Acabamos de conocer los nuevos
cuestionamientos efectuados por la relatora especial sobre independencia de
jueces y abogados de la ONU,
la brasileña Gabriela Knaul, contra las medidas de democratización de la
justicia impulsadas por el gobierno argentino, particularmente en lo que
concierne a los mecanismos propuestos de selección de jueces.
La mencionada funcionaria había
exteriorizado sus primeras y llamativas críticas
desde Ginebra, Suiza.
Sería bueno saber si, antes de
incurrir en esos excesos e inexactitudes, la relatora intentó también amonestar
al país desde donde realizó esas especulaciones, que no es otro que un
proclamado campeón occidental de la democracia cantonal.
Es necesario decir esto, a la luz
de los mecanismos de elección de los jueces que, entre otros Estados, utiliza
Suiza, que al parecer no es otro que la elección popular directa, "en el que existe un dominio político partidario transparente y en el que los partidos políticos tienen absoluto predominio"[1].
Resultaría también interesante
conocer si, con los mismos argumentos basados en la preservación del Estado de
derecho, la independencia de poderes y demás invocaciones genéricas, puso en algún momento en
crisis la constitución y el funcionamiento de una multiplicidad de tribunales
internacionales esponsoreados por la propia ONU y la “comunidad jurídica internacional”, acusados históricamente
de violar principios básicos de cualquier derecho democrático, tales como la
igualdad ante la ley, el juez natural, la ley previa, el derecho de defensa en
juicio, los derechos fundamentales de los reclusos, los derechos de las víctimas,
etcétera. Esas y otras críticas, nunca suficientemente rebatidas, se extienden
desde los tribunales de Nüremberg y Tokio hasta -en lo que hace a la responsabilidad directa de la ONU- los de la Antigua Yugoslavia, Ruanda
y la propia Corte Penal Internacional. No se ha podido conocer, hasta ahora, la
opinión de la relatora sobre estos temas tan sensibles, que hacen a la democracia planetaria.