Por Eduardo Luis Aguirre

La policía de Cerdeña detuvo al ex Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que declarará ante la justicia italiana en pocos instantes. La defensa del imputado espera que sea finalmente liberado, como consecuencia de las medidas cautelares urgentes que está presentando por estas horas. De hecho, los letrados han anunciado que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) tardará entre 24 y 72 horas en pronunciarse sobre las medidas cautelarísimas que se presentarán este mismo viernes en el tribunal con sede en Luxemburgo, para intentar que el expresidente catalán recupere la inmunidad como europarlamentario y con ello suspender el proceso de extradición que se abrirá por parte de Italia. Mientras el gobierno de coalición española espera que el hecho no interrumpa las instancias de diálogo futuras sobre la cuestión catalana, la ultraderecha avanza con exigencias punitivas tendientes a profundizar el conflicto y debilitar a Pedro Sánchez. El proceso amenaza con una nueva avanzada contra el gobierno, inmediatamente después de la crisis planteada por la suba de las tarifas energéticas. Los núcleos independentistas de Cataluña, como era dable esperar, reaccionaron con protestas y manifestaciones que tendrán lugar en estos días. El propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, viajará esta tarde personalmente hasta Cerdeña, lo que da idea de la hondura de un conflicto político que la ultraderecha se regodea en reducir a los estrechos límites de determinadas conductas delictivas. Si el empellón reaccionario se impusiera, con abstracción de la situación legal de Puigdemont pero sobre todo si se concediera su extradición, es probable que la situación española vuelva a un punto muerto similar a la crisis de 2017 y se termine frustrando el diálogo político con el que Madrid ha intentado zanjar una conflictiva e histórica situación.