“Un
singular estudio de Oriol i Anguera sobre la “agonía interior” de San Martín,
editado en 1954, al asomarse a sus problemas familiares y personales desde el
punto de vista médico y psicológico, formula agudos interrogantes en torno a
los conflictos que padeció: “su radical soledad”, las mudanzas o carencia de
hogar, la falta de “introyección paterna”, su insatisfacción consigo mismo, el
desequilibrio que de algún modo lo impulsó al heroísmo... El caso del hijo
mestizo de una unión ilegal, cuya “agonía interior” le llevó a convertirse en
el conductor de la guerra de la independencia, lejos de ser excepcional o
anecdótico, bien podría considerarse como una síntesis del drama original de
América.” (Chumbita, Hugo: “El Secreto de Yapeyú. El origen mestizo de San
Martín”, Emecé, 2001, p. 58 y 59).
El divorcio histórico entre el mandato
constitucional inspirado en los denominados “paradigmas RE” y los productos de
los procesos de criminalización alojados en los establecimientos generales de
secuestro institucional, marca un aspecto dramáticamente elocuente respectodel fracaso de la prisión en orden a
las finalidades que históricamente le asignara el derecho penal liberal (conf.
Mathiesen, op. cit., p. 31 y 32), a la
sazón el sistema de control social clásico del capitalismo temprano.
Hasta donde llevamos visto, la cárcel,
contrariamente a como se la exhibe en lo que hace a sus fines, des-habilita, des-socializa y
estigmatiza. Debemos igualmente admitir que las denominadas ideologías “RE”
responden a una dosis manifiesta de pensamiento mágico y constituyen algo así
como una suerte de ficción contractualista que se retroalimenta continuamente.
Estas evidencias, empero, no alcanzan a soslayar
los aspectos constitutivos de los procesos de apropiación estatal de la
libertad: la tendencia sistemática a valerse de los sectores más vulnerables de
la sociedad como víctimas exclusivas y excluyentes de los castigos estatales,
por una parte, y por la otra la apelación al secuestro institucional como
respuesta sistémica a la afectación de la propiedad
privada por parte de los infractores.
El encerramiento es, por ende, la resignificación
de una tentativa brutal de disciplinar al conjunto, cuya aplicación secircunscribe, paradójicamente, a un solo
segmento social.
Un abordaje empírico permitiría comprobar que los pobres presos (ergo, la mayoría de
los encarcelados) están privados de su libertad por haber cometido delitos contra la propiedad.
Semejante celo estatal en la protección de estos
bienes jurídicos, en una época donde el mercado se halla, precisamente, saturado de bienes, deslegitima aún más las
motivaciones explícitas del castigo y pone de relieve la selectividad e
injusticia del sistema penal.
Este último, empero, se defiende construyendo su
propio discurso legitimante desde una relación de fuerzas sociales favorable,
exhibida ex - profeso como una necesidad natural y una consecuencia obligada
del también irreversible proceso de transnacionalización de la economía, y con
el aval que la mayoría de la población – incluidos, paradójicamente, los
sectores sociales más desfavorecidos- otorgan al castigo institucional.
La lógica de la punición del capitalismo tardío
pocas veces ha sido puesta en crisis desde concepciones alternativas
sociológico-criminales y político-criminales. Esta carencia es una asignatura
pendiente de los críticos, que además desnuda falencias teóricas preocupantes,
ante esta situación de represión asimétrica con sustento de lo que parece ser
la opinión mayoritaria de la población.
Ello así, pese a que el paradigma defensista
hegemónico se legitima a sí mismo sobre la base de la sanción de conductas
derivadas de la afectación de valores que los sectores preeminentes de esa
sociedad consideran relevantes.
Sistema
penal, bienes jurídicos y control social, encuentran en la realidad carcelaria una evidencia impactante,
elocuente, respecto de la selectividad del sistema: pobres, marginales, y
jóvenes (cada vez más menores, como
se observa en los cuadros estadísticos que se transcriben). La mayoría de esos
sujetos sociales están privados de libertad por haber cometido delitos contra
la propiedad.
Me he extendido ya sobre lo que considero la
tendencia a futuro de la privatización de las prisiones y de la necesidad de
contar con más reclusos para que esta expresión (acaso la más violenta de la
historia, en lo que hace a la pretensión de control social formal) del mercado
punitivo, resulte funcional en términos de costo-beneficio.
De todas maneras,
enunciaré a manera de introducción de este capítulo, algunas
circunstancias que caracterizan al problema carcelario actual en la Argentina,
donde la mayoría de los presos pertenecen a sectores de bajos recursos,
conforme lo expresan categóricamente las investigaciones actuales[1], y más específicamente a la Provincia de La Pampa,
donde se han recolectado muchos de los datos que se vuelcan en esta
investigación.
Quiero inicialmente poner de relieve que este
estado provincial argentino posee indicadores de desarrollo (escolarización,
analfabetismo, satisfacción de necesidades básicas, mortalidad infantil,
expectativa de vida, conflictividad social, etc.) que la sitúan en todos los
casos por encima de la media del país y casi siempre en los primeros lugares en
el concierto nacional, por lo que resulta un escenario propicio para establecer
patrones extensibles con alguna pretensión de analogía, sobre todo cuando su
tasa de delincuencia anual cada 10.000 habitantes (324,39) la ubica en un punto
medio entre el porcentual más bajo del país (Formosa, 133, 97) y el más elevado
(482,05), y es cercano al promedio nacional (230,04)[2]. Pero además, y en lo que creo datos conducentes
para una apreciación panorámica y abarcativa, es oportuno poner de relieve que,
de acuerdo a los Aportes para el de Desarrollo Humano de la Argentina
correspondientes al año 2002, del PNUD, La Pampa figura quinta entre las
provincias argentinas en lo que concierne precisamente a los indicadores
totales de desarrollo humano ampliado, encontrándose entre las que son
destacadas como con situaciones más
favorables (junto a Buenos Aires, Mendoza, Tierra del Fuego y Córdoba).
Asimismo, en lo que concierne a los estándares de desigualdad social entre
provincias, también es ubicada entre las que presentan situaciones más favorables, exhibiendo los mejores indicadoresen conocimientos, longevidad de la
población y estándar de vida; la tasa de desempleo la ubica en sexto lugar en
el concierto nacional; mientras el deterioro del ingreso promedio en el país
entre 1995 y 2002 es de 19, 6%, en La Pampa este guarismo alcanza a 12,8%; las
referencias del informe sobre pobreza estructural e indigencia (porcentaje de
personas en hogares con NBI) la ubican en cuarto lugar entre las menos pobres,
luego de Tierra del Fuego, Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz y la esperanza
de vida al nacer en el año 2000 era de 74,1 años (la más alta pertenecía a
Córdoba con 74,5 y las más bajas a Formosa y Jujuy con 71,8 y 71,9
respectivamente). Por estas razones, y sin ignorar el dato trascendente de que
la mayor conflictividad social se expresa especialmente en los grandes
conglomerados urbanos -las megalópolis que parecen convertirse en el futuro
inexorable de la humanidad- resulta igualmente posible ensayar un abordaje
desde un lugar donde distintas variables e indicadores sociales permiten tener
una visión acotada y a la vez próxima del fenómeno que se intenta analizar.
Del mismo modo, considero también oportuno
entrecruzar algunos datos estadísticos extraídos del Departamento Judicial de
la Policía de la Provincia, organismo del que emana este tipo de informaciones
oficiales, que sirven para dar una idea introductoria aproximada del cuadro de
situación con que nos encontramos.
Debe observarse así que, durante el primer semestre del año 2001, hubo
en la Provincia tan sólo 4 homicidios dolosos,
30 homicidios culposos (casi todos derivados de accidentes del tránsito
vehicular), 15 violaciones y estupros, 16 abusos deshonestos. Curiosamente, no
se consigna entre esos datos, por ejemplo, ningún hecho de usura, lo que
aproxima a la idea de cuáles son los delitos que ordinariamente se reportan.
Con estos
elementos, debe confrontarse la constatación de 4589 delitos contra la
propiedad (74,9%) sobre un total de 6126 delitos denunciados. De esos delitos contra la propiedad, 1396 fueron hurtos;200 abigeatos; 40 hurtos de automotor; 213
hurtos de ciclomotor; 887 hurtos de bicicleta; 1209 robos; 66 estafas y
defraudaciones; 24 usurpaciones y 554 daños. Es oportuno poner de relieve que
estas mediciones resultan coincidentes en lo fundamental con lo que acontece a
nivel nacional, toda vez que, según información emanada del Sistema Nacional de
Información Criminal, en el año 2000 el 67% de los hechos delictuosos
reportados ante las fuerzas de seguridad fueron delitos contra la propiedad
(753.727 sobre un total de 112990)[3]y durante
el año 2001, sobre un total de 1.171.648 delitos, los delitos contra la
propiedad ascendieron a 781.678 (66,7%).
De entre los delitos denunciados en la
Provincia, 2384 fueron “esclarecidos”, resultando inculpados 2456 mayores y 772
menores. (Es del caso acotar además que
–según las encuestas policiales- se había producido por entonces una
disminución del 5,2% de los delitos respecto del semestre anterior, lo que pone
seriamente en crisis a los mensajes apocalípticos de “aumento de la
inseguridad” que se imparten desde los medios de comunicación y desde la
irresponsabilidad de algunos políticos ávidos por obtener algunos centímetros
de tiraje gráfico o unos módicos minutos en televisión).
En esa misma dirección, durante el mes de junio del
año 2000, ya iniciada esta investigación, un relevamiento llevado a cabo por el
suscripto en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal con asiento en La
Pampa (que no posee servicio provincial penitenciario), en la única cárcel de
menores ubicada en Santa Rosa (Unidad 30, “Dr. Julio Alfonsín”) y en todas las
comisarías, permitió constatar que el índice de prisionización de la Provincia
era de 59 presos cada 100.000 habitantes
(se constató en ese momento un total de 177 presos).
Para ello, se contabilizaron los reclusos alojados en dichos
establecimientos federales pero condenados por tribunales pampeanos o por
tribunales federales asentados en la Provincia, la población de detenidos en
comisarías de la policía provincial y federal, los presos condenados por
tribunales con asiento en el territorio provincial (sean éstos federales o
provinciales) que se hallaban purgando sus penas en cárceles de otras
provincias (Chaco, Neuquén, Chubut, etcétera). El guarismo fue cruzado con el
porcentaje de sentencias condenatorias producidas en La Pampa con relación a
denuncias realizadas, que era de 2,67% y
colocaba a los tribunales de len el segundo lugar de “eficiencia” en el país
(hoy en día posee el primero), lo que aventaba la posibilidad de que los particulares
indicadores de prisionización
(prácticamente igual al que Nils Christie relevaba para Noruega en 1994
en su libro "La industria del control del delito") antes reseñados
pudieran deberse a “ineficacia” o “mano blanda” de los jueces.
Ahora bien, una vez constatada esta conflictividad
“baja” en orden al fenómeno criminal, hubo que adentrarse en la averiguación de
dos supuestos relevantes para el resultado de esta investigación.
Uno fue
la condición social de los reclusos. El otro, los bienes jurídicos afectados
por ellos, que determinaran su encerramiento.
La hipótesis de trabajo fue intentar encontrar un
correlato de racionalidad entre esa baja conflictividad social y las
motivaciones y destinatarios de los castigos. O sea, se tendió a desentreñar el
enigma que a priori se genera al observador con los datos de desarrollo humano
de la Provincia donde se realiza la investigación empírica. Dicho en otros
términos, si la vigencia de un “estado de bienestar” atenúa el carácter
selectivo del sistema penal.
Comencé entonces por relevar los establecimientos
para menores, precisamente por las convicciones que he marcado en cuanto a su
vulnerabilidad frente a la ley penal en el capítulo anterior. En primer lugar,
me reuní con los profesionales del denominado “Proyecto Vida”, un
establecimiento de “menores en conflicto
con la ley” donde de ordinario se internan niños por disposición de los jueces
de menores de la justicia pampeana en cumplimiento de las “medidas tutelares”
dictadas por éstos, que además han sido declaradas inapelables por las Cámaras
en lo Criminal por no haberse previsto expresamente ese recurso en la ley y ser
dichas disposiciones dictadas “en favor de los menores”. Depende de la
Subsecretaría de Promoción y Asistencia de la Comunidad del Ministerio de
Bienestar Social de la Provincia de La Pampa, de conformidad con la misma ley
1270, que crea el Fuero del Menor y la Familia.
El lugar está ubicado en pleno centro de la ciudad
de Santa Rosa, y tiene dos segmentos diferenciados: un “sector abierto” (donde
los niños están internados) y un “sector de máxima seguridad”.
En función de los requerimientos que realizara, he
obtenido datos de importancia en función del objeto de la investigación.
Transcribiré a continuación textualmente el informe que se me proporcionara,
porque a mi juicio resulta esclarecedor en sí mismo, sobre todo a la luz de su
comparación con los guarismos policiales antes referidos.
“Algunas
proyecciones estimativas en el Programa Proyecto Vida. Año 2001.
Hasta la primera semana de setiembre de 2001, han
ingresado en el corriente año 29 "residentes" (dando un promedio de
3.6 internaciones por mes), que sumado a 2 ingresos de diciembre del año pasado
arrojan los siguientes datos sobre el cálculo de un total de 31 casos
registrados:
-Causas que determinaron la internación por parte
de los tribunales:
a)
Homicidios: 1 caso.
b)
Tentativas de
homicidio: dos casos.
c)
Robos
agravados (con armas) y abuso de armas: 6
casos.
d)
Violaciones: 1 caso (reiteradas).
e)
Robos: 21 casos (67,7%).
-Edades
(n. del a.: de los internados)
a)
18 años: 6
adolescentes.
b)
17 años: 9.
c)
16 años: 8.
d)
15 años: 7.
e)
13 años: 1.
-
Otros datos:
a)
10 chicos
vivían (antes de ser institucionalizados) fuera de la familia, en casas de
amigos o en la calle.
b)
8 chicos
tienen anteriores internaciones.
c)
Las medidas de
institucionalización suelen ir de 4 a 6 meses, luego de esto se prorroga en
todos los casos, por un período de 3 a 6 meses.
d)
7 chicos son
de General Pico (de los cuales 5 ya habían sido internados anteriormente) y el
resto de Santa Rosa.
e)
En todos los
casos, además de la causa que originó la medida de internación, hay causas
penales previas”.
Llama poderosamente la atención que de una treintena de niños
internados, 21 lo hayan sido por la
comisión de robos. Igualmente, el único homicidio perpetrado parece reproducir
en escala los apenas 4 homicidios cometidos en la Provincia en el primer
semestre del año 2001.
Por lo tanto, está claro que el poder punitivo
conserva la misma lógica histórica en lo que concierne a la protección de los
bienes jurídicos mediante la sanción penal: más de las dos terceras partes de
los internos estaban “institucionalizados” por la comisión de robos sin la
utilización de armas, lo que se conjuga perfectamente con las estadísticas del
orden nacional ya reseñadas. La tercera parte de esos niños no tenía una
familia orgánica constituida o no vivía con ella y la gran mayoría de los
mismos provenía de sectores sociales particularmente vulnerables.
En este primer muestreo, parece confirmarse la
hipótesis inicial de una sobreactuación del poder punitivo en orden a conductas
atentatorias contra el bien jurídico “propiedad privada”.
En segundo término, visité el día 31 de octubre de
2001 la Unidad 30, “Dr. Julio Alfonsín”, del Servicio Penitenciario Nacional,
sito igualmente en la ciudad de Santa Rosa, destinado a albergar menores de 18
a 21 años, con las excepciones que los artículos 197 y 198 de la Ley 24660
reservan para casos cuya evaluación queda a cargo de la administración (con los
consabidos riesgos de arbitrariedad que llegan a encubrir sistemas de “premios
y castigos”), y que permite que los internos informados “favorablemente”
residan en dicho ámbito hasta los 25 años.
Dicho establecimiento tiene capacidad para albergar
a 21 internos, y a la fecha de la constatación residían allí 18 jóvenes, todos
radicados en la Provincia de La Pampa.
De entre ellos, seis estaban condenados, y en
todos los casos, por delitos contra la propiedad. Otros diez eran procesados, todos igualmente por delitos contra la
propiedad. Dos de ellos finalmente, estaban a “disposición” de los Juzgados
de menores, uno por delitos contra la propiedad y otro por homicidio.
Es importante destacar aquí un costado de la
metodología cualitativa utilizada en todos los supuestos: la observación
participante y la entrevista.
Cuando, por ejemplo, durante la entrevista inquirí
al por entonces jefe del penal, sobre la
extracción social de los menores alojados, me respondió que estimativamente el 90% de los mismos provenía de hogares
de “constitución irregular”, y que evidenciaban “falta total de límites” o
“carencia de identidad paterna”, según su percepción explícita (configurada,
como es de esperar, a instancias de las ideologías aplicadas del “tratamiento”[4]). Ante un
pedido de mayores precisiones, opinó
que un porcentaje similar estimativo (90%) tenía estudios primarios incompletos
y había sólo tres casos de menores que cursaban el Ciclo EGB (dos procesados y
uno “dispuesto” judicialmente).
Y que en
todos los casos se trataba de internos provenientes de familias marginales, con
situaciones emblemáticas de exclusión social.
Es curiosa pero igualmente elocuente la constante
histórica e inalterable de esta tendencia en lo que hace a la clientela juvenil
del sistema penal. Una investigación de neto perfil positivista del año 1923 en la Argentina, destinada a
describir a los menores delincuentes,
establecía ya respecto de las familias de las que estos niños provenían
que “el 90 por ciento vivía en verdadera
miseria”[5].
El día 5 de octubre del mismo año 2001, me
entrevisté con el Jefe de Seguridad de la Colonia Penal Unidad 4 del Servicio
Penitenciario Federal, en busca de datos análogos a los ya referidos.
En rigor de verdad, los guarismos resultan de datos
que ésta persona me brindara, de manera fragmentaria, producto de la
imposibilidad de lograr un “rapport” adecuado en esa oportunidad.
Por ejemplo, de una población total de 272
internos, se me explicó que 51 de ellos se encontraban en condición de
procesados y el resto eran personas condenadas.
Cuando le requerí
más precisiones sobre este particular, se me señaló de manera verbal y genérica
que se alojaban allí “alrededor del 40% de presos pampeanos condenados y la
mayoría de los procesados eran también pampeanos”. Posteriormente, intentó
precisar que de La Pampa había 34 procesados y 89 condenados, no pudiéndose
verificar fehacientemente ninguno de estos datos.
Dadas las
características de la Unidad, interrogué también acerca de los presos
condenados por tribunales pampeanos (provinciales o federales) que se hallaban
alojados en otras cárceles del país. Se me respondió que ese dato debía
recabarlo en Buenos Aires, ya que allí no poseían esa información (aunque la
misma me había sido proporcionada por el Departamento Judicial de la propia
Unidad 4 cuando realizara el relevamiento de junio del 2000, al cual ya hiciera
mención).
De los 272 internos, 50 eran personas vinculadas a
delitos contra las personas y 118 contra
la propiedad. En el caso del resto, la mayoría se trataba de delitos
sexuales o relacionados con drogas.
Ese cuadro de situación, por el momento en que fue
detectado, resultaba a mi entender particularmente oportuno.
En primer lugar, porque a partir de la reciente
decisión política de “descongestionar” las grandes cárceles argentinas, los
establecimientos federales con asiento en la Provincia recibieron abruptamente
importantes contingentes de presos que saturaron su capacidad de alojamiento.
Este aumento de la población carcelaria podría,
hipotéticamente, haber hecho variar el escenario anteriormente descripto.
A fin de constatar esta circunstancia, en una
visita a la citada unidad realizada el 20 de enero de 2003, me informaron – en
este caso, de manera más precisa - que la población del establecimiento era en
ese momento de 301 presos, y los
internos pampeanos procesados a disposición de tribunales con asiento en la
Provincia (aunque se trate de tribunales federales) eran cincuenta y ocho. Veinticuatro
eran condenados de la misma condición (siempre sobre la referida población de
301 internos).
Algunos
indicadores oficiales complementan y permiten una cierta orientación en la
dirección que plantea esta investigación: según el Informe Anual de
Estadísticas Policiales del año 2001 que publica la Dirección Nacional de Política
Criminal dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la
Provincia de La Pampa poseía el índice de decrecimiento
más alto del país respecto de hechos delictuosos registrados (-7,27%) en el año
2001 respecto del 2000.
Pero además exhibía en el año 2001 el porcentaje más alto del país (3, 93%) en la
comparación entre hechos delictuosos y sentencias condenatorias (con el
dato cualitativo ya señalado respecto de esas sentencias) y estaba ubicada en
el vigésimo primer lugar en las tasas comparativas de homicidios dolosos cada
cien mil habitantes, con un indicador de 3,27%,
cuando el promedio nacional era de 8,23%.
Más allá de lo objetable de la
rigurosidad de estos guarismos en la Argentina, parecería quedar claro que,
pese a que la Provincia de La Pampa posee un estado que no se ha retirado
totalmente de sus funciones históricas, lo que queda de ese "estado de
bienestar" resulta incapaz de modificar la condición selectiva del sistema
penal y, lo que es más llamativo aún, ha resignado al parecer su aptitud para
intentar reformular el rol de las agencias penales (en especial la judicial),
que igualmente siguen reproduciendo la (sobre) protección del bien jurídico propiedad privada.
La población de internos pampeanos procesados se
discriminaba a enero de 2003 de la siguiente manera: 9 estaban encausados por
delitos contras las personas; 4 contra la honestidad; 2 contra la seguridad
pública; 1 contra el orden público; 2 contra la administración pública; 8 por
infracción a la Ley 23.737 y 32 contra
la propiedad (55,1 %).
El total de condenados que purgaban por entonces
sus condenas en la misma Colonia Penal respondía a estos datos, brindados en
todos los casos por el responsable de la Sección Judiciales: 28 condenados por
delitos contra las personas; 15 contra la honestidad; 1 contra la seguridad
pública; 2 contra el orden público; 6 contra la administración pública; 43 por
infracción a la Ley 23.737 y 132 por
delitos contra la propiedad (58,1 %).
Un último relevamiento realizado el día 29 de mayo de 2003 reveló que solamente en las comisarías de la Provincia había porentonces152 personas privadas de libertad (alrededor de un 70% de las mismas,
por delitos contra la propiedad). Si a esa cifra se agregaran los casi 40
menores alojados en ese momento en el “Proyecto Vida” (en condiciones de
superpoblación admitidas por las propias autoridades del Poder Judicial y la Dirección General
de Familia de la Provincia)
y los 21 que se hallaban alojados en la Unidad 30, se superaba holgadamente el índice de
prisionización detectado en la investigación llevada a cabo en el mes de junio
del año 2000, sin contar uno sólo de los
internos de los establecimientos carcelarios para mayores pertenecientes al
Servicio Penitenciario Federal en La
Pampa, ni los presos condenados por tribunales pampeanos
alojados en otras jurisdicciones. Concretamente, se había pasado de 177
reclusos en junio de 2000 a
393 en junio de 2003. Esto constituye un aumento de la población presidiaria
sin precedentes, que ni siquiera puede justificarse apelando a la evolución de
los ya citados indicadores de criminalidad, donde la selectividad del sistema
sigue operando de igual manera y con idénticos resultados, más allá del aumento
de ciertos delitos violentos.
(*) Este trabajo data de más de diez años, e integra mi primera tesis
doctoral, publicada en el año 2005 por Fabián Di Plácido ("Bienes
Jurídicos y sistema penal"). Los datos que ex profeso consignamos
nuevamente, los indicadores señalados, bien podrían conceptualizarse como una
suerte de "huevo de la serpiente" en La Pampa. Las mediciones
carcelarias se realizaron en pleno colapso de la última experiencia liberal,
esa a la que tantos -a juzgar por los resultados de la última contienda
electoral- añoran retornar, y sirven para pensar este presente de inflación
penitenciaria en la
Provincia como un proceso inacabado de exacerbación del poder
punitivo, del que resulta responsable excluyente la agencia judicial.
[2]
Conf.
Cerro, Ana María; Meloni, Osvaldo: op. cit., p. 3.
[3]
Conf. Revista “Delito y Sociedad”, Año 10,
Números 15 y 16 del año 2001, p. 240 y 242.
[4]
Como se
observa, la falta de introyección de la figura paterna puede dar como
resultado, al parecer, un preso o el general San Martín.
[5]
Conf.
Carlos de Arenaza: “Menores delincuentes. Clasificación y estudio
médico-psicológico”. RCPML. 1923, p. 39-60, citado por Eugenia Scarzanella en
su libro: “Ni gringos ni indios. Inmigración, criminalidad y racismo en
Argentina 1890-1940”,
Universidad nacional de Quilmes Ediciones, 2002, p. 66.
No hace demasiado tiempo, Michael
Hardt y Toni Negri anticiparon que Estados Unidos había sido
derrotado en su intento de dar un golpe de estado al mercado mundial. En lo que
podría asumirse como las vísperas de un (nuevo) retroceso de un imperialismo que
se agota, la administración Obama acaba de meterse en un atolladero de destino
incierto. La crisis a la que se ha expuesto, al comprobarse la más fabulosa
operación de espionaje de la historia de la humanidad tiene un final abierto,
pero en cualquier caso, traumático. Estados Unidos ha perdido el dominio del
hecho y es improbable que lo recupere en el plano diplomático, al menos en el
corto plazo. Entre el libro “Common Wealth" (2009), que da cuenta de la
debacle del unilateralismo económico, y el escándalo del espionaje mundial han
pasado menos de cuatro años. Casi el mismo lapso que ha transcurrido desde
que el presidente norteamericano fuera insólitamente ungido Premio Nobel de la Paz. En aquella
oportunidad, Obama sacó pecho y, paradójicamente, reivindicó la legitimidad y
la necesidad de... la guerra: "La guerra sí que tiene un
papel que jugar en la preservación de la paz"."Me enfrento al mundo como
es, y no puedo obviar las amenazas a las que se enfrenta el pueblo
americano"."La
guerra es necesaria". Palabras de Obama en su cenit.Imposibles de ser replicadas en el contexto de particular
sensibilidad que la propia superpotencia ha creado. La capacidad de disciplinar
voluntades ha dado muestras de un llamativo debilitamiento, lo que obliga al
presidente a recordar que su país conserva intacta una capacidad de disuasión
militar que nadie le discute. Pero que no alcanza para organizar en clave de
viejo orden la imprevisible dinámica internacional.
Los
países europeos, sus socios menores, han interpelado a la expresión
institucional del complejo militar industrial, por la grosera injerencia que
supone un espionaje a gran escala, que amenaza reducir a Watergate en una
inocente infidencia barrial.
Putin ha contestado con una
hierática ironía de cara al caso Snowden (quizás porque todavía están frescas
las impudorosas imágenes de ambos países intercambiando espías). Los países
latinoamericanos no parecen dispuestos a reeditar sus ejercicios de sumisión de
antaño y se encuentran próximos a ensayar una nueva estrategia conjunta de enérgica protesta formal.
Si entre los miembros del
MERCOSUR había cundido una justificada reserva ante la falta de compromiso
militante de algunos países miembros (sobre todo Brasil) a la hora de
solidarizarse con el Presidente Morales, ni bien se
conocieron en la región las inéditas maniobras de intromisión, la alianza estratégica se
galvanizó definitivamente.
La administración demócrata lo consiguió, por otros
medios.
Acabamos de conocer los nuevos
cuestionamientos efectuados por la relatora especial sobre independencia de
jueces y abogados de la ONU,
la brasileña Gabriela Knaul, contra las medidas de democratización de la
justicia impulsadas por el gobierno argentino, particularmente en lo que
concierne a los mecanismos propuestos de selección de jueces.
La mencionada funcionaria había
exteriorizado sus primeras y llamativas críticas
desde Ginebra, Suiza.
Sería bueno saber si, antes de
incurrir en esos excesos e inexactitudes, la relatora intentó también amonestar
al país desde donde realizó esas especulaciones, que no es otro que un
proclamado campeón occidental de la democracia cantonal.
Es necesario decir esto, a la luz
de los mecanismos de elección de los jueces que, entre otros Estados, utiliza
Suiza, que al parecer no es otro que la elección popular directa, "en el que existe un dominio político partidario transparente y en el que los partidos políticos tienen absoluto predominio"[1].
Resultaría también interesante
conocer si, con los mismos argumentos basados en la preservación del Estado de
derecho, la independencia de poderes y demás invocaciones genéricas, puso en algún momento en
crisis la constitución y el funcionamiento de una multiplicidad de tribunales
internacionales esponsoreados por la propia ONU y la “comunidad jurídica internacional”, acusados históricamente
de violar principios básicos de cualquier derecho democrático, tales como la
igualdad ante la ley, el juez natural, la ley previa, el derecho de defensa en
juicio, los derechos fundamentales de los reclusos, los derechos de las víctimas,
etcétera. Esas y otras críticas, nunca suficientemente rebatidas, se extienden
desde los tribunales de Nüremberg y Tokio hasta -en lo que hace a la responsabilidad directa de la ONU- los de la Antigua Yugoslavia, Ruanda
y la propia Corte Penal Internacional. No se ha podido conocer, hasta ahora, la
opinión de la relatora sobre estos temas tan sensibles, que hacen a la democracia planetaria.
■ Están invitados a participar de estas jornadas los trabajadores, profesionales (sean o no juristas), estudiantes, funcionarios, magistrados de las agencias judiciales, operadores de los distintos poderes de todo el país y de la región latinoamericana, militantes de organizaciones sociales y colectivos interesados. ■ Las jornadas tienen un enfoque participativo y se invita a que los asistentes ponencias para su exposición y debate en las comisiones. Se recibirán ponencias a la dirección Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. hasta el día 7 de mayo de 2013. Las mismas no podrán exceder de 15 carillas, tamaño A4, interlineado normal, y los presentantes deberán exponer sus trabajos en un plazo máximo de quince (15) minutos. ■ Para conocer el programa completo y los ejes de discusión de las Jornadas puede descargarse el folleto de convocatoria en este archivo (pdf).■ Se otorgarán certificados diferenciados para ponentes y simples asistentes. Para registrar la inscripción (abierta y gratuita) a las Jornadas debe completar el formulario al que se accede a través de este link.
Temario
9 de mayo | 16.00 Hs.
Conferencia de Apertura: Dr. Eduardo Aguirre (Defensor General de la Provincia)
Comisión N° 1: Sistema adversarial y medidas de coerción. Puesta en práctica y evaluación político criminal ¿Problemas de implementación o asignaturas pendientes en materia de elaboración de una política criminal unitaria?
Comisión N° 2: ¿Cuánto queda todavía en pie del paradigma inquisitivo.? Temas y problemas. Lógicas de los operadores y derechos de los justiciables
10 de mayo | 16,30 Hs.
Panel único: Propuesta de revisión de decisiones judiciales por jurados populares. Debate y desarrollo de las consignas del programa
(Discurso pronunciado por Piotr Kropotkin en Paris el 20 de diciembre de 1877)
Introducción:Tras el problema económico y tras el problema del Estado, quizás el más importante de todos sea el que concierne al control de los actos antisociales. La distribución de justicia fue siempre el principal instrumento para crear derechos y privilegios, pues se basaba en sólidos fundamentos de derechos constituidos; el problema de lo que ha de hacerse con los que cometen actos antisociales contiene en consecuencia en sí el gran problema del gobierno y del Estado. Es hora ya de que nos preguntemos si la condena a muerte o a la cárcel son justas. ¿Logran el doble fin que se marcan como objetivo, el de impedir la repetición del acto antisocial y (en cuanto a las cárceles) el de reformar al infractor?
Son graves cuestiones. De la solución que se les de depende no sólo la felicidad de miles de presos, no sólo el destino de mujeres y niños asolados por la miseria, cuyos padres y maridos no pueden ayudarles desde detrás de sus rejas, sino también la felicidad de la especie humana. Toda injusticia cometida contra un individuo la experimenta, en último termino, todo el conjunto de la especie. He tenido ocasión de conocer dos cárceles en Francia y varias en Rusia, y diversas circunstancias de mi vida me han llevado a volver a estudiar las cuestiones penales, y creo que es mi deber exponer claramente lo que son las cárceles: relatar mis observaciones y mis ideas, resultado de ellas. 1. La cárcel como escuela de delito. Cuando un hombre ha estado en la cárcel una vez, vuelve. Es inevitable, las estadísticas lo demuestran. Los informes anuales de la administración de justicia penal de Francia muestran que la mitad de los que comparecen ante los jurados y dos quintas partes de los que anualmente comparecen ante los órganos menores por faltas reciben su educación en las cárceles. Casi la mitad de los juzgados por asesinato, y tres cuartas partes de los juzgados por robo con allanamiento son reincidentes. En cuanto a las cárceles modelo, mas de un tercio de los presos que salen de estas instituciones supuestamente correctivas vuelven a ser encarcelados en un plazo de doce meses después de su liberación. Otra característica significativa es que la infracción por la que el hombre vuelve a la cárcel es siempre mas grave que la anterior. Si antes era un pequeño robo, vuelve ya por un audaz robo con allanamiento. Si la primera vez le encarcelaron por un acto de violencia, lo más probable es que vuelva luego como asesino. Todos los tratadistas de criminología coinciden en este punto. Los ex-presidiarios se han convertido en un grave problema en Europa. Y ya sabemos como lo ha resuelto Francia: decretando su destrucción total por las fiebres de Cayena, un exterminio que se inicia en el viaje. 2. La Inutilidad de las cárceles. Pese a todas las reformas hechas hasta el presente, pese a los experimentos de los distintos sistemas carcelarios, los resultados son siempre los mismos. Por una parte, el número de delitos contra las leyes existentes ni aumenta ni disminuye sea cual sea el sistema de castigo. En Rusia se ha abolido la flagelación y en Italia la pena de muerte, sin que variara el número de crímenes. La crueldad de los jueces puede aumentar o disminuir, la crueldad del sistema penal jesuítico cambiar, pero el número de actos considerados delitos se mantiene constante. Sólo le afectan otras causas que brevemente enunciaré. Por otra parte sean cuales fueren los cambios introducidos en el régimen carcelario, el problema de la reincidencia no disminuye. Esto es inevitable; así ha de ser; la prisión mata todas las cualidades que hacen al hombre adaptarse mejor a la vida comunitaria. Crea el tipo de individuo que inevitablemente volverá a la cárcel para acabar sus días en una de esas tumbas de piedra que tienen grabado: «Casa de detención y corrección». A la pregunta “¿Qué hacer para mejorar el sistema penal?», sólo hay una respuesta: nada. Es imposible mejorar una cárcel. Con excepción de unas cuantas mejoras insignificantes, no se puede hacer absolutamente nada más que demolerla. Podría proponer que se pusiese un Pestalozzi al frente de cada cárcel. Me refiero al gran pedagogo suizo que recogía niños abandonados y hacer de ellos buenos ciudadanos. Podría proponer también que substituyesen a los guardias actuales, ex soldados y ex policías, sesenta Pestalozzis. Aunque preguntareis: «¿Dónde encontrarlos?»… Pregunta razonable. El gran maestro suizo rechazaría sin duda el oficio de carcelero, pues, el principio de toda cárcel es básicamente malo porque priva al hombre de libertad. Privando a un hombre de su libertad, no se conseguirá que mejore. Cultivaremos delincuentes habituales, como ahora mostraré. 3. Los delincuentes en la cárcel y fuera. Para empezar, tengamos en cuenta que no hay preso que considere justo el castigo que se le aplica. Esto es en si mismo una condena de todo nuestro sistema judicial. Hablad con un hombre encarcelado o con un gran estafador. Dirá: «Aquí están los de las pequeñas estafas, los de las grandes andan libres y gozan del público respeto». ¿Qué responder, sabiendo que existen grandes empresas financieras expresamente dedicadas a arrebatar los últimos céntimos de los ahorros de los pobres, y cuyos fundadores se retiran a tiempo con botines legales hechos a costa de esos pequeños ahorros? Todos conocemos esas grandes empresas que emiten acciones, sus circulares falsas, sus inmensas estafas. ¿Cómo no dar al preso la razón? Y el hombre encarcelado por robar una caja fuerte, te dirá: «Simplemente no fui bastante listo; nada mas». ¿Y qué contestarle, sabiendo lo que pasa en sitios importantes, y cómo, tras terribles escándalos, se entrega a esos grandes ladrones el veredicto de inocencia? Cuantas veces se oirá decir a los presos: «Son los grandes ladrones los que nos tienen aquí encerrados; nosotros somos los pequeños». ¿Cómo discutir esto cuando los presos saben de las increíbles estafas perpetradas en el campo de las altas finanzas y del comercio. Cuando saben que la sed de riquezas, adquiridas por todos lo medios posibles, es la esencia misma de la sociedad burguesa? Cuando ha examinado la inmensa cantidad de transacciones sospechosas que separan a los hombres honestos (según medidas burguesas) y a los delincuentes, cuando ha visto todo esto, tiene sin duda que creer que las cárceles son para torpes, no para delincuentes. Esta es la norma respecto al mundo exterior. En cuanto a la cárcel misma, no hace falta extenderse mucho en ello. Sabemos bien lo que es. Sea respecto a la comida o a la distribución de favores, en palabras de los presos, desde San Francisco a Katmchatka: «Los mayores ladrones son los que nos tienen aquí, no nosotros». 4. El trabajo en la cárcel. Todos conocemos el influjo dañino de la ociosidad. El trabajo realza al hombre. Pero hay muchos trabajos. El trabajo del libre hace sentirse parte del todo inmenso; el del esclavo degrada. Los trabajos forzados se hacen a la fuerza, sólo por miedo a un castigo peor. Y ese trabajo, que no atrae por si mismo porque no ejercita ninguna de las facultades mentales del trabajador, esta tan mal pagado que se considera un castigo. Cuando mis amigos hacían corsés o botones de concha y ganaban doce centavos por diez horas al día, y cuatro los retenía el Estado, podemos comprender muy bien la repugnancia que este trabajo producía al condenado a ejecutarlo. Cuando uno gana treinta y seis centavos por semana, hay derecho a decir: «Los ladrones son los que aquí nos tienen, no nosotros». 5. Consecuencias del cese de los contactos sociales. ¿Y qué inspiración puede lograr un preso para trabajar por el bien común, privado como está de toda conexión con la vida exterior? Por un refinamiento de crueldad, quienes planearon nuestras cárceles hicieron todo lo posible por cortar toda relación del preso con la sociedad. En Inglaterra, la mujer y los hijos del preso sólo pueden verle una vez cada tres meses y las cartas que se le permiten escribir son realmente ridículas. Los filántropos han llegado a veces a desafiar la naturaleza humana hasta el punto de impedir a un preso a escribir algo más que su firma en un impreso. La mejor influencia a que un preso podría someterse, la única que podría aportarle un rayo de luz, un soplo de cariño en su vida (la relación con los suyos) queda sistemáticamente prohibida. En la vida sombría del preso, sin pasión ni emoción, se atrofian en seguida los buenos sentimientos. Los trabajadores especializados que amaban su oficio pierden el gusto por el trabajo. La energía corporal se esfuma lentamente. La mente no tiene ya energía para fijar la atención; el pensamiento es menos ágil, y, en cualquier caso, menos persistente. Pierde profundidad. Yo creo que la disminución de la energía nerviosa en las cárceles se debe, sobre todo, a la falta de impresiones variadas. En la vida ordinaria hay miles de sonidos y colores que asaltan diariamente los sentidos, un millar de pequeños hechos llegan a nuestra conciencia y estimulan la actividad del cerebro. Esto no sucede con los sentidos de los presos. Sus impresiones son escasas y siempre las mismas. 6. La teoría de la fuerza de voluntad. Hay otra importante causa de desmoralización en las cárceles. Todas las transgresiones de las normas morales aceptadas pueden atribuirse a la falta de una voluntad fuerte. La mayoría de los habitantes de las cárceles son gentes que no tuvieron la fuerza suficiente para resistir las tentaciones que les rodeaban o para controlar una pasión que les arrastró momentáneamente. En las cárceles, como en los conventos, se hace todo lo posible para matar la voluntad del hombre. No se suele tener posibilidad de elegir entre dos opciones. Las raras ocasiones en que se puede ejercitar la voluntad son muy breves. Toda la vida del preso está regulada y ordenada previamente. Sólo tiene que seguir la corriente, que obedecer so pena de graves castigos. En estas condiciones, toda la fuerza de voluntad que pudiese tener al entrar desaparece. ¿Y dónde buscar fuerzas para resistir las tentaciones que surjan ante él, como por arte de magia, cuando salga de entre los muros de la cárcel? ¿Dónde encontrará la fuerza necesaria para resistir el primer impulso de un arrebato de pasión, si durante años se hizo lo posible por matar esa fuerza interior, por hacerle dócil instrumento de los que le controlan? Este hecho es, en mi opinión, la condena más terrible de todo el sistema penal basado en privar de libertad al individuo. Es claro el motivo de esta supresión de la voluntad del individuo, esencia de todo sistema penitenciario. Nace del deseo de guardar el mayor número de presos posible con el menor número posible de guardias. El ideal de los funcionarios de prisión seria millares de autómatas, que se levantaran, trabajaran, comieran y fueran a dormir controlados por corrientes eléctricas accionadas por uno de los guardianes. Quizá así se ahorrase presupuesto, pero nadie debería asombrarse de que estos hombres, reducidos a máquinas, no fuesen, una vez liberados, tal cómo la sociedad los desea. Tan pronto como un preso queda libre, le esperan sus viejos camaradas. Lo reciben fraternalmente y se ve una vez mas arrastrado por la corriente que le llevó a la cárcel. Nada pueden hacer las organizaciones protectores. Lo único que pueden hacer para combatir la influencia maligna de la cárcel es aliviar su influjo en los ex-presidiarios. ¡Qué contraste entre la recepción de sus viejos camaradas y la de la gente que se dedica a tareas filantrópicas con ex-presidiarios! ¿Cuál de estas personas le invitará a su casa y le dirá simplemente: «Aquí tienes una habitación, aquí tienes un trabajo, siéntate en esta mesa como uno mas de la familia»? El ex-presidiario sólo busca la mano extendida de cálida amistad. Pero la sociedad, después de haber hecho todo lo posible por convertirle en enemigo, después de inocularle los vicios de la cárcel, le rechaza. Le condena a ser un «reincidente». 7. El efecto de las ropas de la cárcel y de la disciplina. Todo el mundo conoce la influencia de la ropa decente. Hasta un animal se avergüenza de aparecer ante sus semejantes si algo le hace parecer ridículo. Si pintan a un gato de blanco y amarillo no se atreverá a acercarse a otros gatos. Pero los hombres empiezan por entregar una vestimenta de lunático a quien afirman querer reformar. El preso se ve sometido toda su vida de prisión a un tratamiento que indica un desprecio absoluto por sus sentimientos. No se concede a un preso el simple respeto debido a todo ser humano. Es una cosa, un número, y a cosa numerada se le trata. Si cede al más humano de todos los deseos, el de comunicarse con un camarada, se le culpa de falta de disciplina. Quien no mintiese ni engañase antes de entrar en la cárcel: allí aprenderá a mentir y a engañar y este aprendizaje será para él una segunda naturaleza. Y los que no se someten lo pasan mal. Si verse registrado le resulta humillante, si no le gusta la comida, si muestra disgusto porque el guardián trafica con tabaco, si divide su pan con el vecino, si conserva aun la suficiente dignidad para enfadarse por un insulto, si es lo bastante honrado para sublevarse por pequeñas intrigas, la cárcel será para él un infierno. Se verá abrumado de trabajo o le meterán a pudrirse en confinamiento solitario. La más leve infracción de disciplina significará el castigo mas grave. Y todo castigo llevará a otro. Por la persecución le empujaran a la locura. Puede considerarse afortunado si no deja la cárcel en un ataúd. 8. Los carceleros. Es fácil escribir en los periódicos que hay que vigilar estrechamente a los guardias de las cárceles, que deben elegirse entre hombres buenos. No hay nada más fácil que construir utopías administrativas. Pero el hombre seguirá siendo hombre, guardián o preso. Y cuando se condena a estos guardianes a pasar el resto se sus vidas en situaciones falsas, sufren las consecuencias. Se vuelven irritables. Sólo en monasterios y conventos hay tal espíritu de mezquina intriga. En ninguna parte abundan tanto escándalos y chismorreos como entre los guardianes de las cárceles. No se puede dar a un individuo autoridad sin corromperle. Abusará de ella. Y será menos escrupuloso y sentirá su autoridad más aun cuanto su esfera de acción sea mas limitada. Obligado a vivir en terreno enemigo, el guardián no puede convertirse en un modelo de bondad. A la alianza de los presos se opone la de los carceleros. Es la institución la que les hace lo que son: sicarios ruines y mezquinos. Si pusiésemos a Pestalozzi en su lugar, pronto sería un carcelero. Rápidamente, el rencor contra la sociedad penetra en el corazón del preso. Se habitúa a detestar a los que le oprimen. Divide el mundo en dos partes: una, aquella a la que pertenecen él y sus camaradas; la otra, el mundo exterior representado por los guardianes y sus superiores. Los presos forman una liga contra todos los que no llevan el uniforme de presidiario. Son sus enemigos y cuanto puedan hacer para engañarles es bueno. Tan pronto como se ve en libertad, pone el preso en práctica su código. Antes de ir a la cárcel pudo cometer su delito involuntariamente. Ahora tiene una filosofía que puede resumirse en estas palabras de Zola: «Que sin vergüenzas son estos hombres honrados». Si consideramos las distintas influencias de la cárcel sobre el preso nos convenceremos de que hacen al hombre cada vez menos apto para vivir en sociedad. Por otra parte, ninguna de estas influencias eleva las facultades intelectuales y morales del preso, ni le lleva a una concepción mas elevada de la vida. La cárcel no mejora al preso. Y además, hemos visto que no le impide cometer otros delitos. No logra, pues, ninguno de los fines que se propone. 9. ¿Cómo debemos tratar a los infractores? Debemos de formular la siguiente pregunta: «¿Qué debería hacerse con los que violan las leyes?» No me refiero a las leyes escritas (son triste herencia de un triste pasado), si no a los principios morales grabados en los corazones de todos nosotros. Hubo tiempos en que la medicina era el arte de administrar ciertas drogas, laboriosamente descubiertas con experimentos. Pero nuestra época ha enfocado el problema médico desde un nuevo ángulo. En vez de curar enfermedades, busca la medicina ahora ante todo impedirlas. La higiene es la mejor medicina de todas. Aun hemos de hacer lo mismo con este gran fenómeno social al que aun llamamos «delito», pero al que nuestros hijos llamarán «enfermedad social». Impedir la enfermedad será la mejor cura. Y esta conclusión se ha convertido ya en lema de toda una escuela de pensadores modernos dedicados al estudio del «delito». En las obras publicadas por los innovadores están todos lo elementos necesarios para adoptar una actitud nueva hacia aquellos a quienes la sociedad, cobardemente, ha decapitado, ahorcado o encarcelado hasta ahora. 10. Causas del delito. A tres grandes categorías de causas se deben esos actos antisociales llamados delitos. Son causas sociales, fisiológicas y físicas. Empezaré por las últimas. Son las menos conocidas, pero su influencia es indiscutible. Causas físicas. Si vemos que un amigo hecha al correo una carta olvidándose poner la dirección, decimos que es un accidente, que es algo imprevisto. Estos accidentes, estos acontecimientos inesperados, se producen en las sociedades humanas con la misma regularidad que los que pueden prevenirse. El número de cartas sin dirección que se envían por correo continúa siendo notable año tras año. Este número puede variar de un año tras otro, pero muy levemente. Aquí tenemos un factor tan caprichoso como la distracción. Sin embargo, este factor está sometido a leyes igual de rigurosas que las que gobiernan los movimientos de los planetas. Y lo mismo sucede con el número de delitos que se cometen al año. Con las estadísticas de años anteriores en la mano, cualquiera puede predecir con antelación, con sorprendente exactitud, el número aproximado de asesinatos que se cometerán en el curso del año en cada país europeo. La influencia de las causas físicas sobre nuestras acciones aun no ha sido, ni mucho menos, plenamente estudiada. Se sabe, sin embargo, que predominan los actos de violencia en el verano, mientras que en el invierno adquieren prioridad los actos contra la propiedad. Si examinamos los gráficos obtenidos por el profesor Enrico Ferri y observamos que el gráfico de actos de violencia sube y baja con el de temperatura, nos impresiona profundamente la similitud de los dos y comprendemos hasta que punto el hombre es una máquina. El hombre que tanto se afana de su voluntad libre, depende de la temperatura, los vientos y las lluvias tantos como cualquier otro organismo. ¿Quién pondrá en duda estas influencias? Cuando el tiempo es bueno y es buena la cosecha, y cuando los hombres se sienten a gusto, es mucho menos probable que de pequeñas disputas resulten puñaladas. Si el tiempo es malo y la cosecha pobre, los hombres se vuelven irritables y sus disputas adquieren carácter mas violento. Causas fisiológicas. Las causas fisiológicas, las que dependen de la estructura del cerebro, órganos digestivos y sistema nervioso, son sin duda más importantes que las causas físicas. La influencia de capacidades heredadas, así como de la estructura física sobre nuestros actos, han sido objeto de tan profunda investigación que podemos formarnos una idea bastante correcta de su importancia. Cuando Cesare Lombroso afirma que la mayoría de los que habitan nuestras cárceles tienen algún defecto en su estructura cerebral, podemos aceptar tal afirmación siempre que comparemos los cerebros de los que mueren en prisión con los de quienes mueren fuera en condiciones de vida generalmente malas. Cuando demuestra que los asesinatos más brutales los cometen individuos que tienen algún defecto mental grave, aceptamos lo que dice si tal afirmación la confirman los hechos. Pero cuando Lombroso declara que la sociedad tiene derecho a tomar medidas contra los deficientes, no aceptamos seguirle. La sociedad no tiene derecho a exterminar al que tenga el cerebro enfermo. Admitimos que muchos de los que cometen estos actos atroces son casi idiotas. Pero no todos los idiotas se hacen asesinos. En muchas familias, tanto en los manicomios, como en los palacios, hay idiotas con los mismos rasgos que Lombroso considera característicos del «loco criminal». La única diferencia entre ellos y los que van al patíbulo es el medio en que viven. Las enfermedades cerebrales pueden ciertamente estimular el desarrollo de las tendencias asesinas, pero no es algo inevitable. Todo depende de las circunstancias de quien sufra la enfermedad mental. Toda persona inteligente podrá ver, por los datos acumulados, que la mayoría de los individuos a los que se trata hoy como delincuentes son hombres que padecen alguna enfermedad, y a quienes en consecuencia, es necesario curar lo mejor posible en vez de enviarlos a la cárcel, donde su enfermedad sólo puede agravarse. Si nos sometiésemos todos a un riguroso análisis, veríamos que a veces pasan por nuestra mente, rápidos como centellas, los gérmenes de ideas que son los fundamentos de las malas acciones. Rechazamos estas ideas, pero si hubiesen hallado un eco favorable en nuestras circunstancias o si otros sentimientos, como el amor, la piedad o la fraternidad, no hubiesen contrarrestado estas chispas de pensamientos egoístas y brutales, habrían acabado llevándonos a una mala acción. En suma, las causas fisiológicas juegan un papel importante en arrastrar a los hombres a la cárcel, pero no son las causas de la «criminalidad» propiamente dicha. Estas afecciones de la mente, el sistema cerebro- espinal, etc., podemos verlas en estado incipiente en todos nosotros. La inmensa mayoría padecemos alguno de esos males. Pero no llevan a la persona a cometer un acto antisocial a menos que circunstancias externas les den una inclinación mórbida. Causas sociales. Si las causas físicas tienen tan vigorosa influencia en nuestras acciones, si nuestra fisiología es tan a menudo causa de los actos antisociales que cometemos, ¡cuanto más poderosas son las causas sociales! Las mentes más avanzadas e inteligentes de nuestra época proclaman que es la sociedad en su conjunto la responsable de los actos antisociales que se cometen en ella. Igual que participamos de la gloria de nuestros héroes y genios, compartimos los actos de nuestros asesinos. Nosotros les hicimos lo que son, a unos y otros. Año tras año crecen miles de niños en medio de la basura moral y material de nuestras grandes ciudades, entre una población desmoralizada por una vida mísera. Estos niños no conocen un verdadero hogar. Su casa es una choza mugrienta hoy y las calles mañana. Crecen sin salida decente para sus jóvenes energías. Cuando vemos a la población infantil de las grandes ciudades crecer de ese modo, no podemos evitar asombrarnos de que tan pocos de ellos se conviertan en salteadores de caminos y en asesinos. Lo que me sorprende es la profundidad de los sentimientos sociales entre el género humano, la cálida fraternidad que se desarrolla hasta en los barrios peores. Sin ella, el número de los que declarasen guerra abierta a la sociedad sería aun mayor. Sin esta amistad, esta aversión a la violencia no quedaría en pie ninguno de nuestros suntuosos palacios urbanos. Y al otro lado de la escala, ¿qué ve el niño que crece en las calles? Lujo, estúpido e insensato, tiendas elegantes, material de lectura dedicado a exhibir la riqueza, ese culto al dinero que crea la sed de riqueza, el deseo de vivir a expensas de otros. El lema es: «Hazte rico. Destruye cuanto se interponga en tu camino y hazlo por cualquier medio, salvo los que puedan llevarte a la cárcel». Se desprecia hasta tal punto el trabajo manual, que nuestras clases dominantes prefieren dedicarse a la gimnasia que manejar la sierra o la azada. Una mano callosa se considera signo de inferioridad y un vestido de seda, de superioridad.
La sociedad misma crea diariamente estos individuos incapaces de llevar una vida de trabajo honesto y llenos de impulsos antisociales. Les glorifica cuando sus delitos se ven coronados del éxito financiero. Les envía a la cárcel cuando no tiene «éxito». No servirán ya de nada cárceles, verdugos y jueces cuando la revolución social haya cambiado por completo las relaciones entre capital y trabajo, cuando no haya ociosos, cuando todos puedan trabajar según su inclinación por el bien común, cuando se enseñé a todos los niños a trabajar con sus propias manos al mismo tiempo que su inteligencia y su espíritu, al ser cultivados adecuadamente, alcanzan un desarrollo normal. El hombre es resultado del medio en que se cría y en que pasa su vida. Si se le acostumbra a trabajar desde la niñez, a considerarse parte del conjunto social, a comprender que no puede hacer daño a otros sin sentir al fin él mismo las consecuencias, habrá pocas infracciones de las leyes morales. Las dos terceras partes de los actos que hoy se condenan cómo delitos, son actos contra la propiedad. Desaparecerán con la propiedad privada. En cuanto a los actos de violencia contra las personas, disminuyen ya proporcionalmente al aumento del sentido social y desaparecerán cuando ataquemos las causas en vez de los efectos. 11. ¿Cómo curar a los infractores? Hasta hoy, las instituciones penales, tan caras a los abogados, han sido un compromiso entre la idea bíblica de venganza, la creencia medieval en el dominio, la idea del poder del terror de los abogados modernos y la de la prevención del crimen por medio del castigo. No deben construirse manicomios para subsistir a las cárceles. Nada más lejos de mi pensamiento, que idea tan execrable. El manicomio es siempre cárcel. Lejos también de mi pensamiento esa idea, que los filántropos airean de cuando en cuando, de que debe ponerse la cárcel en manos de médicos y maestros. Lo que los presos no han hallado hoy en la sociedad es una mano auxiliadora, sencilla y amistosa, que les ayude desde la niñez a desarrollar las facultades superiores de su inteligencia y su espíritu; facultades estas cuyo desarrollo natural han obstaculizado o un defecto orgánico o las malas condiciones sociales a que somete la propia sociedad a millones de seres humanos. Pero si carecen de la posibilidad de elegir sus acciones, los individuos privados de su libertad no pueden ejercitar estas libertades superiores de la inteligencia y el corazón. La cárcel de los médicos, el manicomio, sería mucho peor que nuestras cárceles presentes. Sólo dos correctivos pueden aplicarse a esas enfermedades del organismo humano que conducen al llamado delito: fraternidad humana y libertad. No hay duda de que en toda sociedad, por muy bien organizada que esté, aparecerán individuos que se dejen arrastrar fácilmente por las pasiones y que pueden cometer de cuando en cuando hechos antisociales. Pero para impedir esto es necesario dar a sus pasiones una dirección sana, otra salida. Vivimos hoy demasiado aislados. La propiedad privada nos ha llevado al individualismo egoísta en todas nuestras relaciones mutuas. Nos conocemos muy poco unos a otros; los puntos de contacto son demasiado escasos. Pero hemos visto en la historia ejemplos de vida comunal mucho más integrada: la «familia compuesta» en China, las comunas agrarias, por ejemplo. Estas gentes si se conocen entre sí. Las circunstancias las fuerzan a ayudarse recíprocamente en un sentido material y moral. La vida familiar, basada en la comunidad primigenia, ha desaparecido. Ocupará su lugar una nueva familia, basada en la comunidad de aspiraciones. En esta familia, los individuos se verán forzados a conocerse mutuamente, a ayudarse entre sí y a apoyarse unos en otros moralmente en toda ocasión. Y esta colaboración mutua impedirá el gran número de actos antisociales que vemos hoy. Se dirá, sin embargo, que habrá siempre algunos individuos, los enfermos, si queréis llamarles así, que serán un peligro para la sociedad. ¿No será necesario, pues, liberarnos de ellos, o impedir al menos que hagan daño a otros? Ninguna sociedad, por muy poco inteligente que sea, necesitará recurrir a una solución tan absurda, y ello tiene un motivo. Antiguamente se consideraba a los locos posesos de demonios y se les trataba en consecuencia. Les mantenían presos en sitios como establos, encadenados a la pared como animales peligrosos. Luego Pinel, hombre de la gran revolución se atrevió a eliminar aquellas cadenas y probó a tratarles como hermanos. «Te devorarán», gritaron los guardianes. Pero Pinel no tuvo miedo. Aquellos a quienes se consideraba bestias salvajes se reunieron alrededor de Pinel y demostraron con su actitud que él tenía razón al creer en el mejor aspecto de la naturaleza humana, aun cuando la enfermedad nublase la inteligencia. Y ganó la causa. Se dejo de encadenar a los locos. Luego, los campesinos del pueblecito belga de Gheel encontraron algo mejor. Dijeron: «Mandadnos vuestros locos. Nosotros les daremos libertad total». Les adoptaron en sus familias, les dieron un sitio en sus mesas, oportunidad de cultivar con ellos sus campos y un puesto entre sus jóvenes en bailes y fiestas. «Comed, bebed y bailad con nosotros. Trabajad y corred por el campo y sed libres.» Este era el sistema, esta era toda la ciencia que sabían los campesinos belgas. (Hablo de los primeros tiempos. Hoy el tratamiento de los locos en Gheel se ha convertido en profesión y, siendo profesión y persiguiendo el lucro, ¿qué significado puede poseer?) Y la libertad obró un milagro. Los locos se curaron. Incluso los que tenían lesiones orgánicas incurables se convirtieron en miembros dóciles y tratables de la familia, como el resto. La mente enferma podía seguir trabajando de un modo anormal pero el corazón estaba en su sitio. Se proclamó el hecho como un milagro. Se atribuyeron estos notables cambios a la acción milagrosa de santos y vírgenes. Pero la virgen era la libertad y el santo, trabajo en el campo y trato fraternal. En uno de los extremos del inmenso «espacio que media entre enfermedad mental y delito» del que Maudsley habla, la libertad y el trato fraternal obraron su milagro. También lo obrarán por el otro extremo. 12. Conclusión. La cárcel no impide que se produzcan actos antisociales. Multiplica su número. No mejora a los que pasan tras sus muros. Por mucho que se reforme, las cárceles seguirán siendo siempre lugares de represión, medios artificiales, como los monasterios, que harán al preso cada vez menos apto para vivir en comunidad. No logran sus fines. Degradan la sociedad. Deben desaparecer. Son supervivencia de barbarie mezclada con filantropía jesuítica. El primer deber del revolucionario será abolir las cárceles: esos monumentos de la hipocresía humana y de la cobardía. No hay porque temer actos antisociales en un mundo de iguales, entre gente libre, con una educación sana y el hábito de la ayuda mutua. La mayoría de estos actos ya no tendrían razón de ser. Los restantes serían sofocados en origen. En cuanto a aquellos individuos de malas tendencias que nos legará la sociedad actual tras la revolución, será tarea nuestra impedir que ejerciten tales tendencias. Esto se logrará ya muy eficazmente mediante la solidaridad de todos los miembros de la comunidad contra tales agresores. Si no lo lográsemos en todos los casos, el único correctivo práctico seguiría siendo tratamiento fraternal y apoyo moral. No es esto una utopía. Se ha hecho ya con individuos aislados y se convertirá en práctica general. Y estos medios serán mucho más poderosos para proteger a la sociedad de actos antisociales que el sistema actual de castigo que es fuente constante de nuevos delitos.
El Estado de California es el más poblado de Estados Unidos, con alrededor de 38 millones de habitantes. Actualmente alberga en 33 prisiones concebidas originalmente para contener a 80.000 reclusos, la escalofriante cifra de 148.000 personas privadas de libertad. Semejantes niveles de prisionización y hacinamiento llevaron a que la Corte Suprema de la nación ordenara la liberación de miles de internos.
El fallo, adoptado por una ajustada mayoría de votos (5 a 4) intenta poner freno a una problemática crónica, agravada por la crisis económica de California y las políticas públicas que en materia carcelaria ha llevado adelante la administración del actor conservador Arnold Schwarzenegger.
La decisión tiene un precedente igualmente significativo. En 2009, tres jueces federales ordenaron la liberación de 40.000 prisioneros, medida que fue apelada por el Estado de California con el argumento de que el cumplimiento de la misma implicaría un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.
Según publica el diario "Tiempo Argentino" en su edición del día de la fecha, cuatro mapuches que estaban en huelga de hambre, se encontraban al borde de la muerte, luego de más sesenta días sin ingerir alimentos. A todos ellos se les había aplicado la nefasta "Ley Antiterrorista" chilena, por haber manifestado en favor de los derechos de su comunidad sobre tierras privatizadas. Desde hace mucho tiempo, el pueblo mapuche y sus organizaciones vienen advirtiendo acerca de las consecuencias del nefasto combo que componen la citada ley y una forma d econcebir el nuevo sistema procesal como una verdadera tecnología de criminalización de los sectores subalternos (en especial, de los propios mapuches), efectuada siempre desde una perspectiva de mayor "eficiencia" y celeridad procesal. Lo que da la pauta de que un sistema adversarial, para adecuarse al programa de la Constitución, debe ser algo más que un instrumentom de criminalización de última generación, y someterse a un piso de garantías infranqueable, lo que debería constituir su principal condición identitaria.
Este es el título del nuevo libro del Profesor Luigi Ferrajoli, principal referente del garantismo penal, publicado por Editorial Trotta. En "Poderes Salvajes", Ferrajoli afirma, por ejemplo, que "Los conflictos de intereses, en la formas de la corrupción del intercambio político con los lobbies corporativos, y, sobre todo, con los medios de comunicación, son hoy fenómenos endémicos en todos los ordenamientos democráticos, en los que resulta cada vez más fuerte la relación entre dinero, información y política".
Queremos compartir con nuestros lectores la ilusión de acceder, en próximas ediciones de este espacio, a una aproximación explícita, si se quiere, de primera mano, del horizonte de proyección del garantismo penal. Solamente les pedimos que nos den un "plazo razonable", para poder debatir este tema munidos de elementos conceptuales objetivos. Hasta entonces