LA SITUACIÓN DE LOS DISCAPACITADOS MENTALES EN LAS CÁRCELES ARGENTINAS: UNA GIGANTESCA VIOLACIÓN A LOS DDHH.

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En las cárceles argentinas se encuentran alojadas una gran cantidad de personas, que evidencian una situación de objetiva indefensión y vulnerabilidad en virtud del padecimiento de distintos tipos y diferentes grados de discapacidad mental. Tantas, que no sabemos, a ciencia cierta, cuántas son.
Lo que sí sabemos, es que este fenómeno supone una violación manifiesta de derechos humanos, respecto de una multitud de ciudadanos que padecen este tipo de discapacidades, a las que el Estado, además, revictimiza con el encierro y la violencia institucional más brutal.
Esto es particularmente paradójico en un país como Argentina, que no solamente ha dado pasos de inédita trascendencia en materia de DDHH, sino que además ha suscripto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y llevado adelante una política consistente y consecuente en la materia.

La propia Convención, vale recordarlo, destaca que la discapacidad es un concepto evolutivo y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Destaca la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso, y advierte la vigencia de situaciones que vulneran sus derechos humanos en todas las partes del mundo.

Tanto es ello así, que muchos países han arbitrado políticas públicas y estrategias tendientes a atenuar los procesos vergonzantes de afectación de derechos de los discapacitados en las cárceles. Podemos recorrer algunas de las experiencias  producidas en España, luego de sancionada la Convención.
Una de ellas, por ejemplo, es la Guía de Intervención para  personas con Discapacidad afectas al Régimen Penal Penitenciario, en España[1].
Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, destaca de manera enfática: “Podemos afirmar, sin exagerar lo más mínimo, que tras la desaparición de los “manicomios” en los años 80, las personas allí tratadas han ido engrosando las estadísticas penitenciarias, convirtiéndose las cárceles en nuevos almacenes de enfermos mentales. Eso sí, en las prisiones ni se les trata, ni se les ofrece alternativa, ni se les ayuda a reintegrase en la sociedad. La penalización de los enfermos mentales y su encarcelación como única forma de asegurar la seguridad colectiva, cumple hoy la labor de limpieza social que las leyes de vagos y maleantes cumplieron en el estado totalitario. Algo que debería ser objeto de profunda reflexión”[2].
En las Jornadas Estatales sobre atención a Personas con Discapacidad intelectual en Centros Penitenciarios (Sevilla, 2007)[3] se ha entendido, en consonancia con el espíritu de la Convención, que “Las últimas tendencias muestran un interés específico para que, en los supuestos de delitos cometidos por personas con discapacidad intelectual, dadas sus características, que los hacen más vulnerables y con especiales dificultades, éstas puedan no entrar en prisión, aun no concurriendo una eximente”.
“Para ello se propone la creación de un banco de recursos que evite el internamiento, y la generación de programas sociales como medidas sustitutivas al ingreso en prisión”.
                                 Como vemos, la situación en España concita una preocupación real. La situación, en rigor, así lo amerita: “La comunidad científica considera unánimante que el ambiente penitenciario no es apto para personas con patologías de este tipo como destaca el estudio que un equipo de médicos elaboró en 2007 para la Unión Europea. Al menos el 25% de los internos en las cárceles españolas padece una enfermedad mental, según el mismo Ministerio de Sanidad detalla en la "Estrategia Global de actuación en Salud Mental". Como ponen de manifiesto los datos analizados para realizar este reportaje, cada año se registran más de 40 consultas especializadas de psiquiatría cada 100 presos. El análisis de los datos oficiales de la Administración indica que, de media, el 46% de los ingresos en las enfermerías de los centros penitenciarios están motivados por una patología psiquiátrica, alrededor de25.000 casos en los últimos tres años. Un médico que acuda a una cárcel española tiene que atender, en un año, a más de 420 casos de este tipo como promedio. Instituciones Penitenciarias no conoce exactamente cuántos enfermos mentales hay en las cárceles, dónde se ubican o cuántos de ellos fueron declarados inimputables. Manuel Arroyo Cobo, subdirector general de Coordinación de Sanidad en Instituciones Penitenciarias, ha reconocido este hecho: "Los datos que tenemos son estimaciones a partir de los estudios epidemológicos disponibles". Una carencia que es sólo un eslabón más de la cadena de errores y lagunas que, impulsada por la escasa voluntad política, condena al olvido y a la desatención a los presos con problemas de salud mental”[4].
Ahora bien, hecha esta breve recorrida, y más allá de los programas y demás herramientas estatales que en los últimos años ha desplegado la Argentina, insistimos que se desconoce la magnitud del problema, que psiquiatras y jueces siguen ignorando la condición de discapacidad de una masa indeterminada de presos, que esas personas son doblemente victimizadas, su cautiverio constituye una forma iatrogénica de agravamiento de sus condiciones de detención, y una flagrante violación a la letra de la Convención y el paradigma de la Constitución.
Por si esto fuera poco, muchas de estas personas terminan libradas al poder unilateral y omnímodo de una fuerza militarizada que ha hecho pocos o ningún esfuerzo para democratizarse durante los últimos 30 años de estabilidad institucional. Otros, los menos afortunados, son extraditados a cientos de kilómetros de sus lugares de origen, sin visitas, abordajes efectivos y respeto de los derechos que la propia normativa internacional e interna le garantizan.
Si esto fuera efectivamente así, qué duda podría quedar que se está frente a una práctica sistemática de persecución, degradación y exterminio de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad? Por ende, correspondería indagar también si  las agencias estatales argentinas son conscientes de su responsabilidad.