Ginebra acoge desde hoy de manera oficial la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM), cuyo primer objetivo es lograr una moratoria mundial de ese castigo para el año 2015.
Creada hace un año por iniciativa del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, la presentación de la CIPM en Ginebra coincidió con el Día Internacional contra la Pena Capital, que sigue vigente en más de 30 países.
El ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza preside esta Comisión, de la que forman parte también, entre otros, las expresidentas filipina Gloria Macapagal y suiza Ruth Dreifuss, el ex primer ministro italiano Guiliano Amato y el exgobernador del estado de Nuevo México, Bill Richardson.

Desde su creación hace un año, la CIPM realizó sus trabajos desde el Ministerio español de Asuntos Exteriores y se traslada ahora a Ginebra con la intención de galvanizar los esfuerzos que se hacen desde diversas instancias internacionales, tanto gubernamentales como civiles, para lograr la erradicación total de la pena capital.
"La tarea de esta Comisión es especialmente importante en un momento en el que hay una tendencia a la abolición y a la implantación de moratorias", señaló Mayor Zaragoza, que recordó que la aplicación de la pena de muerte es una violación flagrante de los derechos humanos y representa un claro caso de tortura.
"Se dan casos en países como Estados Unidos de personas que pasan 33 años en el corredor de la muerte y que son víctimas de procesos penales muy deficientes", dijo el presidente de la CIPM.
El ex director general de la Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) hizo una lectura positiva del hecho de que ya hay 104 países que han abolido la pena de muerte y otros 35 que aplican moratorias, pero recordó también que eso significa que "todavía hay otros 54 estados con la pena capital en vigor".
"Nuestro objetivo es evidentemente la abolición de la pena de muerte o, al menos, llegar al año 2015 con una moratoria global", planteó el máximo responsable de esta Comisión.
La CIPM recordó que el derecho internacional rechaza la pena capital y que la Corte Penal Internacional (CPI) la excluye de manera expresa incluso en los casos de extrema gravedad, como en los delitos de genocidio o de crímenes contra la humanidad.
La instalación de la Comisión en Ginebra tiene que ver con el decidido compromiso desde hace años del Gobierno de Suiza con la abolición de esta pena, según explicó en la conferencia de prensa Ruth Dreifuss.
La expresidenta de la Confederación Helvética subrayó que su país rechaza de manera tajante la pena de muerte y pidió que los estados "no solo expresen su oposición, incluyendo en sus leyes la prescripción de esta forma de castigo, sino que sean militantes en el ámbito internacional".
"El primer derecho de los seres humanos es el derecho a la vida y nadie, tampoco los estados", puede vulnerarlo, agregó la exmandataria suiza, que calificó la aplicación de esa pena como una práctica "cruel, inhumana y degradante".
Dreifuss habló de la incongruencia que representa la inclusión en el ámbito del derecho internacional de la tortura, como algo prohibido y aceptado por todos los estados, y la continuidad de la aplicación de la pena de muerte en medio centenar de países, sin tener en cuenta que "es una forma de tortura".
Puso el ejemplo de las condiciones de vida de los condenados a muerte en los corredores de la muerte de lugares como el estado de Texas, en EEUU, donde los internos pasan 23 horas del día en celdas de no más de seis metros cuadrados sin luz exterior y "sin ni siquiera el derecho a reservar visitas con sus familiares".
Dreifuss habló también del caso de Japón, "donde las condiciones son igualmente inhumanas", porque los condenados "ni siquiera saben cuándo serán ejecutados, si este será su último día".
En cuanto a China, el país que ejecuta con más frecuencia las sentencias de pena de muerte, el Comité prefirió no entrar en cifras -"es muy difícil saber qué está pasando exactamente en ese país", dijo Mayor Zaragoza-, pero expresó su confianza en que en los próximos meses y años se pueda lograr un acercamiento a sus autoridades.

Juristas Cubanos EdhRED DEL CAPÍTULO JURÍDICO CUBANO EN DEFENSA DE LA HUMANIDAD La Habana, Cuba 26 de agosto de 2011.Basta ya!!!Por trigésima ocasión el gobierno de los Estados Unidos incluye a Cuba en la lista de “Estados patrocinadores del terrorismo internacional”. ¿Con qué oscuros fines ese gobierno mantiene esa farsa y la divulga a todos los confines del mundo a través de una prensa mediatizada?¿Qué derecho tiene a ello el gobierno que desde hace más de 50 años aplica un genocida bloqueo económico, comercial y financiero contra el pueblo cubano?¿Cómo algo así es posible cuando mantienen en injusta prisión a Cinco luchadores antiterroristas, sancionados a largas penas de cárcel, por evitar actos terroristas contra nuestro pueblo y también contra el de los Estados Unidos? Durante más de 12 años los han sometido frecuentemente a los tratos crueles e inhumanos que prohíben sus propias leyes y las Convenciones aprobadas por la Comunidad Internacional, lo que también han hecho extensivo a sus familiares al dificultarles o impedirles las visitas a que tienen derecho. Mientras esto ocurre con nuestros compatriotas, el 8 de abril de 2011, en El Paso Texas, una Corte Federal ha absuelto, al peor terrorista del Continente americano, Luis Posada Carriles, responsable de la voladura de un avión de Cubana de Aviación, en pleno vuelo, frente a las costas de Barbados, el 6 de octubre de 1976, que ocasionó la muerte de sus 73 pasajeros inocentes y también de otros numerosos atentados terroristas, que han privado de la vida a personas inocentes, cuyos familiares continúan reclamando justicia.

Ahora premian con una indemnización millonaria, por segunda vez, a Gustavo Villoldo, terrorista confeso que organizó y dirigió el salvaje ataque a Boca de Samá, el 12 de octubre de 1971, que provocó dos muertos y cuatro heridos graves, entre los cuales se encontraba la niña Nancy Pavón, a quién hubo que amputarle un pie.Se trata de un ex mercenario de Playa Girón, que participó en el asesinato del Che en octubre de 1967 y asegura haber organizado su entierro en secreto. Estos hechos, ponen en evidencia, una vez más, la credibilidad del Sistema Judicial de los Estados Unidos. El dinero que se gasta USAID para tratar de mejorar la justicia en América Latina, interfiriendo en los asuntos internos de los países, deberían invertirlo en capacitar a sus propios jueces. ¿Ese es el sistema de Justicia que nos presentan como modelo a los pueblos de Latinoamérica y del mundo? ¿Es ese un sistema que lucha contra el terrorismo o que lo promueve, sostiene y alienta?Basta ya !!!La Habana, 26 de agosto de 2011.Capitulo Jurídico cubanoEn Defensa de la Humanidad. Estados Unidos no solo alberga a terroristas sino que los recompensahttp://www.granma.cubaweb.cu/2011/08/25/interna/artic02.htmlJEAN-GUY ALLARDUn tribunal de Miami "ordena" a Cuba que indemnice a un terrorista confeso que organizó y dirigió el salvaje ataque a Boca de Samá, además de ser un mercenario de la CIA que se jacta de haber capturado a Che Guevara. La recompensa "dictada" es de 2800 millones de dólares, un récord en la larga lista de condenas extravagantes emitidas por tribunales de Miami contra la Isla.Hijo de un multimillonario cubano de los años 50, Gustavo Villoldo demandó por "torturas y expropiaciones", por pérdidas supuestamente sufridas por su familia con el triunfo de la Revolución cubana.Villoldo es el mismo personaje que confesó hace unos años, a un reportero del Miami New Times, que dirigió por orientación de la CIA el cobarde ataque terrorista a Boca de Samá, ocurrido el 12 de octubre de 1971, que dejó dos muertos y cuatro heridos graves, entre ellos la niña Nancy Pavón a quien hubo que amputar un pie.Las declaraciones de Villoldo corroboraron de manera absoluta la responsabilidad directa de las autoridades estadounidenses en este acto terrorista cometido contra Cuba.El ataque a Boca de Samá, un pueblito de pescadores cercano a la playa de Guardalavaca, es solo una de la cadena de operaciones terroristas cuya paternidad fue reclamada por Alpha 66 a finales de los años 60 y principios de los 70. Y es sin dudas la más cobarde de todas.En la entrevista con el rotativo de Miami, Villoldo explicaba que escogió a Boca de Samá por ser "un blanco fácil". Fue así que este hijo de multimillonario habanero salió con su tropa de Key Biscayne con dos lanchas rápidas "y una fragata de 177 pies". La operación duró 65 minutos.Villoldo es además un exmercenario de Playa Girón que participó en el asesinato del Che en octubre de 1967 y que asegura haber organizado el en tierro secreto del Guerrillero Heroico.Villoldo y su hermano Alfredo habían "ganado" otra demanda en el 2009, cuando el juez estatal Peter Adrien decidió que tenían derecho a una compensación de 1200 millones de dólares.El colmo: su abogado en Miami, Andrew C. Hall, espera que se incaute el dinero de la indemnización a través de "empresas cubanas en el extranjero".La CIA ordenó el crimen de Boca de Samá, confiesa uno de los asesinos del CheJEAN GUY ALLARDhttp://www.granma.cu/espanol/2009/agosto/sabado22/lacia.html En una confesión al Miami New Times, uno de los hombres de la CIA que participaron en el asesinato del Che, acaba de confirmar públicamente que la Agencia ordenó directamente el ataque terrorista a Boca de Samá, el 12 de octubre de 1971.Villoldo (a la derecha) junto al asesinado Ernesto Che Guevara. Villoldo fue uno de los oficialesde la CIA enviados, junto a Félix Rodríguez, para participar en la operación.Este acto terrorista organizado por Gustavo Villoldo y reivindicado por Alpha 66, provocó dos muertos y cuatro heridos graves, entre los cuales se encontraba la niña Nancy Pavón a quien hubo que amputarle un pie.Las investigaciones de las autoridades cubanas han acusado en varias oportunidades a la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, de encontrarse detrás del criminal ataque.Las declaraciones de quien admite además haber sido oficial de la CIA durante décadas, corroboran de manera absoluta la responsabilidad directa de las autoridades estadounidenses en este acto terrorista cometido contra Cuba. Por si quedaban dudas.El ataque a Boca de Samá, un pueblito de pescadores cercano a la playa de Guardalavaca, es solo uno de la cadena de operaciones criminales cuya paternidad fue reclamada por Alpha 66 a finales de los años 60 y principios de los años 70. Y es, sin dudas, la más cobarde de todas.En una decisión judicial que solo podría acontecer en Miami, un juez le otorgó a Villoldo hace unos meses 1 200 millones de dólares "por el suicidio de su padre", que atribuyó al triunfo revolucionario en Cuba.Villoldo, ex mercenario de Playa Girón, participó en el asesinato del Che en octubre de 1967 y asegura haber organizado el entierro secreto del heroico guerrillero.En una entrevista titulada He Buried Che (Enterró al Che), concedida al periodista Tim Elfrink del Miami New Times, Villoldo cuenta —entre otras cosas— que en la primavera de 1971 recibió una llamada en su casa de Miami originada en Washington de "un viejo contacto CIA" que se niega a identificar.En aquel momento, comenta, la administración Nixon, envuelta en problemas, necesitaba "una victoria sobre el comunismo". Parecía que había llegado el momento preciso para un plan cuyo objetivo era tomar "una pequeña ciudad" como preámbulo a "un ataque más amplio" y como "golpe de propaganda contra Cuba".Preguntó entonces, en lenguaje convenido, el "viejo contacto": "¿Te recuerdas esta misión que siempre quisiste hacer? Considera esto como la famosa luz verde para ir adelante."Conforme a la estrategia de las "operaciones autónomas", que permitía a la CIA sostener que no tenía vínculo con las operaciones terroristas contra Cuba, Villoldo se puso de inmediato a buscar fondos y a reclutar mercenarios.En tres meses, afirma, recogió 350 000 dólares entre los negociantes cubanoamericanos y se encontró a 50 hombres para la expedición. La "pequeña ciudad" escogida para la operación fue, en realidad, este tranquilo pueblecito del oriente cubano, con una población de "unas docenas de personas" alojadas en "cabañas de madera".Valoró que sería "un blanco fácil", precisa el artículo. Villoldo, hijo de un multimillonario habanero, salió con su tropa de Key Biscayne con dos lanchas rápidas "y una fragata de 177 pies".El ataque mercenario duró 75 minutos, dice Villoldo. Afirma que salieron huyendo del lugar en sus embarcaciones y que "las autoridades cubanas pensaron que nos habíamos ido a plena velocidad hacia al norte. Helicópteros y aviones buscaron a los hombres lejos de donde estaban en el estrecho de la Florida. Al oscurecer, escondidos, regresaron a casa", cuenta Villoldo quien se atribuye el papel de héroe.Santiago Álvarez, el cómplice de Luis Posada Carriles, también se atribuyó el salvaje ataque a Boca de Samá en el pasado.Villoldo confirma luego que después de Boca de Samá, continuó su trabajo con la CIA "alrededor de América Latina y el Caribe durante los años 70 y 80".Vive hoy en West Kendall, donde empiezan los Everglades. Su propiedad no aparece en el libro del teléfono, precisa el autor del reporte. Tampoco en el registro de propiedades.El crimen de Boca de Samá fue denunciado por el líder cubano Fidel Castro, quien de inmediato sospechó la responsabilidad de la CIA en este acto de terrorismo

Un artículo del arquitecto Claudio Bruno.

La Bastilla fue un edificio que adquirió una amplia (y siniestra) reputación como lugar de encierro, aunque su destino original era otro.
Fue erigida para operar como el fuerte que debía proteger el llamado Portal de San Antonio, en el entonces límite este de Paris. Su nombre proviene del vocablo medieval francés bastide, que precisamente significa fortaleza. La denominación formal era “Bastille Saint-Antoine”, es decir Bastión o Fuerte de San Antonio.
La construcción se inició en 1370, durante la Guerra de los Cien Años, y se terminó de completar en 1383, bajo el reinado de Carlos V. El autor de la Bastilla fue Hugo Aubriot.
Básicamente se trataba de una muralla de 24 mts. de altura con torres que trabajaban como contrafuertes estructurales, delimitando un rectángulo irregular de unos 70 mts de largo por 34 mts de ancho, con dos patios interiores. A su alrededor había un foso de 8 mts de profundidad y el acceso era a través de un puente levadizo sobre el lado este, pero que a mediados del s. XV fue tapiado y se creó un portón de acceso en la fachada Norte, sobre la actual calle de la Bastilla (Rue de la Bastille).

Era un típico ejemplo de la arquitectura militar del medioevo, aunque con una característica distintiva: las torres y la muralla tenían la misma altura, con el objeto de unificar y conectar todo el último nivel. De este modo, los soldados y la artillería podían desplazarse de un flanco a otro conforme el nivel de amenaza, sin necesidad de moverse dentro de las torres. Este detalle se observa también en el Castillo de Tarascon, construido con posterioridad a la Bastilla.
Con el transcurrir de los años, su misión defensiva resultó insuficiente[1], por lo que se transformó en fortín – arsenal, hasta que en la primera mitad del s. XVII el Cardenal Richelieu (primer ministro de del rey Luis XIII) la comenzó a emplear como prisión estatal, función que se prolongaría hasta su fin, en 1789.
Su historia como cárcel está unida a las llamadas “Lettres de Cachet”, que eran las cartas reales por las que se ordenaba la detención y reclusión de personas sin juicio alguno.

Los archivos encontrados tras la toma mostraban que en general los prisioneros alojados eran estafadores y falsificadores, como así también personas encerradas por motivos religiosos o por publicar manifiestos contrarios al régimen. Por tal razón, varios de los encarcelados en la Bastilla tenían posiciones acomodadas dentro de la sociedad. Además, la capacidad máxima de alojamiento era menor a 50 personas. Es así que las condiciones del lugar resultaban menos sórdidas que el resto de las cárceles parisinas.
Pero la voluntad monacal de generar un clima de terror en el pueblo obligó a mantener un hermético silencio sobre lo que ocurría dentro del edificio. A tal punto, que los prisioneros próximos a ser liberados (únicamente por orden del rey) debían juramentar que no revelarían nada de lo que habían visto u oído en el interior.
En 1789, tras la histórica toma, los liberadores descubrieron con sorpresa que la vida dentro era mas confortable de lo que se rumoreaba. A algunos presos que eran mas confiables se les permitía tener su propio mobiliario e incluso los mas acaudalados estaban acompañados por sus sirvientes.
También se descubrió que algunos presos tenían el beneficio de poder deambular alrededor de la fortaleza, practicar juegos, tener pasatiempos y hasta se le otorgaba permiso para ir a Paris. Una especie de libertad condicional bajo palabra.
La vida dentro de la Bastilla no tenía los horrores de la leyenda que se creó, no obstante representó el nefasto símbolo del despotismo monárquico, y su toma –el 14 de julio de 1789- marcó el inicio de la Revolución Francesa y se transformó en la fecha patria de Francia.-
[1] Fue sitiada en siete oportunidades, rindiéndose en seis de ellas.

Las recientes elecciones en el País Vasco han arrojado resultados tan imprevistos como elocuentes, que han sido subalternizados por la irrupción callejera de los indignados, los intereses editoriales de la gran prensa española y el colapso esperable del zapaterismo en las urnas. La perplejidad que se deriva de un aluvión de votos respaldando a una novedosa expresión de la izquierda nacionalista, obliga a analizar la realidad penitenciaria de acuerdo a la nueva relación de fuerzas que surge de la compulsa.

Si, como rescata la prensa regional progresista, "los presos tuvieron muy presentes las elecciones, (pero) los votantes tampoco se olvidaron de los presos", el protagonismo de un colectivo subalterno de la sociedad peninsular merece ser repensado a la luz de la nueva realidad política y un salto cualitativo de la conciencia social . "Etxerat ha valorado positivamente el resultado de su llamamiento a acudir a las urnas con pegatinas con la repatriación, que lucieron también las prendas de muchos interventores".

De modo que los guarismos definitivos permiten demostrar un rechazo marcado a la política penitenciaria de disciplinamiento y control social estatal, pero además expresan una interpelación sobreviniente para que los partidos se ocupen de esta situación de inmediato y avancen en la concreción de transformaciones compatibles con una convicencia pacífica y democrática. "Etxerat considera que es pronto para valorar si este 22-M puede suponer un punto de inflexión en este sentido. Lo medirá en próximos contactos. Pero hay un dato objetivo: desde el domingo, existen mayorías políticas en favor de los derechos de los presos políticos vascos en muchas más instituciones que antes". "La irrupción de Bildu garantiza de entrada que la cuestión penitenciaria entre en las agendas de ayuntamientos, juntas y Parlamento navarro, en los que el tema ha brillado por su ausencia o ha tenido una plasmación muy puntual y discontinua en estos últimos años. Bildu ha avanzado además que sus casi 1.200 electos tendrán como misión prioritaria impulsar una mesa de diálogo multipartito que aborde, sin exclusiones de agentes ni de temas, la pacificación y la normalización política". El «tirón» de Bildu contribuye además a que dirigentes de otros partidos empiecen a abrir sus discursos en esta materia. El caso más claro es el del presidente del PSE, Jesús Eguiguren, que admitió el jueves que «este Parlamento [de Gasteiz] se tiene que pronunciar sobre los presos, probablemente también sobre la llamada Comisión de Verificación y sobre otras cosas» (los tramos entrecomillados corresponden a la nota "La política carcelaria también perdió en las urnas", de la edición digital del día de la fecha del diario "Gara".

Exhibiendo para la ocasión infrecuentes reflejos, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su propio Secretario General, Ban Ki-moon, legitimó de hecho la irrupción unilateral de fuerzas militares estadounidenses en Pakistán y el asesinato de Osama Bin Laden. El funcionario, tomando prestados los módicos argumentos del presidente Obama, consideró un “acto de justicia” tamaño homicidio agravado y dijo sentirse aliviado por la desaparición del sujeto pasivo de la venganza descontrolada.

Detallar la cantidad de derechos y garantías decimonónicas que Estados Unidos ha violentado al llevar a cabo semejante intervención punitiva sería materia de un excelente trabajo práctico para alumnos de grado de cualquier facultad de derecho. Y un verdadero banquete para aquellos especialistas en derecho internacional de los Derechos Humanos que se atrevieran a denunciar al gobierno de la potencia imperial ante tribunales internacionales de opinión, dada la incomprensible y desvergonzada postura adoptada por la ONU.
La conducta homicida, las técnicas de neutralización que hicieron las veces de justificación explicativa por parte del gobierno de Obama,y el respaldo institucional del máximo organismo que en teoría tiene a su cargo velar por la vigencia de un sistema jurídico internacional, tienen el dudoso privilegio de ser la evidencia más estrepitosa de la vigencia de un estado de”planetarización” de la ideología de la seguridad a partir de la creación de un nuevo enemigo –en este caso el terrorismo- como bien lo señala Zaffaroni en su último libro “La palabra de los muertos”.
En nuestra última editorial nos preguntábamos cómo iba a reaccionar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, advirtiendo que si no había un rechazo y un repudio explícito frente a la agresión se abriría una peligrosa puerta para el intervencionismo imperial unilateral en cualquier lugar del planeta. Ahora, ya conocemos cuál ha sido la rápida respuesta oficial del organismo. Y con ella, podemos representarnos sin demasiado margen de error que la creación de un nuevo “satán” (cuya etimología en hebreo remite al concepto de “enemigo”, como también lo recuerda el maestro Zaffaroni) en cualquier parte del mundo es posible en un futuro inmediato. Incluso, claro está, en este rincón del continente, donde existen gobiernos populares indóciles a los mandatos del poder punitivo internacional.

La reconocida debilidad del denominado sistema jurídico de la “comunidad internacional”, y su histórica tendencia a la selectividad, ha quedado una vez más al descubierto –ahora sin justificación razonable alguna- frente al brutal asesinato que la administración del Imperio se jacta de haber perpetrado contra Bin Laden.
Más allá de las perplejidades, contradicciones y oscuridades que rodean el hecho, es interesante destacar que un país cuyo presidente ha sido galardonado, paradójicamente, con el premio nobel de la paz, afirma haber “hecho justicia” y haber aplicado la “pena merecida” al supuesto infractor, consistente en la violación de la soberanía territorial de un Estado y el aniquilamiento a sangre fría de varios ciudadanos extranjeros (cualquiera haya sido su responsabilidad en horrendos hechos anteriores) por parte de fuerzas militares propias.

Es el mismo Obama que el 4 de junio de 2009 pronunciaba un “histórico discurso” en la Universidad del Cairo, abogando por la necesidad del respeto y la tolerancia entre la civilización occidental y la islámica.
En este caso, al parecer, ni siquiera fue necesaria la fachada de juicio previo puesta en escena como antesala de la primitiva ejecución de Saddam Hussein, la anterior bestia negra también creada por el gobierno estadounidense en su versión republicana.
La justicia, ahora, es la justicia del que demuestra que puede matar “a cualquier persona en cualquier lugar del mundo”. Es la justicia de la venganza desembozada, del prevencionismo y el retribucionismo extremos que no reconocen límites ni preceptos jurídicos básicos, casi decimonónicos. La soberanía nacional, el derecho a la defensa en juicio, el juicio previo, las garantías del debido proceso. Conquistas del derecho penal liberal de más de dos siglos de añejamiento, que el Imperio que construye enemigos internos y externos a voluntad, y exporta sus teorías securitarias al resto del mundo ( donde son adoptadas a libro cerrado por las derechas locales), hace tiempo que ha decidido incumplir. Estados Unidos ha ratificado que concibe una “comunidad internacional” acotada y selecta, compuesta únicamente por una alianza militar hegemónica, la OTAN, y el Consejo de Seguridad de la ONU, al que desobedece y desconoce cuando cada vez que sus intereses así se lo aconsejan. Veremos qué hace ahora este Consejo de Seguridad, que el pasado 26 de febrero había votado por unanimidad la imposición de sanciones al gobierno libio liderado por Muammar Khadafi, jestamente, por haber incurrido en violaciones a los DDHH[1]. Si el derecho internacional no responde de manera categórica, es dable esperar que en poco tiempo más el gendarme del planeta construya otro enemigo de la “democracia”. Y, si eso ocurre, lamentablemente, Latinoamericana tendrá cada vez más chances de convertirse en el territorio en el que en un futuro no demasiado lejano se imparta nuevamente “justicia” unilateral sobre los diferentes y los insumisos.



[1] Fuente: Revista Veintitres Internacional, edición de febrero de 2011.