El derecho internacional humanitario que regula la cuestión de los conflictos armados (un concepto que no estamos seguros que abarque con precisión las guerras de baja intensidad u operaciones policiales de alta intensidad que han pasado  a constituir la práctica recurrente del imperialismo y sus aliados en el mundo tardomoderno), supone un aparatoso complejo normativo que, en teoría, pretende intervenir jurídicamente en los conflictos bélicos globales. Como expresa la doctrina internacionalista más autorizada (y también, probablemente, la más complacientes al momento de tolerar las nuevas estrategias de control y dominación a través de la fuerza militar), el derecho internacional humanitario intenta reglamentar las formas y métodos mediante los que se perpetran las agresiones más brutales, pretende distinguir el rol entre personas y objetivos civiles y militares, proteger a las víctimas de las guerras y conjurar los males que directa o indirectamente se derivan de las mismas.

 El derecho internacional humanitario se ha venido reformulando a sí mismo, sobre todo a lo largo de más de un siglo y medio, evolucionando de un derecho basado en la costumbre, a un prolífico conglomerado normativo que, entre 1864 y  1977, pareció revolucionar la regulación de los más brutales crímenes de guerra con pretensiones de mayor validez y vigencia internacional.


Desde Ginebra a La Haya, se ha desarrollado un derecho de naturaleza convencional que, en teoría, debería asegurar efectivamente un piso de derechos y garantías a los partícipes y las víctimas de los enfrentamientos armados en cualquier lugar del planeta. De eso tratan los cuatro Convenios de Ginebra (1949) y los Protocolos Adicionales a dichos Convenios (1977), además de otras previsiones  y cláusulas específicas que versan sobre los mismos objetivos.
Estas plausibles finalidades, desde luego, no se cumplen casi nunca en la práctica. Salvo que las guerras involucren a países marginales o importen violaciones o crímenes de guerra que no puedan ser invisibilizados. Debe recordarse que, paradójicamente, los siglos XIX y XX, y lo que va de la presente centuria, han deparado la mayor cantidad de víctimas de crímenes contra la humanidad. Por supuesto, entre ellas, muchas son víctimas de crímenes de guerra.
Casi todas, han sucumbido a mano de las fuerzas armadas imperiales o, en muchos casos, de grupos irregulares o paramilitares impulsados, protegidos, subvencionados o tolerados por ellos. Sin embargo, la eficacia del derecho ha sido virtualmente nula de cara a esas masacres.
Estos crímenes contra la Humanidad se han cometido por doquier y, en los últimos años, han adquirido formatos análogos. Se trata de guerras “políticas” o "ideológicas", tendientes, en muchos casos, a desmembrar territorios, disciplinar gobiernos populares disfuncionales, profundizar los conflictos nacionales, exacerbar las diferencias, afectar  formas de organización y convivencia social internas y, finalmente, inferir derrotas militares, políticas, culturales, pero también morales a los vencidos.
Que casi siempre son países que poseen determinados recursos, o una ubicación geopolítica u organización social incompatible con la oleada neoconservadora del unilateralismo militar que comienza a ponerse en crisis con lo sucedido en Siria, o más recientemente en Ucrania, donde el imperialismo ha debido  dar grotescos pasos en retroceso, como consecuencia de no haber medido correctamente las relaciones de fuerzas implicadas.
Las denominadas “revoluciones de colores”, “primaveras” o golpes blandos, deben -por supuesto- incluirse dentro de esas perspectivas de militarismo exacerbado e impune.
El próximo 24 de marzo, fecha especialmente cara para los argentinos porque marca el inicio del genocidio cometido por la dictadura cívico militar (una forma distinta de intervención imperialista durante la guerra fría), se cumplen quince años del inicio de los bombardeos de la OTAN que durante 78 días asolaron Yugoslavia.  Las fuerzas agresoras arrojaron 2300 misiles y 14000 bombas sobre casi mil objetivos, ocasionando más de mil muertos entre la población civil, muchos de ellos, niños.
Fueron tales las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron, que las propias potencias occidentales debieron admitir innumerables “errores” de sus pilotos.
Esa invasión trágica marcó el inicio de nuevas formas de intervención capaces de ser aplicadas en todo el mundo (incluso, claro está, en América Latina) y los verdaderos límites de un derecho internacional con pretensión humanitaria, gestado desde las usinas globales del poder imperialista.




Pocos juristas han dejado huellas tan expresas en un código como Alberto Binder y José María Meana en el nuevo sistema procesal de La Pampa. El pensamiento de José lo conocemos y (algunos) lo honramos. Por otra parte, un tramo fundamental de su postura absolutamente democrática y garantista puede leerse en el maravilloso prólogo de la última edición del propio código. Literalidad pura, y  a ella me remito. En síntesis, la conocida prédica de un sistema de enjuiciamiento y persecución penal más expeditivo, democrático, con pleno ejercicio de las garantías y los derechos de los justiciables. Una de esas garantías, sin dudas la más importante,es, justamente, la libertad de los acusados durante el proceso, salvo causales procesales excepcionales que la propia Corte Suprema ha acotado a dos supuestos: peligro de fuga o entorpecimiento del accionar de la justicia. Fuera de esos supuestos, la regla esencial es la libertad y cualquier menoscabo de la misma deviene, por ende, ilegal e inconstitucional.
El recorrido de Alberto Binder es más intenso y gravitante todavía, porque su experiencia y autoridad se extienden a la mayoría de las reformas adversariales implementadas en América Latina en los últimos años. A esa inspiración responde, como es obvio, el ordenamiento pampeano. Binder es, entonces, la referencia doctrinaria más autorizada para comprender el Código. Todo lo dicho hasta aquí constituye un cúmulo de lugares comunes conocidos por estudiantes de tercer año de abogacía de cualquier universidad del país y la región.


Binder ha dicho cosas interesantes y categóricas sobre la prisión preventiva."La prisión preventiva es la institución maldita del derecho procesal. Lo es en varios sentidos. En primer lugar porque todavía muchas de las construcciones teóricas y normativas que diseñan un proceso penal moderno, garantista y democrático se estrellan ante la realidad masiva del encarcelamiento antes del juicio, que es precisamente la negación más cabal de sus principios básicos. En segundo lugar porque no hemos hallado aún una política constante de reducción y racionalización del uso de esta institución y, por el contrario, no sabemos nunca cuando estamos a la puerta de un nuevo período expansivo. En tercer lugar porque tampoco hemos hallado aún una adecuada conceptualización teórica de una medida, una práctica y un sistema que se resiste a ser explicado con los conceptos tradicionales. En cuarto lugar porque el encarcelamiento preventivo es la gran herramienta de la selectividad hiriente que empuja a los sectores más vulnerables de la sociedad a un encierro cada día más cercano a las penas crueles e infamantes que prometimos abolir. Frente a este panorama quien diga que se trata de un mero instrumento de cautela, cierra los ojos frente a las más clara de las realidades" (La intolerabilidad de la prisión preventina, disponible enhttp://derechopenalenlaweb.blogspot.com.ar/2011/07/la-intolerabilidad-de-la-prision.html.)
El torpe guante del neopunitivismo banal parece -no obstante- querer abalanzarse nuevamente sobre el sistema de administración de la conflictividad en la Provincia. Exhibiendo su rostro más procaz, plantea la muletilla mítica de aquellos que "entran por una puerta y salen por la otra". Más allá de la oportuna sugerencia de una lectura e involucramiento mínimo con elementos fiables de constatación sobre nuestra realidad político criminal, conviene volver a Binder, para que estas retóricas brutales encuentren en la manualística el nuevo sentido común constitucional del que carecen (o, en algún caso, parecen haber extraviado, si es que a veces lo tuvieron).
Binder salda categóricamente la cuestión:" toda prisión preventiva, es una resignación de los principios del Estado de Derecho. No hay una prisión preventiva `buena`: siempre se trata de una resignación que se hace por razones prácticas y debido a que se carece de otros medios capaces de asegurar las finalidades del proceso…si bien es posible aplicar dentro del proceso la fuerza propia del poder penal, como una resignación clara por razones prácticas de los principios del Estado de Derecho, se debe tomar en cuenta que tal aplicación de la fuerza, en particular de la prisión preventiva, solo será legítima desde el punto de vista de la Constitución si es una medida excepcional, si su aplicación es restrictiva, si es proporcionada a la violencia propia de la condena, si respeta los requisitos sustanciales – es decir si hay una mínima sospecha racionalmente fundada-, si se demuestra su necesidad para evitar la fuga del imputado, si está limitada temporalmente de un modo absoluto y se ejecuta teniendo en cuenta su diferencia esencial respecto de una pena” ( Introducción al derecho procesal penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2da. Edición, segunda reimpresión, mayo 2002, p. 203 - 205)..
Por favor, antes de meterse con un aspecto técnicamente tan sensible, no trepiden en hacer un ejercicio sano de interconsulta y asesoramiento, no escatimen la lectura, no desdeñen las complejidades de lo desconocido. Sean normales, como diría Homero Simpson. No sea cosa que, encima, desaten una catástrofe humanitaria.




Durante los últimos cinco años, hemos estado discutiendo en este espacio, acerca de las nuevas formas que asume la crisis del capitalismo durante el tercer milenio. La coexistencia de una suerte de nuevo multilateralismo económico, político, cultural y social, parece convivir arduamente con un unilateralismo que en materia militar garantiza todavía la hegemonía del imperialismo.

Vivimos una era atravesada por la relatividad y el relativismo. La naturaleza y la complejidad de las grandes trasnsformaciones sociales, su envergadura y la velocidad con la que se propagan esos cambios, plantean un escenario sin precedentes para la humanidad. Incluido el fatal deterioro ecológico y ambiental del planeta. Esta transición revolucionaria, precipitada a máxima velocidad, impide o al menos dificulta seriamente la articulación de respuestas políticas contrahegemónicas. Más aún, su volatilidad crítica ni siquiera permite la formulación de rápidas preguntas.

Esto no debería sorprender. Los grupos minoritarios, que son los
beneficiarios de los nuevos y fabulosos procesos de apropiación y rapiña se hallan demasiado empeñados y concentrados en sus actividades
hegemónicas como para reflexionar sobre lo destructivo, riesgoso y
amenazante de sus prácticas predatorias. Las grandes mayorías de las
sociedades planetarias, por su parte, se encuentran febrilmente ocupadas en sobrevivir, resistir, o adaptarse a una nueva realidad brutal,excluyente e inéditamente injusta, que amenaza con degradarlos cada día más. La construcción reflexiva de un relato totalizante progresista puede que sea una utopía regresiva cuando el mundo bipolar feneció hace apenas tres décadas. Un instante en tiempos históricos. Pero esa realidad, absolutamente verificable, en modo alguno puede negar la existencia
dinámica de diferentes formas de resistencia popular, de la disputa en
distintos campos de una batalla cultural que está lejos de ser saldada, de tentativas de organización inacabadas de variados colectivos sociales dispuestos no tanto a disputar el poder de las nuevas burguesías postmodernas, cuanto a incomodar al capitalismo cualquiera sean formas.


2. RELACIONES INTERNACIONALES Y GLOBALIZACIÓN.
Desde nuestra perspectiva, el comportamiento imperial no ha variado
sustancialmente en la modernidad tardía, y reconoce notorias identidades
con las lógicas que utilizara durante el capitalismo temprano. La creencia
de un derecho basado en la fuerza, sustentado en el realismo político y
las tesis de vacío de poder no se han modificado. Sí lo han hecho las
tecnologías, las acciones y reacciones adoptadas en virtud de los grandes
cambios planetarios y la posibilidad de articular formas de control con
lógicas identitarias tanto en el orden internacional como interno de las
naciones.
Ya no es necesario construir un enemigo "comunista" (aunque sí lo sigue
haciendo en muchos casos, como en lo que atañe a sus relaciones con Cuba,
Venezuela, Corea del Norte, Bielorrusia, etc), sino perseguir, "civilizar"
y "democratizar" a los distintos y los díscolos. Que, en casi todos los
casos, son poseedores de grandes reservas de preciados recursos naturales.
Guerras de baja intensidad, operaciones policiales de alta intensidad, se
han llevado a cabo, desde la agresión de la OTAN a los Balcanes,
utilizando la fachada de “operaciones humanitarias”, que encubren
generalmente graves crímenes contra la Humanidad. Como nunca antes, el
capitalismo parece emerger de una mezcla de sangre y lodo, como señalaba
Marx.
La gran crisis financiera global, no obstante, parece obligar al Imperio a
resolver sus crisis cíclicas en base a una gran guerra, como lo hizo a
través de toda su  historia.
Es muy cierto que al amparo de la globalización se registran procesos cuya
dinámica y profundidad resultaban inimaginables hace apenas unas décadas.
Lo interesante es intentar descubrir la anatomía, las regularidades de
hecho y las rutinas que, en términos económicos y culturales, ha deparado
este nuevo concepto de lo global. Para ello es necesario distinguir, al
menos, ciertos hitos históricos, no necesariamente análogos, continuos ni
simétricos.
El primer tramo de la globalización, asociado a la unipolaridad, el
consenso de Washington, el dogma neoliberal, las TIC´s y el debilitamiento
del rol soberano de los estados nacionales, resultó claramente hegemónico
hasta principios de la década pasada. Varias crisis y colapsos de magnitud
(Rusia, México, Japón, América Latina) conmovieron esa primera expectativa
pletórica de crecimiento y fe en las posibilidades de un neoliberalismo
sin relatos alternativos. Estas crisis, dieron lugar, a su vez, a nuevas
formas de capitalismo, una reaparición de los Estados como articuladores
protagónicos de la economía, nuevos liderazgos regionales y estrategias
contracíclicas heterodoxas. Es el caso de Rusia, China, India y América
Latina.
Muchos de estos países, azotados hace menos de una década, por profundas
crisis económicas y financieras, pudieron aprovechar la fluidez de los
cambios globales para recomponer en poco tiempo sus economías (Argentina,
Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia). Por el contrario, las recetas
monetaristas neoliberales han causado, con la misma vertiginosidad,
severas crisis en países desarrollados de Europa.
El paradigma del discurso único neoliberal, que presagiaba el "fin de la
historia" y el ocaso de los grandes relatos, avalado por un gran gendarme
universal, fue –paradójicamente- el  más fugaz de la historia humana.
Entró en crisis en poco más de dos décadas, y dio lugar al surgimiento de
alianzas múltiples, tanto en el plano militar como económico, político y
cultural.
Este abrupto cambio, signado por la aparición de bloques emergentes,
alteró sensiblemente la anterior hegemonía global, y la sustituyó por un
magma en permanente transformación, todavía no delineado en sus contornos
definitivos, que amenaza el predominio económico de la primera potencia
mundial. Ésta, no obstante, sigue siendo la nación que más gasta en
armamentos y mantiene por ende el predominio militar.
Pareciéramos asistir a una nueva gran crisis del capitalismo (debe
reiterarse la forma cruenta como éste superó históricamente sus crisis
cíclicas), en la que asoman nuevas alianzas a nivel político, continental
e intercontinental (BRICS, CELAC, MERCOSUR), que confieren a la realidad
mundial una impronta multipolar, mientras supervive, en teoría, una única
superpotencia bélica.
El sistema internacional, por lo tanto, es un conjunto de normas y
prácticas  de interacción, vigente entre los actores internacionales, que
abarca estados, organismos y otras instituciones, articulado generalmente
a través del conflicto, los intereses y las relaciones de fuerza o poder
vigentes entre los mismos.
Los actores del sistema internacional son los Estados, los grupos
subnacionales (por ejemplo, las minorías) o entidades análogas en pugna
por su liberación (naciones sin estado o entidades estatales en trance de
formación), organismos interestatales internacionales, coaliciones o
bloques de Estados (G 20, CELAC, UNASUR), organizaciones de diversa índole
(política, económica, religiosas) que operan transnacionalmente y que no
tienen a gobiernos o sus  representantes como miembros, conferencias
internacionales, organizaciones internacionales no gubernamentales, el
derecho internacional y sus tribunales, organismos, estatutos y normas
específicas.
El sistema internacional, funciona en base a los intereses permanentes de
sus actores y sus formas de relación. Estas relaciones no son
igualitarias, no han sido casi nunca democráticas ni siquiera
consensuales, pero no pueden dejar de mantenerse, al menos con este grado
de desarrollo de las formas de coexistencia interestatal. Expresan
relaciones de poder y nuevos conflictos de naturaleza diversa, que se
profundizan al proyectarse el capitalismo hacia su última fase
imperialista, aunque su fundamento explícito sea la solidaridad, la paz,
la seguridad, el bienestar y los intereses de los actores.
La globalización dota de un nuevo fundamento al sistema internacional, ya
que la interdependencia obligatoria resignifica las razones que le
conferían sentido en la modernidad temprana, introduciendo cambios en los
mapas y las relaciones, las alianzas estratégicas, la aparición de nuevos
bloques y nuevos sujetos políticos.

3. LA GUERRA EN LAS NUEVAS LÓGICAS IMPERIALES. FORMAS DIRECTAS DE
INTERVENCIÓN Y CONTROL MILITAR.
La guerra ha sido el medio, tan eficaz como brutal, mediante el cual  el
sistema capitalista mundial ha superado sus crisis cíclicas, reconvertido
su economía de paz, disputado mercados coloniales y atravesado las grandes
depresiones y las dificultades que se plantearon a los procesos de
acumulación y expansión del capital.
En torno a este concepto se ha afirmado: “En la etapa imperialista todos
los territorios coloniales ya se han repartido, lo mismo que las zonas de
influencia. Más necesitado aun de territorios económicos que en su afable
ciclo anterior, el imperialismo procede a una redistribución periódica del
mundo colonial. La penetrante observación de Clausewitz cobra aquí pleno
valor: “la guerra es la continuación de la política, pero por otros
medios. El apetito de materias primas, combustibles y mano de obra barata,
una irrefrenable necesidad de nuevas zonas para la inversión de capitales,
el control de las comunicaciones y la disputa feroz por los mercados
mundiales, son otros tantos signos distintivos del imperialismo
contemporáneo. (…) Las guerras devastadoras entre las potencias
imperialistas rivales o el “talón de Aquiles” fascista contra el
proletariado llegan a ser las armas primordiales en la lucha moderna por
la plusvalía mundial”[1].
A través de la historia, el capitalismo  ha superado sus crisis mediante
la apelación recurrente a la guerra. Los períodos de pacificación  han
permitido, en cada caso, una reconversión de su economía y posibilitado
nuevas etapas cíclicas de recomposición del sistema a escala planetaria.
La guerra ha implicado además, desde siempre (en la psicología, las
representaciones y las intuiciones de las multitudes), un elemento de
galvanización social que, como denominador común de los Estados soberanos
durante la modernidad temprana, ha desatado enormes reacciones de
patriotismo y una necesaria coalición entre los partidos liberales y las
burguesías de los países centrales, que apelaron a las conflagraciones
como forma de hacer frente a las crisis sistémicas del capitalismo
financiero[2].
Sin embargo, la guerra ha experimentado también importantestransformaciones conceptuales y simbólicas. Desde los albores de la
Modernidad , y hasta comienzos del siglo pasado, la guerra era una
cuestión que incumbía únicamente a los Estados y se dirimía exclusivamente
entre ellos.
Los enemigos, integrantes de los ejércitos regulares de potencias
extranjeras, eran reconocidos “como iustus hostis (esto es, como enemigo
justo en el sentido, no de ‘bueno’, sino de igual y, en tanto que igual,
apropiado) y distinguido tajantemente del rebelde, el criminal y el
pirata. Además, la guerra carecía de carácter penal y punitivo, y se
limitaba a una cuestión militar dilucidada entre los ejércitos
estatalmente organizados de los contendientes, en escenarios de guerra
concretos que finalizaba mediante la concertación de tratados de paz que
incluían el intercambio de prisioneros y cláusulas de amnistía".
Ya en la Primera Guerra imperialista, se advirtió una modificación
cualitativa y cuantitativa en las formas de concebir y llevar a cabo los
enfrentamientos armados. Los cambios en la táctica y la estrategia bélica
acompañaban la evolución tecnológica y los progresos científicos, que eran
a su vez los emergentes de nuevas formas de articulación y ordenamiento
del poder mundial, el derecho internacional, la soberanía y los Estados.
Si bien la contienda quedaba ahora limitada a los ejércitos, las nuevas
tecnologías de la muerte y las formas masivas de eliminación del enemigo,
constituyeron el prólogo de la masacre que durante la Segunda Guerra
enlutó al planeta, con la devastación sin precedentes de la población
civil, ciudades arrasadas, la utilización de armas atómicas, y el
juzgamiento final de los vencidos por parte de los primeros tribunalescompetentes para entender respecto de la comisión de crímenes contra la
Humanidad. Esa fue la última gran confrontación entre naciones, entendido
el concepto con arreglo a las pautas tradicionales mediante las que hemos
incorporado culturalmente el concepto de guerra.
Las guerras actuales, en cambio, ya no son cruzadas expansionistas
tendientes a anexar territorios, ni a imponer una determinada voluntad o
ganar espacios en la disputa por mercados internacionales.
Por el contrario,  representan hoy en día una disputa cultural, se llevan
a cabo con la pretensión de imponer valores, formas de gobierno y estilos
de vida, que coinciden con un sistema económico y político determinado: la
democracia capitalista impulsada por el Imperio, una novedosa figura
supranacional de poder político.
Por lo tanto, a partir del desmembramiento de la ex Unión Soviética y la
caída del Muro de Berlín, el Imperio fue el encargado de administrar el
aniquilamiento de los enemigos, en una confrontación que debe acabar
necesariamente con la colonización cultural, territorial y económica de
los “distintos” -generalmente estigmatizados como “terroristas”- en un
mundo unipolar.
Estas características se exacerbaron, indudablemente, a partir del 11-S y
el incremento del riesgo que surge del primer ataque sufrido por los
Estados Unidos en su propio territorio, aunque habían formado también
parte del arsenal ideológico y cultural de los genocidios reorganizadores
perpetrados luego de la segunda guerra mundial.
La inmediata decisión de enfrentar al terrorismo apelando a cualquier tipo
de medios, adquirió una renovada significación de “guerra justa”, en la
que no era valorada positivamente la condición pacífica de la neutralidad
que caracterizó al derecho de gentes hasta el siglo XIX.
En cambio, la participación en este tipo de conflictos pasa a ser exhibida
como una obligación moral, asumida para contrarrestar o neutralizar  los
riesgos que supone la supervivencia de los enemigos. Cualquier medio,
entonces, es válido para eliminar a los enemigos, incluso antes de que
éstos hayan llevado a cabo conducta de agresión u ofensa alguna[5].
Todo es legítimo si lo que quiere preservarse es un determinado orden
global, liderado de manera unilateral. Precisamente, para que ese poder
único alcance los fines proclamados de la paz y la democracia, “se le
concede la fuerza indispensable a los efectos de librar -cuando sea
necesario-guerras justas en las fronteras, contra los bárbaros y, en el
interior, contra los rebeldes”.
La censurable noción de “guerra justa” -vale señalarlo- estuvo vinculada a
las representaciones políticas de los antiguos órdenes imperiales, y había
intentado ser erradicada, al parecer infructuosamente, de la tradición
medieval por el secularismo moderno.
Entonces -y también ahora- supuso una banalización de la guerra y una
(banalización y) absolutización del enemigo, en cuanto sujeto político. A
este último se le banaliza como objeto de represión, y se lo absolutiza
como una amenaza al orden ético que intenta restaurar o reproducir la
guerra, a través de la legitimidad del aparato militar y la efectividad de
las operaciones bélicas para lograr los objetivos explícitos de la paz, el
orden y la democracia.
El caso testigo de esta nueva impronta de la guerra lo configura la
política exterior de los Estados Unidos, que pese al cambio de su
administración y el padecimiento de una fenomenal crisis financiera y
política interna, podría igualmente emprender en el futuro una nueva
cruzada ética contra Irán o Corea del Norte, cuando no ha logrado todavía
saldar decorosamente sus cruentas intervenciones policiales  en Irak y
Afganistán.
Al respecto, se ha entendido que el 11 de septiembre ha cambiado nuestra
subjetividad de ciudadanos de occidente, ha puesto al descubierto la falsa
conciencia de nuestra invulnerabilidad, la ilusión inconsistente de
nuestra seguridad eterna, el miedo a que “nosotros” engrosemos la lista de
víctimas que, durante otras catástrofes terribles de la segunda mitad del
siglo XX, afectaban a un mundo que considerábamos exterior,  habitado por
otros, de cuya existencia y padecimientos el primer mundo tomaba
conocimiento a través de las plácidas lecturas de los periódicos o mirando
en la televisión programas informativos que relataban guerras sin muertos,
heridos ni destrucción masiva.
La principal perplejidad que plantea el mundo globalizado es que ya no
existe ese mundo exterior y que esas certidumbres ficticias  son capaces
de desmoronarse como un maso de naipes.
La crisis inédita de la noción de soberanía pone al descubierto la
distinta relación de fuerzas de los Estados y la potencia fenomenal de las
corporaciones para prevalecer frente a éstos y confundir amañadamente sus
intereses con los de aquellos.
Concluida la división del mundo en bloques, la política -condicionada por
el interés supremo del capital financiero, que no reconoce fronteras
aunque sí, desde luego, intereses- no pasa a ser exterior sino que, por el
contrario, nos encontramos frente al desafío inédito de una política
interior del mundo.
Por el contrario, en vez de percibirse los atentados como delitos contra
la humanidad, se los ha concebido como una suerte de “nuevos Pearl 
Harbour” contra los que es preciso reaccionar de la manera más irracional
que se recuerde desde la Segunda Guerra , basándose en la idea anacrónica
de una guerra justa, sustentada en un derecho de excepción, que contraría
la idea misma del derecho como forma pacífica de resolución de las
diferencias[11].
Estas formas novedosas de autoridad y poder imperial, se profundizaron a
partir de la caída del muro de Berlín y la debacle de la experiencia
socialista de la ex Unión Soviética y los países del Este. Se anunció
entonces el “fin de la historia”, de los grandes relatos y de las utopías
igualitarias (lo que se conoció también como el “fin de las ideologías”) y
dio comienzo  la era del pensamiento único, donde las gramáticas
conservadoras ganaron rápidamente un consenso inusitado a nivel mundial,
respaldándose en la alianza reagan-thatcherista y el Consenso de
Washington, durante las décadas de los años 1980 y  1990.
La ideología de mercado ha contribuido singularmente, desde entonces, a la
degradación del medio ambiente, la expoliación irracional de los recursos,
la inequidad, la injusticia social,  la concentración brutal de la
riqueza, un crecimiento nunca visto de la  violencia, la exclusión y la
pobreza.
Y ahora asistimos a una situación global en la que no solamente las
fuerzas productivas, sino más propiamente los sistemas financieros,
desbordaron las fronteras de los Estados nacionales, con lo que la crisis
y la decadencia no pueden observarse nunca fuera del imperio, sino
incorporadas a su parte más íntima. “La crisis financiera desemboca, dos
años después de la quiebra del Banco Lehman Brothers, en el castigo a la
población del Viejo Continente, firmemente “invitada” al sacrificio para
expiar faltas que no cometió. Aunque desde la era Reagan-Thatcher se
conoce bien la propensión de los gobiernos neoliberales a agitar el
espantajo de la deuda pública (mantenida por los bajos impuestos
consentidos a su clientela acomodada) para reducir los gastos del  Estado,
privatizar las empresas públicas, recortar los programas sociales y
debilitar los sistemas de protección social, no podía precedecirse que lo
conseguirían otra vez, dada que la habitual “estrategia de shock” parecía
tener que deslizarse  esta vez  por una puerta bastante estrecha”.
El paradigma neoliberal resultó, finalmente, el que menos tiempo mantuvo
su hegemonía en toda la historia de la humanidad. En menos de dos décadas,
se ha visto sumido en una crisis de proporciones bíblicas.
No obstante, ese corto período le alcanzó igualmente para profundizar las
estrategias globales de segregación y violencia, bajo el  pretexto de un
combate permanente contra el terrorismo.
También, ha ganado un generoso espacio en materia cultural, fascistizando
las relaciones internacionales y legitimando el derecho penal de
emergencia a través de retóricas vindicativas y utilitaristas, que se han
insertado exitosamente en las lógicas de los ciudadanos de la aldea
global.
“En los quince años transcurridos desde entonces, el mundo imperialista
no aprendió nada ni olvidó nada. Sus contradicciones internas se
agudizaron. La crisis actual revela una terrible desintegración social de
la civilización capitalista, con señales evidentes de que la gangrena
avanza”, decía León Trotsky en 1932[14], en un trabajo que describía las
crisis cíclicas del capitalismo y su imbricación con las guerras. La cita
conserva una dramática actualidad y se asemeja demasiado a una profecía
autocumplida. En plena crisis del capitalismo mundial, Estados Unidos
conserva 28.000 efectivos y 106 bases militares en Corea del Sur (según
da cuenta la periodista Telma Luzzani en su libro "Territorios
Vigilados", una investigación destinada a describir el modus operandi de
las bases norteamericanas en Sudamérica), acaba de destinar dos
bombarderos invisibles con capacidad nuclear de última generación, para
realizar (nuevos) ejercicios militares conjuntos con el gobierno afín de
Seúl (mientras se detalla públicamente un plan para destruir de manera
sistemática y gradual todos y cada uno de los monumentos que norcorea
dedica a sus héroes), en lo que se considera una de las provocaciones más
explícitas en las que incurriera en los últimos tiempos, colocando
nuevamente al mundo al borde de un holocausto.
Se trata, evidentemente, de un nuevo ejemplo absolutizante del poder
imperial, tendiente a reeditar un estatus de guerra, fundado en una
supuesta amenaza al orden ético que se intenta imponer a los insumisos con
la única legitimidad que confieren la prepotencia militar, la capacidad de
hacer efectivas sus prácticas de coerción, y la complicidad de los
organismos internacionales que autorizan las agresiones bélicas, delegando
en el gran gendarme la custodia de la paz, la democracia y el "orden"
global.

4. UN CAPITALISMO EN CRISIS, AMENAZANTE E INSEGURO.

Asistimos a la que se presenta como la crisis más profunda del capitalismo
global desde su primer colapso durante la gran depresión del 29', que al
parecer no solamente no ha terminado sino que amenaza con alcanzar
proporciones cataclísmicas, que  ponen en cuestión los paradigmas
unidimensionales del fin de la historia que proclamaba Francis Fukuyama ,
cuya hegemonía duró apenas dos décadas. En ese lapso, el pensamiento
conservador, sus lógicas y narrativas, no solamente se expandieron
rápidamente y con inusual éxito por los países más poderosos de la tierra,
sino que al influjo de las nuevas recetas neoliberales, las regiones más
desfavorecidas del mundo adhirieron también a diferentes programas que
poseían esa misma impronta ideológica. El Consenso de Washington hizo lo
suyo y las experiencias políticas de las décadas del 80' y 90' en América
Latina así parecen atestiguarlo. Se trató, al final de cuentas, del
paradigma hegemónico más corto de la historia humana. En menos de 20 años
-un instante en términos históricos- la realidad objetiva planetaria
conoce ya que el mercado ha demostrado su imposibilidad de contribuir sino
a experiencias espantosas de depredación e inequidad, de proporciones
inusitadas en todo el mundo, a una concentración de la riqueza sin
precedentes, una consecuente diseminación de la exclusión y la pobreza a
escala ecuménica (la fortuna de las 400 personas más ricas del mundo
equivale al patrimonio de 2300 millones de seres humanos), y una crisis de
proporciones y consecuencias -como decimos- hasta ahora desconocidas. No
solamente las fuerzas productivas, sino más propiamente el sistema
financiero desbordaron las fronteras de los estados nacionales, esencia
misma de la globalización. “En los quince años transcurridos desde
entonces, el mundo imperialista no aprendió nada ni olvidó nada. Sus
contradicciones internas se agudizaron. La crisis actual revela una
terrible desintegración social de la civilización capitalista, con señales
evidentes de que la gangrena avanza”, decía León Trotsky en 19326, en un
escrito que parece demostrar la inexorabilidad de las crisis del
capitalismo y su carácter cíclico de profecía autocumplida. No obstante,
la propia dinámica de la realidad objetiva parece acercarnos algunas
pautas para intentar entender algunos aspectos fundamentales. Así, podemos
afirmar que asistimos a una crisis global sin precedentes, donde -como ya
hemos dicho- cruje el paradigma hegemónico más breve de la historia
humana. Luego, que el mundo no será el mismo a partir de la crisis, y que
podemos asistir a una nueva relación de fuerzas ecuménicas, en lo que
importaría la superación del concepto de la unipolaridad. Por lo demás,
las dificultades en la caracterización y la profundidad de la misma,
contrastan con la rápida puesta en práctica de una batería de medidas que
apuntan a superar una pretendida “crisis de confianza” de los mercados,
otorgando un crédito inicial de 700 billones de dólares a los bancos,
ponen al descubierto la autonomía relativa de un Estado que -pese a
declamar la representatividad del conjunto social- restringe la misma a la
tutela de las entidades reproductoras y asegurativas del capitalismo
financiero, mientras los analistas de CNN sugieren a los temerosos
ciudadanos restringir sus gastos en restaurantes. Finalmente, que las
nuevas inseguridades que se agregan a las múltiples ya existentes en la
"sociedad global de riesgo", autorizan a indagar si habrá algún intento
imperial de superar la misma, también en este caso, mediante la guerra,
que en realidad debe entenderse como una batería de intervenciones
policiales a nivel internacional. Y si las nuevas ideologías securitarias
impactarán en la región de la mano de una hipertrofia del punitivismo
prevencionista y peligrosista, que luego de "reinventar" un enemigo,
proponga la vigencia de un nuevo sistema de creencias y representación
global, que implique una obligada desformalización y funcionalización de
los sistemas penales internos y del derecho penal internacional.
Es menester entonces dar en la Argentina , y desde América Latina, una
discusión sostenida desde la sociedad y el Estado, reivindicando la
amplitud del concepto de seguridad humana, que es central justamente en el
marco de una sociedad que, como pocas, ha sufrido las inseguridades que el
capitalismo tardío marginal depara. La convalidación de una percepción
reaccionaria de la “inseguridad”, únicamente se comprende a partir de una
declinación en el plano discursivo, cooptado y rellenado a su imagen y
conveniencia por los sectores más conservadores de la sociedad, que además
se escudan en el “cumplimiento de la ley” como forma de disciplinamiento
ritual.
Es que las nuevas formas de dominación obligan a ocultar la verdadera
ideología de sus mentores y ejecutores políticos. Asistimos a una sociedad
que naturaliza fenómenos tales como el aumento exponencial de la población
reclusa, el deterioro de las libertades civiles y un enfrentamiento
declarado y continuo contra las “clases peligrosas”; una guerra que se
comporta como un instrumento totalizante de control social y custodia de
un sistema, que no tiene fin, donde se confunden ensayos militares de baja
intensidad, y lógicas y prácticas policíacas de alta intensidad, donde las
relaciones internacionales y la política interior tienden a confundirse y
a difuminarse las diferencias en la visualización de un enemigo que en las
guerras pasadas, libradas por estados soberanos, existía siempre en el
“afuera”.Las experiencias políticas en los estados convenientemente
debilitados, en los que la “lucha contra el delito” se vuelve
indispensable para la legitimación de los mismos, demuestran que estas
irrupciones conducen a regímenes autoritarios y policiales, que conservan
las formas extrínsecas aparentes de la democracia,8 La lógica de la
“enemistad” y una práctica de la desconfianza permanente, impiden hacia el
interior de estas sociedades, advertir los términos de las contradicciones
fundamentales, y las opiniones se banalizan generalmente respecto de
cuestiones personales escandalosas o, a lo sumo, se entretienen en el
control rumoroso de hechos que juzgan socialmente reprochables, incluso la
corrupción estatal, justamente porque permiten distinguir maniqueamente a
los buenos de los malos; a los amigos de los enemigos, a quienes -como es
obvio- tampoco les cabe “ni justicia”.
Esta “desideologización” de lo político, implica que las luchas sociales
no se comprenden más como una confrontación entre sistemas que se
excluyen, sino más bien a partir del nuevo prestigio de los escándalos,
que impide discernir lo esencial de lo accesorio y diferenciar las
contradicciones fundamentales de las secundarias. No tanto el orden como
el mítico retorno a un orden inexistente, no tanto la autoridad como la
vulgar vocación de la erradicación social de los diferentes, constituyen
los elementos que tienden a exacerbar y reinventar en clave conservadora,
a los “nuevos” miedos como articuladores de la vida cotidiana y a la
vigencia de una democracia (también de baja intensidad), que se resiste a
admitir su incompatibilidad con la guerra, aunque de hecho la practica. En
un estado de emergencia permanente, los discursos políticos desbordan de
lugares comunes y apelaciones tan enfáticas como inconsistentes respecto
de la lucha que a diario se emprende (y se vuelve a emprender sin solución
de continuidad) contra el “desorden”, la “impunidad” y la “inseguridad”,
sin que siquiera nos percatemos de que esas mismas narrativas,
transmitidas en clave de amenazas, enmascaran o suprimen deliberadamente
cualquier tipo de propuesta dirigida a revertir las inéditas asimetrías
sociales de la tardomodernidad en nuestro margen. Una potencia del primer
mundo puede acudir en salvaguarda de los intereses de sus propias empresas
en la Argentina , a pesar del descalabro que en términos sociales las
mismas han ocasionado o podrían causar a los jubilados nacionales. Esto no
podría sorprender. Lo que llama la atención, es la inmediatez de las
alianzas entre los grandes multimedios (donde muchas de esas AFJP habrían
comprado acciones que son parte de sus ganancias) que ayudan a confundir y
direccionar a una clase media urbana que no alcanza a comprender siquiera
quiénes son los que colocan en riesgo sus propios ahorros y su acceso a
una jubilación digna, como ya lo hicieron con la escasa y anestesiada
conciencia de clase de los mismos sectores medios durante la puja entre el
Estado y el “lockout” patronal agropecuario o el conflicto por la
recuperación de una línea aérea de bandera. En todos los casos, los
titulares de los diarios de las metrópolis -aún los de la prensa
“socialista”- hablaron de estatismo, disparate, populismo, corrupción,
cajas, riesgo, o peligro. Es que el mundo se ha vuelto riesgoso, también,
para los sectores más concentrados del capital y sobre todo, para los
países centrales. Sólo que esta vez, del otro lado, no existe ni una clase
obrera ni una izquierda capaz de aglutinar a las grandes mayorías sociales
del planeta. Por ende, un nuevo y violento proceso de disciplinamiento se
podría abatir sobre las administraciones indóciles en América Latina.
Venezuela, Bolivia y la Argentina pueden dar testimonio de esta
prevención. La región acumula no solamente reservas monetarias, sino
importantes yacimientos acuíferos, energéticos (muy particularmente
petroleros) y alimenticios. La gran crisis no ha desestabilizado en
demasía -mal que le pese a la derecha- sus respectivas arquitecturas
políticas ni sus economías nacionales, y la creación del Consejo
Sudamericano de Defensa constituye una iniciativa original y protectiva en
términos securitarios continentales. Por lo demás, resulta tan difícil
como forzado vincular seriamente a las administraciones regionales con el
“terrorismo”, la moneda de cambio habitual cuando nos referimos a los
últimos intentos de disciplinamiento y control global punitivo llevados a
cabo por los Estados Unidos. Gramáticas hegemónicas y prácticas
contraculturales de administraciones nacionalistas keynesianas o
neosocialistas parecen resumir la contradicción política y estratégica
fundamental. Si el capitalismo en crisis decidiera resignificar un enemigo
externo, debería apelar tal vez a otros sujetos colectivos. El
narcotráfico, las maras, o el afloramiento de la violencia juvenil a la
que las fuerzas de seguridad nacionales no logran conjurar, son algunas de
las hipótesis de conflicto que podemos analizar. Las marchas y
concentraciones frente a episodios conmocionantes se nuclean en derredor
de discursos que pugnan por degradar el catálogo de libertades
decimonónicas compatibles con el programa constitucional, sin que esto
parezca preocupar demasiado, en aras de la “victoria” a lograr contra los
peligrosos. Ante este escenario verificable, llama la atención la falta de
objeciones orgánicas ante las nuevas "inseguridades", que se derivan
directamente de la vigencia del propio sistema de control social punitivo
(nacional e internacional), y la consecuente convalidación de ejercicios
punitivos de diversa naturaleza, que en la Argentina de los últimos años
se corporizaron en una multiplicidad de reformas de las leyes penales, la
derogación constante del plexo de garantías constitucionales como
consecuencia de un derecho penal de enemigo que se expresa
fundamentalmente en la sucesiva reforma de los códigos procesales, el
incremento sostenido de la población reclusa, una creciente sociología de
la enemistad, lógicas binarias y reduccionistas en términos político
criminales, una tendencia naturalizada a la criminalización de los
sectores más dinámicos de la sociedad (pobres, excluidos y jóvenes) y un
formidable y coordinado aparato propagandístico que exhibe a la
conflictividad y la violencia urbana en términos lisa y llanamente
bélicos.
Dicho de otra manera: aparecen muy claras las analogías conceptuales entre
la doctrina de la “guerra preventiva” y las medidas predelictuales de
política criminal , como las representaciones del nuevo realismo
criminológico de derecha y el derecho penal del enemigo, arraigadas de
manera preocupante en los sistemas de creencias hegemónicos de las
sociedades nacionales de este margen. La inquietante presencia de la
guerra, como vía restaurativa hipotética del imperio, caracterizada como
gigantescas intervenciones policiales a nivel internacional, podría
encontrar fácilmente las vías de acceso al corazón de los estados
latinoamericanos, algunos de ellos en pleno proceso de restauración
soberana.
Este nuevo contexto en la búsqueda de autonomía por parte de las naciones
hemisféricas no es gratuito ni sencillo en términos político criminales.
La “inseguridad” se exhibe en clave destituyente, y las respuestas
estatales no siempre (o casi nunca) alcanzan para disminuir una
preocupación que se multiplica intencionadamente desde los grandes medios
de comunicación de masas, que se coaligan con actores inéditos, tales como
las policías, fuerzas de seguridad hasta ahora ignotas y buena parte del
entramado judicial internacional.
5. LOS INTENTOS IMPERIALES DE CREAR UNA NUEVA “PRIMAVERA” EN SUDAMÉRICA
No deja de llamar la atención, en los últimos años, la utilización por
parte de las clases dominantes asociadas a los intereses imperialistas, de
mecanismos en apariencia legales, en distintos países latinoamericanos
(todos ellos, vale aclararlo, con gobiernos progresistas que se hallan en
pleno y arduo proceso articulador de un bloque unitario regional), con
objetivos claramente destituyentes.
El caso del Presidente Zelaya, es, por sus consecuencias consumadas, uno
de los más preocupantes. Pero no le van en zaga, desde luego, la asonada
policial contra Correa, el secuestro de Hugo Chávez, las campañas contra
el Presidente Maduro y su gestión,los embates recurrentes de sectores
corporativos en permanente proceso de realineamiento contra Cristina
Fernández de Kirchner, el acoso y bloqueo histórico contra Cuba, o el
desgaste sistemático ejercido contra Evo Morales, cuya última
manifestación queda a cargo de la propia policía, enancada en supuestos
reclamos sectoriales (no hace falta recordar el rol de la policía en
Ecuador, ni los análisis que dan cuenta que las policías encarnan el nuevo
brazo armado de los desbordes del poder punitivo en América Latina).
Finalmente, el juicio político orquestado contra el Presidente Lugo,
confirma que la derecha recurre actualmente a mecanismos que preservan una
fachada de pretendida legalidad (en este caso, la propia burocracia
judicial paraguaya), para intentar tumbar a determinados gobiernos, no por
sus errores (que los hay, y muchos), sino, justamente, por sus aciertos.
Esta metodología marca una evidente ruptura con las prácticas golpistas
clásicas de hace algunas décadas, pero expresan los mismos objetivos de
sometimiento.
Preocupa también la desinterpretación que de estos procesos históricos,
orquestados de manera sistemática en la región, hacen ciertos sectores de
la izquierda, siempre proclives a sumarse a muchos de estos
emprendimientos canallas y ser utilizados así como una suerte de corifeo
progresista legitimante, en el marco de estas novedosas formas de
interrumpir los ciclos institucionales elegidos por los pueblos de la
región.
Esto, también, parece ser un sino trágico que ha contribuido de manera
decisiva a la balcanización del Continente, a lo largo de toda su
historia. No es necesario realizar una reflexión demasiado exhaustiva,
para advertir que el Imperio juega sus fichas a la desestabilización de
varias democracias incipientes insumisas, de manera casi contemporánea,
porque no ignora la potencialidad de la América Latina en un contexto de
emergencia de nuevos bloques de poder.
En nuestro Continente sobran el agua, los alimentos y los minerales. Vale
decir, los elementos más preciados en el mundo entero.



Un artículo de Francisco Bompadre  (*)

Los sucesos ocurridos principalmente en la ciudad de Santa Rosa nos dejan algunas enseñanzas, interrogantes y deudas. Veamos.

Primero que nada hay que destacar que fue un grupo muy minoritario de la Policía de la Provincia de La Pampa, y básicamente integrado por la suboficialidad, esto es, los miembros policiales en teoría menos preparados, que menos se han formado y que por ende, no llegarán a estar al frente de una comisaria, unidad regional o de algún departamento policial del comando de jefatura. En este punto entonces, sale fortalecida la oficialidad y el comisariato.


Segundo, el conflicto que se inició con un petitorio anónimo, entregado a la prensa y por parte de un civil, se podía rastrear en los facebook de varios de los cabecillas del acuartelamiento desde algunos días antes. No hace falta demasiada burocracia ni inteligencia para ir midiendo el clima institucional de una policía con las dimensiones de la nuestra. Esto significa que el Jefe de Policía no pudo generar los mecanismos institucionales que le permitieran prever la dimensión del conflicto y la radicalidad de la demanda. Luego de más de 10 años al frente de la institución, debe considerarse un serio déficit de conducción policial la situación descripta. A esto se le agrega que ni el Jefe ni el Subjefe de Policía, ni el titular de la UR-I fueron aceptados como interlocutores válidos en la negociación, lo que implica un tiro por elevación contra la cúpula policial, sin precedentes. En este punto salen debilitados el Jefe y el Subjefe de Policía.

Tercero, la toma de las seccionales en nuestra ciudad es un hecho muy grave. Pero la del edificio de la Jefatura es gravísimo: un claro mensaje sobre la situación de debilidad extrema en que queda la cabeza de la policía provincial. El edificio intrusado es la sede del poder político dentro de la institución, y ese hecho conlleva una precariedad jerárquica en la cadena de mando que el ministro del ramo deberá solucionar antes que tarde. En este punto sale fortalecido el Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, quien rápido de reflejos no especuló sobre su situación personal y privilegió lo institucional haciendo frente al grupo sedicioso en donde era más fuerte. 

Cuarto, los reclamos salariales, la mecánica de pago de los servicios adicionales y las condiciones laborales de la suboficialidad deben ser atendidos, sin prejuicio alguno. Aunque por las vías institucionales y legales correspondientes, por su puesto. De todas maneras, considerando las circunstancias del miércoles a la noche, fue acertado desactivar el conflicto primero que nada. Es una posición extrema sostener que no puede negociarse con las armas arriba de la mesa, porque más allá de la petición de principio, si se producía algún saqueo o había víctimas fatales que lamentar, la ciudadanía le hubiese cargado la responsabilidad (y con razón) a las autoridades políticas. Esto no implica que ahora no se caiga con todo el peso de la ley sobre los cabecillas y los que cometieron delitos. Si se acordó que no iba a haber sanciones administrativas, se debe respetar lo pactado. Lo que no se puede es garantizar la impunidad en lo relativo a los delitos, dado que investigarlos y juzgarlos no es una atribución que el Poder Ejecutivo pudiera ofrecer en una negociación, le corresponde a otro poder: el judicial. En este punto sale fortalecida la suboficialidad porque se puso en el tapete las condiciones laborales de sus miembros. Pero al mismo tiempo los cabecillas quedan en una posición de extrema debilidad.

Quinto, no comparto que se nacionalice lo sucedido en Santa Rosa/Toay (y en menor medida en Gral. Pico, Eduardo Castex, 25 de Mayo y General Acha). Lo que nosotros vivimos no puede catalogarse de un golpe blando, y eso por varias cuestiones:
1) No estaba la mayor parte de la Policía de acuerdo con la medida tomada, sino un grupo reducido junto a sus familiares.
2) Había muchos reclamos de índole salarial y laboral en el petitorio.
3) La oficialidad patrulló la ciudad y custodió algunos comercios que iban a ser blanco de posibles saqueos.
4) El acuartelamiento de la ciudad de Santa Rosa se vio fogoneado por la situación vivida en otras provincias, en donde efectivamente puede haber otros fines e intereses más heterogéneos en el medio.  
5) La sola presencia de la Gendarmería y la Prefectura hicieron tomar conciencia a los insubordinados de la debilidad política en la que se encontraban. 

Sostener que se trató de un acto destituyente lo ocurrido en nuestra provincia, implica exagerar lo sucedido. Es cierto que suena rimbombante, y hasta podemos pensarlo durante algún momento. Pero si reflexionamos un poco más llegamos a la conclusión que un acto con esas intenciones no se organiza de la misma manera que tiramos 3 choripanes a la parrilla. Requiere planificación, recursos, acuerdos políticos y policiales previos, hegemonía dentro de la propia Policía para llevar a cabo la medida, inacción de la Cámara de Diputados en permitir la presencia de las tropas federales en nuestra provincia, saqueos masivos efectivos, algún policía accidentado adrede para caldear los ánimos de los que dudaban dentro de la institución, y una fuerte campaña de desinformación, que en nuestro caso no pasó de ser tenue.

 
Resumiendo: lo sucedido fue muy grave, pero es un error político creer que fue una acto destituyente y de esa manera englobar a toda la institución policial. La democracia no se preocupó demasiado en estos 30 año de la Policía (que no es sólo la compra de más patrulleros y la incorporación de más agentes a sus filas): la normativa de facto que aún regula la actividad es una prueba difícil de refutar. Buena parte de la policía se mantuvo en sus funciones, lo que es un punto a destacar y a potenciar dentro de la institución (sería un grave error unir lo que estuvo desunido). Los acuartelados no midieron la soledad en la que estaban y su falta de plan b, aunque hay que reconocer que pusieron en discusión la situación laboral de los agentes. El Poder Judicial tiene todas las herramientas para actuar y recuperar algo de su legitimidad tan deteriorada. La sociedad santarroseña estuvo muy firme en repudiar lo sucedido, a diferencia de la Cámara de Diputados, que estuvo más bien tibia. Ahora empieza el verdadero desafío para todos: la democratización de la Policía de la Provincia de La Pampa. Ya nadie puede hacerse el desentendido.  

(*)  Abogado y Especialista en Filosofía Política.








Independientemente de las condiciones de probabilidad y las circunstancias estructurales y superestrucurales mediante las cuales se pueda explicar la gravísima escalada de alzamientos policiales en todo el país, una cosa queda clara: esto no tiene que ver (solamente) con un reclamo salarial (más allá de la justicia de todo reclamo de los trabajadores en ese sentido, máxime cuando los mismos se producen en un período histórico de máxima producción de plusvalía), sino que forma parte de una saga de acontecimientos que desde hace años ha incorporado la derecha continental para condicionar –cuando no derrocar- a los gobiernos autonómicos de la región.
Mucho se ha dicho sobre el  rol contemporáneo de ciertos poderes fácticos, en el que las policías, las gendarmerías, los servicios penitenciarios, las burocracias judiciales y otras corporaciones que poco o nada han hecho en materia de democratización interna, aparecen señaladas por la historia recientes como protagonistas principales de los nuevos golpes de estado. Por supuesto, en complicidad con poderosas corporaciones y los sectores más conservadores de la política.
Los ejemplos sobran en América Latina: Venezuela, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Honduras y Argentina.

En cada uno de estos casos, se pone en práctica meticulosamente la doctrina de los “golpes blandos”, paso por paso.


En Argentina, la derecha lo ha intentado todo, desde la “crisis del campo” (y aún antes de ese estallido patronal sojero) hasta ahora. Y nada le ha dado los resultados esperados. Ahora van por el incendio total. Por el holocausto social que Zaffaroni presagiaba hace más de una década. El estado de policía en su más dramática expresión.
El gobierno argentino, lamentablemente, ha perdido una década en materia de democratización de sus fuerzas de seguridad. Los intentos de transformación interna de las fuerzas policiales, aislados y sin apoyo político decidido, sucumbieron sin solución de continuidad. Las policías, ahora, se comportan como una fuerza de ocupación. Como el brazo armado que extorsiona a los poderes democráticos y conserva la fuerza brutal y corporativa para propiciar “cualquier” salida frente al caos que ellos mismos crean, fomentan y producen. Gestionar ese caos es una tarea no menor, que no debería incluir ningún tipo de capitulación por parte de la democracia. Pienso en movilizaciones pacíficas en todo el país para defender las instituciones democráticas. Un ejercicio que pondría a prueba la consistencia de los experimentos sociales de nueva militancia intentados por el kirchnerismo.
Porque si algo no puede alegar el gobierno es sorpresa o desconocimiento. El rol de las policías se ha desguasado en todo el mundo. Durante la guerra serbo-croata, este último país, que carecía de ejército regular, armó a su policía para colaborar decisivamente, mediante un enfrentamiento “exitoso”, con el colapso de la experiencia socialista yugoslava. También allí la policía croata jugó un papel preponderantemente regresivo y al servicio de los intereses imperiales. Y quien contribuyó a proporcionarle 5.000 toneladas de armas a esas fuerzas de seguridad fue, nada más y nada menos, que el estado argentino. De modo que resulta difícil soportar que se alegue imprevisión o estupefacción en este caso. Las distintas agencias del gobierno argentino, federales y provinciales, conocen perfectamente la matriz ideológica de sus fuerzas de seguridad. Cualquiera sea el curso que acierten a tomar estos acontecimientos, algo habrá cambiado en la Argentina. Y ese cambio, implica la necesidad impostergable de realizar transformaciones democráticas de fondo en estas corporaciones armadas.


A partir de los hechos que se suceden actualmente en distintas provincias argentinas, reeditamos una entrevista que le hicimos al Profesor Zaffaroni durante  2002, y que reprodujéramos en este mismo espacio en el año 2009. Un ejercicio de anticipación que no tiene desperdicios y conserva una dramática actualidad.


¿Cuál o cuáles son, a su entender, los instrumentos para acotar la violencia –legitimada e ilegítima- de los aparatos represivos del Estado en América Latina?.
“Primero, sería necesario jerarquizar a las policías y convertirlas en verdaderas policías comunitarias. El gran peligro de los aparatos de poder aquí no son los servicios de inteligencia, sino las policías comunes, que se autonomizan. De este modo reciben el poder que otrora era de las fuerzas armadas y comienzan a protagonizar golpes de estado. Si bien no asumen el poder, derrocan políticos cuando no les gustan (caso Rio de Janeiro, golpe interno en Plaza de Mayo en diciembre del año 2001). Sería necesario permitir que se sindicalicen para desarmar el poder de las cúpulas corruptas, terminar con la recaudación y las cajas y darles salarios y condiciones dignas de trabajo. En otro orden sería necesario reforzar la selección de los magistrados por concurso en toda la región y la autonomía de los poderes judiciales. Desde lo académico impulsar discursos realistas y no meramente tecnocráticos. Despertar la conciencia jurídica hacia la verdadera función de lo judicial, que es de contención y de vigilancia de las agencias ejecutivas”.




¿Hacia dónde cree que evolucionarán finalmente las nuevas formas de violencia estatal frente a las protestas colectivas y, en su caso, por qué motivos? Cómo aprecia que podría evolucionarse hacia una idea de resolución de conflictos que rompa y supere la lógica binaria de responder a la creciente violencia social con mayor violencia de las agencias estatales?

“Evolucionan hacia el aumento de las contradicciones entre los sectores excluidos. Criminalizados, victimizados y policizados provienen del mismo sector social excluido. El fomento de la violencia entre ellos es funcional al mantenimiento de sus condiciones de exclusión. En tanto se maten entre ellos no tomarán conciencia de su situación y no podrás coaligarse y tener protagonismo político. Es la forma de controlar socialmente y por la violencia a la masa de pobreza generada por los programas de contracción económica del FMI que buscan reducir las importaciones con la disminución del consumo, para mantener balances comerciales favorables que produzcan divisas y permitan el pago de los intereses de la deuda externa. El pronóstico es negro si continúan las presentes condiciones. Cambiará si se logran aumentar las exportaciones con valor agregado o si una conmoción política genera conciencia social en los excluidos. La técnica de control social de los excluidos no será rodear las villas y favelas con los cosacos, sino hacer que se maten solos. Es lo que no entienden quienes piensan en el siglo pasado. Para que esto se produzca se necesitan varias condiciones: 1) de política general, o sea, conciencia política en la clase dirigente. Creo que el vacío no se sostiene, algo va a suceder, es la lógica de la política, ningún espacio queda vacío y las viejas dirigencias están agotadas. 2) condiciones económicas, no es comprensible que el 5° exportador de alimentos del mundo tenga gente buscando hamburguesas podridas en la basura, que una población entrenada a la producción industrial tenga un 30% de desocupación mientras se exportan productos sin valor agregado, ganado en pie, petróleo crudo, etc.

3) las ONGs, las iglesias, los movimientos barriales, en algún momento se darán cuenta de que la lucha por el poder es lucha por el saber y el know how. Es inevitable. Empezará una competencia por el saber entre excluidos e incluidos. El 70% de la población no se va a suicidar, de eso estoy seguro. 4) Los medios masivos tendrán que asumir cierta responsabilidad o se desacreditarán totalmente ante la población”.
¿Puede esperarse que “esta” agencia judicial opere efectivamente como límite al poder punitivo estatal, atento a las rémoras de una ideología conservadora y una extracción de clase (una cultura, en suma) más compatible con el statu quo que con actitudes democráticas y progresistas que caracteriza a muchos de sus integrantes? La misma pregunta le formulo respecto a la agencia policial, en muchos casos sospechada de represión y corrupción.

Creo que si se sindicalizan las policías, por su extracción social y por su experiencia directa con la realidad cotidiana, producirían un cambio bien profundo a mediano plazo. El problema es que hoy hablan por sus cúpulas y éstas son corruptas porque las estructuras les exigen que lo sean. Una discusión horizontal de las condiciones de trabajo las cambia. En cuanto al judicial, creo que la selección por concurso cambiará notoriamente su perfil. Además, hay una responsabilidad que es nuestra. Debemos generar discursos progresistas en el campo jurídico. La academia, con su encierro, su tecnocracia, su formación de abogados tradicionalista, es bien responsable de lo que sucede. Incluso los sectores progresistas, que hicieron un discurso político pero no técnico, como si fuesen esquizofrénicos. Creo mucho en el poder del propio discurso jurídico, al menos para crear mala conciencia en la gente, lo que no es secundario. La mala conciencia es un motor importante.


Finalmente: ¿qué rol adjudica a los juristas y académicos más o menos allegados a las disciplinas penales, en orden a la construcción de un nuevo abordaje con relación a los conflictos y la violencia social del continente?
Vuelvo a lo anterior. Los jueces, fiscales y abogados no salen de una incubadora, sino de las universidades, que somos las usinas ideológicas del sistema penal. Si seguimos con discursos de tipo neokantiano, o parecidos, enseñando que somos técnicos y no políticos, y nos olvidamos que una dogmática jurídica es un programa político que debe ser aplicado por un poder del estado, estamos jodidos y no haremos nada. Si respondemos a nuestra realidad y a sus necesidades y hacemos un discurso técnico orientado a una política progresista, es lógico que no todos lo asuman, pero por lo menos habrá siempre un discurso alternativo y eso genera mala conciencia incluso en los que se refugian en lo aséptico y repiten la experiencia del neokantismo mezgeriano, que pasó desde el imperio guillermino hasta la república federal diciendo lo mismo, como si nada cambiase. No podemos seguir esos caminos en Latinoamérica, salvo que pensemos en darle un discurso a una corporación para que pase por sobre el genocidio sin mirar.



Un reportaje de Eduardo Luis Aguirre.


* Aclaración: Este reportaje fue efectuado el 16 de julio de 2002, en el marco del Doctorado en Sociedad de la Información y el Conocimiento de la UOC, y de la asignatura “Gestión del Caos. Introducción a la Conflictología”.


Permítasenos reiterar que el Derecho penal contemporáneo presenta, en todo el mundo, algunas características distintivas que es necesario poner de manifiesto, por su gravedad intrínseca y sus potenciales consecuencias genocidas.
Existe una hipertrofia irracional del Derecho penal, que supone una opción clara, por un derecho penal máximo, opuesto a un sistema democrático (ver sobre el particular,Rivera Beiras, Iñaki, en http://www.eldiario.es/catalunya/Inaki-Rivera-penal-opuesto-democratico_0_201929823.html) sostenido en la convicción  mítica (y errática) que la coerción punitiva podrá prevenir, disuadir o conjurar conductas que se consideran lesivas de bienes jurídicos o verdaderas amenazas para esos mismos bienes, personas o agregados de tales. O, al menos, que servirá para eliminar del paisaje social a los  “otros”, considerados indeseables, peligrosos e irrecuparables, en términos de la supuesta necesidad de reorganizar las sociedades con arreglo a la escala de valores y las pautas de vida hegemónicas. Los condimentos imprescindibles que permitieron sentar las bases de todos los genocidios, incluido, desde luego, el argentino.
En ese marco de creencias fatuas, la forma más usual de resolución de los conflictos es la judicialización y la condena a una pena de prisión. En casi todo el mundo, las tasas de encarcelamiento han subido exponencialmente en la modernidad tardía.

Los discursos progresistas de los expertos, que fueron una referencia hasta bien entrada la década de los 70’, cayeron en los años 80’ en una crisis sin precedentes. 

Así como las consignas de la socialdemocracia de posguerra habían sido “control económico y liberación social”, el reverdecer conservador dio un giro de ciento ochenta grados y proclamó “libertad económica y control social”[1].
Lo que sobreviene, entonces, es una acentuación de la prisionización como respuesta institucional excluyente, perpetrada contra jóvenes, pobres, extranjeros, foráneos, insumisos y disidentes, con su consecuente explosión demográfica de las cárceles y demás establecimientos coactivos de secuestro oficial[2]
El crecimiento de la criminalización de situaciones sociales problemáticas configura una consolidación del estado de policía -por oposición al Estado constitucional de Derecho- y una legitimación de un derecho penal de excepción.
El aumento sostenido de la población reclusa es un dato objetivo difícilmente contrastable, que en líneas generales no se ha revertido en los últimos años, ya que las tasas de encarcelamiento siguen aumentando en forma sostenida en la mayoría de los países del mundo.
Pero más allá de esta circunstancia cualitativa, debe anotarse que el “prestigio” de la cárcel ha alcanzado niveles impensados. Se proclama ahora, a diferencia de lo que ocurría durante el auge del correccionalismo criminológico, es que la prisión “funciona”, y se reactualiza en clave postmoderna el concepto de “pena merecida”[3].
Existe en todo el mundo, en síntesis, la suposición de que no deben tolerarse las violaciones a los derechos, cualquiera sea el lugar donde ocurran, y que la reacción frente a esas afectaciones ha de efectuarse mediante una intervención y una pena, respecto de os extraños irrecuperables.
En esos procesos asimétricos de construcción de las normas penales del tardocapitalismo, la potestad para decidir qué conductas serán penalizadas, es patrimonio exclusivo y excluyente de unas pocas personas, generalmente representantes de intereses de clase o corporativos.
Por eso, normalmente, la violencia reglada institucional recaerá más severamente sobre los sectores vulnerables de las sociedades, previamente estigmatizados en base al prejuicio, supuesto éste que se reproduce, insistimos, tanto a nivel interno como internacional.
La particularidad que exhibe el nuevo sistema globalizado radica no solamente en la reproducción de la nueva relación de fuerzas, sino también en la capacidad de presentar dicha fuerza como un bien al servicio de la justicia y de la paz en un contexto de expansión de la ideología securitaria[4].
Como consecuencia de lo expuesto, sobreviene una desformalización y funcionalización del Derecho criminal, con inexorable flexibilización de las garantías penales, procesales y ejecutivas de la pena[5], de las que las cárceles de Guantánamo dan debida cuenta.
En todo el planeta, las tendencias modernas a “luchar contra la criminalidad” y la “inseguridad”, suponen reprimir rápida y ejemplarmente los problemas y conjurar las amenazas que impactan más fuertemente en la opinión pública.
Esas iniciativas recurren en la mayoría de las situaciones a un aumento de los montos de las penas, con finalidades preventivo-generales e  intimidatorias.
En materia procesal, las reformas tienden a acelerar, acortar, abaratar y desformalizar los procesos, allanando todos los “obstáculos” que lo perturben.
Las reformas que tienden a abogar por el derecho de las víctimas se hacen a costa de los derechos de los inculpados y las víctimas, contradiciendo las especulaciones históricas de los procesalistas, ingresan al proceso a reclamar la más grave punición, antes que a restablecer el equilibrio afectado por la ofensa.
Estas -y otras- claves funcionalistas, en síntesis, resumen el rumbo de las reformas político criminales de la tardomodernidad[6].
Esta es una tendencia que ya no se limita a criminalizar a sujetos individuales, sino que ese control se expresa de manera “glocal” y grupal y su objeto de control es la rebelión de los excluidos[7] y de los que se alzan –muchas veces inorgánicamente-contra un estado de cosas que intuyen injusto.
La rebelión de los diversos, los excluidos, los distintos, los rebeldes, en definitiva, los “otros”, son la nueva excusa que se pretende con frecuencia asimilar al “terrorismo”, para habilitar la violencia legitimada únicamente por su eficacia. “Se difumina la distinción entre el “enemigo”, tradicionalmente concebido como exterior, y las “clases peligrosas”, tradicionalmente interiores, en tanto que objetivos del esfuerzo bélico”[8].
Parece comprensible, con estas claves, que en cualquier sociedad exista una dosis de temor o desconfianza hacia aquellos que son asumidos diferentes.
No obstante, estas tendencias reactivas se han magnificado al punto de incorporarse a los regímenes sociales y políticos del mundo contemporáneo.
La desconfianza hacia los otros, concluye articulándose con la indiferencia respecto de la posibilidad de que se los prive de la plena condición de ciudadanos.
Lo que les pase a aquéllos, en términos de destitución de ciudadanía -pérdida de derechos civiles, económicos, soberanos, medioambientales y políticos-, no importa demasiado al resto, y en todo caso esos procesos “descivilizatorios” se perciben como un costo no demasiado oneroso a pagar para conservar un determinado orden social[9], al que se asimila con la “seguridad jurídica”, a la sazón una nueva forma de interpretar las nuevas formas de explotación y expoliación.

Esa “desconfianza” en los otros, alcanza también, y muy especialmente, a los que encarnan el rol de gobernar la penalidad, sus instituciones, sus narrativas y prácticas colectivas, e influye decididamente en la construcción de las nuevas relaciones sociales, explicando, entre otras cosas, el peligro, el riesgo y el auge de nuevas formas de control punitivo.
Por su parte, para el sofista del Anónimo de Jámblico “sólo la sumisión a la ley, o sea, el estado de legalidad, hace posible la vida en común. Para este sofista anónimo, el estado de legalidad es uno de los bienes supremos, pues “una legalidad debidamente establecida origina la confianza que produce grandes beneficios a toda la colectividad”. El estado de ilegalidad, por el contrario, es uno en que reinan la desconfianza y el riesgo permanente, lo cual da lugar a una falta la seguridad cognitiva de los comportamientos personales, y por ello, a que los hombres experimenten el temor y el miedo. Por esto, y puesto que “los hombres no son capaces de vivir sin leyes ni justicia”, a quienes no se someten a la ley les sobreviene la guerra que conduce a la sumisión y a la esclavitud con más frecuencia que a quienes se rigen por una recta legalidad”[10].
Las sociedades de riesgo son, precisamente, aquellas donde la producción de riqueza va acompañada  de una creciente producción social de riesgos[11].
El aumento de los riesgos está produciendo consecuencias trascendentales en el ámbito de la política, el biopoder y la gubernamentalidad de los agregados sociales actuales.
El primer efecto lo constituye la necesariedad de la implementación de políticas públicas tendientes a gestionar, esto es, a controlar los riesgos, cada vez más visibilizados por la opinión pública, e internalizados por la multitud como los nuevos miedos derivados de la modernidad tardía.
El “riesgo”, como el miedo, termina completando, entonces, un nuevo metarrelato cuya densidad sería capaz de sustituir y recomponer los paradigmas totalizantes en aparente retirada, cohesionar los discursos y los sistemas de creencias e imponer políticas públicas defensistas.
Estas características se observan, particularmente, en lo que atañe a las respuestas institucionales que se adoptan en materia de conflictividad social en todo el mundo, ya sea adelantando la punición, inocuizando a los especialmente peligrosos y propiciando estrategias de control que recurrentemente menoscaban las libertades públicas y las garantías individuales decimonónicas, adoptadas siempre en aras de una mayor “seguridad”, una suerte de “concepto estrella” del Derecho penal actual[12], al que todo le está permitido, sencillamente porque “todos estamos en peligro”. Y todos lo estamos, porque el riesgo está identificado como riesgo de daño o de peligro.
Se trata de un riesgo “negativo”, que el Estado debe gestionar como fin primordial que dota de sentido su razón de ser postmoderna, dejando de lado las expectativas asegurativas que caracterizaron al Estado de Bienestar; por ejemplo, la justicia distributiva y la igualdad, la seguridad social, la estabilidad en el empleo, los miedos a los malestares de clase, etcétera[13].
El riesgo, de tal suerte, opera como una forma de gobierno de los (nuevos) problemas “a través de la predicción y la previsión. Se trata de una tecnología que es común y familiar en el campo de la salud pública”, pero que se extiende especialmente a la justicia penal, “un campo en el que el riesgo se ha vuelto cada vez más importante como una técnica para ocuparse de aquellos condenados por delitos, pero también para la prevención del delito”. (…) “El lugar central ocupado por el riesgo en el gobierno contemporáneo es un reflejo de un cambio epocal en la modernidad. Este desplazamiento epocal desde la “modernidad industrial” hacia la “modernidad reflexiva” es vinculado  con la aparición de los “riesgos de la modernización”, tales como el calentamiento y el terrorismo globales. Producto del despliegue de las contradicciones del modernismo industrial -especialmente del rápido y autodestructivo desarrollo del cambio tecnológico conducido por el capitalismo- estos riesgos amenazan a la existencia humana y crean una nueva “conciencia del riesgo” que, a su vez, se torna el rasgo organizador central de la emergente “sociedad del riesgo”. (…).. En otras palabras, aunque las divisiones sociales tales como la clase y el género no desaparecen, son reconstituidas en comunidades de seguridad y protección, unidas más por los riesgos compartidos que por las necesidades materiales en común. En esta era, las instituciones y concepciones centrales de la modernidad son puestas en cuestión: hasta el progreso en sí mismo se vuelve algo que es puesto en duda y sobre lo que se reflexiona críticamente”[14].
Esa conciencia de los riesgos presentes, parte fundamental de una cultura  postmoderna hegemónica unidimensional, se vale de un retribucionismo y un prevencionismo extremos para confirmar la vigencia de las normas sociales y anticiparse a “riesgos futuros” ocasionados por los peligrosos, mediante un “derecho” (interno y supranacional) en estado de permanente excepción[15].
A estas decisiones draconianas recurrentes, conduce el segundo efecto de la gubernamentalidad de las sociedades de riesgo, que está dado por el fracaso de las políticas públicas en la gestión de administración y control de los peligros, y la necesidad de los gestores institucionales de apelar a un urgente populismo punitivo como única forma de conservar sus precarios y efímeros consensos.
El Derecho penal establece, de esta manera, formas específicas de reacción punitiva no sólo contra infractores incidentales de la ley, sino también contra quienes frontalmente desafían el ordenamiento jurídico con el que se identifica la Sociedad y a los que la dogmática funcionalista denomina enemigos, en cuanto conculcan las normas de flanqueo que constitucionalmente configuran la Sociedad, revelan singular peligrosidad y no pueden garantizar que van a comportarse como personas en Derecho, esto es, como titulares de derechos y deberes[16]. Con ellos el Estado no dialoga, sino que los amenaza y conmina con una sanción en clave prospectiva, no retrospectiva, esto es, no tanto por el delito ya cometido cuanto para que no se cometa un ulterior delito de especial gravedad (v.gr., la configuración típica de la tenencia de armas o explosivos o actos de favorecimiento del terrorismo, como delitos autónomamente incriminados, para evitar la comisión de un atentado terrorista de gran magnitud destructiva).
Se ha afirmado al respecto que “… el Derecho penal del enemigo es, tal y como lo concibe Jakobs, un ordenamiento de combate excepcional contra manifestaciones exteriores de peligro, desvaloradas por el legislador y que éste considera necesario reprimir de manera más agravada que en el resto de supuestos (Derecho penal del ciudadano). La razón de ser de este combate más agravado estriba en que dichos sujetos (“enemigos”) comprometen la vigencia del ordenamiento jurídico y dificultan que los ciudadanos fieles a la norma o que normalmente se guían por ella (“personas en Derecho”) puedan vincular al ordenamiento jurídico su confianza en el desarrollo de su personalidad. Esa explicación se basa en el reconocimiento básico de que toda institución normativa requiere de un mínimo de corroboración cognitiva para poder orientar la comunicació en el mundo real. De la misma se deriva, no sólo un derecho a la seguridad (Recht auf Sicherheit), sino un verdadero derecho fundamental a la seguridad (Grundrecht auf Sicherheit)”[17].
Es necesario, no obstante, establecer algún tipo de precisiones con respecto al Derecho penal de enemigo, toda vez que la noción ha sido simplificada, muchas veces descontextualizada y desinterpretada en lo que tiene que ver con su filiación histórica, sociológica y política.
Se tiende a creer, en general, que la noción de “enemistad” en el Derecho penal es el producto exclusivo de una construcción funcionalista sistémica, anatemizada por conservadora según la particular visión de algunos penalistas, que pretenden hallar la génesis de la misma en el pensamiento de Niklas Luhman, de Carl Schmitt, o más recientemente de Günther Jakobs, a los que generalmente remiten[18].
Así se ha afirmado que “no creo que me aleje demasiado de la realidad si digo que la expresión “Derecho penal del enemigo” suscita ya en cuanto se pronuncia determinados prejuicios motivados por la indudable carga ideológica y emocional del término “enemigo”. Este término, al menos bajo el prisma de determinadas concepciones del mundo (democráticas y, sobre todo, progresistas), induce ya desde el principio a un rechazo emocional de un pretendido Derecho penal del enemigo, y no sin razón, cuando volvemos la mirada a la experiencia histórica y actual, y desde ella contemplamos el uso que se ha hecho y que aún se hace actualmente del Derecho penal en determinados lugares”[19].
La historia resulta, como de ordinario acontece, bastante más compleja; y desde una multiplicidad de matices y relatividades nos plantea demasiadas perplejidades como para permitirnos incorporar subjetividades en este tipo de análisis, por respetables que pudieran éstas resultar.
Inicialmente, debemos reconocer que esta separación tajante entre Derecho penal de ciudadano y Derecho penal de enemigo no siempre encuentra su correlato en la realidad objetiva.
En todo enjuiciamiento por un hecho cotidiano, por ejemplo, efectuado de acuerdo a las reglas del Derecho penal de ciudadano, habrán de entremezclarse lógicas tendientes a la defensa de riesgos futuros (Derecho penal de enemigo), sencillamente porque todos los sistemas penales conservan rémoras de ambos paradigmas[20].
Y las conservan porque los sistemas jurídicos en la era del Imperio basan su legitimidad en la capacidad para llevar adelante objetivos éticos mediante la coacción. Pero aun así, en esta etapa transicional de consolidación del Imperio, aunque  actúe en un estado de excepción y mediante técnicas policiales, el derecho no tiene que ver con las dictaduras o el totalitarismo y el dominio de la ley continúa desempeñando un rol paradigmático.
Así, se ha señalado sobre el particular: “El derecho penal del enemigo es, aparte del nombre (aparte del nombre, que a mí personalmente no termina de convencerme, aunque se trata de una denominación estrictamente científica), una realidad en todos los ordenamientos democráticos del mundo, pero una realidad que ha de ser minimizada al grado mínimo de lo estrictamente necesario: esto es, a lo que el autor citado ha llamado “ámbito nuclear del Derecho Penal del enemigo…”[21].
En otros términos, coexisten en el Derecho contemporáneo, fragmentos de Derecho penal liberal y de Derecho penal de enemigo. Y al parecer, eso ha ocurrido en todas las etapas del capitalismo[22].
Por lo demás, aquellas perspectivas –como digo, fragmentarias, planteadas en términos de polarización y con evidentes desajustes históricos- impiden reconocer la verdadera matriz ideológica que campeaba entre los clásicos del liberalismo durante el capitalismo temprano, a partir de la construcción ideal del concepto fundacional del “contrato social”.
Justamente, la naturaleza cultural del contrato está fuertemente anudada a las concepciones binarias de la enemistad, que reproducen la posibilidad de la “amenaza” del Estado con relación a los infractores, tanto en el orden interno como internacional, y exhiben concepciones muy similares a los postulados preventistas y retribucionistas que se critican al derecho penal contemporáneo.
La visión reduccionista analizada concibe a la “modernidad”, en cambio, como un todo homogéneo y armónico, como un paradigma unitario que viene a superar el sistema de creencias del “Anciene Régime”  de la mano de un programa de libertades sin fisuras, que el imaginario de los juristas percibe generalmente como instituido para el conjunto social, sin exclusión alguna.
Debe recordarse, sin embargo, que el Derecho es también una parte de la superestructura social, un sistema de control social destinado a garantizar las nuevas relaciones de producción hegemónicas en cada período de la historia política.
Por eso, los derechos que otorgó el Estado liberal no pudieron trascender sus propios límites en términos de  autonomía relativa.
Esa autonomía relativa, propia de los Estados capitalistas, aunque se tradujera como una autoproclamación protectiva de los derechos de todos los ciudadanos, en realidad resguardaba  los intereses de las nuevas clases dominantes.
Podemos someter a prueba la consistencia de esta especulación, apelando al propio Rousseau y su visión respecto de los infractores del “pacto social”, acaso el soporte jurídico más relevante del sistema capitalista: “Para que el pacto social no sea, por lo tanto, una fórmula vana, contiene tácitamente este compromiso, el único que puede dar la fuerza a los demás: quien se niegue a acatar la voluntad general será obligado por todo el cuerpo, (…) lo cual no significa otra cosa sino que se le obligará a ser libre, puesto que tal es la condición que dándose cada ciudadano a la patria le asegura de toda dependencia personal, condición que forma el artificio del funcionamiento de la máquina política y única que hace legítimos los compromisos civiles, los cuales, sin esto, serían absurdos, tiránicos y sujetos a los más enormes abusos”[23]. “Todo malhechor, al atacar el derecho social, se convierte por sus delitos en rebelde y traidor a la patria; deja de ser miembro de ella al violar sus leyes, y hasta le hace la guerra. Entonces, la conservación del Estado es incompatible con la suya; es preciso que uno de los dos perezca, y cuando se da muerte al culpable, es menos como ciudadano que como enemigo. Los procedimientos, el juicio, son las pruebas y la declaración de que ha roto el pacto social y, por consiguiente, de que ya no es miembro del Estado. Ahora bien, como él se ha reconocido como tal, al menos por su residencia, debe ser separado de aquél mediante el destierro, como infractor del pacto, o mediante la muerte, como enemigo público; porque un enemigo así no es una persona moral, es un hombre, y entonces el derecho de guerra consiste en matar al vencido”[24].
En definitiva, el  pacto social fue una manera de legitimar al legislador una vez que entraron en crisis las tesis naturalísticas que explicaban dicha legitimación con arreglo a un mandato sobrenatural del que se hallaba investido el monarca.
El legislador había pasado entonces de ser un simple intérprete del derecho, a ser su creador. Y esto mereció una respuesta en términos de legitimación: el contrato[25].
Dejar de lado estas circunstancias históricas, podría comprometer seriamente una investigación que debe escrutar, entre otros conceptos, las similitudes y diferencias entre los derechos internos y el derecho penal internacional contemporáneo.
Por eso, precisamente, nos vemos determinados a advertir que esas postulaciones importan un esfuerzo ocioso, innecesario, realizado aparentemente para preservar a los clásicos del liberalismo de cualquier acercamiento o “contaminación” entre sus discursos y las tesis que legitiman  la guerra contra los terroristas internos, los enemigos con los cuales el estado no dialoga sino que, por el contrario, amenaza o directamente combate[26].
El concepto de enemistad, como podemos observar, es una formulación conceptual de los clásicos, probablemente anterior a ellos, que se utilizaba -como sigue ocurriendo en la actualidad- tanto en cuestiones de Derecho interno, como para resolver las diferencias planteadas entre los Estados.
La similitud entre el adelantamiento de la reacción punitiva, el deterioro de las garantías penales y procesales y la violación del  principio de proporcionalidad, manifestaciones éstas características del Derecho penal de enemigo, con la guerra preventiva moderna, no puede resultar más evidente.
En el examen del Derecho penal del enemigo y de las cuestiones dogmáticas que el mismo plantea en el actual sistema penal, se ha puesto de relieve desde una óptica estrictamente funcionalista normativa que “no se quiere negar que en los regímenes autoritarios se haga uso de normas de Derecho penal del enemigo. Al contrario. El Derecho penal del enemigo, en tanto consunto de normas, existe tanto en las dictaduras como en las democracias. Pero el problema en las dictaduras es de raíz. Las normas de Derecho penal del enemigo no son ahí ilegítimas porque el Derecho penal del enemigo lo sea per se, sino por el déficit de democracia que caracteriza a esos países. En definitiva, mientras en las dictaduras todas las normas (las del enemigo y las del ciudadano) son ilegítimas per se, en las democracias todas las normas (las del enemigo y las del ciudadano) son legítimas per se, en las democracias todas las normas (las del enemigo y las del ciudadano) son legítimas per se, y tendrán esa presunción de legitimidad formal y material hasta tanto no se declare, por el Tribunal imparcial legítimamente establecido para ello, lo contrario. En última instancia, ahí, en la posibilidad de un control de legalidad objetivo e impacial, reside la diferencia entre una dictadura y una democracia”[27] .
El Derecho penal interno de los Estados, con estas categorías, tiende a parecerse cada vez más, en sus lógicas, a la guerra. Vemos como amigo y enemigo, ciudadano y enemigo, constituyen categorías centrales estimuladas por quienes tienen a su cargo el gobierno de la penalidad.
Por eso es que se hace sumamente difícil defender los derechos de los “otros”, sobre todo cuando se encuentran prisionizados: “La gente es muy ignorante en este sentido y solo piden que se pudran en la cárcel, o piensan exclusivamente en las víctimas de los delitos, creyendo en la falsa pedagogía de que porque se trituren los derechos de los presos se van a salvaguardar los derechos de las víctimas, lo cual es una pésima pedagogía. En este sentido no creo que haya ningún tipo de sensibilidad o en todo caso muy minoritaria frente a los derechos de las personas privadas de libertad. Hasta que a cada uno le toca por alguna razón en la vida conocer de cerca qué es de verdad el sistema penal y penitenciario. Hasta este momento es muy difícil entenderlo, que haya una cierta sensibilidad sobre el tema” (Rivera Beiras, artículo ya citado).
Es curioso. Estas posturas contrarían expresamente las grandes líneas filosóficas que se derivan de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, del propio Papa Francisco:  “44. Por otra parte, tanto los Pastores como todos los fieles que acompañen a sus hermanos en la fe o en un camino de apertura a Dios, no pueden olvidar lo que con tanta claridad enseña el Catecismo de la Iglesia Católica: «La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales”.
“Por lo tanto, sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día. A los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas sino el lugar de la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible. Un pequeño paso, en medio de grandes límites humanos, puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. A todos debe llegar el consuelo y el estímulo del amor salvífico de Dios, que obra misteriosamente en cada persona, más allá de sus defectos y caídas”.
“45. Vemos así que la tarea evangelizadora se mueve entre los límites del lenguaje y de las circunstancias. Procura siempre comunicar mejor la verdad del Evangelio en un contexto determinado, sin renunciar a la verdad, al bien y a la luz que pueda aportar cuando la perfección no es posible. Un corazón misionero sabe de esos límites y se hace «débil con los débiles […] todo para todos» (1 Co 9,22). Nunca se encierra, nunca se repliega en sus seguridades, nunca opta por la rigidez autodefensiva. Sabe que él mismo tiene que crecer en la comprensión del Evangelio y en el discernimiento de los senderos del Espíritu, y entonces no renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino”.








[1]   Garland, David: “La cultura del control”, Editorial Gedisa, Barcelona, 2005, p. 174.
[2] Aguirre, Eduardo Luis: “Inseguridades globales y sociedades contrademocráticas. La desconfianza como articulador del nuevo orden y como enmascaramiento de las contradicciones Fundamentales” en “Elementos de Política Criminal. Un abordaje de la Seguridad en clave democrática”, Universidad de Sevilla, trabajo de investigación presentado para la obtención del DEA, Programa de Doctorado “Derecho Penal y Procesal”, Universidad de Sevilla, 2010.
[3]   Garland, David: “La cultura del control”, Ed. Gedisa, 2005, pp. 43 y 51.
[4]   Hardt, Michael - Negri, Antonio, op. cit., p. 31
[5]  Gomes, Luiz Flavio - Bianchini, Alice: “El Derecho penal en la era de la globalización”, Serie Las Ciencias Criminales en el Siglo XXI, Volumen 10, Editora Revista de los Tribunales, San Pablo, 2002, y Aguirre, Eduardo Luis: “Elementos de control social en las naciones sin estado”, disponible en www.derecho-a-replica.blogspot.com
[6]   Hassemer, Winfried: “Derecho Penal y Filosofía del Derecho en la República Federal de Alemania”, Portal DOXA de Filosofía del Derecho, Nº 8, p. 182, que se puede encontrar como disponible en http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01471734433736095354480/cuaderno8/Doxa8_09.pdf
[7]  Sánchez Sandoval, Eduardo: conferencia dictada en el 8º Seminario Internacional del IBCCrim, San Pablo, 8 al 11 de octubre de 2002.
[8]   Hardt, Michael - Negri, Antonio: “Multitud”,  Editorial Debate, Buenos Aires, 2004, p. 36.
[9]  Pratt, John: “Castigo y civilización”, Editorial Gedisa, Barcelona, 2006, p. 24.
[10] Gracia Martín, Luis: “Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado “Derecho Penal de Enemigo”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, número 7,  2005, que se halla disponible en  http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-02.pdf
[11]  Climent San Juan, Víctor: “Sociedad del Riesgo: Producción y Sostenibilidad”, Revista de Sociología, N°. 82, 2006, p. 121, disponible en http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2263896.
[12]  Polaino Navarrete, Miguel: “La controvertida legitimación del Derecho penal en las sociedades modernas: ¿más Derecho penal?”, en “El Derecho penal ante las sociedades modernas”, Editorial Jurídica Grijley, Lima, 2006, p.76.
[13]    O´Malley, Pat: “Riesgo, Neoliberalismo y Justicia Penal”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2006, pp. 168 y 169.
[14]    O´ Malley, Pat: “Riesgo, Neoliberalismo y Justicia Penal”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2006, pp. 21 y 22.
[15]  Agamben, Giorgio: “Estado de excepción”, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2007, p. 6.
[16]  Polaino Navarrete, Miguel: “La controvertida legitimación del Derecho penal en las sociedades modernas: ¿más Derecho penal?”, en “El Derecho penal ante las sociedades modernas”, Editorial Jurídica Grijley, Lima, 2006, p. 76.
[17]  Polaino-Orts, Miguel: “Verdades y mentiras en el Derecho penal del enemigo”, en Revista de l Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), nueva serie, año 5, nº 9, Editorial Dunken, Buenos Aires, 2011, pp. 426 s.
[18]    Marteau, Juan Félix: “Una cuestión central en la relación Derecho-Política. La enemistad en la política criminal contemporánea”, Revista “Abogados”, edición noviembre de 2003.
[19]  Gracia Martín, Luis: “Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado “Derecho Penal de Enemigo”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, número 7,  2005, que se halla disponible en http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-02.pdf
[20]  Jakobs, Günther: “Derecho Penal del Ciudadano y Derecho Penal del Enemigo”, en “El Derecho Penal ante las sociedades modernas”, Editora Jurídica Grijley, Lima 2006, p. 23.
[21] Polaino Navarrete, Miguel: “¿Por dónde soplan actualmente los vientos del Derecho Penal?”, en Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias / coord. por Manuel da Costa Andrade, Maria Joao Antunes, Susana Aires de Sousa, Coimbra Editora, Universidad de Coimbra, Vol. 1, 2009 (Direito Penal), ISBN 978-972-32-1776-6,  p. 483.
[22]    Hardt, Michael - Negri, Antonio: “Imperio”, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2002, p. 40.
[23] “El Contrato Social”, Primera Edición Cibernética, la cual aparece como disponible en http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/contrato/libro1.html.
[24]    Sobre las posibilidades de una interpretación de los textos roussonianos en ese sentido, véase Pérez del Valle, en CPC, nº 75, 2001, pp. 597 ss.; y también Jakobs, en Jakobs/Cancio, (n. 1), pp. 26 s. 79 Véase Rousseau, Jean Jacques, El contrato social o Principios de derecho político, Libro Segundo, V, citado según la edición, con estudio preliminar, y traducción, de María José Villaverde, 4ª ed., Ed. Tecnos, Madrid, reimpresión de 2000, Lib. II, cap. V, pp. 34 s.
[25]  Hassemer, Winfried: “Derecho Penal y Filosofía del Derecho en la República Federal de Alemania”, Portal DOXA de Filosofía del Derecho, Nº 8, p. 176, texto que se puede encontrar como disponible en http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01471734433736095354480/cuaderno8/Doxa8_09.pdf
[26] Aguirre, Eduardo Luis: “Consideraciones criminológicas sobre el derecho penal de enemigo”, disponible en http://derecho-a-replica.blogspot.com/2010/05/consideraciones-criminologicas-sobre-el.html
[27]  Polaino-Orts, Miguel: “Verdades y mentiras en el Derecho penal del enemigo”, en Revista de l Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), nueva serie, año 5, nº 9, Editorial Dunken, Buenos Aires, 2011, p. 453. 
Meses atrás, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, había planteado la necesidad de construir en el marco del ALBA una agencia de defensa común latinoamericana, destinada a custodiar la paz en la región.
La iniciativa importaba un paso trascendental en términos de consolidación de las estrategias integracionistas del Cono Sur, sobre todo, por las motivaciones que sustentaban esa idea.
Morales apuntaba a establecer vínculos defensivos de tal intensidad y compromiso, que abarcaran un cambio cultural de las fuerzas armadas del Continente, en muchos casos cooptadas ideológicamente por paradigmas y sistemas de creencias afines al imperialismo y las clases y sectores dominantes internos. Esa sola razón, insisto, implicaba una vocación transformadora sin precedentes, una concepción verdaderamente revolucionaria, si se recorre la historia de las fuerzas armadas latinoamericanas durante las décadas de los años setenta y ochenta del siglo pasado.

Paradójicamente, la motivación podría revelarse como insuficiente, en la medida que no articulara las anunciadas estrategias, concernientes a la defensa exterior, con políticas comunes destinadas a garantizar la seguridad hemisférica, en los términos en que la misma es acuñada casi sin distinciones ni matices del Río Bravo al Sur.
La concepción de la “inseguridad” ha sido capturada por el arsenal retórico de las derechas latinoamericanas, y se la circunscribe, en esa clave y de manera interesada, a la mera posibilidad de ser víctima de un delito predatorio, de calle o de subsistencia. La inseguridad, de tal manera, se ha resignificado en la región, acotándosela a uno sola de las formas en la que la misma se expresa, por cierto relevante, en un Continente que tiene una de las tasas de violencia urbana más altas del mundo.
El delito ha pasado a ser un organizador de la vida cotidiana en América Latina.
En nombre de la inseguridad se controla, se vigila, y se gobierna. Se ganan elecciones y se esmerilan gobiernos.
Más aún, si se analizan los conatos destituyentes en lo que va de la nueva centuria, puede advertirse que las fuerzas armadas regulares, como tales, han intervenido únicamente en los casos del asalto a la residencia del ex-Presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, y en el fallido golpe intentado contra el Gran Bolivariano. En ambas ocasiones, lo hicieron a la usanza de las tradicionales prácticas, aunque con resultados diametralmente diferentes, actuando en connivencia con sectores de poder locales y externos.
En el resto de las intentonas antidemocráticas latinoamericanas, han intervenido activamente otros actores mucho más vinculados a la “seguridad” que a la defensa. Ténganse presente, en ese sentido, la asonada policial contra el Presidente Correa, los planteos de las policías, los servicios penitenciarios, la prefectura naval y la gendarmería en Argentina, y el golpe judicial perpetrado en Paraguay contra el Presidente Lugo. En todos los casos, desde luego, han tenido un protagonismo central las grandes empresas mediáticas, los grandes grupos de presión y los poderes fácticos de cada país.
En otras ocasiones, los conatos incluyeron el protagonismo explícito de sectores de la oposición y de caceroleros e indignados que planteaban reclamos indeterminados, entre los que la demanda de mayor “seguridad” ocupaba –y ocupa- siempre un lugar preponderante.
En muchos casos, esos reclamos involucran la eliminación lisa y llana de los diferentes y los distintos del paisaje social, en lo que parece ser un nuevo huevo de la serpiente, versión postmoderna.
La doctrina de los golpes blandos de Gene Sharp, debe recordárselo, concibe una primera etapa de exacerbación de la criminalidad, para continuar con el calentamiento de la calle, la organización de manifestaciones de todo tipo, potenciando posibles fallas y errores de los gobiernos, la guerra psicológica, los rumores, y la desmoralización colectiva, hasta terminar con la dimisión de los gobernantes.
El “Plan Estratégico Venezolano”, que en realidad pretende estructurar una estrategia golpista a nivel continental, se propone generar emoción  mediante mensajes cortos sobre problemas sociales objetivos, que lleguen a la mayor cantidad de gente posible, provocando su descontento. Continúa con una práctica sistemática de sabotajes y crímenes, hasta crear en las calles situaciones de crisis que serían cubiertas tendenciosa y amañadamente por la gran prensa internacional, impidiendo distinguir agredidos de agresores, subvertir la realidad de los sucesos, y modelar una opinión pública global complaciente con una intervención armada extranjera. Una salida “a la Yugoslava”, en definitiva.
Por eso es que, a mi entender, la iniciativa del Presidente boliviano debe completarse con el diseño de políticas públicas unitarias en materia de seguridad humana, para todas las naciones aliadas del Continente. Con estrategias comunes democráticas, tolerantes, garantistas y de mínimo voltaje punitivo, para abortar cualquier espiral de violencia al que, sin ninguna duda, van a recurrir las derechas latinoamericanas. 

Más sobre este tema en http://127.0.0.1/wordpress/2013/08/13/hacia-una-politica-de-seguridad-y/