Por Ignacio Castro Rey.

“A menudo me parece que muchos de los más importantes poemas del siglo XX pudieran ser los más fraternales que jamás se hayan escrito. De ser así, esto nada tiene que ver con consignas políticas. Se aplica a Rilke, que era apolítico; a Borges, que era reaccionario; y a Hikmet, que toda su vida fue comunista”. John Berger
  
Todo lo que ocurre en la vida, individual y colectiva, es escandalosamente local: recordemos la muerte del pequeño tendero tunecino que desencadena la revuelta en los países árabes. Así es siempre, pues los individuos y las naciones viven en una especie de epicentro real (absoluto local, decía Deleuze) del cual todo movimiento visible es solamente una “réplica” posterior, como ocurre con los seísmos. Lo común, la comunidad surge siempre de una manera efímera, a veces insignificante.


Unacomunidad nace del acontecimiento de un encuentro, con o sin motivo de un antagonismo, pero un encuentro casi siempre contingente.
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Si queremos recuperar una comunidad sin la cual es imposible hacer nada, tampoco elcuidado no doméstico de los otros, ni siquiera el cuidado (no narcisista) de sí, es necesario recuperar la fuerza de la referencia real, una vida inmediata (aquí, ahora) imposible de reproducir en el mito de la transparencia informativa, en el plano transitivo de la cultura o de la sociedad del conocimiento. ¿Lo local es una especie de multitud en acto? Cuando escuchó por vez primera Light my fire, Patti Smith tuvo que detener su coche. Sólo para percibir, es necesario pararse en cada momento crucial, sustraerse a la banalidad de un intercambio generalizado que nos anestesia; que desactiva nuestra autonomía, incluso cuando se presenta como algo alternativo.
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Vivimos insertos, valga la expresión, en la corrupción estructural de la interactividad. Somos los nudos de una malla gigantesca, un conductismo de cien alternativas diarias, cristalizadas en el juego de mayorías y minorías. Izquierda Unida interpela al gobierno por lo que ha publicado El País, que a su vez publica unos documentos “a los que ha tenido acceso”. Etcétera. Información y movilización, acción y reacción, estímulo y respuesta: el parque humano ya no necesita normas explícitas porque la normativa se limita a cabalgar los incesantes eventos que surgen de un cuerpo social tan gigantesco como endogámico. El capitalismo vive en una sociedad que es “abierta” porque se cierra en cada punto, allí donde asoma cualquier promesa de exterior.
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Si hubiese un registro creíble de la famosa “teoría de la conspiración” sería éste: las grandes corporaciones, los poderes mundiales, la sociedad entera no quieren que nadie esté a solas, que nadie interrumpa la comunicación para pensar y vivir según el diablo de su sombra. Dios ha muerto, vida el nuevo dios. De hecho, fijémonos, todas las películas de terror (también Gravity) comienzan con una interrupción de las comunicaciones. De ahí que los múltiples momentos de espera (al teléfono, en el metro, en cualquier cola numerada), en medio de nuestro “arresto domiciliario en el mañana”, estén entretenidos con pantallas y temas musicales. Una banda audiovisual acompaña nuestro encierro haciéndolo polimorfo, de paredes tan flexibles como el tono de cada franja horaria.
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Peces y redes. ¿Vivimos en una piscifactoría tejida por miles de conexiones? La imaginación ha llegado al poder con esta prisión rizomática de chips rfid, una trama numérica que es curiosamente analógica de la adorable multiplicidad de la hierba. Por eso nuevo fetichismo tecnológico tiene un aire ecológico. Cada uno de nosotros siente mimado su narcisismo al verse personalizado en esta vibración universal. Es difícil no relacionar tal bloqueo interactivo con el éxito de las tecnologías de moda, las redes sociales y la multiplicación de las comunicaciones. ¿Cuál es el nombre de esta mutación antropológica que no se conseguiría sin la alianza profunda de derecha e izquierda? ¿Sedentarismo portátil? ¿Nomadismo masivo?
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Atreverse a no ser visible, sin miedo a la marginalidad social que es el gran fantasma de la época. Buscar “vacuolas de no comunicación” (Deleuze) desde la que sea aún posible sentir algo exterior a la providencia informativa, sea mayoritaria o minoritaria. Pero estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para nada, menos aun para pararnos. El real time supone de hecho la liquidación espacial, de ahí que use constantemente las metáforas de sus restos: portalsitiomuroperfilpestaña… Entre lo que nos llega por Internet, a través del móvil o Facebook, y lo que nos invade con la televisión o el periódico, apenas tenemos tiempo de sentir por cuenta propia, de vivir y pensar con las percepciones del entorno. Con los amigos no hacemos después otra cosa que darle vueltas a lo que ya hemos compartido en los jajaja incansables del encadenamiento global.
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Y lo que está en peligro no es precisamente la privacidad individual. Al contrario, esto es lo que está blindado por doquier. Es la experiencia común la que está por todas partes cercada. Mi cuerpo, mi blog, mi piso, mi perfil, mi currículo, mis historias de pareja. Se ha dicho cien veces: nuestra espectacular movilidad es la de la indiferencia, la que tritura a diario cien mensajes, sean mayoritarios o alternativos. La izquierda participa de lleno en este “integrismo del vacío” propio de la cultura capitalista, en el nihilismo de la conexión perpetua. Tanto la economía como la tecnología tienen la misma lógica aséptica de la neutralización: aislamiento y conexión, narcisismo y socialización, obediencia y espectáculo. Parálisis de la acción: libertad obscena en la expresión. No hay ganancia sin pérdida, la vida común es así de terca: la multiplicación de las conexiones arrastra una caída en picado de las decisiones.
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Nunca ha sido tan fácil liberarse, pasar a la clandestinidad, ser invisible en medio de esta organización espectacular y ciega de la visibilidad: basta con hacer una pausa e interrumpir las conexiones, dejar de participar, callarse, dar un paso al margen… Pero esto es lo que hoy nos da pánico, pues el primer recorte se ha realizado hace tiempo en el sujeto, expropiado de la ley de su gravedad, de la violencia de vivir; en suma, vaciado de la tecnología analógica necesaria para dialogar con las sombras que le tejen por dentro. Posiblemente a algo así se refería Sócrates con aquella misteriosa subordinación de la política a la ética. Es preciso mantener a raya el estruendo de Atenas con la sombra común que duerme dentro de cada hombre.
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Rendirnos a la cobertura de la urgencia, a una velocidad que es la primera arma masiva del sistema, nos quita el suelo de reposo e invisibilidad desde el que podríamos sentir y pensar algo nuevo, decir algo distinto. El número febril de esta personalización en masa siente pánico ante lo cualitativo sin dígito, la inmediatez sin equivalencia. Tal miedo produce una insularización sin precedentes. Al no admitir nada dentro (esa idea fue machacada como una superstición propia de la “ideología alemana”), la conciencia se queda en un mero reflejo individual del imperio del contexto. La revolución sólo puede consistir después en transformar ese contexto, cambiando un imperialismo por otro. ¿No explica esto la americanización del mundo? Gracias, Charles Marx, por ayudarnos a aprender inglés tan rápidamente.
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Alguien se ha tomado la molestia (Sociedad y barbarie, Ed. Melusina, pp. 30 ss.) de explicar cómo los movimientos antagonistas cayeron pronto en esta trampa letal. El temor de Marx a lo abstracto, a la niebla metafísica o fantasmagoría sensual (Ibíd., p. 26) es el temor al acontecimiento de lo irrepetible, a la potencia común de la individuación. Un temor que nos ha entregado a una cultura que no quiere  saber nada de la ambigüedad real. La existencia común se convierte así en el espectro que recorre las afueras, frente al cual derecha e izquierda cierran filas, encerrando a las culturas exteriores (metáfora de lo reprimido entre nosotros) en el estigma del atraso y el despotismo*.
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Esta huida de la “desconocida raíz común” es la base subjetiva y metafísica del capitalismo como policía social omnipresente, una vigilancia sin vigilantes que apenas necesita cámaras ni agentes. Rancière ha hablado de la política normal como policía y, por el contrario, del acontecimiento político como irrupción de la “parte de los sin parte”. Pero este acontecimiento y su recepción se han vuelto incomprensibles desde el momento en que todos tenemos una identidad asignada en la visibilidad global. En el lenguaje de Badiou, es como si la expansión espectacular de las situaciones le hubiera segado la hierba bajo los pies a cualquier posible acontecimiento. Incluso sentir, vivir y pensar el momento (Llueve) se ha vuelto difícil en esta prisión de mallas virales y paredes interactivas.
Ignacio Castro Rey. Madrid, 18 de noviembre de 2013
* En este aspecto, resulta de una barbarie conceptual impresionante este párrafo –es dudoso que Stalin se atreviese a firmarlo- de “La dominación británica en la India ” (Marx) que César Rendueles, sin escandalizarse mucho, transcribe al comienzo de su Sociofobia. Pasen y vean: “Por muy lamentable que sea desde un punto de vista humano ver cómo se desorganizan y se descomponen en sus unidades integrantes esas decenas de miles de organizaciones sociales laboriosas, patriarcales e inofensivas (…) no debemos olvidar al mismo tiempo que esas idílicas comunidades rurales constituyeron siempre una sólida base para el despotismo oriental; que restringieron el intelecto humano a los límites más estrechos, convirtiéndolo en un instrumento sumiso de la superstición, sometiéndolo a la esclavitud de las reglas tradicionales y privándolo de toda grandeza y de toda iniciativa histórica (…) Bien es verdad que al realizar una revolución social en el Indostán, Inglaterra actuaba bajo el impulso de los intereses más mezquinos, dando pruebas de verdadera estupidez en la forma de imponer esos intereses. Pero no se trata de eso. De lo que se trata es de saber si la humanidad puede cumplir su misión (sic) sin una revolución a fondo en el estado social de Asia. Si no puede, entonces, y a pesar de todos sus crímenes, Inglaterra fue el instrumento inconsciente de la historia al realizar dicha revolución. En tal caso, por penoso que sea para nuestros sentimientos personales el espectáculo de un viejo mundo que se derrumba, desde el punto de vista de la historia tenemos pleno derecho a exclamar con Goethe: ‘¿Quién lamenta los estragos / Si los frutos son placeres? / ¿No aplastó miles de seres / Tamerlán en su reinado?’”. A la vista del favor que Marx hace en este sabroso fragmento a la labor modernizadora de Inglaterra, auténtica mano invisible de la Historia –es de suponer que se diría lo mismo de la misión de EEUU en Irak y Afganistán-, tal vez se entienda mejor esa encuesta de la BBC según la cual Marx es “el pensador del milenio” para los ingleses.

La condena dictada en el emblemático “Caso Bulacio”, más allá de lo discutible de la aptitud reparatoria de la pena impuesta, en virtud del monto exiguo de la misma que han advertido algunos colectivos militantes, ha confirmado la inconstitucionalidad flagrante de ciertas prácticas  policiales en la Argentina, en cuanto se encuentran habilitadas para detener personas amparadas en la eufemística facultad de la “averiguación de antecedentes”.
Walter Bulacio, de 17 años, había sido detenido el 19 de abril de 1991, antes de un recital de los  Redonditos de Ricota, junto a más de 70 jóvenes, en un procedimiento policial realizado en el marco del "Memorando 40", una norma en virtud de la cual, la Policía Federal podía detener a adolescentes sin necesidad de intervención judicial, aunque los detenidos no hubieran estado sospechados de la comisión de delito alguno.

La situación no es muy diferente, aún en la actualidad, en algunas provincias como La Pampa. En otras, como Santa Fe, estas detenciones ilegales han sido ya decretadas inconstitucionales.

En nuestra Provincia, este tipo de prácticas son encuadras también en la mentada "detención por averiguación de antecedentes", que se aplica recurrentemente, en forma autoritaria, discriminatoria e ilegal, toda vez que a la fecha se encuentra vigente el art. 9 inciso c) de la ley NJF 1064/81, un bando de la dictadura militar que increíblemente rige todavía el accionar uniformado.
El texto establece que es atribución de la Policía “ detener a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida, en circunstancias que lo justifiquen o cuando se niegue a probar su identidad. La demora o detención no deberá prolongarse más del tiempo indispensable para la identificación, averiguación del domicilio, conducta y medios de vida, sin exceder el plazo de veinticuatro (24) horas;” 
Este artículo es el que da sustento a lo que se conoce como un supuesto de detención sin orden judicial en base a lo que se ha denominado la “Averiguación de Identidad”.

 La redacción y aplicación de la facultad que utiliza en forma indiscriminada la policía de la Provincia de La Pampa implica una violación a los principios constitucionales de libertad, presunción de inocencia, igualdad ante la ley y judicialidad. Como decíamos, esta facultad policial es ejercida en colisión con expresas prescripciones constitucionales un  Estado de Derecho, en el que la privación de libertad y las medidas de coerción que de cualquier manera la afecten deben acotarse a supuestos reglados incompatibles con la construcción unilateral y arbitraria de un estado de sospecha por parte de la fuerza policial.
Las policías, al desenvolverse de esta manera, operan como verdaderas fuerzas de ocupación dentro de la propia sociedad a la que se deben, construyen a priori un “enemigo”, y proceden, en definitiva, como una policía militar, cargada de prejuicios discriminatorios y lógicas binarias que la alejan del declamado objetivo de constituirse en una policía de proximidades o de vecindad.



En las cárceles argentinas se encuentran alojadas una gran cantidad de personas, que evidencian una situación de objetiva indefensión y vulnerabilidad en virtud del padecimiento de distintos tipos y diferentes grados de discapacidad mental. Tantas, que no sabemos, a ciencia cierta, cuántas son.
Lo que sí sabemos, es que este fenómeno supone una violación manifiesta de derechos humanos, respecto de una multitud de ciudadanos que padecen este tipo de discapacidades, a las que el Estado, además, revictimiza con el encierro y la violencia institucional más brutal.
Esto es particularmente paradójico en un país como Argentina, que no solamente ha dado pasos de inédita trascendencia en materia de DDHH, sino que además ha suscripto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y llevado adelante una política consistente y consecuente en la materia.

La propia Convención, vale recordarlo, destaca que la discapacidad es un concepto evolutivo y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Destaca la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso, y advierte la vigencia de situaciones que vulneran sus derechos humanos en todas las partes del mundo.

Tanto es ello así, que muchos países han arbitrado políticas públicas y estrategias tendientes a atenuar los procesos vergonzantes de afectación de derechos de los discapacitados en las cárceles. Podemos recorrer algunas de las experiencias  producidas en España, luego de sancionada la Convención.
Una de ellas, por ejemplo, es la Guía de Intervención para  personas con Discapacidad afectas al Régimen Penal Penitenciario, en España[1].
Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, destaca de manera enfática: “Podemos afirmar, sin exagerar lo más mínimo, que tras la desaparición de los “manicomios” en los años 80, las personas allí tratadas han ido engrosando las estadísticas penitenciarias, convirtiéndose las cárceles en nuevos almacenes de enfermos mentales. Eso sí, en las prisiones ni se les trata, ni se les ofrece alternativa, ni se les ayuda a reintegrase en la sociedad. La penalización de los enfermos mentales y su encarcelación como única forma de asegurar la seguridad colectiva, cumple hoy la labor de limpieza social que las leyes de vagos y maleantes cumplieron en el estado totalitario. Algo que debería ser objeto de profunda reflexión”[2].
En las Jornadas Estatales sobre atención a Personas con Discapacidad intelectual en Centros Penitenciarios (Sevilla, 2007)[3] se ha entendido, en consonancia con el espíritu de la Convención, que “Las últimas tendencias muestran un interés específico para que, en los supuestos de delitos cometidos por personas con discapacidad intelectual, dadas sus características, que los hacen más vulnerables y con especiales dificultades, éstas puedan no entrar en prisión, aun no concurriendo una eximente”.
“Para ello se propone la creación de un banco de recursos que evite el internamiento, y la generación de programas sociales como medidas sustitutivas al ingreso en prisión”.
                                 Como vemos, la situación en España concita una preocupación real. La situación, en rigor, así lo amerita: “La comunidad científica considera unánimante que el ambiente penitenciario no es apto para personas con patologías de este tipo como destaca el estudio que un equipo de médicos elaboró en 2007 para la Unión Europea. Al menos el 25% de los internos en las cárceles españolas padece una enfermedad mental, según el mismo Ministerio de Sanidad detalla en la "Estrategia Global de actuación en Salud Mental". Como ponen de manifiesto los datos analizados para realizar este reportaje, cada año se registran más de 40 consultas especializadas de psiquiatría cada 100 presos. El análisis de los datos oficiales de la Administración indica que, de media, el 46% de los ingresos en las enfermerías de los centros penitenciarios están motivados por una patología psiquiátrica, alrededor de25.000 casos en los últimos tres años. Un médico que acuda a una cárcel española tiene que atender, en un año, a más de 420 casos de este tipo como promedio. Instituciones Penitenciarias no conoce exactamente cuántos enfermos mentales hay en las cárceles, dónde se ubican o cuántos de ellos fueron declarados inimputables. Manuel Arroyo Cobo, subdirector general de Coordinación de Sanidad en Instituciones Penitenciarias, ha reconocido este hecho: "Los datos que tenemos son estimaciones a partir de los estudios epidemológicos disponibles". Una carencia que es sólo un eslabón más de la cadena de errores y lagunas que, impulsada por la escasa voluntad política, condena al olvido y a la desatención a los presos con problemas de salud mental”[4].
Ahora bien, hecha esta breve recorrida, y más allá de los programas y demás herramientas estatales que en los últimos años ha desplegado la Argentina, insistimos que se desconoce la magnitud del problema, que psiquiatras y jueces siguen ignorando la condición de discapacidad de una masa indeterminada de presos, que esas personas son doblemente victimizadas, su cautiverio constituye una forma iatrogénica de agravamiento de sus condiciones de detención, y una flagrante violación a la letra de la Convención y el paradigma de la Constitución.
Por si esto fuera poco, muchas de estas personas terminan libradas al poder unilateral y omnímodo de una fuerza militarizada que ha hecho pocos o ningún esfuerzo para democratizarse durante los últimos 30 años de estabilidad institucional. Otros, los menos afortunados, son extraditados a cientos de kilómetros de sus lugares de origen, sin visitas, abordajes efectivos y respeto de los derechos que la propia normativa internacional e interna le garantizan.
Si esto fuera efectivamente así, qué duda podría quedar que se está frente a una práctica sistemática de persecución, degradación y exterminio de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad? Por ende, correspondería indagar también si  las agencias estatales argentinas son conscientes de su responsabilidad. 

Así como están, probablemente, para nada. Quizás para ratificar el poder simbólico del positivismo decimonónico, profundizar la discriminación y acompañar un sistema de creencias sociales compatible con separaciones cada vez más rígidas entre lo permitido y lo prohibido, entre lo público y lo privado. La lógica regresiva del capitalismo hecho códigos. Cualquiera que lea el Código de Faltas de la Provincia de La Pampa (el mismo que promueve la "represión judicial" de los infractores, mantiene un esquema inquisitivo, acepta la publicidad de los juicios a menos que "motivos de moralidad u orden público aconsejaren lo contrario", )seguramente coincidirá, no sin demasiado esfuerzo, con estas apreciaciones iniciales.

Nuestra legislación viene precedida de fetiches y especulaciones ficticias, y por eso incurre en excesos casuísticos, errores de técnica legislativa relevantes y violaciones constitucionales múltiples.


La historia reciente de estos códigos en el país, remite inexorablemente a una norma de convivencia que rigió para la CABA, y que llevaba la impronta inconfundible y superadora del pensamiento zaffaroniano.

Puesto a pensar en qué postular para sortear las gramáticas increíbles de nuestros catálogos contravencionales, puedo reflexionar apresuradamente en la necesidad de impulsar reformas  que impliquen la modificación integral de estos viejos esquemas, por sistemas superadores de composición y restauración ante las "faltas y contravenciones", mediante procedimientos más ágiles, profundamente ajustados al paradigma de la Constitución. Esto implica desarraigar el fetiche de que los Juzgados de Faltas se justifican porque las pequeñas contravenciones constituyen la antesala o la escala previa para la comisión de los más graves delitos y sustituirlo por el paradigma de la responsabilidad social para la convivencia armónica y pacífica. Esa especulación, que carece de la más mínima verificación empírica, se ha incorporado al módico arsenal discursivo de los estados y no hace más que contribuir a la profundización de la violencia estatal (y por ende, social), en situaciones donde el avenimiento, la composición y la restauración frente a estas situaciones problemáticas, implicaría un salto de calidad institucional y una alternativa superadora de convivencia democrática. Esos nuevos modelos (que no son un patrimonio exclusivo de los argentinos: el Ayuntamiento de Barcelona acaba de multar con 180 euros a un indigente por dormir en la vía pública, en una respuesta propia del predominio político neoconervador) , deberían contar con el protagonismo activo y directo de los municipios y las comunidades, con quienes sería deseable establecer acuerdos formales para la puesta en práctica focalizada de estas estrategias, de conformidad con las problemáticas que acontezcan en cada localidad. Resulta difícil concebir,a esta altura, la existencia de códigos como el nuestro, que penalizan  con multa de hasta treinta (30) días o arresto de hasta diez (10) días a  los empresarios y directores de entidades deportivas cuando en un match o justa  sustituyan a los atletas o jugadores que por renombre puedan determinar la asistencia del público, sin hacerlo saber con la debida antelación y a los que perturben el orden de las filas formadas para la adquisición de las entradas o para el ingreso al lugar donde se desarrollará el espectáculo deportivo o su egreso.
Entre las funciones simbólicas de la cárcel, podemos incluir seguramente la reproducción de sensaciones públicas respecto del delito.
La Encuesta de Seguridad Pública de Cataluña correspondiente al año 2002, revelaba que un alto porcentaje de los encuestados decía sentir preocupación por la mayor cantidad de personas en prisión.

No es necesario tomar en cuenta referencias tan lejanas para comenzar a indagar a la cárcel como productora y reproductora de inseguridad. 
En realidad, pareciera que no hay estudios de este tipo en el país en su conjunto, pese a la indudable importancia de los mismos al momento de articular políticas públicas. 
En este caso, solamente hemos registrado opiniones, apelaciones al imaginario, invocaciones genéricas o afirmaciones en cualquier sentido, que no remiten a investigaciones etnográficas previas, y que seguramente deberán complementarse y actualizarse dialécticamente con exploraciones análogas a futuro.



* “Coca” es jubilada de la administración pública Provincial. Vive en una vivienda ubicada a unos cincuenta metros de la Unidad Penitenciaria N° 9, de la ciudad de La Plata. El barrio que circunda el penal muestra una homogeneidad que se resiente únicamente tras los muros que dan a la calle….Se trata de un colectivo densamente poblado, de casas bajas. Se advierte que los niños juegan solos en la vereda, muchos autos particulares son dejados todas las noches en la calle por los vecinos, y a 100 metros de los muros nadie podría suponer, a priori, que en medio del lugar se halla enclavada una cárcel. Frente a la misma, un pequeño local comercial que expende vituallas, tiene colgado un cartel de cartón escrito a mano que promociona viajes desde y hacia el conurbano para los familiares de los reclusos. En los alrededores del edificio, coexisten las pintadas contra el SPB y las de “La 22”, la barra de Gimnasia y Esgrima La Plata.
Encontramos a Coca en una esquina, mi compañero se presentó brevemente, le explicó que estábamos llevando a cabo una investigación (en verdad, durante ese primer día nuestro objetivo era únicamente recorrer y conocer el lugar), y nuestra respectivas profesiones.
Nuestra entrevistada se muestra dispuesta al diálogo, y hasta muy avanzada la conversación no atina a preguntar, en detalle, quiénes somos y qué hacemos. Dice que la presencia cercana de la prisión no le da mayor seguridad, porque “inseguridad hay en todos lados”, que a ella “gracias a Dios” nunca le pasó nada, pero sabe que a un comerciante de la zona le han robado tres veces. Que esos negocios son lugares adonde van los familiares de los reclusos en los días de visita y también los penitenciarios. No se explica cómo habiendo personal en los muros nadie hace nada para impedir esos robos. Es interesante esta primera asimilación que hace entre las fuerzas de seguridad, que en principio podría a nosotros parecernos indiscriminada, pero es evidente que a ella los guardias del servicio le remiten a la obligación de proveer seguridad.
La silueta de la cárcel le resulta indiferente, la tiene totalmente incorporada y -desde sus intuiciones- no encuentra mayores diferencias entre la prisión y - por ejemplo- “un colegio” situado en las inmediaciones. Es decir que, desde lo simbólico, la arquitectura penitenciaria no modifica en absoluto ni sus percepciones ni sus rutinas.
Sí, en cambio, y en un quiebre muy notable -el primero- destaca que no transita por 76 ni por el lugar por donde ingresan internos, porque “una vez venía con su nietito y pasó cerca de un micro que transportaba internos y las voces que escuchó le dieron mucho miedo”: “adónde nos llevan!”, escuchó entre otras cosas en esa oportunidad. Relata que atinó a taparle los oídos al niños, “porque era muy chiquito”, y “para que no escuchara esas cosas”.
En una oportunidad, cuando el pequeño le preguntó “qué era eso”, refiriéndose a la cárcel, cuenta que le contestó: “ese es un lugar donde están todas las personas malas”.
En este tramo del diálogo se advierte una tendencia a unificar y ratificar su distancia -también- hacia los familiares de los internos “por los problemas que esa gente debe tener”.
Lo que sí admite, es que por las noches, desde el baño de su casa, se escuchan ruidos de portones o puertas que se cierran en la cárcel y eso “le da impresión”.
Que tuvo mucho temor, ella y su familia, durante sendos motines que hubo ya hace muchos años. Incluso, en una de esas oportunidades, se fue a vivir a la casa de un familiar mientras duró esa incidencia.
Que “al barrio lo hicieron los vecinos”, ya que vinieron “cuando la cárcel ya estaba construida. Coca hace 40 años que vive en la misma casa y se empeña en demostrar que conoce a todos los vecinos del lugar. Cree que si uno se decidió a vivir en el barrio existiendo ya el presidio, “no puede decir que tiene miedo”.
Sin que se le preguntara dice que cuando sintieron un miedo único, e irrepetible, fue durante la época de la dictadura, ya que veía cómo trasladaban a la Unidad a los presos políticos, veía a los helicópteros que pasaban a baja altura, los soldados que gritaban.
A lo largo de toda la entrevista se nota una suerte de desagregación entre sus reflexiones sobre la prisión en sí, a la que naturaliza y hasta subalterniza (“cuando paso por ahí en el auto es como si pasara por cualquier otro edificio”), y sus sensaciones cuando “humaniza” la cárcel. Los ruidos nocturnos, las voces de los internos, los robos a un comerciante cercano, los motines, la presencia de los familiares de los presos, y sobre todo la represión ilegal durante el proceso, le resultan datos significativos, que relata espontáneamente.
En síntesis, no es tanto el muro desde lo simbólico cuanto la dinámica carcelaria, la aproximación a “lo humano” de la misma, lo que la moviliza y le hace experimentar temor o “impresión”, según el caso.
* A pocos metros de la Unidad 9, sobre la calle que desemboca en la propia entrada del penal, durante el inicio de nuestra segunda jornada en el campo nos encontramos con un vecino, al que llamaremos “N”, ya que no atinamos a preguntar su nombre. Cuando lo vimos, apoyado a media mañana sobre un tapial de una casa de aspecto humilde y algo antiguo, carente de rejas u otras barreras protectivas, decidimos aproximarnos a él y de inmediato presentarnos. Le proporcionamos nuestros nombres, nuestras respectivas profesiones y el objetivo de nuestra visita. Se trataba de un hombre robusto, mayor adulto, de actitud melancólica aunque ciertamente amable y dispuesta. Nos tendió la mano de manera solícita y comenzó a hablar él mismo, de forma espontánea. Contó que hacía cincuenta y tres años que vivía en la misma casa. Que cuando llegó al barrio la cárcel todavía no estaba construida. Que el barrio es muy tranquilo, que la cárcel no le ocasiona ningún problema. El único episodio en contrario que recuerda es una revuelta “cuando se habían levantado todos los presos de todas las cárceles”, que no ubica ni precisa en el tiempo, aunque refiere que pasó “hace mucho”. Que tampoco se siente más seguro por la presencia de los guardias, porque “quien tiene la función de darnos seguridad es la policía y no el Servicio Penitenciario”, en una exhibición de clara delimitación de roles institucionales. Que sabe que a un comerciante que tiene un quiosco a la vuelta, en la esquina, lo han robado cuatro veces (se trataba del mismo comercio al que hacía referencia Coca). Que los días de visita los familiares dejan sus vehículos cerca de su casa, pero que eso no le ocasiona ningún inconveniente, ni le causa ninguna prevención. Que los demás robos que conoce por mentas en el barrio - nombra el caso de un medidor de gas de un vecino- son producto del accionar de jóvenes que ubica como provenientes de un barrio cadenciado cercano (en rigor, dice inicialmente “villa”), pero no los vincula con los familiares. No menciona haber sido él víctima de un delito. Que no escucha ruidos del interior de la cárcel. Que entró a la cárcel en una sola oportunidad, “cuando era chico”, hasta la oficina de ingresos, a traer o llevar pan, pero nunca más.
Nos cuenta que desde hace más de un año está sin trabajo, que no consigue nada. Que durante mucho tiempo manejó camiones y últimamente taxis. Que en la última oportunidad en que fue a renovar el carnet no pasó el examen psicofísico y le dijeron que lo iban a llamar para hacerle una junta médica. Luce muy preocupado, triste, por esta situación. Dice que en varias oportunidades fue nuevamente a averiguar sobre su situación y no obtuvo respuestas (“me tuvieron a las vueltas más de un año”).
* A cincuenta metros de la Unidad tiene su negocio de venta de productos de limpieza y plásticos varios Jorge, un señor de más de 50 años, que vive fuera del barrio pero hace ya algunos años que ejerce el comercio en esa zona (conociendo la existencia de la cárcel). Ingresamos al local, nos presentamos y le dijimos cuál era nuestro objetivo. Desde el inicio, la conversación fue sumamente amena (tal vez, porque mencionamos que proveniamos del Ministerio de Justicia; luego nos diría que sus hijos están vinculados al ámbito judicial), y nuestro entrevistado fue proporcionando una cantidad de datos que intentaremos consignar.
Nos dice que él conoce que gente del barrio tiene prevenciones respecto de la cárcel, pero que no es su caso. Destaca inicialmente la presencia masiva de familiares durante los días de visitas al penal.
Muchas de esas personas, a las que califica de “cascarrabias” o “mal llevadas”, por sus modales, pasan a comprar algún producto de limpieza para llevar a los internos. Dice que se da cuenta, por el aspecto, que no son gente del ambiente. Que si bien “a estos tipos dan ganas de agarrarlos del cogote” (la referencia, aunque explícita, no parece sino figurada), “debe ser muy triste estar ahí”, o “tener un hijo ahí”. La noción de “hijo” se reitera en varios de sus aportes. Nos cuenta que tiene dos hijos profesionales, exitosos. Que para él, “la cárcel es un mundo aparte”. “Que, por supuesto, si pudiera evitar que esa gente pasara por ahí, mucho mejor”. Hay una circunstancia interesante que relata, que tiene que ver con la forma que los familiares utilizan para llevarse las tortas que los reclusos les preparan. “Las llevan en la mano, como un trofeo”. En todos estos años “solamente dos personas le pidieron cajas para guardar las tortas. El resto, sube a los micros que los llevan de vuelta con las tortas en la mano”. “Los micros”, son los ómnibus que, según nos cuenta, llevan a los familiares al conurbano.
Respecto de la inseguridad en el barrio, cuenta -también él- que conoce a un comerciante de la zona, que tiene un kiosco, al que lo robaron varias veces.
* En la tercera oportunidad en que salimos a caminar las zonas aledañas a la Unidad 9, elegimos a una señora mayor que transitaba en dirección opuesta a la nuestra, con una bolsa vacía de mercaderías en la mano, sobre la vereda en la que se encuentra la entrada principal del penal. Parecía ir de compras por el barrio. Nos aproximamos a ella, nos presentamos en la misma forma en que lo veníamos haciendo, y le intentamos explicar nuestro cometido. Ella se ve como incómoda, en ningún momento sostiene la mirada, balbucea algo así como “yo nunca tuve problemas acá”, y se tiende a alejar. La saludamos, le agradecemos, y continuamos con la recorrida.
* A pocos metros de allí, se encuentra, en una esquina, un quiosco que, intuimos, podría ser el comercio que aparece recurrentemente en los relatos de los vecinos.
Entramos al local. Desde atrás de un mostrador, nos atiende Eduardo, un joven de alrededor de treinta años, que dice ser empleado en el comercio. Se muestra predispuesto al diálogo, y sus respuestas son pormenorizadas y en muchos momentos remiten a historias de vida.
Dice que la cárcel enfrente del local no le significa nada especial, que la tiene incorporada. Relata que su novia trabaja en el penal. Y comienza a contar detalladamente una serie de impresiones vinculadas a los cambios que en el paisaje urbano determina la presencia de los familiares de los reclusos durante los días de visita. En ese momento, ingresa un guardia penitenciario, toma un agua, se la muestra y le dice que la anote a su nombre. “Está bien”, responde Eduardo, y lo saluda. Expresa que “lo conmueve” ver esa cantidad de gente humilde que desde la noche anterior “acampa” a la intemperie, a la espera de lograr ingresar rápidamente a la visita el día siguiente. Con frío, con calor, ve que los visitantes, chicos, bebés, mujeres, vienen con sus viandas, que es lógico que ese flujo de personas disemine algunos objetos tales como pañales o sobrantes de alimentos, en las calles y veredas. Que es toda gente que hace un gran sacrificio. Cuenta que vivió en Córdoba, en Merlo. Y que en Merlo veía a una señora “con unas várices como mi dedo gordo” que todos los días de visita iba a encontrarse con un hijo preso alojado en la cárcel de Campana.
Que, efectivamente, ese quiosco es el comercio al que robaron tres veces, dos mientras estaba el dueño atendiendo y una tercera en que se encontraba otro empleado detrás del mostrador.
Que él fue víctima de dos robos, aunque no en la ciudad de La Plata, pero que superó sin demasiadas dificultades esos trances. En dos oportunidades dice tener hijos, y piensa que “los pibes se pueden equivocar”. “Ellos creen que están haciendo las cosas bien y por ahí se equivocan”, señala para retomar su relato sobre los familiares que, reitera, lo conmueven.
Salimos del local y cruzamos la calle hasta la vereda perimetral de la cárcel. Volvimos a pasar por la entrada del penal y decidimos rodearlo. Frente al muro trasero hay un barrio de monoblocks de dos pisos, los mismos que habíamos visto días antes con niños jugando y autos con bidones en el techo, en inequívoca señal de ofrecimiento para la venta. Vimos un señor de unos 40 o 50 años, pelo corto, jogging, que limpiaba un Peugeot 404 en el verde que hace las veces de parque de los edificios. Nos acercamos. Sin mirarnos, percibe nuestra presencia, cierra el auto con llave presurosamente y, mientras intentábamos explicarle el motivo de nuestra presencia, nos contesta “no quiero saber nada”.
Quiero agradecer a Martín Oyarzun, mi compañero de trabajo, sin cuya colaboración, experiencia y el salto cualitativo de su mirada antropológica, esta experiencia embrionaria no habría podido realizarse. 
 “Los medios de comunicación, por consiguiente, permiten la información y la formación de la opinión pública. Han asumido la función de foros de exposición y debate de los principales problemas sociales: seleccionan los acontecimientos que se van a convertir en noticias (fijan qué es conflicto noticiable, cómo y con qué contenido debe ser presentado) y, a continuación, establecen las noticias que serán objeto de discusión social. Fomentan este debate a través de artículos de opinión y editoriales que presentan diversos enfoques y perspectivas de análisis y solución de un problema. Proponen medidas para solventarlo con la categoría de expertos. Los medios de comunicación son auténticos agentes de control social que reconocen y delimitan el «problema social» al mismo tiempo que generalizan enfoques, perspectivas y actitudes ante un conflicto”[1]

Así como la detección de variables criminológicas mediante metodologías cualitativas es, por así decirlo, incipiente en la Argentina, la determinación de las percepciones colectivas con relación al delito, mediante la utilización de herramientas etnográficas, es más infrecuente todavía. El presente estudio constituye una experiencia etnográfica, con encuestas en profundidad, que no registra precedentes -hasta donde hemos podido constatar- en las experiencias criminológicas y político criminales del Estado bonaerense, tendientes a evaluar e identificar las formas mediante las que se construye y reproduce el miedo al delito y una multiplicidad de narrativas comunicacionales coaligadas al mismo.

En este caso, hemos decidido apartarnos de los estudios cuantitativos, no solamente porque no contamos con los insumos y medios mínimos para llevarlos a cabo, sino porque, en estos casos, las Encuestas de Victimización han sido objeto de cuestionamientos a los que es preciso atender. “Se trata, entonces, de medir la potencialidad de las EV para producir datos y nuevas preguntas para la investigación en curso, así tanto como dar cuenta de sus límites en la empresa de conocer.  En otro trabajo (Varela 2004b) he analizado la construcción de la segunda parte del cuestionario, es decir, aquella que busca rastrear las experiencias de victimización a los fines de poder dar cuenta de índices de victimización “reales”. En este sentido, la encuesta ofrece una imagen de la criminalidad que excluye a los llamados delitos “de cuello blanco”, la criminalidad económica y los delitos “sin víctima” tales como el tráfico de drogas, reforzando los estereotipos de la criminalidad que circunscriben ésta al delito “callejero” (Sozzo 2000; Lea Young 1984)”.  [1].
La validez de este tipo de experiencias, de neto corte “cualitativo”, suponen un “ir hacia la gente” para comprender, de esa manera, circunstancias incógnitas tales como su sistema de creencias, sus percepciones e intuiciones - en este caso frente al fenómeno de la criminalidad y la violencia- y el grado de preocupación que el mismo ocasiona en el conjunto social o en segmentos acotados del mismo, conforme se lo propongan los estudios atendiendo al marco social que se abarque.
Los relevamientos de este tipo implican un trabajo en el campo, con informantes claves, entrevistas en profundidad y relevamientos de historias de vida, que suponen, a priori, la construcción por parte del investigador, de un “rapport” que confiera fiabilidad al mismo.
Resultan de una importancia indudable, no solamente como complemento de los estudios cuantitativos, sean éstos estadísticas policiales o judiciales o encuestas de victimización, sino como insumos de medición de las diferencias que existen entre la denominada “inseguridad objetiva” y la “inseguridad subjetiva”, y muy especialmente, de las formas como se desagregan socialmente estas percepciones y se articula la construcción de un discurso al que se asume como hegemónico, pero que se revela como matizado e intersticial.
Como expresa Garland, en las sociedades postmodernas el delito, y en particular lo que se hace desde los estados para intentar controlarlo, constituye un articulador de la vida cotidiana[2], donde el “miedo al otro” es la nueva forma de representación de lo diverso, y sucede a los miedos ancestrales del ser humano a lo largo de la historia de la humanidad. El miedo animista, el miedo sagrado, el miedo religioso, el miedo al Leviatán y, finalmente, el miedo a la “otredad”.
Esta visión particular, de “los otros”, de los infractores, del “delito” y de la “inseguridad”, en definitiva, no configuran únicamente un yerro analítico, sino que se nutre de contenidos ideológicos precisos y es uno de los productos culturales hegemónicos en el marco de la nueva relación de fuerzas sociales imperante, que es necesario remover imperiosamente porque deriva -en un último plano analítico de la inseguridad- en la utilización o manipulación del miedo como elemento de dominación y control social, a la sazón un extremo fundamental a abordar en materia político criminal y social.
Por un lado, el miedo al delito puede entenderse como la percepción subjetiva de las probabilidades de convertirse en víctima de un delito. Por el otro, esos mismos temores importan una expresión sintética de otros miedos de mucha más dificultosa identificación y dominio. Miedos humanos ancestrales, existenciales, donde la muerte configura una especie de vórtice inexorable que tiende sistemáticamente a ser eludida como principio y fin de todos los temores, justamente por su indocilidad e irreversibilidad. Lo que provoca una suerte de “trabajo práctico” que se expresa en la construcción fragmentaria de otros miedos, y en este caso del “miedo al otro” como forma de coexistencia militante frente a lo sobrecogedor e inmanejable de la vida y de la muerte.
Es, como dijimos, la actualización en clave de la modernidad tardía de los miedos cósmicos antiguos, de los miedos religiosos del medioevo, del miedo moderno a la política, al Leviatán.
El miedo al delito, como un fetiche postmoderno,  se ha inscripto como un insumo básico en las agendas políticas. “Gobernar desde el delito” implica actualmente una tentación irrefrenable, que tanto permite ganar elecciones, controlar y dominar, como deteriorar el catálogo de libertades y garantías decimonónicas y la convivencia armónica y medianamente civilizada, sustituida por una concepción sociológica de la enemistad (y la intolerancia)[3].
Peor aún, y por el contrario, conscientes de los réditos que en términos políticos la “lucha contra el delito” depara, las discusiones de las campañas y las acciones durante las gestiones se vinculan inexorablemente a la puesta en escena de gestualidades y gramáticas tan ampulosas y demagógicas como inocuas e inservibles, y de prácticas militarizadas, segregativas y violentas, casi siempre criminales. “Gobernar a través del delito”, además de resultar corrosivo de la propia democracia, marca el agotamiento y los límites objetivos que en términos de transformación de las nuevas sociedades “bulímicas” del capitalismo neoliberal de la periferia, exhiben la política y los estados
Es importante destacar además un dato comparativo por cierto revelador de la indigencia teórica de estas prácticas y ejercicios propagandísticos: mientras el “miedo al delito” ocupa el centro de la agenda social en la Argentina, la ya citada edición 2002 de la Encuesta de Seguridad Pública de Cataluña señalaba las diferentes formas que la inseguridad asume para los habitantes de esa región, advirtiéndose allí que la criminalidad convencional en modo alguno excluye ni desplaza la preocupación ciudadana por otras incertidumbres tanto o más relevantes, como la pérdida del empleo, de la vivienda, de la salud o factores asociados a terceros, como por ejemplo la negligencia médica, el envenenamiento y el deterioro del medio ambiente, en tanto realidades propias de la modernidad tardía. Esta misma encuesta revela, además, que una mayoría abrumadora de ciudadanos de Cataluña intuye, paradójicamente, que el incremento de los delincuentes en prisión aumentará sus problemas y su inseguridad, al igual que la instalación de cárceles cercanas a sus lugares de residencia.
Una instancia más reflexiva, en un contexto de exploración etnográfica, con una simbología y un marco diferentes, nos devuelve, al parecer, respuestas hasta ahora impensadas.
Es menester entonces dar en la Argentina una discusión sostenida desde la sociedad y el Estado, reivindicando la amplitud del concepto de seguridad humana, que es central justamente en el marco de una sociedad que, como pocas, ha sufrido las inseguridades que el capitalismo tardío marginal depara.                                                
La convalidación de una percepción reaccionaria de la “inseguridad” únicamente se comprende a partir de una declinación en el plano discursivo, cooptado y rellenado a su imagen y conveniencia por los sectores más ortodoxos de la sociedad, que además se escudan en el  “cumplimiento de la ley” como forma de disciplinamiento ritual. Es que las nuevas formas de dominación obligan a ocultar la verdadera ideología de sus mentores y ejecutores políticos. Así, por ejemplo, valores tales como la “democracia”, la “legalidad”, la “familia”, la “autoridad” y el “orden” son patrimonio casi exclusivo del pensamiento conservador, justamente porque se ha dejado de lado la discusión sobre el contenido conceptual de esas apelaciones.
Las experiencias políticas en los estados convenientemente debilitados, en los que la “lucha contra el delito” se vuelve indispensable para la legitimación de los mismos, demuestran que estas irrupciones conducen a regímenes autoritarios y policíacos, que conservan las formas extrínsecas aparentes de la democracia, pero al mismo tiempo habilitan las políticas “de mercado”, el espionaje y la persecución interna. No tanto el orden como el mítico retorno a un orden inexistente, no tanto la autoridad como la vulgar vocación de la erradicación social de los diferentes, constituyen los elementos que tienden a exacerbar y resignificar en clave conservadora, a los “nuevos” miedos como articuladores de la vida cotidiana. Los discursos políticos desbordan de lugares comunes, apelaciones tan enfáticas como inconsistentes respecto de la lucha que a diario se emprende (y se vuelve a emprender sin solución de continuidad) contra el “desorden” y la “inseguridad”, sin que siquiera nos percatemos de que esas mismas narrativas, transmitidas en clave de amenazas, enmascaran o suprimen deliberadamente cualquier tipo de propuesta dirigida a revertir las inéditas asimetrías sociales de la tardomodernidad en nuestro margen.
La “acción” (en rigor, los fastos punitivos), entonces, se prioriza a la razón y la demagogia a la experticia. Por el contrario, esta “guerra preventiva interior”, se percibe desde las intuiciones colectivas como un hacer impostergable, justo, heroico, cruzado, aunque se emprenda contra los destituidos, los marginales, los excluidos y los disidentes que se animan a reclamar por su derecho a vivir con apego a bagajes culturales alternativos a las “buenas costumbres” y la “moral” única, que reniegan de los datos objetivos del pluralismo y la diversidad de nuestras sociedades fragmentarias.
 En este contexto, es importante preguntarse es en qué medida esos miedos contribuyen o determinan a la configuración de una realidad alternativa, donde el miedo y la sensación de inseguridad resulten completamente distintos de la existencia verificable de un incremento de los riesgos.
La dilucidación de este extremo es central, no para subalternizar la preocupación por el delito sino, justamente, para atenderlo, educar a favor de la seguridad y en contra del miedo, justamente porque éste constituye uno de los más formidables elementos contemporáneos de control social.
La alarma social, convertida en estado permanente, la sensación de inseguridad y el miedo al delito tienen un efecto devastador para la sociedad democrática y para los individuos en particular.
Con todo, y siguiendo a Vozmediano, San Juan y Vergara[4], hacemos una advertencia sobre la diferencia entre lo que significa el miedo al delito, en tanto “temor de los ciudadanos a ser personalmente víctimas de la delincuencia”, de la percepción o sensación de inseguridad, que puede abarcar el “miedo al crimen en abstracto, como una inquietud respecto al delito como problema social. Dando un paso más, podemos entender la inseguridad ciudadana como el compendio de inquietudes que viene impregnando el discurso de la denominada “sociedad del riesgo”.
El miedo termina condicionando la vida de las personas, recortando su vida social, alterando su vida relación y provocando un aislamiento generalmente acompañado de estados de angustia o ansiedad, propiciando la “fractura del sentido de comunidad, abandono de los espacios públicos, actitudes favorables a políticas penales más punitivas, efectos psicológicos negativos a nivel individual y cambio de hábitos (adoptar medidas de seguridad, evitar transitar por ciertas zonas…)”[5].
Estas reflexiones conducen a las configuraciones de Wagman sobre los “cuatro planos de la inseguridad”.
En esta línea de razonamiento, es preciso ubicar una primera delimitación de la inseguridad derivada de la existencia del delito en la vida cotidiana de las personas.
Un segundo plano se vincula a las sensaciones de incertidumbre y miedo que generan las catástrofes y desastres, naturales o provocados, que se abaten sobre el planeta, y que provocan su acelerado deterioro.
Una tercera mirada está, justamente, dirigida a comprender la inseguridad como miedo, percepción o intuición que no necesariamente coincide con la realidad objetiva.
El cuarto plano, justamente, descubre a la inseguridad -y al miedo- como formidables instrumentos de control social y dominación política que impactan de manera brutal en la convivencia social organizada y armónica, requisito organizacional básico de las democracias y el Estado Constitucional de Derecho[6].
Este muestreo  efectuado en la ciudad de La Plata en el año 2008, permite afirmar que es posible realizar este tipo de intervenciones sin costo ni dificultad objetiva alguna.
La delimitación de las percepciones e intuiciones con respecto al crimen y el miedo al delito constituyen un insumo imprescindible para los operadores del sistema, ya que no identificados los antecedentes y las formas del constructo en el miedo al delito, y una aproximación a los mismos promoverá una mayor calidad de vida humana y el diseño de estrategias de política criminal compatible con certidumbres emanadas de esas percepciones y las formas como el miedo se construye y se transmite como discurso dominante: identificar e intervenir sobre los antecedentes del miedo permitirá promover una mayor calidad de vida urbana.
A continuación, se transcriben las conclusiones de las primeras diez entrevistas realizadas en el inicio de este trabajo etnográfico. Es interesante advertir la relación entre miedo al delito y niveles de victimización objetivos, y cómo el miedo se desagrega y expresa en percepciones y narrativas diferentes, frente a la incorporación de variables tales como la presencia cercana de la cárcel respecto de los lugares de residencia de los entrevistados, un insumo hasta ahora inexplorado que constituye una de las originalidades que plantea la investigación, condicionada por una opción por la metodología cualitativa y, fundamentalmente, por los medios de que se dispone para llevarla a cabo.
1. Jaime tiene entre 40 y 50 años. Es peruano y trabaja como portero de un edificio céntrico de la ciudad, habitado por gente de clase media y media alta. Nunca fue víctima de un delito, y reconoce que en su país natal los indicadores de delincuencia son mucho mayores que en la Argentina, a la que identifica con La Plata (“allá está mucho peor”). Admite sentir mucho miedo ante la posibilidad de ser víctima de un delito y dice que siempre lleva consigo un “controlador de pánico”, especialmente para ser utilizado “cuando sale afuera” del edificio. Relata hechos de hurto (conoce el caso de un automotor Fiat 147 que había permanecido estacionado durante días frente al edificio donde trabaja), la mayoría de los cuales les han sido relatado por terceros. Señala, no obstante, que el centro de La Plata “es muy peligroso”.
2. Alicia es abogada. Tiene entre 25 y 35 años. Dice que siente un muy intenso miedo al delito, que la posibilidad de ser víctima de un delito está entre sus principales miedos (tengo miedo a la muerte producida con motivo u ocasión de un delito). Señala que “toda la gente” tiene mucho miedo.
3. Adriana tiene 52 años. Es odontóloga, aunque no ejerce su profesión. Señala que toma muchas precauciones al salir a la calle, y lo propio hace con sus dos hijas, de 18 y 20 años. “Vos no sabés lo que es esto”, expresa (refiriéndose a la realidad que la circunda y más especialmente a la delincuencia común). Reconoce que nunca fue víctima de un delito, pero sí que sabe de familiares directos que han sido víctimas de hurtos o robos y además expone una cantidad innumerable de hechos que conoce por terceros y, también, por los medios de comunicación. El miedo al delito está entre sus principales temores.
4. Florencia tiene 25 años. Es estudiante de Sociología y oriunda del interior. Refiere que un año atrás, una noche que volvía del súper con su hermano menor fueron asaltados a punta de pistola en el palier del edificio, y obligados a subir a su apartamento, donde el atacante los redujo e inmovilizó, mientras les exigía dinero y les repetía que no dieran cuenta a la policía una vez que él se fuera. Conjetura que el episodio pudo haber sido determinante para que su hermano abandonara sus estudios, pero que ella lo había superado a los pocos días. No siente miedo a ser víctima de un nuevo ataque. De hecho, regresa de la facultad todos los días en horario nocturno y atravesando una plaza pública del centro de la ciudad, y no ha vuelto a tener experiencias de ese tipo. Como único recuerdo ingrato de aquel episodio, relata que la policía se encargó de dar las identidades de ambos (incluso consignado erróneamente como mayor la de su hermano - “a propósito”, para poder publicarlo, dice Florencia, cosa que sí le hizo sentir temor por posibles represalias-y su dirección exacta a la prensa, que los publicó tal cual. Curiosamente, tiene miedo de la policía, pero no de terceros o extraños.
6. Miguel tiene 62 años y es el primero de los taxistas entrevistados. Ni bien pone dirección a la Terminal, que es el lugar que le indico como destino, escucha que un joven le grita algo a su paso, como reprochándole lo intempestivo de la partida. “Qué te pasa, negro boludo”, le dice en un tono entre provocativo y dominante. Reivindico su conducta y le digo algo así como “ya no se puede andar por la calle, con estos muchachitos por ahí; están cada vez más irrespetuosos”. Me cuenta que él es jubilado del Servicio Penitenciario, que lo que pasa es que “todo” es un absoluto desorden, que no se sabe ya quiénes son los buenos y quiénes los malos. Que esta confusión la ha creado el gobierno, y que la gente ya no puede vivir por temor a la delincuencia, a la que asocia con los delitos predatorios. Nunca fue víctima de un delito.
7.  Raúl también es taxista. Tiene más de 60 años. Es locuaz y no me cuesta nada preguntarle de manera directa si aquí en La Plata el tema de la delincuencia es realmente tan grave como lo refleja la prensa. Sí, maestro, me responde con gesto grave, mirándome por el espejo retrovisor. Dice que después de las 8 y media o 9 de la noche “ya no se puede salir, acá”. Admite que a él nunca le pasó nada, pero que “el problema es que estos guachos, los delincuentes, son todos menores”. Entonces, “los vigilantes se rompen el culo para agarrarlos, y al rato vienen los jueces o los fiscales y los largan porque son menores”- “por eso matan tanta gente, acá. Aunque la mayoría de los que mueren son estos guachitos (siempre utilizará esta expresión para referirse a los jóvenes), pero matan a 2 y aparecen otros 10, matan 10 y hay 100, parece que dejaran semillas estos h…de p…”. Señala que esto no tiene solución, y que además “no les calienta solucionarlo”, aludiendo, supuestamente, a las agencias estatales. Cuando pasamos por 7 y 50, advierte la presencia de 5 o 6 jóvenes en la vereda de la legislatura, en un lugar que a esa hora (20,48) se encuentra muy densamente transitado. Acto seguido me previene de que “esos son”. “Si ud pasa por ahí, le aparecen desde un lugar oscuro y “lo hacen”, y encima por ahí los desfiguran a trompadas. Los chicos, vestidos con bermudas, remeras y algunos con gorritas, seguían jugando entre ellos. Cuando llegamos al edificio donde queda mi apartamento, ve a unos chicos que todas las tardes aprovechan la superficie lisa de la vereda de un edificio público para practicar skate. “Allá hay otros. Hacen como que están ahí boludeando y su usted pasa por al lado de ellos por ahí le manotean el bolso o la cartera”. En este caso, solamente se ven los jóvenes enfrascados en su actividad, pero ni siquiera se observa ningún otro rasgo, ni su vestimenta, ni sus rostros. Absolutamente nada. Me demoro a propósito en bajar del auto y se lo nota incómodo, temeroso, con la vista fija en los jóvenes (a quienes cruzo todos los días y todas las noches).
8. Rolando, otro taxista. Tiene alrededor de 60 años. Dice que “está podrido de cómo está todo”. Que a él “nunca le pasó nada”. Y que esto se arregla “únicamente si viene alguien con pelotas y pone las cosas en su lugar. Un Pinochet”.
 9. Renzo tiene una pequeña peluquería en el centro de la ciudad. Es oriundo de Huanguelén y hace unos años que vive en La Plata. Es locuaz, tiene clara posición tomada frente a hechos políticos contemporáneos (problema con el campo por las retenciones, la contaminación ambiental, la cuestión criminal), conoce a los actores institucionales provinciales, y cree que hay una exagerada sensación de inseguridad y que el miedo al delito lo ha llevado a advertir a su familia para que esas percepciones (en cuya generación le asigna particular relevancia a los medios de comunicación, en especial a la televisión) no les hagan cambiar sus rutinas ni su forma de vida. Tampoco ha sido víctima de un delito en el tiempo que lleva residiendo en La Plata.
10. Florencia es peruana, tiene alrededor de 35 años, y realiza tareas domésticas por hora. Dice que “los chicos están tranquilos”, que “no hay problema de delincuencia” en su barrio. Vive “en una casilla” (asentamiento precario) en las afueras de Berisso. Es muy reticente a explayarse sobre el tema, no se logra inicialmente construir un vínculo suficiente como para indagar mucho más sobre sus percepciones y sobre su historia de vida.
Aclaración: los nombres de las personas son ficticios.







[1] “Etnografías Contemporáneas. La medición de la “sensación de inseguridad en las encuestas de victimización. Apuntes teórico-metodológicos para el abordaje de las representaciones sociales sobre el delito y la crisis de la (in) seguridad”, Revista Litorales. Año 5, n°7, diciembre de 2005.


[2] “La cultura del control”, Gedisa, 2001, p. 184.
[3] conf. Simon, Jonhatan: “Gobernando a través del Delito”, en “Delito y Sociedad”, N° 15, Universidad Nacional del Litoral, p. 75 y ss.

[4] Vozmediano, Laura; San Juan, César; Vergara, Ana Isabel: “Problemas de Medición del miedo al delito. Algunas respuestas teóricas y técnicas”, disponible en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología”, Artículos, 10-7, 2008.
[5] Ibid.
[6] Conf. Wagman, Daniel; “Los cuatro planos de  la seguridad”, Ponencia presentada en el Congreso “Política Social y Seguridad Ciudadana”, Escuela Universitaraia de Trabajo Social, Vitoria- Gasteiz, 2003, actualmente disponible en sitio “Seguridad Sostenible”, www.iigov.org/seguridad/?p=17_01

[1] Fuentes Osorio, Juan L.: “Los medios de comunicación y el derecho penal”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, RECPC, 07-16, 2005.

América Latina parece encaminarse, lenta pero inexorablemente, hacia formas realizativas  penales llamativamente análogas, a las que, en principio, la sociedad blanca y los estados consideran  compatibles con las Constituciones liberales y el Estado Constitucional de Derecho. Así, formas procesales caracterizadas por un sesgo acusatorio, donde se elimina la figura inquisitiva de una instrucción formalizada donde el juez instruye, averigua, aporta e incorpora pruebas y resuelve, tiende a sustituirse paulatinamente por instancias dinámicas el impulso de la acción penal corresponde al Fiscal, se propende a un mayor protagonismo de las víctimas durante el proceso, se incorporan formas de resolución de  conflictos alternativas a la punición, se desacralizan los procesos y se tiende a un derecho procesal de actos y no actas.

Sin perjuicio de esta mirada, que ha calado profundamente en los nuevos abordajes procesales, político criminales y constitucionales, en la academia y en la dogmática, las comunidades mapuches tienen algo que decir al respecto, como resultado de su propia historia colectiva y la forma en que han incorporado las nuevas tecnologías procesales en Chile. Un supuesto empíricamente verificable, cuyas consecuencias no podemos seguir soslayando.

El nuevo sistema, para ellos, representa (tal como empezamos a descubrirlo también nosotros en La Pampa) una mecanización acelerada, una suerte de automatización de procesos selectivos de criminalización que se abate sobre los sectores más vulnerables de la sociedad con la misma iniquidad y a una mucha mayor velocidad que los sistemas mixtos o inquisitivos, mediante acusaciones tan graves como terrorismo, asociación ilícita o entorpecimiento del transporte y circulación de las personas. La necesidad de un análisis crítico de los riesgos que, respecto de la criminalización de colectivos sociales apelando a figuras punitivas tan gravosas como el terrorismo, la asociación ilícita, la interrupción del normal funcionamiento de los medios de transporte, supone la necesidad de desmitificar las (nuevas) formas jurídicas y relevar los efectos que en la realidad objetiva su aplicación -siempre en apariencia neutra- ocasiona en los segmentos más expuestos frente a la conflictidad de las sociedades monistas. En este sentido, las lecturas iniciales que se han hecho sobre los nuevos sistemas procesales  de corte acusatorio ameritan una lectura crítica a partir de la incorporaciòn de las intuiciones de los sujetos perseguidos penalmente.
Quienes hemos hecho cuanto estuvo a nuestro alcance para remover las viejas prácticas inquisitoriales y sustituirlas por un sistema compatible con el programa constitucional, e impulsamos fuertemente la consagración de un código adversarial, debemos analizar con el mayor rigor la constatación de "efectos colaterales" manifiestamente contrapuestos a los ideales operantes originarios que inspiraron esta nueva forma de reglamentar la constitución provincial. Lo que pasa en Chile con los comuneros mapuches es un dato que guarda inquietantes similitudes con lo que ocurre en nuestra Provincia.
Ya en el año 2000, apenas entrada en vigencia el nuevo sistema procesal, se vivieron momentos de "tensa calma" en el centro de Temuco, luego de que un grupo de mapuches se reuniera a las afuera de la ciudad para protestar  contra la aplicación del nuevo sistema penal en esa región austral del país hermano.
Cerca de 50 mapuches, según relataban los sueltos priodísticos de la época, provenientes de diversas comunidades de la región, marcharon por diversas calles Temuco para manifestar su disconformidad ante el nuevo sistema judicial.
El werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, dijo entonces que la Reforma Procesal Penal negaba completamente al pueblo mapuche y los postergaba en toQdos sus derechos.
"Este proceso le da la espalda a todo nuestro pueblo. También viola el derecho internacional, que entrega mecanismos para resolver los conflictos entre el Estado y pueblo indígena", sostuvo.
Agregó además que este sistema era la oportunidad para incluir un régimen que permitiera el acceso a la justicia con mejores condiciones para los indígenas. "Estos han sido los mismos criterios que utilizó el Estado para despojarnos de nuestras tierras", 
Cabría preguntarse si esa percepción colectiva se ha modificado con posterioridad a aquellas protestas colectivas.
Durante el año 2009, Organizaciones del pueblo Mapuche rechazaron la detención del joven Waikilaf Cadin, líder indígena que fue apresado el pasado 11 de septiembre durante el homenaje al presidente chileno Salvador Allende.
"El joven líder mapuche alcanzó a estar en libertad sólo una semana luego de salir de la cárcel de Alta Seguridad de Valdivia, en la austral región de Los Lagos.
Cadin es hijo de la encarcelada lonko Juana Calfunao, de la comunidad Juan Paillalef, y del werken Antonio Cadin, preso hasta hace poco en Temuco.
Acusado de la colocación de una bomba en Temuco el 29 de diciembre de 2008, Waikilaf Cadin pasó seis meses en prisión preventiva y sin sentencia.
Detenido el 27 de marzo de 2009, el joven ex estudiante de Derecho fue enjuiciado por la ley antiterrorista que las organizaciones indígenas señalan como un ejemplo de la táctica policial orientada a neutralizar los liderazgos del pueblo mapuche.
Explicaron además, que en Chile se utilizan las medidas cautelares como mecanismo de control de la lucha política y social.
En este último año de gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet, hay 87 presos políticos y/o procesados mapuche, una lista que incluye algunos activistas chilenos solidarios con su causa.
De ellos, 38 casos corresponden a personas que cumplen prisión efectiva actual. El ministerio público, por instrucciones del gobierno del ex Presidente Lagos, y ahora de Bachelet, ha aplicado la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura, en 35 oportunidades.
Existen otros 44 casos de condenados y/o procesados con medidas cautelares. Cuatro mujeres mapuche están en prisión y 3 viven con medidas cautelares que restringen sus libertades democráticas (http://chilecontaminada.blogspot.com.ar/2009/09/mapuches-denuncian-persecucion-penal.html).
Por su parte, la Agrupación de jóvenes técnicos y profesionales Konapewman, de Temuco, también ha realizado fuertes críticas al sistema procesal: "En este último tiempo, diversas han sido las posiciones del modo en que ha operado  en la Región el Nuevo Sistema  procesal penal, principalmente ante su accionar con la realidad Mapuche.
Si bien el marketing  utilizado por el Gobierno ante la Reforma procesal ha sido el de  proyectar un sistema más ágil, dinámico y viable, que permita resoluciones más oportunas y transparentes, pero sin embargo no es coincidencia que este nuevo modelo se aplique casi exclusivamente (junto con la IV Región) en este territorio en medio de movilizaciones Mapuches por la recuperación de tierras y reivindicaciones de Derechos como Pueblo.
Tampoco es coincidencia, que su implementación conducido por Fiscales haya provocado una directa represión en Comunidades y organizaciones ocasionando el sometimiento a proceso de numerosos dirigentes y comuneros Mapuches, como asimismo la utilización de violentos operativos policiales que en variadas ocasiones han dejado a heridos y masivos daños.
Por estas coincidencias, cabe cuestionarse entonces  ¿quién está detrás de este nuevo frente judicial y cuál es su  finalidad al aplicarlo en esta zona?. Es evidente que la política estatal busca  reprimir y opacar en el centro de su medula las acciones de comunidades reivindicativas, utilizando una institucionalidad como la Judicial para, según se aprecia, obtener el imperio de la ley y establecer un estado de derecho rígido, pero a costa de una conducta prácticamente terrorista y que ha violado los Derechos Humanos más esenciales del Pueblo Mapuche, con graves consecuencias violentitas. No sería de extrañarse que se haya implementado esta Reforma Penal bajo la presión e intervencionismo de  intereses económicos de minorías que lo único que buscan un proteccionismo simulado y conseguir el sosiego e integracionismo Mapuche  para seguir ampliando su mega-productividad (agrícolas y forestales) a costa del deterioro y exterminio de las entidades territoriales Mapuches" (http://mapuche.info.scorpionshops.com/mapuint/konapewman0108.html). 
Como vemos, hay denominadores comunes que deberían merecer nuestra mejor disposición y atención. La macdonalización de los procesos, el uso excesivo de ciertas medidas de coerción, en especial la prisión preventiva, el incremento de las tasas de encarcelamiento, la desigualdad de armas durante los procesos, las dificultades de los operadores para remover sus rasgos culturales y prejuicios previos, la falta de una política criminal unitaria, la incapacidad de exhibir al nuevo sistema como una forma pacífica, armónica, y por lo tanto superadora en la forma de administración de la conflictividad social, son algunos de los problemas comunes que aquejan a la reforma. Más de diez años de imposición de la misma en Chile, permiten auscultar las valoraciones que sobre la misma hacen los mapuches. Deberíamos, quizás, compulsar la que podrían ensayar los sectores más vulnerables de nuestra sociedad provincial.




En sucesivas ediciones de nuestro blog, habíamos advertido, de distintas maneras, sobre el riesgo de cederle a las derechas duras el rol de gestores "eficientes" de las políticas públicas en materia de administración de las  nuevas formas de conflictividad.

A expensas de esa pasividad de los críticos, puede explicarse en buena medida el crecimiento sostenido de las prácticas y narrativas del pensamiento reaccionario en materia de "seguridad" pública, transformando a la misma en un fetiche imprescindible de las agencias políticas, capturadas desde lo peor del pensamiento conservador, por políticos de esa catadura.
Acaba de llegar Rudolph Giuliani a la Argentina. Como no podía ser de otra manera, el referente del realismo de derecha norteamericano vino de la mano de una de las expresiones políticas reaccionarias con mayor intención de voto en la provincia más importante del país. Su prédica, por conocida, no debe dejar de (pre) ocuparnos. Ya sabemos cuál ha sido su postura respecto de las iniciativas de Juan Carlos Blumberg, el otrora ingeniero que contara con el generoso apoyo de los grandes medios de comunicación que -vaya coincidencia- son los que ahora aúpan al candidato anfitrión de este retardatario gestor de estrategias binarias y brutales en materia de convivencia social.
Si bien Massa se animó a deschavarse ideológicamente con la importación de semejante compañero de ruta, de quien espera poder extraer conclusiones para adaptar a nuestra realidad, a Giuliani lo conocemos desde hace demasiado tiempo.
Sabemos que sus "estrategias" segregativas, prejuiciosas y violentas en materia  política criminal han sido mucho más exitosas desde lo mediático que desde sus verdaderos resultados. Que Boston o San Diego -que no pusieron en práctica la "tolerancia cero"- pudieron exhibir mejores estándares en términos de articulación de formas de convivencia armónica que Nueva York, durante la "era" Giuliani, aunque recibieran un favor y un reconocimiento mucho menor de parte de la gran prensa estadounidense.
Que sus prédicas incluyen posicionamientos igualmente reaccionarios en materia de política exterior, propiciando una relación todavía más hostil -también de "tolerancia cero"- de EEUU para con Cuba, Venezuela u otros países insumisos a los designios imperiales (http://www.prensa.com/uhora/mundo/con-romney-habra-una-posicion-mas-firme-contra-chavez-y-cuba-dice-giuliani/110866).
Giuliani justifica la tortura y propicia la construcción de nuevas cárceles (http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-168288-2011-05-17.html), ha dicho que le ve un gran futuro a Sergio Massa, y éste -exhibido como el campeón del montaje de las videocámaras- que espera contribuir a que los delincuentes dejen de entrar por una puerta y salir por la otra. La aporía perfecta del léxico simplista pero (mal) intencionado de la peor derecha criolla. No nos quejemos ahora. Si Massa, Giuliani & cia ocupan estos lugares, es porque la mayor parte del arco iris ideológico del pensamiento crítico no se ha preocupado lo suficiente por construir un programa político criminal democrático. En Argentina y en la región.