El deterioro del concepto de ciudadanía en España parece no tener fin. A la decisión oficial de cerrar cualquier instancia de revisión de su pasado inmediato (incluidas las groseras referencias del Ministro de Justicia peninsular respecto del requerimiento efectuado por la jueza argentina Servini de Cubría), deben añadirse esperpentos tales como la “ley mordaza” y el comportamiento estatal violatorio de los Derechos Humanos de los migrantes (rematada con la  aparición de una nueva cultura concentracionaria mediante la implementación de los “Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes”, en el que se hacinan, las víctimas actuales del colonialismo y el imperialismo), que merecieran una severa amonestación del Comité contra la Tortura de la ONU.


Por si esto fuera sencillo de explicar incluso en el marco acotado de una democracia formal y de baja intensidad como la española, el gobierno acaba de sostener que el asesinato de una prostituta a manos de un cliente no puede considerarse violencia de género "al no existir un vínculo afectivo entre el agresor y al víctima". La explicación no puede ser más brutal.
Pero las manifestaciones oficiales peninsulares no quedan ahí, y permiten inferir sin temor a equívocos que una suerte de cataclismo en materia de derechos civiles y políticos acompaña la crisis económica y social, como suele ocurrir de ordinario.

La fascistización de las relaciones sociales no tiene fin. El PP fue denunciado hace pocos días por “acarrear” ancianos “con demencia” para votar por correo en un pueblo de Lugo.

La resistencia popular impide que aumente la cantidad de presos políticos en el País Vasco, muchos de ellos sometidos a condiciones inhumanas de detención.

Los desahucios, la represión sistemática de la protesta social y un deterioro institucional sin precedentes, que incluye una saga alarmante de graves episodios de corrupción política y empresarial, completan un panorama sombrío que parece difícil de revertir en lo inmediato, en el marco de una crisis social que parece no haber tocado fondo. Para colmo de males, una editorial del New York Times, a prueba de los epítetos macartistas habituales del gobierno y sus medios aliados, acaba de afirmar:"La nueva ley mordaza de España inquietantemente se remonta a los días oscuros del franquismo. No tiene lugar en una nación democrática, donde los españoles, como ciudadanos de la Unión Europea, tienen más que un derecho virtual al pacífico, protesta colectiva". Fin del recorrido?




La disolución del Pacto de Varsovia en el marco de las nuevas relaciones de fuerzas globales, pusieron, como ya hemos dicho, fuertemente en crisis la razón de existencia original de la OTAN. La hipótesis de conflicto originaria, el “enemigo rojo”, había dejado de existir, y por lo tanto, a pesar del poder militar incomparable de la gran alianza atlántica, no fueron pocos los analistas que en aquellos años se permitieron reflexionar sobre su utilidad y viabilidad.
A principio de los años 90. la poderosa OTAN veía peligrar, con el descalabro de las burocracias socialistas, su continuidad al quedarse sin enemigo. Disponía de medios, de un impresionante aparato militar y mantenía intacta la estrategia de disuasión nuclear. Como bien lo hizo notar Willy Meyer, un militar español habría descripto esa situación de desconcierto en los siguientes términos: "la OTAN se ha convertido en una organización con medios pero sin misiones, se están buscando nuevos objetivos para garantizar su futuro."





 Esos nuevos objetivos comenzaron a delinearse en una reunión realizada en Roma, durante el año 1991, que congregó a los referentes políticos de las grandes potencias de la alianza, en la que Estados Unidos habría formulado dos propuestas fundamentales.
 “a) Dotar a la OTAN de capacidad para realizar acciones fuera de la zona asignada en el protocolo inicial, lo que más tarde se denominaría "misiones fuera del artículo 5".
 b) Vincular la defensa europea a la de los EE UU, lo que años más tarde, en ~996, al definir la Identidad de Defensa Europea, se denominó "Fuerzas Separables pero no separadas", eufemismo que explicita que cualquier fuerza europea estará indisolublemente unida a las fuerzas y mandos militares de los EE UU.
 En la mencionada reunión de Berlín, en la búsqueda afanosa de los "nuevos peligros" que justificaran su continuidad, se mencionan por primera vez "los peligros del Sur", referidos a los países árabes. Es en ese contexto cuando el entonces Secretario General de la OTAN, Willy Claes, afirma que "el integrismo musulmán representa el mayor desafio para Europa desde la caída del enemigo soviético." En argot militar, pasamos de un enemigo Rojo a uno Gris, y ese color gris acaba por estar asociado a peligros poco o nada definidos:
 -La posible degeneración de las exrepúblícas soviéticas en nacionalismos expansionistas 
-La dispersión del armamento nuclear en Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajastán 
-Los conflictos del Cáucaso 
-Los conflictos del Mediterráneo y los Balcanes
Por primera vez, la OTAN necesita identificar los posibles riesgos de forma muy genérica, e invadiendo clara-mente en algunos de ellos el terreno del campo político o diplomático, pero esto se convierte en necesario para "vender" al público la necesidad de su propia continuidad.
 Se preparaba el terreno de la mano de la administración norteamericana, para poder intervenir más allá del artículo 5, es decir, no como respuesta defensiva y siempre y cuando fuese requerida para ello por las Naciones Unidas. En este sentido, la Guerra de Bosnia-Herzegovina fue el mejor escenario posible para esta nueva teorización del papel a seguir por la "Nueva OTAN". En los primeros seis años que sucedieron a la Guerra Fría la ONU puso en marcha más operaciones militares en zonas conflictivas que en los 40 años precedentes. Las llamadas "Fuerzas de Paz" no siempre pudieron cumplir su objetivo, especialmente por debilidad, falta de resolución y, a veces, por no cumplir su mandato estrictamente humanitario. Especialmente, su papel en la Guerra de Bosnia-Herzegovina mereció una crítica rotunda por su pasividad e ineficacia a la hora de contribuir a reducir el conflicto.
 Cuando la ONU, de la mano de Butros Ghali, decide en 1992 ampliar el papel de la misma en el mantenimiento de la Paz, es decir, no limitar la actuación de la fuerza tras un acuerdo entre las partes en conflicto, sino forzar a las partes a sentarse a la mesa de negociaciones, abre una portezuela por la que la OTAN se apresura a entrar, siempre a las órdenes de la ONU. Así, la OTAN estrena su nuevo papel, de la mano de Naciones Unidas, en una misión "Forcing Peace" en Bosnia-Herzegovina para imponer los acuerdos de Dayton.
 La propia debilidad consentida de la ONU permite que, en la década de los 90, más de 60 Estados hayan utilizado, para el mantenimiento de la Paz, fuerzas ajenas de la ONU, con resultados variados y no siempre bajo la autorización del Consejo de Seguridad.
 La situación estaba servida para la siguiente vuelta de tuerca de la OTAN, toda vez que se tenían ya prefijados los nuevos riesgos grises que permitían una amplísima gama de posibilidades de intervención en un sinfín de conflictos en distintos territorios: la posibilidad de intervenir no como respuesta a una agresión a la Alianza, objetivo fundacional de la misma. Solo faltaba quitarse el engorroso trámite preceptivo para poder intervenir sin tener que contar con la autorización expresa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
 La administración norteamericana, tremendamente reacia al posible papel de NN.UU. como gobierno de un mundo plural, soñaba con la posibilidad de poder intervenir desde la OTAN al margen del papel que el derecho internacional otorga en exclusividad a las NN.UU. en la autorización del uso de fuerza. Sin embargo, necesitaban una disculpa para esa vuelta de tuerca.
 La Intervención Militar en Yugoslavia: Un golpe de estado a la comunidad internacional, un mensaje a un mundo en conflicto
El Presidente de la Asamblea de NNUU, el canciller uruguayo Opertti, no dudó en calificar la agresión de la OTAN a Yugoslavia como un "Golpe de Estado Mundial... No querría pasar a la historia como el Presidente de la Asamblea de NN UU precisamente el año en el que ese organismo firma su acta de defunción".
 Efectivamente, la agresión de la OTAN a Yugoslavia hay que entenderla en estos términos. Como vimos anteriormente, la Alianza carece de toda legitimidad jurídica para emprender esa agresión. La garantía de la seguridad internacional corresponde al Consejo de Seguridad. Es una organización "defensiva" (art. 3 y 5 del Tratado), con un área muy limitada de acción (art.6), y el ataque contra Yugoslavia es claramente una agresión en los términos fijados por la Resolución 3314 de NN UU y una manifiesta intromisión contra un Estado Soberano conforme a los artículos 2.4 y 2.7 de la Carta de Naciones Unidas.
 Pero se necesitaba una disculpa para mostrar al Mundo quién es el que verdaderamente manda, para diseñar el modelo de seguridad para el siglo XXI, y la disculpa se encontró en el conflicto/guerra civil de Kosovo, conflicto en cuyos orígenes no está ausente la responsabilidad de los gobiernos europeos.
 Se justificó la agresión apelando al derecho de injerencia para garantizar los derechos humanos. En este caso, los del pueblo kosovar.
 En un mundo con cuarenta millones de refugiados, con casos - desgraciadamente- tanto o mucho más dramáticos que el del pueblo kosovar, sorprende, por cínica, la justificación de esa agresión que no esconde la preocupación por la suerte de los kosovares sino la imposición por la fuerza de un Nuevo Modelo de Seguridad basado en la capacidad de agresión de unos Estados contra otros pisoteando la Carta de Naciones Unidas.
 El cinismo de la administración norteamerica al posicionarse en los conflictos internacionales que ocasionan desmanes a los pueblos es conocido por todos. La permisividad y, a veces, la complicidad con Gobiernos antidemoctáticos que han cometido toda clase de tropelías, persecuciones y muerte es consustancial con la administración norteamericana.
 En este caso, sin ir muy lejos, Turquía, miembro de la OTAN, ha reconocido (Ministro Hacologlu, 1995) que en cuatro años el ejército ha destruido 3.250 pueblos y aldeas y desterrado a tres millones de kurdos. Se podrían poner infinidad de ejemplos de pueblos que en la actualidad están sufriendo persecución o a los que no se les reconoce su derecho a una vida digna y autodeterminada: palestinos, saharauis, indígenas de Chiapas, colombianos, afganos,ruandeses, sudaneses, birmanos, peruanos somalís...
 ¿Qué mensaje es el que envía la OTAN al mundo?
Que nadie tenga la menor duda de que el próximo bombardeo no será ni sobre Ankara, ni sobre Tel Aviv, ni sobre México DF...
 No. Para la OTAN no es un problema de derechos humanos, es simplemenre la necesidad de resolver su derecho a la injerencia en aquellos conflictos que geoestratégicamente interesen para preservar su zona de influencia[1].
Luego de ese momento de supuesta crisis de identidad, la más  grande alianza militar de la historia no solamente ha dejado atrás su rol inicialmente “defensivo”, para protagonizar activamente ataques contra los pueblos que ensayen experiencias autonómicas de cualquier tipo, sino que, como bien lo acaba de señalar en instancias particularmente críticas el presidente Putin, no ha parado de expandirse desde la caída del muro de Berlín, a pesar de declarar lo contrario[2].
Para poder llevar adelante esa escalada sistemática de disciplinamiento global, la OTAN contó con la ayuda inestimable de organismos financieros, de las grandes cadenas informativas y sus periodistas afines, de  ONG`s “progresistas” dispuestas a participar de las mayores manipulaciones y tergiversaciones históricas conocidas, y de la propia Organización de las Naciones Unidas, cuyo rol en el conflicto balcánico no puede dejar de mencionarse.




Esta tarde, a partir de las 17 horas, se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas el cuarto y último encuentro del Seminario “Nueva geopolítica de la liberación, integración, seguridad y defensa en América Latina”, a cargo de los docentes Modesto Emilio Guerrero y Eduardo Luis Aguirre. Abordaremos en esta oportunidad el tema "Mayor democracia es mayor seguridad". Recordamos que el seminario es abierto a alumnos de la UNLPam. Desde esta hoja, agradecemos la presencia de quienes han venido sosteniendo con su presencia esta experiencia por demás enriquecedora para todos.
Hoy se llevará a cabo, a partir de la hora 17,oo, en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam, el tercer encuentro del Seminario “Nueva geopolítica de la liberación, integración, seguridad y defensa en América Latina”, a cargo de los docentes  Modesto Emilio Guerrero y Eduardo Luis Aguirre.  La actividad, destinada a estudiantes, profesionales,  docentes de Carreras de Ciencias Sociales y público en general, continuará con el abordaje del tema "Liberación y Dependencia en el marco de las nuevas coordenadas geoestratégicas. Nuevos sujetos políticos destituyentes". Como se anunciara oportunamente, el Seminario es gratuito para los alumnos de nuestra Universidad.
(Original de lasillarota.com) Papa Francisco se reunió en Sala del Palacio Apostólico del Vaticano con 30 penalistas de diversas nacionalidades de la Asociación Internacional de Derecho Penal (http://www.penal.org, que preside el Dr. John Vervaele. En el colectivo de juristas estaban, además en primera fila, su paisano Eugenio Raúl Zafaroni, ministro de la Corte Suprema de Argentina, el ex rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Luis Arroyo Zapatero, en calidad de presidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social, además de los responsables de la Asociación Internacional de Derecho Penal, la Sociedad Internacional de Criminología, la Fundación Internacional Penal y Penitenciaria, la Sociedad Mundial de Victimología y la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (que preside Zafaroni y en México el Dr. Moisés Moreno Hernández, director del Centro de Política Criminal). Estaba también el joven abogado Manual Espinoza de los Monteros de la Parra.

Este jueves 23 de octubre de 2014, el 
¡Fuerte discurso Papal! Hablo de trata de personas, pena de muerte, cadena perpetua, tortura, sistema penitenciario, y tratos degradantes entre otros.


Antes de su discurso el grupo de penalistas comentó al pontífice el trabajo que realizan en defensa de la abolición de la pena de muerte.
Y bueno el Papa no le es ajeno el tema y les dedico un largo discurso, en italiano, de entrada dejo que  qué el Derecho Penal respete la dignidad de la persona humana. Y agregó que “la corrupción es un mal más grande que el pecado. Más que perdonado, este mal debe ser curado”.
También el jesuita condenó las ejecuciones extrajudiciales y la pena de muerte -medida incluso usada por regímenes totalitarios para suprimir a la disidencia y perseguir a las minorías-, y afirmó que el respeto a la dignidad humana debe ser el límite a cualquier arbitrariedad y exceso por parte de los agentes del Estado.
Exhortó a los juristas a adoptar instrumentos legales y políticos que no caigan en la lógica del ''chivo expiatorio'', condenando al sacrificio a personas acusadas injustamente de las desgracias que afectan a una comunidad.
Además abordó la situación de los presos sin condena y los condenados sin juicio.  Señaló que la prisión preventiva, cuando se usa de forma abusiva, constituye otra forma contemporánea de pena ilícita oculta, más allá de la legalidad.
También se refirió a las condiciones deplorables de cárceles. Dijo que aunque a veces se debe a la carencia de infraestructuras, otras son el resultado del ''ejercicio arbitrario y despiadado del poder sobre las personas privadas de libertad''.
Francisco no olvidó la aplicación de sanciones penales a los niños y ancianos condenando su uso en ambos casos. Además condenó la trata de personas y la esclavitud, ''reconocida como crimen contra la humanidad y crimen de guerra tanto por el derecho internacional como en tantas legislaciones nacionales''.
También se refirió a la pobreza absoluta que sufren mil millones de personas y la corrupción. ''La escandalosa concentración de la riqueza global es posible a causa de la connivencia de los responsables de la cosa pública con los poderes fuertes. La corrupción, es en sí misma un proceso de muerte... y un mal más grande que el pecado. Un mal que más que perdonar hay que curar'', advirtió Jorge Bergoglio.
No es la primera vez que Francisco interactúa con penalistas. Hace unos meses  el Papa compartió con destacados penalistas argentinos una serie de reflexiones en torno a la justicia que vale la pena rescatar, sobre todo por ser una opinión de un lego en el tema de justicia penal.
La  extensa misiva del Papa, fechada el 30 de mayo pasado se la dirigió a su amigo, el Ministro de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni; fue leído integro en el marco del 19° Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Derecho Penal y del III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC), que preside Zaffaroni y de la que forman parte destacados penalistas latinoamericanos.
Se puede leer en mi bitácora personal (http://fredalvarez.blogspot.mx/2014/06/francisco-interviene-en-un-debate-sobre.html)
Esta vez la nota del Papa está en los principales diarios del mundo. La Silla Rota, publica un breve resumen. Y por algún motivo discurso papal no se colocó en las páginas de la Santa Sede, ni en las webs católicas, pero gracias a Roberto Manuel Carles, quien es el presidente de los jóvenes penalistas de la AIDP, compartimos en español l texto en este espacio:
Sres. Presidentes y autoridades de la
Asociación Internacional de Derecho Penal, de la
Sociedad Internacional de Criminología, de la
Sociedad Internacional de Defensa Social, de la
Fundación Internacional Penal y Penitenciaria, de la
Sociedad Mundial de Victimología, y de la
Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología
Destacados juristas
cautela in poenam et primatus principii pro homine
I. Introducción
  1.  a) Incitación a la venganza.
En la mitología, como en las sociedades primitivas, la multitud atribuye poderes maléficos a algunos de sus miembros, a quienes acusan de las desgracias que golpean a su comunidad, y que, por ello, serán sus víctimas sacrificales.  Sin embargo, la realidad muestra que el hecho de que existan los medios legales y políticos necesarios para afrontar y resolver conflictos interpersonales, no garantiza que unos pocos individuos al alcance de la mano no sean responsabilizados por los problemas de todos.
La vida en común, estructurada en torno de comunidades organizadas, requiere de reglas de convivencia cuya libre violación merece una respuesta adecuada.
Sin embargo, vivimos tiempos en que, tanto desde ciertos sectores de la política como desde algunos medios de comunicación, se incita a la violencia y a la venganza, pública y privada, no solo sobre quienes son responsables de haber cometido delitos, sino también sobre quienes recae la sospecha, fundada o no, de haber infringido la ley.
  1. b) Neopunitivismo y populacherismo penal
En este contexto, se ha expandido en las últimas décadas la creencia de que a través de la pena pública pueden resolverse los más diversos problemas sociales, tal como si para las más diversas enfermedades se nos recomendase la misma medicina.  No se trata ya de la creencia en alguna de las funciones sociales tradicionalmente atribuidas a la pena pública, sino de la creencia de que con ella pueden obtenerse los beneficios que requerirían la implementación de otro tipo de políticas sociales, económicas y de inclusión social.
A este cuadro, se suma el creciente desprecio público -fomentado por los medios masivos de comunicación- por el saber de los especialistas y por todo dato de la realidad que permita conocer el problema que se pretende solucionar.
I. c) La construcción de enemigos
No sólo se buscan chivos expiatorios que paguen con su libertad y con su vida por todos los males sociales, como era tradición en las sociedades primitivas, sino que, además, se construyen deliberadamente enemigos, figuras arquetípicas, estereotipadas, que concentran en sí todos los caracteres que la sociedad puede percibir o interpretar como amenazantes.  Los mecanismos de construcción de estas imágenes son los mismos que permitieron la expansión de las ideas racistas y judeófobas que eclosionaron hacia fines del siglo XIX.  Los principales enemigos de hoy, en distintas regiones del planeta, son los inmigrantes y los jóvenes de barrios precarios, sobre quienes pesa el estigma de potenciales delincuentes.
II. Sistemas penales descontrolados y la misión de los juristas
El principio rector de la cautela in poenam
Así las cosas, el sistema penal abandona su función meramente sancionadora, y avanza sobre las libertades y derechos de las personas, sobre todo de las más vulnerables, en nombre de una finalidad preventiva cuya eficacia, hasta el momento, no se ha podido verificar ni siquiera para las penas más graves, como la pena de muerte.  Ya ni siquiera se conserva la proporcionalidad de las penas, que históricamente reflejó la escala de valores protegidos por los Estados.  Lejos quedó aquel derecho penal concebido como ultima ratio, como último recurso sancionatorio, limitado a los hechos más graves contra los intereses individuales y colectivos más valiosos.  Lejos también quedó el debate sobre la sustitución de la cárcel por otras sanciones penales alternativas.
En este contexto, la misión de los juristas no puede ser otra que la de limitar y contener esta irracionalidad.  Es una tarea difícil, en tiempos en que muchos jueces y operadores del sistema penal deben cumplir con su tarea coaccionados por las presiones de los medios masivos de comunicación, de algunos políticos inescrupulosos y de las pulsiones vindicativas que ellos fomentan en las sociedades.  Quienes tienen tan altas responsabilidades están llamados a cumplir con su deber, puesto que no hacerlo pone en riesgo vidas humanas, que deben ser cuidadas con mayor compromiso que con el que a veces cuidan sus cargos.
III. Sobre la primacía de la vida y de la dignidad de la persona humana
(primatus principii pro homine)
III. a) Sobre la pena de muerte
Es imposible imaginar que los Estados no puedan disponer de otro recurso que no sea la pena capital, para defender del agresor injusto las vidas de otras personas.
San Juan Pablo II ha condenado la pena de muerte (Evangelium Vitae, 56), como también lo hace el Catecismo (Constitución Apostólica Fidei Depositum) en su No.2267, tercer párrafo.
Sin embargo, los Estados matan no sólo por medio de la pena de muerte y de las guerras.  También lo hacen cuando los servidores públicos se refugian en las potestades estatales para justificar sus crímenes.  Las denominadasejecuciones extrajudiciales o extralegales son homicidios deliberados cometidos por los Estados y sus agentes, muchas veces encubiertas como enfrentamientos con delincuentes o presentados como consecuencias indeseadas del uso racional necesario y proporcionado de la fuerza para hacer cumplir la ley.  De este modo, aun cuando de los sesenta países que mantienen en su legislación la pena de muerte, treinta y cinco no la han aplicado en los últimos diez años, la pena ilegal de muerte se aplica en todo el planeta, en distintos grados.
Las ejecuciones extrajudiciales, incluso, suelen perpetrarse en forma sistemática, no solamente por Estados de la comunidad internacional, sino también por aquellos no reconocidos como tales, y constituyen verdaderos crímenes contra la humanidad aun cuando no encajen en la definición convencional que los propios Estados han aceptado para estas gravísimas violaciones a los derechos humanos.
Los argumentos en contra de la pena de muerte son muchos y bien conocidos.  La Iglesia ha oportunamente enfatizado algunos de ellos, como la posibilidad de existencia de error judicial, y el uso que hacen de ella los regímenes totalitarios y dictatoriales, que la utilizan como herramienta de exterminio de toda disidencia política o de persecución de las minorías religiosas y culturales, todas ellas víctimas que para sus respectivas legislaciones son “delincuentes”.
Los Estados también matan por omisión, no solo cuando no controlan debidamente a sus agentes, sino también cuando no satisfacen las necesidades básicas de las personas.
La pena de muerte implica la negación del amor a los enemigos predicada en el Evangelio. Todos los cristianos y los hombres de buena voluntad, estamos obligados no sólo a luchar por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal, y en todas sus formas, sino también para que las condiciones carcelarias sean mejores, en respeto de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad.
En ese sentido, cierto es que la pena de prisión perpetua – abolida el año pasado en el Estado Vaticano – así como aquellas que por su duración conlleven la imposibilidad para el penado de proyectar un futuro en libertad, son también penas de muerte encubiertas, puesto que con ellas no se pretende ya retribuir al culpable el daño que pudo haber obrado mediante la privación de su libertad, sino mediante la privación de toda esperanza.  Y aunque el sistema penal pueda cobrarse el tiempo de los culpables, jamás puede cobrarse su esperanza.  Ese intento perverso, que muchas veces se materializa en suicidios y autolesiones de los penados, constituye en sí un trato cruel, inhumano y degradante.
III. b) Sobre las condiciones de encierro, los presos sin condena y los condenados sin juicio
Otra forma contemporánea de penas ilícitas, ocultas tras un halo de legalidad, lo constituye la prisión preventiva, cuando en forma abusiva opera como adelantamiento de la pena, previa a la condena, o como una medida que se aplica ante la sospecha más o menos fundada de que se ha cometido un delito.
Esta situación es particularmente grave en América Latina, donde el número de presos sin condena oscila entre el cincuenta y el setenta por ciento del total de las personas privadas de la libertad.  Este fenómeno contribuye al deterioro aún mayor de las condiciones de encierro, situación que la construcción de nuevas cárceles nunca termina de resolver, puesto que toda nueva cárcel que se construye ya ha excedido su capacidad antes de ser inaugurada.  Es causa, además, del uso indebido de instalaciones policiales y militares como lugares de encierro.
La resolución del problema de los presos sin condena debe hacerse con la debida cautela, pues se corre el riesgo de crear otro, tanto o más grave: el de los presos sin juicio, condenados sin que se respete el debido proceso.
Las deplorables condiciones de encierro que se verifican en distintas partes del planeta, constituyen a menudo auténticos tratos inhumanos y degradantes, muchas veces producto de las deficiencias del sistema penal, otras, de las carencias de infraestructura y de planificación, y otras, en no pocas oportunidades, no son más que el resultado del ejercicio arbitrario y despiadado del poder sobre las personas privadas de la libertad.
III. c) Sobre la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes
Otra forma de tortura es la que se aplica a través del encierro en cárceles de máxima seguridad.  Lejos de ofrecer una mayor seguridad a la sociedad o un tratamiento especial para las personas privadas de la libertad, su principal característica no es otra que el aislamiento externo.  Esta forma de tortura, conocida como “tortura blanca”, consiste en el encierro en minúsculas microceldas, con total aislamiento del mundo exterior. Como lo demuestran los estudios realizados por diversos organismos de derechos humanos, la falta de estímulos sensoriales, la total incomunicación y la falta de contacto con otros seres humanos, provocan padecimientos psíquicos y físicos tales como paranoia, ansiedad, depresión y pérdida de peso, e incrementan ostensiblemente la tendencia al suicidio de quienes los padecen.
Este fenómeno, característico de las cárceles de máxima seguridad, también se verifica en todo tipo de establecimiento penitenciario, junto con otras formas de tortura física y psíquica cuya práctica se ha naturalizado.
Las torturas ya no son suministradas solamente como un medio para la obtención de un determinado fin, como la confesión o la delación - prácticas características de la doctrina de la seguridad nacional - sino que constituyen auténticos plus de dolor que se adicionan a los males propios del encierro.
De este modo, se tortura no solamente en centros clandestinos de detención o en los modernos campos de concentración, sino también en cárceles, institutos de menores, manicomios, asilos, comisarías y demás centros e instituciones de detención y encierro.
La propia doctrina penal lleva una importante responsabilidad en esto, al haber ensayado discursos de legitimación de la tortura ante ciertos supuestos, lo que, como suele ocurrir con este tipo de discursos, no ha tenido otra consecuencia que legitimar la totalidad de estas prácticas.
Muchos Estados son también responsables por haber detenido o tolerado el secuestro de personas en sus territorios, incluso ciudadanos de sus respectivos países, o de haber autorizado el uso de su espacio aéreo para la realización de traslados ilegales hacia centros de detención y tortura.
Esta locura solo podrá detenerse con el firme compromiso de la comunidad internacional, que reconozca el primado del principio pro homine, es decir, de la dignidad de la persona humana por sobre todas las cosas.
III) d. Sobre la aplicación de sanciones penales a niños y ancianos y a otras personas especialmente vulnerables.
Los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a los niños, que aún no han completado su desarrollo madurativo y por eso no pueden ser responsabilizados.  En cambio, ellos deben ser destinatarios de todos los privilegios que puede ofrecer el Estado, tanto en lo concerniente a políticas de inclusión como a las prácticas orientadas a infundir en ellos el respeto por la vida y los derechos de los demás.
Los ancianos, por su parte, son quienes a partir de sus propios errores pueden enseñar al resto de la sociedad.  No sólo se aprende de las virtudes de los santos, sino también de las faltas y de los errores de los pecadores y, entre ellos, de quienes, por el motivo que fuere, hubieren caído en el delito.   Además, razones humanitarias imponen que, así como se debe excluir el castigo de quienes padecen enfermedades graves o terminales, de mujeres embarazadas, personas discapacitadas, madres y padres que sean únicos encargados de menores o discapacitados, igual tratamiento merecen los adultos mayores.
IV. Consideraciones sobre algunas formas de criminalidad que lesionan gravemente la dignidad de las personas y el bien común
Algunas formas de criminalidad, perpetradas por civiles, lesionan gravemente la dignidad de las personas y el bien común.  Muchas de ellas jamás podrían ser cometidas sin la colaboración, activa u omisiva, de las autoridades públicas.
IV. a) Sobre el delito de trata de personas
La esclavitud, incluida la trata de personas, es reconocida en su faz de crimen contra la humanidad y como crimen de guerra, tanto por el derecho internacional como por muchas legislaciones nacionales.  Sin embargo, aun cuando no se verifiquen ninguna de esas dos hipótesis extremas, estos crímenes integran las más graves afrentas a la dignidad de la persona humana.
Y puesto que no es posible cometer un delito tan complejo como el tráfico de personas sin la complicidad, por acción o por omisión, de los Estados, es evidente que, cuando los esfuerzos por prevenirlo y combatirlo no son suficientes, también estamos frente a un crimen contra la humanidad.  Más aún cuando quienes deben proteger a las personas y garantizar su libertad, colaboran, protegen o encubren a quienes comercian con seres humanos; en esos casos, los Estados son responsables frente a sus ciudadanos y frente a la comunidad internacional.
Como es sabido, las definiciones acerca de qué es el delito de genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, son producto de la época en que fueron elaboradas, y expresan no solo las preocupaciones excluyentes de ese entonces, sino también la coyuntura política y la relación de fuerzas del momento.
No se trata de restar importancia al contexto en que se realizan las conductas que la comunidad internacional define como crímenes contra la humanidad, sino de reconocer que existen otros tanto o más graves que la existencia de un grupo de personas que se pretende destruir, o de una parte de la población civil a la que se dirige un plan de ataque generalizado o sistemático.
Más de mil millones de personas están atrapadas en la pobreza absoluta.  Mil quinientos millones de personas no tienen acceso a saneamiento, agua potable, electricidad, educación básica o al sistema de salud, y deben soportar carencias económicas incompatibles con una vida digna[1].  Aunque el número total de personas en esta situación pudo haber disminuido en los últimos años, su vulnerabilidad se ha incrementado, debido a las mayores dificultades que deben enfrentar para salir de esa situación.  Ello se debe a la cada vez mayor cantidad de personas que vive en países en conflicto, estimada en mil quinientos millones. Cuarenta y cinco millones de personas se vieron forzadas a huir por situaciones de violencia o persecución solo en 2012; de ellas, quince millones son refugiados, la cifra más alta en dieciocho años.
El setenta por ciento de estas personas son mujeres. Además se estima que siete de cada diez personas que mueren de hambre en el mundo son mujeres y niñas[2].
Este contexto constituye, claramente, una situación tanto o más grave que el ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil determinada: el ataque es dirigido, por acción o por omisión, contra un cuarto de la población total del planeta, la más vulnerable, y dentro de ella, especialmente contra los más débiles: las mujeres y los niños.
Tampoco resulta difícil encontrar a los responsables últimos de esta realidad, cuando la mitad de la riqueza global está en manos del uno por ciento de la población mundial.
IV) b. Sobre el delito de corrupción
La obscena concentración de la riqueza global es posible, a su vez, por la connivencia de servidores públicos con los poderes concentrados.  La corrupción es ella también un proceso de muerte: cuando la vida muere, hay corrupción.
Pocas cosas son más difíciles que resquebrajar un corazón corrupto.  “Acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios” (Lucas 12, 21).  Cuando la situación personal del corrupto se torna complicada, él conoce todas las coartadas para escabullirse como lo hizo el administrador sobornado (Lucas 16, 1-8).
El corrupto camina por la vida por los atajos del ventajismo, con cara de "yo no fui”, llegando a introyectar su personaje de hombre honesto.  El corrupto no puede aceptar la crítica, descalifica a quien la hace, procura descabezar cualquier autoridad moral que pueda cuestionarlo, desvaloriza a los demás y arremete con el insulto contra quienes piensan distinto.  Si la relación de fuerzas lo permite, persigue a quienes lo contradicen.
La corrupción se expresa en una atmósfera de triunfalismo porque el corrupto se cree un ganador. En ese ambiente, se siente con ínfulas para rebajar a los demás. El corrupto no conoce la fraternidad o la amistad, sino la complicidad y la enemistad.
El corrupto no percibe su corrupción. Sucede lo que con el mal aliento: difícilmente se percate de ello el que lo tiene. Son otros quienes lo sienten y se lo deben decir. Por ello difícilmente el corrupto pueda salir de su estado por remordimiento interno.
La corrupción es un mal mayor que el pecado.  Más que perdonado, el mal debe ser curado.  La corrupción se ha naturalizado al punto de llegar a constituir un estado personal y social ligado a la costumbre, una práctica habitual en las transacciones comerciales, y financieras, en las licitaciones públicas, en toda negociación que involucre a agentes del Estado. Es la victoria de las apariencias sobre la realidad, y de la desfachatez impúdica sobre la discreción honrada.
Sin embargo, el Señor no se cansa de llamar a las puertas de los corruptos. La corrupción nada puede hacer contra la esperanza.
¿Y qué puede hacer el derecho penal contra la corrupción? (pregunta Francisco y el mismo responde)
Son muchas ya las convenciones y tratados internacionales en la materia, y han proliferado las figuras delictivas orientadas a proteger no tanto a los ciudadanos, que en definitiva son sus víctimas últimas - en particular, los más vulnerables - sino a resguardar los intereses de los actores de los mercados económicos y financieros.
El castigo penal es selectivo.  Como he dicho en otras oportunidades, es como una red que atrapa solamente a los peces pequeños, mientras que deja a los grandes libres en el mar.  Su aplicación, por lo tanto, debe ser hecha con cautela.  Así, un mayor celo en la persecución de los delitos de corrupción de los servidores públicos puede derivar en una ola de procesos  penales por llamadas telefónicas a familiares desde el lugar de trabajo, o por el hurto de algunas hojas de papel usadas para imprimir materiales de estudio.
Las formas de corrupción que deben perseguirse con la mayor severidad son aquellas que causan graves daños sociales, ya sea en cuestiones económicas y sociales - como ser, graves defraudaciones contra la administración pública o el ejercicio desleal de la administración confiada - como en todo tipo de obstaculización del accionar de la justicia con miras a procurar la impunidad por las fechorías propias o las de terceros.
Conclusión
La cautela en la aplicación de la pena pública debe ser el principio rector de los sistemas penales, y la plena vigencia y operatividad del principio pro homine debe garantizar que los Estados no estén habilitados, jurídica o fácticamente, a subordinar el respeto de la dignidad de la persona humana a cualquier otra finalidad, aun cuando se procure alcanzar  algún tipo de utilidad social.  El respeto de la dignidad humana no solo debe operar como límite a la arbitrariedad y los excesos de los agentes estatales, sino como criterio orientador para la persecución y represión de aquellas conductas que representan los más graves ataques a la dignidad e integridad de la persona humana.
 [1] 2014 Human Development Report - Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, UNPD.
[2] Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres (UNIFEM).

Esta tarde a las 17 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPAM, continúa el Seminario que dictamos con Modesto Emilio Guerrero, en el que abordaremos el tema "Integración Regional, Imperio e Imperialismo. Seguridad y Defensa. Nuevos paradigmas regionales autonómicos". El Seminario, que comenzó hace exactamente siete días con singular éxito, se extenderá por cuatro encuentros y los interesados pueden inscribirse en la propia Facultad.

Ayer comenzó el Seminario "Nueva Geopolítica de la Liberación, integración, seguridad y defensa en América Latina", con la presencia de Modesto Emilio Guerrero, profesor de Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Avellaneda, periodista, escritor, ensayista, biógrafo de Hugo Chávez. Un encuentro excelente, desarrollado con la capacidad reconocida de Modesto, con un buen marco de público  -máxime, si tenemos en cuenta que se trató de un contenido no habitual en una escuela de Derecho, mérito exclusivo de nuestra Facultad-y un final con debate abierto, ágil, de altísimo vuelo conceptual. Recordamos que la experiencia -que continúa el próximo viernes- es gratuita para los estudiantes de la UNLPam

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén se ha obligado a reconocer las formas de resolución de conflictos de los pueblos originarios, como consecuencia del denominado "Acuerdo de Pulmarí".

El reconocimiento de la justicia penal ancestral abarcará los territorios que habitan las comunidades Currumil, Catalán, Aigo, Puel, Ñorquinco y Hienguihual ubicadas en la zona de Aluminé y Villa Pehuenia.
El acuerdo implica un avance sustancial sin precedentes en materia de respeto a la diversidad cultural, en un todo de conformidad con las normas convencionales y constitucionales que determinan el resguardo de las costumbres y prácticas de resolución de conflictos ancestrales.
El acuerdo permite “reconocer y respetar la identidad cultural de los pueblos indígenas neuquinos en la forma de resolver sus conflictos, dentro del marco de los Derechos Humanos y del ordenamiento jurídico vigente; fomentar, a través de actividades conjuntas, el intercambio cultural; rescatar y poner en valor las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas; promover los métodos de resolución de conflictos basados en el diálogo y en el respeto mutuo; coordinar acciones en conjunto para articular el abordaje de los conflictos”.
El documento incluye pautas como que el conflicto involucre únicamente a miembros de comunidades indígenas reconocidas como tales por el Estado; que el conflicto haya ocurrido únicamente en territorio reconocido de las Comunidades; que el caso no afecte gravemente el interés público (un homicidio o delitos contra la integridad sexual, por ejemplo, quedarán excluidos); que la sanción respete los derechos humanos; y que el conflicto sea resuelto por una autoridad legitimada por las comunidades.
El fiscal general firmará en los próximos días una Instrucción a través de la cual fijará en forma oficial las pautas para aplicar los principios de la “Declaración de Pulmarí” y reconocer la Justicia indígena en la provincia.
No obstante estas limitaciones, lo cierto es que este hecho histórico es un primer paso en materia de ampliación de derechos, pero también en términos de reivindicación de formas no punitivas de solución.


No debe olvidarse que, también en el caso de los mapuches, los pueblos originarios de América Latina se afiliaron mayoritariamente a formas restaurativas de resolución de la conflictividad.
El reconocimiento de lógicas y prácticas no violentas constituiría un progreso real y objetivo en términos de pacificación y armonía social, sobre todo en épocas donde las lógicas vindicativas y represivas hegemonizan las narrativas asociadas a la "inseguridad".
En efecto, en un momento histórico donde se imponen al parecer sin demasiadas dificultades los discursos represivos frente al crecimiento de la criminalidad en América Latina y muy especialmente en la Argentina, el interés por indagar las formas alternativas de resolución de diferencias entre los mapuches nos remite a comunidades casi exclusivamente preocupadas por reestablecer el equilibrio en absoluta coherencia con su visión holística o cósmica. Como en la mayoría de las culturas precolombinas, el sistema jurídico mapuche es, esencialmente, un derecho de mediación, donde la infracción (en rigor, el daño causado) refleja una potencialidad de puesta en riesgo de un equilibrio colectivo que se protege con celo llamativo y de una paz social que resulta preponderante. “Uno de las ideas que más fuertemente están presentes en la conciencia jurídica de los indios es el convencimiento de que la justicia estatal no vela ni por los intereses de la sociedad ni tampoco por los del propio reo. Al pensamiento de que los órganos jurisdiccionales están corrompidos, son lentos e ineficaces, se equivocan constantemente y tutelan los intereses de los poderosos, se une este otro que afirma que las sanciones estatales despersonalizan al sujeto, lo excluyen de su entorno, provocan el contagio criminal y, en definitiva, transforman negativamente el individuo” [20].
Es importante destacar que las prácticas de justicia restaurativas conservan su vigencia en las comunidades, dato éste relevante para entender un aspecto cultural central, indisolublemente ligado a su concepción del mundo. Ojalá que se las respete efectivamente. Cada vez más.