En este comentario sobre la situación
de las personas encarceladas a su salida
de prisión, el autor expone las principales
necesidades del ex-recluso, aporta datos
referentes a estas necesidades extraídas
de un estudio realizado en 1991, y ofrece
algunas recomendaciones para afrontar
con éxito la excarcelación.
Tras la constatación del fracaso de los
programas de «tratamiento penitenciario»
vinculados a las ideologías de la resocialización
penitenciaria que estuvieron de
moda en los años 60 y 70 (Martinson R.,
1974) y que comienzan a entrar en crisis
en la década de los 80, se confirma la necesidad
de plantear un modelo de ejecución
penal fundamentado en la privación
de libertad respetuoso con los derechos
legalmente tipificados de las personas
presas, con el fin de evitar lo más posible
los efectos desocializadores de la reclusión,
así como el plus de penosidad que
supone el incumplimiento de las normas
contenidas en la legislación sobre las condiciones
en las que ha de ejecutarse esta
pena.
Así lo expresan las normas europeas
mínimas del Consejo de Europa sobre
trato a presos y detenidos de 1987,
cuando plantean la necesidad de respetar
los principios de mínima intervención y la
idea de evitar la desocialización mediante
el establecimiento de dispositivos para
garantizar el cumplimiento de los derechos
recogidos en la legislación.
El primer reto con el que se encuentra
una persona al salir de prisión es luchar
contra los efectos de la prisionización, entendida
como los efectos iatrogénicos y
perniciosos que provoca la estancia en
prisión y que son más intensos en función
de muy diversos factores como por ejemplo
el tiempo de estancia en prisión, el régimen de vida al que haya estado sometido,
la edad de la persona encarcelada, la
existencia de apoyos personales y/o familiares
fuera de la prisión, la madurez
psíquica de la persona así como su capacidad
económica, etcétera.
La cárcel ha supuesto un proceso de
desidentificación personal y de reidentificación
con valores y hábitos propios de la
subcultura carcelaria que impone condiciones
de vida anormalizadoras, característicos
de una institución segregativa de
exclusión social (Goffman E., 1984).
La «clientela» habitual de la cárcel o,
dicho de otro modo, la gran mayoría de
las personas que son sancionadas con penas
privativas de libertad, responden a un
perfil sociológico bien definido. Efectivamente,
entre el 70 % y 80 % de las personas
encarceladas son reclutadas de entre
los sectores socio-económicamente
desfavorecidos, y están encarceladas por
delitos menores contra la propiedad y
contra la salud pública tales como robos
y hurtos o tráfico a pequeña escala con
drogas ilegalizadas (Manzanos C, 1991).
Esto no quiere decir que la delincuencia
sea patrimonio de la pobreza. Ni mucho
menos. Tan sólo significa que en el
proceso de selección de la delincuencia
convencionalizada, en la construcción socio-penal
del «problema del delito» podemos
constatar la identificación de delincuencia,
no sólo, pero si de un modo
relevante, con pobreza (Manzanos C, 1991). Por lo tanto la existencia de problemas
penales en los sectores sociales empobrecidos
es una circunstancia que agrava
aún más su situación objetiva y
subjetiva de marginación social.
Salir de la cárcel nunca ha sido fácil;
hoy tampoco. Es una situación dura con
grandes dificultades para la persona que
ha pasado por prisión y que casi siempre
se acompaña de un importante empobrecimiento
y deterioro. No sólo se es pobre
porque se entra y se sale sin dinero.
Cuando se sale, la pobreza es además de
ideas, de miras, de amigos. Es bastante
frecuente salir con menos salud que se tenía
al entrar. Es como si la condena no se
limitase a privar de libertad; la condena
debe enfermar al que pasa por una cárcel,
debe quitarle la capacidad de comunicarse
con otras personas, reducir al individuo
hasta el punto que no se crea eso:
individuo, persona, único, valioso, irrepetible
(Ambit, 1997).
La autoestima suele estar baja, muy
baja, tan baja como para ver una montaña
el mero hecho de acercarse a una oficina
del INEM, ni muchísimo menos para intentar
plantearse una entrevista para buscar
trabajo. Preguntar a alguien por una
calle o por un autobús pasa inevitablemente
por una mirada acompañada de
miedo, culpa y la inevitable pregunta: ¿se
me notará que estuve allí? La cárcel, palabra
cada día más en desuso, se ocupa
de enseñar el miedo, inculcar muy adentro
la idea de que el castigo es lo que merecías
y mereces, que poco bueno se puede
esperar de ti (Ambit, 1997).
Sin embargo, resulta muchísimo más
viable cambiar las condiciones de vida
fuera de la prisión que dentro de ella, por
eso, articular lugares, programas, recursos
y, sobre todo, contar con personas
cercanas que animen y apoyen a la persona
en el difícil momento en que sale de
la cárcel, es una forma muy eficaz y posible
de conseguir luchar contra los efectos
de las medidas penalizadoras que no
hacen sino sangrar las heridas y sobre
todo luchan para sortear las condiciones
sociales y personales que le impiden llevar
una vida en libertad con expectativas
de futuro.
1. PREPARACION DE LA SALIDA. El apoyo a las personas encarceladas,
tiene sentido desde la perspectiva no de
considerar la cárcel como un espacio resocializador,
sino por el contrario como
un lugar donde la desocialización y pérdida
de sentido de la realidad exterior necesita
de mecanismos y apoyo humano
exterior que contribuya a que la salida de
prisión no sea en unas condiciones tales,
que por otra parte son las habituales,
donde el abandono, la falta de ayuda y, en
definitiva, el choque que supone la salida,
siembren la semilla de un nuevo ingreso
en prisión debido a la comisión de nuevos
delitos.
Antes de salir de prisión, interesa sacar
las pertenencias y documentación:
D.N.I., cartilla seguro, carné de conducir,
etc., teniendo a punto los resguardos de
las cosas depositadas al entrar, y en caso
de que algo no aparezca, han de reclamarse.
Es importante además tener los
certificados y títulos de cursos, actividades,
etc.; los papeles de juzgados, especialmente
sentencias cumplidas y notificaciones
de causas que se tengan en
libertad como preventivo, el certificado de
permanencia en prisión para el INEM y el
certificado de cumplimiento de la condena
(estos dos los dan al salir; si se sale en
condicional, sólo darán el primero).
Además, si se ha seguido un tratamiento
que se necesita mantener fuera,
es necesario pedir al médico los informes
que facilitarán los trámites en el centro de
salud u hospital. Lo mismo si se padece
enfermedad crónica, para facilitar la tramitación
de una minusvalía y posible pensión
no contributiva. Por último también
es importante recoger toda información o
direcciones que se hayan conseguido durante
el internamiento y que puedan ser
útiles fuera.
2. NECESIDADES BÁSICAS DE LA PERSONA
PRESA A LA SALIDA DE PRISIÓN. Los datos e ideas que aquí exponemos
están recogidos de las investigaciones
empíricas que sobre la situación social de
las personas presas y sus familias ha realizado
y publicado quien suscribe este
artículo (Manzanos C, 1991). En el momento
de salir de prisión, tres necesidades
son imprescindibles para disponer de
las garantías mínimas de reintegración
social. Estas tres cuestiones son fundamentales
como indicadores de la situación
personal y social que se va a encontrar
la persona excarcelada: en primer
lugar, tener a alguien esperándole a la salida (familia, pareja...); en segundo, disponer
de una vivienda donde residir; y en
tercer lugar, tener un trabajo para buscarse
la vida por medios legales.
En relación con nuestra población objeto
de estudio obtenemos los siguientes
datos:
En primer lugar, la gran mayoría se
encuentran en situación de desempleo al
salir de prisión; es decir, que no han conseguido
un trabajo con vistas a su reincorporación
en la sociedad, ni a través de
su familia, ni de las instancias penitenciarias
responsables de este tipo de actividades
tal y como lo establece tanto el
mandato contenido en el art. 25.2 de la
Constitución en relación con el derecho al
trabajo y a los beneficios de la seguridad
social —trabajo penitenciario entendido
como dentro o fuera de la prisión— (De la
Cuesta J.L., 1989), como en otros artículos
de la legislación específicamente referidos
a la responsabilidad de la administración
de facilitar un trabajo como medida
reinsertadora.
Así el Reglamento Penitenciario actual,
contempla en el caso de los liberados
condicionales (hemos de tener en
cuenta que la mayoría de los penados salen
en libertad condicional) la obligación
de la administración de «en caso de no
disponerse de un puesto de trabajo, se indicarán
las gestiones realizadas para encontrárselo».
En segundo lugar, la mayoría disponen
de vivienda y de alguien que les espera
a la salida (normalmente su familia).
Aproximadamente una de cada diez personas
recluidas, no tienen vivienda a la
salida, se encontrarán en la calle. Además,
en parecidas proporciones, no tienen
a nadie esperándoles, por tanto, estarán
totalmente solas sin ningún apoyo
familiar, afectivo o humano, teniendo que
recurrir a las instituciones asistenciales de
tipo privado o público.
Por último, algunas personas salen de
prisión hacia una situación de total abandono,
cifra que es cada vez mayor puesto
que es la situación que viven muchas de
las personas presas procedentes de otros
países, sobre todo del Sur y del Este. Se
encuentran sin trabajo, sin vivienda y sin
nadie esperándoles a la salida. Este es un
colectivo, aunque bajo porcentualmente,
relevante desde el punto de vista del deterioro
de su situación social, y sobre
todo, son personas sin posibilidades objetivas
(laborales, económicas, afectivas)
de eludir el reingreso en prisión. Prueba
de ello es que muchas de estas personas
cuentan con más de un ingreso y, en el
caso de las personas extranjeras, son finalmente
expulsadas.
Hemos de preguntarnos: ¿cuáles son
las condiciones positivas que pueden incidir
para evitar el reingreso en prisión, y
de este modo hacer efectiva la posibilidad
de reintegración social? Las necesidades
mayoritarias con vistas a la reinserción
social, como condiciones imprescindibles
para que el componente que ha sido acusado
o sentenciado a una pena privativa
de libertad no vuelva a reingresar en prisión,
son las siguientes:
— Necesidad de un trabajo (dimensión laboral):
entendiendo como tal un trabajo
que le aporte una estabilidad e independencia
económica y una ocupación
productiva de una parte de su
tiempo.
— Alguien con quien compartir su vida
(dimensión socio-afectiva): es decir, tener
la posibilidad de constituir una familia
adquirida o simplemente establecer
lazos afectivos estables y consistentes
que contribuyan a su equilibrio
psico-afectivo.
— Tener dinero (dimensión económica):
se refiere a la posibilidad de disponer
de bienes y servicios para atender necesidades
materiales básicas.
— Apoyo familiar (dimensión familiar):
supone el reforzamiento de los lazos
con los miembros de su hogar ante las
situaciones de desvinculación y conflicto
que han deteriorado la vida familiar
como núcleo de pertenencia y de referencia
primario.
— Dejar la droga (dimensión socio-sanitaria):
entendiendo por tal la deshabituación
en el consumo y dependencia
de las llamadas drogas duras (heroína,
cocaína...) y del alcohol.
— Cambiar de grupo de relaciones primarias
no familiares (dimensión ambiental):
hace referencia a la inclusión
en círculos de relación donde priman el
tipo de actividades cotidianas vinculadas
a la actividad delictiva o paradelictiva
y al consumo de drogas (colegas
drogodependientes, camellos, socios
de «trabajos», etc.).
— Alguien que le ayude a reconstruir su
vida (dimensión educativa, terapéutica
y asistencial): supone la necesidad de
un apoyo personal, profesional o institucional
mediante un tratamiento (educativo, médico, ocupacional, sicológico...)
con vistas a llevar un programa
integral de tipo rehabilitador que
incida en la transformación de las coordenadas
personales y sociales en las
que se desarrolla su vida actual.
Una vez enumeradas las necesidades,
vamos a cuantificarlas y ordenarlas de
mayor a menor frecuencia con el fin de
establecer una jerarquía de prioridades en
función del peso específico de cada una.
Observemos a priori que todas ellas son
necesidades que se dan en más de la mitad
de la población.
Las necesidades de primer orden para
hacer efectivo el proceso de reinserción
social, son fundamentalmente tres:
Primero, la reintegración laboral es la
necesidad más importante, vinculada a la
posibilidad de desarrollar un trabajo estable,
y de reunir previamente para ello
las condiciones necesarias para hacerlo
posible: disposición y expectativas de trabajar,
entrenamiento y experiencia laboral,
cualificación técnica y formación académica
o profesional.
El hecho de que esta población se vea
afectada por la falta de acceso al mercado
de trabajo, y este sea un problema fundamental
tanto antes de ingresar como
cuando salen de prisión, tiene su explicación
en las propias funciones sociales
del sistema punitivo penitenciario que se
aplica —y trata de ser un mecanismo de
inculcación de la disciplina social— a
aquellos sectores sociales que no son disciplinados
por otras vías como la fábrica,
la escuela o la familia (Melossi D. y Pavarini
M., 1987).
Segundo, la recomposición familiar,
manifestada como necesidad de apoyo
familiar y por tanto como carencia de este
apoyo, se nos presenta en casi las tres
cuartas partes de la población encarcelada.
Es un indicador que se decanta en el
mismo sentido que una de las hipótesis
básicas de esta investigación: la incidencia
de la aplicación de penas de prisión en
la desvinculación familiar. Las propias familias
consideran necesario el apoyo familiar,
bien por ser inexistente, habiéndose
deteriorado las relaciones en el
hogar, bien por considerar necesario un
reforzamiento de los lazos dado que éstos
se han debilitado durante el tiempo en
que ha permanecido un familiar recluido.
Tercero, el tratamiento socio-sanitario,
relacionado con la necesidad de dejar las
drogas, problema que afecta a las dos terceras
partes de las familias. Supone una
especial preocupación por la realidad específica
de drogodependencias que afecta
aproximadamente a las dos terceras partes
de personas sobre las que recae la
sanción privativa de libertad.
Posteriormente, en un segundo plano
destacan otras necesidades que aun siendo
también de tipo instrumental como el
trabajo, el apoyo familiar o la deshabituación
a las drogas, son necesidades más
específicas que suponen cambios más
concretos en relación con la ausencia o
presencia de determinadas figuras referenciales:
pareja, grupo de relaciones primarias,
«educadores» (psicólogos, médicos,
asistentes sociales, terapeutas...).
En cierto modo, estas personas y figuras
profesionales son contempladas
como medios o canales a través de los
cuales van a obtener refuerzos positivos o
negativos para conseguir solucionar algunos
de los problemas de rango mayor
(desempleo, drogodependencia, delincuencia,
conflicto familiar, etc.).
Por último, la dimensión económica,
referente a tener dinero para afrontar las
necesidades básicas es un problema que
vivencian casi la mitad de las familias
como condición para la reintegración social
de su componente encarcelado, y en
este sentido establecen una relación directa
entre su situación de penuria económica
y la comisión de hechos delictivos.
No obstante, hemos de tener en cuenta
que la penuria económica, en algunos
casos, puede venir ocasionada por la carencia
de dinero para afrontar los gastos
derivados de problemas económicos añadidos
que ocasiona la drogodependencia
o el despilfarro económico, por citar dos
ejemplos relevantes; pero en cualquier
caso, esta última afirmación no se constata
empíricamente, al menos en el caso
de las drogodependencias, dentro del colectivo
de presos drogodependientes que
manifiestan la necesidad de dejar la droga
como una de las condiciones para su reinserción
social.
En relación con estas dificultades con
las que esperan encontrarse los presos a
la salida, cabe destacar su paralelismo
con los resultados obtenidos en las investigaciones
de autores como B. Maelicke
(1977). Este autor mide asimismo factores
como el trabajo, la familia, la vivienda y la
situación afectiva, con indicadores paralelos
a los nuestros, obteniendo resultados
similares.
3. NECESIDADES ACUMULADAS Y DIFICULTADES
DE REINTEGRACIÓN SOCIAL. El proceso de reintegración social va a
depender directamente del grado y formas
de desarraigo social que se presenten
en la vida del individuo. Ya hemos definido
y caracterizado éstas en el apartado
anterior, pero aún nos resta precisar la
medida y evolución de éstas dificultades,
consideradas hasta el momento de forma
aislada. Se presentan en los mismos individuos
y familias, y por tanto son además
dificultades acumuladas.
Lógicamente, a medida que un sujeto
esté afectado por una sola de estas necesidades
(trabajo, dejar las drogas...) su
proceso de reintegración será mas fácil y
su nivel de desarraigo menor. Por el contrario,
una persona que presenta todas las
necesidades y por tanto problemáticas
apuntadas, presentará un alto grado de
desarraigo social; su proceso de reintegración
será mucho mas difícil, puesto
que tanto su situación actual como las
condiciones objetivas necesarias para la
normalización de su vida social, son muy
desfavorables.
El dato general de partida es la existencia
de una mayoría aplastante de personas
que al salir de prisión plantean al
menos una de las necesidades apuntadas
para hacer posible su proceso de reintegración
social y evitar el reingreso en prisión.
Muy pocas manifiestan no tener ninguna
de las necesidades anteriores y por
tanto, su proceso de reinserción depende
de otras consideraciones.
No deja de resultar esclarecedor hacer
explícitos los problemas sociales de las
personas recluidas cuando salen de prisión
para comprender la necesidad de
crear condiciones exteriores al sujeto
para hacer posible su reintegración social,
entre las que posiblemente se encuentra
la eliminación de la acción nociva de la
estancia en prisión.
Pero más que tratar de abarcar el total
de factores que inciden en el desarraigo
social o que concurren en la explicación
total del hecho delictivo —cuestión ésta,
por otra parte, altamente compleja—, vamos
a centrarnos en las dificultades sociales
de la persona para hacer posible su
reintegración dentro de los parámetros de
lo que se considera una «vida normalizada»
desde un punto de vista laboral, económico,
familiar o afectivo.
Y estas dificultades van a ser mayores
a medida que el proceso histórico personal
y familiar ha llegado a cotas mayores
de marginación, es decir, a medida que
las necesidades objetivas para la reintegración
se han acumulado. Hemos de tener
en cuenta diversos aspectos si queremos
evitar el reingreso en la cárcel, en
función del grado de acumulación de los
problemas que se le plantean al preso.
Podemos distinguir tres grados de
acumulación de necesidades que inciden
en la posibilidad o no de reintegración al
salir de prisión:
3.1. Sin dificultades exógenas para la
reintegración
La de aquellas familias que a la salida
de prisión de su componente excarcelado
se encuentran en condiciones objetivas
óptimas para su reintegración: sin problema
de drogodependencia, sin conflictos
graves en el hogar, con un relativo equilibrio
afectivo con el excarcelado, etc. Estas
familias representan aproximadamente
el 2,5 % del total.
Son por tanto tan sólo una de cada
cuarenta las personas que no tienen estos
problemas de reintegración social a la salida.
Estas personas únicamente tendrán
que afrontar los problemas derivados de
los efectos nocivos de la estancia en prisión
(imagen social, choque psicológico
que produce la salida, readaptación ambiental
del familiar liberado... .
3.2. Condiciones favorables para la reintegración
Nos referimos a aquellas personas
que a la salida de la prisión únicamente
están afectadas por una de las distintas situaciones
problemáticas arriba consideradas;
consecuentemente esto significa
que las posibilidades para neutralizar y
atender esa necesidad específica sean
mucho mayores. En esta situación se encuentra
entre un 5% y un 10% del total de
personas excarceladas y, por tanto, es
una situación que afecta a una de cada
veinte familias.
3.3. Condiciones desfavorables para la
reintegración
Hemos tipificado en este apartado a
aquellas familias del excarcelado donde
68
se presentan de forma acumulada tres situaciones
problemáticas. En este sentido,
suele ser frecuente que existan conjuntamente
problemas de reintegración laboral,
recomposición familiar o tratamiento
socio-sanitario. A este grupo pertenecen
entre el 20 % y el 25 % de las familias, es
decir, una de cada cinco personas al salir
de prisión.
3.4. Condiciones muy desfavorables para
la reintegración
Cuando presentan al salir de prisión
un alto grado de acumulación de necesidades;
este grupo se ve afectado por cuatro
o más problemas. Este es un sector
con condiciones objetivas de alto riesgo
de reincidencia dada la presencia de una
gran multiplicidad de factores de desarraigo.
Representan alrededor del 70 % de
la población y son por tanto dos de cada
tres personas que salen de prisión. Las situaciones
más frecuentes son las dificultades
de trabajo, de apoyo familiar, drogodependencias
y los problemas afectivos
o de relaciones primarias.
Resulta especialmente interesante
profundizar en la relación existente entre
el número de ingresos en prisión y la acumulación
de necesidades a la salida de
prisión. Dos de cada tres hogares, son familias
cuyo componente encarcelado ha
ingresado al menos dos veces en prisión.
Observamos también cómo a medida que
aumenta el número de ingresos, lo hace
el número de necesidades acumuladas a
la salida de prisión. Parece existir una relación
significativa entre número de ingresos
y acumulación de necesidades a la salida
de prisión. Podemos sugerir que la
aplicación reiterativa de penas de prisión,
incide negativamente en las posibilidades
o condiciones objetivas necesarias para la
reintegración social, siendo la privación
temporal de la vida social en el exterior
un factor de desarraigo a la salida.
4. CRONIFICACION DEL DESARRAIGO A
LA SALIDA DE PRISION. Todos los factores condicionantes anteriormente
apuntados provocan la falta
de posibilidades reales de realizar una actividad
laboral a la salida de prisión y,
además, van creando en la persona una
serie de predisposiciones y actitudes subjetivas
contrarias a su integración laboral.
Estas se caracterizan por la progresiva
pérdida de expectativas de encontrar un
trabajo y de disposición a realizar estudios
académicos o de formación profesional.
Sobre la problemática de reintegración
laboral, apunta R. Bonal (1985: 319):
«La situación laboral del exrecluso, viene
determinada por una fuerte inestabilidad
personal y social; la estancia en prisión lo
ha sometido a una forma de ser tal que,
en cierta forma, lo incapacita para asumir
una disciplina laboral con regularidad y
una débil búsqueda personal de seguridad
a través de la misma actividad laboral».
Las predisposiciones influyen en gran
medida en la falta de experiencia normalizada
de trabajo estable que, según se
cronifica, es un elemento crucial de reproducción
de la delincuencia, pues trae consigo,
como forma de vida, la introducción,
o si ya participaba, la inclusión cada vez
mayor en las redes de economía marginal
de tipo delictivo. Introducción en calidad
de mano de obra, no en puestos de privilegio
en las mismas. Como «trabajador»,
no como «capital» o como «contratante».
Nuevamente la implicación en actividades
ilegales perseguidas por la maquinaria
del control formal y, más específicamente,
el carácter selectivo de la persecución
policial y penal, que controla especialmente
a aquellos sujetos con ficha
y antecedentes policiales y penales, contribuye
a que estos jóvenes sean reabsorbidos
una y otra vez por los sistemas del
control policial y penal y, en consecuencia,
reingresen en prisión.
Los aparatos de control social directamente
coercitivos, consiguen además
inculcar al sujeto el rol social de «delincuente»
mediante las modernas técnicas
propias de la aplicación de las teorías
conductistas en la organización de los sistemas
de control, de entre los que destaca
la prisión (Cohen S., 1988: 208 y ss).
Aquí se cierra el circuito de reproducción
tanto objetiva como subjetiva de la
marginación laboral criminalizada. Objetiva,
por el conjunto de circunstancias
apuntadas que concurren. Subjetiva, porque
el propio individuo es víctima de la
instrumentalización social de su papel de
delincuente, y se comporta como el personaje
que se le ha asignado en la sociedad.
BIBLIOGRAFIA:
AMBIT: Tengo la Bola. Guía para buscarte
la vida fuera, 1997, Generalitat de Valencia,
Valencia.
BONAL, R.: «La situación social del ex-recluso.
Problemática de la reinserción»,
Terceras Jornadas Penitenciarias Andaluzas,
1985, Junta de Andalucía,
Consejería de Gobernación, Granada.
COHEN, S.: Visiones de Control Social,
1988, PPU, Barcelona.
DE LA CUESTA ARZAMENDI, J.L.: «Respetar los
Derechos Humanos de los Presos: un
camino hacia la transformación de la
cárcel. El derecho de los presos al trabajo
y a la seguridad social», Jornadas
sobre Alternativas a la cárcel, 1989,
Asociación «Salhaketa», Vitoria.
GOFFMAN, E.: Internados. Ensayos sobre la
situación social de los enfermos mentales,
1984, Amorrortu.
MAELICKE, B.: Entlassung und Resozialisierung,
1977, Heidelberg.
MANZANOS, C: Cárcel y Marginación social,
1991, Gakoa, San Sebastián.
MARTINSON, R.: «What works? -questions
and answers about prison reform»,
The Public Interest, 1974 Spring.
MELOSSI, D. Y PAVARINI, M.: Cárcel y Fábrica.
Los orígenes del Sistema Penitenciario
(siglos XVI-XIX), 1987, Siglo XXI, México.
(*) Doctor en Sociología. Profesor de la Universidad del País Vasco. El artículo se encuentra disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=231744