Hace unos días me entrevistó la emisora bahiense "FM De la Calle", requiriendo mi punto de vista sobre el genocidio ruandés. Replico mi intervención en la nota, publicada también en http://juiciobahiablanca.wordpress.com/author/efemedelacalle/
“El genocidio de Ruanda es un supuesto muy puntual de construcción de lo que se denomina sociológicamente una otredad negativa. Es decir, encontrar en el otro, en el diferente, en el distinto, una suerte de vórtice capaz de resumir todos los males de una determinada sociedad que termina siendo luego la perpetradora de este tipo de masacre y produce fenómenos que son destinados a lo que normalmente conocemos como el negacionismo posterior a las prácticas sociales genocidas”, dijo Aguirre en FM De la Calle.
En Ruanda la revista Kangura y la Radio Televisión Libre  de las Mil Colinas “tuvieron una prédica capaz de instalar la idea de una otredad negativa y también una suerte de penetración cultural sostenida y orgánica destinada a acentuar los rasgos de persecución de estos grupos sociales victimizados”.
“Luego, esto es lógico, tratar de legitimarlos, justificarlos o de alguna manera invisibilizarlos. Estos tres hechos en criminología son denominados ‘técnicas de neutralización’. Son prácticas que hacen en general muchos delincuentes, minimizar el hecho cometido, suponer que no cometieron delitos, decir que la culpa la tiene el juez o el fiscal que los persigue, realizar en definitiva este negacionismo de la práctica genocida”, agregó el abogado.
Aguirre publicó en esta nota de su blog un resumen de su segunda tesis doctoral que hace un año defendió en la Universidad de Sevilla donde aborda el tema del genocidio y los delitos de lesa humanidad y dedica un apartado a lo sucedido en Ruanda.



-¿Se lo interpreta como acción psicológica?
Se lo interpreta como acción psicológica pero también como una clara instigación sin la cual probablemente el genocidio no se hubiera podido concretar en Ruanda. Y sucede en un contexto internacional donde las grandes potencias e inclusive la potencia colonial realmente se habían corrido de la escena, había una ausencia de esos estados y de la propia comunidad internacional.
Cien días donde mueren cientos de miles de personas pasaron absolutamente invisibilizados porque hubo una prédica tendiente a la invisibilización y naturalización del conflicto, de la prédica y de la práctica. Pero el rol fue muy importante y justamente fueron por eso las consecuencias que hubo desde el punto de vista criminal.
-¿Cómo era el impacto y alcance de los medios juzgados en la población?
Hay que contextualizarlo y hay que historizarlo. Se trata de un país africano, con variables sociales muy extremas, obviamente con un alcance a la tecnología muy limitado. Por eso es que una radio y un periódico adquieren semejante nivel de influencia, porque prácticamente tenían también el monopolio de la información.
-¿Cuál fue la acusación puntual?
Es una acusación que parte de la base de que sin la prédica de este tipo de medios de comunicación y de estos editores el genocidio probablemente no se hubiera perpetrado o al menos no se hubiera producido un proceso de naturalización o de neutralización que implica, en definitiva, un negacionismo de las características que tuvo.
En este caso concreto la prensa tuvo un rol que tendremos que discutir después si se trata o se trató de una participación necesaria, de algún otro nivel de complicidad, de una instigación, etcétera. Pero desde el punto de vista cultural y de la potencia que tenían estos medios de comunicación en ese contexto y en ese momento histórico es indudable que se acercaban a algo que no tiene nada que ver con la libertad de expresión y que por supuesto son absolutamente reprochables por el derecho.
-¿Fue la libertad de expresión argumento de la defensa de los medios en el proceso judicial?
De ninguna manera se pensó que eso podía ser defensa de la libertad de expresión. La incitación a la comisión de un proceso de aniquilamiento de centenares de miles de personas que se acredita en lo que tiene que ver con la participación de estos sectores, de ninguna manera puede ser tomado como un ejercicio de un derecho porque lo que se está incitando es al mayor crimen que reconoce el ordenamiento jurídico internacional.
-¿Este caso y el de Núremberg son los únicos antecedentes de la participación de medios en genocidios?
Son los únicos casos de participación judicializados o criminalizados. A mí no me quedan dudas, de ninguna manera, de que en otros casos de genocidios incluso sectores de la gran prensa internacional -sobre todo occidental- tuvieron una responsabilidad enorme para presentar verdaderos genocidios como luchas intestinas o como procesos de liberación o como la primavera de determinados países contemporáneamente en el oriente y medio oriente, una primavera supuestamente democrática.
-¿Cómo analiza en el caso argentino la relación entre los medios y los genocidas?
Creo que hay distintos niveles de complicidad, distintos niveles de vinculación y de incidencia pero hay bibliografía que da cuenta de que hasta revistas infantiles estaban involucradas en una prédica tendiente a convalidar y legitimar el golpe de Estado y el genocidio posterior. En este momento tengo en la memoria la revista Billiken que está mencionada por investigadores prestigiosos que han trabajado en ese tema. Había un grado de tendenciosidad en la exhibición de los conflictos sociales que no era de ninguna manera casual y que tenían una potencia para soslayar un proceso de aniquilamiento de miles de ciudadanos.
-¿Qué recepción puede tener la jurisprudencia del caso de Ruanda en las causas de nuestro país?
En rigor esto va a depender de una toma de posición frente al conflicto que tengan los actores judiciales en un momento muy particular de la justicia argentina. El poder judicial en todo el país es el menos democrático de los poderes y estamos en un contexto donde se está tendiendo precisamente a obtener estándares de democratización compatibles con una justicia de un estado constitucional de derecho.
Pero también es cierto que algunas crónicas de las décadas del ’80 y del ’90 daban cuenta que doce años después de haberse arribado a la democracia en 1983 muchos ex funcionarios, jueces, fiscales de la dictadura seguían en sus cargos. Y si no siguen hoy en muchos casos es por una cuestión biológica o porque se han acogido a beneficios jubilatorios pero también siguen existiendo y esas perspectivas ideológicas influyen a la hora de la toma de decisión.

     “Que les claven las orejas a un árbol y se las corten, y los expulsen del país; y si después de eso se les vuelve a encontrar, que les ahorquen…a todos los de ese pueblo holgazán, que se hace llamar egiptano[1].
     “Nicolas Sarkozy no logró ayer disipar el malestar creado por su política y por sus comentarios. Cuando Sarkozy evocó las palabras de Viviane Reding, dijo que, si tanto le interesaban los gitanos, no tenía más que recibirlos en Luxemburgo (el país de Reding)[2].


Los gitanos  fueron uno de los grupos nacionales europeos que más dramáticamente sufrieron el proceso de persecución del nazismo, que culminó con un aniquilamiento sistemático, mayoritariamente llevado a cabo, con llamativa crueldad, entre 1939 y 1945.
El aniquilamiento del pueblo roma constituye una de las prácticas sociales genocidas emblemáticas de la modernidad, llevada a cabo contra una nación sin Estado, tal como se reconoce en la actualidad a una multiplicidad de minorías diseminadas en el planisferio, el que ha sido  generalmente silenciado u olvidado.
El genocidio, también en este caso, reprodujo el destino procesual de otras matanzas, que comienza de manera recurrente con la construcción de una otredad negativa, continúa con el hostigamiento, se concreta con el exterminio y culmina con la negación y la construcción de relatos justificantes, a los que anteriormente hemos denominado técnicas o ejercicios de neutralización.
La otredad negativa, asignaba a los roma características tales como inferioridad racial, una cultura basada en prácticas primitivas, la propensión sistemática a la comisión de delitos, y la supuesta imposibilidad de “incorporarlos a una sociedad normal”.
En realidad, la estimulación de esta mirada discriminatoria y las consecuentes prácticas de control y persecución respecto del pueblo zíngaro viene de antigua data y  subsiste hasta la actualidad, expresadas ahora en incendios de poblados y propiedades, desalojos, expulsiones, discriminación de niños gitanos en las escuelas y retóricas xenófobas y racistas, acordes con la desesperación en que la crisis sistémica sumerge a vastos sectores de las sociedades europeas[3].
Es bueno recordar las analogías entre las históricas prácticas de aniquilamiento y las conductas persecutorias de las que siguen siendo víctimas los gitanos en pleno siglo XXI.
Las primeras leyes anti rom son dictadas en 1526 en Holanda y Portugal. En 1539, se prohibe su residencia en Francia. En 1547, en Inglaterra, se instituye la captura de los gitanos y se los esclaviza. Entre 1496 y 1498 son declarados traidores al cristianismo y espías de los turcos en Landau y Freiburg. En 1499, una ley española proscribe el nomadismo[4].
En 1568, el Papa Pío V ordenó la expulsión masiva de gypsies de los dominios de la Iglesia Católica. En 1578 se decreta su expulsión de Polonia. En 1616 una cédula de Felipe II dispuso la expulsión de los gitanos de España, la que deberían hacer efectiva en un plazo perentorio de seis meses[5].
En 1657 se los expulsa de Milan. Lo propio había ocurrido en Suecia en 1662. En 1725, Federico Guillermo I amenazó con ahorcar  a los roma,  en caso de que éstos ingresaran en territorio imperial. En 1727, se prohíbe a los gitanos estacionarse en Suiza. Las crónicas de 1782, por ejemplo, relatan que en pleno imperio de los Habsburgo se llevó a cabo un horrendo proceso en el que, por medio de torturas, se obtuvo la confesión de un numeroso grupo  de gitanos, acusados de robos, asesinatos y antropofagia, práctica ésta que la mitología occidental adjudica a los roma, y que existe todavía en el imaginario postmoderno.
Aquel “juicio”, como era de esperar, culminó con la ejecución de varias decenas de gitanos. Posteriormente, una comisión enviada por el emperador José II comprobó que nadie había muerto, salvo los propios enjuiciados, a pesar de lo cual toda Europa estaba escandalizada por los relatos que fabulaban negativamente sobre los gitanos, en especial respecto de sus ya mencionadas prácticas antropofágicas[6].
A principios de 1800, la caza de gitanos se transforma en un deporte popular en Alemania. Los prejuicios siempre fueron los mismos: su condición trashumante, los supuestos delitos contra la propiedad que cometían, las acusaciones de quiromancia y brujería, el robo de niños, la antropofagia, la holgazanería, etc.[7]
Los prejuicios y estereotipos han sido siempre elementales, generalmente falsos, transmitidos de generación en generación y absolutamente resistentes al cambio, implicando falsas imágenes o identidades negativas respecto del grupo desvalorizado, que persisten todavía en las perspectivas más reaccionarias y conservadoras.
Autores que han estudiado detalladamente la cultura y la historia gitana, al analizar las características y condiciones de la niñez en estos grupos, han dejado escrito: “Los niños crecen en entera libertad, en las inmediaciones del campamento. Danza, equitación, lucha y otros juegos constituyen lo esencial de la educación de los varones, junto con el estudio del violín y elementos del oficio familiar; a lo que se añade el adiestramiento en el hurto, no menos necesario para la vida material de la familia. Las doncellas se inician en las tareas domésticas, en la mendicidad y en la quiromancia”[8].
Estas narrativas, cargadas de prejuicios,  omiten algunas consideraciones históricas y culturales de los roma, superadoras de los grandes mitos basados en un racismo elemental (racismo que, como lo señala Foucault, en las sociedades de normalización constituyen ni más ni menos que la condición o el pretexto que autoriza el homicidio)[9].
Por ejemplo, que una  de las infracciones que con mayor asiduidad cometen los gitanos están constituidas por delitos menores contra la propiedad, generalmente sin violencia y en situaciones de extrema necesidad; algo así como lo que el Derecho occidental califica como hurto famélico.
Según Alberto Sarramone, “la recolección de los productor naturales es seguramente el origen del hurto sistemático que practican algunos gitanos. Acostumbrados a recoger a su paso cuanto sea comestible, los nómades no tuvieron conciencia de que hurtaban los bienes del prójimo. ¿Quién es el prójimo sino el Creador? Los frutos de la tierra pertenecen a todos los hombres. Evidentemente, al entrar en contacto con nuestras civilizaciones basadas en la propiedad individual, el gitano ha comprendido que su acción era vituperable. Pero es notable que el término ciorav (pronunciado churav, y adoptado por el argot francés bajo la forma de chouraver) signifique “tomar”, y sólo por extensión, “robar”[10].
Esto permite articular algunas conclusiones, por cierto que alejadas de los prejuicios racistas legitimantes de las persecuciones y el exterminio.
En primer lugar, que el nomadismo es un elemento cultural que provoca un instintivo rechazo en las sociedades y la cultura capitalistas. El asentamiento de las civilizaciones sedentarias, y particularmente de las urbanas, supone formas de intercambio y relaciones económicas con clientelas estables, lo que genera mecanismos de control informales que antecedieron a la ley escrita y que, una vez sustituidas por las mismas, operaron igualmente como  elementos de control social informales. Los nómades carecen de estos límites: “El nomadismo de los roma está ligado a una muy larga historia, y lenta evolución. El nomadismo es un modo de producción económica que se sostiene en una organización social particular. El mismo, que pone a las gentes a desplazarse hacia una clientela que no tiene la necesidad de ser permanente, es factible de mantenerse hoy todavía sin necesariamente mover a los miembros de la familia. La economía gitana está ligada a un contacto permanente entre la gente que produce y la que compra, entre los actores económicos y los clientes de esos actores. En los países subdesarrollados, los gitanos han mantenido el nomadismo durante siglos porque no tuvieron jamás concurrencia en su forma de comerciar o de brindar servicios a una clientela que no los necesitaba continuamente, constituyendo un nicho económico muy particular”[11].
Al ubicárselos “por fuera del contrato social”, se los sindica como extraños, como “enemigos”, incapaces de adaptarse a las nuevas normas “civilizatorias” del capitalismo. Esa supuesta anomia incluye desde sus usos y costumbres hasta la exageración de su permanente vocación de transgredir las normas legales y una aparente tendencia a la desformalización de las operaciones y transacciones económicas.
La pregunta que debemos hacernos respecto de los gitanos, entonces, es la misma que formulan las teorías del control en materia criminológica. En vez de indagar “por qué delinquen” (cuando lo hacen, generalmente cometiendo hurtos simples, como ya vimos), sino “por qué no lo harían”.
Ello así,  dado que no tienen lazos de convivencia consistentes y perdurables con el mundo extraño a su grupo, por ende no tienen “nada que perder” en materia de prestigio y conocimiento de los otros, porque no les resulta necesario conservar a determinados clientes ya que su estadía en cada lugar será efímera,  y carecen históricamente de una autoridad central que imponga el “orden”, como por el contrario ocurre en las sociedades estaduales.
En definitiva, que los estereotipos que se utilizaron históricamente respecto del pueblo gitano, encubren en realidad un rechazo a una supuesta deficiencia en su adaptación a las lógicas del “buen capitalismo”, del contrato social y del homo economicus.
Se ha ignorado intencionadamente su condición de nación sin Estado, y la diversidad cultural de su grupo.
Una actitud de verdadera tolerancia a esa diversidad, compatible con el pluralismo de una democracia participativa e integradora, hubiera permitido constatar al interior de esa nación, una escala de valores propios y formas ancestrales endogámicas de respeto y reproducción de los mismos, sistemas de creencias particulares, formas de resolución de conflictos caracterizadas por lógicas composicionales, un mundo normativo autónomo y una autoridad jurisdiccional (la kriss), cuya finalidad esencial, en concordancia con la visión gitana de la justicia, supone “poner en armonía ” (ese objetivo de la justicia la explican con la voz alemana harmonieren, derivada, hasta donde se conoce, del término hermandad) la situación afectada por el diferendo.
La kriss  remite a una asamblea o consejo de ancianos que dirime los conflictos entre dos miembros de la misma tribu, o entre tribus distintas. Luego de escuchar a las partes, la kriss decide de manera irrecurrible[12].
Generalmente, resuelve la reconciliación de las partes delante de todos los miembros de la comunidad. Las penas dictadas generalmente son multas, aunque en caso de faltas consideradas graves-infidelidades conyugales, traición al grupo o ultrajes a los muertos, que entre los gitanos poseen una significación especial- es probable que se decreten la exclusión absoluta de la tribu o el destierro del ofensor[13].
Rara vez los gitanos se someten a la justicia ordinaria de las distintas naciones, a las que encuentran excesivamente formalista, lenta, cara, e incapaz de resolver los conflictos[14].
Por ende, resulta claro que no es que entre los gitanos reine una suerte de anomia o caos, un irrespeto absoluto por toda norma, sino que lo que existe son formas jurídicas también productoras de verdad, pero diferentes a las prácticas y las lógicas jurídicas occidentales, tal como ocurre con muchas otras minorías (hemos analizado en ese sentido, la situación de la nación mapuche que, dicho sea de paso, permite establecer ciertas similitudes y paralelismo con las prácticas jurídicas ancestrales de los roma).
Cuando Hitler llegó al poder mediante elecciones en 1933, Alemania ya tenía una definida tendencia, en sus normas legales, hacia el disciplinamiento y control de los roma[15].
No obstante, esa normativa discriminatoria no fue suficiente para el nazismo. Georg Nawrocki escribió en agosto de 1937 en el Hamburger Tageblatt: “Fue la persistencia de la debilidad y mendacidad internas de la República de Weimar las que le hicieron demostrar su falta de instinto para enfrentarse a la cuestión gitana. Para ella, los sinti eran un asunto criminal como mucho. Nosotros, por otro lado, consideramos la cuestión gitana sobre todo como un problema racial, que debe resolverse y que está siendo resuelto”[16].
En razón de un proceso continuo de  estigmatización de la identidad gitana, durante la ocupación alemana de Europa se autorizó y se puso en práctica un mecanismo de exterminio que en un primer momento supuso una tarea constante de hostigamiento y debilitamiento del grupo de víctimas, y luego pasó directamente al secuestro institucional, los trabajos forzados y, finalmente, la masacre. Primaba la idea de que se trataba de “vidas que no merecen vida”[17].
Como se observa, el caldo de cultivo de una cultura genocida siempre se produce en un contexto político  en el que se desboca el poder punitivo, se crea de manera paranoica un enemigo y se construye un derecho penal antidemocrático, de emergencia o excepción, que termina legitimando las peores masacres.
A la multitud de muertos que los gitanos debieron soportar en los territorios de Europa Central y Oriental ocupados por los nazis, deben sumarse los que murieron en tránsito hacia los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau, Chelmno, Belzec, Sobibor, y Treblinka[18].
Los nazis también encarcelaron a miles de roma en los campos de concentración de Bergen-Belsen, Sachsenhausen, Buchenwald, Dachau, Mauthausen, y Ravensbrueck. Entre abril y mayo de 1940, casi tres mil gitanos fueron deportados a Polonia, sometidos a una hambruna sistemática y condiciones de vida ultrajantes, la mayoría de los cuales sucumbió como consecuencia de las condiciones inhumanas de trabajos forzados a las que eran sometidos[19].
Alrededor de 5000  fueron concentrados en un área específica  del ghetto de Lodz. Los que consiguieron sobrevivir a las horribles condiciones de encierro, fueron posteriormente trasladados al campo al campo de exterminio de Chelmno, donde fueron asesinados en masa mediante la utilización de las emanaciones de gas de los camiones en que eran conducidos. Mientras se preparaba su futura deportación de Alemania, miles de gitanos fueron encerrados en campos ubicados en las afuera de las ciudades (Zigeunerlager), custodiados por las temibles SS[20].
Al suspenderse en 1940 las deportaciones, los roma secuestrados debieron permanecer en esos ámbitos de encierro durante mucho tiempo, donde morían de a cientos por las condiciones degradantes de alojamiento. La presencia de estos campos, lejos de ser repudiada, llevó a que los vecinos alemanas reclamaran la pronta deportación de los roma, para intentar de esa manera preservar la moralidad y la seguridad pública que creían amenazada. En rigor, una creciente y sostenida legislación racista, anterior al III Reich, legitimaba estas percepciones e intuiciones regresivas[21].
En enero de 1940 se tiene la matanza en masa del pueblo gitano: 250 niños son utilizados como conejillos de indias, para experimentos científicos en el campo de Buchenwald. El 1° de agosto de 1944 durante las primeras horas, 4000 gitanos son asfixiados e incinerados en Auzchwitz - Birkenau, en un episodio que se recuerda como " la noche de los gitanos" (Zigeunernacht), Ian Hannock calcula que al termino de la Segunda Guerra Mundial entre un 70% y un 80% de la población gitana había sido aniquilada por los nazi, pasó mas de medio millón de personas, “comienza el olvido”[22].
En 1942, Himmler ordenó la deportación de todos los gitanos de Alemania, que fueron  conducidos a Auschwitz, y encerrados en un campo establecido especialmente para ellos en Auschwitz-Birkenau, el denominado “campo de las familias gitanas”[23]. En ese contexto de encierro, cundían enfermedades tales como tifus, viruela, y disentería, que, ya epidémicas, arrasaron con la población roma hacinada en el campo.
En las áreas de Europa ocupadas por los alemanes, el destino de los roma variaba de país a país, dependiendo de las circunstancias locales, pese a lo cual, en general, eran encarcelados para luego ser transportados a Alemania o Polonia para hacer trabajos forzados o lisa y llanamente exterminados.
Muchos roma de Polonia, Holanda, Hungría, Italia, Yugoslavia, y Albania fueron fusilados o deportados a los campos de exterminio y asesinados. En los estados bálticos y las áreas de la Unión Soviética ocupadas por los alemanes, los Einsatzgruppen (equipos móviles de matanza) mataban roma al mismo tiempo que mataban a los judíos y los lideres comunistas. Miles de hombres, mujeres, y niños romani murieron en estas acciones. Igualmente, muchos roma fueron fusilados junto con los judíos en Babi Yar, cerca de Kiev[24].
También Francia puso en práctica, incluso antes de la guerra, medidas discriminatorias contra los gitanos, que se mantienen hasta la fecha, en lo que parece ser el sino distintivo de un karma romani.
El gobierno conservador de Sarkozy ha anunciado, a través de una circular del Ministerio del Interior, emitida con fecha del 5 de agosto de 2010, que ordenaba de forma expresa a su policía que desmantelara los campos de gitanos en su territorio.  Esta postura marca una clara contradicción de un país central, preocupado por superar el negacionismo del genocidio armenio a manos de los turcos, pero a su vez enfrascado en la construcción de una otredad negativa respecto de los gitanos.
La Comisión Europea, de inmediato, anunció la apertura de un procedimiento de infracción contra Francia por discriminación, al haber comprobado que en la decisión oficial existía un claro caso de discriminación al centrarse exclusivamente en la etnia como objeto de la medida segregativa. La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, ya ha expresado que “la discriminación por etnia o raza no tiene lugar en Europa y es incompatible con los valores de la UE”[25].
Las deportaciones de  roma desde la Francia ocupada comenzaron a fines de 1941. Pero en la zona francesa no ocupada, las agencias de control del gobierno de Vichy también encerraron a más de 3000 miembros de este grupo, que en ambos casos terminaron siendo conducidos a campos de concentración[26].
Si bien los rumanos, aliados a la Alemania hitleriana no llevaron a cabo una política sistemática de eliminación de gitanos, no es menos cierto que en 1941 más de 25.000 de ellos fueron expulsados del área de Budapest donde vivían, y fueron deportados a las regiones de Ucrania ocupada por los rumanos, donde se registraron miles de muertos gitanos como consecuencia del hambre, las enfermedades y los tratos inhumanos y degradantes[27].
En Hungría, los alemanes mataron en un solo día a más de tres mil roma a orillas del río Danubio, exterminio que los miembros del grupo agredido conmemoran todos los días 1º a la vera del mítico río.
En Croacia, los Ustashas (fuerza de choque militarizadas fascistas pro alemanas), mataron una cantidad estimada en 26.000 romaníes[28].
En Serbia, los alemanes introdujeron una legislación basada en la discriminación racial análoga a la que habían impuesto en otros territorios ocupados. Los gitanos corrían en Yugoslavia la misma suerte que los judíos: tenían expresamente prohibido ejercer profesión alguna[29].
Al tratarse de un genocidio groseramente invisibilizado, no hay cifras ciertas acerca de la cantidad de gitanos aniquilados por las potencias del eje. Se estima, no obstante, que entre el 25 y el 50% de la población zíngara de Europa fue asesinada durante esos años[30].
De lo que no parece haber dudas razonables, es que el aniquilamiento de los gitanos durante la segunda guerra significó, efectivamente, una práctica social genocida.
En primer lugar, porque el exterminio se produjo respecto de un grupo racial absoluta y explícitamente determinado a priori por los perpetradores. Es más, los holocaustos gitano y judío constituyen dos casos testigos de genocidio de un llamativo paralelismo.
En los dos supuestos, existieron prejuicios raciales expresamente referidos como integrando una ideología segretativa tendiente a la eliminación de ambos grupos nacionales y étnicos.
A mayor abundamiento, se dan en el genocidio gitano todos y cada uno de los requisitos que hemos relevado, y que ayudan a construir la noción de práctica genocida.
A partir de la construcción de una otredad negativa, que en el caso gitano arrastraba una sedimentación prejuiciosa y persecutoria que duró siglos, se produjeron luego actos de hostigamiento psíquico y físico, que concluyeron en el exterminio propiamente dicho y la ulterior tentativa de negación o justificación de la matanza por parte de los perpetradores.
En las gramáticas de estos últimos, además, estaba explícita la intencionalidad de destruir las prácticas sociales preexistentes al interior de una nación sin Estado y sustituirlas por otras prácticas, valoradas desde la mirada etnocéntrica y el unidemensionalismo valorativo autoritario y racista del agresor.
Algo demasiado parecido a lo que relatan las últimas crónicas periodísticas


[1]  Ley escocesa contra el vagabundaje, de 1576.
[2] “Pelea por los gitanos”, Edición del Diario Pagina 12, de Buenos Aires, del día 17 de septiembre de 2010.
[4] Sarramone, Alberto: “Gitanos. Historia, costumbres, misterio y rechazo”, Editorial Biblos Azul, Buenos Aires, 2007, p. 24. Curiosamente, Francia acaba de aprobar  la ley que criminaliza la negación del genocidio armenio y que entrará en vigor dentro de dos semanas, ante la indignación explícita del gobierno turco. Según la nueva legislación, aquel que niegue que la matanza de armenios en 1915 a manos del Imperio Otomano fue un genocidio, será penado con un año de cárcel o una multa de 45.000 euros. Para los franceses se trata de una ley contra el negacionismo. Para los turcos es un ataque directo a su país y una injerencia en su historia, que según la versión oficial, niega que las matanzas fueran organizadas sino fruto de una confrontación en el marco de la I Guerra Mundial (edición del Diario El País de Madrid del 24 de enero de 2011).
[5] Pinto,  Yohann; Mata, Aquilino: “Un olvido imperdonable. El genocidio gitano a manos del poder nazi”, que se encuentra disponible en  http://www.mundogitano.net/index.php/multimedia/documentos/462--un-olvido-imperdonable-el-genocidio-gitano-a-manos-del-poder-nazi.html

[6] Sarramone, Alberto: “Gitanos. Historia, costumbres, misterio y rechazo”, Editorial Biblos Azul, Buenos Aires, 2007, p. 52.
[7] Sarramone, Alberto: “Gitanos. Historia, costumbres, misterio y rechazo”, Editorial Biblos Azul, Buenos Aires, 2007, p. 25.
[8] Bloch, J.: “Los gitanos”, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1968, p. 88.
[9] Foucault, Michel: “Genealogía del racismo”,  Editorial Altamira, La Plata, 1996, p. 207.
[10] Sarramone, Alberto: “Gitanos. Historia, costumbres, misterio y rechazo”, Editorial Biblos Azul, Buenos Aires, 2007, p. 250.
[11] Sarramone, Alberto: “Gitanos. Historia, costumbres, misterio y rechazo”, Editorial Biblos Azul, Buenos Aires, 2007, pp. 144 y 145.
[12] Bloch, J: “Los gitanos”, Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1962, p. 127.
[13] Bloch, J: “Los gitanos”, Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1962, p. 127.
[14] Bloch, J: “Los gitanos”, Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1962, p. 127. Esta potencialidad autóctona, lamentablemente, no ha sido valorada en su capacidad para apelar fórmulas de justicia composicional para la resolución de determinados conflictos.
[15] “El genocidio gitano-Porrajmos”, disponible en http://memoriagitana.wordpress.com/2010/07/07/el-genocidio-gitano-%e2%80%93-porrajmos/
[16] Fraser, Angus: “Los Gitanos”, Editorial Ariel, 2005, traducido del alemán en R. Vossen (1983): Zigeuner, p.70, Frankfurt del Main
[17] El concepto guarda una clara similitud con el título del libro de Karl Binding y Alfred Hoche “La licencia para la aniquilación de la vida sin valor de vida”, publicado en Alemania en 1920/22 bajo el título “Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Mass und Ihre Form” (reeditado en 2006, con prólogo de Wolfgang Naucke, por la Berliner Wissenschaftsverlag), “(que) es conocido y citado frecuentemente como un antecedente inmediato de las medidas eutanásicas que quince años más tarde se llevaron a cabo por médicos de algunos Hospitales alemanes especialmente autorizados por Hitler para eliminar enfermos mentales irrecuperables o terminales, lo que costó la vida, según los cálculos que Zaffaroni maneja, a unos 200.000 pacientes clasificados de esta manera”: vid. Muñoz Conde, Francisco: “El penalismo olvidado”, Comentarios a Filippo Grispigni / Emund Mezger, La reforma penal nacional-socialista, y a Karl Binding / Alfred Hoche, La licencia para la aniquilación de la vida sin valor de vida, Colección El penalismo olvidado, Director Eugenio Raúl Zaffaroni, editorial Ediar, Buenos Aires, 2009, disponible en www.derecho-a-replica.blogspot.com.
[18] “El genocidio de los roma europeos (gitanos), 1939-1945”, que se encuentra disponible en www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10006054.
[19] “El genocidio de los roma europeos (gitanos), 1939-1945”, que se encuentra disponible en www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10006054.
[20] “El genocidio de los roma europeos (gitanos), 1939-1945”, que se encuentra disponible en www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10006054.
[21] “El genocidio de los roma europeos (gitanos), 1939-1945”, que se encuentra disponible en www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10006054.
[22] Pinto,  Yohann; Mata, Aquilino: “Un olvido imperdonable. El genocidio gitano a manos del poder nazi”, que se encuentra disponible en  http://www.mundogitano.net/index.php/multimedia/documentos/462--un-olvido-imperdonable-el-genocidio-gitano-a-manos-del-poder-nazi.html
[23] “El genocidio de los roma europeos (gitanos), 1939-1945”, disponible en www.ushmm.org/ wlc/es/article.php?ModuleId=10006054.
[24] “El genocidio de los roma europeos (gitanos), 1939-1945”, disponible en www.ushmm.org/ wlc/es/article.php?ModuleId=10006054.
[25] http://www.lavanguardia.com/internacional/20100914/54003998612/bruselas-expedientara-a-francia-por-discriminacion-en-las-expulsiones-de-gitanos.html
[26] “El genocidio de los roma europeos (gitanos), 1939-1945”, disponible en www.ushmm.org/ wlc/es/article.php?ModuleId=10006054.
[27] “El genocidio de los roma europeos (gitanos), 1939-1945”, disponible en www.ushmm.org/ wlc/es/article.php?ModuleId=10006054.
[28] “El genocidio de los roma europeos (gitanos), 1939-1945”, disponible en www.ushmm.org/ wlc/es/article.php?ModuleId=10006054.
[29] LEMKIN, Raphael: “El dominio del Eje en la Europa ocupada, Prometeo, Buenos Aires, 2009, p. 378.
[30] “El genocidio de los roma europeos (gitanos), 1939-1945”, disponible en www.ushmm.org/ wlc/es/article.php?ModuleId=10006054.

ACLARACIÓN: LA FOTOGRAFÍA QUE ILUSTRA EL ARTÍCULO ES ORIGINARIA DE DIARIO OCTUBRE (www.diario-octubre.com)


La influencia decisiva que la obra y el pensamiento del Profesor Alessandro Baratta han ejercido en el ámbito de la criminología, pese a que “nació y murió como un filósofo del derecho penal” y no tanto como un criminólogo[1] dificulta la posibilidad de su  síntesis, a menos que la misma se haga desde una perspectiva holística, conceptual, abarcativa del armónico anclaje que ese discurso ha logrado, por ejemplo, en la realidad objetiva de la región[2], a partir de sus tesis fundamentales.
Baratta postula, inicialmente, una sociología jurídico-penal que permita el análisis del funcionamiento efectivo del sistema penal en las sociedades capitalistas avanzadas. Encuentra en la criminología crítica o “nueva criminología” el marco teórico adecuado para llevar a cabo esa labor analítica, que incluye tanto la perspectiva macrosociológica como microsociológica para el estudio y la interpretación de la denominada “conducta desviada”, a partir del abordaje preliminar de la discusión sobre la “autonomía” (las relaciones internas de la sociología jurídica frente a la sociología general) y  “libertad” (las relaciones externas de la sociología jurídica con la ciencia del derecho, la filosofía y la teoría del derecho) de la sociología jurídica. “Establecer las relaciones entre sociología, teoría y filosofía del derecho significa, pues, adoptar un convenio en el uso de estos tres términos en relación con el universo de discurso que denotan. Un posible modelo, bastante difundido en Italia y Alemania y frente al cual, sin embargo, no nos proponemos tomar posición en este breve ensayo, es el siguiente: el objeto de la sociología del derecho, como se ha visto, son los comportamientos, precisamente las tres categorías ya indicadas. La filosofía del derecho tiene por objeto los valores conexos a los sistemas normativos (y los problemas específicos del conocimiento de los valores jurídicos y de relación entre juicios de valor y juicios de hecho en el seno de la experiencia jurídica). La teoría del derecho tiene por objeto la estructura lógico semántica de las normas entendidas como proposiciones y los problemas específicos de las relaciones formales entre normas (validez de las normas; unidad, coherencia, plenitud del ordenamiento) y entre ordenamientos”[3].
De esta tríada conceptual –comportamientos, valores y estructura lógico semántica de las normas-, Baratta extrae sus conclusiones respecto de los intereses y bienes jurídicos que, en tanto valores, se incorporan como objeto de “protección” de las normas penales: “ En otras palabras, se define el Derecho penal como un instrumento que tutela los intereses vitales y fundamentales de las personas y de las sociedades; pero, al mismo tiempo, se definen como vitales y fundamentales los intereses que tradicionalmente son tomados en consideración por el derecho penal”[4].
La convivencia con este reduccionismo, constituye un verdadero clásico de la dogmática penal argentina. Empero, esta redundancia no puede considerarse azarosa en nuestro margen, ni supone solamente un yerro analítico. Por lo que el primer aporte de Baratta es decisivo en orden a estas cuestiones, precisamente porque es el punto de partida obligado para comprender desde su propia base un sistema deslegitimado por su selectividad, que coadyuva crucialmente a reproducir las asimetrías sociales del continente. Pero es también crucial para comprender ese objeto de contornos imprecisos, acaso inacabados, al que se denomina genéricamente “criminología crítica”.
Ese punto de partida se sostiene en la observación de la aptitud de algunos grupos sociales para producir determinadas normas y criminalizar –solamente- determinadas conductas y no otras, en la composición social de los sujetos criminalizados y, justamente, en el análisis de los bienes jurídicos que los mismos han afectado con sus conductas. Para eso es menester, también, advertir que el estado capitalista, amparado en la ficción contractualista, defiende solamente los intereses de algunos grupos o clases sociales, pese a que se proclame como el tutor de los intereses del conjunto social (lo que se denomina, “autonomía relativa del Estado”). Los datos estadísticos son elocuentes: más del 90% de los presos argentinos son pobres, y la mayoría de ellos está secuestrada institucionalmente por haber cometido delitos contra la propiedad (privada).
Como bien lo señalara Baratta, es difícil aceptar que esta realidad, de verificación empírica cotidiana, pueda ser el producto del consenso, y que toda la sociedad haya legitimado de manera aquiescente este mecanismo de control social formal y esta clientela habitual del sistema penal.
Antes bien, y por el contrario, pareciera que estamos frente a instrumentos coactivos sustentados en el “aislamiento extremadamente parcial y fragmentario de ámbitos susceptibles de ser ofendidos y de situaciones de ofensa a intereses o valores importantes”[5], donde la “importancia” de esos valores (en definitiva, los bienes jurídicos que consagra el legislador o el constitucionalista, según se prefiera) y el orden de prelación de su tutela responden a los intereses de las clases dominantes en un sistema capitalista apendicular y dependiente. O, si se lo prefiere, ante procesos sistemáticos y coherentes de criminalización primaria que tienden a cooptar a individuos vulnerables por infracciones de calle o de subsistencia (generalmente contra la propiedad, y a preservar de esa criminalización primaria a los sectores sociales dominantes, cuyas conductas antisociales son siempre compatibles con la lógica asimétrica del capitalismo tardío. “Basta pensar en la enorme proporción de los delitos contra el patrimonio en la tasa de la criminalidad, según resulta de la estadística judicial, especialmente si se prescinde de los delitos de tránsito. Pero la selección criminalizadora se da ya mediante diversa formulación técnica de las figuras delictivas penales, y el tipo de conexiones que ellas determinan con el mecanismo de las agravantes y de las atenuantes (es difícil, como se sabe, que se realice un hurto “no agravado”)[6].
En definitiva, es posible afirmar que el derecho penal expresa una tutela sesgada respecto de determinados bienes y determinadas personas, rompiendo de esta forma con el mito burgués de la “igualdad”, y poniendo fuertemente en crisis el sugestivo olvido respecto del proceso primario de criminalización.
No importa tanto aquí la connotación brutal inherente al sistema penal (que ha llevado a Christie a postular que los críticos debemos comportarnos como una suerte de militantes de Greenpeace frente al castigo institucional, de cualquier signo y frente a cualquier situación problemática), cuanto su condición intrínsecamente funcional a la reproducción de un determinado statu quo.
La más alta efectividad del control social formal se verifica así en aquellas formas de “desviación” que no son afines al sistema de producción capitalista. Fundamentalmente, los delitos contra la propiedad.
En definitiva, el objeto de esa tensión dinámica lo definió Baratta en sus justos términos, cuando, refiriéndose al crucial “mito de la igualdad” del Derecho Penal, planteaba si este ordenamiento protege igualmente a todos los ciudadanos contra los ataques u ofensas a bienes esenciales en cuya preservación están interesados todos los miembros de una comunidad; si la ley penal, a su vez, es igual para todos los autores de conductas socialmente reprochables, en términos de probabilidades de llegar a ser víctimas del proceso de criminalización estatal; o, por el contrario, si el derecho penal no defiende a todos los ciudadanos y todos los bienes esenciales, sino solamente a aquellos bienes que interesa al Estado/sistema autoconstatar y preservar, castigando con independencia y abstracción de la dañosidad social de las acciones y de la gravedad de las infracciones a la ley. Esta proposición pone en crisis nada más y nada menos que la concepción liberal de la universalidad del delito.
“No existe, entonces, un sistema de valores, o el sistema de valores, ante los cuales el individuo es libre de determinarse, siendo culpable la actitud de quienes, pudiendo, no se dejan “determinar por el valor”, como quiere una concepción antropológica de la culpabilidad, cara sobre todo a la doctrina penalista alemana (concepción normativa, concepción finalista). Al contrario, la estratificación y el pluralismo de los grupos sociales, así como las reacciones típicas de grupos socialmente excluidos del acceso pleno a los medios legítimos para la consecución de fines institucionales, dan lugar a un pluralismo de subgrupos culturales, algunos de ellos rígidamente cerrados ante el sistema institucional de los valores y de las normas, y caracterizados por valores, normas y modelos de comportamientos alternativos a aquél.
Sólo aparentemente radica en la disposición del sujeto escoger el sistema de valores al que adhiere. En realidad, son las condiciones sociales, la estructura y los mecanismos de comunicación y aprendizaje los que determinan la pertenencia de los individuos a lo subgrupos o subculturas, y las transmisión a ellos de valores, normas, modelos de comportamiento y técnicas aún ilegítimas”.
“No queremos introducirnos aquí en la espinosa y difícil cuestión de la relatividad del sistema de normas y de valores “receptado” por el sistema penal, de su relación con la “conciencia social”, de sus prerrogativas positivas (el bien) frente a los sistemas alternativos de valores y reglas, según se presentan y son aplicados en el ámbito de grupos restringidos (subculturas criminales). Bastará, sin embargo, invocar algunos datos relativos a la perspectiva sociológica en este orden de problemas. Son ellos, de ordinario, enfrentados por los juristas partiendo de una serie de presupuestos no meditados críticamente y no confirmados por análisis empíricos. Estos presupuestos son los siguientes: A) el sistema de valores y de modelos de comportamiento acogido por el sistema penal corresponde a valores y normas sociales que el legislador encuentra preconstituidas y que son aceptadas por la mayoría de los co-asociados; B) el sistema penal varía en conformidad con el sistema de valores y reglas sociales. La indicación sociológica muestra, en cambio, que: a) en el seno de la sociedad moderna hay, en correspondencia con su estructura pluralista y conflictiva, junto a los valores y reglas comunes, también valores y reglas específicos de grupos diversos o antagónicos; b) el derecho penal no refleja, en consecuencia,  sólo reglas y valores aceptados unánimemente por la sociedad , sino que selecciona entre valores y modelos alternativos, según los grupos sociales que en su elaboración (legislador) y en su aplicación (magistratura, policía, instituciones penitenciarias) tengan mayor peso. c) el sistema penal  conoce no sólo de valoraciones y normas conformes con las vigentes en la sociedad, sino también discordancias respecto de ellas; tal sistema acoge a veces valores presente en ciertos grupos o en ciertas áreas y negados por otros grupos y en otras áreas (piénsese en la persecución de delitos que no suscitan, o aún no suscitan, una reacción social apreciable: delitos económicos, delitos contra el medio ambiente) o retardos (piénsese en delitos frente a los cuales la reacción social no es ya apreciable, como ciertos delitos sexuales, el aborto, etc); d) en fin, una sociología historicista y crítica muestra la relatividad de todo sistema de valores y de reglas sociales en una cierta fase del desarrollo de la estructura social, de las relaciones sociales de producción y del antagonismo entre grupos sociales, y por esto también la relatividad del sistema de valores que son tutelados por las normas del derecho penal”.
“Para cada uno de estos mecanismos en particular, y para el proceso de criminalización tomado en su conjunto, el análisis teórico y una serie innumerable de investigaciones empíricas han llevado  la crítica del derecho penal a resultados que pueden condensarse en tres proposiciones, las cuales constituyen la negación del mito del derecho penal como derecho igual, es decir, del mito que está en la base de la ideología penal –hoy dominante- de la defensa social. El mito de la igualdad puede resumirse en las siguientes proposiciones: a) el derecho penal protege igualmente a todos los ciudadanos contra las ofensas a los bienes esenciales, en los cuales están interesados todos los ciudadanos (principio del interés social y del derecho natural); b) la ley penal es igual para todos, esto es, todos los autores de comportamientos antisociales y violadores de normas penalmente sancionadas tienen iguales oportunidades de llegar a ser sujetos, y con las mismas consecuencias, del proceso de criminalización (principio de igualdad). Exactamente opuestas son las proposiciones en que se resumen los resultados de la mencionada crítica: a) el derecho penal no defiende  todos  y sólo los bienes esenciales en que están interesados por igual todos los ciudadanos, y cuando castiga las ofensas a los bienes esenciales, lo hace con intensidad desigual y de modo parcial; b) la ley penal no es igual para todos, los estatus de criminal se distribuyen de modo desigual entre los individuos; c) el grado efectivo de tutela y la distribución del estatus de criminal es independiente de la peligrosidad social de las acciones y de las infracciones a la ley, en el sentido de que éstas no constituyen las variables principales de la reacción criminalizadora y de su intensidad. La crítica se dirige, por tanto, al mito del derecho penal como el derecho igual por excelencia. Esta crítica muestra que el derecho penal no es menos desigual que las otras ramas del derecho burgués, y que, antes bien, contrariamente a toda apariencia, es el derecho desigual por excelencia”.
Por lo que concierne a la selección de los bienes protegidos, y de los comportamientos lesivos, el “carácter fragmentario” del derecho penal pierde las ingenuas justificaciones basadas en la naturaleza de las cosas o en la identidad técnica de ciertas materias, y no de otras, para ser objeto del control penal. Estas justificaciones son de una ideología que cubre el hecho de que el derecho penal tiende a privilegiar los intereses de las clases dominantes y a inmunizar del proceso de criminalización comportamientos socialmente dañosos típicos de los individuos pertenecientes a ellas y ligados funcionalmente a la acumulación capitalista, y tiende a orientar el proceso de criminalización sobre todo hacia formas de desviación típicas de las clases subalternas”[7].
Los bienes jurídicos deben analizarse, entonces, en su correlación con el desarrollo de las relaciones económicas de una sociedad y de la consecuente autonomía relativa  de los “estados de derecho” neoliberales.
La realidad objetiva marca, siguiendo a Baratta, que el estado moderno puede operar sólo con una independencia o autonomía parcial respecto de los grupos sociales cuyos intereses representa. Esa autonomía permite al estado servir más eficazmente a esos grupos y  -además- proyectar la idea del contractualismo, según la cual desde el estado se tutelan los intereses y bienes de toda la sociedad de manera armónica y consensual. Esta es la clave del pensamiento criminológico crítico: los bienes jurídicos que tutela el derecho penal, en cuanto expresión de un interés de clase; la aptitud para decidir lo que está prohibido y lo que está permitido, que radica en manos de un sector hegemónico de las sociedades de clase, y la ficción contractualista que proclama para el estado de derecho neoliberal la representatividad supuesta del conjunto social.
Estos extremos, vinculados a comportamientos, valores y estructura lógico semántica de las normas, signan a los procesos de criminalización, y llevan a Baratta, y a buena parte de la criminología crítica -de la cual es un referente inexorable- a plantear el objetivo de un nuevo trazado político criminal, que atienda justamente a los intereses de las “clases subalternas”  desde una perspectiva materialista, para lo cual establece cuatro pautas esenciales[8].
En primer lugar, la necesidad de una interpretación por separado de los fenómenos de comportamiento “socialmente negativos” que se producen en las clases subalternas y de los que acontecen en las clases dominantes (delitos económicos, de cuello blanco, crimen organizado, etc.) “Los primeros son expresiones específicas de las contradicciones que caracterizan la dinámica de las relaciones de relación y distribución de una determinada fase de desarrollo de la formación económico social y, en la mayor parte de los casos, una respuesta individual y políticamente inadecuada a dichas contradicciones por parte de individuos socialmente desfavorecidos. Los segundos se estudian a la luz de la relación funcional que media entre procesos legales y procesos ilegales de la acumulación y de la circulación de capital, y entre estos procesos y la esfera política”[9]. En esta disyuntiva, distingue Baratta entre política penal y política criminal, en la que la primera resulta una respuesta a la cuestión criminal que se brinda desde el estado a través de sus agencias punitivas y la segunda deviene una política de transformación social e institucional. Una política criminal alternativa se nutriría básicamente de estos últimos instrumentos de que el derecho penal es la respuesta más inadecuada en términos de política criminal. “En tal virtud, una política criminal alternativa coherente con su propia base teórica no puede ser una política de “sustitutivos penales” que queden limitados en una perspectiva vagamente reformista y humanitaria,  sino una política de grandes reformas sociales e institucionales para el desarrollo de la igualdad, de la democracia, de formas de vida comunitaria y civil alternativas y más humanas, y del contrapoder proletario, en vista de la transformación radical y de la superación de las relaciones sociales de producción capitalistas”[10].
En segundo término, Baratta plantea que, de la crítica al derecho penal como derecho desigual se derivan algunos perfiles que merecen analizarse. Uno de ellos es el ensanchamiento de la base del derecho penal hacia campos de interés esencial para el conjunto de las sociedades, resignificando los sujetos y conductas criminalizados que deberían abarcar las conductas que afectan la salud, la seguridad en el trabajo, la ecología, etc. En suma,  la criminalidad económica, y el delito organizado. Sobre las derivaciones de este perfil, advierte que “aún en la perspectiva de de tal “uso alternativo” del derecho penal, es menester, sin embargo, cuidarse de sobrevalorar su idoneidad y dar, en cambio, la debida importancia, también en este campo, a medios alternativos y no menos rigurosos de control, que en muchos casos pueden revelarse muy eficaces. Además, es preciso evitar la caída en una política reformista y al mismo tiempo “pampenalista”, consistente en una simple expansión del derecho penal o en ajustes secundarios de su alcance; política que también podría confirmar la ideología de la defensa social y ulteriormente legitimar el sistema represivo tradicional tomado en su globalidad[11]. El recargado en negrillas me pertenece, frente a las múltiples evidencias y embates interesados, oportunistas, o simplemente brutales, que por derecha y por izquierda se abaten sobre las garantías constitucionales y procesales, so pretexto de que las mismas deben ceder frente a determinadas infracciones y determinados infractores, que inducen a error a jueces, abogados y operadores varios del sistema. Si bien no lo expresa, Baratta piensa en términos de “relación de fuerzas sociales”, que por cierto son dinámicas, cambiantes, y por ende un reforzamiento del poder punitivo nunca podría coincidir con los intereses de las mayorías populares, por más que factores de poder o grupos de presión se arroguen esa representatividad. Así es que, justamente, Baratta anuncia, en esta “segunda clave” un “segundo perfil”, al que estima todavía más importante que el primero, que consiste en una tarea estratégica de despenalización, “de contracción al máximo del sistema punitivo”. “La estrategia de la despenalización significa, asimismo, la sustitución de las sanciones penales por formas de control legal no estigmatizantes (sanciones administrativas o civiles) y, todavía más, el comienzo de otros procesos de socialización del control de la desviación y de privatización de los conflictos, en la hipótesis de que ello sea posible y oportuno. Mas, la estrategia de despenalización significa, sobre todo, como más adelante se verá, la apertura de mayores espacios de aceptación social de la desviación”[12], especialmente a través de instancias restaurativas en las que la “vergüenza reintegrativa” que postula Christie podrían configurar soluciones superadoreas y alternativas al castigo[13]. Esos mayores espacios de aceptación impactarían sobre la opinión pública y los procesos mediante la que ella se forma, en orden a los estereotipos de la criminalidad, la utilización de la “inseguridad” (en tanto posibilidad de ser víctima de un delito convencional) como forma de distanciamiento social y la retórica del “sentido común”, de cotidiana manipulación política. Volveremos, necesariamente, sobre este particular, en éste y otros capítulos de esta misma obra. Finalmente, también Baratta reclama (como no podía ser de otra manera), dentro de esta segunda clave, en términos de política criminal alternativa, “una reforma profunda del proceso,  de la organización judicial y de la policía, con el fin de democratizar estos sectores del aparato punitivo del estado, y para contrarrestar también de ese modo, aquellos factores de la criminalización selectiva que operan en esos niveles institucionales”[14].
En un tercer momento, postula Baratta la abolición de la cárcel, objetivo cuyo cumplimiento debe significar para la nueva criminología lo mismo que para la nueva psiquiatría el derribamiento de los muros manicomiales, proponiendo el ensanchamiento de medidas alternativas tales como la suspensión condicional de la pena, la libertad condicional, una nueva evaluación del trabajo en las prisiones
y una apertura de la cárcel hacia la sociedad. Confrontando con el “mito burgués” de la reeducación y la reinserción, redefine a estos paradigmas afirmando que “la verdadera reeducación  del condenado es aquella que transforma una reacción individual y egoísta en conciencia y acción política dentro del movimiento de la clase[15].
La cuarta -y última- de sus “claves”, toma en cuenta, con máxima consideración,  “la función de la opinión pública y de los procesos ideológicos y psicológicos que en ella se desenvuelven apoyando y legitimando el vigente derecho penal desigual”, porque aquella es “portadora de la ideología dominante que legitima el sistema penal, perpetuando una imagen ficticia de éste, dominada por el mito de la igualdad. Es además, en el nivel de la opinión pública (entendida en su acepción psicológico- social)  donde se desarrollan aquellos procesos de proyección de la culpa y del mal en que se realizan funciones simbólicas de la pena, analizadas particularmente por las teorías psicoanalíticas de la sociedad punitiva. Como éstas han mostrado, la pena actúa como elemento del integración del cuerpo social, produciendo sentimientos de unidad de todos aquellos que son sus espectadores, y realiza de esa manera una consolidación de las relaciones de poder existentes”.
“En la opinión pública se realizan, en fin, a través del efecto de los mass media y la imagen de la criminalidad que transmiten, procesos de inducción de la alarma social que en ciertos momentos de crisis del sistema de poder son manipulados directamente por las fuerzas políticas interesadas, en el curso de las llamadas campañas de “ley y orden”[16],  donde la “inseguridad” se instala prioritariamente en las agendas políticas en virtud de su fabulosa potencia cultural, reproduciendo las formas de dominación a través de la violencia punitiva a la que Baratta propone oponer una labor de crítica ideológica, de producción científica y de información.


[1] Conf. Pavarini, Massimo: “Para una crítica de la ideología penal”, en “Serta in memoriam Alexandri Baratta”, Ediciones Universidad de Salamanca, 2004, p. 130.
[2] Conf. Aguirre, Eduardo Luis: “Baratta y el bien jurídico penal”, en “Serta in memoriam Alexandri Baratta”, Ediciones Universidad de Salamanca, 2004, p. 149.
[3] Conf. Baratta, Alessandro: “Criminología crítica y crítica del derecho penal”, Editorial Siglo XXI, 1998,  México, p. 13.
[4] Conf. Baratta, Alessandro: “Funciones instrumentales y simbólicas del derecho penal. Lineamientos de una teoría del bien jurídico”, en “Revista brasileña de ciencias criminales”, número 5, p. 10.
[5] Conf. Baratta, Alessandro: “Criminología crítica y crítica del derecho penal”, Siglo XXI Editores, 1998, p. 338.
[6] Conf. Baratta, Alessandro: “Criminología crítica y crítica del derecho penal”, Siglo XXI Editores, 1998, p. 185.
[7] Conf. Baratta, Alessandro: “Criminología Crítica y crítica del derecho penal”, Siglo XXI Editores, 1998, p. 71, 73, 168, 169 y 171.
[8] Op. cit., p 209 y ss.
[9] Op. cit., p. 213.
[10] Op. cit., p. 214.
[11] Op. cit., 215.
[12] Op. cit., p. 215 y 216.
[13] Conf.Christie, Nils: “Una sensata cantidad de delito”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004,  p. 145.
[14] Op. cit., p. 216.
[15] Op. cit., p 217.
[16] Op. cit, p. 218.


     “La palabra constituye por lo tanto un desafío considerable. En primer lugar la de los sobrevivientes. Pero, más allá del testimonio de las víctimas, ¿podrá la sociedad reconstruirse sin que hablen todos, incluso los verdugos? Por ahora, la palabra de los genocidas está cautiva: tienen que salvar sus vidas, atenuar sus crímenes, proteger a sus familias. Ahora bien, “la memoria del verdugo forma parte de la memoria, estima José Kagabo, de origen ruandés, profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Durante las plegarias dominicales se intenta una aseptización colectiva de los acontecimientos mediante el intercambio. El diálogo es el único medio para volver a tejer los lazos sociales, reconstruir las ganas de volver a vivir juntos. Simon Gasiberege, profesor de psicología en la UNR, organiza en las colinas encuentros entre verdugos y víctimas, para que unos y otros puedan expresar su sufrimiento. Es una empresa de largo aliento. Los hutus son estigmatizados, mientras que los miembros de esa etnia que se mostraron favorables a una Ruanda unitaria figuraron entre las primeras víctimas. Hay que ir hacia una justicia conciliadora, opina Gasiberege. Además, al confesar sus crímenes, los torturadores pueden reconocer el dolor del otro. Todo sufrimiento necesita ser reconocido[1].

     Hace 19 años, el 4 de mayo de 1994, Butros Ghali, por entonces Secretario General de las Naciones Unidas, utilizaba por primera vez el término “Genocidio” para describir lo que estaba ocurriendo en Ruanda. Más allá de las particularidades de la masacre, el genocidio ruandés se caracterizó por la influencia inédita de los medios de comunicación en la construcción de una otredad negativa, en la invención de un enemigo interno al que resultaba legítimo aniquilar.
       La posibilidad de instalar en gran parte de la sociedad  discursos, narrativas, prácticas y lógicas compatibles con la eliminación del “diferente”, y su aceptación, en sustancia, fue un requisito sine qua non para que se pudiera llevar adelante un plan sistemático de extermino de nacionales en su propio territorio.
      Algo parecido había ocurrido durante el genocidio perpetrado por la última dictadura cívico militar en la Argentina. Hago esta breve disquisición sobre las relaciones de la propaganda y el genocidio   absolutamente comprobadas en la Argentina, y que ha producido en Ruanda el primer episodio que se recuerde de participación comprobada judicialmente de “periodistas” y empresarios de  medios de comunicación en el aniquilamiento, por la curiosa analogía entre ambas situaciones. Más allá de la mayor o menor sutileza en el manejo del lenguaje, las metáforas o los mensajes, los niveles de participación y complicidad no parecen diferenciarse, en ambos casos, en lo sustancial.

El genocidio de Ruanda ocurrió en apenas cien aciagos días, entre el 6 de abril y el 17 de julio de 1994. La mayoría de los crímenes se perpetraron durante las primeras cinco semanas, y por supuesto los registros sobre los mismos varían y son inciertos[2].
Se sabe que entre 500.000 y 1.000.000 de tutsis fueron masacrados en tan poco tiempo, y que hubo cientos de miles de ataques sexuales de increíble crueldad, en lo que constituyó una de las características distintivas de la terrible masacre  silenciada[3].
La matanza exhibe, no obstante, otra particularidad que debe ser advertida inicialmente, por su importancia decisiva en el conflicto, cual es la conducta intencionadamente omisiva de las grandes potencias mundiales (en especial los otrora países coloniales y los Estados Unidos), el fracaso de la ONU y la fatídica participación activa francesa que terminó siendo una de las precondiciones que más certeramente ayudan a comprender el exterminio[4].
De hecho, actores internacionales indudablemente poderosos optaron por omitir el término “genocidio” para aludir a la cuestión de Ruanda, en un intento reiterado -como hemos visto- de negación de este tipo de delitos.
Fue así que a los representantes del Departamento de Estado solamente les estaba permitido hablar únicamente de “actos de genocidio”[5], como manera de desfigurar la verdad histórica, de la que sobraban las evidencias, e intentar  atenuar la responsabilidad política norteamericana por no intervenir en la crisis de los grandes lagos, seguramente en razón del altísimo costo político recientemente pagado por la misión estadounidense en Somalia durante la administración Clinton.
Este es otro ejemplo de una de las continuidades que caracterizan a los genocidios y que Rita Kuyumciyan explora refiriéndose al caso armenio: la negación[6]. “¿Un millón de muertos en cien días y el mundo no sabía nada? Desde la independencia, en 1962, todos los que se interesaban en Ruanda sabían que algo se estaba tramando. La indiferencia, la ceguera y los intereses de las grandes potencias se entramaron de tal modo que resultó imposible impedir uno de los genocidios más fulgurantes de la historia. A una década de los hechos, las autoridades ruandesas se esfuerzan por recomponer el país en un contexto regional complejo, mientras las potencias asumen tibiamente su responsabilidad”[7].
Si bien la ejecución propiamente dicha de las matanzas fue llamativamente vertiginosa, las condiciones políticas previas permitían prever una situación altamente conflictiva y violenta en el país.
En primer lugar, el legado del colonialismo, las rivalidades entre las propias potencias,  y el cambio en la relación de fuerzas internas entre los hutu y los tutsi, fueron elementos absolutamente visibles, al igual que las crecientes tensiones racistas que agravaban la convivencia entre ambos grupos.
Justamente, otra de las connotaciones que distinguieron al genocidio ruandés tuvo que ver con la cantidad de masacres previas, acaecidas durante largos treinta años, desde 1964 hasta 1994, y con la alternancia en la condición de atacantes y víctimas, siempre entre los mismos involucrados[8].
De hecho, los hutu más radicalizados llevaron a cabo una suerte de ensayo previo del genocidio, al aniquilar entre 1990 y 1993, en el noreste de Ruanda, a alrededor de 2000 tutsi, sin que esto llamara tampoco la atención.
De haberse atendido esta larga escalada de atrocidades con cíclicos cambios de roles, pero crecientes niveles de odio entre los dos grupos en pugna, la prevención del genocidio hubiera sido posible o, al menos, su saldo trágico se hubiera acotado.
Algo parecido a la culpa, no obstante, pareció ponerse de manifiesto en los líderes de algunos países con intereses directos en la región, una vez finalizado el martirio y conocidas sus verdaderas consecuencias por el resto del mundo: “Tratándose del genocidio, año tras año los sobrevivientes y el gobierno ruandés experimentan el sentimiento de haber logrado el reconocimiento internacional. Fue espectacular el pedido de perdón del primer ministro belga Guy Verhofstadt, en ocasión de la conmemoración del año 2000. De los países implicados en la historia del genocidio, sólo Francia se ha mostrado reservada”[9]. “El deliberadamente ruidoso recuerdo de las responsabilidades internacionales parece tener como finalidad última la reafirmación de la soberanía nacional; una manera de decir: “Después de lo que pasó, y vista la manera en que ustedes se comportaron, no pueden darnos lecciones de moral”. Se trata menos de culpabilizar que de postular la posibilidad de otro tipo de relaciones políticas con las antiguas potencias coloniales. Queda la dolorosa cuestión de la memoria, individual o colectiva, que evidentemente no puede resolverse ni mediante una puesta en escena oficial ni a corto plazo”[10].
En una conmemoración posterior del holocausto ruandés, llevada a cabo en el año 2003, el Presidente Kagame deploró el “nunca más” que la comunidad internacional había declarado desde la Shoah, mientras los ruandeses habían sido literalmente abandonados a su suerte en 1994, cuando no estimulados a iniciar o continuar el genocidio[11].
Estando presente en ese acto el Ministro belga de Relaciones Exteriores, el mandatario señaló en tono enérgico que Ruanda habría de hacer todos los esfuerzos para sancionar y combatir a aquellos que, desde adentro o desde afuera del país, quisieran retrotraerlo a una situación de violencia análoga a la que conmemoraban en ese momento y que, en el país de los grandes lagos, el nunca más debería traducirse en hechos. Kagame ganó las siguientes elecciones con el 95% de los votos[12]: “El deliberadamente ruidoso recuerdo de las responsabilidades internacionales parece tener como finalidad última la reafirmación de la soberanía nacional; una manera de decir: “Después de lo que pasó, y vista la manera en que ustedes se comportaron, no pueden darnos lecciones de moral”. Se trata menos de culpabilizar que de postular la posibilidad de otro tipo de relaciones políticas con las antiguas potencias coloniales. Queda la dolorosa cuestión de la memoria, individual o colectiva, que evidentemente no puede resolverse ni mediante una puesta en escena oficial ni a corto plazo”[13].
En rigor, el genocidio ruandés fue también -y he aquí otra de sus singularidades- una suerte de “tierra de nadie” en materia de la escasísima atención que le prestaron las grandes cadenas empresariales del periodismo mundial.
Los sucesos, en general, fueron aludidos caprichosamente como “luchas interétnicas” o “guerras tribales”, tan ininteligibles para el gran público como para los propios analistas, los corresponsales y los enviados especiales, en una práctica que roza los niveles de complicidad, y que se reitera en todos aquellos acontecimientos históricos respecto de los cuales al imperio le interesa que se conozca poco y, generalmente, de manera fragmentaria y sesgada, en una típica actitud etnocéntrica que ya ni siquiera causa asombro ni genera mayores cuestionamientos[14]: “En México, un amigo mío trabajaba para las cadenas de televisión estadounidenses. Me lo encontré en la calle, filmando unos enfrentamientos entre los estudiantes y la policía. “¿Qué pasa, John?”, le pregunté. “No tengo ni la menor idea”, me contestó sin dejar de filmar. “Yo sólo registro, me conformo con captar imágenes; después las mando al canal que hace lo que quiere con este material”. La ignorancia de los enviados especiales sobre los acontecimientos que deben describir es a veces pasmosa. En ocasión de las huelgas de Gdansk de agosto de 1981, donde nació el sindicato Solidaridad, la mitad de los periodistas extranjeros que fueron a Polonia a cubrir el incidente no sabían situar a Gdansk (ex Danzig) en el mapamundi. Sabían todavía menos sobre Ruanda, en tiempos de las matanzas de 1994. La mayoría de ellos ponían por primera vez un pie en el continente africano y habían desembarcado directamente en el aeropuerto de Kigali, en aviones fletados por la ONU, sabiendo apenas dónde se encontraban. Casi todos ignoraban las causas y las razones del conflicto”[15].
Ahora bien, para entender cuáles fueron las verdaderas causas y razones del conflicto, hay que atender a factores que vienen desde el fondo de la historia de estos pueblos. La forma absolutamente arbitraria como las potencias coloniales dividieron artificiosamente los territorios africanos, disciplinando por la fuerza una convivencia forzada entre grupos que tenían viejos antagonismos, no puede obviarse al momento de realizar una primera mirada sobre el tema.
Los hutus (a quienes se llamaba “los bajos”, como una desmañada manera de acentuación de diferencias raciales dudosas) era la “etnia” mayoritaria en la región (alrededor del 84% de los habitantes ruandeses), mientras los tutsis (denominados “los altos”) componían alrededor de un 15% de la población[16].
En este sentido, a diferencia de lo ocurrido en otros genocidios, en el caso de Ruanda ambos grupos tenían una cultura común, hablaban la misma lengua, profesaban la misma religión católica[17] (a cuya jerarquía se atribuye, también en este caso, un rol lamentable de profundización y agudización de las contradicciones), conservaban las mismas costumbres y organización social[18].
Tal como fuera observado por especialistas, otro de los rasgos salientes de la cuestión ruandesa era que los agresores y las víctimas pertenecían, en realidad (y prescindiendo de la exaltación inconsistente de supuestas diferencias que estalló cuando el conflicto era inevitable), al mismo grupo etnocultural[19].
Los enfrentamientos se hicieron particularmente más violentos a partir de la descolonización belga en 1962, oportunidad en que una multitud de tutsis debieron huir a Uganda perseguidos por los hutus, que intentaban vengar una situación de sometimiento que habían padecido por años durante la monarquía feudal de aquellos, que en la práctica habían conformado una estructura y relaciones sociales de predominio sobre la mayoría hutu (compuesta por más de siete millones de personas)[20].
Aparentemente, entre esos miles de refugiados estaban los que, siendo por entonces niños, volverían treinta años después -ahora anglófonos y, por lo tanto, fuertemente incorporados a la cultura anglosajona-, en 1990, a intentar exitosamente recuperar la primacía perdida, integrando el Frente Patriótico de Ruanda (FPR), que se trabaría en feroz lucha con el gobierno de la mayoría hutu, ayudado económica, logística y militarmente por el gobierno socialista de Miterrand, que inclusive había entrenado a sus tropas.
Según algunos analistas, el papel que cumplió Francia durante el conflicto fue la precondición indispensable para el estallido del genocidio. Una vez producida la invasión del país en octubre de 1990, los tutsis del FPR y el Gobierno del presidente hutu, Juvenal Habyalimana, protagonizaron tres años de permanente tensión que culminaron con los acuerdos de paz de Atusha, formalizados en 1993[21].
Paradójicamente, el colapso de los acuerdos, destinados a lograr un poder compartido en una proyectada democracia multipartidaria, desató las más violentas pulsiones de muerte y fue entonces cuando el ejército hutu decidió apelar a lo que denominó “opción cero”, que no era otra cosa que el aniquilamiento de los tutsis[22].
Los sectores más radicalizados de los hutu temieron que los acuerdos  significaran el principio de la restitución de la monarquía tutsi, y se lanzaron a resolver el conflicto mediante una campaña de exterminio generalizada[23]: “En agosto de 1993, bajo presión de los prestamistas internacionales, se firmaron acuerdos de paz en Arusha, Tanzania. Estos acuerdos preveían la instalación de un gobierno de transición, en el que estaría representado el FPR junto a la oposición política, con la garantía de una fuerza de paz de la ONU. En ese momento sólo los diplomáticos extranjeros se mostraban optimistas. Tanto que los países miembros del Consejo de Seguridad pensaron que era suficiente dotar a Ruanda de un destacamento de 2.548 hombres (en lugar de los 4.500 que reclamaba el comandante de la Misión de Naciones Unidas en Ruanda (MINUAR), el general canadiense Romeo Dallaire) y limitaron su acción al capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe recurrir a la fuerza. Es cierto que Ruanda, pobre y aparentemente desprovista de interés estratégico, sufrió el contragolpe de la derrota de Estados Unidos en Somalia unos meses antes, y también que nadie, aparte de los belgas y los franceses, deseaba comprometerse realmente”[24].
Durante la noche del 6 al 7 de abril de 1994 se desató formalmente la masacre. El avión en el que viajaba el presidente de Ruanda y su par de Burundi fue derribado y el incidente que costó la vida de ambos mandatarios aceleró las operaciones de asesinatos de tutsis y hutus moderados que se resistían a sumarse a las fuerzas agresoras[25].
El presidente Habyarimana, de fuertes lazos con su par francés Francois Miterrand,  había evolucionado definitivamente hacia una postura intransigente, al punto de llegar a liderar junto a su esposa y otros referentes políticos el misterioso comando akazu (pequeña casa),  conformado por grupos de elite decididos a llevar a cabo el genocidio por todos los medios[26]. Dos días después del atentado, se formó un nuevo gobierno interino que contaba con el apoyo de oficiales del ejército de Ruanda y agrupaba a los sectores extremistas hutus[27].
El akazu y otros sectores radicalizados del nacionalismo hutu, entre la que es dable destacar por su ferocidad a la CDR (Coalición para la Defensa de la República) hicieron especial hincapié en el fortalecimiento de la propaganda y la instigación al aniquilamiento de los tutsis, para lo que utilizaron, básicamente, tres medios de comunicación hegemónicos: a) la radiodifusora estatal Ruanda; b) la difusora privada RTLM (Radio Televisión Libre del Milles Colines); c) la revista Kangura[28] .
La difusión de la propaganda antitutsi fue feroz y alcanzó ribetes increíbles de agresividad y racismo. Además de instalar el miedo respecto de una supuesta campaña militar de los altos, que eran denigrados con apelativos tan insultantes como “cucarachas” o “raza de víboras”, estimulaba el odio hacia este grupo minoritario[29].
Esas manifestaciones claramente racistas fueron condenadas por la Comisión Internacional de Juristas, a la vez que diputados belgas advirtieron sobre los contenidos hitlerianos de la revista kangura[30].
Estas operaciones psicológicas preparaban el terreno para el ataque, mientras se iba consiguiendo la aceptación y el apoyo de profesionales, docentes, líderes religiosos e intendentes. Los futuros participantes en las misiones de exterminio, recibían un constante repiqueteo ideológico que debe ser contextualizado previamente para poder alcanzar una dimensión de su influencia.
En regiones como África, y particularmente en la zona de los grandes lagos,  no resulta correcto extrapolar conceptos como los de la “sociedad de la información y el conocimiento” o la sociedad de medios. La mayoría de la gente no accede a la televisión en sus hogares, y si lo hacen la oferta de las programaciones es limitada; muchas emisoras de radio funcionan pocas horas al día; los periódicos son escasos y la Internet no está al alcance de la mayoría de la gente, en un país donde el 60% de sus habitantes se encuentra bajo la línea de pobreza.
En ese marco de referencia hay que valorizar la influencia de los medios de comunicación en poder de los hutu, y la penetración ideológica que los mismos son capaces de causar en la población. Los aparatos ideológicos del Estado, quizás en este caso más claramente que en ningún otro, intentaban  reproducir un sistema de creencias y formas de relacionamiento social propias, y destruir definitivamente aquel que consideraban establecido en un pasado por un grupo opresor, al que debían aniquilar para reorganizar una nueva sociedad sin su presencia.
La catástrofe sobrevino con un grado de inclemencia inconcebible. A la impresionante cantidad de asesinatos producidos con machetes, ejecuciones y torturas, se sumaron operaciones de inanición de decenas de miles de personas que fueron hambreadas deliberadamente hasta morir, entre 250.000 y 500.000 violaciones, reiteradas tantas veces hasta que las víctimas  murieran , o con el objetivo explícito de transmitirles enfermedades incurables, mutilarlas horriblemente o enterrarlas finalmente en fosas comunes[31].
El genocidio de Ruanda reconoció -como describe Feierstein- los habituales momentos de una primera construcción negativa de la otredad, adjudicando a los enemigos la condición de portadores de todos los males (raciales, culturales, físicos); una segunda fase de hostigamiento, que en el caso de Ruanda se confunde con ejercicios preparatorios que incluyeron multitudinarias matanzas; luego un aislamiento de las futuras víctimas que no pudieran huir a tiempo o prever la magnitud del ataque que se urdía; un cuarto momento de resquebrajamiento sistemático, físico y psíquico, deteriorando las condiciones de existencia antagónica; luego, el aniquilamiento material y, finalmente, la “realización simbólica” de las prácticas genocidas; esto es, lo que concierne a los modos de representar y narrar la materialidad de la experiencia[32].
Me permitiría agregar a estas etapas, un último momento adicional: aquel que en criminología se denomina  “técnicas de neutralización” (el único tramo en que no participó la prensa adicta a la masacre), donde el negacionismo es uno de los elementos que, si bien no agota el entramado de excusas posibles por parte de los perpetradores para encubrir este tipo de delitos, resulta fundamental en toda ideología genocida, porque intenta hacer desaparecer a las víctimas o negar su existencia[33].
Cuando nos planteábamos cuáles eran las explicaciones que podían encontrarse a las conductas de los genocidas argentinos, de alguna manera arribábamos a conclusiones donde ya se implicaba el aprendizaje de las mencionadas técnicas de neutralización.
Cuando un individuo comete un delito -cualquiera de ellos, y sobre todo cuando se trata de las más graves afrentas, como en estos casos- puede que no solamente se acoja a un valor normativo distinto de la cultura dominante o de los estándares de convivencia socialmente aceptados, sino que  el infractor  participe de la idea de que un determinado problema o necesidad puede ser superado a través de la ofensa.
En este único caso, la persona -no obstante haberse socializado con arreglo a determinados valores- acepta que en determinados contextos de excepción es posible vulnerar esos códigos apelando a dichas técnicas de neutralización, acaso únicamente en determinadas situaciones, o solo con respecto a ciertos delitos, o con relación a determinadas víctimas. Pero, en definitiva, lo acepta[34].
La emergencia, la excepción como construcción alternativa del Imperio, es un dato objetivo que no solamente sirve para justificar la guerra, sino también los delitos que en ella se cometen, como ya hemos visto.
Según Larrauri-Cid, las técnicas de neutralización consisten, generalmente, en:  a) negar la responsabilidad en el o los hechos delictivos; b) negar la existencia de un daño producido por la ofensa; c) negar la existencia de una víctima, o, en este caso, de un determinado número de víctimas; d) condenar a los que te juzgan; y  e) apelar a lealtades superiores[35].
Si analizamos, en líneas generales, las justificaciones de los perpetradores posteriores a los genocidios, veremos que estas explicaciones se repiten como regularidades de hecho, en un continuo de argumentaciones que admiten una matriz común.
En la experiencia argentina, estas técnicas se expresaron en la “obediencia debida”,  la “campaña antiargentina”, el cuestionamiento del número de víctimas o desaparecidos, la idea de “guerra antisubversiva”, el agradecimiento de que deberían haber sido objeto los genocidas, trocado groseramente por la “ingratitud social y política”[36], o la “farsa” de los juicios llevados a cabo por los que “perdieron la guerra” en el campo militar.
Como se observa, si bien existe un negacionismo, en las retóricas genocidas aparece mucho más que eso. Irrupe un comportamiento que es explicable con arreglo a las teorías criminológicas. Una conducta que comprende las excusas de cualquier criminal. Una forma legitimante de leer las conductas delictivas, por parte de los propios delincuentes[37].
Si se revisa el comportamiento ulterior de los más encumbrados jefes del ejército de Ruanda, que tuvo una participación preponderante en el aniquilamiento, observará que generalmente se amparan en lo que para ellos es tan sólo “una campaña para empañar la imagen de Ruanda”[38], una técnica de neutralización y negación muy similar a la que intentaron los genocidas argentinos y algunos jerarcas nazis.
Si analizamos las declaraciones de los principales operadores propagandísticos del régimen, dueños de medios de comunicación o comunicadores destinados a profundizar el odio racial hacia las víctimas,  veremos que los acusados, en su defensa, argumentaron desconocer la fuerza de las palabras pronunciadas en los medios de comunicación, llegando incluso a afirmar, como en el caso de Jean Bosco Barayagwiza, que nunca tuvo conciencia de ello. Si fuera necesario, habría que recordar la elocuencia de algunos de los “códigos de muerte” repetidos hasta el cansancio durante meses: “Hay que derribar más árboles, aún no hemos derribado suficientes” o “las cucarachas deben morir”[39].



[1]  Robert, Anne-Cécile: “Convivir con el genocidio”, Le Monde Diplomatique (el dipló), Número 13, Julio de 2000, pp. 30 y 31.
[2] Straus, Scott: “Ruanda y Darfur: un análisis comparativo”, en “Revista de Estudios sobre Genocidio”, Volumen 3, Eduntref, noviembre de 2009, p. 9.
[3] Straus, Scott: “Ruanda y Darfur: un análisis comparativo”, en “Revista de Estudios sobre Genocidio”, Volumen 3, Eduntref, noviembre de 2009, p. 9
[4]  Braeckman, Colette: “A 10 años de un genocidio anunciado”, Le Monde Diplomatique (“el Dipló”), Nº 57, marzo de 2004, pp. 21 y 22.
[5]  Straus, Scout: “Ruanda y Darfur: un análisis comparativo”, en “Revista de Estudios sobre genocidio”, Editorial Eduntref, Volumen 3, noviembre de 2009, p. 18.
[6] “El primer genocidio del siglo XX. Regreso de la memoria armenia”, Editorial Planeta, Buenos Aires,  2009, pp. 161 y ss.
[7] Braeckman, Colette: “A 10 años de un genocidio anunciado”, Le Monde Diplomatique (“el Dipló”), Nº 57, marzo de 2004, pp. 21 y 22.
[8] Dadrian, Vahakn N: “Configuración de los genocidios del siglo veinte. Los casos armenios, judío y ruandés”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 110.
[9] Kagabo, José: “El sentido de una conmemoración”, Le Monde Diplomatique (“el Dipló”), Nº 57, marzo de 2004, p. 22 y 23.

[10]  Kagabo, José: “El sentido de una conmemoración”, Le Monde Diplomatique (“el Dipló”), Nº 57, marzo de 2004, p. 22 y 23.
[11] Kagabo, José: “El sentido de una conmemoración”, Le Monde Diplomatique (“el Dipló”), Nº 57, marzo de 2004, p. 22 y 23. Era esperabele. En la dinámica colonial, los recursos de los países oprimidos condicionan las acciones de las metrópolis. Agotados éstos o superados por nuevas lógicas del mercado internacional, a las víctimas sólo les espera el olvido y el abandono. O, lo que es peor, el genocidio.
[12]http://www.elpais.com/articulo/internacional/tutsi/Kagame/gana/elecciones/Ruanda/95/votos/elpepiint/20030827elpepiint_20/Tes
[13] Kagabo, José: “El sentido de una conmemoración”, Le Monde Diplomatique (“el Dipló”), Nº 57, marzo de 2004, pp. 22 y 23. Es que la responsabilidad belga y de las demás potencias coloniales no podía ser más nítida en la tragedia ruandesa. Es obvio que nada podía esperarse de las mismas, y mucho menos postulaciones éticas o recetas políticas, institucionales, económicas o jurídicas para salir de semejante crisis provocada.
[14] Kapuscinski, Ryszard: “¿Acaso los medios reflejan la realidad del mundo?”, Le Monde Diplomatique (“el dipló”), Nº 3, Septiembre de 1999, pp. 26 y 27.
[15]  Kapuscinski, Ryszard: “¿Acaso los medios reflejan la realidad del mundo?”, Le Monde Diplomatique (“el dipló”), Nº 3, Septiembre de 1999, pp. 26 y 27.
[16] Dadrian, Vahakn N.: “Configuración de los genocidios del siglo veinte. Los casos armenios, judío y ruandés”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 112.
[17]  De hecho, el sacerdote Emmanuel Rukundo fue condenado a 25 años de cárcel por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) al encontrarlo culpable de agresiones sexuales y genocidio: “Los actos de Rukundo formaron parte del genocidio. Mientras cometía estos crímenes, tenía la intención de destruir [...] el grupo étnico tutsi”, conforme da cuenta el Diario “El País”, de Madrid, en su edición del 27 de febrero de 2009.
[18] Dadrian, Vahakn N: “Configuración de los genocidios del siglo veinte. Los casos armenios, judío y ruandés”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 109.
[19] Dadrian, Vahakn N: “Configuración de los genocidios del siglo veinte. Los casos armenios, judío y ruandés”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 109.
[20] Zaffaroni, Eugenio Raúl: “La palabra de los muertos” Ed. Ediar, 2011, p. 426.
[21] Alvarado, Ester: “Ruanda, la historia real”, edición del diario El Mundo de Madrid, del 23 de Febrero de 2005.
[22] Esta minoría, “que en 1994, representaba el 15% de la población, con 1.250.000 personas, en 1994 quedó reducida a 300.000 después de la masacre”, señala Zaffaroni en “La Palabara de los muertos”, Ed. Ediar, 2011, p. 426.
[23] Braeckman, Colette: “A diez años de un genocidio anunciado”, Le Monde Diplomatique (“el dipló”), Nº 57, marzo de 2004, pp. 21 y 22.
[24] Braeckman, Colette “A diez años de un genocidio anunciado”, Le Monde Diplomatique (“el dipló”), Nº 57, marzo de 2004, pp. 21 y 22.

[25] Alvarado, Ester: “Ruanda, la historia real”, edición del diario El Mundo de Madrid, del 23 de Febrero de 2005.
[26] Dadrian, Vahakn N.: “Configuración de los genocidios del siglo veinte. Los casos armenios, judío y ruandés”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 118.
[27] Dadrian, Vahakn N.: “Configuración de los genocidios del siglo veinte. Los casos armenios, judío y ruandés”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 115.
[28] Dadrian, Vahakn N.: “Configuración de los genocidios del siglo veinte. Los casos armenios, judío y ruandés”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 115. La Radio Televisión Libre del Milles Collines, una de las emisoras con más audiencia del país, transmitió entre 1993 y 1994 una prédica sistemática antitutsi, promoviendo la diferenciación y el odio racial, utilizando música de Zaire y programas con una dialéctica claramente racista, llamando a la población hutu a "erradicar la invasión asesina de los tutsis", a quienes descalificaba llamándolos "parásitos” y “cucarachas”.
[29] Dadrian, Vahakn N.: “Configuración de los genocidios del siglo veinte. Los casos armenios, judío y ruandés”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 115.
[30]  Dadrian, Vahakn N.: “Configuración de los genocidios del siglo veinte. Los casos armenios, judío y ruandés”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 115. La revista Kangura se refería a  los Tutsis como una amenaza "chupasangre", como enemigos deshonestos y perversos y se alentaba a los hutus a armarse  para matarlos.
[31] Dadrian, Vahakn N.: “Configuración de los genocidios del siglo veinte. Los casos armenios, judío y ruandés”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, pp. 116 y 117.
[32]  Feierstein, Daniel: “El genocidio como práctica social”, Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008, p. 216 a 239.
[33] Zaffaroni, Eugenio Raúl: “La palabra de los muertos”, Ed. Ediar, 2011, p. 458.
[34] Zaffaroni, Eugenio Raúl: “La palabra de los muertos”, Ed. Ediar, 2011, p. 453.
[35]  Larrauri, Elena - Cid Moliné, José: “Teorías criminológicas”, Editorial Bosch, Barcelona, 2001, p. 104.
[36] “Documento Final de la Junta Militar”, del 28 de abril de 1983, citado por Feierstein, Daniel: “El genocidio como práctica social”, Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008, p. 264.
[37] Zaffaroni, Eugenio Raúl: “La palabra de los muertos”, Ed. Ediar, 2011, p. 453.
[38]  Declaraciones efectuadas a la agencia AFP, por parte del portavoz del ejército ruandés, el mayor Hill Rutaremara, publicadas por el diario Página 12, de Buenos Aires, en su edición de 10 de febrero de 2008: “Madrid comenzó a juzgar los genocidios de Ruanda y Guatemala”.
[39]  “En Ruanda las palabras y los medios funcionaron como potentes misiles”, publicado en la edición del 13 de mayo de 2010 de “Correo del Orinoco”, disponible en http://www.correodelorinoco.gob.ve/tema-dia/ruanda-palabras-y-medios-funcionaron-como-potentes-misiles/ . Ver también Zaffaroni, Eugenio Raúl: “Las palabras de los muertos”, Ed. Ediar, 2011, p. 427.


Respecto de las posibilidades de prevención de los crímenes de masa, se ha aceptado que "la Criminología, hasta hoy, no había estudiado este delito, refiriendo entonces que el gran desafío para la criminología en el siglo XXI es el crimen de Estado, por ser el que más vidas sacrifica, más aun en tiempos en donde el terrorismo resulta ser la excusa más utilizada por el Estado para reprimir, torturar y matar gente”[1].
Una de las tareas que dota de sentido a la Criminología y se transforma en uno de sus objetivos fundamentales es, precisamente, la formulación de estrategias para prevenir las situaciones sociales problemáticas, en particular aquellas creaciones culturales denominadas delito.
En esta implicación entre Criminología y genocidio, que estamos intentando describir, es inevitable recorrer las alternativas que en materia de prevención de este delito es posible articular desde la comunidad internacional, teniendo a la mano los datos objetivos de la experiencia histórica de los últimos dos siglos, jalonada por una multiplicidad de horrendos crímenes masivos, frente a los cuales las respuestas jurídicas y sobre todo criminológicas -debemos admirlo- no han estado a la altura de lo que podría reclamar una ciudadanía universal en completo desarrollo[2].
Prevención del delito y reacción social (en este caso, reacción de la comunidad internacional) son dos conceptos criminológicos inescindibles, que deberemos tener en cuenta al momento de intentar dilucidar la factibilidad de la articulación de un sistema de prevención de crímenes contra la humanidad y genocidio.
Hemos ya mencionado el sesgo punitivista, prevencionista y retribucionista, que generalmente ha caracterizado al sistema penal internacional, la justicia universal y los sistemas internos de los Estados-nación, en aquellos contados casos donde este tipo de hechos aberrantes han sido juzgados.
Por lo tanto, la tarea de la construcción de estrategias de prevención de este tipo de conductas merece un abordaje original, diagnósticos consistentes y ejercicios de anticipación que prescindan de lugares comunes, meras expresiones de deseo y rutinas de probada ineficiencia.
Por de pronto, a la luz de la evidencia histórica, pareciera que, mientras existan experiencias de gestión institucional autoritarias, el riesgo de este tipo de prácticas sociales podría llegar a reproducirse e incrementarse.
La democratización de las relaciones humanas, por el contrario, permitiría incorporar nuevas formas de convivencia, mucho más tolerantes y horizontales, basadas más en la confianza que en la desconfianza, y en la percepción del otro como un diverso, pero nunca como un enemigo.
Una prueba de esta hipótesis estaría dada por la cantidad de prácticas de aniquilamiento que se están dando en el presente, empezando por Irak y Afganistán y terminando en Darfur.
Lo cierto es que los crímenes de masas son un fenómeno que ha recorrido el último siglo y lo que ha transcurrido del presente. Las respuestas institucionales internacionales han consistido en un aumento exponencial del poder punitivo de los Estados y una ratificación de la selectividad y asimetría de esos procesos.
Más aún: cuando la respuesta frente a las matanzas colectivas no han consistido en penas draconianas -desde Nüremberg hasta la actualidad- ello no ha ocurrido tanto porque se hayan repensado críticamente esas respuestas neocriminalizadoras, sino por razones meramente utilitarias.
Esto queda plasmado en las expresiones del Fiscal de la Corte Penal Internacional cuando explica que en Ruanda “se produjo un verdadero genocidio. Un millón de personas  en tres meses. Y Ruanda utilizó un mecanismo interesante, que es un modelo de justicia tradicional para juzgar a miles (en este caso 40 mil) de personas acusadas. La gente acusada ya había estado presa durante ocho años. Igualmente, era imposible juzgar a cuarenta mil personas. Entonces, lo que hicieron fue una especie de reunión comunitaria en que los acusados iban a las comunidades donde habían cometido los crímenes. Confesaban allí sus crímenes, pedían perdón y los condenaban a una pena de ocho años de prisión. Pero, como ya habían cumplido esos ocho años, los dejaban en libertad. Básicamente, esto fue lo que hicieron. Además, hay investigaciones específicas y todavía hay (actuando para Ruanda) un tribunal internacional[3]”.
Abstracción hecha de la connotación utilitarista que subyace en la explicación, es importante recordar que aparece aquí, por primera vez, el concepto del perdón que, al parecer, adquiere en la cultura propia una connotación especialísima, como veremos cuando analicemos el proceso sudafricano.
No obstante esta situación problemática en la que se encuentra el Derecho penal internacional, insistimos que el objetivo de una ciudadanía global constituye una utopía proactiva, absolutamente plausible.
Será la relación de fuerzas políticas la que en un futuro defina su impronta definitiva. La labor de los juristas comprometidos en el tema estriba en realizar todos los esfuerzos posibles para que el Derecho penal internacional se democratice y se desarrolle con sujeción a pautas civilizatorias y humanistas.
Respecto a la cuestión de si los homicidios masivos los comete el poder punitivo, se estima que ello está “fuera de toda duda, también es verificable que cuando el poder punitivo del Estado se descontrola, desaparece el Estado de Derecho y su lugar lo ocupa el de policía y, además, que los crímenes de masa son cometidos por este mismo poder punitivo descontrolado, o sea, que las propias agencias del poder punitivo cometen los crímenes más graves cuando operan sin contención (…). Por ende, la doctrina penal del Estado de Derecho bien puede dejar de legitimar la pena y admitir sinceramente que no sabe cuál es su función, porque sabe que debe contener racionalmente la habilitación del poder punitivo en la medida de su contra-poder de control jurídico para preservar el Estado de Derecho y evitar los crímenes de masa. El Derecho penal sería en el momento político el equivalente del derecho humanitario en el momento bélico: ambos servirían para contener un factum en la medida de su limitado poder jurídico de contención (…) ¿Qué legitima al Derecho penal internacional? Si el poder punitivo internacionalizado se descontrolase, se convertiría en un instrumento hegemónico de una suerte de Estado policial planetario, que pareciera ser lo que los críticos de izquierda quieren evitar y los de derecha provocar. Ante este riesgo, cabe preguntarse si el poder punitivo internacionalizado, dentro de límites menos irracionales, sería legitimado por alguna contribución positiva -incluso en limitada medida- a la evolución paulatina hacia una mejor convivencia internacional[4]”.
Por lo tanto, conforme a lo indicado, resulta que no es posible compartir el rol que se asigna al Derecho penal internacional en materia de prevención de crímenes de masas. Su legitimidad se ciñe, hasta ahora, únicamente a intentar que el ofensor no pierda su condición de persona y a evitar la venganza privada (y pública). Ahora bien, si el Derecho penal, acotado a una intensidad compatible con un Estado Constitucional de Derecho, no previene ese tipo de delitos masivos, deberíamos repensar las estrategias posibles y alternativas de anticipación frente a este tipo de tragedias[5].
La posibilidad de evitar la venganza o el acotamiento del poder punitivo, para que el sistema penal no se transforme él mismo en un factor generador de crímenes contra la humanidad, no son elementos suficientes para prevenir las futuras matanzas ni puede ser el único objetivo que justifique la existencia de un Derecho penal internacional.
Es indudable que el capitalismo ha coadyuvado decisivamente a la perpetración de este tipo de delitos con su impronta de apropiación constante y unilateral de recursos de todo tipo, de voracidad impiadosa y de violencia infinita.
Pero también durante la modernidad encontramos genocidios o crímenes contra la humanidad en sistemas de gobierno no capitalistas (el caso de Camboya y el de la antigua Unión Soviética constituyen dos buenos ejemplos en ese sentido), por lo que la cuestión no parece explicarse fácilmente apelando a categorías ideológicas tradicionales, sino a una permanente disputa por el discurso, por la cultura, por alcanzar formas de reorganización de las relaciones sociales, generalmente por parte de grupos hegemónicos débiles que buscan reafirmar su poder antidemocrático mediante la creación de un chivo expiatorio y su posterior exterminio[6].
Más aún, si aceptamos que cualquier tipo de organización social antidemocrática es una condición de probabilidad cierta de un genocidio, con mayor razón deberíamos tender hacia formas pacíficas de convivencia porque, de lo contrario, cualquier estrategia preventiva que no tome en cuenta la necesidad de mayor democracia podría resultar inviable frente a rebrotes políticos autoritarios.
Todo lo que logremos avanzar en dirección a un Derecho penal mínimo, caracterizado por una disminución de todas las formas de violencia en nuestra cotidianeidad (incluida, claro está, y muy especialmente, la violencia institucional),  debería influir en la obtención de formas distintas de resolución de los conflictos a nivel internacional.
El genocidio puede explicarse de muy distintas formas. Pero cualquiera de ellas debería incluir su condición cultural, su particularidad de ser el producto de una tecnología de poder, que en algún momento de la historia sintetiza la agudización de contradicciones tan potentes como la desconfianza, la intolerancia, el miedo y los prejuicios que el otro nos genera.
El otro, visualizado de esa manera como una síntesis de los riesgos y peligros que habrían de amenazarnos, y un unidimensionalismo cultural autoritario, son algunos de los elementos que tienen la suficiente envergadura como para ser el germen de las más terribles expresiones de la violencia colectiva.
La batalla cultural por la desarticulación de estas lógicas castrenses nos incumbe, directamente, a los penalistas y criminólogos, que durante siglos fuimos portadores de la creencia de que profesábamos una disciplina neutral y ascética.
En suma, se ha postulado al respecto: “Desde la actitud de compromiso se objeta que el saber penal nada puede hacer frente a las decisiones del poder, por lo que es preferible refugiarse en el compromiso supuestamente pragmático. Esta objeción subestima el poder del discurso, que es precisamente el que los juristas no deben ceder. Con el discurso se ejerce poder -los dictadores lo supieron siempre-, aunque no sea el mismo poder de que disponen las agencias ejecutivas del sistema penal, pero éstas sin el discurso quedan deslegitimadas y, en definitiva, el poder sin discurso, aunque puede causar grave daño antes de derrumbarse, no se sostiene mucho tiempo[7]”.




[1] Barcesat, Eduardo: Prólogo a la obra “Crímenes de Masa”, de Eugenio Raúl Zaffaroni, Ediciones Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, 2010, p. 16.
[2] Zaffaroni, Eugenio Raúl: “La palabra de los muertos”, Ed. Ediar, 2011, p. 489.
[3]  Reportaje a Luis Moreno Ocampo. Edición del Diario “Perfil” de Buenos Aires, del 15 de agosto de 2010.
[4]  Zaffaroni, Eugenio Raúl: “¿Es posible una contribución penal eficaz a la prevención de los crímenes contra la humanidad?”, Plenario, Publicación de la  Asociación de Abogados de Buenos Aires, abril de 2009, páginas 7 a 24, disponible en www.aaba.org.ar/revista%20plenario/Revista%20Plenario%202009%201.pdf, publicado luego como”Crímenes de masa”, en Ediciones Plaza de Mayo, 2010, Buenos Aires.
[5] Zaffaroni, Eugenio Raúl: “La palabra de los muertos”, Ed. Ediar, 2011, p. 553. Lamentablemente, creemos que  el poder punitivo internacionalizado se ha descontrolado, acaso como nunca antes, y en la práctica se ha transformado en un instrumento hegemónico de una suerte de estado policial planetario, que trastoca la razón y el derecho de una manera tan descarada como nunca antes lo habíamos visto. Las recientes declaraciones del Primer Ministro Cameron respecto de los históricos reclamos de soberanía argentina sobre las islas Malvinas, adjudicando a un país periférico una conducta “colonial” constituyen el ejemplo más actual y elocuente respecto de esta preocupante evolución.
[6] Zaffaroni, Eugenio Raúl: “La palabra de los muertos”, Ed. Ediar, 2011, pp. 448 y 449.
[7]  Zaffaroni, Eugenio Raúl: “¿Es posible una contribución penal eficaz a la prevención delos crímenes contra la humanidad?”, Plenario, Publicación de la  Asociación de Abogados de Buenos Aires, abril de 2009, pp. 7 a 24, disponible en//www.aaba.org.ar/revista%20plenario/Revista%20Plenario%202009%201.pdf
Esta aseveración es crucial, pues supone en alguna medida poner patas  arriba el axioma marxiano según el cual es la estructura la que condiciona la superestructura. En la postmodernidad, la aptitud para generar y dominar discursos, la construcción de una nueva cultura y una nueva ideología, también merecen tentarse como una forma de revertir las asimetrías planetarias en momentos en que la sustitución del sistema capitalista, como una búsqueda revolucionaria en sí misma, ha dejado de integrar la agenda de la mayoría de las “izquierdas”, acaso por la inédita relación de fuerzas que permite la reproducción y profundización del capitalismo global, aunque apoyándose cada vez más, y casi únicamente, en la “razón militar”.
     “Las masas latinoamericanas no pueden hacer causa común con los verdugos, porque ellas también están en la lista de las víctimas” (John William Cooke)[1].

              La idea convencional  de “autogenocidio” responde, precisamente, a las pulsiones de muerte que un Estado lleva adelante respecto de un grupo de su misma nacionalidad, de lo que acabamos de brindar dos ejemplos notorios de la historia reciente en la región Latinoamericana.
La atribución de una otredad negativa remite en este caso a un proceso de destitución de la condición ciudadana, a partir de de una concepción excluyente y estigmatizante, llevada a cabo por razones políticas, sociales, culturales, ideológicas o raciales.
Las víctimas y los perpetradores en estos casos forman parte del mismo grupo nacional. El número de víctimas, en cuanto grupo concebido como antagónico, puede desde luego en estos casos ser minoritario o mayoritario dentro del propio país. Las prácticas genocidas, como hemos visto, se llevan a cabo, de esta manera, mediante ofensas inferidas por nacionales respecto de otro grupo de nacionales, a partir de diferencias construidas y exacerbadas por los propios perpetradores.
Otra posición doctrinal, en sentido disidente, entiende que “la matanza masiva de personas pertenecientes a una misma nacionalidad podrá constituir crímenes contra la humanidad, pero no genocidio cuando la intención no sea acabar con ese grupo nacional. Y la intención de quien elimina masivamente a personas pertenecientes a su propia nacionalidad por el hecho de no someterse a un determinado régimen político no es destruir su propia nacionalidad ni en todo ni en parte, sino, por el contrario, destruir a aquel sector de sus nacionales que no se somete a sus dictados. Con ello, el grupo identificado como víctima no lo es tanto que grupo nacional, sino como un subgrupo del grupo nacional, cuyo criterio de cohesión es el dato de oponerse o de no acomodarse a las directrices del criminal. Un grupo consiste en un cierto número de personas relacionadas entre sí por características comunes que les diferencian de la población restante, teniendo conciencia de ello. Por lo tanto, el grupo victimizado ya no queda definido por su nacionalidad sino por su presunta oposición al Régimen. Los actos ya no van dirigidos al exterminio de un grupo nacional sino al exterminio de personas consideradas disidentes. En suma, no se da la intención de destruir total o parcialmente al grupo como tal, como grupo nacional. Si bastara para calificar las muertes masivas de personas con que las víctimas pertenecieran a una misma nacionalidad, cualquier masacre cometida con la participación o tolerancia del estado se convertiría en un genocidio, lo que ni tiene sentido ni se ajusta a la voluntad de la Convención”[2].
En este sentido se estima que “no es lo mismo querer destruir a una parte de la población que habita en Chile que querer destruir la nacionalidad chilena parcialmente, siendo esto segundo lo que exige el tipo de genocidio (...) Si a ello unimos la exigencia de destrucción y el calificativo “como tal”, deberemos interpretar la destrucción parcial como la destrucción de un subgrupo dentro de una raza etnia, nacionalidad o religión. Dicho subgrupo estará caracterizado por la pertenencia de las personas elegidas como víctimas a la raza, etnia, nacionalidad o religión de que se trate y su delimitación a un determinado ámbito: un país, una región o una comunidad concreta. Ello significa que ha de calificarse de genocidio también el intento de exterminio de todas las personas que pertenecen a un grupo de los protegidos en la Convención dentro de un determinado ámbito, comunidades o territorios, pero siempre que la raza, nacionalidad, etnia o religión sea el factor que caracteriza a las víctimas como grupo contra el que se dirige el plan de exterminio diferenciándose del resto. Si el factor de cohesión que origina la vicitimización es otro diferente ya no estamos ante la destrucción de un grupo nacional “como tal”, ni siquiera parcialmente (…). El criterio que identifica al colectivo como víctima, si es que se puede hablar de víctima colectiva, no es por lo tanto la nacionalidad, sino el hecho de oponerse a la construcción social y política ideada por los golpistas, fuese cual fuese la nacionalidad del que se oponía a esa construcción dentro de la Argentina o de Chile. El concepto de “enemigo” del sistema sin duda se circunscribía a quienes debían formar parte de ese sistema, de la sociedad argentina o chilena, pero en ningún caso se identifica exclusivamente con nacionales argentinos o chilenos y aunque así fuese no iba destinado a eliminar la nacionalidad argentina parcialmente sino a eliminar a los sujetos considerados “subversivos” (…) Los atentados contra líderes sindicales, políticos, estudiantiles, contra ideólogos o todos aquellos que se oponían o entorpecían la “configuración ideal de la Nueva Argentina” no eran cometidos con la intención de destruir al grupo de “los argentinos”, y buena prueba de ello es que víctimas de la dictadura argentina no fueron siempre personas de nacionalidad argentina (…) Las víctimas en el delito de genocidio deben ser elegidas precisamente por su nacionalidad y con la intención de exterminar dicha nacionalidad”[3].
Se ha entendido asimismo que “el término grupo nacional puede identificarse, bien con el conjunto de personas que tienen la misma nacionalidad en el sentido de pertenencia a un determinado Estado o a un mismo nacionalismo, es decir, a un mismo pueblo aunque éste no se identifique con un Estado. Pero esto no significaría que al grupo nacional haya que definirlo por determinados caracteres de tipo social, ideológico o cualquier otro criterio que no sea una identidad nacional que lo distinga del resto, pues en tal caso, el grupo víctima al que se dirige el ataque, no es ya un grupo nacional, sino un grupo social, ideológico, etc., lo cual, para la autora, estaría excluido del ámbito de protección de la Convención”[4].
Estimo menester aclarar algunos aspectos para intentar delimitar el alcance del concepto de  autogenocidio. La primera cuestión a dilucidar estriba en que en el genocidio sujetos pasivos de la acción criminal son los individuos, pero sujetos pasivos del delito son los grupos de víctimas.
Cuando un grupo nacional dominante, que además detenta el poder del Estado, decide la depuración social del propio grupo, en una suerte de automutilación, se comete un genocidio, pero no tanto porque haya un grupo nacional que es depurado, sino porque hay distintos grupos que componen la nación. No habría, de tal manera, un autogenocidio, sino el genocidio de otros grupos nacionales por parte de un grupo nacional[5].
Conforme a lo señalado en materia conceptual y doctrinaria, es necesario recalar de nuevo en un aspecto que hace a la cuestión definicional del grupo, y que no puede en modo alguno soslayarse a riesgo de incurrir en un sesgamiento imperdonable que ponga en jaque cualquier tipo de conclusión sobre el particular.
Por eso, conviene reiterar que, en la medida en que un grupo de personas haya sido identificada por el perpetrador como objetivo de su persecución, y haya definido la pertenencia de la víctima al grupo, esta posibilidad de construcción de la víctima en cabeza del genocida permite incluir en el concepto a aquellos agregados que no han quedado incluidos en los cuatro tipo de agrupaciones enumeradas por el artículo II de la Convención, porque se trata de un proceso unilateral cuyo dominio es ajeno a la víctima.
En este caso, es más correcto, antes que una recurrente discusión bizantina sobre la posibilidad de incorporar grupos de víctimas de prácticas genocidas, dado el tenor acotado de la definición, admitir la existencia de grupos reales y seudogrupos.
Los primeros de ellos, pueden ser también identificados por observadores externos; a los segundos, en cambio, los puede identificar únicamente el genocida. El observador externo también puede identificarlos, pero una vez comenzada la agresión, e inclusive muchos tiempo después de finalizada la misma.
Como bien se ha señalado, los “enemigos del pueblo”, victimizados como tales por los perpetradores de las prácticas genocidas, se comportan como las víctimas de las cazas de brujas del medioevo[6].
Es posible que, en su proceso de construcción, los genocidas logren el silenciamiento, la aquiescencia, la complicidad o la indiferencia del resto de la sociedad. Que no otra cosa es lo que acontece, habitualmente, con los genocidios políticos e ideológicos, paradójicamente excluidos de la enumeración taxativa de la Convención.
Por ende, si muchos de los procesos genocidas se han perpetrado en la modernidad por razones políticas o ideológicas, victimizando a grupos de la misma nacionalidad que los agresores, el retaceo de la inclusión de este tipo de víctimas en la letra de la ley no puede constituir un obstáculo jurídicamente consistente para abarcar la protección de los mismos como sujetos agredidos.
El ejemplo más acabado de esta configuración fue llevado adelante en Europa por el régimen nazi durante los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, se ha destacado[7] que el nazismo llevó al extremo esta conceptualización y se “propuso una limpieza ‘biológica’ absoluta y esto removió y generó una crisis en los propios cimientos de la tecnología del poder”, y luego el autor se pregunta si “no operaba o no opera con la misma lógica la matanza de los grupos políticos opositores en América del Sur, de los inmigrantes africanos en África o en Alemania”[8].
Como ya hemos reseñado, al momento de analizar las prácticas genocidas, es necesario prestar también atención a la evolución que han registrado las grandes matanzas y exterminios a través de la historia. De esa manera, podremos observar más claramente la tajante distinción de la condición de perpetrador y víctima que caracterizaba a este tipo de hechos en el pasado, donde estos últimos grupos pertenecían generalmente a comunidades exteriores a las fronteras de las ciudades e incluso de las ciudades- estados, reinos o imperios.
Estos aniquilamientos se llevaban a cabo, en general, para deteriorar con la matanza el número de potenciales guerreros de los ejércitos derrotados, por motivaciones de expansión territorial, religiosas o económicas, como es el caso de los procesos coloniales que devastaron a los pueblos originarios americanos. Incluso por motivaciones psicosociales asociadas al temor al crecimiento de ciudades-estados rivales que pudieran aprovecharse del ocaso de potencias imperiales, lo que parece explicar, por ejemplo, el ataque y la destrucción de Cartago por parte de los romanos.
No obstante estos antecedentes, a partir del siglo pasado los genocidios victimizaron, en la mayoría de los casos, a grupos nacionales convivientes dentro de las fronteras del mismo Estado agresor, y el objetivo de los agresores comienza a centrarse en la eliminación de grupos -no necesariamente minoritarios, aunque en la mayoría de los casos lo fueran- a quienes se concibe como diferentes por razones étnicas, culturales, políticas o ideológicas que son percibidos como amenazas para los sistemas de creencias hegemónicos.
Por eso es que, con anterioridad a la sanción de la Convención y por la histórica insistencia de Lemkin, al aprobase la ya mencionada resolución 96, la Asamblea General de las Naciones Unidas,  hacía referencia a las víctimas del delito de genocidio como integrantes de grupos humanos, sin acotarlos ni especificarlos: “Genocidio es la negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros, así como el homicidio es la negativa del derecho a la vida de seres humanos individuales; tal negación del derecho a la existencia repugna la conciencia del género humano, produce grandes pérdidas a la humanidad bajo la forma de cultura y otras contribuciones, y contraría la moral y el espíritu y objetivo de las Naciones Unidas. Muchos de estos delitos de genocidio han ocurrido ante la aniquilación, total o parcial, de grupos raciales, religiosos, políticos y otros. La represión del genocidio es un tema de índole internacional”[9].

[1] “Apuntes para la militancia”, que se puede enciontrar disponible en la dirección siguiente: http://www.causaestudiantil.com.ar/bibliotecavirtual/biblioteca%20del%20pensamiento/cooke%20john%20william%20-%20apuntes%20para%20la%20militancia.pdf
[2] Gil Gil, Alicia: “Posibilidad de persecución en España de violaciones a los derechos humanos cometidos en Sudamérica”, publicado en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia. Año 5, nº 8-C, 1999, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, pp. 505 y 505.
[3] Gil Gil, Alicia: “Posibilidad de persecución en España de violaciones a los derechos humanos cometidos en Sudamérica”, publicado en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia, año 5, nº 8, C, 1999, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, pp. 506 y 507.
[4] Rezses, Eduardo: “La figura de genocidio y el caso argentino. La posibilidad de adecuar juridicamente una figura penal a una realidad política”, disponible en www.derechopenal online.com
[5] Slepoy, Carlos, reportaje  de Emmanuel Taub y Tomás Borovinsky  (”La jurisdicción universal, entre el genocidio moderno y los derechos humanos”), en  Revista de Estudios sobre Genocidio, dirigida por Daniel Feierstein, Volumen 4, julio de 2010, p. 96.
[6] Chalk, Frank - Jonassohn, Kurt: “Historia y Sociología del Genocidio”, Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2010, p. 57.
[7] Feirstein, Daniel, “Estructura y periodización de las prácticas sociales genocidas: un nuevo modelo de construcción social”, publicado en revista Índice. Revista de Ciencias Sociales. Discriminación. En torno de los unos y de los otros, Año XXXIV, Nº 20, editado por DAIA Centro de Estudios Sociales, Argentina,  2000, pag. 227.
[8] Feirstein, Daniel, “Estructura y periodización de las prácticas sociales genocidas: un nuevo modelo de construcción social”, publicado en revista Índice. Revista de Ciencias Sociales. Discriminación. En torno de los unos y de los otros, Año XXXIV, Nº 20, editado por DAIA Centro de Estudios Sociales, Argentina,  2000, pag. 227.

[9] Chalk, Frank; Jonassohn, Kurt: “Historia y Sociología del Genocidio”, Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2010, p. 31.

En lo que supone otro hiato que ha puesto fuertemente en crisis la definición jurídica de genocidio, la cuestión de los grupos protegidos en el artículo II de la Convención merece al menos una referencia circunstanciada.
Dicho texto legal, al definir jurídicamente al genocidio, enumera únicamente a los “grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos” como víctimas posibles de estas prácticas criminales.
Sin perjuicio de esta concepción restringida, muchos autores que han indagado en la génesis del concepto, han acordado que lo acreditado desde el propio juicio de Nüremberg relativo a la persecución y destrucción de agregados humanos comprendía a los opositores políticos, personas de identidad sexual disfuncionales al régimen, o con capacidades diferentes, grupos religiosos y nacionales, los que constituían el universo de casos abarcados por la norma consuetudinaria de derecho internacional que prohibe las conductas descriptas como genocidio[1]: “Tanto en la Resolución 96 (I) de la Asamblea General de la ONU, de 11 de noviembre de 1946, como en los trabajos preliminares de la Convención, aparecía incluido, aunque no de manera expresa, el concepto de genocidio político, que fue finalmente retirado de la redacción definitiva”[2].
Sobre estas bases, la Resolución adoptada el 27 de octubre de 1946 reconocía que “son culpables de crímenes contra la humanidad y son punibles como tales los que exterminan o persiguen a un individuo o un grupo de individuos por razón de su nacionalidad, su raza, su religión o sus opiniones”[3]. “Poco tiempo después, fue convocada en Bruselas la VIII Conferencia para la Unificación del Derecho Penal, que se reunió en julio de 1947, y basó la discusión sobre el alcance de la protección penal, es decir sobre los bienes jurídicos cuya violación debía constituir un crimen contra la humanidad,  adoptando la decisión de retener en la definición los atentados contra los derechos de los individuos y de los grupos perseguidos en razón de sus opiniones de carácter político”[4].
Estas menciones expresas de  grupo perseguido por sus opiniones por sus opiniones políticas, parecía fortalecer la tesis de los grupos políticos como sujetos protegidos en caso de la comisión de crímenes masivos: “De esta recopilación histórica, surge que en la elaboración previa a la Convención sobre Genocidio, la discusión en relación a los sujetos pasivos permitía inferir que la enumeración de los grupos protegidos iba a ser más amplia que la que quedó finalmente redactada, ya que reconocía a otro tipo de grupos, caracterizado como “grupo de opinión”, que sería el antecedente de lo que hoy llamamos “grupos políticos”. Esto demuestra que la comunidad internacional estaba preocupada por encontrar una protección también a estos tipos de grupos”[5].
En general, la mayoría de los expertos han dado cuenta de los riesgos que implica para una debida prevención disuasión y conjuración de los genocidios, la exclusión de los grupos sociales y políticos como víctimas potenciales en la definición legal.
Así, Benjamín Whitaker advirtió, al momento de abogar por una reforma de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre Prevención y sanción del Delito de Genocidio (conug), que “dejar a grupos políticos u otros grupos fuera de la protección de la Convención ofrece un pretexto considerable y peligroso que permite el exterminio de cualquier grupo determinado, ostensiblemente bajo la excusa de que eso sucede por razones políticas”[6].
Finalmente, como sabemos, la presión de algunas potencias, en especial de la Unión Soviética, para excluir los grupos políticos de la enumeración de agregados protegidos por la futura Convención, produjo la eliminación del texto ulterior de la misma.
Sin perjuicio de ello, parte de la doctrina ha entendido que la definición contenida en la Convención, en tanto no menciona a los grupos políticos, ha optado por  un concepto más restringido que el vigente en el derecho internacional con status de ius cogens, “por lo cual es posible sostener que existe una diferencia de alcance entre el término “genocidio” entendido como norma imperativa del derecho consuetudinario y el que rige a los efectos de la Convención”[7].
La acotada regulación jurídica en materia de grupo de víctimas de genocidio llevó a que el tpir tuviera serias dificultades para encuadrar a los colectivos de víctimas de dicho conflicto.
Es el caso concreto de los “tutsis” de Ruanda (cuya “diferencia” con los “hutus” fue determinadas unilateralmente por los colonizadores belgas en el siglo XX , a pesar que se trataba de grupos que tenían la misma lengua, cultura, religión y sistemas de creencias, por lo que la adjudicación de un carácter étnico del conflicto resultó verdaderamente problemática), para cuya inclusión como grupo de víctimas el TPIR debió apelar a una interpretación virtualmente abierta en la causa Akayesu: “Tales grupos estaban constituidos de un modo permanente y su pertenencia está determinada por el origen, con la exclusión de los grupos más “móviles a los que uno se integra a través del compromiso voluntario individual, como por ejemplo los grupos políticos y económicos. Por lo tanto, un criterio común entre los cuatro tipos de grupos protegidos por la convención sobre Genocidio es que parecería que la pertenencia a dichos grupos no es normalmente objetada por sus miembros, que pertenecen a ellos automáticamente, por su origen, de un modo continuo y generalmente irremediable”[8].
Esta interpretación abierta, si se quiere analógica, fue incluso dejada de lado en procesos posteriores por su difícil compatibilidad con el ya mencionado principio de legalidad en materia penal y procesal.
No obstante, en causas ulteriores, el propio Tribunal terminó admitiendo el carácter subjetivo de toda asignación identitaria, que recae más en el perpetrador que en la víctima (toda una novedad dogmática), abogando por un cierto equilibrio entre parámetros objetivos y subjetivos[9] .
Así, ha resuelto que: “los conceptos de grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos han sido analizados en profundidad y, en la actualidad, no existen definiciones precisas de los mismos aceptadas por la Comunidad Internacional. Cada uno de estos conceptos debe ser evaluado a la luz de un determinado contexto político, social y cultural. Además, la Sala advierte que, a los fines de aplicar la Convención sobre genocidio, la pertenencia a un grupo es, en esencia, un concepto subjetivo más que objetivo. El perpetrador de genocidio percibe a la víctima como perteneciente a un grupo destinado a la destrucción. En algunos casos, la víctima puede percibirse a sí misma como perteneciente a dicho grupo”[10].
De la misma manera, el TPIY determinó que “es más apropiado evaluar la condición de un (…) grupo desde la perspectiva de aquellas personas que desean separar a ese grupo del resto de la comunidad. Es la estigmatización del grupo (…) en razón de sus características nacionales, étnicas, raciales o religiosas percibidas” lo que resulta relevante para la definición de genocidio[11].
El tribunal consideró que las víctimas de la violencia genocida en la ex Yugoslavia, los musulmanes bosnios, conformaban un “grupo nacional” en los términos de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre Prevención y sanción del Delito de Genocidio (conug).
En este contexto, la Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) confirmó que la definición jurídica de genocidio deliberadamente excluye a los miembros de grupos políticos[12].
El precedente recorrido de los pronunciamientos de dos tribunales Ad-Hoc no permite extraer conclusiones asertivas sobre el acotado número de grupos protegidos por la Convención. Lo cierto es que los grupos políticos no fueron incluidos en 1948, y desde entonces no se incorporaron a la letra de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre Prevención y sanción del Delito de Genocidio (conug).
Las variaciones en los pronunciamientos del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (tpir) y el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (tpiy), desde aquella interpretación amplia realizada por el primero en el caso Akayesu para incluir en el ámbito de protección a todo grupo “estable y permanente”, dan cuenta que el acogimiento de los grupos políticos podría hacerse a través de una reforma o enmienda del texto legal, que tampoco se llevó a cabo en la década del 90, quizás porque, entre otras razones, se entendió que en las últimas décadas, las conductas genocidas no involucraron a grupos políticos y sociales, sino a colectivos nacionales, étnicos, raciales o religiosos[13].
Esta especulación no parece demasiado consistente tampoco, ya que -tal como señala el Informe Whitaker al someter a crítica el artículo II de la Convención sobre la base de los argumentos desplegados por Francia respecto de la necesidad de incluir a los grupos políticos como víctimas posibles de las prácticas genocidas- “mientras en el pasado los crímenes de genocidio se cometieron por razones raciales o religiosas, era evidente que en el futuro se cometerían por motivos políticos (…) En una era de ideología, se mata por motivos ideológicos”[14].
El Código penal francés ha sido coherente con este punto de vista al tipificar en su artículo 221-1 la figura de genocidio adicionando a la definición de la Convención la frase “(…) o bien cualquier otro grupo determinado en base a un criterio arbitrario”, determinado la figura en base a la práctica y no a la víctima, lo que supone un avance indudable en materia de legislación interna[15].
Por otra parte, si se incluyeron en su momento las razones religiosas, no se entiende por qué no hacer lo propio con las políticas, ya que ambas implican, ni más ni menos, que  sistemas de creencias de las víctimas.
Pareciera que las potencias hegemónicas de la posguerra, en previsión de posibles conductas propias futuras, prefirieron sancionar matanzas pasadas, pero ponerse a cubierto de las nuevas formas que podían asumir las futuras.
Estas perspectivas jurídicas y criminológicas, significaron hasta el siglo XXI una mengua efectiva en las posibilidades de prevenir, perseguir y enjuiciar crímenes masivos llevados a cabo respecto de grupos políticos o parte de ellos o de otros grupos contemplados en la norma legal.

[1] Folgueiro, Hernán L., en Parenti,  Pablo; Filippini, Leonardo; Folgueiro, Hernán L.: “Los crímenes contra la humanidad y el genocidio en el Derecho Internacional”,  Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2007, p. 137
[2] Rezses, Eduardo: “La figura de genocidio y el caso argentino. La posibilidad de adecuar juridicamente una figura penal a una realidad política”, disponible en www.derechopenalonline.com
[3] Rezses, Eduardo: “La figura de genocidio y el caso argentino. La posibilidad de adecuar juridicamente una figura penal a una realidad política”, disponible en www.derechopenalonline.com
[4] Rezses, Eduardo: “La figura de genocidio y el caso argentino. La posibilidad de adecuar juridicamente una figura penal a una realidad política”, disponible en www.derechopenalonline.com
[5] Rezses, Eduardo: “La figura de genocidio y el caso argentino. La posibilidad de adecuar jurídicamente una figura penal a una realidad política”, disponible en www.derechopenalonline.com
[6] Whitaker, Benjamin: “Revised and Updated Report on the Question of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide”, p. 19, citado por Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 35.
[7] Folgueiro, Hernán L., en Parenti,  Pablo; Filippini, Leonardo; Folgueiro, Hernán L.: “Los crímenes contra la humanidad y el genocidio en el Derecho Internacional”,  Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2007, p. 146.
[8]  El Fiscal contra Jean-Paul Akayesu. Fallo, Sala de Primera Instancia I del TPIR, Arusha, 2 de septiembre de 1998 (traducción no oficial), párrafo 515.
[9]  Feierstein, Daniel: “El genocidio como práctica social”, Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008, p. 56.
[10]  El Fiscal contra Rutaganda (Causa Nª. ICTR-96-3), Fallo y Sentencia, 6 de diciembre de 1999, f. 373.
[11] Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, 2005, pp. 37 y 38.
[12] Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, 2005, pp. 37 y 38.
[13] Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, 2005, pp. 37 y 38.

[14] Informe E/CN, 4/Sub.2/1985/6 (Informe Whitaker) p. 18 y 19, citado por Feierstein, Daniel: “El genocidio como práctica social”, Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008, p. 48.
[15] Discriminación punible. Derecho Comparado - Alemania, Argentina, Brasil, España, Francia y México, marzo de 2005 - BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE  Departamento de Estudios y Publicaciones Periódicas316, disponible en http://www.scribd.com/doc/24578229/Discriminacion-punible-Derecho-Comparado-Alemania-Argentina-Brasil-Espana-Francia-y-Mexico-marzo-de-2005-Departamento-de -Estudios-y-Publicaciones
Hace algunos años (no demasiados) la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa sancionó la Ley N° 1152 (luego derogada), que introducía modificaciones en el Código Procesal Penal, y que tornaba virtualmente no excarcelable el hurto de dos o más cabezas de ganado (hubo otras provincias argentinas que adoptaron regímenes semejantes).
Este  hallazgo de nuestra política criminal, un antecedente procesal del “hurto campestre”, hacía posible que quien resultara acusado de la sustracción de dos ovejas fuera inmediatamente privado de su libertad, pero que, en cambio, un sujeto procesado por abuso deshonesto de un niño,  un desaprensivo "homicida imprudente" de nuestras sociedades de riesgo, o un funcionario acusado de defraudar a la administración pública, podrían esperar seguramente el juicio en libertad. Debía pensarse que, o bien la norma reconocía una clara inspiración en las tradiciones milenarias hindúes, o el sistema penal no hacía sino subrayar su condición de brutal mecanismo de control social formal, definitivamente afectado a la reproducción de las condiciones de producción y explotación de nuestra sociedad.
Por el contrario, ante la evidencia de la desmesura de la norma, los jueces de Instrucción –mayoritaria aunque no unánimemente- decretaron tantas veces su inconstitucionalidad, hasta que el mismo Parlamento (agencia de criminalización primaria por excelencia) debió finalmente derogar la ley. Curiosamente, las entidades ruralistas de la Provincia volvieron a la carga posteriormente, intentando la exhumación de la misma iniciativa mediante expresiones hechas públicas antes de la incorporación al Código Penal de la figura del hurto campestre.
 Eran otros tiempos politicos, por supuesto. Las organizaciones patronales "del campo" podían arrancarle a fuerza de groseros lobbys este tipo de decisiones a una democracia mucho menos consolidada y participativa. Pero es bueno recordar lo que son capaces de producir estos campeones de la democracia, si el Estado retrocede y convalida sus lógicas y sus prácticas regresivas.