tal intensidad y compromiso, que abarcaran un cambio cultural de las fuerzas armadas del Continente, en muchos casos cooptadas ideológicamente por paradigmas y sistemas de creencias afines al imperialismo y las clases y sectores dominantes internos. Esa sola razón, insisto, implicaba una vocación transformadora sin precedentes, una concepción verdaderamente revolucionaria, si se recorre la historia de las fuerzas armadas latinoamericanas durante las décadas de los años setenta y ochenta del siglo pasado.

Paradójicamente, la motivación podría revelarse como insuficiente, en la medida que no articulara las anunciadas estrategias, concernientes a la defensa exterior, con políticas comunes destinadas a garantizar la seguridad hemisférica, en los términos en que la misma es acuñada casi sin distinciones ni matices del Río Bravo al Sur.
La concepción de la “inseguridad” ha sido capturada por el arsenal retórico de las derechas latinoamericanas, y se la circunscribe, en esa clave y de manera interesada, a la mera posibilidad de ser víctima de un delito predatorio, de calle o de subsistencia. La inseguridad, de tal manera, se ha resignificado en la región, acotándosela a uno sola de las formas en la que la misma se expresa, por cierto relevante, en un Continente que tiene una de las tasas de violencia urbana más altas del mundo.
El delito ha pasado a ser un organizador de la vida cotidiana en América Latina.
En nombre de la inseguridad se controla, se vigila, y se gobierna. Se ganan elecciones y se esmerilan gobiernos.
Más aún, si se analizan los conatos destituyentes en lo que va de la nueva centuria, puede advertirse que las fuerzas armadas regulares, como tales, han intervenido únicamente en los casos del asalto a la residencia del ex-Presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, y en el fallido golpe intentado contra el Gran Bolivariano. En ambas ocasiones, lo hicieron a la usanza de las tradicionales prácticas, aunque con resultados diametralmente diferentes, actuando en connivencia con sectores de poder locales y externos.
En el resto de las intentonas antidemocráticas latinoamericanas, han intervenido activamente otros actores mucho más vinculados a la “seguridad” que a la defensa. Ténganse presente, en ese sentido, la asonada policial contra el Presidente Correa, los planteos de las policías, los servicios penitenciarios, la prefectura naval y la gendarmería en Argentina, y el golpe judicial perpetrado en Paraguay contra el Presidente Lugo. En todos los casos, desde luego, han tenido un protagonismo central las grandes empresas mediáticas, los grandes grupos de presión y los poderes fácticos de cada país.
En otras ocasiones, los conatos incluyeron el protagonismo explícito de sectores de la oposición y de caceroleros e indignados que planteaban reclamos indeterminados, entre los que la demanda de mayor “seguridad” ocupaba –y ocupa- siempre un lugar preponderante.
En muchos casos, esos reclamos involucran la eliminación lisa y llana de los diferentes y los distintos del paisaje social, en lo que parece ser un nuevo huevo de la serpiente, versión postmoderna.
La doctrina de los golpes blandos de Gene Sharp, debe recordárselo, concibe una primera etapa de exacerbación de la criminalidad, para continuar con el calentamiento de la calle, la organización de manifestaciones de todo tipo, potenciando posibles fallas y errores de los gobiernos, la guerra psicológica, los rumores, y la desmoralización colectiva, hasta terminar con la dimisión de los gobernantes.
El “Plan Estratégico Venezolano”, que en realidad pretende estructurar una estrategia golpista a nivel continental, se propone generar emoción  mediante mensajes cortos sobre problemas sociales objetivos, que lleguen a la mayor cantidad de gente posible, provocando su descontento. Continúa con una práctica sistemática de sabotajes y crímenes, hasta crear en las calles situaciones de crisis que serían cubiertas tendenciosa y amañadamente por la gran prensa internacional, impidiendo distinguir agredidos de agresores, subvertir la realidad de los sucesos, y modelar una opinión pública global complaciente con una intervención armada extranjera. Una salida “a la Yugoslava”, en definitiva.
Por eso es que, a mi entender, la iniciativa del Presidente boliviano debe completarse con el diseño de políticas públicas unitarias en materia de seguridad humana, para todas las naciones aliadas del Continente. Con estrategias comunes democráticas, tolerantes, garantistas y de mínimo voltaje punitivo, para abortar cualquier espiral de violencia al que, sin ninguna duda, van a recurrir las derechas latinoamericanas. 

Más sobre este tema en http://127.0.0.1/wordpress/2013/08/13/hacia-una-politica-de-seguridad-y/





Por Ignacio Castro Rey.

“A menudo me parece que muchos de los más importantes poemas del siglo XX pudieran ser los más fraternales que jamás se hayan escrito. De ser así, esto nada tiene que ver con consignas políticas. Se aplica a Rilke, que era apolítico; a Borges, que era reaccionario; y a Hikmet, que toda su vida fue comunista”. John Berger
  
Todo lo que ocurre en la vida, individual y colectiva, es escandalosamente local: recordemos la muerte del pequeño tendero tunecino que desencadena la revuelta en los países árabes. Así es siempre, pues los individuos y las naciones viven en una especie de epicentro real (absoluto local, decía Deleuze) del cual todo movimiento visible es solamente una “réplica” posterior, como ocurre con los seísmos. Lo común, la comunidad surge siempre de una manera efímera, a veces insignificante.


Unacomunidad nace del acontecimiento de un encuentro, con o sin motivo de un antagonismo, pero un encuentro casi siempre contingente.
1
Si queremos recuperar una comunidad sin la cual es imposible hacer nada, tampoco elcuidado no doméstico de los otros, ni siquiera el cuidado (no narcisista) de sí, es necesario recuperar la fuerza de la referencia real, una vida inmediata (aquí, ahora) imposible de reproducir en el mito de la transparencia informativa, en el plano transitivo de la cultura o de la sociedad del conocimiento. ¿Lo local es una especie de multitud en acto? Cuando escuchó por vez primera Light my fire, Patti Smith tuvo que detener su coche. Sólo para percibir, es necesario pararse en cada momento crucial, sustraerse a la banalidad de un intercambio generalizado que nos anestesia; que desactiva nuestra autonomía, incluso cuando se presenta como algo alternativo.
2
Vivimos insertos, valga la expresión, en la corrupción estructural de la interactividad. Somos los nudos de una malla gigantesca, un conductismo de cien alternativas diarias, cristalizadas en el juego de mayorías y minorías. Izquierda Unida interpela al gobierno por lo que ha publicado El País, que a su vez publica unos documentos “a los que ha tenido acceso”. Etcétera. Información y movilización, acción y reacción, estímulo y respuesta: el parque humano ya no necesita normas explícitas porque la normativa se limita a cabalgar los incesantes eventos que surgen de un cuerpo social tan gigantesco como endogámico. El capitalismo vive en una sociedad que es “abierta” porque se cierra en cada punto, allí donde asoma cualquier promesa de exterior.
3
Si hubiese un registro creíble de la famosa “teoría de la conspiración” sería éste: las grandes corporaciones, los poderes mundiales, la sociedad entera no quieren que nadie esté a solas, que nadie interrumpa la comunicación para pensar y vivir según el diablo de su sombra. Dios ha muerto, vida el nuevo dios. De hecho, fijémonos, todas las películas de terror (también Gravity) comienzan con una interrupción de las comunicaciones. De ahí que los múltiples momentos de espera (al teléfono, en el metro, en cualquier cola numerada), en medio de nuestro “arresto domiciliario en el mañana”, estén entretenidos con pantallas y temas musicales. Una banda audiovisual acompaña nuestro encierro haciéndolo polimorfo, de paredes tan flexibles como el tono de cada franja horaria.
4
Peces y redes. ¿Vivimos en una piscifactoría tejida por miles de conexiones? La imaginación ha llegado al poder con esta prisión rizomática de chips rfid, una trama numérica que es curiosamente analógica de la adorable multiplicidad de la hierba. Por eso nuevo fetichismo tecnológico tiene un aire ecológico. Cada uno de nosotros siente mimado su narcisismo al verse personalizado en esta vibración universal. Es difícil no relacionar tal bloqueo interactivo con el éxito de las tecnologías de moda, las redes sociales y la multiplicación de las comunicaciones. ¿Cuál es el nombre de esta mutación antropológica que no se conseguiría sin la alianza profunda de derecha e izquierda? ¿Sedentarismo portátil? ¿Nomadismo masivo?
5
Atreverse a no ser visible, sin miedo a la marginalidad social que es el gran fantasma de la época. Buscar “vacuolas de no comunicación” (Deleuze) desde la que sea aún posible sentir algo exterior a la providencia informativa, sea mayoritaria o minoritaria. Pero estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para nada, menos aun para pararnos. El real time supone de hecho la liquidación espacial, de ahí que use constantemente las metáforas de sus restos: portalsitiomuroperfilpestaña… Entre lo que nos llega por Internet, a través del móvil o Facebook, y lo que nos invade con la televisión o el periódico, apenas tenemos tiempo de sentir por cuenta propia, de vivir y pensar con las percepciones del entorno. Con los amigos no hacemos después otra cosa que darle vueltas a lo que ya hemos compartido en los jajaja incansables del encadenamiento global.
6
Y lo que está en peligro no es precisamente la privacidad individual. Al contrario, esto es lo que está blindado por doquier. Es la experiencia común la que está por todas partes cercada. Mi cuerpo, mi blog, mi piso, mi perfil, mi currículo, mis historias de pareja. Se ha dicho cien veces: nuestra espectacular movilidad es la de la indiferencia, la que tritura a diario cien mensajes, sean mayoritarios o alternativos. La izquierda participa de lleno en este “integrismo del vacío” propio de la cultura capitalista, en el nihilismo de la conexión perpetua. Tanto la economía como la tecnología tienen la misma lógica aséptica de la neutralización: aislamiento y conexión, narcisismo y socialización, obediencia y espectáculo. Parálisis de la acción: libertad obscena en la expresión. No hay ganancia sin pérdida, la vida común es así de terca: la multiplicación de las conexiones arrastra una caída en picado de las decisiones.
7
Nunca ha sido tan fácil liberarse, pasar a la clandestinidad, ser invisible en medio de esta organización espectacular y ciega de la visibilidad: basta con hacer una pausa e interrumpir las conexiones, dejar de participar, callarse, dar un paso al margen… Pero esto es lo que hoy nos da pánico, pues el primer recorte se ha realizado hace tiempo en el sujeto, expropiado de la ley de su gravedad, de la violencia de vivir; en suma, vaciado de la tecnología analógica necesaria para dialogar con las sombras que le tejen por dentro. Posiblemente a algo así se refería Sócrates con aquella misteriosa subordinación de la política a la ética. Es preciso mantener a raya el estruendo de Atenas con la sombra común que duerme dentro de cada hombre.
8
Rendirnos a la cobertura de la urgencia, a una velocidad que es la primera arma masiva del sistema, nos quita el suelo de reposo e invisibilidad desde el que podríamos sentir y pensar algo nuevo, decir algo distinto. El número febril de esta personalización en masa siente pánico ante lo cualitativo sin dígito, la inmediatez sin equivalencia. Tal miedo produce una insularización sin precedentes. Al no admitir nada dentro (esa idea fue machacada como una superstición propia de la “ideología alemana”), la conciencia se queda en un mero reflejo individual del imperio del contexto. La revolución sólo puede consistir después en transformar ese contexto, cambiando un imperialismo por otro. ¿No explica esto la americanización del mundo? Gracias, Charles Marx, por ayudarnos a aprender inglés tan rápidamente.
9
Alguien se ha tomado la molestia (Sociedad y barbarie, Ed. Melusina, pp. 30 ss.) de explicar cómo los movimientos antagonistas cayeron pronto en esta trampa letal. El temor de Marx a lo abstracto, a la niebla metafísica o fantasmagoría sensual (Ibíd., p. 26) es el temor al acontecimiento de lo irrepetible, a la potencia común de la individuación. Un temor que nos ha entregado a una cultura que no quiere  saber nada de la ambigüedad real. La existencia común se convierte así en el espectro que recorre las afueras, frente al cual derecha e izquierda cierran filas, encerrando a las culturas exteriores (metáfora de lo reprimido entre nosotros) en el estigma del atraso y el despotismo*.
10
Esta huida de la “desconocida raíz común” es la base subjetiva y metafísica del capitalismo como policía social omnipresente, una vigilancia sin vigilantes que apenas necesita cámaras ni agentes. Rancière ha hablado de la política normal como policía y, por el contrario, del acontecimiento político como irrupción de la “parte de los sin parte”. Pero este acontecimiento y su recepción se han vuelto incomprensibles desde el momento en que todos tenemos una identidad asignada en la visibilidad global. En el lenguaje de Badiou, es como si la expansión espectacular de las situaciones le hubiera segado la hierba bajo los pies a cualquier posible acontecimiento. Incluso sentir, vivir y pensar el momento (Llueve) se ha vuelto difícil en esta prisión de mallas virales y paredes interactivas.
Ignacio Castro Rey. Madrid, 18 de noviembre de 2013
* En este aspecto, resulta de una barbarie conceptual impresionante este párrafo –es dudoso que Stalin se atreviese a firmarlo- de “La dominación británica en la India ” (Marx) que César Rendueles, sin escandalizarse mucho, transcribe al comienzo de su Sociofobia. Pasen y vean: “Por muy lamentable que sea desde un punto de vista humano ver cómo se desorganizan y se descomponen en sus unidades integrantes esas decenas de miles de organizaciones sociales laboriosas, patriarcales e inofensivas (…) no debemos olvidar al mismo tiempo que esas idílicas comunidades rurales constituyeron siempre una sólida base para el despotismo oriental; que restringieron el intelecto humano a los límites más estrechos, convirtiéndolo en un instrumento sumiso de la superstición, sometiéndolo a la esclavitud de las reglas tradicionales y privándolo de toda grandeza y de toda iniciativa histórica (…) Bien es verdad que al realizar una revolución social en el Indostán, Inglaterra actuaba bajo el impulso de los intereses más mezquinos, dando pruebas de verdadera estupidez en la forma de imponer esos intereses. Pero no se trata de eso. De lo que se trata es de saber si la humanidad puede cumplir su misión (sic) sin una revolución a fondo en el estado social de Asia. Si no puede, entonces, y a pesar de todos sus crímenes, Inglaterra fue el instrumento inconsciente de la historia al realizar dicha revolución. En tal caso, por penoso que sea para nuestros sentimientos personales el espectáculo de un viejo mundo que se derrumba, desde el punto de vista de la historia tenemos pleno derecho a exclamar con Goethe: ‘¿Quién lamenta los estragos / Si los frutos son placeres? / ¿No aplastó miles de seres / Tamerlán en su reinado?’”. A la vista del favor que Marx hace en este sabroso fragmento a la labor modernizadora de Inglaterra, auténtica mano invisible de la Historia –es de suponer que se diría lo mismo de la misión de EEUU en Irak y Afganistán-, tal vez se entienda mejor esa encuesta de la BBC según la cual Marx es “el pensador del milenio” para los ingleses.

La condena dictada en el emblemático “Caso Bulacio”, más allá de lo discutible de la aptitud reparatoria de la pena impuesta, en virtud del monto exiguo de la misma que han advertido algunos colectivos militantes, ha confirmado la inconstitucionalidad flagrante de ciertas prácticas  policiales en la Argentina, en cuanto se encuentran habilitadas para detener personas amparadas en la eufemística facultad de la “averiguación de antecedentes”.
Walter Bulacio, de 17 años, había sido detenido el 19 de abril de 1991, antes de un recital de los  Redonditos de Ricota, junto a más de 70 jóvenes, en un procedimiento policial realizado en el marco del "Memorando 40", una norma en virtud de la cual, la Policía Federal podía detener a adolescentes sin necesidad de intervención judicial, aunque los detenidos no hubieran estado sospechados de la comisión de delito alguno.

La situación no es muy diferente, aún en la actualidad, en algunas provincias como La Pampa. En otras, como Santa Fe, estas detenciones ilegales han sido ya decretadas inconstitucionales.

En nuestra Provincia, este tipo de prácticas son encuadras también en la mentada "detención por averiguación de antecedentes", que se aplica recurrentemente, en forma autoritaria, discriminatoria e ilegal, toda vez que a la fecha se encuentra vigente el art. 9 inciso c) de la ley NJF 1064/81, un bando de la dictadura militar que increíblemente rige todavía el accionar uniformado.
El texto establece que es atribución de la Policía “ detener a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida, en circunstancias que lo justifiquen o cuando se niegue a probar su identidad. La demora o detención no deberá prolongarse más del tiempo indispensable para la identificación, averiguación del domicilio, conducta y medios de vida, sin exceder el plazo de veinticuatro (24) horas;” 
Este artículo es el que da sustento a lo que se conoce como un supuesto de detención sin orden judicial en base a lo que se ha denominado la “Averiguación de Identidad”.

 La redacción y aplicación de la facultad que utiliza en forma indiscriminada la policía de la Provincia de La Pampa implica una violación a los principios constitucionales de libertad, presunción de inocencia, igualdad ante la ley y judicialidad. Como decíamos, esta facultad policial es ejercida en colisión con expresas prescripciones constitucionales un  Estado de Derecho, en el que la privación de libertad y las medidas de coerción que de cualquier manera la afecten deben acotarse a supuestos reglados incompatibles con la construcción unilateral y arbitraria de un estado de sospecha por parte de la fuerza policial.
Las policías, al desenvolverse de esta manera, operan como verdaderas fuerzas de ocupación dentro de la propia sociedad a la que se deben, construyen a priori un “enemigo”, y proceden, en definitiva, como una policía militar, cargada de prejuicios discriminatorios y lógicas binarias que la alejan del declamado objetivo de constituirse en una policía de proximidades o de vecindad.



En las cárceles argentinas se encuentran alojadas una gran cantidad de personas, que evidencian una situación de objetiva indefensión y vulnerabilidad en virtud del padecimiento de distintos tipos y diferentes grados de discapacidad mental. Tantas, que no sabemos, a ciencia cierta, cuántas son.
Lo que sí sabemos, es que este fenómeno supone una violación manifiesta de derechos humanos, respecto de una multitud de ciudadanos que padecen este tipo de discapacidades, a las que el Estado, además, revictimiza con el encierro y la violencia institucional más brutal.
Esto es particularmente paradójico en un país como Argentina, que no solamente ha dado pasos de inédita trascendencia en materia de DDHH, sino que además ha suscripto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y llevado adelante una política consistente y consecuente en la materia.

La propia Convención, vale recordarlo, destaca que la discapacidad es un concepto evolutivo y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Destaca la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso, y advierte la vigencia de situaciones que vulneran sus derechos humanos en todas las partes del mundo.

Tanto es ello así, que muchos países han arbitrado políticas públicas y estrategias tendientes a atenuar los procesos vergonzantes de afectación de derechos de los discapacitados en las cárceles. Podemos recorrer algunas de las experiencias  producidas en España, luego de sancionada la Convención.
Una de ellas, por ejemplo, es la Guía de Intervención para  personas con Discapacidad afectas al Régimen Penal Penitenciario, en España[1].
Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, destaca de manera enfática: “Podemos afirmar, sin exagerar lo más mínimo, que tras la desaparición de los “manicomios” en los años 80, las personas allí tratadas han ido engrosando las estadísticas penitenciarias, convirtiéndose las cárceles en nuevos almacenes de enfermos mentales. Eso sí, en las prisiones ni se les trata, ni se les ofrece alternativa, ni se les ayuda a reintegrase en la sociedad. La penalización de los enfermos mentales y su encarcelación como única forma de asegurar la seguridad colectiva, cumple hoy la labor de limpieza social que las leyes de vagos y maleantes cumplieron en el estado totalitario. Algo que debería ser objeto de profunda reflexión”[2].
En las Jornadas Estatales sobre atención a Personas con Discapacidad intelectual en Centros Penitenciarios (Sevilla, 2007)[3] se ha entendido, en consonancia con el espíritu de la Convención, que “Las últimas tendencias muestran un interés específico para que, en los supuestos de delitos cometidos por personas con discapacidad intelectual, dadas sus características, que los hacen más vulnerables y con especiales dificultades, éstas puedan no entrar en prisión, aun no concurriendo una eximente”.
“Para ello se propone la creación de un banco de recursos que evite el internamiento, y la generación de programas sociales como medidas sustitutivas al ingreso en prisión”.
                                 Como vemos, la situación en España concita una preocupación real. La situación, en rigor, así lo amerita: “La comunidad científica considera unánimante que el ambiente penitenciario no es apto para personas con patologías de este tipo como destaca el estudio que un equipo de médicos elaboró en 2007 para la Unión Europea. Al menos el 25% de los internos en las cárceles españolas padece una enfermedad mental, según el mismo Ministerio de Sanidad detalla en la "Estrategia Global de actuación en Salud Mental". Como ponen de manifiesto los datos analizados para realizar este reportaje, cada año se registran más de 40 consultas especializadas de psiquiatría cada 100 presos. El análisis de los datos oficiales de la Administración indica que, de media, el 46% de los ingresos en las enfermerías de los centros penitenciarios están motivados por una patología psiquiátrica, alrededor de25.000 casos en los últimos tres años. Un médico que acuda a una cárcel española tiene que atender, en un año, a más de 420 casos de este tipo como promedio. Instituciones Penitenciarias no conoce exactamente cuántos enfermos mentales hay en las cárceles, dónde se ubican o cuántos de ellos fueron declarados inimputables. Manuel Arroyo Cobo, subdirector general de Coordinación de Sanidad en Instituciones Penitenciarias, ha reconocido este hecho: "Los datos que tenemos son estimaciones a partir de los estudios epidemológicos disponibles". Una carencia que es sólo un eslabón más de la cadena de errores y lagunas que, impulsada por la escasa voluntad política, condena al olvido y a la desatención a los presos con problemas de salud mental”[4].
Ahora bien, hecha esta breve recorrida, y más allá de los programas y demás herramientas estatales que en los últimos años ha desplegado la Argentina, insistimos que se desconoce la magnitud del problema, que psiquiatras y jueces siguen ignorando la condición de discapacidad de una masa indeterminada de presos, que esas personas son doblemente victimizadas, su cautiverio constituye una forma iatrogénica de agravamiento de sus condiciones de detención, y una flagrante violación a la letra de la Convención y el paradigma de la Constitución.
Por si esto fuera poco, muchas de estas personas terminan libradas al poder unilateral y omnímodo de una fuerza militarizada que ha hecho pocos o ningún esfuerzo para democratizarse durante los últimos 30 años de estabilidad institucional. Otros, los menos afortunados, son extraditados a cientos de kilómetros de sus lugares de origen, sin visitas, abordajes efectivos y respeto de los derechos que la propia normativa internacional e interna le garantizan.
Si esto fuera efectivamente así, qué duda podría quedar que se está frente a una práctica sistemática de persecución, degradación y exterminio de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad? Por ende, correspondería indagar también si  las agencias estatales argentinas son conscientes de su responsabilidad. 

Así como están, probablemente, para nada. Quizás para ratificar el poder simbólico del positivismo decimonónico, profundizar la discriminación y acompañar un sistema de creencias sociales compatible con separaciones cada vez más rígidas entre lo permitido y lo prohibido, entre lo público y lo privado. La lógica regresiva del capitalismo hecho códigos. Cualquiera que lea el Código de Faltas de la Provincia de La Pampa (el mismo que promueve la "represión judicial" de los infractores, mantiene un esquema inquisitivo, acepta la publicidad de los juicios a menos que "motivos de moralidad u orden público aconsejaren lo contrario", )seguramente coincidirá, no sin demasiado esfuerzo, con estas apreciaciones iniciales.

Nuestra legislación viene precedida de fetiches y especulaciones ficticias, y por eso incurre en excesos casuísticos, errores de técnica legislativa relevantes y violaciones constitucionales múltiples.


La historia reciente de estos códigos en el país, remite inexorablemente a una norma de convivencia que rigió para la CABA, y que llevaba la impronta inconfundible y superadora del pensamiento zaffaroniano.

Puesto a pensar en qué postular para sortear las gramáticas increíbles de nuestros catálogos contravencionales, puedo reflexionar apresuradamente en la necesidad de impulsar reformas  que impliquen la modificación integral de estos viejos esquemas, por sistemas superadores de composición y restauración ante las "faltas y contravenciones", mediante procedimientos más ágiles, profundamente ajustados al paradigma de la Constitución. Esto implica desarraigar el fetiche de que los Juzgados de Faltas se justifican porque las pequeñas contravenciones constituyen la antesala o la escala previa para la comisión de los más graves delitos y sustituirlo por el paradigma de la responsabilidad social para la convivencia armónica y pacífica. Esa especulación, que carece de la más mínima verificación empírica, se ha incorporado al módico arsenal discursivo de los estados y no hace más que contribuir a la profundización de la violencia estatal (y por ende, social), en situaciones donde el avenimiento, la composición y la restauración frente a estas situaciones problemáticas, implicaría un salto de calidad institucional y una alternativa superadora de convivencia democrática. Esos nuevos modelos (que no son un patrimonio exclusivo de los argentinos: el Ayuntamiento de Barcelona acaba de multar con 180 euros a un indigente por dormir en la vía pública, en una respuesta propia del predominio político neoconervador) , deberían contar con el protagonismo activo y directo de los municipios y las comunidades, con quienes sería deseable establecer acuerdos formales para la puesta en práctica focalizada de estas estrategias, de conformidad con las problemáticas que acontezcan en cada localidad. Resulta difícil concebir,a esta altura, la existencia de códigos como el nuestro, que penalizan  con multa de hasta treinta (30) días o arresto de hasta diez (10) días a  los empresarios y directores de entidades deportivas cuando en un match o justa  sustituyan a los atletas o jugadores que por renombre puedan determinar la asistencia del público, sin hacerlo saber con la debida antelación y a los que perturben el orden de las filas formadas para la adquisición de las entradas o para el ingreso al lugar donde se desarrollará el espectáculo deportivo o su egreso.
Entre las funciones simbólicas de la cárcel, podemos incluir seguramente la reproducción de sensaciones públicas respecto del delito.
La Encuesta de Seguridad Pública de Cataluña correspondiente al año 2002, revelaba que un alto porcentaje de los encuestados decía sentir preocupación por la mayor cantidad de personas en prisión.

No es necesario tomar en cuenta referencias tan lejanas para comenzar a indagar a la cárcel como productora y reproductora de inseguridad. 
En realidad, pareciera que no hay estudios de este tipo en el país en su conjunto, pese a la indudable importancia de los mismos al momento de articular políticas públicas. 
En este caso, solamente hemos registrado opiniones, apelaciones al imaginario, invocaciones genéricas o afirmaciones en cualquier sentido, que no remiten a investigaciones etnográficas previas, y que seguramente deberán complementarse y actualizarse dialécticamente con exploraciones análogas a futuro.



* “Coca” es jubilada de la administración pública Provincial. Vive en una vivienda ubicada a unos cincuenta metros de la Unidad Penitenciaria N° 9, de la ciudad de La Plata. El barrio que circunda el penal muestra una homogeneidad que se resiente únicamente tras los muros que dan a la calle….Se trata de un colectivo densamente poblado, de casas bajas. Se advierte que los niños juegan solos en la vereda, muchos autos particulares son dejados todas las noches en la calle por los vecinos, y a 100 metros de los muros nadie podría suponer, a priori, que en medio del lugar se halla enclavada una cárcel. Frente a la misma, un pequeño local comercial que expende vituallas, tiene colgado un cartel de cartón escrito a mano que promociona viajes desde y hacia el conurbano para los familiares de los reclusos. En los alrededores del edificio, coexisten las pintadas contra el SPB y las de “La 22”, la barra de Gimnasia y Esgrima La Plata.
Encontramos a Coca en una esquina, mi compañero se presentó brevemente, le explicó que estábamos llevando a cabo una investigación (en verdad, durante ese primer día nuestro objetivo era únicamente recorrer y conocer el lugar), y nuestra respectivas profesiones.
Nuestra entrevistada se muestra dispuesta al diálogo, y hasta muy avanzada la conversación no atina a preguntar, en detalle, quiénes somos y qué hacemos. Dice que la presencia cercana de la prisión no le da mayor seguridad, porque “inseguridad hay en todos lados”, que a ella “gracias a Dios” nunca le pasó nada, pero sabe que a un comerciante de la zona le han robado tres veces. Que esos negocios son lugares adonde van los familiares de los reclusos en los días de visita y también los penitenciarios. No se explica cómo habiendo personal en los muros nadie hace nada para impedir esos robos. Es interesante esta primera asimilación que hace entre las fuerzas de seguridad, que en principio podría a nosotros parecernos indiscriminada, pero es evidente que a ella los guardias del servicio le remiten a la obligación de proveer seguridad.
La silueta de la cárcel le resulta indiferente, la tiene totalmente incorporada y -desde sus intuiciones- no encuentra mayores diferencias entre la prisión y - por ejemplo- “un colegio” situado en las inmediaciones. Es decir que, desde lo simbólico, la arquitectura penitenciaria no modifica en absoluto ni sus percepciones ni sus rutinas.
Sí, en cambio, y en un quiebre muy notable -el primero- destaca que no transita por 76 ni por el lugar por donde ingresan internos, porque “una vez venía con su nietito y pasó cerca de un micro que transportaba internos y las voces que escuchó le dieron mucho miedo”: “adónde nos llevan!”, escuchó entre otras cosas en esa oportunidad. Relata que atinó a taparle los oídos al niños, “porque era muy chiquito”, y “para que no escuchara esas cosas”.
En una oportunidad, cuando el pequeño le preguntó “qué era eso”, refiriéndose a la cárcel, cuenta que le contestó: “ese es un lugar donde están todas las personas malas”.
En este tramo del diálogo se advierte una tendencia a unificar y ratificar su distancia -también- hacia los familiares de los internos “por los problemas que esa gente debe tener”.
Lo que sí admite, es que por las noches, desde el baño de su casa, se escuchan ruidos de portones o puertas que se cierran en la cárcel y eso “le da impresión”.
Que tuvo mucho temor, ella y su familia, durante sendos motines que hubo ya hace muchos años. Incluso, en una de esas oportunidades, se fue a vivir a la casa de un familiar mientras duró esa incidencia.
Que “al barrio lo hicieron los vecinos”, ya que vinieron “cuando la cárcel ya estaba construida. Coca hace 40 años que vive en la misma casa y se empeña en demostrar que conoce a todos los vecinos del lugar. Cree que si uno se decidió a vivir en el barrio existiendo ya el presidio, “no puede decir que tiene miedo”.
Sin que se le preguntara dice que cuando sintieron un miedo único, e irrepetible, fue durante la época de la dictadura, ya que veía cómo trasladaban a la Unidad a los presos políticos, veía a los helicópteros que pasaban a baja altura, los soldados que gritaban.
A lo largo de toda la entrevista se nota una suerte de desagregación entre sus reflexiones sobre la prisión en sí, a la que naturaliza y hasta subalterniza (“cuando paso por ahí en el auto es como si pasara por cualquier otro edificio”), y sus sensaciones cuando “humaniza” la cárcel. Los ruidos nocturnos, las voces de los internos, los robos a un comerciante cercano, los motines, la presencia de los familiares de los presos, y sobre todo la represión ilegal durante el proceso, le resultan datos significativos, que relata espontáneamente.
En síntesis, no es tanto el muro desde lo simbólico cuanto la dinámica carcelaria, la aproximación a “lo humano” de la misma, lo que la moviliza y le hace experimentar temor o “impresión”, según el caso.
* A pocos metros de la Unidad 9, sobre la calle que desemboca en la propia entrada del penal, durante el inicio de nuestra segunda jornada en el campo nos encontramos con un vecino, al que llamaremos “N”, ya que no atinamos a preguntar su nombre. Cuando lo vimos, apoyado a media mañana sobre un tapial de una casa de aspecto humilde y algo antiguo, carente de rejas u otras barreras protectivas, decidimos aproximarnos a él y de inmediato presentarnos. Le proporcionamos nuestros nombres, nuestras respectivas profesiones y el objetivo de nuestra visita. Se trataba de un hombre robusto, mayor adulto, de actitud melancólica aunque ciertamente amable y dispuesta. Nos tendió la mano de manera solícita y comenzó a hablar él mismo, de forma espontánea. Contó que hacía cincuenta y tres años que vivía en la misma casa. Que cuando llegó al barrio la cárcel todavía no estaba construida. Que el barrio es muy tranquilo, que la cárcel no le ocasiona ningún problema. El único episodio en contrario que recuerda es una revuelta “cuando se habían levantado todos los presos de todas las cárceles”, que no ubica ni precisa en el tiempo, aunque refiere que pasó “hace mucho”. Que tampoco se siente más seguro por la presencia de los guardias, porque “quien tiene la función de darnos seguridad es la policía y no el Servicio Penitenciario”, en una exhibición de clara delimitación de roles institucionales. Que sabe que a un comerciante que tiene un quiosco a la vuelta, en la esquina, lo han robado cuatro veces (se trataba del mismo comercio al que hacía referencia Coca). Que los días de visita los familiares dejan sus vehículos cerca de su casa, pero que eso no le ocasiona ningún inconveniente, ni le causa ninguna prevención. Que los demás robos que conoce por mentas en el barrio - nombra el caso de un medidor de gas de un vecino- son producto del accionar de jóvenes que ubica como provenientes de un barrio cadenciado cercano (en rigor, dice inicialmente “villa”), pero no los vincula con los familiares. No menciona haber sido él víctima de un delito. Que no escucha ruidos del interior de la cárcel. Que entró a la cárcel en una sola oportunidad, “cuando era chico”, hasta la oficina de ingresos, a traer o llevar pan, pero nunca más.
Nos cuenta que desde hace más de un año está sin trabajo, que no consigue nada. Que durante mucho tiempo manejó camiones y últimamente taxis. Que en la última oportunidad en que fue a renovar el carnet no pasó el examen psicofísico y le dijeron que lo iban a llamar para hacerle una junta médica. Luce muy preocupado, triste, por esta situación. Dice que en varias oportunidades fue nuevamente a averiguar sobre su situación y no obtuvo respuestas (“me tuvieron a las vueltas más de un año”).
* A cincuenta metros de la Unidad tiene su negocio de venta de productos de limpieza y plásticos varios Jorge, un señor de más de 50 años, que vive fuera del barrio pero hace ya algunos años que ejerce el comercio en esa zona (conociendo la existencia de la cárcel). Ingresamos al local, nos presentamos y le dijimos cuál era nuestro objetivo. Desde el inicio, la conversación fue sumamente amena (tal vez, porque mencionamos que proveniamos del Ministerio de Justicia; luego nos diría que sus hijos están vinculados al ámbito judicial), y nuestro entrevistado fue proporcionando una cantidad de datos que intentaremos consignar.
Nos dice que él conoce que gente del barrio tiene prevenciones respecto de la cárcel, pero que no es su caso. Destaca inicialmente la presencia masiva de familiares durante los días de visitas al penal.
Muchas de esas personas, a las que califica de “cascarrabias” o “mal llevadas”, por sus modales, pasan a comprar algún producto de limpieza para llevar a los internos. Dice que se da cuenta, por el aspecto, que no son gente del ambiente. Que si bien “a estos tipos dan ganas de agarrarlos del cogote” (la referencia, aunque explícita, no parece sino figurada), “debe ser muy triste estar ahí”, o “tener un hijo ahí”. La noción de “hijo” se reitera en varios de sus aportes. Nos cuenta que tiene dos hijos profesionales, exitosos. Que para él, “la cárcel es un mundo aparte”. “Que, por supuesto, si pudiera evitar que esa gente pasara por ahí, mucho mejor”. Hay una circunstancia interesante que relata, que tiene que ver con la forma que los familiares utilizan para llevarse las tortas que los reclusos les preparan. “Las llevan en la mano, como un trofeo”. En todos estos años “solamente dos personas le pidieron cajas para guardar las tortas. El resto, sube a los micros que los llevan de vuelta con las tortas en la mano”. “Los micros”, son los ómnibus que, según nos cuenta, llevan a los familiares al conurbano.
Respecto de la inseguridad en el barrio, cuenta -también él- que conoce a un comerciante de la zona, que tiene un kiosco, al que lo robaron varias veces.
* En la tercera oportunidad en que salimos a caminar las zonas aledañas a la Unidad 9, elegimos a una señora mayor que transitaba en dirección opuesta a la nuestra, con una bolsa vacía de mercaderías en la mano, sobre la vereda en la que se encuentra la entrada principal del penal. Parecía ir de compras por el barrio. Nos aproximamos a ella, nos presentamos en la misma forma en que lo veníamos haciendo, y le intentamos explicar nuestro cometido. Ella se ve como incómoda, en ningún momento sostiene la mirada, balbucea algo así como “yo nunca tuve problemas acá”, y se tiende a alejar. La saludamos, le agradecemos, y continuamos con la recorrida.
* A pocos metros de allí, se encuentra, en una esquina, un quiosco que, intuimos, podría ser el comercio que aparece recurrentemente en los relatos de los vecinos.
Entramos al local. Desde atrás de un mostrador, nos atiende Eduardo, un joven de alrededor de treinta años, que dice ser empleado en el comercio. Se muestra predispuesto al diálogo, y sus respuestas son pormenorizadas y en muchos momentos remiten a historias de vida.
Dice que la cárcel enfrente del local no le significa nada especial, que la tiene incorporada. Relata que su novia trabaja en el penal. Y comienza a contar detalladamente una serie de impresiones vinculadas a los cambios que en el paisaje urbano determina la presencia de los familiares de los reclusos durante los días de visita. En ese momento, ingresa un guardia penitenciario, toma un agua, se la muestra y le dice que la anote a su nombre. “Está bien”, responde Eduardo, y lo saluda. Expresa que “lo conmueve” ver esa cantidad de gente humilde que desde la noche anterior “acampa” a la intemperie, a la espera de lograr ingresar rápidamente a la visita el día siguiente. Con frío, con calor, ve que los visitantes, chicos, bebés, mujeres, vienen con sus viandas, que es lógico que ese flujo de personas disemine algunos objetos tales como pañales o sobrantes de alimentos, en las calles y veredas. Que es toda gente que hace un gran sacrificio. Cuenta que vivió en Córdoba, en Merlo. Y que en Merlo veía a una señora “con unas várices como mi dedo gordo” que todos los días de visita iba a encontrarse con un hijo preso alojado en la cárcel de Campana.
Que, efectivamente, ese quiosco es el comercio al que robaron tres veces, dos mientras estaba el dueño atendiendo y una tercera en que se encontraba otro empleado detrás del mostrador.
Que él fue víctima de dos robos, aunque no en la ciudad de La Plata, pero que superó sin demasiadas dificultades esos trances. En dos oportunidades dice tener hijos, y piensa que “los pibes se pueden equivocar”. “Ellos creen que están haciendo las cosas bien y por ahí se equivocan”, señala para retomar su relato sobre los familiares que, reitera, lo conmueven.
Salimos del local y cruzamos la calle hasta la vereda perimetral de la cárcel. Volvimos a pasar por la entrada del penal y decidimos rodearlo. Frente al muro trasero hay un barrio de monoblocks de dos pisos, los mismos que habíamos visto días antes con niños jugando y autos con bidones en el techo, en inequívoca señal de ofrecimiento para la venta. Vimos un señor de unos 40 o 50 años, pelo corto, jogging, que limpiaba un Peugeot 404 en el verde que hace las veces de parque de los edificios. Nos acercamos. Sin mirarnos, percibe nuestra presencia, cierra el auto con llave presurosamente y, mientras intentábamos explicarle el motivo de nuestra presencia, nos contesta “no quiero saber nada”.
Quiero agradecer a Martín Oyarzun, mi compañero de trabajo, sin cuya colaboración, experiencia y el salto cualitativo de su mirada antropológica, esta experiencia embrionaria no habría podido realizarse. 
 “Los medios de comunicación, por consiguiente, permiten la información y la formación de la opinión pública. Han asumido la función de foros de exposición y debate de los principales problemas sociales: seleccionan los acontecimientos que se van a convertir en noticias (fijan qué es conflicto noticiable, cómo y con qué contenido debe ser presentado) y, a continuación, establecen las noticias que serán objeto de discusión social. Fomentan este debate a través de artículos de opinión y editoriales que presentan diversos enfoques y perspectivas de análisis y solución de un problema. Proponen medidas para solventarlo con la categoría de expertos. Los medios de comunicación son auténticos agentes de control social que reconocen y delimitan el «problema social» al mismo tiempo que generalizan enfoques, perspectivas y actitudes ante un conflicto”[1]

Así como la detección de variables criminológicas mediante metodologías cualitativas es, por así decirlo, incipiente en la Argentina, la determinación de las percepciones colectivas con relación al delito, mediante la utilización de herramientas etnográficas, es más infrecuente todavía. El presente estudio constituye una experiencia etnográfica, con encuestas en profundidad, que no registra precedentes -hasta donde hemos podido constatar- en las experiencias criminológicas y político criminales del Estado bonaerense, tendientes a evaluar e identificar las formas mediante las que se construye y reproduce el miedo al delito y una multiplicidad de narrativas comunicacionales coaligadas al mismo.

En este caso, hemos decidido apartarnos de los estudios cuantitativos, no solamente porque no contamos con los insumos y medios mínimos para llevarlos a cabo, sino porque, en estos casos, las Encuestas de Victimización han sido objeto de cuestionamientos a los que es preciso atender. “Se trata, entonces, de medir la potencialidad de las EV para producir datos y nuevas preguntas para la investigación en curso, así tanto como dar cuenta de sus límites en la empresa de conocer.  En otro trabajo (Varela 2004b) he analizado la construcción de la segunda parte del cuestionario, es decir, aquella que busca rastrear las experiencias de victimización a los fines de poder dar cuenta de índices de victimización “reales”. En este sentido, la encuesta ofrece una imagen de la criminalidad que excluye a los llamados delitos “de cuello blanco”, la criminalidad económica y los delitos “sin víctima” tales como el tráfico de drogas, reforzando los estereotipos de la criminalidad que circunscriben ésta al delito “callejero” (Sozzo 2000; Lea Young 1984)”.  [1].
La validez de este tipo de experiencias, de neto corte “cualitativo”, suponen un “ir hacia la gente” para comprender, de esa manera, circunstancias incógnitas tales como su sistema de creencias, sus percepciones e intuiciones - en este caso frente al fenómeno de la criminalidad y la violencia- y el grado de preocupación que el mismo ocasiona en el conjunto social o en segmentos acotados del mismo, conforme se lo propongan los estudios atendiendo al marco social que se abarque.
Los relevamientos de este tipo implican un trabajo en el campo, con informantes claves, entrevistas en profundidad y relevamientos de historias de vida, que suponen, a priori, la construcción por parte del investigador, de un “rapport” que confiera fiabilidad al mismo.
Resultan de una importancia indudable, no solamente como complemento de los estudios cuantitativos, sean éstos estadísticas policiales o judiciales o encuestas de victimización, sino como insumos de medición de las diferencias que existen entre la denominada “inseguridad objetiva” y la “inseguridad subjetiva”, y muy especialmente, de las formas como se desagregan socialmente estas percepciones y se articula la construcción de un discurso al que se asume como hegemónico, pero que se revela como matizado e intersticial.
Como expresa Garland, en las sociedades postmodernas el delito, y en particular lo que se hace desde los estados para intentar controlarlo, constituye un articulador de la vida cotidiana[2], donde el “miedo al otro” es la nueva forma de representación de lo diverso, y sucede a los miedos ancestrales del ser humano a lo largo de la historia de la humanidad. El miedo animista, el miedo sagrado, el miedo religioso, el miedo al Leviatán y, finalmente, el miedo a la “otredad”.
Esta visión particular, de “los otros”, de los infractores, del “delito” y de la “inseguridad”, en definitiva, no configuran únicamente un yerro analítico, sino que se nutre de contenidos ideológicos precisos y es uno de los productos culturales hegemónicos en el marco de la nueva relación de fuerzas sociales imperante, que es necesario remover imperiosamente porque deriva -en un último plano analítico de la inseguridad- en la utilización o manipulación del miedo como elemento de dominación y control social, a la sazón un extremo fundamental a abordar en materia político criminal y social.
Por un lado, el miedo al delito puede entenderse como la percepción subjetiva de las probabilidades de convertirse en víctima de un delito. Por el otro, esos mismos temores importan una expresión sintética de otros miedos de mucha más dificultosa identificación y dominio. Miedos humanos ancestrales, existenciales, donde la muerte configura una especie de vórtice inexorable que tiende sistemáticamente a ser eludida como principio y fin de todos los temores, justamente por su indocilidad e irreversibilidad. Lo que provoca una suerte de “trabajo práctico” que se expresa en la construcción fragmentaria de otros miedos, y en este caso del “miedo al otro” como forma de coexistencia militante frente a lo sobrecogedor e inmanejable de la vida y de la muerte.
Es, como dijimos, la actualización en clave de la modernidad tardía de los miedos cósmicos antiguos, de los miedos religiosos del medioevo, del miedo moderno a la política, al Leviatán.
El miedo al delito, como un fetiche postmoderno,  se ha inscripto como un insumo básico en las agendas políticas. “Gobernar desde el delito” implica actualmente una tentación irrefrenable, que tanto permite ganar elecciones, controlar y dominar, como deteriorar el catálogo de libertades y garantías decimonónicas y la convivencia armónica y medianamente civilizada, sustituida por una concepción sociológica de la enemistad (y la intolerancia)[3].
Peor aún, y por el contrario, conscientes de los réditos que en términos políticos la “lucha contra el delito” depara, las discusiones de las campañas y las acciones durante las gestiones se vinculan inexorablemente a la puesta en escena de gestualidades y gramáticas tan ampulosas y demagógicas como inocuas e inservibles, y de prácticas militarizadas, segregativas y violentas, casi siempre criminales. “Gobernar a través del delito”, además de resultar corrosivo de la propia democracia, marca el agotamiento y los límites objetivos que en términos de transformación de las nuevas sociedades “bulímicas” del capitalismo neoliberal de la periferia, exhiben la política y los estados
Es importante destacar además un dato comparativo por cierto revelador de la indigencia teórica de estas prácticas y ejercicios propagandísticos: mientras el “miedo al delito” ocupa el centro de la agenda social en la Argentina, la ya citada edición 2002 de la Encuesta de Seguridad Pública de Cataluña señalaba las diferentes formas que la inseguridad asume para los habitantes de esa región, advirtiéndose allí que la criminalidad convencional en modo alguno excluye ni desplaza la preocupación ciudadana por otras incertidumbres tanto o más relevantes, como la pérdida del empleo, de la vivienda, de la salud o factores asociados a terceros, como por ejemplo la negligencia médica, el envenenamiento y el deterioro del medio ambiente, en tanto realidades propias de la modernidad tardía. Esta misma encuesta revela, además, que una mayoría abrumadora de ciudadanos de Cataluña intuye, paradójicamente, que el incremento de los delincuentes en prisión aumentará sus problemas y su inseguridad, al igual que la instalación de cárceles cercanas a sus lugares de residencia.
Una instancia más reflexiva, en un contexto de exploración etnográfica, con una simbología y un marco diferentes, nos devuelve, al parecer, respuestas hasta ahora impensadas.
Es menester entonces dar en la Argentina una discusión sostenida desde la sociedad y el Estado, reivindicando la amplitud del concepto de seguridad humana, que es central justamente en el marco de una sociedad que, como pocas, ha sufrido las inseguridades que el capitalismo tardío marginal depara.                                                
La convalidación de una percepción reaccionaria de la “inseguridad” únicamente se comprende a partir de una declinación en el plano discursivo, cooptado y rellenado a su imagen y conveniencia por los sectores más ortodoxos de la sociedad, que además se escudan en el  “cumplimiento de la ley” como forma de disciplinamiento ritual. Es que las nuevas formas de dominación obligan a ocultar la verdadera ideología de sus mentores y ejecutores políticos. Así, por ejemplo, valores tales como la “democracia”, la “legalidad”, la “familia”, la “autoridad” y el “orden” son patrimonio casi exclusivo del pensamiento conservador, justamente porque se ha dejado de lado la discusión sobre el contenido conceptual de esas apelaciones.
Las experiencias políticas en los estados convenientemente debilitados, en los que la “lucha contra el delito” se vuelve indispensable para la legitimación de los mismos, demuestran que estas irrupciones conducen a regímenes autoritarios y policíacos, que conservan las formas extrínsecas aparentes de la democracia, pero al mismo tiempo habilitan las políticas “de mercado”, el espionaje y la persecución interna. No tanto el orden como el mítico retorno a un orden inexistente, no tanto la autoridad como la vulgar vocación de la erradicación social de los diferentes, constituyen los elementos que tienden a exacerbar y resignificar en clave conservadora, a los “nuevos” miedos como articuladores de la vida cotidiana. Los discursos políticos desbordan de lugares comunes, apelaciones tan enfáticas como inconsistentes respecto de la lucha que a diario se emprende (y se vuelve a emprender sin solución de continuidad) contra el “desorden” y la “inseguridad”, sin que siquiera nos percatemos de que esas mismas narrativas, transmitidas en clave de amenazas, enmascaran o suprimen deliberadamente cualquier tipo de propuesta dirigida a revertir las inéditas asimetrías sociales de la tardomodernidad en nuestro margen.
La “acción” (en rigor, los fastos punitivos), entonces, se prioriza a la razón y la demagogia a la experticia. Por el contrario, esta “guerra preventiva interior”, se percibe desde las intuiciones colectivas como un hacer impostergable, justo, heroico, cruzado, aunque se emprenda contra los destituidos, los marginales, los excluidos y los disidentes que se animan a reclamar por su derecho a vivir con apego a bagajes culturales alternativos a las “buenas costumbres” y la “moral” única, que reniegan de los datos objetivos del pluralismo y la diversidad de nuestras sociedades fragmentarias.
 En este contexto, es importante preguntarse es en qué medida esos miedos contribuyen o determinan a la configuración de una realidad alternativa, donde el miedo y la sensación de inseguridad resulten completamente distintos de la existencia verificable de un incremento de los riesgos.
La dilucidación de este extremo es central, no para subalternizar la preocupación por el delito sino, justamente, para atenderlo, educar a favor de la seguridad y en contra del miedo, justamente porque éste constituye uno de los más formidables elementos contemporáneos de control social.
La alarma social, convertida en estado permanente, la sensación de inseguridad y el miedo al delito tienen un efecto devastador para la sociedad democrática y para los individuos en particular.
Con todo, y siguiendo a Vozmediano, San Juan y Vergara[4], hacemos una advertencia sobre la diferencia entre lo que significa el miedo al delito, en tanto “temor de los ciudadanos a ser personalmente víctimas de la delincuencia”, de la percepción o sensación de inseguridad, que puede abarcar el “miedo al crimen en abstracto, como una inquietud respecto al delito como problema social. Dando un paso más, podemos entender la inseguridad ciudadana como el compendio de inquietudes que viene impregnando el discurso de la denominada “sociedad del riesgo”.
El miedo termina condicionando la vida de las personas, recortando su vida social, alterando su vida relación y provocando un aislamiento generalmente acompañado de estados de angustia o ansiedad, propiciando la “fractura del sentido de comunidad, abandono de los espacios públicos, actitudes favorables a políticas penales más punitivas, efectos psicológicos negativos a nivel individual y cambio de hábitos (adoptar medidas de seguridad, evitar transitar por ciertas zonas…)”[5].
Estas reflexiones conducen a las configuraciones de Wagman sobre los “cuatro planos de la inseguridad”.
En esta línea de razonamiento, es preciso ubicar una primera delimitación de la inseguridad derivada de la existencia del delito en la vida cotidiana de las personas.
Un segundo plano se vincula a las sensaciones de incertidumbre y miedo que generan las catástrofes y desastres, naturales o provocados, que se abaten sobre el planeta, y que provocan su acelerado deterioro.
Una tercera mirada está, justamente, dirigida a comprender la inseguridad como miedo, percepción o intuición que no necesariamente coincide con la realidad objetiva.
El cuarto plano, justamente, descubre a la inseguridad -y al miedo- como formidables instrumentos de control social y dominación política que impactan de manera brutal en la convivencia social organizada y armónica, requisito organizacional básico de las democracias y el Estado Constitucional de Derecho[6].
Este muestreo  efectuado en la ciudad de La Plata en el año 2008, permite afirmar que es posible realizar este tipo de intervenciones sin costo ni dificultad objetiva alguna.
La delimitación de las percepciones e intuiciones con respecto al crimen y el miedo al delito constituyen un insumo imprescindible para los operadores del sistema, ya que no identificados los antecedentes y las formas del constructo en el miedo al delito, y una aproximación a los mismos promoverá una mayor calidad de vida humana y el diseño de estrategias de política criminal compatible con certidumbres emanadas de esas percepciones y las formas como el miedo se construye y se transmite como discurso dominante: identificar e intervenir sobre los antecedentes del miedo permitirá promover una mayor calidad de vida urbana.
A continuación, se transcriben las conclusiones de las primeras diez entrevistas realizadas en el inicio de este trabajo etnográfico. Es interesante advertir la relación entre miedo al delito y niveles de victimización objetivos, y cómo el miedo se desagrega y expresa en percepciones y narrativas diferentes, frente a la incorporación de variables tales como la presencia cercana de la cárcel respecto de los lugares de residencia de los entrevistados, un insumo hasta ahora inexplorado que constituye una de las originalidades que plantea la investigación, condicionada por una opción por la metodología cualitativa y, fundamentalmente, por los medios de que se dispone para llevarla a cabo.
1. Jaime tiene entre 40 y 50 años. Es peruano y trabaja como portero de un edificio céntrico de la ciudad, habitado por gente de clase media y media alta. Nunca fue víctima de un delito, y reconoce que en su país natal los indicadores de delincuencia son mucho mayores que en la Argentina, a la que identifica con La Plata (“allá está mucho peor”). Admite sentir mucho miedo ante la posibilidad de ser víctima de un delito y dice que siempre lleva consigo un “controlador de pánico”, especialmente para ser utilizado “cuando sale afuera” del edificio. Relata hechos de hurto (conoce el caso de un automotor Fiat 147 que había permanecido estacionado durante días frente al edificio donde trabaja), la mayoría de los cuales les han sido relatado por terceros. Señala, no obstante, que el centro de La Plata “es muy peligroso”.
2. Alicia es abogada. Tiene entre 25 y 35 años. Dice que siente un muy intenso miedo al delito, que la posibilidad de ser víctima de un delito está entre sus principales miedos (tengo miedo a la muerte producida con motivo u ocasión de un delito). Señala que “toda la gente” tiene mucho miedo.
3. Adriana tiene 52 años. Es odontóloga, aunque no ejerce su profesión. Señala que toma muchas precauciones al salir a la calle, y lo propio hace con sus dos hijas, de 18 y 20 años. “Vos no sabés lo que es esto”, expresa (refiriéndose a la realidad que la circunda y más especialmente a la delincuencia común). Reconoce que nunca fue víctima de un delito, pero sí que sabe de familiares directos que han sido víctimas de hurtos o robos y además expone una cantidad innumerable de hechos que conoce por terceros y, también, por los medios de comunicación. El miedo al delito está entre sus principales temores.
4. Florencia tiene 25 años. Es estudiante de Sociología y oriunda del interior. Refiere que un año atrás, una noche que volvía del súper con su hermano menor fueron asaltados a punta de pistola en el palier del edificio, y obligados a subir a su apartamento, donde el atacante los redujo e inmovilizó, mientras les exigía dinero y les repetía que no dieran cuenta a la policía una vez que él se fuera. Conjetura que el episodio pudo haber sido determinante para que su hermano abandonara sus estudios, pero que ella lo había superado a los pocos días. No siente miedo a ser víctima de un nuevo ataque. De hecho, regresa de la facultad todos los días en horario nocturno y atravesando una plaza pública del centro de la ciudad, y no ha vuelto a tener experiencias de ese tipo. Como único recuerdo ingrato de aquel episodio, relata que la policía se encargó de dar las identidades de ambos (incluso consignado erróneamente como mayor la de su hermano - “a propósito”, para poder publicarlo, dice Florencia, cosa que sí le hizo sentir temor por posibles represalias-y su dirección exacta a la prensa, que los publicó tal cual. Curiosamente, tiene miedo de la policía, pero no de terceros o extraños.
6. Miguel tiene 62 años y es el primero de los taxistas entrevistados. Ni bien pone dirección a la Terminal, que es el lugar que le indico como destino, escucha que un joven le grita algo a su paso, como reprochándole lo intempestivo de la partida. “Qué te pasa, negro boludo”, le dice en un tono entre provocativo y dominante. Reivindico su conducta y le digo algo así como “ya no se puede andar por la calle, con estos muchachitos por ahí; están cada vez más irrespetuosos”. Me cuenta que él es jubilado del Servicio Penitenciario, que lo que pasa es que “todo” es un absoluto desorden, que no se sabe ya quiénes son los buenos y quiénes los malos. Que esta confusión la ha creado el gobierno, y que la gente ya no puede vivir por temor a la delincuencia, a la que asocia con los delitos predatorios. Nunca fue víctima de un delito.
7.  Raúl también es taxista. Tiene más de 60 años. Es locuaz y no me cuesta nada preguntarle de manera directa si aquí en La Plata el tema de la delincuencia es realmente tan grave como lo refleja la prensa. Sí, maestro, me responde con gesto grave, mirándome por el espejo retrovisor. Dice que después de las 8 y media o 9 de la noche “ya no se puede salir, acá”. Admite que a él nunca le pasó nada, pero que “el problema es que estos guachos, los delincuentes, son todos menores”. Entonces, “los vigilantes se rompen el culo para agarrarlos, y al rato vienen los jueces o los fiscales y los largan porque son menores”- “por eso matan tanta gente, acá. Aunque la mayoría de los que mueren son estos guachitos (siempre utilizará esta expresión para referirse a los jóvenes), pero matan a 2 y aparecen otros 10, matan 10 y hay 100, parece que dejaran semillas estos h…de p…”. Señala que esto no tiene solución, y que además “no les calienta solucionarlo”, aludiendo, supuestamente, a las agencias estatales. Cuando pasamos por 7 y 50, advierte la presencia de 5 o 6 jóvenes en la vereda de la legislatura, en un lugar que a esa hora (20,48) se encuentra muy densamente transitado. Acto seguido me previene de que “esos son”. “Si ud pasa por ahí, le aparecen desde un lugar oscuro y “lo hacen”, y encima por ahí los desfiguran a trompadas. Los chicos, vestidos con bermudas, remeras y algunos con gorritas, seguían jugando entre ellos. Cuando llegamos al edificio donde queda mi apartamento, ve a unos chicos que todas las tardes aprovechan la superficie lisa de la vereda de un edificio público para practicar skate. “Allá hay otros. Hacen como que están ahí boludeando y su usted pasa por al lado de ellos por ahí le manotean el bolso o la cartera”. En este caso, solamente se ven los jóvenes enfrascados en su actividad, pero ni siquiera se observa ningún otro rasgo, ni su vestimenta, ni sus rostros. Absolutamente nada. Me demoro a propósito en bajar del auto y se lo nota incómodo, temeroso, con la vista fija en los jóvenes (a quienes cruzo todos los días y todas las noches).
8. Rolando, otro taxista. Tiene alrededor de 60 años. Dice que “está podrido de cómo está todo”. Que a él “nunca le pasó nada”. Y que esto se arregla “únicamente si viene alguien con pelotas y pone las cosas en su lugar. Un Pinochet”.
 9. Renzo tiene una pequeña peluquería en el centro de la ciudad. Es oriundo de Huanguelén y hace unos años que vive en La Plata. Es locuaz, tiene clara posición tomada frente a hechos políticos contemporáneos (problema con el campo por las retenciones, la contaminación ambiental, la cuestión criminal), conoce a los actores institucionales provinciales, y cree que hay una exagerada sensación de inseguridad y que el miedo al delito lo ha llevado a advertir a su familia para que esas percepciones (en cuya generación le asigna particular relevancia a los medios de comunicación, en especial a la televisión) no les hagan cambiar sus rutinas ni su forma de vida. Tampoco ha sido víctima de un delito en el tiempo que lleva residiendo en La Plata.
10. Florencia es peruana, tiene alrededor de 35 años, y realiza tareas domésticas por hora. Dice que “los chicos están tranquilos”, que “no hay problema de delincuencia” en su barrio. Vive “en una casilla” (asentamiento precario) en las afueras de Berisso. Es muy reticente a explayarse sobre el tema, no se logra inicialmente construir un vínculo suficiente como para indagar mucho más sobre sus percepciones y sobre su historia de vida.
Aclaración: los nombres de las personas son ficticios.







[1] “Etnografías Contemporáneas. La medición de la “sensación de inseguridad en las encuestas de victimización. Apuntes teórico-metodológicos para el abordaje de las representaciones sociales sobre el delito y la crisis de la (in) seguridad”, Revista Litorales. Año 5, n°7, diciembre de 2005.


[2] “La cultura del control”, Gedisa, 2001, p. 184.
[3] conf. Simon, Jonhatan: “Gobernando a través del Delito”, en “Delito y Sociedad”, N° 15, Universidad Nacional del Litoral, p. 75 y ss.

[4] Vozmediano, Laura; San Juan, César; Vergara, Ana Isabel: “Problemas de Medición del miedo al delito. Algunas respuestas teóricas y técnicas”, disponible en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología”, Artículos, 10-7, 2008.
[5] Ibid.
[6] Conf. Wagman, Daniel; “Los cuatro planos de  la seguridad”, Ponencia presentada en el Congreso “Política Social y Seguridad Ciudadana”, Escuela Universitaraia de Trabajo Social, Vitoria- Gasteiz, 2003, actualmente disponible en sitio “Seguridad Sostenible”, www.iigov.org/seguridad/?p=17_01

[1] Fuentes Osorio, Juan L.: “Los medios de comunicación y el derecho penal”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, RECPC, 07-16, 2005.