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Un artículo de Francisco Bompadre (*)
Los sucesos
ocurridos principalmente en la ciudad de Santa Rosa nos dejan algunas enseñanzas,
interrogantes y deudas. Veamos.
Primero que
nada hay que destacar que fue un grupo muy minoritario de la Policía de la Provincia
de La Pampa, y básicamente integrado por la suboficialidad, esto es, los
miembros policiales en teoría menos preparados, que menos se han formado y que
por ende, no llegarán a estar al frente de una comisaria, unidad regional o de
algún departamento policial del comando de jefatura. En este punto entonces,
sale fortalecida la oficialidad y el comisariato.
Segundo, el
conflicto que se inició con un petitorio anónimo, entregado a la prensa y por
parte de un civil, se podía rastrear en los facebook de varios de los
cabecillas del acuartelamiento desde algunos días antes. No hace falta
demasiada burocracia ni inteligencia para ir midiendo el clima institucional de
una policía con las dimensiones de la nuestra. Esto significa que el Jefe de
Policía no pudo generar los mecanismos institucionales que le permitieran
prever la dimensión del conflicto y la radicalidad de la demanda. Luego de más
de 10 años al frente de la institución, debe considerarse un serio déficit de
conducción policial la situación descripta. A esto se le agrega que ni el Jefe
ni el Subjefe de Policía, ni el titular de la UR-I fueron aceptados como
interlocutores válidos en la negociación, lo que implica un tiro por elevación
contra la cúpula policial, sin precedentes. En este punto salen debilitados el
Jefe y el Subjefe de Policía.
Tercero, la
toma de las seccionales en nuestra ciudad es un hecho muy grave. Pero la del
edificio de la Jefatura es gravísimo: un claro mensaje sobre la situación de
debilidad extrema en que queda la cabeza de la policía provincial. El edificio
intrusado es la sede del poder político dentro de la institución, y ese hecho
conlleva una precariedad jerárquica en la cadena de mando que el ministro del
ramo deberá solucionar antes que tarde. En este punto sale fortalecido el
Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, quien rápido de reflejos no
especuló sobre su situación personal y privilegió lo institucional haciendo
frente al grupo sedicioso en donde era más fuerte.
Cuarto, los
reclamos salariales, la mecánica de pago de los servicios adicionales y las
condiciones laborales de la suboficialidad deben ser atendidos, sin prejuicio
alguno. Aunque por las vías institucionales y legales correspondientes, por su
puesto. De todas maneras, considerando las circunstancias del miércoles a la
noche, fue acertado desactivar el conflicto primero que nada. Es una posición
extrema sostener que no puede negociarse con las armas arriba de la mesa,
porque más allá de la petición de principio, si se producía algún saqueo o
había víctimas fatales que lamentar, la ciudadanía le hubiese cargado la
responsabilidad (y con razón) a las autoridades políticas. Esto no implica que
ahora no se caiga con todo el peso de la ley sobre los cabecillas y los que
cometieron delitos. Si se acordó que no iba a haber sanciones administrativas,
se debe respetar lo pactado. Lo que no se puede es garantizar la impunidad en
lo relativo a los delitos, dado que investigarlos y juzgarlos no es una
atribución que el Poder Ejecutivo pudiera ofrecer en una negociación, le
corresponde a otro poder: el judicial. En este punto sale fortalecida la
suboficialidad porque se puso en el tapete las condiciones laborales de sus
miembros. Pero al mismo tiempo los cabecillas quedan en una posición de extrema
debilidad.
Quinto, no
comparto que se nacionalice lo sucedido en Santa Rosa/Toay (y en menor medida
en Gral. Pico, Eduardo Castex, 25 de Mayo y General Acha). Lo que nosotros vivimos
no puede catalogarse de un golpe blando, y eso por varias cuestiones:
1) No
estaba la mayor parte de la Policía de acuerdo con la medida tomada, sino un
grupo reducido junto a sus familiares.
2) Había
muchos reclamos de índole salarial y laboral en el petitorio.
3) La
oficialidad patrulló la ciudad y custodió algunos comercios que iban a ser
blanco de posibles saqueos.
4) El
acuartelamiento de la ciudad de Santa Rosa se vio fogoneado por la situación
vivida en otras provincias, en donde efectivamente puede haber otros fines e
intereses más heterogéneos en el medio.
5) La sola
presencia de la Gendarmería y la Prefectura hicieron tomar conciencia a los
insubordinados de la debilidad política en la que se encontraban.
Sostener
que se trató de un acto destituyente lo ocurrido en nuestra provincia, implica
exagerar lo sucedido. Es cierto que suena rimbombante, y hasta podemos pensarlo
durante algún momento. Pero si reflexionamos un poco más llegamos a la
conclusión que un acto con esas intenciones no se organiza de la misma manera
que tiramos 3 choripanes a la parrilla. Requiere planificación, recursos,
acuerdos políticos y policiales previos, hegemonía dentro de la propia Policía
para llevar a cabo la medida, inacción de la Cámara de Diputados en permitir la
presencia de las tropas federales en nuestra provincia, saqueos masivos
efectivos, algún policía accidentado adrede para caldear los ánimos de los que
dudaban dentro de la institución, y una fuerte campaña de desinformación, que
en nuestro caso no pasó de ser tenue.
Resumiendo:
lo sucedido fue muy grave, pero es un error político creer que fue una acto
destituyente y de esa manera englobar a toda la institución policial. La
democracia no se preocupó demasiado en estos 30 año de la Policía (que no es
sólo la compra de más patrulleros y la incorporación de más agentes a sus
filas): la normativa de facto que aún regula la actividad es una prueba difícil
de refutar. Buena parte de la policía se mantuvo en sus funciones, lo que es un
punto a destacar y a potenciar dentro de la institución (sería un grave error
unir lo que estuvo desunido). Los acuartelados no midieron la soledad en la que
estaban y su falta de plan b, aunque hay que reconocer que pusieron en
discusión la situación laboral de los agentes. El Poder Judicial tiene todas
las herramientas para actuar y recuperar algo de su legitimidad tan deteriorada.
La sociedad santarroseña estuvo muy firme en repudiar lo sucedido, a diferencia
de la Cámara de Diputados, que estuvo más bien tibia. Ahora empieza el
verdadero desafío para todos: la democratización de la Policía de la Provincia
de La Pampa. Ya nadie puede hacerse el desentendido.
(*) Abogado y Especialista en Filosofía Política.
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Independientemente de las condiciones de probabilidad y las
circunstancias estructurales y superestrucurales mediante las cuales se pueda
explicar la gravísima escalada de alzamientos policiales en todo el país, una
cosa queda clara: esto no tiene que ver (solamente) con un reclamo salarial (más allá de la
justicia de todo reclamo de los trabajadores en ese sentido, máxime cuando los
mismos se producen en un período histórico de máxima producción de plusvalía),
sino que forma parte de una saga de acontecimientos que desde hace años ha
incorporado la derecha continental para condicionar –cuando no derrocar- a los
gobiernos autonómicos de la región.
Mucho se ha dicho sobre el rol contemporáneo de ciertos poderes fácticos,
en el que las policías, las gendarmerías, los servicios penitenciarios, las
burocracias judiciales y otras corporaciones que poco o nada han hecho en
materia de democratización interna, aparecen señaladas por la historia
recientes como protagonistas principales de los nuevos golpes de estado. Por
supuesto, en complicidad con poderosas corporaciones y los sectores más
conservadores de la política.
Los ejemplos sobran en América Latina: Venezuela, Ecuador,
Paraguay, Bolivia, Honduras y Argentina.
En cada uno de estos casos, se pone en práctica
meticulosamente la doctrina de los “golpes blandos”, paso por paso.
En Argentina, la derecha lo ha intentado todo, desde la “crisis
del campo” (y aún antes de ese estallido patronal sojero) hasta ahora. Y nada
le ha dado los resultados esperados. Ahora van por el incendio total. Por el
holocausto social que Zaffaroni presagiaba hace más de una década. El estado de
policía en su más dramática expresión.
El gobierno argentino, lamentablemente, ha perdido una
década en materia de democratización de sus fuerzas de
seguridad. Los intentos de transformación interna de las fuerzas policiales,
aislados y sin apoyo político decidido, sucumbieron sin solución de continuidad.
Las policías, ahora, se comportan como una fuerza de ocupación. Como el brazo
armado que extorsiona a los poderes democráticos y conserva la fuerza brutal y
corporativa para propiciar “cualquier” salida frente al caos que ellos mismos
crean, fomentan y producen. Gestionar ese caos es una tarea no menor, que no
debería incluir ningún tipo de capitulación por parte de la democracia. Pienso en movilizaciones pacíficas
en todo el país para defender las instituciones democráticas. Un ejercicio que
pondría a prueba la consistencia de los experimentos sociales de nueva
militancia intentados por el kirchnerismo.
Porque si algo no puede alegar el gobierno es sorpresa o desconocimiento.
El rol de las policías se ha desguasado en todo el mundo. Durante la guerra
serbo-croata, este último país, que carecía de ejército regular, armó a su
policía para colaborar decisivamente, mediante un enfrentamiento “exitoso”, con
el colapso de la experiencia socialista yugoslava. También allí la policía
croata jugó un papel preponderantemente regresivo y al servicio de los
intereses imperiales. Y quien contribuyó a proporcionarle 5.000 toneladas de
armas a esas fuerzas de seguridad fue, nada más y nada menos, que el estado
argentino. De modo que resulta difícil soportar que se alegue imprevisión o estupefacción en
este caso. Las distintas agencias del gobierno argentino, federales y provinciales,
conocen perfectamente la matriz ideológica de sus fuerzas de seguridad.
Cualquiera sea el curso que acierten a tomar estos acontecimientos, algo habrá
cambiado en la Argentina. Y
ese cambio, implica la necesidad impostergable de realizar transformaciones democráticas
de fondo en estas corporaciones armadas.
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A partir de los hechos que se suceden actualmente en distintas
provincias argentinas, reeditamos una entrevista que le hicimos al Profesor
Zaffaroni durante 2002, y que
reprodujéramos en este mismo espacio en el año 2009. Un ejercicio de
anticipación que no tiene desperdicios y conserva una dramática actualidad.
¿Cuál o cuáles son, a su entender, los
instrumentos para acotar la violencia –legitimada e ilegítima- de los aparatos
represivos del Estado en América Latina?.
“Primero, sería necesario jerarquizar a las policías y convertirlas en
verdaderas policías comunitarias. El gran peligro de los aparatos de poder aquí
no son los servicios de inteligencia, sino las policías comunes, que se
autonomizan. De este modo reciben el poder que otrora era de las fuerzas
armadas y comienzan a protagonizar golpes de estado. Si bien no asumen el
poder, derrocan políticos cuando no les gustan (caso Rio de Janeiro, golpe
interno en Plaza de Mayo en diciembre del año 2001). Sería necesario permitir
que se sindicalicen para desarmar el poder de las cúpulas corruptas, terminar
con la recaudación y las cajas y darles salarios y condiciones dignas de
trabajo. En otro orden sería necesario reforzar la selección de los magistrados
por concurso en toda la región y la autonomía de los poderes judiciales. Desde
lo académico impulsar discursos realistas y no meramente tecnocráticos.
Despertar la conciencia jurídica hacia la verdadera función de lo judicial, que
es de contención y de vigilancia de las agencias ejecutivas”.
¿Hacia dónde cree que evolucionarán
finalmente las nuevas formas de violencia estatal frente a las protestas
colectivas y, en su caso, por qué motivos? Cómo aprecia que podría
evolucionarse hacia una idea de resolución de conflictos que rompa y supere la
lógica binaria de responder a la creciente violencia social con mayor violencia
de las agencias estatales?
“Evolucionan hacia el aumento de las
contradicciones entre los sectores excluidos. Criminalizados, victimizados y
policizados provienen del mismo sector social excluido. El fomento de la
violencia entre ellos es funcional al mantenimiento de sus condiciones de
exclusión. En tanto se maten entre ellos no tomarán conciencia de su situación
y no podrás coaligarse y tener protagonismo político. Es la forma de controlar
socialmente y por la violencia a la masa de pobreza generada por los programas
de contracción económica del FMI que buscan reducir las importaciones con la
disminución del consumo, para mantener balances comerciales favorables que
produzcan divisas y permitan el pago de los intereses de la deuda externa. El
pronóstico es negro si continúan las presentes condiciones. Cambiará si se
logran aumentar las exportaciones con valor agregado o si una conmoción
política genera conciencia social en los excluidos. La técnica de control
social de los excluidos no será rodear las villas y favelas con los cosacos,
sino hacer que se maten solos. Es lo que no entienden quienes piensan en el
siglo pasado. Para que esto se produzca se necesitan varias condiciones: 1) de
política general, o sea, conciencia política en la clase dirigente. Creo que el
vacío no se sostiene, algo va a suceder, es la lógica de la política, ningún
espacio queda vacío y las viejas dirigencias están agotadas. 2) condiciones
económicas, no es comprensible que el 5° exportador de alimentos del mundo
tenga gente buscando hamburguesas podridas en la basura, que una población
entrenada a la producción industrial tenga un 30% de desocupación mientras se
exportan productos sin valor agregado, ganado en pie, petróleo crudo, etc.
3) las ONGs, las
iglesias, los movimientos barriales, en algún momento se darán cuenta de que la
lucha por el poder es lucha por el saber y el know how. Es inevitable. Empezará
una competencia por el saber entre excluidos e incluidos. El 70% de la
población no se va a suicidar, de eso estoy seguro. 4) Los medios masivos
tendrán que asumir cierta responsabilidad o se desacreditarán totalmente ante
la población”.
¿Puede esperarse que “esta” agencia
judicial opere efectivamente como límite al poder punitivo estatal, atento a
las rémoras de una ideología conservadora y una extracción de clase (una
cultura, en suma) más compatible con el statu quo que con actitudes
democráticas y progresistas que caracteriza a muchos de sus integrantes? La
misma pregunta le formulo respecto a la agencia policial, en muchos casos
sospechada de represión y corrupción.
Creo que si se sindicalizan las policías, por su extracción social y por su
experiencia directa con la realidad cotidiana, producirían un cambio bien
profundo a mediano plazo. El problema es que hoy hablan por sus cúpulas y éstas
son corruptas porque las estructuras les exigen que lo sean. Una discusión
horizontal de las condiciones de trabajo las cambia. En cuanto al judicial,
creo que la selección por concurso cambiará notoriamente su perfil. Además, hay
una responsabilidad que es nuestra. Debemos generar discursos progresistas en
el campo jurídico. La academia, con su encierro, su tecnocracia, su formación
de abogados tradicionalista, es bien responsable de lo que sucede. Incluso los
sectores progresistas, que hicieron un discurso político pero no técnico, como
si fuesen esquizofrénicos. Creo mucho en el poder del propio discurso jurídico,
al menos para crear mala conciencia en la gente, lo que no es secundario. La
mala conciencia es un motor importante.
Finalmente: ¿qué rol adjudica a los juristas y académicos más o menos
allegados a las disciplinas penales, en orden a la construcción de un nuevo
abordaje con relación a los conflictos y la violencia social del continente?
Vuelvo a lo anterior. Los jueces, fiscales y abogados no salen de una
incubadora, sino de las universidades, que somos las usinas ideológicas del
sistema penal. Si seguimos con discursos de tipo neokantiano, o parecidos,
enseñando que somos técnicos y no políticos, y nos olvidamos que una dogmática
jurídica es un programa político que debe ser aplicado por un poder del estado,
estamos jodidos y no haremos nada. Si respondemos a nuestra realidad y a sus
necesidades y hacemos un discurso técnico orientado a una política progresista,
es lógico que no todos lo asuman, pero por lo menos habrá siempre un discurso
alternativo y eso genera mala conciencia incluso en los que se refugian en lo
aséptico y repiten la experiencia del neokantismo mezgeriano, que pasó desde el
imperio guillermino hasta la república federal diciendo lo mismo, como si nada
cambiase. No podemos seguir esos caminos en Latinoamérica, salvo que pensemos
en darle un discurso a una corporación para que pase por sobre el genocidio sin
mirar.
Un reportaje de Eduardo Luis Aguirre.
* Aclaración: Este reportaje fue efectuado el 16 de julio de 2002, en el marco
del Doctorado en Sociedad de la Información y el Conocimiento de la UOC, y de
la asignatura “Gestión del Caos. Introducción a la Conflictología”.
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Permítasenos reiterar que el
Derecho penal contemporáneo presenta, en todo el mundo, algunas características
distintivas que es necesario poner de manifiesto, por su gravedad intrínseca y
sus potenciales consecuencias genocidas.
Existe una hipertrofia irracional
del Derecho penal, que supone una opción clara, por un
derecho penal máximo, opuesto a un sistema democrático (ver sobre el
particular,Rivera Beiras, Iñaki, en http://www.eldiario.es/catalunya/Inaki-Rivera-penal-opuesto-democratico_0_201929823.html)
sostenido en la convicción mítica (y errática) que la coerción punitiva
podrá prevenir, disuadir o conjurar conductas que se consideran lesivas de
bienes jurídicos o verdaderas amenazas para esos mismos bienes, personas o
agregados de tales. O, al menos, que servirá para eliminar del paisaje social a
los “otros”, considerados indeseables,
peligrosos e irrecuparables, en términos de la supuesta necesidad de
reorganizar las sociedades con arreglo a la escala de valores y las pautas de
vida hegemónicas. Los condimentos imprescindibles que permitieron sentar las
bases de todos los genocidios, incluido, desde luego, el argentino.
En ese marco de creencias fatuas,
la forma más usual de resolución de los conflictos es la judicialización y la
condena a una pena de prisión. En casi todo el mundo, las tasas de
encarcelamiento han subido exponencialmente en la modernidad tardía.
Los discursos progresistas de los
expertos, que fueron una referencia hasta bien entrada la década de los 70’,
cayeron en los años 80’ en una crisis sin precedentes.
Así como las consignas de la
socialdemocracia de posguerra habían sido “control económico y liberación
social”, el reverdecer conservador dio un giro de ciento ochenta grados y
proclamó “libertad económica y control social”[1].
Lo que sobreviene, entonces, es una
acentuación de la prisionización como respuesta institucional excluyente, perpetrada
contra jóvenes, pobres, extranjeros, foráneos, insumisos y disidentes, con su
consecuente explosión demográfica de las cárceles y demás establecimientos
coactivos de secuestro oficial[2].
El crecimiento de la
criminalización de situaciones sociales problemáticas configura una
consolidación del estado de policía -por oposición al Estado constitucional de
Derecho- y una legitimación de un derecho penal de excepción.
El aumento sostenido de la
población reclusa es un dato objetivo difícilmente contrastable, que en líneas
generales no se ha revertido en los últimos años, ya que las tasas de
encarcelamiento siguen aumentando en forma sostenida en la mayoría de los
países del mundo.
Pero más allá de esta circunstancia
cualitativa, debe anotarse que el “prestigio” de la cárcel ha alcanzado niveles
impensados. Se proclama ahora, a diferencia de lo que ocurría durante el auge
del correccionalismo criminológico, es que la prisión “funciona”, y se
reactualiza en clave postmoderna el concepto de “pena merecida”[3].
Existe en todo el mundo, en
síntesis, la suposición de que no deben tolerarse las violaciones a los
derechos, cualquiera sea el lugar donde ocurran, y que la reacción frente a
esas afectaciones ha de efectuarse mediante una intervención y una pena,
respecto de os extraños irrecuperables.
En esos procesos asimétricos de
construcción de las normas penales del tardocapitalismo, la potestad para
decidir qué conductas serán penalizadas, es patrimonio exclusivo y excluyente
de unas pocas personas, generalmente representantes de intereses de clase o
corporativos.
Por eso, normalmente, la violencia
reglada institucional recaerá más severamente sobre los sectores vulnerables de
las sociedades, previamente estigmatizados en base al prejuicio, supuesto éste
que se reproduce, insistimos, tanto a nivel interno como internacional.
La particularidad que exhibe el
nuevo sistema globalizado radica no solamente en la reproducción de la nueva relación
de fuerzas, sino también en la capacidad de presentar dicha fuerza como un bien
al servicio de la justicia y de la paz en un contexto de expansión de la
ideología securitaria[4].
Como consecuencia de lo expuesto,
sobreviene una desformalización y funcionalización del Derecho criminal, con
inexorable flexibilización de las garantías penales, procesales y ejecutivas de
la pena[5],
de las que las cárceles de Guantánamo dan debida cuenta.
En todo el planeta, las tendencias
modernas a “luchar contra la criminalidad” y la “inseguridad”, suponen reprimir
rápida y ejemplarmente los problemas y conjurar las amenazas que impactan más
fuertemente en la opinión pública.
Esas iniciativas recurren en la
mayoría de las situaciones a un aumento de los montos de las penas, con
finalidades preventivo-generales e
intimidatorias.
En materia procesal, las reformas
tienden a acelerar, acortar, abaratar y desformalizar los procesos, allanando
todos los “obstáculos” que lo perturben.
Las reformas que tienden a abogar
por el derecho de las víctimas se hacen a costa de los derechos de los
inculpados y las víctimas, contradiciendo las especulaciones históricas de los
procesalistas, ingresan al proceso a reclamar la más grave punición, antes que
a restablecer el equilibrio afectado por la ofensa.
Estas -y
otras- claves funcionalistas, en síntesis, resumen el rumbo de las reformas
político criminales de la tardomodernidad[6].
Esta es una tendencia que ya no se
limita a criminalizar a sujetos individuales, sino que ese control se expresa
de manera “glocal” y grupal y su objeto de control es la rebelión de los
excluidos[7] y de los que se alzan –muchas veces inorgánicamente-contra
un estado de cosas que intuyen injusto.
La rebelión de los diversos, los
excluidos, los distintos, los rebeldes, en definitiva, los “otros”, son la
nueva excusa que se pretende con frecuencia asimilar al “terrorismo”, para
habilitar la violencia legitimada únicamente por su eficacia. “Se difumina la
distinción entre el “enemigo”, tradicionalmente concebido como exterior, y las
“clases peligrosas”, tradicionalmente interiores, en tanto que objetivos del
esfuerzo bélico”[8].
Parece comprensible, con estas
claves, que en cualquier sociedad exista una dosis de temor o desconfianza
hacia aquellos que son asumidos diferentes.
No obstante, estas tendencias
reactivas se han magnificado al punto de incorporarse a los regímenes sociales
y políticos del mundo contemporáneo.
La desconfianza hacia los otros, concluye articulándose con la
indiferencia respecto de la posibilidad de que se los prive de la plena
condición de ciudadanos.
Lo que les pase a aquéllos, en
términos de destitución de ciudadanía -pérdida de
derechos civiles, económicos, soberanos, medioambientales y políticos-, no
importa demasiado al resto, y en todo caso esos procesos “descivilizatorios” se
perciben como un costo no demasiado oneroso a pagar para conservar un
determinado orden social[9],
al que se asimila con la “seguridad jurídica”, a la sazón una nueva forma de
interpretar las nuevas formas de explotación y expoliación.
Esa “desconfianza” en los otros,
alcanza también, y muy especialmente, a los que encarnan el rol de gobernar la
penalidad, sus instituciones, sus narrativas y prácticas colectivas, e influye
decididamente en la construcción de las nuevas relaciones sociales, explicando,
entre otras cosas, el peligro, el riesgo y el auge de nuevas formas de control
punitivo.
Por su parte, para el
sofista del Anónimo de Jámblico “sólo
la sumisión a la ley, o sea, el estado de legalidad, hace posible la vida
en común. Para este sofista anónimo, el estado de legalidad es uno de los
bienes supremos, pues “una legalidad
debidamente establecida origina la confianza que produce grandes
beneficios a toda la colectividad”. El estado de
ilegalidad, por el contrario, es uno en que reinan la desconfianza y
el riesgo permanente, lo cual da lugar a una falta la seguridad
cognitiva de los comportamientos personales, y por ello, a que los
hombres experimenten el temor y el miedo. Por esto, y puesto que “los hombres no son capaces de vivir sin leyes ni
justicia”, a quienes no se someten a la ley les sobreviene la guerra
que conduce a la sumisión y a la esclavitud con más
frecuencia que a quienes se rigen por una recta legalidad”[10].
Las sociedades de riesgo son, precisamente, aquellas donde
la producción de riqueza va acompañada
de una creciente producción social de riesgos[11].
El aumento de los riesgos está produciendo consecuencias
trascendentales en el ámbito de la política, el biopoder y la gubernamentalidad
de los agregados sociales actuales.
El primer efecto lo constituye la necesariedad de la
implementación de políticas públicas tendientes a gestionar, esto es, a
controlar los riesgos, cada vez más visibilizados por la opinión pública, e
internalizados por la multitud como los nuevos miedos derivados de la
modernidad tardía.
El “riesgo”, como el miedo, termina completando, entonces, un nuevo metarrelato cuya
densidad sería capaz de sustituir y recomponer los paradigmas totalizantes en
aparente retirada, cohesionar los discursos y los sistemas de creencias e
imponer políticas públicas defensistas.
Estas características se observan,
particularmente, en lo que atañe a las respuestas institucionales que se
adoptan en materia de conflictividad social en todo el mundo, ya sea
adelantando la punición, inocuizando a los especialmente peligrosos y propiciando
estrategias de control que recurrentemente menoscaban las libertades públicas y
las garantías individuales decimonónicas, adoptadas siempre en aras de una
mayor “seguridad”, una suerte de “concepto estrella” del Derecho penal
actual[12], al que todo le está permitido, sencillamente porque “todos estamos en peligro”.
Y todos lo estamos, porque el riesgo está identificado como riesgo de daño o de
peligro.
Se trata de un riesgo “negativo”, que el Estado debe gestionar como fin primordial que dota de sentido su razón de ser
postmoderna, dejando de lado las expectativas asegurativas que caracterizaron
al Estado de Bienestar; por ejemplo, la justicia distributiva y la igualdad, la
seguridad social, la estabilidad en el empleo, los miedos a los malestares de
clase, etcétera[13].
El riesgo, de tal suerte, opera
como una forma de gobierno de los (nuevos) problemas “a
través de la predicción y la previsión. Se trata de una tecnología que es común
y familiar en el campo de la salud pública”,
pero que se extiende especialmente a la justicia penal, “un campo en el que el riesgo se ha vuelto cada vez más
importante como una técnica para ocuparse de aquellos condenados por delitos, pero
también para la prevención del delito”. (…) “El lugar central ocupado por el riesgo en el gobierno
contemporáneo es un reflejo de un cambio epocal en la modernidad. Este
desplazamiento epocal desde la “modernidad
industrial” hacia la “modernidad reflexiva” es vinculado con la
aparición de los “riesgos de la modernización”, tales como el calentamiento y el terrorismo globales.
Producto del despliegue de las contradicciones del modernismo industrial -especialmente del rápido y autodestructivo desarrollo del
cambio tecnológico conducido por el capitalismo- estos riesgos amenazan a la
existencia humana y crean una nueva “conciencia del
riesgo” que, a su vez, se torna el rasgo organizador central de la
emergente “sociedad del riesgo”.
(…).. En otras palabras, aunque las divisiones sociales tales como la clase y
el género no desaparecen, son reconstituidas en comunidades de seguridad y
protección, unidas más por los riesgos compartidos que por las necesidades
materiales en común. En esta era, las instituciones y concepciones centrales de
la modernidad son puestas en cuestión: hasta el progreso en sí mismo se vuelve
algo que es puesto en duda y sobre lo que se reflexiona críticamente”[14].
Esa conciencia de los riesgos
presentes, parte fundamental de una cultura
postmoderna hegemónica unidimensional, se vale de un retribucionismo y
un prevencionismo extremos para confirmar la vigencia de las normas sociales y
anticiparse a “riesgos futuros” ocasionados por los peligrosos, mediante un “derecho” (interno y
supranacional) en estado de permanente excepción[15].
A estas decisiones draconianas
recurrentes, conduce el segundo efecto de la gubernamentalidad de las
sociedades de riesgo, que está dado por el fracaso de las políticas públicas en
la gestión de administración y control de los peligros, y la necesidad de los
gestores institucionales de apelar a un urgente populismo punitivo como única
forma de conservar sus precarios y efímeros consensos.
El Derecho penal establece, de esta
manera, formas específicas de reacción punitiva no sólo contra infractores
incidentales de la ley, sino también contra quienes frontalmente desafían el
ordenamiento jurídico con el que se identifica la Sociedad y a los que la
dogmática funcionalista denomina enemigos, en cuanto conculcan las normas de
flanqueo que constitucionalmente configuran la Sociedad, revelan singular
peligrosidad y no pueden garantizar que van a comportarse como personas en Derecho, esto es, como
titulares de derechos y deberes[16]. Con ellos el Estado no dialoga, sino que los amenaza y
conmina con una sanción en clave prospectiva, no retrospectiva, esto es, no
tanto por el delito ya cometido cuanto para que no se cometa un ulterior delito
de especial gravedad (v.gr., la
configuración típica de la tenencia de armas o explosivos o actos de
favorecimiento del terrorismo, como delitos autónomamente incriminados, para
evitar la comisión de un atentado terrorista de gran magnitud destructiva).
Se ha afirmado al respecto que “…
el Derecho penal del enemigo es, tal y como lo concibe Jakobs, un ordenamiento de combate excepcional contra
manifestaciones exteriores de peligro, desvaloradas por el legislador y que
éste considera necesario reprimir de manera más agravada que en el resto de
supuestos (Derecho penal del ciudadano). La razón de ser de este combate más
agravado estriba en que dichos sujetos (“enemigos”) comprometen la vigencia del
ordenamiento jurídico y dificultan que los ciudadanos fieles a la norma o que
normalmente se guían por ella (“personas en Derecho”) puedan vincular al
ordenamiento jurídico su confianza en el desarrollo de su personalidad. Esa
explicación se basa en el reconocimiento básico de que toda institución
normativa requiere de un mínimo de corroboración cognitiva para poder orientar
la comunicació en el mundo real. De la misma se deriva, no sólo un derecho a la seguridad (Recht auf Sicherheit), sino un verdadero
derecho fundamental a la seguridad (Grundrecht auf Sicherheit)”[17].
Es necesario, no obstante,
establecer algún tipo de precisiones con respecto al Derecho penal de enemigo,
toda vez que la noción ha sido simplificada, muchas veces descontextualizada y
desinterpretada en lo que tiene que ver con su filiación histórica, sociológica
y política.
Se tiende a creer, en general, que la noción de “enemistad” en el Derecho penal
es el producto exclusivo de una construcción funcionalista sistémica,
anatemizada por conservadora según la particular visión de algunos penalistas,
que pretenden hallar la génesis de la misma en el pensamiento de Niklas Luhman, de Carl Schmitt, o más recientemente de Günther Jakobs, a los que generalmente remiten[18].
Así se ha afirmado que
“no creo que me aleje demasiado de la realidad si digo que la expresión
“Derecho penal del enemigo” suscita ya en cuanto
se pronuncia determinados prejuicios motivados por la indudable carga
ideológica y emocional del término “enemigo”. Este término, al menos bajo el
prisma de determinadas concepciones del mundo (democráticas y, sobre todo,
progresistas), induce ya desde el principio a un rechazo emocional de un
pretendido Derecho penal del enemigo, y no sin razón, cuando volvemos la mirada
a la experiencia histórica y actual, y desde ella contemplamos el uso que se ha
hecho y que aún se hace actualmente del Derecho penal en determinados lugares”[19].
La historia resulta, como de
ordinario acontece, bastante más compleja; y desde una multiplicidad de matices
y relatividades nos plantea demasiadas perplejidades como para permitirnos
incorporar subjetividades en este tipo de análisis, por respetables que
pudieran éstas resultar.
Inicialmente, debemos reconocer que
esta separación tajante entre Derecho penal de ciudadano y Derecho penal de
enemigo no siempre encuentra su correlato en la realidad objetiva.
En todo enjuiciamiento por un hecho
cotidiano, por ejemplo, efectuado de acuerdo a las reglas del Derecho penal de
ciudadano, habrán de entremezclarse lógicas tendientes a la defensa de riesgos
futuros (Derecho penal de enemigo), sencillamente porque todos los sistemas
penales conservan rémoras de ambos paradigmas[20].
Y las conservan porque los sistemas
jurídicos en la era del Imperio basan su legitimidad en la capacidad para
llevar adelante objetivos éticos mediante la coacción. Pero aun así, en esta
etapa transicional de consolidación
del Imperio, aunque actúe en un estado
de excepción y mediante técnicas policiales, el derecho no tiene que ver con
las dictaduras o el totalitarismo y el dominio de la ley continúa desempeñando
un rol paradigmático.
Así, se ha señalado sobre el particular:
“El derecho penal del enemigo es, aparte del nombre (aparte del nombre, que a
mí personalmente no termina de convencerme, aunque se trata de una denominación
estrictamente científica), una realidad en todos los ordenamientos democráticos
del mundo, pero una realidad que ha de ser minimizada al grado mínimo de lo
estrictamente necesario: esto es, a lo que el autor citado ha llamado “ámbito
nuclear del Derecho Penal del enemigo…”[21].
En otros términos, coexisten en el
Derecho contemporáneo, fragmentos de Derecho penal liberal y de Derecho penal
de enemigo. Y al parecer, eso ha ocurrido en todas las etapas del capitalismo[22].
Por lo demás, aquellas perspectivas –como digo,
fragmentarias, planteadas en términos de polarización y con evidentes
desajustes históricos- impiden reconocer la verdadera matriz ideológica que
campeaba entre los clásicos del liberalismo durante el capitalismo temprano, a
partir de la construcción ideal del concepto fundacional del “contrato social”.
Justamente, la naturaleza cultural del contrato está
fuertemente anudada a las concepciones binarias de la enemistad, que reproducen la posibilidad de la “amenaza” del Estado con
relación a los infractores, tanto en el orden interno como internacional, y
exhiben concepciones muy similares a los postulados preventistas y retribucionistas
que se critican al derecho penal contemporáneo.
La visión reduccionista analizada concibe a la “modernidad”, en cambio, como un
todo homogéneo y armónico, como un paradigma unitario que viene a superar el
sistema de creencias del “Anciene
Régime” de la mano de un
programa de libertades sin fisuras, que el imaginario de los juristas percibe
generalmente como instituido para el conjunto social, sin exclusión alguna.
Debe recordarse, sin embargo, que el Derecho es también una
parte de la superestructura social, un sistema de control social destinado a
garantizar las nuevas relaciones de producción hegemónicas en cada período de
la historia política.
Por eso, los derechos que otorgó el Estado liberal no
pudieron trascender sus propios límites en términos de autonomía relativa.
Esa autonomía relativa, propia de los Estados capitalistas,
aunque se tradujera como una autoproclamación protectiva de los derechos de
todos los ciudadanos, en realidad resguardaba
los intereses de las nuevas clases dominantes.
Podemos someter a prueba la consistencia de esta
especulación, apelando al propio Rousseau
y su visión respecto de los infractores del “pacto social”, acaso el soporte
jurídico más relevante del sistema capitalista: “Para que el pacto social no sea,
por lo tanto, una fórmula vana, contiene tácitamente este compromiso, el único
que puede dar la fuerza a los demás: quien se niegue a acatar la voluntad
general será obligado por todo el cuerpo, (…) lo cual no significa otra cosa
sino que se le obligará a ser libre, puesto que tal es la condición que dándose
cada ciudadano a la patria le asegura de toda dependencia personal, condición
que forma el artificio del funcionamiento de la máquina política y única que
hace legítimos los compromisos civiles, los cuales, sin esto, serían absurdos,
tiránicos y sujetos a los más enormes abusos”[23]. “Todo malhechor, al atacar el derecho social, se convierte por sus
delitos en rebelde y traidor a la patria; deja de ser miembro de ella al violar
sus leyes, y hasta le hace la guerra. Entonces, la conservación del Estado es
incompatible con la suya; es preciso que uno de los dos perezca, y cuando se da
muerte al culpable, es menos como ciudadano que como enemigo. Los
procedimientos, el juicio, son las pruebas y la declaración de que ha roto el
pacto social y, por consiguiente, de que ya no es miembro del Estado. Ahora bien,
como él se ha reconocido como tal, al menos por su residencia, debe ser
separado de aquél mediante el destierro, como infractor del pacto, o mediante
la muerte, como enemigo público; porque un enemigo así no es una persona moral,
es un hombre, y entonces el derecho de guerra consiste en matar al vencido”[24].
En definitiva, el
pacto social fue una manera de legitimar al legislador una vez que
entraron en crisis las tesis naturalísticas que explicaban dicha legitimación
con arreglo a un mandato sobrenatural del que se hallaba investido el monarca.
El legislador había pasado entonces de ser un simple
intérprete del derecho, a ser su creador. Y esto mereció una respuesta en
términos de legitimación: el contrato[25].
Dejar de lado estas circunstancias históricas, podría
comprometer seriamente una investigación que debe escrutar, entre otros
conceptos, las similitudes y diferencias entre los derechos internos y el
derecho penal internacional contemporáneo.
Por eso, precisamente, nos vemos determinados a advertir
que esas postulaciones importan un esfuerzo ocioso, innecesario, realizado
aparentemente para preservar a los clásicos del liberalismo de cualquier
acercamiento o “contaminación” entre sus discursos y las tesis que
legitiman la guerra contra los
terroristas internos, los enemigos con los cuales el estado no dialoga sino
que, por el contrario, amenaza o directamente combate[26].
El concepto de enemistad, como
podemos observar, es una formulación conceptual de los clásicos, probablemente
anterior a ellos, que se utilizaba -como sigue ocurriendo en la actualidad-
tanto en cuestiones de Derecho interno, como para resolver las diferencias
planteadas entre los Estados.
La similitud entre el adelantamiento
de la reacción punitiva, el deterioro de las garantías penales y procesales y
la violación del principio de
proporcionalidad, manifestaciones éstas características del Derecho penal de
enemigo, con la guerra preventiva moderna, no puede resultar más evidente.
En el examen del Derecho penal del
enemigo y de las cuestiones dogmáticas que el mismo plantea en el actual
sistema penal, se ha puesto de relieve desde una óptica estrictamente
funcionalista normativa que “no se quiere negar que en los regímenes
autoritarios se haga uso de normas de Derecho penal del enemigo. Al contrario.
El Derecho penal del enemigo, en tanto consunto de normas, existe tanto en las
dictaduras como en las democracias. Pero el problema en las dictaduras es de
raíz. Las normas de Derecho penal del enemigo no son ahí ilegítimas porque el
Derecho penal del enemigo lo sea per se,
sino por el déficit de democracia que caracteriza a esos países. En definitiva,
mientras en las dictaduras todas las normas (las del enemigo y las del ciudadano)
son ilegítimas per se, en las
democracias todas las normas (las del enemigo y las del ciudadano) son legítimas per se, en las democracias
todas las normas (las del enemigo y las del ciudadano) son legítimas per se, y tendrán esa presunción de legitimidad formal y
material hasta tanto no se declare, por el Tribunal imparcial legítimamente
establecido para ello, lo contrario. En última instancia, ahí, en la
posibilidad de un control de legalidad objetivo e impacial, reside la
diferencia entre una dictadura y una democracia”[27]
.
El Derecho penal interno de los
Estados, con estas categorías, tiende a parecerse cada vez más, en sus lógicas,
a la guerra. Vemos como amigo y enemigo, ciudadano y enemigo, constituyen categorías
centrales estimuladas por quienes tienen a su cargo el gobierno de la
penalidad.
Por eso es que se hace sumamente
difícil defender los derechos de los “otros”, sobre todo cuando se encuentran
prisionizados: “La gente es muy ignorante en
este sentido y solo piden que se pudran en la cárcel, o piensan exclusivamente
en las víctimas de los delitos, creyendo en la falsa pedagogía de que porque se
trituren los derechos de los presos se van a salvaguardar los derechos de las
víctimas, lo cual es una pésima pedagogía. En este sentido no creo que haya
ningún tipo de sensibilidad o en todo caso muy minoritaria frente a los
derechos de las personas privadas de libertad. Hasta que a cada uno le toca por
alguna razón en la vida conocer de cerca qué es de verdad el sistema penal y
penitenciario. Hasta este momento es muy difícil entenderlo, que haya una
cierta sensibilidad sobre el tema” (Rivera Beiras, artículo ya citado).
Es curioso. Estas posturas contrarían expresamente las
grandes líneas filosóficas que se derivan de la Exhortación Apostólica
Evangelii Gaudium, del propio Papa Francisco: “44. Por otra parte, tanto los Pastores como todos los fieles que
acompañen a sus hermanos en la fe o en un camino de apertura a Dios, no pueden
olvidar lo que con tanta claridad enseña el Catecismo de la Iglesia Católica: «La
imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e
incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el
temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros
factores psíquicos o sociales”.
“Por lo tanto, sin
disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y
paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día. A los sacerdotes les
recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas sino el lugar de
la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible. Un pequeño
paso, en medio de grandes límites humanos, puede ser más agradable a Dios que
la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar
importantes dificultades. A todos debe llegar el consuelo y el estímulo del
amor salvífico de Dios, que obra misteriosamente en cada persona, más allá de
sus defectos y caídas”.
“45. Vemos así que la
tarea evangelizadora se mueve entre los límites del lenguaje y de las
circunstancias. Procura siempre comunicar mejor la verdad del Evangelio en un
contexto determinado, sin renunciar a la verdad, al bien y a la luz que pueda
aportar cuando la perfección no es posible. Un corazón misionero sabe de esos
límites y se hace «débil con los débiles […] todo para todos» (1 Co 9,22).
Nunca se encierra, nunca se repliega en sus seguridades, nunca opta por la
rigidez autodefensiva. Sabe que él mismo tiene que crecer en la comprensión del
Evangelio y en el discernimiento de los senderos del Espíritu, y entonces no
renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del
camino”.
[1] Garland, David: “La cultura del
control”, Editorial Gedisa, Barcelona, 2005, p. 174.
[2] Aguirre, Eduardo Luis: “Inseguridades globales y sociedades
contrademocráticas. La desconfianza como articulador del nuevo orden y como
enmascaramiento de las contradicciones Fundamentales” en “Elementos de Política Criminal. Un
abordaje de la Seguridad en clave democrática”, Universidad de
Sevilla, trabajo de investigación presentado para la obtención del DEA,
Programa de Doctorado “Derecho Penal y Procesal”, Universidad de Sevilla, 2010.
[3] Garland, David: “La cultura del
control”, Ed. Gedisa, 2005, pp. 43 y 51.
[4] Hardt,
Michael - Negri, Antonio, op.
cit., p. 31
[5] Gomes, Luiz Flavio - Bianchini, Alice: “El Derecho penal en
la era de la globalización”, Serie Las Ciencias Criminales en el Siglo XXI,
Volumen 10, Editora Revista de los Tribunales, San Pablo, 2002, y Aguirre, Eduardo Luis: “Elementos de
control social en las naciones sin estado”, disponible en
www.derecho-a-replica.blogspot.com
[6] Hassemer, Winfried: “Derecho
Penal y Filosofía del Derecho en la República Federal de Alemania”, Portal DOXA
de Filosofía del Derecho, Nº 8, p. 182, que se puede encontrar como disponible
en
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01471734433736095354480/cuaderno8/Doxa8_09.pdf
[7] Sánchez
Sandoval, Eduardo: conferencia dictada en el 8º Seminario Internacional
del IBCCrim, San Pablo, 8 al 11 de octubre de 2002.
[8] Hardt,
Michael - Negri, Antonio:
“Multitud”, Editorial Debate, Buenos
Aires, 2004, p. 36.
[9] Pratt, John: “Castigo y
civilización”, Editorial Gedisa, Barcelona, 2006, p. 24.
[10] Gracia Martín, Luis: “Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado “Derecho Penal
de Enemigo”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, número
7, 2005, que se halla disponible en http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-02.pdf
[11] Climent
San Juan, Víctor: “Sociedad del Riesgo: Producción y Sostenibilidad”,
Revista de Sociología, N°. 82, 2006, p. 121, disponible en http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2263896.
[12] Polaino
Navarrete, Miguel: “La controvertida legitimación del Derecho penal en
las sociedades modernas: ¿más Derecho penal?”, en “El Derecho penal ante las
sociedades modernas”, Editorial Jurídica Grijley, Lima, 2006, p.76.
[13] O´Malley, Pat: “Riesgo, Neoliberalismo y Justicia Penal”,
Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2006, pp. 168 y 169.
[14] O´ Malley, Pat: “Riesgo, Neoliberalismo y Justicia Penal”,
Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2006, pp. 21 y 22.
[15] Agamben, Giorgio: “Estado de excepción”,
Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2007, p. 6.
[16] Polaino
Navarrete, Miguel: “La controvertida legitimación del Derecho penal en
las sociedades modernas: ¿más Derecho penal?”, en “El Derecho penal ante las
sociedades modernas”, Editorial Jurídica Grijley, Lima, 2006, p. 76.
[17] Polaino-Orts, Miguel: “Verdades y
mentiras en el Derecho penal del enemigo”, en Revista de l Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales,
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), nueva serie, año 5, nº 9, Editorial
Dunken, Buenos Aires, 2011, pp. 426 s.
[18] Marteau, Juan Félix: “Una cuestión central en la relación
Derecho-Política. La enemistad en la política criminal contemporánea”, Revista
“Abogados”, edición noviembre de 2003.
[19] Gracia Martín, Luis: “Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado “Derecho Penal
de Enemigo”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, número
7, 2005, que se halla disponible en
http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-02.pdf
[20] Jakobs,
Günther: “Derecho Penal del Ciudadano y Derecho Penal del Enemigo”, en “El
Derecho Penal ante las sociedades modernas”, Editora Jurídica Grijley, Lima
2006, p. 23.
[21]
Polaino
Navarrete, Miguel: “¿Por dónde soplan actualmente los vientos del
Derecho Penal?”, en Estudos em
homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias / coord. por Manuel da Costa
Andrade, Maria Joao Antunes, Susana Aires de
Sousa, Coimbra Editora, Universidad de
Coimbra, Vol. 1, 2009 (Direito Penal), ISBN
978-972-32-1776-6, p. 483.
[22] Hardt, Michael - Negri, Antonio: “Imperio”, Editorial Paidós,
Buenos Aires, 2002, p. 40.
[23]
“El Contrato Social”, Primera Edición Cibernética, la
cual aparece como disponible en
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/contrato/libro1.html.
[24] Sobre las posibilidades de una interpretación
de los textos roussonianos en ese sentido, véase Pérez del Valle, en CPC,
nº 75, 2001, pp. 597 ss.; y también Jakobs, en Jakobs/Cancio, (n. 1), pp. 26 s.
79 Véase Rousseau, Jean Jacques,
El contrato social o Principios de derecho político, Libro Segundo, V, citado
según la edición, con estudio preliminar, y traducción, de María José Villaverde, 4ª ed., Ed. Tecnos, Madrid, reimpresión de 2000, Lib. II, cap.
V, pp. 34 s.
[25] Hassemer, Winfried: “Derecho
Penal y Filosofía del Derecho en la República Federal de Alemania”, Portal DOXA
de Filosofía del Derecho, Nº 8, p. 176, texto que se puede encontrar como
disponible en http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01471734433736095354480/cuaderno8/Doxa8_09.pdf
[26] Aguirre,
Eduardo Luis: “Consideraciones criminológicas sobre el derecho penal de
enemigo”, disponible en
http://derecho-a-replica.blogspot.com/2010/05/consideraciones-criminologicas-sobre-el.html
[27] Polaino-Orts, Miguel: “Verdades y
mentiras en el Derecho penal del enemigo”, en Revista de l Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales,
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), nueva serie, año 5, nº 9, Editorial
Dunken, Buenos Aires, 2011, p. 453.
- Detalles
Meses atrás, el Presidente de Bolivia, Evo
Morales, había planteado la necesidad de construir en el marco del ALBA una
agencia de defensa común latinoamericana, destinada a custodiar la paz en la
región.
La iniciativa importaba un paso trascendental
en términos de consolidación de las estrategias integracionistas del Cono Sur,
sobre todo, por las motivaciones que sustentaban esa idea.
Morales apuntaba a establecer vínculos
defensivos de tal intensidad y compromiso, que abarcaran un cambio cultural de
las fuerzas armadas del Continente, en muchos casos cooptadas ideológicamente
por paradigmas y sistemas de creencias afines al imperialismo y las clases y
sectores dominantes internos. Esa sola razón, insisto, implicaba una vocación
transformadora sin precedentes, una concepción verdaderamente revolucionaria,
si se recorre la historia de las fuerzas armadas latinoamericanas durante las
décadas de los años setenta y ochenta del siglo pasado.
Paradójicamente, la motivación podría
revelarse como insuficiente, en la medida que no articulara las anunciadas
estrategias, concernientes a la defensa exterior, con políticas comunes
destinadas a garantizar la seguridad hemisférica, en los términos en que la
misma es acuñada casi sin distinciones ni matices del Río Bravo al Sur.
La concepción de la “inseguridad” ha sido
capturada por el arsenal retórico de las derechas latinoamericanas, y se la
circunscribe, en esa clave y de manera interesada, a la mera posibilidad de ser
víctima de un delito predatorio, de calle o de subsistencia. La inseguridad, de
tal manera, se ha resignificado en la región, acotándosela a uno sola de las
formas en la que la misma se expresa, por cierto relevante, en un
Continente que tiene una de las tasas de violencia urbana más altas del mundo.
El delito ha pasado a ser un organizador
de la vida cotidiana en América Latina.
En nombre de la inseguridad se controla,
se vigila, y se gobierna. Se ganan elecciones y se esmerilan gobiernos.
Más aún, si se analizan los conatos
destituyentes en lo que va de la nueva centuria, puede advertirse que las
fuerzas armadas regulares, como tales, han intervenido únicamente en los casos
del asalto a la residencia del ex-Presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, y
en el fallido golpe intentado contra el Gran Bolivariano. En ambas ocasiones,
lo hicieron a la usanza de las tradicionales prácticas, aunque con resultados
diametralmente diferentes, actuando en connivencia con sectores de poder
locales y externos.
En el resto de las intentonas antidemocráticas
latinoamericanas, han intervenido activamente otros actores mucho más
vinculados a la “seguridad” que a la defensa. Ténganse presente, en ese
sentido, la asonada policial contra el Presidente Correa, los planteos de las
policías, los servicios penitenciarios, la prefectura naval y la gendarmería en
Argentina, y el golpe judicial perpetrado en Paraguay contra el Presidente
Lugo. En todos los casos, desde luego, han tenido un protagonismo central las
grandes empresas mediáticas, los grandes grupos de presión y los poderes fácticos de cada país.
En otras ocasiones, los conatos incluyeron
el protagonismo explícito de sectores de la oposición y de caceroleros e
indignados que planteaban reclamos indeterminados, entre los que la demanda de
mayor “seguridad” ocupaba –y ocupa- siempre un lugar preponderante.
En muchos casos, esos reclamos involucran
la eliminación lisa y llana de los diferentes y los distintos del paisaje
social, en lo que parece ser un nuevo huevo de la serpiente, versión
postmoderna.
La doctrina de los golpes blandos de Gene
Sharp, debe recordárselo, concibe una primera etapa de exacerbación de la
criminalidad, para continuar con el calentamiento de la calle, la organización de manifestaciones de todo
tipo, potenciando posibles fallas y errores de los gobiernos, la guerra
psicológica, los rumores, y la desmoralización colectiva, hasta terminar
con la dimisión de los gobernantes.
El “Plan
Estratégico Venezolano”, que en realidad pretende estructurar una estrategia
golpista a nivel continental, se propone generar emoción mediante mensajes cortos sobre problemas
sociales objetivos, que lleguen a la mayor cantidad de gente posible, provocando
su descontento. Continúa con una práctica sistemática de sabotajes y crímenes,
hasta crear en las calles situaciones de crisis que serían cubiertas
tendenciosa y amañadamente por la gran prensa internacional, impidiendo
distinguir agredidos de agresores, subvertir la realidad de los sucesos, y
modelar una opinión pública global complaciente con una intervención armada
extranjera. Una salida “a la Yugoslava”, en definitiva.
Por eso es
que, a mi entender, la iniciativa del Presidente boliviano debe completarse con
el diseño de políticas públicas unitarias en materia de seguridad humana, para
todas las naciones aliadas del Continente. Con estrategias comunes
democráticas, tolerantes, garantistas y de mínimo voltaje punitivo, para
abortar cualquier espiral de violencia al que, sin ninguna duda, van a recurrir
las derechas latinoamericanas.
Más sobre este tema en http://127.0.0.1/wordpress/2013/08/13/hacia-una-politica-de-seguridad-y/
- Detalles
Por Ignacio Castro Rey.
“A menudo me parece que muchos de los más importantes poemas del siglo XX pudieran ser los más fraternales que jamás se hayan escrito. De ser así, esto nada tiene que ver con consignas políticas. Se aplica a Rilke, que era apolítico; a Borges, que era reaccionario; y a Hikmet, que toda su vida fue comunista”. John Berger
Todo lo que ocurre en la vida, individual y colectiva, es escandalosamente local: recordemos la muerte del pequeño tendero tunecino que desencadena la revuelta en los países árabes. Así es siempre, pues los individuos y las naciones viven en una especie de epicentro real (absoluto local, decía Deleuze) del cual todo movimiento visible es solamente una “réplica” posterior, como ocurre con los seísmos. Lo común, la comunidad surge siempre de una manera efímera, a veces insignificante.
Unacomunidad nace del acontecimiento de un encuentro, con o sin motivo de un antagonismo, pero un encuentro casi siempre contingente.
1
Si queremos recuperar una comunidad sin la cual es imposible hacer nada, tampoco elcuidado no doméstico de los otros, ni siquiera el cuidado (no narcisista) de sí, es necesario recuperar la fuerza de la referencia real, una vida inmediata (aquí, ahora) imposible de reproducir en el mito de la transparencia informativa, en el plano transitivo de la cultura o de la sociedad del conocimiento. ¿Lo local es una especie de multitud en acto? Cuando escuchó por vez primera Light my fire, Patti Smith tuvo que detener su coche. Sólo para percibir, es necesario pararse en cada momento crucial, sustraerse a la banalidad de un intercambio generalizado que nos anestesia; que desactiva nuestra autonomía, incluso cuando se presenta como algo alternativo.
2
Vivimos insertos, valga la expresión, en la corrupción estructural de la interactividad. Somos los nudos de una malla gigantesca, un conductismo de cien alternativas diarias, cristalizadas en el juego de mayorías y minorías. Izquierda Unida interpela al gobierno por lo que ha publicado El País, que a su vez publica unos documentos “a los que ha tenido acceso”. Etcétera. Información y movilización, acción y reacción, estímulo y respuesta: el parque humano ya no necesita normas explícitas porque la normativa se limita a cabalgar los incesantes eventos que surgen de un cuerpo social tan gigantesco como endogámico. El capitalismo vive en una sociedad que es “abierta” porque se cierra en cada punto, allí donde asoma cualquier promesa de exterior.
3
Si hubiese un registro creíble de la famosa “teoría de la conspiración” sería éste: las grandes corporaciones, los poderes mundiales, la sociedad entera no quieren que nadie esté a solas, que nadie interrumpa la comunicación para pensar y vivir según el diablo de su sombra. Dios ha muerto, vida el nuevo dios. De hecho, fijémonos, todas las películas de terror (también Gravity) comienzan con una interrupción de las comunicaciones. De ahí que los múltiples momentos de espera (al teléfono, en el metro, en cualquier cola numerada), en medio de nuestro “arresto domiciliario en el mañana”, estén entretenidos con pantallas y temas musicales. Una banda audiovisual acompaña nuestro encierro haciéndolo polimorfo, de paredes tan flexibles como el tono de cada franja horaria.
4
Peces y redes. ¿Vivimos en una piscifactoría tejida por miles de conexiones? La imaginación ha llegado al poder con esta prisión rizomática de chips rfid, una trama numérica que es curiosamente analógica de la adorable multiplicidad de la hierba. Por eso nuevo fetichismo tecnológico tiene un aire ecológico. Cada uno de nosotros siente mimado su narcisismo al verse personalizado en esta vibración universal. Es difícil no relacionar tal bloqueo interactivo con el éxito de las tecnologías de moda, las redes sociales y la multiplicación de las comunicaciones. ¿Cuál es el nombre de esta mutación antropológica que no se conseguiría sin la alianza profunda de derecha e izquierda? ¿Sedentarismo portátil? ¿Nomadismo masivo?
5
Atreverse a no ser visible, sin miedo a la marginalidad social que es el gran fantasma de la época. Buscar “vacuolas de no comunicación” (Deleuze) desde la que sea aún posible sentir algo exterior a la providencia informativa, sea mayoritaria o minoritaria. Pero estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para nada, menos aun para pararnos. El real time supone de hecho la liquidación espacial, de ahí que use constantemente las metáforas de sus restos: portal, sitio, muro, perfil, pestaña… Entre lo que nos llega por Internet, a través del móvil o Facebook, y lo que nos invade con la televisión o el periódico, apenas tenemos tiempo de sentir por cuenta propia, de vivir y pensar con las percepciones del entorno. Con los amigos no hacemos después otra cosa que darle vueltas a lo que ya hemos compartido en los jajaja incansables del encadenamiento global.
6
Y lo que está en peligro no es precisamente la privacidad individual. Al contrario, esto es lo que está blindado por doquier. Es la experiencia común la que está por todas partes cercada. Mi cuerpo, mi blog, mi piso, mi perfil, mi currículo, mis historias de pareja. Se ha dicho cien veces: nuestra espectacular movilidad es la de la indiferencia, la que tritura a diario cien mensajes, sean mayoritarios o alternativos. La izquierda participa de lleno en este “integrismo del vacío” propio de la cultura capitalista, en el nihilismo de la conexión perpetua. Tanto la economía como la tecnología tienen la misma lógica aséptica de la neutralización: aislamiento y conexión, narcisismo y socialización, obediencia y espectáculo. Parálisis de la acción: libertad obscena en la expresión. No hay ganancia sin pérdida, la vida común es así de terca: la multiplicación de las conexiones arrastra una caída en picado de las decisiones.
7
Nunca ha sido tan fácil liberarse, pasar a la clandestinidad, ser invisible en medio de esta organización espectacular y ciega de la visibilidad: basta con hacer una pausa e interrumpir las conexiones, dejar de participar, callarse, dar un paso al margen… Pero esto es lo que hoy nos da pánico, pues el primer recorte se ha realizado hace tiempo en el sujeto, expropiado de la ley de su gravedad, de la violencia de vivir; en suma, vaciado de la tecnología analógica necesaria para dialogar con las sombras que le tejen por dentro. Posiblemente a algo así se refería Sócrates con aquella misteriosa subordinación de la política a la ética. Es preciso mantener a raya el estruendo de Atenas con la sombra común que duerme dentro de cada hombre.
8
Rendirnos a la cobertura de la urgencia, a una velocidad que es la primera arma masiva del sistema, nos quita el suelo de reposo e invisibilidad desde el que podríamos sentir y pensar algo nuevo, decir algo distinto. El número febril de esta personalización en masa siente pánico ante lo cualitativo sin dígito, la inmediatez sin equivalencia. Tal miedo produce una insularización sin precedentes. Al no admitir nada dentro (esa idea fue machacada como una superstición propia de la “ideología alemana”), la conciencia se queda en un mero reflejo individual del imperio del contexto. La revolución sólo puede consistir después en transformar ese contexto, cambiando un imperialismo por otro. ¿No explica esto la americanización del mundo? Gracias, Charles Marx, por ayudarnos a aprender inglés tan rápidamente.
9
Alguien se ha tomado la molestia (Sociedad y barbarie, Ed. Melusina, pp. 30 ss.) de explicar cómo los movimientos antagonistas cayeron pronto en esta trampa letal. El temor de Marx a lo abstracto, a la niebla metafísica o fantasmagoría sensual (Ibíd., p. 26) es el temor al acontecimiento de lo irrepetible, a la potencia común de la individuación. Un temor que nos ha entregado a una cultura que no quiere saber nada de la ambigüedad real. La existencia común se convierte así en el espectro que recorre las afueras, frente al cual derecha e izquierda cierran filas, encerrando a las culturas exteriores (metáfora de lo reprimido entre nosotros) en el estigma del atraso y el despotismo*.
10
Esta huida de la “desconocida raíz común” es la base subjetiva y metafísica del capitalismo como policía social omnipresente, una vigilancia sin vigilantes que apenas necesita cámaras ni agentes. Rancière ha hablado de la política normal como policía y, por el contrario, del acontecimiento político como irrupción de la “parte de los sin parte”. Pero este acontecimiento y su recepción se han vuelto incomprensibles desde el momento en que todos tenemos una identidad asignada en la visibilidad global. En el lenguaje de Badiou, es como si la expansión espectacular de las situaciones le hubiera segado la hierba bajo los pies a cualquier posible acontecimiento. Incluso sentir, vivir y pensar el momento (Llueve) se ha vuelto difícil en esta prisión de mallas virales y paredes interactivas.
Ignacio Castro Rey. Madrid, 18 de noviembre de 2013
* En este aspecto, resulta de una barbarie conceptual impresionante este párrafo –es dudoso que Stalin se atreviese a firmarlo- de “La dominación británica en la India ” (Marx) que César Rendueles, sin escandalizarse mucho, transcribe al comienzo de su Sociofobia. Pasen y vean: “Por muy lamentable que sea desde un punto de vista humano ver cómo se desorganizan y se descomponen en sus unidades integrantes esas decenas de miles de organizaciones sociales laboriosas, patriarcales e inofensivas (…) no debemos olvidar al mismo tiempo que esas idílicas comunidades rurales constituyeron siempre una sólida base para el despotismo oriental; que restringieron el intelecto humano a los límites más estrechos, convirtiéndolo en un instrumento sumiso de la superstición, sometiéndolo a la esclavitud de las reglas tradicionales y privándolo de toda grandeza y de toda iniciativa histórica (…) Bien es verdad que al realizar una revolución social en el Indostán, Inglaterra actuaba bajo el impulso de los intereses más mezquinos, dando pruebas de verdadera estupidez en la forma de imponer esos intereses. Pero no se trata de eso. De lo que se trata es de saber si la humanidad puede cumplir su misión (sic) sin una revolución a fondo en el estado social de Asia. Si no puede, entonces, y a pesar de todos sus crímenes, Inglaterra fue el instrumento inconsciente de la historia al realizar dicha revolución. En tal caso, por penoso que sea para nuestros sentimientos personales el espectáculo de un viejo mundo que se derrumba, desde el punto de vista de la historia tenemos pleno derecho a exclamar con Goethe: ‘¿Quién lamenta los estragos / Si los frutos son placeres? / ¿No aplastó miles de seres / Tamerlán en su reinado?’”. A la vista del favor que Marx hace en este sabroso fragmento a la labor modernizadora de Inglaterra, auténtica mano invisible de la Historia –es de suponer que se diría lo mismo de la misión de EEUU en Irak y Afganistán-, tal vez se entienda mejor esa encuesta de la BBC según la cual Marx es “el pensador del milenio” para los ingleses.
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La condena dictada en el emblemático “Caso Bulacio”,
más allá de lo discutible de la aptitud
reparatoria de la pena impuesta, en virtud del monto exiguo de la misma que
han advertido algunos colectivos militantes, ha confirmado la
inconstitucionalidad flagrante de ciertas prácticas policiales en la Argentina,
en cuanto se encuentran habilitadas para detener personas amparadas en la
eufemística facultad de la “averiguación de antecedentes”.
Walter Bulacio, de 17 años, había sido detenido el 19
de abril de 1991, antes de un recital de los Redonditos de Ricota, junto
a más de 70 jóvenes, en un procedimiento policial realizado en el marco del "Memorando
40", una norma en virtud de la cual, la Policía Federal podía detener a adolescentes
sin necesidad de intervención judicial, aunque los detenidos no hubieran estado
sospechados de la comisión de delito alguno.
La situación no es muy diferente, aún en la
actualidad, en algunas provincias como La Pampa. En otras, como Santa Fe, estas
detenciones ilegales han sido ya decretadas inconstitucionales.
En nuestra Provincia, este tipo de prácticas son encuadras también en la mentada "detención por averiguación de antecedentes", que se aplica recurrentemente, en forma autoritaria, discriminatoria e ilegal, toda vez que a la fecha se encuentra vigente el art. 9 inciso c) de la ley NJF 1064/81, un bando de la dictadura militar que increíblemente rige todavía el accionar uniformado.
El texto establece que es atribución de la Policía
“ detener a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida, en circunstancias que lo justifiquen o cuando se niegue a probar su identidad. La demora o detención no deberá prolongarse más del tiempo indispensable para la identificación, averiguación del domicilio, conducta y medios de vida, sin exceder el plazo de veinticuatro (24) horas;”
Este artículo es el que da sustento a lo que se conoce como un supuesto de detención sin orden judicial en base a lo que se ha denominado la “Averiguación de Identidad”.
La redacción y aplicación de la facultad que utiliza en forma indiscriminada la policía de la Provincia de La Pampa implica una violación a los principios constitucionales de libertad, presunción de inocencia, igualdad ante la ley y judicialidad. Como decíamos, esta facultad policial es ejercida en colisión con expresas prescripciones constitucionales un Estado de Derecho, en el que la privación de libertad y las medidas de coerción que de cualquier manera la afecten deben acotarse a supuestos reglados incompatibles con la construcción unilateral y arbitraria de un estado de sospecha por parte de la fuerza policial.
Las policías, al desenvolverse de esta manera, operan como verdaderas fuerzas de ocupación dentro de la propia sociedad a la que se deben, construyen a priori un “enemigo”, y proceden, en definitiva, como una policía militar, cargada de prejuicios discriminatorios y lógicas binarias que la alejan del declamado objetivo de constituirse en una policía de proximidades o de vecindad.
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En
las cárceles argentinas se encuentran alojadas una gran cantidad de personas, que
evidencian una situación de objetiva indefensión y vulnerabilidad en virtud del padecimiento de
distintos tipos y diferentes grados de discapacidad mental. Tantas, que no
sabemos, a ciencia cierta, cuántas son.
Lo
que sí sabemos, es que este fenómeno supone una violación manifiesta de
derechos humanos, respecto de una multitud de ciudadanos que padecen este tipo
de discapacidades, a las que el Estado, además, revictimiza con el encierro y
la violencia institucional más brutal.
Esto
es particularmente paradójico en un país como Argentina, que no solamente ha
dado pasos de inédita trascendencia en materia de DDHH, sino que además ha
suscripto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y
llevado adelante una política consistente y consecuente en la materia.
La
propia Convención, vale recordarlo, destaca que la discapacidad es un concepto
evolutivo y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y
las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Destaca la
necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con
discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso, y advierte
la vigencia de situaciones que vulneran sus derechos humanos en todas las
partes del mundo.
Tanto
es ello así, que muchos países han arbitrado políticas públicas y
estrategias tendientes a atenuar los procesos vergonzantes de afectación de
derechos de los discapacitados en las cárceles. Podemos recorrer algunas de las experiencias producidas en España, luego de sancionada la Convención.
Una
de ellas, por ejemplo, es la Guía de Intervención para personas con Discapacidad afectas al
Régimen Penal Penitenciario, en España[1].
Por
su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, destaca de manera
enfática: “Podemos afirmar, sin exagerar lo más mínimo, que tras la desaparición
de los “manicomios” en los años 80, las personas allí tratadas han ido
engrosando las estadísticas penitenciarias, convirtiéndose las cárceles en
nuevos almacenes de enfermos mentales. Eso sí, en las prisiones ni se les
trata, ni se les ofrece alternativa, ni se les ayuda a reintegrase en la
sociedad. La penalización de los enfermos mentales y su encarcelación como
única forma de asegurar la seguridad colectiva, cumple hoy la labor de limpieza
social que las leyes de vagos y maleantes cumplieron en el estado totalitario.
Algo que debería ser objeto de profunda reflexión”[2].
En
las Jornadas Estatales sobre atención a Personas con Discapacidad intelectual
en Centros Penitenciarios (Sevilla, 2007)[3]
se ha entendido, en consonancia con el espíritu de la Convención, que “Las
últimas tendencias muestran un interés específico para que, en los supuestos de
delitos cometidos por personas con discapacidad intelectual, dadas sus
características, que los hacen más vulnerables y con especiales dificultades,
éstas puedan no entrar en prisión, aun no concurriendo una eximente”.
“Para ello se propone la creación de un banco de recursos que evite
el internamiento, y la generación de programas sociales como medidas
sustitutivas al ingreso en prisión”.
Como vemos, la situación en España concita una
preocupación real. La situación, en rigor, así lo amerita: “La comunidad
científica considera unánimante que el ambiente penitenciario no es apto para
personas con patologías de este tipo como destaca el estudio que un equipo de médicos elaboró en 2007 para la Unión Europea. Al
menos el 25% de los internos en las cárceles españolas padece una enfermedad
mental, según el mismo Ministerio de Sanidad detalla en la "Estrategia Global de actuación en Salud Mental".
Como ponen de manifiesto los datos analizados para realizar este reportaje,
cada año se registran más de 40 consultas especializadas de psiquiatría cada 100 presos. El análisis de los datos oficiales de la Administración indica
que, de media, el 46% de los ingresos en las enfermerías de los centros
penitenciarios están motivados por una patología psiquiátrica, alrededor de25.000
casos en los últimos tres años. Un médico que acuda a una cárcel española
tiene que atender, en un año, a más de 420 casos de este tipo como promedio. Instituciones
Penitenciarias no conoce
exactamente cuántos enfermos mentales hay en
las cárceles, dónde se ubican o cuántos de ellos fueron declarados
inimputables. Manuel Arroyo Cobo, subdirector general de Coordinación de
Sanidad en Instituciones Penitenciarias, ha reconocido este hecho: "Los
datos que tenemos son estimaciones a partir de los estudios epidemológicos
disponibles". Una carencia que es sólo un eslabón más de la cadena de
errores y lagunas que, impulsada por la escasa voluntad política, condena al
olvido y a la desatención a los presos con problemas de salud mental”[4].
Ahora bien, hecha esta
breve recorrida, y más allá de los programas y demás herramientas estatales que
en los últimos años ha desplegado la Argentina, insistimos que se desconoce la
magnitud del problema, que psiquiatras y jueces siguen ignorando la condición
de discapacidad de una masa indeterminada de presos, que esas personas son
doblemente victimizadas, su cautiverio constituye una forma iatrogénica de
agravamiento de sus condiciones de detención, y una flagrante violación a la
letra de la Convención y el paradigma de la Constitución.
Por si esto fuera poco,
muchas de estas personas terminan libradas al poder unilateral y omnímodo de
una fuerza militarizada que ha hecho pocos o ningún esfuerzo para
democratizarse durante los últimos 30 años de estabilidad institucional. Otros, los menos afortunados, son extraditados a cientos de kilómetros de sus lugares de origen, sin visitas,
abordajes efectivos y respeto de los derechos que la propia normativa
internacional e interna le garantizan.
Si esto fuera
efectivamente así, qué duda podría quedar que se está frente a una práctica
sistemática de persecución, degradación y exterminio de uno de los sectores más
vulnerables de la sociedad? Por ende, correspondería indagar también si las agencias estatales argentinas son conscientes de su responsabilidad.
[2] “Enfermos mentales en las
prisiones ordinarias: un fracaso de la sociedad del bienestar”, Informe de
febrero de 2007, disponible en http://www.derechopenitenciario.com/comun/fichero.asp?id=1374
[4] El Confidencial, edición digital del 22 de julio de 2013,
disponible en http://www.elconfidencial.com/sociedad/2013/07/07/enfermos-mentales-invisibles-tras-las-rejas-124423
