Por Jairo Vladimir Llano (*) (**)

 Introducción. 

Los antecedentes de la confrontación armada entre las guerrillas y las fuerzas oficiales que representaban los respectivos Gobiernos se remonta hacia mediados del siglo XX, cuando aparecen las primeras organizaciones guerrilleras de carácter partidista (1), teniendo su origen en el conflicto de los partidos tradicionales conservadores y liberales que se han turnado los espacios burocráticos de decisión al interior de las instituciones públicas desde el siglo XIX y que se ha mantenido hasta la actualidad. Las tensiones y disputas por el acceso a las instancias de dirección del Gobierno entre los partidos tuvo su manifestación más grave con el asesinato del líder del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, convirtiéndose en el referente para que las confrontaciones armadas entre uno y otro partido se extendieran por todo el territorio nacional. Los conservadores, que se encontraban en el Gobierno, tenían a su disposición las fuerzas policiales y militares, mientras los liberales se organizaron en guerrillas con fuerte influencia en las zonas rurales; esta confrontación armada originaría desplazamientos masivos de población rural a las ciudades, reformas y contrarreformas agrarias dirigidas por los caciques regionales de cada uno de los partidos (2) y, lo más grave, estaría representado en asesinatos, masacres  y desapariciones de personas de ambos bandos y de ciudadanos que no tenían vinculación partidista. Las guerrillas liberales tuvieron un crecimiento inusitado en las regiones de Cundinamarca, Tolima, Huila y los Llanos Orientales; desestabilizaron a los Gobiernos locales y resquebrajaron las instituciones públicas centrales, situación que se puede determinar como insurreccional y que ponía en cuestionamiento el statu quo de las burocracias de ambos partidos. Tales circunstancias dieron paso al golpe militar de Rojas Pinilla (3). Posteriormente, se entablaron diálogos con las guerrillas, con el fin de pactar una negociación que incluyera a los líderes del Partido Liberal en las instancias de decisión gubernamental, a cambio de que estas se desintegraran. Este pacto se concretó con la propuesta del Frente Nacional, consistente en la alternancia en los cargos decisorios del Gobierno entre el Partido Liberal y el Partido Conservador (4). 



Ante estos acontecimientos, la mayoría de las guerrillas entregó sus armas y se puso a disposición de los líderes del Partido Liberal. Algunos grupos guerrilleros que no compartían el proceso se convirtieron en bandoleros dedicados a actividades de robo y chantaje a comerciantes, dineros y mercancías que en ciertos casos eran redistribuidos entre la población más pobre y otros grupos conformaron las nuevas guerrillas comunistas, específicamente en los departamentos de Tolima, Huila, Cauca y Cundinamarca. Estas guerrillas comunistas comenzaron como autodefensas, con el fin de confrontar la presión que ejercían caciques y terratenientes de los partidos tradicionales por la apropiación de las tierras de los campesinos y colonos que se encontraban en estas regiones. Después de los acuerdos del Frente Nacional, el Gobierno central evitaba la creación y expansión de guerrillas que cuestionaran los Gobiernos; por eso, desde el Ejecutivo y en concordancia con el Parlamento, se determinaron la persecución y las acciones de las Fuerzas Militares sobre los campamentos de las guerrillas. Estos operativos, realizados por los militares, debilitaron la organización guerrillera, pero su aniquilamiento sería difícil de lograr, pues los grupos guerrilleros se fortalecieron y en la década del sesenta conformaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que comenzaron su estrategia de expansión por varias regiones e incorporaron militantes para su causa, provenientes en su mayoría de las zonas campesinas e indígenas y uno que otro intelectual que, al unirse a las FARC (5),  encontraba en la revolución cubana un modelo a replicar para el contexto colombiano; ideológicamente, esta guerrilla tuvo origen marxista y promulgaba el comunismo para el país. La hegemonía de los partidos tradicionales en los Gobiernos centrales y las Administraciones locales sin la posibilidad que los partidos de oposición accedieran a estas instancias, el triunfo de la revolución cubana y los distintos movimientos revolucionarios sociales que se constituían en América Latina, impulsaron a distintos sectores sociales a la conformación de guerrillas, que pretendían tomar el poder político por las armas y transformar la realidad social de exclusión por sociedades más igualitarias, como sucedió en los países donde las revoluciones triunfaban. Así surgieron el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los departamentos de Norte de Santander y Santander, incorporando en sus filas a estudiantes, sindicalistas, sacerdotes, intelectuales y algunos sobrevivientes de las guerrillas liberales; esta guerrilla combinaba el marxismo, la teología de la liberación y el castrismo (6). Al mismo tiempo se conforma el Ejército Popular de Liberación (EPL) en la región de la Costa Atlántica, vinculando en sus incipientes frentes a campesinos, obreros, sindicalistas e intelectuales; este grupo se consideraba marxista, leninista y maoísta. Cierta parte de sus militantes era disidente del Partido Comunista y de las FARC (7). Pese a la aparición de los distintos grupos guerrilleros, para el Gobierno central estos no eran desestabilizadores, debido a su focalización y además contaba con el respaldo militar de sus Fuerzas Armadas, que comenzaban a hacer operativos militares de envergadura en las regiones y localidades de influencia de las guerrillas. En estos operativos fueron debilitadas las guerrillas del ELN y del EPL. Por su parte, las FARC mantuvieron una estrategia de retaguardia y crecimiento de sus frentes. No obstante las persecuciones a las guerrillas, estas lograron resistir las acciones militares y entraron en una segunda fase en la década del setenta. El movimiento estudiantil internacional y nacional, los movimientos guerrilleros que se conformaban en Centroamérica y el triunfo de la revolución sandinista en 1979 imprimieron una nueva dinámica a las guerrillas colombianas: las FARC, el ELN y el EPL ampliaron el número de combatientes, por lo que multiplicaron sus frentes en todo el territorio nacional. A su vez aparecieron grupos insurgentes innovadores, como el M-19 de ideología socialdemócrata, que ejercía una militancia de carácter más urbano y de acciones simbólicas de cierta trascendencia nacional (8). Otra guerrilla que surgió y que tenía origen étnico fue el Movimiento Guerrillero Quintín Lame, con militantes y combatientes exclusivamente indígenas que reivindicaba la identidad y la recuperación de tierras colectivas ancestrales (9). 

La expansión guerrillera y la negociación con el Gobierno central. 

Ante la expansión de las guerrillas por diversas regiones del territorio nacional durante la década del ochenta, se cuestionaba la estabilidad política, los intereses  de las élites económicas y el statu quo de los sectores sociales hegemónicos. Para impedir estos avances de los movimientos insurgentes, los Gobiernos emplearon distintas estrategias que oscilaban entre medidas represivas, como el estatuto de seguridad o los estados de excepción donde se otorgaban y ampliaban las funciones de la Fuerzas Armadas gubernamentales a procedimientos judiciales sin previa investigación, limitando los derechos de libertad de los ciudadanos y, por otro lado, medidas de convivencia por medio de los procesos de diálogo, acuerdos y negociaciones de paz, que en ciertos casos culminaron en ruptura y, en otros, con propuestas como la apertura política que permitiría la conformación de partidos políticos de izquierda, de la cual saldrían movimientos como la Unión Patriótica, Frente Popular y A Luchar, cuyos líderes y militantes fueron perseguidos, desaparecidos y asesinados por funcionarios de los organismos de seguridad del Estado, grupos paramilitares y escuadrones de la muerte de extrema derecha, situación que en pocos años llevaría al desmonte de estos partidos (10). Varios de los militantes sobrevivientes optaron por pedir asilo en los países centrales o por vincularse a las guerrillas, lo que justificaban por los pocos espacios de participación política que se gestaban desde las instancias de decisión gubernamental. Los inicios de la década del noventa muestran claramente la estrategia combinada del Gobierno, tanto de fomentar la negociación con los grupos insurgentes como de la confrontación militar. En estos años se desmovilizaron los primeros grupos guerrilleros, el M-19, el EPL y el Quintín Lame, que pretendían la transformación de la sociedad y del Estado para que fuera incluyente y se redujera la marginalidad socioeconómica de la mayoría de la población donde tenían su influencia, objetivos soportados en diversas ideologías que se perciben como socialdemócratas, marxistas o indigenistas, dependiendo de la procedencia del movimiento insurgente. Estas reivindicaciones de los grupos desmovilizados pasan a la arena política estatal por medio de su participación en la Constituyente (11), acontecimiento que también era impulsado por ciertas élites para promocionar constitucionalmente el libre mercado proveniente del consenso de Washington. Estos intereses opuestos, pero coincidentes en el objetivo de la transformación jurídica del Estado colombiano, dieron inicio a la Asamblea Nacional Constituyente para diseñar una Constitución que sea progresista y adecuada a los desafíos de la globalización económica, situación contradictoria que trajo mayores beneficios para las élites económicas que para los intereses sociales de la mayoría de los colombianos (12). Entre las organizaciones de mayor votación en esta constituyente se encontraba la Alianza Democrática M-19, partido conformado a partir de la desmovilización del grupo guerrillero. También participaron delegados del EPL, del Quintín Lame y del Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT ), que se encontraban en negociaciones con el Gobierno central. Mientras los delegados de las guerrillas desmovilizadas iniciaban sus intervenciones en la Constituyente, las Fuerzas Armadas colombianas ejecutaban la ofensiva militar contra Casa Verde, donde se encontraban los máximos dirigentes de las FARC (13).

 Intensificación del conflicto armado Gobiernos-guerrillas. 

Estos procedimientos militares contra las FARC y el ELN por parte de las Fuerzas Armadas gubernamentales se desarrollaron e intensificaron en el transcurso de la Constituyente y después de su promulgación, convirtiéndose en la estrategia gubernamental que mostraría los beneficios a los que podrían acceder los desmovilizados y la persecución a la que se sometería a las guerrillas activas. En este tiempo de confrontación y persecución, las guerrillas continuaron con su crecimiento militar, multiplicaron sus frentes en las zonas de influencia y se expandieron hacia las ciudades por medio de las Milicias Bolivarianas, organizadas por las FARC y las Milicias Revolucionarias o Populares, por el ELN (14), es así como las posibilidades de que estas guerrillas se desmovilizaran o fueran derrotadas militarmente se fueron diluyendo desde las mismas instancias gubernamentales, debido, en parte, a los pobres resultados de las desmovilizaciones anteriores; la exclusión y la marginalidad se mantenían, varios desmovilizados fueron asesinados por grupos de extrema derecha, otros terminaron vinculados a actividades delincuenciales comunes y algunos fueron captados por los partidos tradicionales, entre otras opciones de vida que desvirtuaban la desmovilización de las organizaciones guerrilleras activas. Aunque tales desmovilizaciones no se encontraban en las agendas guerrilleras en el período entre siglos, procedieron a participar en diálogos, acuerdos, negociaciones, zonas de encuentro y de despeje con el Gobierno central para avanzar en propuestas políticas que motivaran, en un primer momento, la disminución de la intensidad del conflicto armado y, en una segunda fase, la posibilidad de acabar estas confrontaciones que paulatinamente se habían agudizado en las distintas regiones. La pretensión era desmontar el conflicto armado que cada vez adquiría dimensiones más complejas, ya que los involucrados y afectados se ampliaban a sectores sociales que hasta ese momento eran simples observadores; el crecimiento de los frentes guerrilleros por la incorporación masiva de combatientes, las derrotas militares sufridas por las Fuerzas Armadas gubernamentales en las acciones adelantadas por las FARC de desmantelar bases de las Fuerzas Militares y los secuestros masivos realizados por el ELN en las entradas a las ciudades, entre otras acciones que desequilibraban la confrontación para el lado de las guerrillas, cuestionaban las instituciones públicas y alentaban la posibilidad de que los frentes guerrilleros llegaran al poder por la vía armada. Ante este panorama, los Gobiernos redefinieron su estrategia y priorizaron la reorganización de las Fuerzas Armadas gubernamentales mediante la profesionalización del Ejército, de la Policía y de los organismos de inteligencia, el mejoramiento del equipamiento y la ampliación de la fuerza en combate. Estos ajustes necesitaban amplios presupuestos en lo correspondiente al gasto militar, razón por la cual se requería el apoyo del mayor socio comercial del Gobierno colombiano: Estados Unidos, que por medio del Plan Colombia invirtió varios millones de dólares en la transformación y modernización de las Fuerzas Armadas del país, incluyendo adquisición de equipos militares de última tecnología que tendrían como primer objetivo combatir el narcotráfico y luego a las guerrillas (15). En poco tiempo se pasó a la confrontación directa con las guerrillas, originando la intervención de un tercero a favor del Gobierno y sus fuerzas armadas en una situación de conflicto armado interno. A partir de esta intervención el conflicto se internacionalizó y saltó de una confrontación doméstica e interna a una confrontación internacional de repercusiones regionales y globales.  

La prevalencia del concepto conflicto ante el de violencia y terrorismo. 

La reciente historia de Colombia está atravesada por las constantes confrontaciones armadas entre guerrillas y fuerzas gubernamentales. Dentro de esta situación se han utilizado diferentes conceptos que tienen implicaciones positivas o negativas para alguno de los grupos enfrentados y para encontrar salidas a la compleja circunstancia de disputas y confrontaciones entre los distintos protagonistas. En este orden de ideas se examinará qué implicaciones tiene la utilización del concepto de violencia o el de conflicto para la compresión de los acontecimientos del contexto colombiano, la determinación de la instrumentalización o manipulación de cada uno de estos conceptos y los aportes al referenciar una y otra propuesta relacionada con la agudización de la confrontación o con la salida concertada que lleve al desmonte gradual de los enfrentamientos y los grupos que lo generan.

Antecedentes del concepto de violencia para la situación colombiana.

El término violencia fue utilizado de forma recurrente por parte del Gobierno, sus instituciones, ciertos académicos y algunos sectores sociales. En unos casos explicativos y en otros se manipulaba la percepción sobre los sucesos acontecidos a finales de la década del cuarenta y la del cincuenta, que consistían en la confrontación armada, mucho más aguda en las zonas rurales que en las ciudades, entre los militantes del Partido Conservador, que se encontraban en el Gobierno central y el Partido Liberal, que era la oposición, cuyos partidarios tenían presencia en ciertas instancias de decisión nacional y regional. La intención de los líderes y las bases partidistas liberales era acceder a las instituciones públicas centrales, mientras los conservadores querían expandir su dominio a las regiones y localidades de influencia liberal; esto originó enfrentamientos a lo largo del territorio nacional y dejó como resultado miles de muertes, expulsión masiva de campesinos a las ciudades y concentración de la tierra en los caciques regionales y locales de ambos partidos, entre otras situaciones negativas que resultan de los enfrentamientos armados generalizados. Como en muchos casos de tensión y confrontación, la mayoría de las víctimas provenía de zonas rurales marginadas. Al denominarse estos sucesos históricos de la confrontación entre los partidos tradicionales como la época de La Violencia, se limita su explicación y la culpabilidad se diluye hasta el punto que la impunidad es la reinante, pese a que las víctimas –tanto en vidas como en lo correspondiente a la subsistencia económica de las familias– de estos acontecimientos sean amplios sectores poblacionales de la sociedad colombiana. Esta concepción de la violencia, construida por los líderes de ambos partidos al crear el Frente Nacional y lograr los respectivos acuerdos políticos, mostró que los intereses de las élites se imponían de nuevo, al pretender que dichos acontecimientos queden en el olvido, rescatando prioritariamente el consenso y dejando estos hechos de forma restringida a las narraciones históricas, con lo que ocultaron la jerarquización socioeconómica que se desprendió al final de este período. Incluso los sectores sociales y políticos que fueron protagonistas de la confrontación, como las guerrillas liberales provenientes de los departamentos de los Llanos, consideraron estos sucesos como la revolución liberal, dando una connotación más cercana a los intereses de los campesinos que conformaban esta región, en contra de la concepción manipuladora e instrumental de violencia por parte de los líderes del Partido (16).

 La aparición de las guerrillas de tendencia socialista y comunista, como el ELN, M-19, EPL y las FARC que comenzaban a ampliar sus influencias en las zonas rurales, fomentó una confrontación directa contra las élites políticas y económicas nacionales y regionales, teniendo como objetivo su destitución de las instancias de decisión. Tal situación llevó a las Fuerzas Armadas gubernamentales al fortalecimiento y ampliación de sus operativos en las zonas alejadas de colonización campesina, donde estas guerrillas se fundaban y consolidaban. La confrontación generó la reelaboración del concepto de violencia, dependiendo de la apreciación ideológica y los intereses en juego; para las guerrillas se llevaba a cabo una revolución y las acciones armadas eran parte de la violencia que se debería implementar en un proceso revolucionario, lo que se llamaría como la justificada violencia revolucionaria, esencial para el triunfo de las guerrillas. Por su parte, desde ciertos sectores gubernamentales se concibió la propuesta de la violencia como la acción legítima del Estado para mantener el orden social, propuesta que justificaba las prácticas represivas por parte de las Fuerzas Armadas oficiales. Estas percepciones opuestas sobre el término de violencia, coincidentes con los intereses de cada uno de los grupos enfrentados, no es explicativa; por el contrario, agudiza la confrontación. 

La aparición del concepto de conflicto y sus efectos en la confrontación.

En la década del ochenta, cuando los grupos insurgentes y el Gobierno central comenzaron los acercamientos para entablar diálogos, acuerdos y negociaciones, aparece el concepto de conflicto como parte explicativa de la situación de confrontación entre las guerrillas y las Fuerzas Militares y puede llevar a la terminación del mismo. Este término se sustenta en el siglo XX, en las distintas disciplinas que forman parte de las Ciencias Sociales, como la Sociología (17),  la Antropología y el Derecho, con el fin de comprender las complejas situaciones de confrontación armada a las que acuden en ciertas circunstancias los grupos humanos y que pueden resultar nocivas, como lo ocurrido con los conflictos internacionales. Además, de manera reciente se han constituido sendas teorías sobre el estudio de los conflictos, convirtiéndose en especialidad para académicos y gobernantes. Desde esta percepción, los conflictos sociales se consideran como parte de la cotidianidad de las culturas humanas, que alcanza un punto crítico cuando se llega a transgresiones del Derecho Internacional en el conflicto armado, donde se expone la vida individual y colectiva de forma permanente. El análisis sobre los enfrentamientos que atraviesa el país pone a los actores en igualdad de condiciones, se exponen sus motivos, los intereses en disputa, las apreciaciones ideológicas que soportan las acciones armadas y los objetivos de las organizaciones enfrentadas, entre otras posibilidades que pueden desprenderse de esta concepción para dirimir o transformar el conflicto armado en un conflicto de ideas e intereses, en el cual podría propugnarse por el abandono de las acciones armadas por actividades políticas de movilización social donde los sectores confrontados sean claros en sus intenciones y objetivos políticos, impidiendo que se vuelva a incurrir en las acciones militares. 

Conflicto y diálogos.

Esta percepción fue utilizada para los diálogos, acuerdos y posterior desmovilización de las guerrillas como el M-19, EPL y Quintín Lame, las cuales, en un primer momento, fueron reconocidas por parte del Gobierno como actores armados que tenían un carácter político, con sus respectivos intereses y apreciaciones ideológicas que serían no solamente respetadas sino impulsadas por las instituciones públicas, con el fin de reducir la confrontación armada y tener las posibilidades de la actuación política. Parcialmente se otorgaron dichos reconocimientos, mientras se desarrollaban los diálogos y la desmovilización, hasta la conversión en partidos políticos de estos grupos. Los Gobiernos apoyaron el impulso de estos nuevos movimientos, mas cuando comenzaron su ascenso político y se encontraban cercanos a las instancias de decisión, se truncaron los procesos y generaron en las restantes guerrillas poca credibilidad en dichos tratados. Debido a los resultados más o menos aceptables de la desmovilización de las guerrillas, se siguió utilizando la concepción de conflicto armado por parte de los Gobiernos, los funcionarios públicos, los analistas, las ONG y la sociedad en general, avanzando en la compresión del conflicto. Esta concepción y comprensión de la situación llevó a que se reanudaran los diálogos y acercamientos con las guerrillas que defendían la vigencia de la lucha armada para la transformación política y social. En este proceso de diálogos esporádicos y pasajeros el Gobierno aceptó la incorporación del Derecho Internacional Humanitario, para avanzar en forma paulatina en el desmonte del conflicto armado (18). Esta propuesta jurídica internacional reconoce, para el caso colombiano, el conflicto armado interno y aplica el Protocolo II de Ginebra, situación en la que ha sido esencial la participación de los países europeos y del Comité Internacional de la Cruz Roja que, en un primer momento, hicieron actividades de difusión sobre este proyecto jurídico que regula los conflictos internos entre los funcionarios gubernamentales, los actores armados y las poblaciones afectadas por la confrontación; en un segundo momento, se ejecutaron acciones humanitarias como la visita y atención de combatientes de las guerrillas detenidos en algunas prisiones, la entrega de secuestrados y rehenes, contactos entre Gobierno y grupos disidentes, zonas de encuentro y veeduría de diálogos, entre otras actividades adelantadas desde la perspectiva del DIH y la concepción del conflicto armado.


 La reelaboración de la violencia y el terrorismo para la confrontación reciente.

A finales de la década del noventa y en los primeros años del siglo XXI, el conflicto armado colombiano pasó de diálogos, acercamientos y negociaciones entre el Gobierno y las guerrillas de las FARC y el ELN a una intensificación de la confrontación armada que culminaría con las negociaciones (19).  Esta agudización se debió,  en parte, a la entrada del Plan Colombia, financiado por el Gobierno de Estados Unidos, que combinaba tanto la estrategia antinarcóticos como la contrainsurgente. En esta fase, el concepto de conflicto se desplazó y recobró importancia el término de violencia desde las percepciones gubernamentales. La manipulación y su instrumentalización por parte de los funcionarios pertenecientes a las instituciones públicas fue avasallador: ya no se reconocía explícitamente la legitimidad de la violencia por parte del Estado, puesto que quienes acudían a la violencia como práctica eran las guerrillas, el narcotráfico y la delincuencia común, cuyos directos afectados eran los ciudadanos del común. Estas circunstancias llevaron a que el Gobierno denominara como violentos a los pertenecientes a estos grupos y afirmaba que estas agrupaciones debían ser desenmascaradas no solo por los organismos de seguridad del Estado, sino por la misma sociedad, que debía colaborar con las instituciones y su legitimidad. Esta utilización del término “violentos” para describir a los diferentes grupos armados disidentes del Gobierno promueve las acciones represivas y militaristas por las instituciones públicas responsables del control social, contando con el beneplácito de ciertos sectores sociales que se perciben como afectados por las prácticas que llevan a cabo estas organizaciones, configurándose sutilmente el postulado de que los violentos limitan su accionar a procedimientos igual o más violentos a los que acuden en sus correspondientes prácticas. Esta concepción acentúa las tendencias militaristas, al elevarse las pretensiones de que con las acciones armadas el Gobierno avanza en la reducción de las guerrillas o, por el contrario, las guerrillas consideran que la única posibilidad para lograr sus objetivos está en el aumento de sus prácticas militares. Dicha situación rompe con la posibilidad de entablar diálogos y negociaciones entre las partes, aumenta las confrontaciones armadas y cada uno de los actores se dedica a la preparación y expansión de sus estrategias militares a mediano y largo plazo. Esta inclinación hacia lo represivo por parte del Gobierno y el fortalecimiento militar por parte de las guerrillas se agudiza con la apreciación de la guerra al terrorismo, que se inicia desde Estados Unidos a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y que se expande hacia los países que tienen conflictos armados –considerados aliados por parte de los estadounidenses, como es el caso  colombiano- (20) donde se financian ampliamente las actividades de fortalecimiento militar de los distintos organismos de seguridad del Estado con estrategias de mediano plazo propuestas desde Estados Unidos, como el Plan Colombia, lo que lleva a considerar a los diferentes grupos armados disidentes o clandestinos como terroristas por ambos Gobiernos, acentuando aún más la confrontación entre los actores armados y restringiendo la posibilidad de salidas negociadas al conflicto. 



Referencias

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(1) El momento histórico cuando se inician las confrontaciones armadas entre las guerrillas y las Fuerzas Armadas gubernamentales que perduran hasta la actualidad es un tema de amplio debate: “[…] existen dos lecturas enfrentadas en la historiografía colombiana. Por una parte, la de aquellos quienes sostienen que el conflicto actual echa sus raíces en el período de la Violencia, y que si bien los protagonistas centrales del enfrentamiento armado han cambiado, existe una continuidad básica entre ese período y la emergencia y consolidación de las guerrillas posrevolución cubana. Por otra, la de quienes plantean una diferenciación básica entre la guerra civil que enfrentó a los dos partidos tradicionales (1946-1953) y la violencia revolucionaria que emergió desde el triunfo de Fidel Castro, en 1959. Por ello, si tomamos como fecha de inicio la del período de la Violencia (1946), nuestro conflicto bien podía ser considerado el más antiguo del mundo. Si, por el contrario, como origen el efecto de la revolución cubana y el nacimiento de las denominadas ‘guerrillas de primera generación’ –Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Ejército Popular de Liberación (EPL)–, entre 1964 y 1967, solamente dos conflictos la guerra entre Israel y Palestina y la disputa por la región musulmana de Cachemira, entre India y Pakistán superan en duración la trágica lucha que afecta a nuestro país”. Eduardo Pizarro Leongómez, “Las FARC-EP: ¿repliegue estratégico, debilitamiento o punto de inflexión?” en Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, comp. Francisco Gutiérrez (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006), 173-174.

(2) Las confrontaciones armadas entre los conservadores y los liberales en las zonas rurales originaba la redistribución o concentración de la tierra para los caciques del partido que dominara la localidad por medio de los grupos armados que lo apoyaran, situación que se llevó a cabo en regiones de aceptable producción agrícola como el Quindío, donde el café se convirtió en el principal producto del departamento: “Al afianzarse las cuadrillas de ambos bandos y la consecuente homogenización partidista de las veredas, quienes habían abandonado temporalmente sus terrenos son progresivamente llevados a vender, no importa a qué precio […]. Las oportunidades se posibilitan tanto a conservadores como a liberales, pues los procesos de homogenización operan de ambos lados, según las veredas. Las ventas de liberales, que ya se habían empezado a dar desde los primeros años de la violencia, serán ahora más frecuentes; las ventas de conservadores serán especialmente numerosas en la zona de cordillera desde 1954, y en la zona del río La Vieja conocerán su mayor intensidad desde 1958-1959, bajo la amenaza de las cuadrillas alineadas en el ‘MRL’. Carlos Miguel Ortiz Sarmiento, ‘La violencia’ y los negocios Quindío años 50 y 60” en Pasado y presente de la violencia en Colombia, comp. Ricardo Peñaranda y Gonzalo Sánchez (Bogotá: Cerec, 1991), 278.

(3) Mientras los golpes militares en América Latina tuvieron una larga duración, el ocurrido en Colombia se limitó a un período reducido: “La abstención electoral de los liberales a finales de 1949 propició el ascenso de Laureano Gómez a la presidencia de la República. Durante su administración el país se vio sometido a la comprobación trágica de la imposible aplicación de las teorías y postulados políticos y programáticos del Partido Conservador […]. Empeñado en su proyecto conservador para gobernar la sociedad colombiana, Gómez radicalizó aún más la oposición armada liberal y profundizó la división del Partido Conservador. El ospinismo fuertemente vinculado a la producción agroexportadora, con el auspicio de los liberales, organizó su derrocamiento mediante un golpe de Estado comandado por el general Gustavo Rojas Pinilla en 1953. Bajo la dictadura de Rojas Pinilla (1953- 1957), la supremacía del poder ejecutivo sobre el legislativo fue absoluta […] se puede afirmar que el régimen de excepción de Rojas logró cumplir los dos cometidos para los cuales fue propiciado: en primer lugar, reprimir las luchas campesinas y contener el avance de la lucha reivindicativa de los trabajadores que perturbaran la acumulación de capital y, en segundo lugar, lograr la conciliación entre las diferentes fracciones de la clase política”. Gabriel Ricardo Nemogá, “Contexto social y político de las transformaciones institucionales de la administración de justicia en Colombia” en El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Tomo I, ed. Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas (Bogotá: Siglo del Hombre, 2001), 232-233. 

(4) El Frente Nacional redujo la participación política al Partido Liberal y al Partido Conservador, que desde finales del siglo XIX han tenido posiciones de decisión en los Gobiernos nacionales y locales: “El Frente Nacional erradicó la violencia política de mediados del siglo XX y por ello llevó a cabo una importante tarea histórica. Sin embargo, este logro se produjo a un alto precio. En primer lugar, la ausencia de competencia política entre los partidos tradicionales redujo el sistema político casi a una mecánica clientelista y disminuyó drásticamente la participación electoral; en segundo lugar, el tratamiento militar de los reductos campesinos derivados de la época de la violencia que luchaban contra el Estado, condujo a la formación de la guerrilla, tal como sucedió un poco más tarde en otros países latinoamericanos; y en tercer lugar, el uso casi permanente del estado de excepción, como sucedáneo del régimen militar, tuvo por efecto la conformación de una institucionalidad no sólo hermética desde el punto de vista político, sino anómala desde el punto de vista constitucional y democrático”. Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas, “Colombia: el revés del contrato social de la modernidad” en El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Tomo I, ed. Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas (Bogotá: Siglo del Hombre, 2001), 57-58.

(5) Los inicios de la guerrilla más antigua de América Latina se remontan a finales de la década del sesenta cuando, a partir de varios encuentros de los insurgentes, deciden denominarse FARC: “A finales de 1965 con presencia de 100 combatientes la llamada I Conferencia del Bloque Sur en Riochiquito (Cauca) […]. Dos años más tarde, en la II Conferencia Guerrillera, celebrada en la región del Pato (Meta), el Bloque Sur cambia de nombre y pasa a denominarse Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) […] el cambio de nombre buscaba expresar la voluntad de este movimiento guerrillero de pasar de una estrategia eminentemente defensiva a una estrategia más ofensiva, para lo cual sus 350 hombres son distribuidos en seis frentes guerrilleros”. Pizarro Leongómez, “Las FARC-EP”, 182.

(6)  La inconformidad con el Frente Nacional, que impedía la participación política de sectores críticos y de izquierda en las instancias de decisión del Gobierno central, sumada al modelo de revolución cubana, llevaría a que varios grupos sociales conformaran la guerrilla del ELN: “El ELN surge en 1964, en el Magdalena Medio Santandereano, en una región que en los años cincuenta había sido escenario de la actividad de la guerrilla liberal dirigida por Rafael Rangel Gómez y en que la primera parte de los años sesenta había tenido alguna notoriedad el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL). En la zona también existía una importante tradición de luchas obreras, debido al centro petrolero de Barrancabermeja y había irrumpido recientemente un fuerte movimiento estudiantil liderado por la Asociación de Estudiantes Universitarios de Santander (Audesa). El grupo inicial del ELN estuvo constituido por estudiantes universitarios identificados con la posibilidad de repetir el proceso surgido por la revolución cubana, algunos campesinos portadores de la memoria partidista de la década anterior y unos pocos obreros que contaban con cierta trayectoria en el movimiento sindical […]. El efecto inicial del ELN fue también resultado de la vinculación a sus filas del sacerdote Camilo Torres, quien había atraído la atención nacional de impulsar el Frente Unido, un movimiento de oposición al Frente Nacional y que planteaba la necesidad de diversas transformaciones revolucionarias para el país”. Mario Aguilera Peña, “ELN: entre las armas y la política” en Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, comp. Francisco Gutiérrez (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006), 214. 

(7)  El inicio de la guerrilla del EPL se remonta a las discusiones internas del Partido Comunista, donde un sector de militantes reclamaba acciones de mayor envergadura para la transformación social que no se promovían desde el Partido, constituyendo una disidencia que reclamaba la vía armada: “El EPL tuvo su origen en septiembre de 1963 cuando el 29 pleno del Partido Comunista de Colombia expulsó de su seno una fracción disidente acusándola de desviaciones izquierdistas. Esta fracción dio lugar, dos años después, al Partido Comunista Marxista-Leninista, PC-ML, de ideología maoísta y reconocida por el Partido Comunista Chino, con objetivos revolucionarios definidos por la lucha armada en el campo como escenario principal. Una de las regiones escogidas para el implante guerrillero se situaba en la parte alta del río Sinú con el San Jorge, en el departamento de Córdoba, abierto tanto a las montañas antioqueñas como el Gran Urabá, sede de antiguas guerrillas liberales y refugio de rebeldes llegados de distintos puntos del país”. William Ramírez Tobón, Urabá. Los inciertos confines de una crisis (Bogotá: Planeta, 1997), 83.

(8) La guerrilla del M-19 se caracterizó por sus acciones simbólicas y por las simpatías de las que gozaba entre la población de los barrios marginados de las principales ciudades: “El ascenso de los movimientos populares y el debate interno de las guerrillas coincidió con la aparición de nuevos grupos guerrilleros y con el fortalecimiento de sus redes urbanas. Nacieron en ese contexto el Movimiento 19 de abril M-19, la Autodefensa Obrera –ADO– y el grupo indigenista Quintín Lame. De los tres, el de mayor relevancia fue el M-19, tanto por su impacto social como porque se apartó de algunos de los rasgos y métodos de las organizaciones políticas y militares de izquierda. El M-19 no solo rompió con las abstracciones teóricas de la izquierda tradicional, sino que se abstuvo de matricularse en alguna vertiente del marxismo internacional. Con ello se alejaba tanto de las referencias poco atractivas y a los héroes y episodios revolucionarios de otras culturas, como del examen de los problemas colombianos a través de dogmas sacralizados del marxismo. A cambio, el M-19 se apoyó en el imaginario político del país recuperando a los héroes nacionales y las luchas históricas inconclusas contra la oligarquía y la ampliación de la democracia. La ruptura también se hizo extensiva a los métodos de acción política ya que este movimiento se caracterizó por tratar de obtener simpatía y legitimidad apelando a actos espectaculares, al uso de símbolos y a las campañas de propaganda”. Mario Aguilera Peña, “Justicia guerrillera y población civil, 1964-1999” en El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Tomo II, ed. Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas (Bogotá: Siglo del Hombre, 2001), 405-406.

(9) El Movimiento Guerrillero Quintín Lame se caracterizó por sus objetivos de lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas y por su organización local, que se concentró en el departamento del Cauca, donde se asienta diversidad de comunidades indígenas: “[…] podemos observar los gérmenes organizativos que dieron nacimiento al QL [Quintín Lame]. Los grupos de apoyo fueron la reproducción gestada desde el mundo social. Sus integrantes obedecían a la misma gama social diversificada y agrupada en una nueva identidad; había entre ellos hablantes y no hablantes del Nasa Yuwe, afroamericanos, campesinos, viejos cabildantes, familias enteras, hombres, mujeres y niños que poco a poco se fueron transformando […]. Los grupos de apoyo, inscritos en esta memoria social, dispersos en los diferentes resguardos, se transformaron en grupo móvil: El Comando Armado Quintín Lame. Se dieron a conocer públicamente en diciembre de 1984 en una acción no sólo política sino que se llevó a cabo como una expresión de defensa territorial lograda con la recontextualización histórica por un acto significativo y material. Un mes después del último desalojo en diciembre de 1984, el día anterior a la toma de Santander de Quilichao, van llegando grupos pequeños de 20 hasta sumar unas 120 personas armadas entre hombres y mujeres. Se van ubicando en sitios estratégicos y empiezan a distribuir volantes y arengar a la población presentándose como QL en ‘defensa a las comunidades indígenas’ y como respuesta al desalojo y posteriores asesinatos de líderes. Con esta primera aparición se da a conocer el QL a la luz pública”. Myriam Amparo Espinosa, Surgimiento y andar territorial del Quintín Lame (Quito: Abya-Yala, 1996), 65-66.

(10) Los movimientos políticos de izquierda reconocidos legalmente y las organizaciones de derechos humanos en las últimas décadas han sido perseguidos, reprimidos y eliminados físicamente por los grupos de extrema derecha: “Desde mediados de los ochenta se inicia el tenebroso ascenso de los asesinatos políticos y las desapariciones […] en 1983, durante las negociaciones del proceso de paz sólo se conocieron 1.325 detenciones políticas, pero el número de desapariciones superó el centenar de personas y se presentan aproximadamente 600 asesinatos políticos. La gran mayoría de estas acciones fueron atribuidas incluso por altos funcionarios del Estado a grupos paramilitares. Estos grupos se conformaron en las zonas de la frontera agrícola con el objeto de luchar contra la guerrilla, y luego se extendieron a las zonas urbanas contra líderes populares de todo tipo y, con un ensañamiento especial, contra la organización política de izquierda conocida como Unión Patriótica […]. Se calcula que más de mil militantes de esta agrupación fueron asesinados entre ellos su presidente, dos de sus candidatos a la presidencia, alcaldes, senadores y militantes. El movimiento M-19 también fue minado con el asesinato de su líder y candidato a la presidencia Carlos Pizarro. Cinco meses después fue acribillado el candidato a la presidencia de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo. Pero la eliminación selectiva de los opositores políticos no solo afectó las filas de la izquierda; posteriormente cayeron periodistas como Guillermo Cano, defensores de derechos humanos como el director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia Héctor Abad Gómez”. Mauricio García Villegas, “Constitucionalismo perverso. Normalidad y anormalidad constitucional en Colombia: 1957-1997” en El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Tomo I, ed. Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas (Bogotá: Siglo del Hombre, 2001), 325.

(11) Inicialmente la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente estaba relacionada con el proceso de paz adelantado con los grupos insurgentes, pretendiendo que se afirmara la posibilidad de extenderse a todos los grupos armados disidentes: “La Asamblea Constituyente de 1991 tuvo una composición bastante pluralista para los estándares colombianos, en donde la política ha estado usualmente controlada por los partidos liberal y conservador. Este carácter, así como un cierto optimismo que se vivió en esa coyuntura histórica debido a la negociación de paz exitosa con algunas fuerzas insurgentes como el M-19 y el EPL y a las mismas esperanzas cifradas en el proceso constituyente, llevó a que en la Asamblea tendiera a dominar el siguiente diagnóstico: la exclusión social, la intolerancia, las limitaciones a la participación política y las violaciones de los derechos humanos eran algunos de los factores esenciales de la crisis colombiana. La nueva Constitución debía entonces enfrentar esos defectos de la política y la sociedad colombianas; había entonces que instituir un orden constitucional que controlara la arbitrariedad estatal, favoreciera la participación de las nuevas fuerzas políticas, estimulara el pluralismo y lograra mayor justicia social. Los Constituyentes creyeron encontrar en la idea del Estado social y democrático de Derecho, de amplia aceptación en el Derecho Constitucional contemporáneo, una fórmula política que enriquecida con los aportes del multiculturalismo y del reconocimiento a la diversidad, permitiera poner en marcha ese proyecto histórico de desarrollar una sociedad menos arbitraria y más pluralista, participativa y justa”. Rodrigo Uprimny, “Constitución de 1991, Estado social y derechos humanos: promesas incumplidas, diagnósticos y perspectivas” en El debate a la Constitución, ed. V. M. Moncayo, C. Gaviria, R. Uprimny, W. Villa, S. Kalmanovitz y M. T. Uribe, (Bogotá: ILSA, 2002), 55-56.

(12) Pese a los avances en materia del reconocimiento de los derechos sociales fundamentales, los sucesos recientes demuestran que el libre mercado que se encuentra constitucionalmente propuesto se impuso sobre las necesidades de la inmensa mayoría de colombianos: “Esta constitución de 1991 que hoy nos hemos propuesto evaluar fue vista como un pacto de paz, pero quizás sólo fue un elemento de armisticio con uno de los grupos de insurgencia, que sirvió eficientemente para echar a andar aquellas tendencias neoliberales armónicas con la nueva época del capital. En medio de las discusiones algunas bizantinas como siempre y otras intrascendentes o ingenuas, se colocó en todo su articulado el espíritu de la nueva era del capitalismo, bajo el disfraz ampuloso de esa amplia y prolífica declaración de derechos fundamentales y de derechos de todas las generaciones, de la cual se jactan aún sus autores y muchos de sus devotos, o de los cambios del régimen político o, lo que es aún peor, del espejismo de la descentralización y de la autonomía regional y local, que ha servido más para contribuir al desmonte del Estado, que para alcanzar la ansiada autonomía e independencia del vilipendiado centralismo, o de la trampa de la participación ciudadana y comunitaria introducida como nuevo elemento de la legitimación, para que todas las cargas y desdichas sean impotables a nosotros mismos”. Víctor Manuel Moncayo, “La Constitución de 1991 y el Estado de la nueva era del capitalismo” en El debate a la Constitución ed. V. M. Moncayo, C. Gaviria, R. Uprimny, W. Villa, S. Kalmanovitz y M. T. Uribe, (Bogotá: ILSA, 2002), 18.

(13) La estrategia gubernamental de combinar la negociación y la guerra al mismo tiempo quedó demostrada con el inicio del proceso constitucional de 1991: por un lado, se realizan pactos con ciertos sectores de la insurgencia y, por otro, se inicia una ofensiva militar contra las guerrillas no desmovilizadas: “La Constitución de 1991 es un pacto que nace muerto, tanto en términos del contractualismo más ortodoxo, como el  hobbesiano por ejemplo, para el que la paz es básicamente un principio fundamental del orden social, como del liberalismo clásico en términos de una auténtica participación popular. Nace muerto porque el día en que se vota la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente (el 9 de diciembre de 1990), se desata la ofensiva contra Casa Verde, que había sido el símbolo de los diálogos de paz durante más de diez años, lo cual no puede ser tomado como un hecho irrelevante, pues simbólicamente signó el nacimiento de la Constitución de 1991 como un pacto de guerra más que como un pacto de paz. Se cerraron los cauces para un diálogo nacional, no solamente con las FARC, sino con todos los grupos alzados en armas que no se integraron al proceso, y ésa no era la intención ni el deseo por los cuales los colombianos habían abierto las puertas para la convocatoria de una nueva Constitución”. Óscar Mejía Quintana, “La Constitución de 1991 como proyecto inacabado”, El Otro Derecho, núm. 28 (2002): 149.

(14)  El avance guerrillero hacia las ciudades se configuró por medio de las llamadas milicias, como parte de su estrategia de expansión: “[…] las milicias constituyen particular de privatización de la fuerza por vía de la ilegalidad institucional que gana legitimidad y reconocimiento entre los habitantes de los barrios en que operan. En Medellín, se expresan con toda claridad estas tres tendencias: las Milicias Bolivarianas, que operan además en Bogotá y otras ciudades del país, actúan bajo las órdenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, las del ‘6 y 7 de Noviembre’, ‘B. R. P.’ (Brigadas Revolucionarias Populares) y ‘América Libre’, con influencia del Ejército de Liberación Nacional, ELN; Milicias Populares con influencia del Ejército Popular de Liberación […]. En Santafé de Bogotá básicamente operan dos grupos milicianos: las Milicias Bolivarianas y las Milicias Revolucionarias del ELN”. Astrid Mireya Téllez Ardila, Las Milicias Populares. Otra expresión de la violencia social en Colombia (Bogotá: Rodríguez Quito Editores, 1995), 70.

(15) Ante el crecimiento y fortalecimiento de las guerrillas y la expansión del narcotráfico, Estados Unidos intensificó su intervención en el país por medio del Plan Colombia, con el objetivo de neutralizar el negocio del narcotráfico y el avance guerrillero que ponía en peligro la estabilidad del Gobierno colombiano, aliado incondicional en la región: “[…] Washington ha considerado el Plan Colombia [como] el programa clave 7 a la confrontación directa con las guerrillas, originando la intervención de un tercero a favor del Gobierno y sus fuerzas armadas en una situación de conflicto armado interno. A partir de esta intervención el conflicto se internacionalizó y saltó de una confrontación doméstica e interna a una confrontación internacional de repercusiones regionales y globales. La prevalencia del concepto conflicto ante el de violencia y terrorismo La reciente historia de Colombia está atravesada por las constantes confrontaciones armadas entre guerrillas y fuerzas gubernamentales. Dentro de esta situación se han utilizado diferentes conceptos que tienen implicaciones positivas o negativas para alguno de los grupos enfrentados y para encontrar salidas a la compleja circunstancia de disputas y confrontaciones entre los distintos protagonistas. En este orden de ideas se examinará qué implicaciones tiene la utilización del concepto de violencia o el de conflicto para la compresión de los acontecimientos del contexto colombiano, la determinación de la instrumentalización o manipulación de cada uno de estos conceptos y los aportes al referenciar una y otra propuesta relacionada con la agudización de la confrontación o con la salida concertada que lleve al desmonte gradual de los enfrentamientos y los grupos que lo generan. Antecedentes del concepto de violencia para la situación colombiana El término violencia fue utilizado de forma recurrente por parte del Gobierno, sus instituciones, ciertos académicos y algunos sectores sociales. En unos casos explicativos y en otros se manipulaba la percepción sobre los sucesos acontecidos a finales de la década del cuarenta y la del cincuenta, que consistían en la confrontación armada, mucho más aguda en las zonas rurales que en las ciudades, entre los militantes del Partido Conservador, que se encontraban en el Gobierno central y el Partido Liberal, que era la oposición, cuyos partidarios tenían presencia en en su estrategia antinarcóticos para la región andina […]. El plan implica, a su vez, un cambio sustancial en la estrategia militar colombiana frente al conflicto armado […]. Con este objetivo se diseñó un programa que buscaba mejorar la recolección y el procesamiento de la información, así como el desarrollo de un sistema de comunicaciones integrado. Se crearon, entonces, brigadas de despliegue rápido y se buscó una mejor integración entre las fuerzas de tierra y aire para conducir operaciones nocturnas. La entrega de 16 helicópteros UH-60 Black Hawk y 30 UH-IH Huey para el transporte de tropas, así como la creacción de otros dos batallones antinarcóticos, buscaban que las Fuerzas Armadas colombianas pudieran utilizar sus ventajas en número y en poder de combate, y de esta forma estuvieran en condiciones de quitarle a las guerrillas la iniciativa táctica y operacional”. Diana Marcela Rojas, “Estados Unidos y la guerra en Colombia” en Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, comp. Francisco Gutiérrez (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006), 50-52.

(16) Las guerrillas liberales de los Llanos habían logrado cierta autonomía con respecto a los dirigentes del Partido, configurando una concepción particular que pretendía una revolución para mejorar las condiciones de los campesinos llaneros, apreciación que estaba por encima de la confrontación partidaria: “La radicalización de la lucha campesina llegó a constituir un abierto desafío al Gobierno central. Las guerrillas del Llano habían declarado ya la guerra al Estado y amenazaban con extender el conflicto a amplias regiones agrícolas de influencia liberal. La misma dirección liberal perdía paulatinamente el control de las huestes armadas que habían promovido. Las leyes de la región de los Llanos Orientales y el orden social que buscaban regular, constituyen una referencia de primer orden para el estudio de lo que contemporáneamente se ha llegado a conocer como pluralismo jurídico. Frente a la legalidad constituida del Estado, se formuló un régimen jurídico paralelo fundamentado en usos y costumbres surgidos en tiempo de guerra, respaldado por las armas del movimiento guerrillero”. Nemogá, “Contexto social y político”, 234-235.

(17)  Desde la Sociología, el conflicto ha sido considerado esencial para comprender las interacciones humanas; así, en el interior de las teorías macrosociológicas se encuentran las teorías del conflicto: “Las teorías del conflicto se distinguen de las teorías de la integración por el hecho que no contemplan la sociedad como un conjunto de roles que interactúan armónicamente, sino más bien como un conjunto de roles en tensión manifiesta o latente, situados en posiciones asimétricas en la escala de la estratificación social. De aquí que se desprenden dos consecuencias. En primer lugar, la representación que ofrecen de la acción social es menos abstracta que la funcionalista: los sujetos no se encuentran tan fuertemente aprisionados en el esquema simbólico del estatus-rol, y conservan su protagonismo como artífices de la acción misma. En segundo lugar, estas teorías representan el cambio social en términos no evolutivos, sino de discontinuidad”. Vincenzo Ferrari, Acción jurídica y sistema normativo. Introducción a la Sociología del Derecho (Madrid: Dykinson, 2000), 22-23.

(18) El Derecho Internacional Humanitario para los conflictos, sean internacionales o internos, pone en igualdad de condiciones a los distintos actores armados, situación que fue concebida como negativa para ciertas élites que consideraban este procedimiento como reconocimiento jurídico que fortalecería a la guerrilla: “[…] algunos sectores influyentes de la sociedad colombiana a finales de la década de los años 80 veían con muy malos ojos las normas humanitarias, en concreto el Protocolo II de Ginebra de 1977, por cuanto se consideraba que la adhesión del Estado a este instrumento internacional comportaba una ventaja política y militar para la guerrilla. En otros términos, el DIH era considerado como un obstáculo para el mantenimiento del orden público; un medio para que los miembros de los grupos armados fueran considerados en igualdad de condiciones con los integrantes de la fuerza pública; en otras palabras, para que se les tratase no como delincuentes comunes sino como combatientes. Se especulaba además muchísimo sobre la vigencia y los alcances de figuras del derecho internacional clásico como aquella del reconocimiento de beligerancia y las relaciones de ésta con la adhesión al Protocolo II de Ginebra de 1977”. Alejandro Ramelli, “El Derecho Internacional Humanitario como discurso político durante el desarrollo del conflicto armado colombiano” en Sociología Jurídica. Análisis del control y del conflicto social, ed. Rafael Prieto Sanjuán (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003), 270.

(19)  En los años finales de la década del noventa, el conflicto armado aumentó su escalada en la confrontación entre los distintos actores: “En 1991 las fuerzas del Gobierno desarrollaron una ofensiva importante contra posiciones estratégicas de las FARC […]. En el período inmediatamente posterior (1992-1995), que hemos llamado de estancamiento, tanto la intensidad del conflicto como la frecuencia de eventos disminuyó de manera casi continua. Finalmente, a partir de 1996 se inició el período de recrudecimiento, en el que se nota un incremento importante tanto de la intensidad del conflicto como en la frecuencia de combates y ataques. Este período de recrudecimiento terminó en 2002 cuando, de hecho, se alcanzó la mayor intensidad del conflicto armado”. Jorge Alberto Restrepo, Michel Spagat y Juan Fernando Vargas, "El conflicto en Colombia: ¿quién hizo qué a quién? Un enfoque cuantitativo (1988-2003)” en Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, comp. Francisco Gutiérrez (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006), 520. 

(20) A partir de la agresión sufrida en el centro financiero de Estados Unidos, se inició la guerra al terrorismo en el contexto global, con el respectivo apoyo de Estados considerados como aliados y amigos: “Lo que hace el 11 de septiembre conmovedoramente inaugural es que clava el terror en el corazón mismo de la primera ciudad global del mundo y ataca además el poderío del Pentágono, exponiendo al hegemónico superpoder solitario de la posguerra fría a aguda crisis de racionalidad nerviosa […]. Igualdad soberana de todos los Estados, incluyendo los fuertes, ahora también significa en la vulnerabilidad estatal: dicha vulnerabilidad, además, comienza a operar como una fuente de fortaleza. Ya están en su sitio nuevas formas de articular la legitimación del poder global: el patriotismo global del Norte, una especie de versión neo-kantiana globalizante de ‘cosmopolitismo’, ahora en elaboración trae consigo devoción ciudadana a la ‘guerra contra el terror’, y la división aguda y siempre creciente entre ciudadanos ‘globales’ y seres humanos ‘violentos’ y ‘proscritos’. Una nueva guerra fría parece estar elaborándose, en el que el ‘patriotismo constitucional’ se esforzará, nuevamente, para justificar la reproducción global de ‘personas sin derechos’ en servicios de ‘nuestro’ futuro común”. Upendra Baxi, “Operación ‘libertad perdurable’ ¿Hacia un nuevo Derecho Internacional y otro orden mundial?”, El Otro Derecho, núm. 28 (2002): 15-16. 

(*) El artículo, subido a nuestro sitio con la anuencia de su autor, fue  publicado originariamente en http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Juridica/article/view/676/694 

(**) El Profesor Jairo Vladimir Llano es antropólogo, especialista en Antropología Jurídica, doctor en Derecho, becario del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati-España. Profesor de Investigación Sociojurídica de las maestrías en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Cali. Profesor de Sociología Jurídica, Filosofía del Derecho, Responsabilidad Internacional del Estado, Derecho Constitucional Comparado e Historia del Derecho de la Universidad Cooperativa y de la Universidad Libre de Cali.