Por Eduardo Luis Aguirre

La fragmentación política y territorial de la ex Yugoslavia, perpetrada a manos de las grandes potencias occidentales, fue una de las evidencias más claras de la existencia de un nuevo orden mundial durante la modernidad tardía. Una  novedosa forma de dominación imperial sustentada en la geopolítica de la unipolaridad, impuesta por medio de la fuerza al resto del planeta, luego de la disolución de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín.
Eran tiempos del fin de las ideologías y de la historia, de la más plena vigencia del pensamiento único. Esto es, el triunfo definitivo del neoliberalismo a nivel global.
Los Balcanes expresaban, hasta ese momento, un experimento institucional, geoestratégico y social sin precedentes. Yugoslavia era un país equitativo y promisorio, cuyas singularidades sociales, económicas, culturales y políticas lo diferenciaban claramente del resto de las burocracias socialistas europeas.


Una experiencia autonómica tan distante del Pacto de Varsovia como de la OTAN.
Es obvio que Estados Unidos y sus aliados habían advertido que resultaba intolerable, para el nuevo paradigma hegemónico del capitalismo global, conservar en medio de Europa un país socialista no estalinista, con estado de bienestar, algunos derechos civiles y libertades compatibles con los significantes vacíos de los que se había apropiado la propaganda capitalista en boga, apegados a programas de progreso y solidaridad sustentables.
El conflicto se precipitó, en síntesis, con la decisión de Estados Unidos y sus socios europeos –en especial, Alemania- de recolonizar las antiguas repúblicas que formaron la Unión Soviética y sus estados aliados.
El caso de Yugoslavia fue atípico. El país no había tenido el grado de dependencia de la gran potencia comunista que sí exhibían el resto de las naciones alineadas con Moscú (por el contrario, lideraba las políticas mundiales de no alineamiento), ni tampoco la influencia del "socialismo real" había sido similar a la del resto de las burocracias satélites.
Por el contrario, debe recordarse que en 1948, la URSS condenó públicamente las políticas autonómicas de Tito y la situación derivó hacia tales niveles de tensión que hicieron temer un ataque militar contra Yugoslavia.
Es más: Belgrado conserva todavía los refugios construidos en esos años para el caso de un hipotético ataque del Kremlin.
Esta situación de conflicto potencial –paradójico- con un aliado histórico, se revirtió, de manera temporaria recién en 1955, ya fallecido Stalin, en oportunidad en que Kruschev visitó Yugoslavia. No obstante, las relaciones volvieron a enrarecerse a raíz de las revueltas en Hungría, ocurridas un año más tarde. Moscú acusó al gobierno de Tito de alentar a los grupos opositores, mientras Belgrado replicaba que la crisis respondía a la política de privación de derechos y garantías que los rusos imponían a la sociedad magiar.
Para algunos analistas, la indocilidad yugoslava para con los designios de Moscú es otro de los factores que ayudan a explicar la pasividad rusa durante el proceso ulterior de fragmentación del país balcánico a manos de la OTAN.
En todo caso, Yugoslavia, que había salido muy debilitada de la Segunda Guerra Mundial (entre otros factores, debido a su enfrentamiento con Moscú y los demás países socialistas, iniciado en 1948), alcanzó durante la posguerra –en buena medida, gracias a su política de no alineamiento- una calidad de vida más que aceptable en comparación con el resto de los países de la cortina de hierro.
La población en general gozaba de mayores libertades políticas y derechos civiles que el resto de los países socialistas, y además de una economía sólida y autogestionaria, poseía una ubicación geopolítica privilegiada "porque era un lugar de acceso terrestre, o especialmente fluvial a través del Danubio, a las grandes reservas energéticas en Oriente Medio y especialmente a la zona del mar Caspio"[1].
El derrumbe del socialismo real, dejó a Yugoslavia a la intemperie en medio del nuevo planisferio diseñado por el neoliberalismo hegemónico. El imperialismo percibió rápidamente esta debilidad sobreviniente.
Se trataba de una oportunidad geopolítica única. Rusia, un aliado histórico de Serbia (con las idas y vueltas que ya describimos), atravesaba el período de postración, debilidad y retroceso más grave de su historia política.
Conclusión: el pequeño país, epicentro de la creación del Movimiento de los No Alineados, se encontraba -a principio de la década de los noventa- a merced de la barbarie imperial.
Rápidamente, Occidente comenzó a profundizar las contradicciones latentes  al interior del país desde la finalización de la segunda guerra. Y puso en práctica lo que, con el correr de los años, Gene Sharp denominaría “doctrina de los golpes blandos”, intentados con suerte diversa en Medio Oriente, América Latina, Ucrania y tal vez la propia Rusia de nuestros agitados días de crisis de gas y petróleo inducida por Araba Saudita y Estados Unidos.
Aunque, en el caso yugoslavo, el desmembramiento territorial y político se produjera, finalmente, como consecuencia de la masacre llevada a cabo por las principales potencias capitalistas, a través de su brazo armado, la OTAN. Prescindiendo  inicialmente, incluso, de su funcional fachada institucional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La exacerbación de las pulsiones nacionalistas desatadas previamente en el seno de la federación adquirió una importancia decisiva en el desenlace. 
El 4 de mayo de 1980 murió Josip Broz, Tito, que había gobernado el país desde 1953. Con su desaparición, había comenzado el debilitamiento irreversible de una experiencia política unitaria basado en la hermandad y la solidaridad de los pueblos eslavos del sur, que duró 35 años.
Presiones internas y externas, y una crisis política y económica creciente, alimentaron la posibilidad de la desintegración territorial que, fatalmente, sobrevendría.
El clima social se enrareció, adquirieron un inusual protagonismo los liderazgos locales, y no se pudo (o no se quiso verdaderamente) poner fin a la fermentación creciente de una sociología de la enemistad, el germen imprescindible para la partición sobreviniente. Se fue generando, al influjo de una crisis económica real, cuidadosamente profundizada por los países europeos, el imperialismo norteamericano y los grandes organismos de crédito internacional, una “otredad negativa”, de resultas de la cual, muchas veces, la causa de los acuciantes problemas fue atribuida por buena parte de la población, al accionar  de uno u otro grupo étnico o social.
La atribución de una otredad negativa, como es sabido, entraña un proceso de destitución de la condición ciudadana, a partir de  una concepción excluyente y estigmatizante, llevada a cabo por razones políticas, sociales, culturales, ideológicas o raciales[2]. La agudización de las contradicciones y de distintos malestares, tales  como la desconfianza, la intolerancia, el miedo y los prejuicios respecto del otro, son algunos de los elementos que tienen la suficiente envergadura como para convertirse en el germen de las más terribles expresiones de violencia colectiva moderna.
El malestar paulatino de la convivencia al interior de la sociedad yugoslava, que la anacrónica cerrazón del gobierno de entonces no alcanzaba a escrutar correctamente, permitía presagiar la tragedia que sobrevendría: “De aquellas primeras reivindicaciones obreras, de cambios en la economía, estrangulada por la burocracia y cada vez menos eficaz, de mejores condiciones laborales, de supresión de las diferencias sociales y de la corrupción creciente, de repente, se pasó a las generalizadas polémicas políticas entre los Gobiernos de las Repúblicas –sobre el agotamiento del sistema federal; las ventajas de las relaciones confederales asimétricas; la eliminación del Ejército Federal como árbitro político; la necesidad de grandes inversiones extranjeras y su orientación; el subdesarrollo de regiones y autonomías; el atropello y el desprecio de los derechos históricos de pueblos y minorías; la artificialidad de las fronteras entre las repúblicas; la rectificación de errores históricos y sobre la injusticia- y a las auténticas peleas inoportunas, con amenazas de secesión de partes del país. Sentados a la misma mesa de mando desde la que seguían dirigiendo el país omnipotentemente, los que durante decenios habían pregonado la hermandad y unidad de los pueblos, no sólo no conseguían ponerse de acuerdo en lo más mínimo, sino que eran incapaces de intercambiar una sola palabra sin entrar en fuertes críticas y reproches e incluso insultos personales. En defensa de sus posturas y propósitos llenos de fanatismo y obstinación nacionalista, cada uno buscaba el apoyo de su pueblo, así que el país se inundó con todo tipo de referéndum, peticiones, asambleas, mítines y manifestaciones, acompañados de la decoración e iconografía adecuadas. Saltaban chispas de las consignas incendiarias y de los discursos dramáticos llenos de advertencias peligrosas, destinados tanto a la parte contraria como a los que no estaban allí y no entendían, o no querían entender, la importancia de ese  momento y que no se rebelaban en defensa de la causa noble, gloriosa y justa de su pueblo. En esa insoportable incandescencia tampoco faltaron refriegas. Empezaron a oírse disparos en los pueblos en Croacia. Los primeros relatos aislados sobre los grupos y bandos que se estaban armando y que aterrorizaban a la gente con sus disparos y alaridos nocturnos, campesinos que organizaban guardias y levantaban barricadas, las investigaciones tardías e ineficaces de la policía, llegaron pronto a la televisión, provocando con su imagen sombría la incredulidad, la confusión y el miedo, presagiando las discrepancias insalvables y las futuras rupturas definitivas[3].
La escalada militar ulterior, durante la cual la OTAN arrojó sobre Yugoslavia decenas de miles de toneladas de bombas y misiles, causando un número indeterminado de víctimas fatales entre la población civil, culminó con la impunidad absoluta de los perpetradores.
Un elemento más que caracteriza lo que he definido anteriormente como un sistema de control global punitivo.
Pero además, la invasión militar fue exhibida al resto del mundo de una manera absolutamente sesgada y tendenciosa por parte de las principales cadenas informativas imperialistas, que no trepidaron en falsear olímpicamente la realidad de lo ocurrido durante ese duro conflicto.
Los agresores fueron presentados como defensores de los Derechos Humanos, la libertad y la democracia, y las víctimas, como totalitarios nostálgicos, nacionalistas “extremos” que no alcanzaban a comprender las bondades de un bombardeo que durante meses asoló a un país cuyo pecado capital fue no haberse allanado a los designios imperiales. “Por supuesto, el relato que se ha ofrecido de los conflictos que generó la descomposición de Yugoslavia, también ha sido fragmentado, y eso desde sus mismos inicios y hasta la última de las guerras. La de Kosovo no se suele relacionar con la de Bosnia, la de Eslovenia ni siquiera con la de Croacia, no digamos con la Macedonia –que para muchos ni siquiera existió-, y así sucesivamente. Y también se huye sistemáticamente de relacionar las Guerras de Secesión yugoslavas con los acontecimientos acaecidos con posterioridad. En consecuencia, esa cadena de con&ictos ha quedado en la memoria popular como una colección de crisis confusas, algo así como una compleja maraña de odios descontrolados, conectados con rencores enraizados en el pasado remoto. Una explosión seguida de un incendio que, en todo caso provocó el malvado Slobodan Milošević o «los serbios» (en abstracto), y que una bienintencionada «comunidad internacional» logró extinguir con más pena que gloria. Sin embargo, «Milošević-los serbios» no tuvieron que ver con la primera de esas guerras (Eslovenia) ni con la última (Macedonia). Es un dato interesante a tener en cuenta, porque el único principio que se nos presenta como unificador, no es tal; y el hecho de que no hubiera intervenido en el desencadenamiento de dos de las cinco guerras, prueba que hubo otros factores que sí actuaron en el estallido y desarrollo de todas ellas[4].
El asalto militar fue el último tramo de un meticuloso entramado destituyente que inauguraba una época pródiga en primaveras y golpes de estado no convencionales.
La doctrina de los golpes blandos, debe recordárselo, concibe una primera etapa de exacerbación de la conflictividad y las diferencias al interior del país que se propone desestabilizar, para continuar con el “calentamiento de la calle”, la organización de manifestaciones de todo tipo, potenciando posibles fallas y errores de los gobiernos, la necesaria guerra psicológica, los rumores, y la desmoralización colectiva, hasta terminar con la dimisión de los gobernantes. Allí jugó un rol decisivo la organización OTPOR (imagen), exportada luego a las distintas "primaveras" y golpes suaves perpetrados en todo el mundo con diversa suerte, incluida América Latina.


En el caso de Serbia, Occidente no necesitó que renunciaran sus gobernantes y líderes (de hecho, Slobodan Milošević fue derrotado en elecciones presidenciales en el año 2000, y en 2001 puesto a disposición del Tribunal de la Haya por parte del propio gobierno de su país). Los entregó para que fueran juzgados por un tribunal internacional ad-hoc, uno de los más fuertemente cuestionados de la historia de la justicia y el derecho internacional, como habremos de ver.
La exacerbación de la conflictividad comenzó, como es conocido, con la estimulación sistemática de los particularismos y las diferencias existentes entre las distintas repúblicas. La exaltación de la diversidad pivoteó sobre el falseamiento de hechos históricos, las diferencias religiosas, “étnicas” y políticas.
El otro, que antes era un connacional, comenzó a percibirse entonces como un enemigo. Es decir, se construyó una otredad negativa como forma simplificada de explicación de la crisis nacional precipitada particularmente por Alemania y de allí a las pulsiones “independentistas” made in occidente, hubo un solo paso.
El calentamiento de la calle contó con el aporte decisivo de una cobertura tan inusual como falaz  por parte de las grandes cadenas informativas de los países centrales.
Y los yerros del gobierno de Belgrado, sirvieron en última instancia, para inaugurar la sistemática demonización del país y de sus referentes políticos y militares: el pretexto perfecto para desatar una guerra “humanitaria” sobre los Balcanes.
La Guerra de los Balcanes,  que comenzó “formalmente” en 1991, con la independencia que Eslovenia y Croacia declararon respecto de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia, constituyó desde su inicio una clara amenaza para la paz y la seguridad de la región.
Digo formalmente, porque, en realidad, Alemania venía dando pasos firmes, tendientes  a la división de Yugoslavia, desde hacía varios años.
En realidad, ya en el año 1979, el BND, el servicio secreto germano, habría dispuesto el envío a Zagreb de agentes cuya finalidad era apoyar y fortalecer (incluso con armas) al líder nacionalista croata Franjo Tudjman en su cruzada por la división yugoslava, una vieja obsesión de Berlín que no había logrado completar tan perfectamente como ahora en ninguna de las dos guerras mundiales.
Fue recién en la modernidad tardía cuando la principal potencia europea logró el objetivo estratégico de controlar la ruta del petróleo y el gas proveniente  del Cáucaso y Oriente Medio. De hecho, en 1992, el ministro bávaro del Interior declaraba: «Helmut Kohl ha conseguido lo que no obtuvieron ni el Emperador Guillermo ni Hitler»[5] .
Si bien la guerra en Eslovenia fue efímera (la “guerra de los diez días”), el conflicto con Croacia fue singularmente cruento, y en 1992 se sumó Bosnia-Herzegovina al movimiento separatista desembozadamente promovido por las potencias de la OTAN.
Las fuerzas serbias que respondían al gobierno central de Belgrado, naturalmente, tendieron a la recuperación de Bosnia, territorio federal, lo que produjo un desenlace esperablemente violento, reacción que fue presentada insólitamente al mundo como una “invasión” capaz de justificar la intervención humanitaria destinada a salvaguardar a las víctimas de tal “atropello”.
Kosovo se convirtió, finalmente, en el epicentro emblemático del conflicto, que luego signaría de manera decisiva el destino del país.
La esperable defensa de los serbios de una parte emblemática de su territorio fue la excusa perfecta para que los actores imperiales clamaran, ahora sí,  por la intervención de las Naciones Unidas a través de su Consejo de Seguridad, una de cuyas funciones es, curiosamente, velar por la paz y la seguridad internacional.
Las consecuencias de esta intervención, más allá de las motivaciones explícitas convencionales, apuntaban a inferir a Serbia una derrota ejemplificadora.
El objetivo era obligarla, en primer lugar, a aceptar el amargo y compulsivo designio de terminar pugnando por ingresar a la Unión Europea, acatando la implementación de recetas recesivas y regresivas por parte de los organismos internacionales de crédito, previo desguace de su economía nacional, su organización política y sus conquistas sociales.
Es decir, propender a su propia degradación y dependencia. Lo que en el particular léxico de los recolonizadores del mundo se conoce como el ingreso a la “economía de libre mercado”.
Actúa en este caso, por primera vez, una OTAN “reconvertida”. Este “nuevo papel” de la alianza militar de occidente, respondía en buena medida a la disolución de la hipótesis de conflicto que justificara históricamente su creación. Más claramente, al desaparecer el Pacto de Varsovia, era esperable que lo propio ocurriera con la fuerza defensiva de occidente. Sin embargo, el conflicto de los Balcanes permitió  la redefinición de los objetivos de la OTAN y, fundamentalmente, a ampliarlos.
En esa ampliación debe incluirse el nuevo rol de gendarme militar del mundo, que, por supuesto, las intrigas entre Alemania y Estados Unidos al interior de la misma no alcanzan a disimular[6]
La OTAN, en este nuevo marco, ya no será una alianza “defensiva” estratégica (de hecho, el de los Balcanes fue el primer ataque llevado a cabo en 50 años), sino el brazo armado de una estructura sistémica que refleja el unilateralismo global en materia militar, y también la preponderancia de los organismos financieros, las grandes multinacionales, los más influyentes medios masivos de comunicación del mundo y aún las instituciones y organismos supuestamente concebidos para garantizar valores globales tales como la paz, la democracia y la libertad de los pueblos del planeta.
Por eso, vale reiterarlo, en la guerra intervinieron contra Yugoslavia, además de los ejércitos más poderosos del mundo, las coaliciones económicas, financieras e institucionales encargadas de la custodia y reproducción de las relaciones capitalistas de producción.
Si no se entiende este particular costado del análisis, no puede comprenderse la singularidad del conflicto.
Porque si bien no hay dudas que, también en este caso, el capitalismo intentó sufragar una vez más sus crisis cíclicas con el recurso a la guerra, esta contienda añadió un condimento especial: el debut de una nueva coalición global punitiva, un sistema de disciplinamiento global que utiliza las armas pero también la potencia descomunal de los mercados, la propaganda de las grandes cadenas afines, un sentido común hegemónico y, por si esto fuera poco, los organismos e instituciones que conforman la denominada eufemísticamente “comunidad internacional”, capaces de legitimar instancias destituyentes hasta ese momento casi desconocidas. También, desde luego, las agencias orgánicas de poder mundial (particularmente, el Consejo de Seguridad de la ONU) destinadas a propagar un sistema jurídico afín al establishment imperial.
A partir de ese momento, reiteramos,  los crímenes de masa, las intervenciones “humanitarias” y preventivas, las “guerras justas”, los nuevos enemigos creados por el imperio y la violencia “legítima” internacional, debieron, necesariamente, entenderse como la consolidación de este nuevo sistema de control global punitivo, que implicaba  un proceso de transformación sociológica y geopolítica fenomenal, que a su vez demandaba un derecho y prácticas de control global punitivo en permanente estado de “excepción” y emergencia continua.
Una violencia naturalizada que se ejercita a través de las armas, la propaganda, las sanciones económicas y la colonización cultural.


. Que, además, se exhibe  como una “fuerza  legítima”, capaz de garantizar la efectividad del nuevo orden. Justamente, la otra gran perplejidad que nos plantea el sistema jurídico imperial radica, en el hallazgo ontológico de denominar “derecho” a una serie de técnicas y prácticas fundadas en un estado de excepción permanente y en un poder de policía que legitima el derecho y la ley únicamente a partir de la efectividad, entendida  en términos de imposición unilateral de la voluntad imperial[7].
Este sistema de control punitivo constituye el nuevo instrumento de disciplinamiento global de los insumisos y los débiles, y marca la vigencia de un estado de emergencia permanente en materia de derecho internacional.
Por lo tanto, cuando debatimos acerca de los cambios trascendentales, paradigmáticos, que deparó la globalización, necesariamente debemos enumerar entre ellos el declive de los Estados nacionales y del concepto de soberanía, pero también el renacimiento de las reivindicaciones locales, la legitimación de la fuerza como mecanismo recurrente para resolver los conflictos y la consolidación de un novedoso sistema de control global punitivo, destinado a reproducir las condiciones de hegemonía impuestas por el imperialismo.
Como ya lo expresáramos, la globalización dota de un nuevo fundamento al sistema internacional, establece nuevas hegemonías e introduce cambios en los mapas y las relaciones, las alianzas estratégicas, la aparición de nuevos bloques y nuevos sujetos políticos.
Esta delicada vinculación entre relaciones internacionales, derecho internacional, sistema imperial y capacidad de expresar nuevas gramáticas y prácticas hegemónicas, ha dado lugar a una sociología del control global punitivo, que remite a la guerra como forma novedosa de imponer la voluntad imperial a los más débiles, estableciendo nuevas e inflexibles categorías securitarias a nivel planetario.
El  sistema de control global punitivo constituye, de esa manera, una nueva forma de dominación universal que se apoya en retóricas, lógicas, prácticas e instituciones de coerción, la más violenta de las cuales es la guerra.
Una guerra de cuño imperial. De características diferentes a los conflictos armados que acaecieron hasta la Guerra Fría. Un novedoso tipo de guerra que se inauguró, precisamente, con el bombardeo brutal que durante 78 días sufrió Serbia en manos de la OTAN, que dejó en claro que el nuevo rol de la alianza no se acotaría a intervenciones en países de la periferia mundial: podría atacar, si conviniera a sus intereses imperiales, dentro de las fronteras de la propia Europa.
En definitiva, se trata de una guerra que ya no busca anexar grandes espacios geográficos o asegurar mercados internacionales, sino que encarna grandes disputas culturales, gigantescas empresas propagandísticas, que se emprenden con el objeto de imponer valores, estilos de vida, sistemas de creencias compatibles con la visión imperial del mundo. Y que incluyen, por supuesto, la vocación de apropiarse unilateralmente de recursos naturales escasos (en este caso, las rutas del petróleo y del gas) y la utilización de arsenales bélicos y comunicacionales de última generación. Porque en estas guerras no se tiende solamente a lograr victorias militares, sino también a imponer relatos, narrativas y productos culturales compatibles con los intereses “humanitarios” del imperialismo, e infligir a los vencidos derrotas aleccionadoras en el plano  político y moral. Aunque éstas impliquen, paradójicamente, la perpetración de horribles crímenes contra la humanidad.
Estas masacres, que permanecen absolutamente impunes, pusieron al descubierto la crisis sistémica del Derecho Penal Internacional, y la capacidad del imperialismo de exhibir y asimilar sus intereses a los del resto del planeta, utilizando en todos los casos, de allí en más, apelaciones a valores tales como la seguridad, el humanitarismo, la democracia y la libertad, con los que se encubría la intencionalidad de una recolonización imperial del mundo, al amparo de un predominio cultural, discursivo y propagandístico nunca antes visto.
Los crímenes perpetrados durante la guerra se dirimieron en La Haya, mediante la intervención de un tribunal creado después de finalizada la agresión.
El Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia no ha perseguido ninguno de los crímenes colectivos cometidos por la OTAN.
Una masacre como aquella, seguida de una ominosa impunidad, probablemente se repita en cada oportunidad en que el Imperio decida volver a las andadas y castigar a los pueblos subalternos con una nueva cruzada humanitaria apoyada por la “comunidad internacional”.
Todo lo que el derecho internacional pueda hacer para impedirlo, implicará un aporte militante para evitar una catástrofe sin precedentes[8]. “Y durante tres meses los aviones de la OTAN bombardearon puentes, fábricas, barrios residenciales, trenes, coches de línea, hospitales, una embajada, un convoy de refugiados, el edificio de la televisión estatal…el concepto crimen de guerra cuadra bastante bien con muchos de aquellos ataques y la verdad no me hubiera importado acudir ante un tribunal, como testigo presencial de aquellos crímenes, si alguno de ellos hubiera sido alguna vez juzgado. Pero siempre supimos que no lo serían. Que el derecho internacional no rige para EEUU y sus aliados. Que no se trataba de derecho sino de poder”[9].
El 23 de marzo de 1999, el diario El País anunciaba de esta manera el inicio del histórico martirio serbio, que comenzaría en menos de 24 horas: “Solana ordena el bombardeo de Serbia. La hora del fuego parece haber llegado de forma inevitable. El secretario general de la OTAN, Javier Solana, ordenó anoche el ataque militar contra territorio yugoslavo. Los primeros bombardeos con misiles, que abrirán paso a la intervención de la fuerza aérea, pueden producirse esta misma noche. Sólo una "señal muy contundente" del dictador Slobodan Milošević impedirá ya el ataque internacional para pacificar Kosovo. Solana evacuó consultas con Bill Clinton, con Jacques Chirac, con el jefe del Gobierno español, José María Aznar, y con otros líderes. Todos ellos le confirmaron su apoyo para lanzar un ataque aliado en caso necesario. Esa necesidad se reveló inevitable tras la segunda ronda de negociaciones mantenida ayer en Belgrado por el enviado especial estadounidense, Richard Holbrooke, quien tiró la toalla tras algo más de dos horas de conversaciones con Milosevic. Holbrooke voló anoche en dirección a Bruselas para informar de la situación al secretario general de la OTAN. Fuentes de la Alianza señalaron poco antes de la reunión que Solana había tomado ya la decisión de atacar. Esta fue anunciada poco antes de la medianoche. La orden de ataque significa que el general Wesley Clark, jefe supremo de las fuerzas aliadas en Europa, puede abrir fuego cuando le parezca que se cumplen las mejores condiciones para asegurar su éxito.
Ese mejor momento parece que podría ser esta misma noche, dada la tradición aliada ya demostrada en Irak de lanzar ataques aprovechando la oscuridad. La orden de ataque puede ser revocada por Solana en cualquier momento, aunque la OTAN se mostraba anoche pesimista y descartaba una vuelta atrás salvo en el caso de que Milosevic diera "una señal muy contundente" y acatara sin ambages el plan de paz auspiciado por la comunidad internacional en Rambouillet.
El primer ataque intentará destruir con misiles las potentes defensas antiaéreas yugoslavas. Una vez cumplida esa finalidad, la OTAN podrá bombardear otros objetivos militares utilizando la aviación. Los milimétricos preparativos de las últimas semanas intentan no sólo asegurar la victoria militar aliada, sino reducir al mínimo posible las bajas de civiles. "El ataque se realizará exclusivamente sobre objetivos militares", insiste la Alianza.
Objetivo político.
El bombardeo del territorio serbio tiene ante todo un objetivo político: obligar a Slobodan Milošević a firmar la paz y poner en marcha el plan suscrito ya por los albanokosovares en Rambouillet bajo el patrocinio de la comunidad internacional. "La fuerza es siempre el último recurso de la OTAN. Algunos nos han criticado por no haberlo utilizado antes y otros nos criticarán porque lo hacemos ahora. Pero el único fin del ataque, si llega a realizarse, es un objetivo político una vez agotados todos los canales de negociación", sostenían anoche fuentes de la Alianza Atlántica. Bombardear territorio serbio tiene como objeto no sólo forzar a Milošević a entenderse con los kosovares, sino evitar una catástrofe humanitaria: la muerte de centenares de personas y la emigración forzosa de miles de refugiados. Caso de producirse, el bombardeo de territorio serbio sería la segunda intervención aliada en los Balcanes, tras la efectuada en 1995 en el conflicto de Bosnia-Herzegovina”[10].
Por su parte, los líderes europeos, solidarios en la cruzada criminal, daban cuenta al mundo del inicio de la agresión. El presidente del Gobierno español, José María Aznar, uno de los protagonistas de la derecha dura hegemónica de la época, advertía desde Berlín, que la decisión sobre la intervención de la OTAN en Kosovo "estaba tomada" y que el Gobierno español "la apoyaba". “El presidente de EE UU, Bill Clinton, el primer ministro británico, Tony Blair, y el jefe del Estado francés, Jacques Chirac, entre otros, se dirigieron ayer a sus opiniones públicas o a sus respectivos Parlamentos para informarles sobre la participación de sus tropas en el inminente ataque aéreo contra Serbia[11]. El ataque, que, como recordamos, debía acotarse únicamente a “objetivos militares milimétricamente establecidos”, causó una indeterminada cantidad de víctimas entre la población civil afectada. Un periódico conservador español daba  cuenta, por entonces, de algunos de los recurrentes “errores” (así eran denominados) de los pilotos de la mayor fuerza militar del planeta:

Errores de la OTAN hasta el momento”
El 30 de mayo la OTAN reconoce su "último error": bombardeó un puente en Varvarin (160 kilómetros al sur de Belgrado), pero aseguró que no tuvo intención de causar bajas civiles en este ataque, el décimo tercero que se salda con víctimas indeseadas. Ese ataque dejó once muertos y 40 heridos, quince de ellos en estado grave y cinco en estado crítico. En total, 254 personas han perecido en estos bombardeos asesinos desde que la OTAN lanzó su ofensiva aérea contra Yugoslavia el 24 de marzo, según fuentes serbias.
La Alianza considera "inevitables" estos "errores" que ocasionan "daños colaterales indeseados" y sostiene que su porcentaje es ínfimo con respecto al enorme número de misiones aéreas cumplidas.
- 5 de abril: 17 muertos en el bombardeo de la ciudad minera de Aleksinac (Serbia, 200 kilómetros al sur de Belgrado). Una bomba guiada por láser con destino a un cuartel del centro de la ciudad erró el blanco.
- 9 de abril: Los habitantes de Pristina, capital de Kosovo, fueron víctimas de un ataque contra una central telefónica. Ni la OTAN ni los serbios han suministrado un saldo de las víctimas.
- 12 de abril: Varios misiles disparados contra un puente por el que pasaba un tren en Grdelička Klisura (sur de Serbia) mataron a 55 personas.
- 14 de abril: La OTAN bombardeó una caravana de fugitivos kosovares en la región de Djakovica (Kosovo) y ocasionó 75 muertos. La Alianza argumentó que pensaba que se trataba de una caravana de vehículos militares.
- 28 de abril: La OTAN mató a 20 personas cuando, al intentar bombardear un cuartel en Surdulica (250 kilómetros al sur de Belgrado), erró el blanco y sus proyectiles cayeron en una zona residencial.
- 1 de mayo: 47 muertos en el bombardeo del puente de Luzane (Kosovo) por el que pasaba un autocar.
- 7 de mayo: Una bomba de racimo, destinada al aeropuerto de Niš (sureste de Serbia) cayó en el centro de la ciudad en pleno día y causó por lo menos 15 muertos y 70 heridos.
- 8 de mayo: La OTAN bombardea la Embajada de China en Belgrado y mata a tres periodistas chinos que pernoctaban en ella. El ataque dejó además unos 20 heridos y generó una grave crisis diplomática entre China y Estados Unidos. La OTAN arguye que cometió este error por haber utilizado un plano anticuado de la ciudad.
- 13 de mayo: 87 albanokosovares murieron en Koriša (Kosovo) al bombardear un "objetivo legítimo", un campamento militar, en el que no pudo explicarse la presencia de civiles.
- 20 de mayo: Por un error de encaminamiento por láser, una bomba disparada por la aviación contra Belgrado alcanzó el hospital Dragiša Mišović, en el barrio de Dedinje. Cuatro pacientes murieron.
- 21 de mayo: Por lo menos 19 personas murieron al ser atacada la cárcel de Istok (Kosovo), en la que se cobijaban según la OAN la Policía y el Ejército yugoslavos.
- 22 de mayo: la OTAN bombardea por error una posición de la guerrilla independentista de Kosovo y causa siete muertos y 15 heridos.
- 30 de mayo: Al menos 11 muertos y 40 heridos en el bombardeo del puente de Varvarin (160 kilómetros al sur de Belgrado).
- 1 de junio: 20 ancianos muertos tras el bombardeo de un geriátrico en un suburbio de Belgrado. El error también causa la muerte de una mujer y provoca heridas en otras ocho personas.
- 2 de junio: Aviones aliados lanzan bombas sobre territorio albanés, a cuatro kilómetros de Morina, creyendo que destruyen trincheras del Ejército Yugoslavo”[12].
En síntesis, la OTAN llevó a cabo un proceso de exterminio sistemático con pretensión reorganizadora destinado a la recolonización y disciplinamiento de los pueblos eslavos del sur europeo.
Para lograrlo, necesitó imponer, en primer término, una campaña global de desinformación y adulteración de la verdad histórica, valiéndose de los grandes medios de comunicación aliados. Ese proceso de manipulación de la información se ha reproducido en cuantas invasiones, guerras humanitarias, primaveras o golpes suaves haya alentado, estimulado o impulsado el imperialismo en todo el mundo.
Esto es un elemento fundamental, consustancial al nuevo sistema de control global punitivo, estrenado en los Balcanes, que incluye fabulosas operaciones mediáticas, bloqueos y otras formas de estrangulamiento económico y financiero, exacerbación de las diferencias de los países víctimas y, por supuesto, operaciones policiales de alta intensidad o guerras de baja intensidad, según lo demande cada realidad en particular.
No existen demasiadas diferencias entre lo ocurrido en Yugoslavia con lo que el imperialismo intentó en Bolivia, Ecuador, Honduras, Venezuela, Paraguay o Argentina, con suerte diversa. Los recursos a los que ha echado mano responden a una misma lógica punitiva global, y no difieren, en ese sentido, de lo ocurrido en Irak, Afganistán, Ucrania o Libia.


















[1] Itulain, Mikel: "El origen de la guerra en Yugoslavia", disponible en http://miguel-esposiblelapaz.blogspot.com.ar/2012/10/el-origen-de-la-guerra-en-yugoslavia.html
[2] Aguirre, Eduardo Luis: “La cuestión del denominado “autogenocidio” y la construcción de una otredad negativa”, disponible en http://derecho-a-replica.blogspot.com/2013/03/la-cuestion-del-denominado.html.
[3] Djordjevich, Branislav: “Lugares lejanos, gente desconocida”. Editorial Círculo Rojo, Sevilla, 2012, p.
[4] Veiga, Francisco: “A veinte años vista del 25 de junio de 1991”, disponible en http://balkania.es/resources/Veiga+2.pdf.
[5] Collon, Michel: “TEST - MEDIOS : ¿ Cuánto valía nuestra información sobre la fragmentación de Yugoslavia ?”, disponible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=28190

[6] Vuksanovic, Aleksandar; López Arriba, Pedro; Rosa Camacho, Isaac: “Kosovo: La coartada humanitaria”, ed. Vosa, Madrid, 2001, p. 107.
[7] Agamben, Giorgio: “Estado de Excepción”, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2007, p. 58.
[8] Aguirre, Eduardo Luis: “Crímenes contra la humanidad y el cuestionado rol del TPIY”, disponible en http://127.0.0.1/wordpress/2012/10/31/crimenes-contra-la-humanidad-y-e-2/
[12] http://www.elmundo.es/internacional/kosovo/errores.html.

(*) Fragmento de "El llanto del Kopaonik", de Eduardo Luis Aguirre. Editorial Universitaria de La Plata, 2015.

Por Eduardo Luis Aguirre

"La velocidad del proyecto oficialista para pagar a los fondos buitres podría dilatarse en el Congreso. Opositores que hasta ahora habían manifestado su apoyo al Gobierno sembraron dudas sobre si sería conveniente derogar la ley Cerrojo y la de Pago Soberano antes de que se expida la Corte de Apelaciones de Nueva York, que el viernes suspendió el levantamiento del embargo contra el país que había dictado el juez Thomas Griesa" (Edición digital de hoy del diario Clarín).

(Escrito a las apuradas. En la mañana dominguera, en tono de conjetura  y antes de que se consume la catástrofe).

El delito de traición a la patria data de la primera versión de nuestro Código Penal. Entre aquel año 1921, de plena posguerra interimperialista y prolegómeno de las confrontaciones de destrucción total que depararan los grandes crímenes de masa perpetrados por ambos bandos entre 1939 y 1945, el código transcurrió su vigencia sin plantearse siquiera la necesidad de la adecuación de la letra del tipo penal en cuestión a las denominadas guerras de cuarta generación. Sin embargo, pese a que los artículos 214 a 218 prevén graves penas de prisión para aquel que "tomare las armas contra" la nación (como en las mentadas guerras de los siglos XIX y primera mitad de la pasada centuria), se uniere a sus "enemigos" (categoría  específica y naturalmente actualizable del derecho penal internacional y del derecho internacional de los DDHH) o le prestare cualquier ayuda o socorro, en el inciso 1) del propio artículo 215, el código conmina con pena de prisión perpetua a quien "ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad". Este tramo específico de la norma autoriza a pensar sobre su plena vigencia en el marco de las guerras de cuarta generación contemporáneas. En esos conflictos, desaparece el concepto tradicional de campo de batalla y toda la sociedad atacada se convierte en el mismo, a través de estrategias planificadas de colonización cultural y mediática. Los mensajes emitidos por lo medios de comunicación serán, de esta manera, un factor determinante para influir en la opinión pública, tanto en el ámbito doméstico como en el internacional, por lo que la propaganda llegará a constituir el arma estratégica y operacional dominante en este tipo de guerras. Las acciones tácticas tendrán como objetivo la cultura del enemigo. Predisponiendo a las poblaciones en contra de sus propios gobiernos. Ello permitirá a un pequeño número de combatientes atacar, y causar gran daño, a elementos importantes de naturaleza civil, en la "retaguardia" enemiga. Se advierte del uso futuro de las tecnologías más avanzadas de la información en un escenario de guerras de cuarta generación. Por supuesto, las guerras de cuarta generación profundamente asimétricas, protagonizadas por adversarios cuya potencialidad es absolutamente disímil y desparejo, incluye la disputa por la victoria en el plano militar, pero también -y fundamentalmente- económico, geopolítico, político, cultural y moral. La derrota que se infiere a los perdidosos es total, y las bombas siempre son precedidas por las mentiras. Por supuesto, estas guerras encarnan disputas por valores explícitos y enmascaran razones mucho más oscuras, como la apetencia de los recursos estratégicos, las finanzas, las deudas y la necesidad de preservar un sistema global de control punitivo de pleno y absoluto dominio imperial. Las deudas de las naciones del denominado Tercer Mundo, a la vez que sus recursos no renovables, son uno de los botines necesarios de las nuevas conflagraciones. Las guerras de cuarta generación han culminado hasta ahora con la postración absoluta y total de los vencidos. Basta con observar los escenarios de los Balcanes, Irak, Libia, Afganistán, y sentarse a ver el desenlace de la masacre humanitaria perpetrada en Siria, por dar solamente algunos ejemplos. 
En el marco argentino actual, quien no tenga la certeza absoluta de que el acuerdo con los buitres no habrá de desatar una tragedia financiera que caerá sobre las generaciones futuras de argentinos e igualmente promueva dichos pactos, contribuye decisivamente a "someter total o parcialmente a la Nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad". En esa encrucijada se encuentran los congresistas de nuestro país. Entre los buitres y el código penal, que desde el fondo de la historia les recuerda que existe -todavía- el delito de traición a la Patria.
Por William Fredy Pérez Toro (*) (**)

"Quién manda aquí", pregunté. Me dijeron: "el pueblo naturalmente" . Dije yo: "naturalmente el pueblo pero ¿quién manda realmente?".
Erich Fried

El tema de este trabajo surge en medio de dos circunstancias: entre una personal preocupación por las condiciones de confrontación armada vigentes en Colombia y las constantes confusiones a que conducen los discursos jurídico-penal y criminológico en relación con la experiencia de la guerra. El núcleo del problema que aquí se aborda se encuentra constituido por la materia de esos discursos aludidos. Así, guerra y derecho penal, crimen y guerra, conforman los términos de la cuestión; o, más exactamente, la sugieren como problemática compleja en tanto el objeto de estudio se encuentra determinado por conceptos antitéticos: derecho y tramitación no institucional de conflictos, soberanía(s) en disputa y capacidad criminalizadora. Las preguntas concretas que dan origen a la reflexión son éstas: en una sociedad cruzada por un tipo de guerra que se caracteriza como "de larga duración" ¿cómo pensar un criminal? ¿cómo "hacer" criminología? ¿cómo concebir el delito? ¿cómo saber del delincuente? Y cómo hacerlo delante de es particular confrontación protagonizada por múltiples actores y cuyas causas, que son tan diversas como ilegibles, se vuelven las relaciones presentes entre éstas y aquéllos. Cómo hacerlo delante de una guerra que finalmente va dando un sentido muy concreto al "derecho" penal y que apenas -esa guerra- puede construir "criminales" o referentes mentales de "lo debido" precisamente a partir de dinámicas bélicas y violentas.



Formular ese problema, a mi juicio, implica mantener la hipótesis de que la reflexión sobre el delito en Colombia se encuentra irremediablemente sesgada si se supone, sin que el estudio de la cuestión se puede mantener inalterado y reducido al diálogo teórico y dogmático de la tradición jurídica liberal. Y, en consecuencia, eso implica también mantener que no es posible un trabajo criminológico, ¡ni jurídico-penal! no falsario, si no se admite que los objetos de estas disciplinas deambulan por el escenario del conflicto interno -y por el de un "interés" internacional- en el que cada "guerrero" declara ser de lo delictivo ... y actúa como si lo fuera. No se trata pues, en relación con el crimen, sólo de que "una investigación de las causas no es procedente con respecto a objetos definidos por normas, convenciones o evaluaciones sociales e institucionales" (1),sino de la dificultad que representa la inicial atomización y proliferación de ámbitos de definición con de la vigencia, en resumen, de múltiples soberanías y órdenes de regulación, persecución y sanción de los comportamientos que cada supone criminalizables. Aquí apenas se encontrará una aproximación al problema, alguna provocación deliberada y la confesión de una que otra perplejidad, que animen siquiera, eso sí, un debate distinto de esos tantos que hoy gastamos en el reiterado discurso sobre la criminología en América Latina sobre la inutilidad de la teoría y, aún, diferente de esos muchos otros que extraviamos en interminables discusiones -en medio de la guerra!- sobre falacias naturalistas o fronteras disciplinares . Desde luego que la juventud de estas confusiones lo es casi tanto como mi contacto con el discurso criminológico, con la reflexión política y con la investigación, pero fueron incubándose, desde hace mucho tiempo, en la misma medida que me resultó inevitable y recurrente, como trastienda en cada lectura jurídica y de cada teoría criminológica, la imagen incomprensible de combatientes, jueces, ciudadanos,cárceles, víctimas, delincuentes y autoridades construidos, concebidos y definidos de forma tan extraña y diversa en el trámite de la guerra.
 1. Los contornos de un conflicto de larga duración.  Cuando se alude a una guerra de construcción nacional o a una guerra de liberación nacional, lo más probable es que tales conceptos evoquen la imagen de sociedades básicamente rurales, sin procesos relevantes de desarrollo socio-material e inmersas en una especie de pausa histórica al final de la cual comenzaría "la vida normal" de los hombres, las mujeres y las instituciones de un país. Se trata de la idea de una confrontación abierta, constante y total, cuya presencia obstaculizaría el desarrollo de los asuntos públicos y el de las "pequeñas" cuestiones privadas. Tal imagen podría evocar igualmente la idea de una marcha relativamente lenta pero progresiva de ejércitos revolucionarios "hacia el palacio de gobierno" . Se trata de guerras en las cuales se enfrentan propuestas de sociedad incompatibles; escenas de una contienda que, en todo caso, parecerían hoy borrosas, gastadas, como saliendo apenas en blanco y negro de un proyector de dieciséis milímetros. Guerras más o menos inconcebibles por fuera de esos referentes espaciales y temporales. La idea de un conflicto internacional, en cambio, "evoca" otras imágenes. Así, tal conflicto es concebible simultáneamente con el funcionamiento interno "casi normal" de las sociedades involucradas, especialmente en cuanto el uso de las nuevas tecnologías y el desarrollo de permiten admitir sin mayores reparos que "mientras se desarrolla la guerra, los asuntos continúan" (2). Se trata, en este último caso, de guerras cuyas imágenes -no metafóricamente-se nos presentan multicolores y en el mismo momento en que ocurre lo que transmiten, y de conflictos bélicos que descartan, en principio, contextos socio-materialmente atrasados o escenarios esencialmente rurales. Más que propuestas sobre el modo de organización de una sociedad localizada, los motivos de un conflicto armado internacional de hoy -aunque no están claros-, "aluden" a la defensa de principios y bienes universales de cuya vulneración puede llegar a ser víctima la humanidad o una parte de ella (3).
Sin embargo, una una confrontación interna de larga duración, como la que vive Colombia, ofrece hoy imágenes y evidencia la superposición de circunstancias, causas, protagonistas y dinámicas tan disímiles que, para decirlo gráficamente, su desarrollo puede verse vía satélite al mismo tiempo que sus causas pueden remitir a una época de "imágenes en sepia". Y para usar características ya señaladas, esta guerra, de manera simultánea, recurre a la precisión en los -con el uso de nuevas tecnologías o con la eliminación selectiva del oponente-, pero también afecta directa y masivamente a comunidades y poblacíones (4). Asímismo, esta confrontación se desarrolla tanto en escenarios rurales como en centros urbanos altamente industrializados. Y, en relación con los motivos aludidos, las partes del conflicto-y terceros interesados- los atribuyen recurrentemente a la defensa de "bienes y principios universales" lo mismo que a proyectos de sociedad incompatibles o a la defensa de intereses privados. Pero la característica más singular de esta guerra es que presenta eventual y momentáneamente episodios de confrontación, de tal magnitud, que el país parece entrar en aquella especie de pausa histórica al final de la cual se conocería el rostro del soberano; por momentos la vida no sigue el curso de "la normalidad". Pero, igualmente, el desarrollo de la confrontación, en términos generales, convive con el flujo ordinario de las cosas "públicas" y con la circulación normal de las grandes y pequeñas cuestiones privadas (5). En efecto, las particulares condiciones de la guerra colombiana no admiten absolutos de paz, como tampoco permiten, a mi juicio, hablar de una violencia total e indiscriminada. En medio de la confrontación, se construyen o perviven importantes ámbitos de convivencia pacífica (entre ciudadanos directamente, entre ciudadanos y soberanos acatados por la eficacia de un servicio prestado -seguridad-, por el temor al castigo o por la creencia en un proyecto y, finalmente, formas de convivencia entre soberanos o fuerzas territoriales). Formas de paz no legal, no institucional. Unas formas de convivencia que no han estado mediadas por estructura institucional formal alguna o, inclusive, que se encuentran determinadas más bien la ausencia de Estado o aún por una posición defensiva delante del Estado o de lo que han sido sus referentes (la fuerza pública, los partidos políticos, la administración de justicia).
Son ámbitos de convivencia potencialmente amenazados, potencialmente asegurados, potencialmente movilizados por detentadores diversos de fuerza, de autoridad, de legitimidad y, aún, de legalidad. Lo que no existe, eso sí, es forma de convivencia pacífica, no hay exclusiva estructura de canales institucionalizados, legítimos y consensuales, que conduzcan las soluciones pacíficas que, de hecho, cotidianamente se presentan. Tal vez sea eso lo que se extraña. Muchas personas, creo, han aprendido a prescindir de para resolver sus diferencias y en numerosas ocasiones las resuelven de manera también distinta de la violenta. Son formas de convivencia cuya presencia es un hecho que debería ser reconocido. Son formas de paz, eso sí, sin un Estado, o con guerra, o de guerreros, o de pobreza. Una convivencia pacífica, en fin,de pobreza compartida, de ocultamientos cómplices, de sometimiento, de invalidez, de silencio, o de transacción de grandes fuerzas. Más allá de supuestos hechos notorios, lo que ocurre, creo, es que no se formulan preguntas del tipo: ¿Por qué la gente no se mata? ¿Por qué las personas no son violentas? ¿Cómo es que las personas resuelven sus conflictos por fuera de los canales de la institucionalidad? Y muy probablemente, las respuestas a estas primeras preguntas acarrean el riesgo de reconocer una convivencia social sin . El problema de esta guerra es también pues, el problema de la unidad de las formas y mecanismos de convivencia pacífica. Lo más probable es que todas esas particularidades del conflicto armado colombiano se expliquen, en gran medida, por la de la guerra durante gran parte de la historia del país. Es decir, que son rasgos de un conflicto que se desarrolla en un tiempo que no pareciera ser el suyo, pues si bien subsisten evidentemente motivos aludidos que -según suele plantearse- son propios de otro tiempo (las causas remotas) y se mantiene la vía armada como método, ambas circunstancias conviven con el ritmo de un mundo cambiante y siempre diferente desde el punto de vista de grandes transformaciones técnicas, culturales y poblacionales, y del "acercamiento" (6) -por lo menos comunicacional- de las sociedades. El efecto verdaderamente importante radica en que tales transformaciones y aquella pervivencia de causas y métodos, aportaron -y seguirán aportando muy probablemente- razones derivadas, conflictos adicionales, escenarios insospechados y, sobre todo, nuevos guerreros que librarán sus combates, desatando también, otra vez, una sucesión de razones derivadas, conflictos adicionales, escenarios insospechados y, cómo no, consecuencias incalculables. Las causas, las justificaciones, los protagonistas, los escenarios y los intereses en juego, por sí mismos ya difícilmente visibles, separables o comprensibles, extenderán -y extienden- su horizonte a un infinito de conflictos adicionales y difuminados. Específicamente, en relación con los "nuevos" fenómenos inscritos en aquel devenir complejo del conflicto, el narcotráfico y la , por ejemplo, obligaron a disminuir la escala del mapa necesario para la lectura de la confrontación, al tiempo que lo han vuelto, sin embargo, prácticamente ilegible. Y ello, desde luego, tiene importantes consecuencias a la hora de suponer solución. Entre otras razones, porque seguramente son ya muchas las "salidas" que se requieran. Tantas como las interacciones de choque que propicia una guerra de larga duración, con muchos actores involucrados y con causas remotas -vigentes- que se mantienen y recrean en el marco de rápidas transformaciones "modernas" y globales.
 2. La normatividad involucrada. El desarrollo de la guerra supone un problema diferente en cuanto trámite de confrontaciones interestatales o en cuanto sólo implique un conflicto armado interno. En el primer caso, y por lo menos desde el punto de vista convencional, las conductas ilícitas están, tradicionalmente, referidas a los sistemas de reglas que pretenden mantener unos mínimos de humanidad en la confrontación, en este sentido, al Derecho Internacional Humanitario y a los tratados y convenios que excluyen medios, acciones y objetivos considerados de especial riesgo para la humanidad o, en todo caso, para los derechos universales. En el segundo evento -el de las guerras internas- aquella regulación universal pervive aliado de un orden normativo nacional, en caso de que se reconozca internacionalmente, pese a la guerra, solo un Estado. Y si bien contemporáneamente la mayoría de los Estados dan cabida en sus constituciones a aquellas disposiciones supranacionales, esa especie de reiteración normativa se explica -en una visión sumamente, pero sumamente desprevenida de la cuestión- por la importancia política que supone una superjurisdicción internacional como instancia no atada a los conflictos internos de los países y, por tanto, no impedida -fáctica o moralmente- para sancionar delitos cuya víctima, además, se supondría representada en toda la humanidad. En el caso colombiano, la guerra ha transcurrido en presencia de ese complejo normativo. Así, la institucionalidad, los actores y contra estatales y la sociedad, invocan las cortes internacionales de derechos humanos, en la búsqueda de una jurisdicción "distante" que sancione la violación de esos bienes y valores universales comprometidos en el transcurso de la confrontación. Sin embargo, la recurrencia a esas por parte de los grandes protagonistas de nuestro conflicto, ha sido determinada más por la deslegitimación estratégica (7) del oponente, por la intención de "causar bajas políticas", que por finalidad limitadora, restauradora, retributiva o preventiva alguna. Se trata de una instrumentalización bélica de esa jurisdicción y de ese orden normativo. Seguramente eso explique la inutilidad de los intentos por "humanizar el conflicto" en Colombia a partir de una normatividad universal (8) En relación con el orden jurídico institucional-interno-, es destacable la presencia de una moderna constitución política, producto de una Asamblea Nacional Constituyente convocada en medio de lo que se percibía como un momento de agudización de la crisis social y política que vivía el país. Este intento de relegitimación institucional vino sin embargo muy pronto a delatar su esencia simbólica no sólo en tanto instrumento renovador de esperanzas nacionales y sociales, sino igualmente en cuanto propiciaba una eficacia del derecho para otros fines diversos de los declarados (9). En el plano de los desarrollos normativos -interpretativos- posteriores, el orden jurídico institucional mantuvo sin embargo, en esencia, una línea de continuidad con las características históricas del derecho en el país. Esto es, devino instrumento de guerra y, específicamente en materia penal, tributario del conflicto. Efectivamente, al amparo de aquella Constitución -y de las anteriores en su momento-, la legislación, y concretamente la legislación penal colombiana, ha consolidado un de emergencia. Por sus contenidos, por sus formas, por su génesis, el sistema jurídico penal tiene una historia directamente emparentada con la guerra, o, lo que es lo mismo en nuestro caso, con el "orden normativo institucional" resultante de (10) Así, el sistema normativo penal-el rostro "duro" de un ordenamiento- en el país, ha sido, histórica y fundamentalmente, en ausencia de consenso y legitimidad política y en presencia de la guerra, una recurrida de un de y un en Ha sido, especialmente en las últimas tres décadas, instrumento de combate simultáneo contra el disidente político armado (que ha puesto en serio riesgo aquella institucionalidad), contra el narcotráfico o contra la cuestión "drogas" (que ha dinamizado aquella guerra primigenia y muchos otros conflictos derivados) y en contra de otra delincuencia denominada "común". Pero básicamente aquellos fenómenos de la subversión y del narcotráfico, es decir, el conflicto político armado y de explican, en esencia, los contornos del orden jurídico-penal institucional vigente.

 2.1 La influencia del tráfico de sustancias prohibidas. En efecto, el escenario de la confrontación de las últimas décadas en Colombia se encuentra cruzado por el fenómeno de la de y cualquier alusión a la situación nacional reciente -y entonces también "al conflicto que teníamos" -, no permite evadir este hecho. La expresión crítica más visible de esta guerra de las drogas fue la consolidación del como fenómeno especialmente presente en los años ochentas y noventas, con acciones que iban desde la reivindicación "política" ("no a la extradición"), pasando por atentados terroristas (específicamente protagonizados por" el cartel de Medellín"), hasta la filtración en las instituciones públicas (particularmente por" el cartel de Cali"). Hoy, la guerra y sus protagonistas, aprovechan la rentabilidad de las sustancias prohibidas "tomando cada quien lo suyo" de un negocio que se hace más próspero cuanto mayor ha sido su persecución y combate. Guerrillas, paramilitares y gobierno, así como el propio derecho y la sociedad, han vivido con y de tal empresa. Este es un efecto específico del prohibicionismo en Colombia -y, creo, en cualquier escenario de guerra-; "la droga" , así, no sólo traduce un problema de salud pública y no sólo ha sido construido problema de seguridad ciudadana, sino que deviene problema directamente bélico.
Inclusive, la construcción social del "demonio" droga traduce hoy entre nosotros, cada vez menos, la imagen del ladronzuelo o agresor puntual o del "toxicómano que daña y se daña", que la de una experiencia vivida de la guerra y, aún, de la confrontación puntual que se desarrolla de manera creciente en los espacios urbanos en que "bandas" y "milicias" (11) se disputan el control territorial. Se trata, exactamente, de los denominados costos sociales y políticos de la criminalización de la droga pero espectacularmente incrementados por su sobreposición a un conflicto político por sí mismo atroz y de difícil solución. Esa circunstancia, desde luego, constituye un gran aporte a la brutalidad de la confrontación y al olvido de cualquier referente humanitario. Guerrillas controlando territorios de cultivo, autodefensas involucradas con el tráfico (12), sectores políticos financiando campañas con fondos de "los carteles"; funcionarios públicos -y fuerza pública- inmiscuidos con redes ilegales, el Estado y sus ejércitos obteniendo respaldo económico internacional (13) y una sociedad sin opción, conforman el entramado que se teje y reteje inicialmente con las distantes y resistentes puntadas que despliega la prohibición o, lo que es lo mismo, la normatividad de los (14) Así, entonces, el espiral absurdo de la prohibición de las drogas ilegales (que "es delito porque es droga nociva", que "es droga nociva porque es ilegal", que "es ilegal porque figura en la lista de las ilegales" y que "figura en la lista de las ilegales porque allí figuran las drogas nocivas" ... (15), construido lejos de este territorio afectado, funge como arma y fuente de múltiples conflictos en los cuales, desde luego, interviene un Estado fuertemente exigido por la comunidad internacional. Pero no se atribuye aquí a la guerra en Colombia una causa o una finalidad constituidas "por el control del negocio", sólo se afirma que en una sociedad con un Estado históricamente precario, con problemas estructurales de marginalidad política y económica, en tránsito forzado a la modernización sociomaterial y, sobre todo, con una confrontación vigente; la aparición de las drogas -como-  ilegales y los dividendos económicos que ello implica, ha dinamizado espectacularmente el conflicto con la disposición de recursos, con la circulación de dominios territoriales y políticos de producción y tráfico, con la corrupción de la fuerza pública y con la victimización creciente de la población. Así,la participación del Estado en el conflicto general que vive el país, se expresa en una respuesta tan compleja como lo imponen al mismo tiempo la presión internacional (igual sobre el tema "drogas" que sobre el tema "derechos humanos") (16) y las condiciones internas. Esta circunstancia ha determinado una política pública en materia criminal que, paradójicamente, ha minado el estado de derecho a partir precisamente de la legislación que se dirigió a protegerlo (17). Más allá, entonces, de la "posibilidad alternativa de controlar la población peligrosa" (18) como hipótesis referida al prohibicionismo, la lógica de las desiguales relaciones internacionales y de la supuesta "pertinencia universal" de conflictos, también globalizados, permite entender un poco más el sentido de una política criminal que se diseña más allá de las fronteras nacionales. Y como suele ocurrir en la dinámica del diseño de políticas públicas centralizadas y determinadas por fines ajenos a las cuestiones planteadas, el núcleo de los problemas sociales cede paso a la criminalización de situaciones problemáticas derivadas o, lo que es lo mismo, a un gobierno -apenas- "a partir del delito" (19).
2.2. Orden institucional e indefinición soberana. El orden jurídico penal institucional en Colombia se presenta entonces, hoy, como una gran maraña de conceptos, estrategias e instituciones que permiten cubrir cualquier comportamiento que sea considerado ilícito, que permite conducir y reconducir cualquier ilicitud al escenario coyunturalmente prioritario y que permite enfrentar, real o simbólicamente, la guerra de que se trate: "contra la subversión", "contra las drogas", "contra la criminalidad común", "contra la corrupción", "contra el crimen organizado", "contra el terrorismo". Todo ello, sin embargo, no permite afirmar -como cansada y riesgosamente se hace- que "en Colombia no hay política criminal". Tal política criminal, si se la entiende como el conjunto de decisiones que giran en torno del fenómeno de "la criminalidad" y que comprende multiplicidad de estrategias, es precisamente una política criminal propia de un Estado inmerso en una guerra con las características que se comentan; una política criminal que puede denominarse de emergencia  (20) Esta condición dirigida, racionalizada y aún coherente -pero incierta desde un punto de vista externo- del orden jurídico institucional, desde luego compromete directamente la legitimidad del Estado. De un lado, por cuanto la política que traduce ese orden ha sido moldeada a partir del uso recurrente del estado de excepción que, prolongado o reeditado como ordinario, naturalmente prescinde de la democracia y del estado de derecho; y, de otro, por cuanto descartado el consenso sobre los problemas sociales "dignos" de criminalización, sólo la fuerza respalda la decisión y el Estado, en consecuencia, no es ya "utilizado por los miembros de la sociedad para coordinar sus acciones" (21).
Ahora bien, en tales circunstancias de emergencia, aún cuando se calificara al régimen institucional colombiano como no democrático, de tipo "autoritario" (22), podría suponerse que la decisión soberana y la precisión sobre lo lícito y lo ilícito, surgiría de las transacciones de las élites dominantes y que entonces, por lo menos en clave decisionista, la voz enrarecida del Estado seguiría siendo la voz de la autoridad (23). Pero, con todo, la presencia de diversos poderes (de otras voces, probablemente también enrarecidas) con dominio territorial y regulaciones propias, permite poner en duda que ese orden normativo institucional sea exclusivo y, por tanto, característico de la presencia, otra vez, de un soberano. Tiene lugar pues, el reconocimiento de que en el país se presenta un combate, correlativo a la confrontación armada, de órdenes normativos, de soberanías difuminadas. Así el Estado como titular de un poder público cada vez más cuestionado en su título y en su ejercicio (24), las guerrillas y la fuerza del paramilitarismo, básicamente, rodean aquella indefinición soberana. y lo hacen no sólo en cuanto guerreros por un orden o contra un orden, sino en cuanto se configuran como verdaderos Estados en sus respectivos territorios de control. Por supuesto que, en esas condiciones, los parámetros que propone un ordenamiento jurídico y las imágenes que permitiría construir, se encuentran sumamente extraviados. Es el caso del crimen como concepto que requiere justo los elementos puestos en cuestión por el propio sistema jurídico institucional, pero especialmente por la guerra. Los objetos de prohibición y de sanción institucionales devienen ya no sólo entonces una artificialidad -una necesaria construcción selectiva-, sino una definición claramente bélica y apenas parcialmente vigente: justamente la propia del código penal de uno de los actores de la guerra y - sólo vigente- en espacios de claro control estatal (25) 
La determinación de lo que es delito, la persecución y sanción de los delincuentes, cada vez más son cuestiones inspiradas en la confrontación; es decir, propias de esa contradicción en los términos que representa un penal para enemigos (26) . El criminal como supuesto contraventor traduce una entidad genéticamente emparentada con las condiciones de una disputa la soberanía y de una disputa de soberanías. El lenguaje del derecho, por eso, recurrirá con suma frecuencia al referente normativo de "tregua", "sometimiento", "negociación", "delación", "arrepentimiento", "beneficios por colaboración". El crimen se pierde, en fin, en medio de la guerra; en el entramado que supone posiciones de ataque y defensa en función de un enemigo. Esto también podría explicar, nuevamente, la apelación de las partes a otro horizonte legal yjurisdiccional-supranacional-. 

3. La(s) soberanía(s) en disputa: orden político y regulaciones paralelas. Más allá, entonces, del fenómeno del narcotráfico que hoy podríamos suponer difuso o sin la organización de finales de los años ochentas y principios de los noventas, parece claro que, con dominios territoriales y obediencias relativas, el Estado -en esencia, se reitera, como ente jurídico reconocido internacionalmente-, las guerrillas y la fuerza de las autodefensas -organizada y expansiva-, protagonizan un enfrentamiento que pone" en vilo" la soberanía del Estado, pero que, simultáneamente, supone la convivencia de poderes territoriales y locales en torno de una disputa de  soberanías múltiples 
(...) la soberanía ha permanecido en vilo, en disputa por largos períodos. Es decir, se mantienen por tiempo indefinido los estados de guerra, permitiendo que en varias regiones del territorio nacional se configuren de con pretensiones también soberanas. En estos espacios se definen formas particulares y no convencionales de hacer y representar la política, de usar los recursos colectivos y de fuerza; se trazan fronteras y se delimitan territorios exclusivos;se instalan autoridades y mandos alternativos; se establecen circuitos de poder a través de los cuales se mantiene, en los espacios controlados de esta manera, la capacidad para tomar decisiones soberanas; desplazar población no confíable y concitar obediencia y acato de quienes allí residen, bien sean estos ciudadanos corrientes o representantes y administradores del poder público (27).
En términos más concretos, la confrontación dibuja un mapa en el cual se pueden observar, por lo menos, tres tipos de escenarios: zonas de claro control de uno u otro orden, territorios de dominio variable y escenarios de órdenes múltiples y sobrepuestos (28) Desde luego que por la dinámica acelerada y cambiante de la confrontación armada en Colombia, estos conceptos son apenas recursos de lectura, discutibles, refutables, pero en todo caso posibles si se trata de imaginar circunstancias mínimas presentes a la hora de señalar cuán difícil resulta -o cuantas precauciones requiere- averiguar por "el delito". En las zonas de control absoluto o de claro control -frecuentemente histórico- de uno u otro actor, no parece haber duda sobre la existencia de autoridad estatal, paraestatal o contraestatal-, de su vigencia y efectividad como definidora "soberana" de lo permitido y de lo prohibido, y como aplicadora de sanciones.
En los territorios de dominio variable o transitorio, la permanencia o transitoriedad de un orden, se encuentra directamente relacionada con el control militar de la zona por parte de cualquier poder. Eso significa una especie de temporalidad del poder cuyo titular y permanencia se encuentran determinados por la guerra y por avanzadas, retiradas, conquistas y reconquistas de territorios y poblaciones. En el caso de los órdenes múltiples y sobrepuestos  -que incluyen ya típicamente territorios de grandes y medianas ciudades-, la preeminencia de un poder se encuentra asociada con la misma lógica anterior, pero desde luego con toda la complejidad que supone la ciudad como territorio de confrontación de "los grandes actores" y del agregado de bandas barriales o zonales, milicias'", organizaciones de narcotráfico, y verdaderos ejércitos de vigilancia privada." En efecto, aquí la lectura del problema debe considerar la presencia de "pequeños guerreros" y "pequeños órdenes" que, emparentados o no, relacionados o no con los grandes protagonistas del conflicto político, establecen verdaderos espacios de dominio y control, y regulaciones informales pero efectivas referidas a comportamientos individuales y trámites sociales. Es decir, que el problema de la vigencia normativa institucional y de su eficacia es, otra vez, puesta en cuestión aún en reducidos escenarios barriales. Y esto tiene importantes efectos a la hora de hacer trabajo criminológico: ¿por qué lo hacen? sigue siendo una pregunta que requiere responder primero la cuestión de ¿qué es lo que no deberían hacer? En los dos últimos tipos de territorio y, aún en el de las zonas con un claro control por parte de alguno de esos grandes soberanos, la pregunta por la vigencia y eficacia de resulta desplazada por la cuestión empírica de ley se encuentra vigente y es eficaz. En tales circunstancias, los juicios lógico-formales de validez y eficacia jurídicas, constituyen un ejercicio sumamente marginal; y en sentido sociológico, la observación de la validez del orden se encontrará, por supuesto, directamente emparentada con la eficacia (obediencia sin más) de los mandatos y, más concretamente con "el control persistente" del territorio. Todo ello sin perjuicio, claro está, de que a todos esos órdenes sobreviva la ineludible y problemática sobreposición de normatividades morales, tradicionales y culturales. Son espacios multifacéticos en su contenido legal, pues en ellos no se aprecia en acción legalidad, sino una red de legalidades diferentes, la mayoría de veces conflictivas: la legalidad del Estado, la legalidad local informal, la legalidad "natural" de las comunidades, la legalidad global de los derechos humanos, la legalidad insurgente y la legalidad paraestatal (31). La confrontación en Colombia entonces ha generado órdenes distintos que encuentran obediencia en razón de la fuerza, pero también en apoyos sociales diversos, compatibles como motivaciones originales. Son órdenes que aparecen sobre el telón de fondo de una institucionalidad cuya legitimidad ha sido profundamente minada por al abuso y por el defecto de poder que se siguen necesariamente de la guerra (32). Se trata de la configuración de un "campo de fuerzas" a la lectura del cual poco le sirven referentes, totalizantes y autorreferenciales de legalidad, legitimidad, eficacia normativa o valídez.(33).
No debería descartarse para completar el escenario de ese "campo de fuerzas" a los grandes poderes económicos transnacionales privados que influyen en el diseño de las políticas y en el curso de la actividad estatal. Estos soberanos supraestatales privados han adquirido relevancia política en la misma medida en que se ha consolidado la idea del mercado como fin y como medio de las democracias liberales contemporáneas; y en la misma medida que la globalización y el "acercamiento" comunicacional rompen fronteras. El poder político supremo no está -aún sin guerra- radicado en el Estado: 
 (...) deja de ser cierto que el sistema de legitimación reconocido en el relato político aceptado -en las metrópolis occidentales, en el relato democrático-representativo- sea el único operante: el campo de poder admite la copresencia de distintos sistemas de legitimación. La existencia del nuevo campo de poder -por un lado, soberano privado supraestatal de carácter difuso; por otro, sistema de estados permeables- falsa ahora todo discurso político limitado al concepto de "estado soberano". Lo falsa en el sentido de hacerla ideológico, representación no veraz de lo que se da en el mundo de la experíencía." (34) 
Finalmente, debe aclararse que en relación con lo dicho sobre la precariedad del Estado o sobre su configuración como otra fuerza, no debería leerse aquí la justificación de algún proyecto autoritario como el que precisamente suele generar la agudización de las crisis de legitimidad o de soberanía. Así, cuando se aluda a la precariedad del Estado -o del orden-lo que se extraña no es Estado, y acaso nisiquiera cualquier cuando se diga derecho,lo que se echa de menos no es precisamente el derecho penal. Entre otras razones porque, como lo dice María Teresa Uribe: "(... ) cam biar pequeños terrores por el terror supremo en aras de garantizar la seguridad, ha sido una mala experiencia histórica, cuyas expresiones más evidentes se pueden encontrar, sin ir más lejos, en nuestro corto y conflictivo siglo XX" (35) 

4. Dos puntos de vista desde el derecho.  El intento en este trabajo -se recuerda- es la descripción y lectura del terreno sobre el cual habrá que procurar conocer los lugares, las formas y los efectos de la definición de lo lícito y lo ilícito en una sociedad en guerra, con diversos territorios y autoridades enfrentados. Y, entonces, delante de este nebuloso mapa que deja la confrontación histórica colombiana, nuestras visiones criminológicas enfrentan el desafío de ser tan teóricas como para que resistan las lecturas que hagamos de cualquier sujeto criminalizado y de cualquier poder de criminalización y, como no, para que permitan limitar históricas, histéricas, inútiles y desaforadas respuestas a la natural y universal posibilidad de infringir una regla. 0, en otro plano, este panorama demanda -también de la criminología- un rastreo de parcialidades "criminales", de tipos de conductas localizadas, tanto como de instancias detentadoras de poder -o facultad o derecho- de definición en cada microespacio, en cuanto la cuestión criminal se va diluyendo en una institucionalidad que conduce (¿ineludlblemente?) la politización de la cuestión criminal y en cuanto proliferan verdaderos ordenamientos alternos que, entre otras cosas, reproducen esa manera de concebir y tratar al infractor. Así pues, antes de que tratemos de averiguar por qué razón una persona delinque, o también, cuál es por ejemplo la pena, el reproche o la culpa, también deberíamos tener pistas sobre las razones por las cuales, en un panorama de guerra como éste, una persona obedece órdenes normativos que pretenden dominación y soberanía". Y entre nosotros, las pistas parecen apuntar al concepto de -más que al de racionalidad legal-. No sólo por cuanto contemporáneamente "la legitimidad se paga en efectivo", sino por cuanto, en nuestras circunstancias, un eficaz servicio de seguridad -mínima-, se traduce en un alto grado de obediencia. Aunque, desde luego, el discurso de la eficacia" expresa en realidad  la ley del más fuerte (... ). La ley del más fuerte no admite réplica. No admite, en otras palabras, que aparezca la duda acerca de la ley (37) Ahora, en relación con el derecho, si entiendo bien, hay -entre otras posiblemente- dos maneras básicas de ver el problema de la guerra en Colombia. Dos enfoques que, o asumen un punto de vista estrictamente jurídico (y entonces "hay Estado" y "hay derecho"), o asumen un punto de vista entre el derecho y la política ("hay un orden jurídico institucional, pero también hay guerra") que permite, a mi juicio, mayor claridad. Por supuesto que una exposición que asuma el último punto de vista puede generar una impresión apocalíptica por la falta de los contornos "seguros" que suministra el derecho. Y también, desde el punto de vista jurídico de la tradición liberal, podría resultar extravagante en cuanto histéricamente se reiteraría: "es que esa no es la Ley", "es que el Estado es uno", "es que el poder es inconcebible sin la legitimidad que otorga la ley positiva", "es que la validez se predica del contraste intrasistemático", "es que.. ". Y precisamente estas estos dogmas -y es una pena que apenas ellos- son los que fundan aquella impresión apocalíptica. Y aunque el panorama no dista mucho del de un "obscuro, enigmático y terrorífico escenario", la guerra actual apenas si resistiría, desde el sistema jurídico, una mirada sumamente cautelosa, y sobre una muy limitada parcialidad suya: "el derecho institucional" -que no rige en todo el territorio, y ni siquiera plenamente-.
 Muy probablemente tal circunstancia limitante -al parecer estructural de la visión jurídica- permite que las más sugestivas miradas del problema, desde el derecho, vengan dadas, por ejemplo, por la afirmación de que en Colombia los paralelismos normativos no escapan, sin embargo, del ámbito de los agentes y de la acción institucional: 
(...) creemos (sic) posible distinguir al menos la existencia de tres sistemas, así: a) Compuesto por el conjunto de normas justificables desde el punto de vista de la ideología penal liberal(...).b) entendemos portal aquel sistema penal de carácter legal, que sin embargo aparece como una segregación derivada algunas veces del propio discurso jurídico (... ). c) por tal puede entenderse el control punitivo de carácter extralegal que (...)ha subsistido bajo el manto del sistema penal legal. La existencia de este sistema lo corroboran algunas actividades de los organismos de seguridad del Estado y las de los tenebrosos grupos de "justicia privada" o "escuadrones paramilitares" (39). 
Se trata de una visión que, desde luego, permanece con un punto de referencia en el orden legal institucional y y cuya aportación teórica se encuentra en el hecho de señalar patologías del sistema.
Una consideración como ésta, sin embargo, no permite diferenciar más que en términos de grado el problema de la vigencia de un orden normativo penal en Colombia, pues sigue aludiendo a las típicas desviaciones de todo sistema penal. De la misma manera que esa visión, por ejemplo, señala recurrentemente los eternos problemas de "divorcio entre derecho y realidad", o de "falta de garantías" o de "huida al derecho penal". Obviamente que las limitaciones de un tal discurso, sumamente plausible en tanto mantiene presentes las necesidades de perfeccionamiento en clave liberal del sistema penal, se explican acudiendo a la opción política que lo anima: "(...) el punto de partida posible no parece que pueda ser otro distinto a la reafirmación de la idea iluminista (... ). Conforme a ello consideramos (sic) que la perspectiva del desarrollada por Ferrajoli deviene la propuesta más adecuada a la realización de los fines que está llamado a cumplir el derecho penal en nuestro país (40). Se trata, en resumen, de una lectura para la cual en medio de la guerra se disparan índices de impunidad y de violación de derechos humanos, en medio de la guerra se produce una distancia entre la ley y los hechos, en medio de la guerra se generan patologías en el sistema jurídico. Pero es esta una lectura para la cual la guerra finalmente no existe más allá de un orden jurídico o, por lo menos, aunque trastoque el escenario político, ella sigue siendo observable con la lente de "la tradición jurídica liberal". La guerra existe, en fin, con un titular del orden jurídico. Otra opción analítica en cambio, que igualmente el punto de vista jurídico, supone de un lado que el país se encuentra sometido a una doble crisis de soberanía. Desde el punto de vista internacional, en cuanto -como se ha dicho nuestros delincuentes son criminalizados en el marco de decisiones internacionales: "Los Estados Unidos se han convertido, por ahora, en nuestro Destino. En su calidad de Hegemon regional, han sido ellos, quienes sin contestación significativa de la Comunidad Internacional, han tomado la decisión, sí sobre quién es nuestro 'verdadero' enemigo interior" (41). Y, desde el punto de vista interno, la violencia y la guerra niegan el carácter soberano del Estado: En Colombia (42) la Guerra Civil como dialéctica de enemistades entre actores colectivos armados con apoyos poblacionales significativos-espontáneos y obligados-, empeñados como pequeños en la construcción de Dominios Territoriales y de Contra y Paraestados, en el horizonte de proyectos estratégicos-ideológicos y no ideológicos-, es absolutamente palpable y real. (42) Se trata en efecto de una perspectiva que, entre otras cosas, advierte la presencia de un modelo bélico-punitivo en Colombia, fruto de una histórica confusión entre el afuera y el adentro del derecho penal, a la que lógicamente conduce la guerra de larga duración entre órdenes difuminados y soberanos. Es decir, un modelo que surge de la imposibilidad de construir un criminal ("criminalizar la política") en cuanto aún no se ha construido un súbdito. Esta visión del problema, inclusive, señala cómo aquella lectura garantista olvida que no existe una convivencia pacífica en Colombia como condición necesaria para que el liberalismo, en efecto, pueda construir "su discurso de un Derecho Penal mínimo, subsidiario y fragmentario": En circunstancias de guerra y de Violencia generalizada, de la misma manera que el Constitucionalismo del Estado de Derecho que le sirve de piso, también el Derecho Penal cae, con enorme facilidad, contrariando su naturaleza, en la perversión eficientista de articularse como un Derecho Penal máximo, principal y totalizante, para tratar de producir -contra toda esperanza- sus propias condiciones empíricas de posibilidad (43). Este segundo discurso no olvida que "la guerra y no el derecho impone sus reglas, sus ritmos y sus tiempos" . Parte de la idea de que con el derecho, y menos con el derecho penal, no se construye legitimidad. Y asume, como hecho histórico, que el orden normativo, aún el más garantista, no produce -sino que su vigencia caracteriza-al Estado moderno. Lo que sin embargo sí hace el derecho penal es fortalecer esa especie de impresión que aporta la existencia de una compilación jurídico-penal en torno de la cual, inclusive -se dirá-, es posible elaborar modelos que permitan invalidar todo ejercicio de poder que contraríe normas superiores, o que permitan la crítica y la deslegitimación externa de las instituciones jurídico positivas." (44) En todo caso, una manera de ver los problemas del delito y del delincuente como asuntos realmente (¡pero realmente!) sociales, políticos, históricos y complejos permite contrarrestar la tendencia natural a la hipervaloración del derecho penal, reconduciendo la idea del saber jurídico a modestas cajas de herramientas. Pero también esa segunda manera de ver el derecho -y esto es lo más importante- recupera la política como consenso no necesariamente regulado: "El destino último de nuestra maltrecha sociedad no está en las manos de los legisladores ni de los jueces, sino de nuestra capacidad, como conglomerado humano, para el consenso y para la acción colectivos" (45). Con todo, esta clarificadora lectura histórica, política y jurídica que se hace del conflicto en Colombia y del problema "criminal", afronta el problema determinante de "la propuesta concreta". Es decir, que el acertado análisis toma un rumbo insospechado justo en el momento en el que se señala "lo que debería hacerse": 
                            (...)la lucha contra otras empresas delincuenciales como elsecuestro, el asalto, el atraco y el robo de bancos, residencias y automóviles, que afectan bienes preciados del ciudadano ordinario como la vida, la libertad y la propiedad, impone introducir cambios legislativos en orden a asegurar la reserva de las investigaciones penales y la eficaz colaboración con la justicia de parte de delincuentes arrepentidos (46).
En este momento entonces, en el momento crítico de la estrategia preventiva, otra vez la guerra se esfuma y parece que surgiera, nítido, "el crimen". Pero, desde luego, el crimen de los asaltantes, de los "jaladores" , de los "apartamenteros" , de los "organizados", de los ... En fin, el crimen de los verdaderos enemigos -al parecer- o, por lo menos, de los "no calificados" de los "asimétricos sin proyecto ético".
Un lugar para el crimen ... y para la criminología. De cualquier postura teórica aquí implicada para leer problemas, no deberían desprenderse automáticamente sugerencias para la acción. A mi juicio, precisamente la confusión y el trastocamiento entre políticas de acción y lecturas teóricas han animado el trabajo "criminológico" en la región latinoamericana. y de tal magnitud ha sido la confusión, que hoy habría que gastar más esfuerzo en cuestionar lo que se dice que debe que en seguir" descubriendo" lo que debe hacerse. Y, finalmente, tendríamos que adherir a la construcción, desde el punto de vista de las preguntas por lo delictivo, de una gramática para la lectura de la confrontación, pues, en últimas, como recuerda Anthony Bottoms, "el delito y el control social son en última instancia cuestiones morales y políticas" (48)... como la guerra.

5.1 En punto de partida: Se admita o no la existencia de "una guerra en Colombia", se discuta o no su carácter o el tipo de confrontación (civil, potencial, abierta, relativa, selectiva ..), el país -en cuanto por lo menos territorio y sociedad colombianas consideradas en un todo- cuenta con una indefinición política en relación con el sujeto soberano. Así entonces, en la medida en que el comportamiento delictivo se encuentra referido a un comportamiento transgresor de las prohibiciones dispuestas por un orden determinado, es pertinente verificar, en primer lugar, las relaciones de choque de los que aquí se han denominado grandes protagonistas y las posibilidades de concebir en ellas un crimen. Esas relaciones están básicamente-y por lo pronto- trenzadas en el encuentro de guerrillas-autodefensas, guerrillas institucionalidad, autodefensas-guerrillas, así: a) La confrontación que mantienen la institucionalidad y la guerrilla, sólo permite entender las relaciones de choque resultantes como propias de una guerra. No hay allí vigencia del derecho interno (49)  y la criminalización de este conflicto político por parte del Estado ha representado un símbolo apenas, tras el cual se desarrolló y se desarrolla el combate típico de dos ejércitos y de dos proyectos de sociedad distintos y antagónicos. Las acciones ilegales de la fuerza pública, extendidas hasta la actividad y la protesta civil "sospechosa", dan cuenta igualmente de esa regulación ineficaz. Así mismo, la configuración del orden jurídico todo como de emergencia y la validez y legitimidad profundamente cuestionadas, permiten advertir la ausencia de un estado de derecho.
El derecho penal institucional, como se ha dicho, deviene instrumento de guerra y por ello no derecho. Esta regulación estatal, lo mismo que las normas internacionales limitadoras del conflicto, son símbolos a los que apela cada uno de estos actores (50) , sin que ello implique un verdadero reconocimiento de su fuerza reguladora. Se trata de un recurso aprovechable políticamente. Las preguntas por el crimen, en relación con el combate directo del Estado y la guerrilla, no son posibles. Aún el discurso criminológico tradicional es impertinente. Las relaciones, las causalidades, los contornos y las lógicas de las conductas desplegadas en esta guerra, son cuestiones directamente políticas. Excepto, desde luego, cuando se trata de las regulaciones sancionadas por cada actor en relación con el comportamiento debido de sus agentes, delante del enemigo. b) Las conductas atribuibles a guerrilleros o autodefensas que afectan a cualquiera de ellos mismos se encuentran tan distantes de su persecución y sanción, como la vigencia de derecho institucional en sus respectivos territorios o en los escenarios de su encuentro bélico. Se trata de una guerra, no de una relación regulada. No es, otra vez, la palabra clave. Y, nuevamente, ambos actores de esta segunda relación, apelan al derecho internacional pero apenas simbólica y estratégicamente. ¿Porqué se delinque? en el marco del encuentro de esos guerreros, es una pregunta que no procede. El "crimen" es allíuna entidad sin presupuesto: no hay soberano, no hay súbdito, no hay criminal. Es la lógica de la guerra y la política la que puede dar cuenta del conflicto. c) La relación autodefensas-Estado, plantea un problema diferente en cuanto sus relaciones de choque síse dan en el marco del reconocimiento de una normatividad estatal que es reinterpretada por la fuerza paramilitar en términos de una excepción posible admitida por la "legítima defensa".
Aquí parece configurarse un "exceso" que permitiría aprehender el crimen jurídicamente. Sin embargo, en términos criminológicos no se encuentra posibilidad de indagar por los contornos de esos "delitos" que mantienen una pura motivación enclavada en las lógicas de la guerra y de la autodefensa. Autodefensa que, por demás, problematiza sus propios presupuestos con el carácter expansivo de las actuales dimensiones. Y, finalmente, en este caso, el Estado también apela al derecho internacional para reforzar una simbología institucional desgastada por las alianzas de agentes institucionales y parainstitucionales delante de un común enemigo. En términos generales, entonces, los resultados de la confrontación directa que integra el triángulo formado por los principales actores de la guerra, apenas si permite ser aprehendido por el derecho en términos simbólicos; y el reconocimiento del orden jurídico tiene apenas un sentido estratégico inmerso en la guerra. La interpretación de las acciones que se dan en ese contexto, a lo sumo permiten una aproximación política. Es precisamente lo que hacen la historia y la sociología políticas en el país, cuyo objeto fundamental es "la violencia" más que" el crimen" , pese a que éste sea utilizado eventualmente como un indicador suyo". La pregunta no sería pues por qué "delinque" un paramilitar, un guerrillero, un soldado, un policía, en relación con cualquiera de estos mismos sujetos; la pregunta sería por qué hace la guerra cualquiera de estos sujetos. La criminología -y el derecho penal- ceden paso a otros instrumentos de lectura -y de sanción-, que precisamente giran en torno del problema de la soberanía en juego, del juego de las soberanías. Nótese que cuando digo que aquí se configuran problemas políticos, no insinúo que esos actores tengan o no un estatuto político. El tema de las justificaciones de cada guerra es sumamente importante, pero aquí no se trata más que de ver cómo puede entenderse de un en el marco de dominaciones efectivas enfrentadas y en el de los territorios de vigencia de cada orden en particular.

5.2 Las relaciones de los actores de la guerra con "la criminalidad". Para ver estas relaciones de los actores de la guerra con la criminalidad, precisaremos nuevamente que el deviene categoría inaprehensible, en cuanto la de lo que ha de entenderse como delito, su persecución y la sanción que lo acompaña, se encuentran cruzados por la confrontación. Y, en la medida en que el sistema penal es así permeable, esas tres dimensiones de la cuestión criminal apenas vienen siendo activadas como cuestión política; es decir, más como definición, persecución y sanción penal de enemigos (52) ¿Quién define entonces al "delincuente"? ¿Quién dice con la autoridad democrática de la representación cuáles son las conductas que lesionan cuáles bienes fundamentales? Responder esas cuestiones sin embargo, implica seguir preguntando, por ejemplo, por la del definidor de un delito; por de esa definición delictiva; por la para definir lo lícito y lo ilícito; por la eficacia de la prohibición y la sanción en relación con cuántos y cuáles sujetos prohiben siquiera válidamente y, en efecto, sancionan; y, finalmente, por las justificaciones sancionatorias y definitorias. En lo que sigue, se tratará entonces de consolidar afirmaciones hipotéticas como estas: a) El crimen como definición institucional-sumamente marginal en el escenario de la guerra- comparte terreno con múltiples definiciones no institucionales localizadas y enfrentadas. b) Las diversas definiciones de lo lícito y lo ilícito reflejan una gran cantidad de valores similares, pero diferenciados normativamente en relación con la posición estratégica de cada actor en el escenario de la guerra. c) La guerra reduce progresivamente la legitimidad de los guerreros a la fuerza que los acompaña. Se trata de una legitimidad reducida a la eficacia en el suministro de d) Una persona puede transgredir tantos códigos prohibitivos y recibir tantas sanciones como poderes efectivos existan en el espacio temporal y espacial que habite. e) Los déficits de legalidad, humanidad y democracia del sistema penal institucional, lo convierten en apenas otro orden, otro actor de la guerra. Cuando se supone que la población civil ha sido en Colombia -y en cualquier otro escenario de guerra-la principal víctima de la confrontación armada, no solamente debe aludirse al padecimiento o al daño visible de que es objeto. Igualmente existen efectos tan nefastos como los que origina el hecho de que las poblaciones afectadas por la guerra sean objeto de las más diversas criminalizaciones.
Así entonces:
a) Las definiciones de lo delictivo que adelanta el Estado en relación con la criminalidad "ordinaria" (53) se encuentran determinadas por las guerras sobrepuestas del combate contra la subversión y contra las drogas. La legislación penal institucional dirigida a las conductas indirectamente surgidas de la sí directa confrontación bélica, sigue una especie de arrastre (54) de la excepción. Es decir, inducida por una instrumentalización la guerra, la legislación de emergencia ha colonizado todo el sistema penal institucional. Además, la construcción democrática del delito se encuentra seriamente afectada por los mismos vicios de clientelismo y exclusión que han caracterizado al juego político institucional. Asímismo, la definición institucional de lo lícito y lo ilícito, ha sido determinada por guerras declaradas desde afuera: la guerra contra el comunismo -y todo el discurso de Seguridad Nacional que permeó nuestra legislación interna-, contra el cultivo, la producción y el tráfico de sustancias ilícitas -y el discurso de Seguridad Ciudadana que hoy se encuentra enquistado en la normativa penal- o, también, la guerra contra los daños al medio ambiente -y el discurso de "las reservas ecológicas del mundo" - que hoy empieza a tomar forma en la legislación penal ambiental. Es como si el Estado no creara la regla, sino que apelara a ella.
Las definiciones institucionales aquí, sin embargo, siguen aludiendo a valores como la vida,la libertad y la propiedad, y a las excepciones típicamente consagradas en las legislaciones penales modernas.
b) En el caso de la guerrilla, las definiciones de lo permitido y lo prohibido son afectadas por la guerra. Tales definiciones, igualmente, se encuentran permeadas por valores propios del proyecto revolucionario reivindicado. Los procedimientos democráticos son restringidos en razón de la misma dinámica bélica y de la priorización de las líneas militares. Se verifica una especie de por la legitimidad requerida, esto es, por la seguridad necesaria. Los grandes valores a que aluden las definiciones, giran aquí en torno igualmente de la vida, la propiedad y la libertad, desde luego con percepciones, valoraciones normativas y excepciones atadas al proyecto revolucionario y a las necesidades de la guerra.
e) En relación con las definiciones de lo delictivo que adelanta el paramilitarismo, ellas se encuentran determinadas por las necesidades estratégicas de la guerra. Se presenta una especie de por la opción contraguerrillera y por el proyecto de autodefensa expansiva. No existen procedimientos democráticos, pero, por extensión, se comparte el proyecto institucional y los valores proclamados por la regulación penal (vida, propiedad, libertad). Sin embargo, sus percepciones y valoraciones normativas otorgan una extraordinaria flexibilidad a las excepciones de la legislación institucional. En resumen, ese triángulo formado por los actuales dominadores territoriales permitiría hablar de "contravenciones del orden normativo" protagonizadas por una criminalidad en tanto constituida por sujetos que no son actores directos de la guerra. Se trata de una criminalidad cuyas acciones vulneran efectivamente un orden vigente que gira en torno de los valores últimos de vida, libertad, propiedad. Distantes en sus proyectos de sociedad (políticos), estos órdenes muy probablemente, y en no pocos casos, coincidan en el reproche de conductas (evasión de impuestos, traición, consumo de substancias prohibidas, circulación en horarios y por lugares prohibidos, corrupción ...)y en la persecución de sujetos (vagos, prostitutas, drogadictos, ladrones, colaboradores ...). y en general, en el territorio de dominación de cada orden, en los de dominio transitorio o en los de órdenes sobrepuestos, la vulneración del valor de la vida, de la libertad y de la propiedad, son conductas reprochables. Pero tal reproche se encuentra condicionado por las excepciones que cada proyecto conciba, por las valoraciones normativas que cada proyecto impone. Siempre que sea localizada en unas ocasiones, universal en otras, la pregunta por las motivaciones o los orígenes de la infracción, así como por el poder para criminalizar unos comportamientos y no otros, sería pertinente y, con ello, el discurso criminológico tendría lugar. Otra vez, el problema es muy político, pero, también otra vez, sigue siendo profundamente moral. Y, en una y otra materia, los proyectos de organización social enfrentados suelen coincidir. Pero en todo caso "el pillo" pobre, el marginal "desestructurado", pocas veces encajará.

5.3 Las hipótesis que se pueden formular. Habrá que ver entonces si hechas estas aclaraciones, es posible encontrar algunos conceptos teóricos que permitan, por lo menos, trazar hipótesis sobre el problema de por qué las personas optan por la infracción de las normas prohibitivas en el caso de los territorios de claro control de uno u otro actor de la guerra o, en el caso de los territorios de órdenes sobrepuestos y de territorios de dominio transitorio.
a) Aquí se sostiene, en primer lugar, que en cada caso, el concepto de "vocabularios de motívos '(56) permíte una primera respuesta al problema. Que, más específicamente, en cada ámbito se encontrarán fenómenos que determinan las cualidades y la dimensión de un tal vocabulario. Y que el orden normativo vigente -el derecho, los mandatos- constituye apenas un vocabulario más. Mas allá de las diversas valoraciones normativas que cada persona otorgue a una situación o de los múltiples mecanismos de neutralización que pudiese aprender", la superposición de órdenes con excepciones diversas", la "conciencia" de un país en guerra, las particulares interacciones propiciadas por la confrontación, la legitimación que se conceda a cada orden (por conformidad con las normas, por justificación moral de las reglas o por consentimiento) suponen una proliferación inconmensurable de posibilidades justificado ras. b) Que las sanciones dispuestas (las institucionales y las no institucionales, las internas y las internacionales) constituyen apenas un proporcionado por los órdenes" (institucionales o no institucionales). c) Que la guerra en Colombia determina un estado de cosas, un campo de fuerzas, en el cual legitimidad -institucional- no ha podido ser presupuesto para la construcción del delito y en el cual esa misma legitimidad no puede ser de en relación con un código penal. d) Que la guerra suministra para delinquir y para ser definido como delincuente y que por ello, tal vez, las zonas de menores atentados internos contra la vida, la libertad y la propiedad, coincidan con aquellas de claro control por parte de uno de los actores de la guerra y, al contrario, las zonas de dominio transitorio (55) o de órdenes sobrepuestos presenten las mayores manifestaciones de conductas que pueden ser más fácilmente definidas, entendidas y estudiadas como "delictivas". Es el caso de las grandes ciudades en Colombia(59) o de las zonas en estado de conquista y reconquista permanente. e) Que el problema delictivo no puede reducirse a la afirmación de que se trata de "la cultura de la violencia", sino de "el orden de la guerra" que delimita, para decirlo una vez más: distintas posiciones sociales, distintos intereses, distintas definiciones, distintas justificaciones, distintas legitimidades que, infringidas, permitirán la creación del delincuente. f) Que en un ambiente seguido de una de duración, consolidarse delante de la normatividad institucional-y aún de cualquiera otra como criminal, demanda de grandes capacidades y recursos; y que en medio de la tan aludida "descomposición social", la inmensa mayoría de las personas no delinquen todas ni todo el tiempo y que sólo algunas -que, se insiste, cuentan con grandes justificaciones y oportunidades-, de manera relevante, infringen "los grandes valores":
 Lo que parece haber ocurrido en el país, en forma paralela al progreso económico, social y cultural-que según los historiadores, se ha dado generalmente acompañado de una pacificación de las costumbres- es la consolidación, durante las últimas dos décadas, de unos pocos, muy pocos, agentes violentos con un gran poder (no sobra agregar, que aún bajo el supuesto, en extremo conservador, que cada uno de los homicidios que anualmente ocurren en Colombia es cometido por un autor diferente, el número total de homicidas sería inferior al 0,1 %de la población (60) f) Que el delincuente creado en este contexto (ese que resulta criminalizado por uno o muchos definidores, perseguido por uno o muchos soberanos) no se explica por razones individuales y que el rasgo común, por lo pronto, tiene que ver con los resultados de una interacción social profundamente penetrada por el conflicto. g) Que los grandes detentadores de medios, territorios, redes y proyectos políticos, así como los medianos poseedores de recursos organizativos y logísticos, con proyecto económico o político o sin ellos, se posicionan en el nivel de la autoridad, la dominación y la inmunidad.h) Que el sujeto desposeído de recursos y proyectos, es criminalizado en cualquier territorio y momento, por los más diversos órdenes y las más diversas conductas; aquéllos y éstas emparentadas siempre con las necesidades de la guerra, o con las valoraciones normativas de los guerreros. No sabemos, finalmente, si la desactivación de la guerra signifique la reducción del delito, pero hoy ella lo explica con su arsenal de significaciones, motivos, justificaciones y mecanismos. Y hacer hoy criminología en Colombia es hablar de orden(es), de derecho(s), de legitimidad(es), de soberanía(s) y de cómo todo ello se plasma, entrecruza y relaciona en que tienen necesidades, valores y motivos para actuar.


Referencias:

(1) Alessandro Baratta. "Enfoque crítico del Sistema Penal y la criminología en Europa". En: Centro de Criminología de la Universidad de Medellín, Facultad de Derecho. Criminología  Crítica 1, Seminario. Medellín, Editorial Universidad de Medellín, 1984. p. 3.

(2) Esta continuidad es una condición "propia de las guerras mediadas por precisión técnicamente posible Yves Michaud. La violencia . Madrid, Acento, 1998. p. 12.

(3) Una rápida muestra de las contradictorias razones aludidas puede encontrarse en: Salvatore Senese. "Los bombardeos ciegos de la 'paz justa"'. Democracia. No 35. Madrid, julio de 1999. pp. 75-78.

(4)  Véase, por ejemplo: Comisión Colombiana de Juristas. Derechos Humanos en Colombia . Tercer informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bogotá, 1999. pp. 213-242.

(5) "A la economía le va bien, pero al país le va mal" Expresión comúnmente usada para dar cuenta de esta paradójica situación nacional.

(6)  Véase Paul Virilio. Elcibermundo, la política de lo peor. Entrevista con Philíppe Pettít. Trad. Móníca Poole. Madrid, Cátedra, 1997.

(7) Sin perjuicio de que esa pretensión igualmente se valga de organismos internacionales no gubernamentales de derechos humanos. Un conflicto como el que se describe conduce lógicamente a que todo (medios de comunicación, las organizaciones internacionales, los gobiernos extranjeros) se convierta en de confrontación.

(8) Véase: William Restrepo Riaza. "Conflicto armado, terrorismo y violencia en Colombia". Estudios Políticos No. 13. Medellín, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, julio-diciembre de 1998. p. 85.

(9) Véase: Mauricio García. "Derecho constitucional y estrategia política". Estudios  Políticos No. 1. Medellín, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, enero-junio de 1992. p. 49.

(10) Véase: William Fredy Pérez, Alba Lucía Vanegas y Carlos Mario Álvarez. Estado de derecho y  sistema penal: la emergencia permanente de la reacción punitiva  en Colombia, Medellín, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia-Bíblíoteca Jurídica DIKÉ, 1997. pp. 65-66.

(11) "La construcción de seguridad y orden, mediante el concurso de actores armados, ha hecho de los barrios populares un escenario de guerras de baja intensidad, visibles en momentos límites, cuando se producen enfrentamientos, operativos militares o policiales, masacres, o, inclusive, cuando se logra un cese al fuego y se concretan pactos de convivencia". Ana María Jaramillo. "Milicias populares en Medellín: entre lo privado y lo público". Revista Foro. No. 22. Santafé de Bogotá, Fundación Foro Nacional por Colombia, noviembre de 1993. p. 28.

(12) Véase: Carlos Medina Gallego. Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. . Origen, desarrollo y consolidación. Bogotá, Editorial Documentos Periodísticos, 1990.

(13)  Obviamente me refiero al Plan Colombia y a su financiación con la ayuda norteamericana ya la "mesa de donantes".

(14) Convención Única de Estupefacientes de Nueva York de 1961 y el Convenio sobre substancias psicotrópicas de Viena de 1971. Y aún más allá de su propia letra, el país ha incorporado la Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de Viena de 1988 (Persecución de cultivo, fabricación, tráfico, posesión, precursores, equipos, actos preparatorios, tentativas, asociaciones, bienes derivados del negocio o sin acreditación).

(15)  Un desarrollo del problema, en: Carlos González. "Drogas y legislación penal". En: Cuadernos del Consejo General del  Poder Judicial, Madrid, 1999.

(16) Véase: Iván Orozco Abad y Juan Gabriel Gómez. Los peligros del nuevo constitucionalismo en . materia criminal. Santafé de Bogotá, IEPRI-Ministerio de Justicia del Derecho, 1997.

(17) De un tal conjunto de decisiones son fruto la Jurisdicción Regional: los testigos secretos, las penas de 60 años, las cárceles de máxima seguridad, la reducción de las medidas de aseguramiento a la detención preventiva, la inversión de la carga de la prueba, la política de sometimiento y la ley de "extinción de dominio" (333 de 1996), inspirada precisamente en el artículo 5° de la Convención de Viena.

(18) Nils Christie. La industria del control del delito. Buenos Aires, Editores del Puerto SRL, 1993. p. 70.

(19) Véase la idea de K. Beckett New York, Oxford Universíty Press, 1997), en: Elena Larrauri. "Dossier de curso". Barcelona, Master de criminología y ejecución penal de la Universidad Autónoma de Barcelona 1998-1999.

(20) Véanse: Julio González. "¿Puede hablarse en Colombia de un derecho penal de emergencia? Estudios de Derecho. No. 127. Medellín, Facultad de Derecho, Universidad de Antioquia, 1997; lván Orozco y Juan Gabriel Górnez. Op. cit William F. Pérez y otros. Op. Cit.

(21)  Enrique Serrano Gómez.  Legitimación y Racionalización . Barcelona, Anthropós, 1994. p. 277.

(22) Véase: Roberto Gaviria. Conceptos Fundamentales de Sociología, Madrid, Alianza Editorial, 1998. p. 1l.

(23) El Estado, quebrantado por la lucha de clases y de estamentos, se encuentra, de acuerdo con la constitución, en una condición de emergencia permanente y su derecho, hasta en sus últimos elementos, en derecho de emergencia. Por tanto, quien domine el estado de emergencia, domina también al estado". Carl Schmitt. Citado por: Hermann Heller. La soberanía, contribución  a la teoría del derecho estatal y del derecho internacional . México, Fondo de Cultura Económica, 1995. p. 115.

(24) Véase: Norberto Bobbio. "El poder y el derecho". En: Norberto Bobbio y Michelangelo Bovero. Origen y fundamento del poder  político. México, Enlace-Grijalbo, 1985.

(25) En este trabajo se usan los conceptos de espacio, territorio o zona como sinónimos. No necesariamente aluden a un ámbito geográfico o temporal, pues como se verá, la movilidad de los actores, la sobreposición de órdenes y la transitoriedad del dominio, configuran y desconfiguran ámbitos y territorios. Esos conceptos deben entenderse, en suma, como ámbitos de presencia no estrictamente delimitables; como recursos de lectura.

(26) Soy consciente de las diferencias con la connotación que se otorga al concepto de "derecho penal de enemigo" en: Winfried Hassemer. Crítica al derecho penal de hoy. Trad. Patricia S. Ziffer. Santafé de Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. p. 49 (citando a Jakobs). Si entiendo bien, un tal derecho se presenta como una patología en ordenamientos jurídicos donde se construye y trata al delincuente como enemigo, en el marco de lo que se denomina el eficientismo penal. El caso colombiano es, desde luego, diferente.

(27) María Teresa Uribe. "Las soberanías en vilo en un contexto de guerra y paz" . Estudios Políticos No. 13. Medellfn, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, julio-diciembre de1998. p. 19.

(28) En Colombia, según la organización Fundación Social, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Universidad de los Andes, 662 poblaciones tienen presencia guerrillera y 373 presencia paramilitar (de estos, 340, o sea e133% de los municipios colombianos son considerados críticos en materia de orden público). Véase: Manuel Alberto Alonso y Juan Carlos Vélez. "Guerra, soberanía y órdenes alterados ". Estudios No. 13. Medellín, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, julio-diciembre de 1998. p. 66. Véase también, apenas para el sur del país, un informe de  El colombiano, noviembre 28 de 1999. pp.6A-8A: En Cundinamarca: frentes 22, 38, 42, 51, 52 y 53 de las Farc y un bloque de las AUC. Tolima: Frente Bolchevique del ELN; frentes 21,25 y 53 de las Farc; un grupo autónomo de las autodefensas. Huila: frentes 13, 17,25,61 y Teófi1o Forero de las Farc; frente José Manuel Martínez del ELN y grupo de autodefensas de la zona. Putumayo: frentes 2,13,32 y 48 de las Farc; frente Domingo Barros del ELN; comandos de las AUC y grupos de narcotraficantes. Cauca: frentes 6, 8, 60 y columna móvil Jacobo Arenas de las Farc; frentes Manuel Vásquez Castaño y José María Becerra del ELN; bloque Calima de las AUC.Casanare: frente Domingo Laín y José David Suárez del ELN; frentes 28 y 45 de las Farc y un bloque de las AUC. Guaviare: frente 10 de las Farc. Vaupés: frente 10 de las Farc. Guainía: frente 16 de las Farc. Vichada: frente 16 de las Farc y un reducto del ELN. Amazonas: frente 14 de las Farc y comandos de autodefensas.

29) Así, por ejemplo, para el caso de una sola ciudad colombiana, se afirma que entre 1985 y 1990 se conformaron aproximadamente 153 bandas en el Valled el Aburrá (Area Metropolitana de Medellín). En un estudio más reciente se afirma que el número de bandas en la ciudad pudo haberse cuadruplicado después del "fraccionamiento" de algunas bandas que articulaban, a modo de confederación, a distintos grupos armados situados en la ciudad. Véase: Gilberto Medina y Edgar Arias Orozco. "La juventud de Medellín, entre la espada y la pared." En: La ciudad de los jóvenes. Una mirada desde Medellín. Op. cit., pp. 98- 100. Véase igualmente: Carlos Eduardo Jaramillo Castillo. "Las milicias de Medellín. Reflexiones iniciales sobre el proceso de negociación". En Colombia Internacional: . No. 36. Santafé de Bogotá, Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, octubre - diciembre de 1996. (30)"En Colombia operan cerca de 350 empresas privadas y unos ochenta mil vigilantes". Fernando Gaitán y Miguel Angel Afanador. Estudio prospectivo de Seguridad de Santafé de Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, 1996. p. 112. (31) Manuel Alberto Alonso y Juan Carlos Vélez. Op. cit., pp. 70-71. (32) "Se puede discutir si la legitimación de un poder dependa únicamente de la obediencia habitual o del hecho de que las normas emanadas de él vengan preponderantemente observadas o hechas observar. No se puede poner en duda que la desobediencia habitual o la inobservancia general de las normas, constituyen, para quien detenta el poder una de las tazones principales de la pérdida de legitimidad, aunque no basta en todo caso la no efectividad (... )porque (...) la no efectividad no es un mero hecho observable como se percibe un hecho natural, sino es la consecuencia de una serie de comportamientos motivados, a cuya motivación es necesario remitirse para juzgar en un determinado momento histórico el grado de legitimidad de un poder".Norberto Bobbio, "El poder y el derecho". Op. cit., p. 28. La cursiva es agregada. (33) "El pensamiento ilustrado elaboró un relato acerca de la naturaleza del poder político basado no ya en la fe sino en la razón. Un relato que acabó tomando la forma de una especie de teorema, todavía eficaz hoy -pese a que hace aguas por todas partes-, en el sentido de que legitima todos los sistemas políticos representativos que conocemos (... )".Juan Ramón Capella. Fruta prohibida. Madrid, Trotta, 1997. pp. 106-107. (34) Ibid. pp. 257-258. (35) María Teresa Uribe. Op. cit., p. 15. (36) "La población civil ha pasado a convertirse en el objetivo principal y central de la guerra, en el propósito de la confrontación, si se quiere, en el botín más preciado de la disputa". María Teresa Uribe. "Antioquia: entre la guerra y la paz". Estudios Políticos No. 10. Medellín, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, enero-junio de 1997. p.134. (37)Juan Ramón Capella. Op. cit. p. 267. (38) Resistir la visión del apocalipsis jurídico es precisamente la primera condición para entender que cualquier reflexión que gire en torno de la ley en Colombia no puede asumir que "los asuntos jurídicos continúan en el mundo propio de sus especulaciones", y para admitir que la inconmensurable insignificancia de nuestro papel como juristas es inversamente proporcional al olvido de que apenas se opera una ínfima parcialidad de la parcialidad. (39) Juan Oberto Sotomayor. "Garantismo y derecho penal en Colombia". Jueces para la Democracia. No. 35. Madrid, julio de 1999. pp. 92-93. Sobre sistema penal paralelo véase: William F. Pérez. "Constitución y reglamentación". Estudios Políticos No. 5. Medellín, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, 1992. pp. 56-70. (40) Juan Oberto Sotomayor. Op. cit. p. 97. (41) "De la Unión Europea y de Europa en, general, no hay que esperar demasiado en materia de solidaridades y de alternativas políticas importantes. También allá, el prohibicionismo está bien apuntalado [... ] sobre los presupuestos del prohibicionismo y del primado de la perspectiva del Consumo, la Unión Europea va a ser, muy probablemente un potenciador de estrategias represivas". lván Orozco Abad y Juan Gabriel Górnez. Op. cit., p. 22. Cursiva agregada. (42) ibid., p. 107. (43) lbid., p. 108. La cursiva es agregada. (44) Aludo, desde luego, a la doble acepción del garantismo, en los términos de Luigi ' ' Ferrajoli. Derecho y Razón.Teoría del garantismo Penal. Madrid, Trotta, 1995. (45) lván Orozco Abad y Juan Gabriel Gómez. Op. cit., p. 31. (46) Ibid., p. 458. (47) Una muestra de un trabajo bien orientado, a mi juicio, en: Mauricio Rubio. con misterio. Lo que revelan las estadísticas de violencia y criminalidad en Colombia. Santafé de Bogotá, Cede-Paz Pública, Universidad de los Andes, 1998. pp. 33-34: "Para avanzar en el diagnóstico de la situación colombiana parece indispensable reconocer que se está en guerra, saber cuál es la dimensión de esa guerra, tratar de entender a sus actores, afinar la medición que se tiene sobre su presencia, analizar sus interrelaciones con la criminalidad (... )".0, más adelante: "Una de las sociedades que en mayor medida se distinguía a nivel mundial por el poder y la variedad de sus organizaciones armadas se destaca también por la importancia que le presta, en el diagnóstico de la violencia, a cuestiones como las riñas, el alcohol, o las enfermedades mentales". (48) Anthony Bottoms. Conferencia dictada en las Jornadas conmemorativas del décimo aniversario del Master de criminología y ejecución penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, durante los días 10 y 11 de junio de 1999. (49) Aún más, la condición que formalmente permitía diferenciar al titular del poder político, del disidente armado, esto es, el mantenimiento del delito político, fue borrada del ordenamiento jurídico recientemente. Véase: Sentencia C. 456 de 1997 y especialmente el salvamento de voto de los magistrados Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez. (50) Pues está claro que recurrentemente la guerrilla solicita la sanción y el procesamiento institucional de agentes de la Fuerza Pública involucrados en acciones ilegales. (51) Sobre el uso de indicadores delictivos y la construcción de conclusiones y propuestas de política criminal: Malcolm Deas y Fernando Gaitán. Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia. Santafé de Bogotá, FONADE-DNP, 1995. Fernando Gaitán. "El método dialéctico como alternativa para estudiar la violencia en Colombia". En: Nuevas visiones sobre la violencia en Colombia. Santafé de Bogotá, FESCOL-IEPRI, 1997. (52) "El moderno funcionamiento del derecho implica una clara distinción entre 'paz' (cuando el derecho rige) y 'guerra' (cuando legítimamente no lo hace). Esta distinción ha devenido vaga en Colombia. Si estamos en guerra, como se dice, los criminales son enemigos a eliminar más que a rehabilitar". Germán Palacio. "Institutional crisis, parainstitutionality, and regime flexibility in Colombia: the place of narcotrafic and contrainsurgency". En: Martha K. Huggins. Vigilantism and the state in moder Latin America. Enssays on extralegal violence."El moderno funcionamiento del derecho implica una clara distinción entre 'paz' (cuando el derecho rige) y 'guerra' (cuando legítimamente no lo hace). Esta distinción ha devenido vaga en Colombia. Si estamos en guerra, como se dice, los criminales son enemigos a eliminar más que a rehabilitar". Germán Palacio. "Institutional crisis, parainstitutionality, and regime flexibility in Colombia: the place of narcotrafic and contrainsurgency". En: Martha K. Huggins. Vigilantism the in Latin . on New York, Praeger, 1991. (53) Llamo criminalidad ordinaria a la que puede surgir en escenarios más o menos separables de la guerra o a la constituida por comportamientos no relacionados inmediatamente con la confrontación del enemigo de guerra. (54) Utilizo aquí el término "arrastre" para indicar el contagio y la contaminación que caracterizan las definiciones a las que me refiero, a partir de cierta condición o finalidad superior (excepción, seguridad necesaria, lucha contraguerrillera ... ). (55) "Weber definiría motivos como 'un complejo de significados que al autor mismo, o al observador, le parecen un fundamento adecuado para su conducta'''. Darío Melossi. El estado del control social. México, Siglo Veintiuno, 1992. p. 195. (56) "La teoría de la asociación diferencial abrió las siguientes preguntas: ¿Existen valores que facilitan la comisión de delitos? ¿Son valores opuestos o técnicas neutralizadoras del vínculo normativo? ¿De dónde surgen? ¿En qué grupos se desarrollan? ¿Por qué? ¿Cómo se mantienen?" Elena Larrauri. Apuntes del curso de Criminología, del Máster de criminología y ejecución penal de la Universidad Autónoma de Barcelona 1998-1999. (57) Sería lo que Sutherlan destaca como "la pluralidad de mundos normativos en los que uno participa, y los consiguientes dilemas que es preciso encarar". Ibid. (58) "El vigor de este motivo, en comparación con otros que puedan haber sido dotados socialmente con sanciones no legales, es un hecho empírico, social e históricamente situado". Darío Melossi, Op. Cit., p. 206. (59) Es propio de la guerra que, por ejemplo, las múltiples causas originales y derivadas, las diversas guerras y la desinstitucionalización, se corresponden con diversidad de valoraciones normativas, con diversos significados contextuales, aunque no necesariamente con disenso en torno de la esencia de los valores. (60) Mauricio Rubio. Op. cit., p. 33. situado". Daría Melossi. Op. cit., p. 206. (*) El entrañable amigo y colega William Pérez Toro es Master En Criminología y Ejecución Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde nos conocimos, hace ya demasiados años. Es Profesor de la Universidad de Antioquia. Es además Docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Candidato a Doctor en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona. (**) El autor nos ha autorizado a reproducir este artículo, publicado originariamente en http://www.google.com.ar/url?url=http://revistaestudiospoliticos.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/download/16702/14482&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjl58X25bjLAhUESiYKHewoBN4QFggdMAI&sig2=f_CS_ZXmuaYyJRdEhb5ZIQ&usg=AFQjCNHg_sKVUICV5d7fiXuTPcKs--9IIg
Por División Las Heras

"Ahora me parece que la cuestión más interesante para nosotros, la más difícil, la más problemática, es este legado que, como todo legado, siempre es algo a descifrar. Uno no sabe del todo cual es su legado, un legado es algo que nos interpela siempre, no es algo que uno pueda interpretar de una vez y para siempre, uno nunca sabe quién es dentro de una herencia. Uno no sabe que lugar tiene en lo que ha heredado" (Jorge Alemán).

El generoso artículo de Fernando Peirone en la revista Anfibia ayuda - y mucho- al análisis de  la influencia política determinante y el rol  de las comunicaciones en el tercer milenio (*).
Pero, como lo señalábamos en nuestro anterior aporte, la caracterización puede reducirse a plena abstracción, a una nueva expresión en el marco de la multitud de abordajes superestructurales que escamotean -como el kirchnerismo-, poner el acento en la cuestión de clases y en la estructura social a la hora de intentar comprender el desenlace electoral reciente y la construcción de una nueva hegemonía por parte de una derecha cuyos gestores tampoco aciertan a conformar del todo a sus mandantes externos (**).


La unilateralidad de los abordajes superestructurales en buena medida cancela la posibilidad de avanzar en los trazos gruesos de un nuevo  programa general, un proyecto o relato totalizante, superador, holístico desde lo social, lo político y lo económico para los sectores productivos que volcaron la balanza a favor del peligro amarillo y no se sintieron contenidos ni representados por el FPV (el mayor emprendimiento colectivo emancipatorio, de inclusión social y expansión de derechos de la democracia argentina). Un programa para la construcción de una parte del pueblo, la más explotada, que es, paradójicamente, la integrada por los sectores mejor remunerados, plusvalía mediante. 
¿Y cómo fue que reconquistó Macri la hegemonía cultural? Pues bien, quizás un principio de respuesta surja de la recordada geopolítica de la acumulación concebida hace alrededor más de un lustro por el recordado (o quizás no tanto) Héctor Huergo. Desde ahí, desde la estructura económica dura consolidada por el poder de la gran burguesía extractivista de la zona núcleo, pudieron desarrollar una política que tuvo efectivamente a la comunicación como uno de sus pilares, pero donde lo esencial era "lo otro", que es justamente lo que no resolvió correctamente el kirchnerismo. Es perfectamente correcto lo que advierte Peirone: "Porque en el marco de una disputa tan decisiva por la lógica del sentido como la que atravesamos en la actualidad, la identificación de las ventajas conseguidas tienen un valor relativo si no se las trasforma en un cambio de la estructura organizacional y en un salto conceptual, como el que llevó adelante el capitalismo a fines de los años sesenta, cuando tomó conciencia de sus riesgos y reconquistó la hegemonía cultural. En esta suerte de carrera, el campo que primero logre decodificar la cosmovisión emergente -porque de eso se trata-, es el que realmente conseguirá una ventaja política y comunicativa. Porque el que logre construir una identidad narrativa. acorde a la trama de significaciones y procedimientos que le dan sustento y proyección colectiva a esa cosmovisión, estará sentando las bases para una nueva hegemonía (o contrahegemonía); es decir, tendrá un rol decisorio en la reconfiguración del diagrama de poder y, por lo tanto, de la nueva institucionalidad. Seremos nosotros en la medida que exploremos, apliquemos, promovamos, y ampliemos ese nuevo decir. Lo cual, por su carácter dinámico e interactivo, nos demanda —indispensable— el desarrollo de una nueva escucha, especialmente hacia los más jóvenes. En esa reformulación instituyente de la acción comunicativa se encuentra la oportunidad de una alternativa cierta a la hegemonía neoliberal". Pero esa conclusión, sin anclaje en la materialidad objetiva, corre el riesgo de desagregarse de lo esencial, que es la actual estructura económica, críptica quizás como nunca antes en la Argentina, después de la experiencia kirchnerista. Porque al no incorporar las variables y la nueva relación de fuerzas emergente en la estructura económica, corre el riesgo de derivar en una prédica líquida, efímera, intangible, desagregada de la realidad económica y social. Parecida a lo que ocurrió con la ley de medios, esa suerte de nave insignia que -como el legendario y simbólico barco Vasa de la historia nórdica- naufragó en su debut y antes de llegar a navegar en aguas profundas. En ambos casos, y en muchos otros, el populismo desnuda una inédita crisis de representación: no alcanza a distinguir a qué sectores productivos y sociales representa, cosa que la derecha tiene por demás en claro, aunque por ahora no pueda satisfacer el mandato del capital concentrado transnacional, habilitando por defección las condiciones para una irrupción exógena que reduzca el 2001 a una escaramuza menor. ¿Se acuerdan de Héctor Huergo? Es el que en 2009 adelantaba, casi premonitoriamente, y refiriéndose a aquella derrota de medio término del kirchnerismo, la emergencia de los sectores dominantes en la antesala de la victoria total. Con Néstor Kirchner en vida, para aventar malabares y juicios de recorte oportunistas peyorativos respecto de CFK: "El resultado electoral es un triunfo contundente de la Argentina Verde y Competitiva. Ganó la soja. Ganó el modelo del eje Rosario-Córdoba, el nuevo centro de gravedad de la economía argentina. La sociedad entiende que no se pueden atender las necesidades de los sectores postergados, representados por el eje Matanza-Riachuelo, expoliando al interior genuinamente productivo. Como decíamos una semana atrás, no es desnudando al santo del interior como se va a vestir al santo del conurbano. Hace falta "otro modelo". El resultado electoral es un hito más, si no la culminación, del camino iniciado cuando el gobierno intentó la exacción de la renta agropecuaria con las retenciones móviles. Todos los referentes que emergieron como ganadores tuvieron que ver con la fenomenal epopeya del campo, cuando le puso la mano en el pecho a un gobierno que, en nombre de la mesa de los argentinos, jaqueó nada menos que a la Segunda Revolución de las Pampas" (***). La derecha la tuvo y la tiene clara. Y carece de dudas respecto de su representatividad. En el plano de la disputa por las ideas, el "capitalismo bueno" neokeynesiano se precipitó a tierra sin llegar a descubrir a qué sectores sociales debía representar en función de su conciencia transformadora ("en sí" y "para sí"). De aquí en más, entonces, a  embarrarse los pies en la escrutación permanente de la estructura social, o a prepararse para una derrota cuya crueldad no tendrá fin en el escenario impiadoso de las guerras de cuarta generación.


(**) http://www.derecho-a-replica.blogspot.com.ar/2016/02/emancipacion-social-contingencias-y.html
(***) http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=102913&se=6

La irrupción en vivo y en directo del espía más famoso, en un programa de la televisión argentina  (uno de los tantos convenientemente formateados para naturalizar la banalidad el sentido común conservador, recurriendo a la cancelación cotidiana de la argumentación teórica como forma de  explicar la realidad política local), ha impactado fuertemente en vastos sectores de una sociedad siempre desprevenida. No es para menos. El espectáculo que protagonizó el ex funcionario de la inteligencia estatal implicó un estudiado "apriete" contra un ex- Fiscal de la Corte Penal Internacional y ex- Fiscal del juicio a las juntas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El modo elegido significó, además, un mensaje claro con varios destinatarios posibles. Y llegó justo cuando la declaración del mismo personaje acababa de dar un vuelco procesal en la causa en la que se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. Con esta aparición sorpresiva, se pone nuevamente en el tapete el rol de los servicios de inteligencia, sus prácticas y su poder oscuro y real. Hace más de un lustro, cuando nadie sabía de este espía ni se había producido la muerte de Nisman, desde esta hoja analizamos la realidad de los servicios de inteligencia (nacionales y locales) a la luz de los juicios de la verdad que se sustanciaban en todo el país, y en especial en nuestra Provincia. En ese momento pusimos especialmente de relieve el recorrido legal de las normas que regulaban la inteligencia interior en nuestro país y su funcionamiento. Como creemos que sigue conservando la misma vigencia de aquellos años, lo volvemos a compartir con nuestros lectores. 




19.6.09



FUGA DE CEREBROS: UN INTENTO DE APROXIMACIÓN A LA REALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y SU “PRIVATIZACIÓN” POSIBLE A PARTIR DE LOS AÑOS 90'


“En otras palabras, en este modelo inmanente, en vez de existir una autoridad externa que imponga el orden a la sociedad desde arriba, los diversos elementos presentes en la sociedad pueden organizar ellos mismos la sociedad en colaboración” (Hardt, Michael; Negri, Antonio: “Multitud”, Editorial Debate, 2004, p. 391)

La realidad histórica de los servicios de inteligencia interior en la Argentina, está signada por un cerrado oscurantismo, compatible con los horrendos cometidos asignados a muchos de sus miembros, copartícipes del terrorismo de Estado durante la década del 70.
No obstante, contrariamente a lo que podría suponerse, la negritud de la historia de los “servicios” en la Argentina no comienza con el golpe del 76', ni tampoco con la aparición brutal de grupos paramilitares, por caso la “Triple A”, durante el Gobierno de Isabel Perón.
La “Ley Nacional Secreta” 19083/71, por ejemplo, incorporaba “al plantel básico de la Secretaría de Informaciones de Estado, a diverso personal de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones”. “Los agentes de que se trata -decían los crípticos y prietos fundamentos de esta norma de facto-, la mayoría de los cuales ha prestado servicios en ésta durante casi diez años, han evidenciado no sólo sobresalientes condiciones de idoneidad y relevantes cualidades morales, sino también gran confiabilidad, lo que resulta de gran importancia debido a las tareas que desempeñan y a la naturaleza de la labor específica de esta Secretaría”. Es decir, que la intercepción de las comunicaciones telefónicas estaba en manos de confiables expertos del régimen militar.

Por su parte, otra norma, la 17.112/73, aprobó con carácter igualmente “secreto”, nada más y nada menos que “el Estatuto para el personal civil de la Secretaría de Informaciones de Estado y de los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, constituido por las disposiciones de la presente Ley, que establecen las carreras, deberes, derechos, retribuciones y régimen disciplinario para este personal afectado a tareas de seguridad y defensa nacional (Art. 1ª). Estableció además que el personal no debía “tener antecedentes que lo sindiquen como afiliado o simpatizante de agrupaciones políticas extremistas o de teorías foráneas, ni vinculaciones de sangre, comerciales o sociales voluntarias, con personas o entidades de tal carácter”. Que debía ser presentado por persona de “solvencia moral indiscutida”, y “recabar autorización para contraer enlace, informando con anticipación no menor de sesenta días, la filiación civil completa del futuro cónyuge, que no debe ser nativo de país limítrofe al nuestro, a los fines de averiguación de antecedentes morales e ideológicos”.
Recién durante el Gobierno de Néstor Kirchner se prohibió expresamente a ese organismo realizar más operaciones de inteligencia -claramente inconstitucionales- respecto de colectivos e instituciones sociales, civiles, políticas, organismos de DDHH. Fue el primer esfuerzo normativo del Estado por ponerle límite a actividades realizadas, paradójicamente, desde el propio Estado.
Ahora bien, si esta incompleta síntesis histórica ayuda a repensar el rol de los servicios en la Argentina en las últimas décadas, el desafío inconcluso de la democracia radica en “actualizar” las actividades de esas agencias, de sus operadores, y de todos aquellos que, habiendo formado parte de las mismas o participado por afinidad ideológica en tareas de delación, información o inteligencia interior en el pasado, quizás no hayan renegado de esas prácticas, sino que las hayan reformulado en claves compatibles con la sociedad de mercado, sus lógicas, y las nuevas formas de dominación y control.
La cuestión no supone un mero ejercicio de imaginación, como podría pensarse en un primer momento.
En una sociedad donde la diversidad, el multiculturalismo, en fin, la “multitud” ha desplazado a paradigmas totalizantes con identidad propia, tales como el “pueblo” o la “masa”, los Estados-nación han abdicado buena parte del ejercicio de la soberanía entendida en clave decimonónica, en favor de entidades supranacionales y corporaciones.
Dos de las categorías conceptuales que han variado sustancialmente en los sistemas de creencias hegemónicos de Occidente, son la idea de “futuro” y la capacidad de los Estados para disciplinar a sociedades inéditamente dinámicas y plurales.
Campea ahora la idea de que “nada” dura para siempre (ni las naciones, ni el trabajo, ni las parejas, ni las familias, ni la vida misma) y que el Estado - al menos en el capitalismo tardío marginal- no ofrece respuestas consistentes y en tiempo real a las crisis sistémicas estructurales; cosa que no difiere sustancialmente, hasta el momento, con lo que ocurre en los Estados conducidos por gobiernos que se reivindican como “nacionales y populares”.
Es interesante relevar las lógicas del supuesto reportaje realizado a un narcotraficante alojado en una prisión brasileña, para plantearnos la verosimilitud de la “amenaza” de las multitudes, de los distintos, de los “otros” respecto de estados y sociedades inermes que proponen -todavía- soluciones disciplinarias, en las sociedades de control (ver www.rambletamble.blogspot.com).
Por eso mismo, supone un necesario desafío intentar un relevamiento, que aunque pueda representársenos como igualmente imaginario, reproduzca y explicite la verdadera capacidad de maniobra de los servicios de inteligencia en la Argentina, que son justamente medios de control social, probablemente mucho más inocuos para incidir, lo mismo que el Estado, en las nuevas sociedades.
¿Es posible entonces, pensar que durante las décadas de los 80' y especialmente los 90', al influjo de un proceso de privatizaciones inédito de los servicios esenciales del país, y de un retraimiento del Estado, o al menos de algunas de sus funciones esenciales, se haya producido un trasvasamiento de esos servicios al ámbito privado? Una suerte de privatización de las operaciones políticas o de prensa, de la delación y la información ilegal.
Si admitimos que, efectivamente, hay un nuevo “Estado Imperial” -capaz de poner en caja a un Obama con mayoría legislativa y condicionarlo al punto de hacer sucumbir sus principales promesas de campaña en los primeros cien días de gobierno- donde las corporaciones y las instituciones supranacionales exhiben su ventajosa relación de fuerzas, deberíamos preguntarnos qué es lo que está ocurriendo con este tema en nuestra región. ¿Los resabios de la “mano de obra desocupada” - de aquí y de allá- forman parte de esta fuerza de tareas, aunque no actúen orgánicamente?
En la Argentina se está dando un proceso de profunda reconversión social. El sistema político y el Estado colapsaron en el 2001. El colapso escapó al dominio y control de los actores políticos tradicionales. El Poder real, probablemente, haya perdido en estos últimos años las posibilidades de dominación históricas: no tiene cuadros, ni militancia, ni aparato. Sólo controla su enorme poder económico y su capacidad para contrarrestar a través del discurso y los medios las medidas que contradicen sus intereses de clase y sector. Tal vez el único "aparato", estructurado sea esta mano de obra que hace algunas tareas politico-militares como en Venezuela o Bolivia.
Pero ese “desguasamiento” de los servicios estatales, en modo alguno autoriza a ignorar la incidencia posible de cuadros que actuando por cuenta propia o de terceros ayudan a consolidar prácticas reaccionarias y conservadoras, en una sociedad contrademocrática, desconfiada, que es permeable a este tipo de prácticas regresivas. Las víctimas, por supuesto, tampoco serían casuales.
Supongamos por un momento la existencia de denunciantes compulsivos, aprietes, chantajes, episódicas operaciones, prácticas invasivas de los derechos civiles de las personas, intercepción de comunicaciones electrónicas y telefónicas que algunos medios han destacado en los últimos tiempos.
Existe un sugestivo silencio del periodismo “de investigación” sobre estos temas, que por supuesto deberían llamar la atención porque esos hechos pueden resumirse como acciones que atentan contra la convivencia social y dan la pauta de la debilidad de nuestras formas democráticas de baja intensidad.
Esto es, apenas, el principio de una indagación. En la dinámica del acopio de datos y memorias se escuchan relatos que establecen rumbos. Sobre la relevancia de la tarea no puede haber dudas. Resulta paradójico que en una sociedad atravesada por los medios de control social informales (entre ellos, la prensa, la extorsión y el rumor) nadie repare en estos nichos insondables, que remiten al pasado más tortuoso de los argentinos.






Por División Las Heras
Edificio de la radio y televisión serbia, bombardeado por la OTAN
En las guerras de cuarta generación, las mentiras preceden a las bombas, y pueden a veces sustituirlas. Para comprender el furibundo arrebato macrista sobre los medios opositores e independientes de nuestro país, hay que remitirse al rol decisivo que los medios de comunicación han cumplido en los conflictos más graves que ha vivido la humanidad en los últimos veinticinco años. En los que, naturalmente, el imperialismo ha desempeñado un papel determinante, siempre amparado en la supuesta defensa de la libertad, la democracia, los derechos humanos y otras enunciaciones valorativas por el estilo. En realidad, el rol de las grandes potencias en cada uno de esos momentos de la historia, ha sido el de un agresor que previamente tergiversó la realidad hasta tal punto que no solamente la población mundial, sino también los propios habitantes de los países en los que se perpetraron esas "guerras humanitarias", no alcanzaran a entender lo que verdaderamente ocurría en esos momentos, o directamente apoyaran esos embates. De esta forma, las grandes cadenas occidentales lograron, en todos los casos, crear una opinión pública favorable a las más variadas formas de intervención extranjera sobre aquellos países díscolos a los que era necesario exportar la democracia neoliberal. América Latina, en general, y Argentina en particular, no escapan a esa lógica. 

En esa clave debe leerse la compulsión del actual gobierno argentino por acallar las voces alternativas. De hecho, a un mes de gestión, son pocos los comunicadores, emisoras o programas masivos en condiciones de propalar una mirada crítica sobre el gobierno conservador. El episodio del notorio periodista  Víctor Hugo Morales (que, sin perjuicio de su gravedad, en modo alguno lidera el ranking de las iniquidades PRO) no puede dejar de analizarse en ese contexto.Durante los doce años de gobierno kirchnerista,  la mayoría de los medios de comunicación, y absolutamente todos los que exhibían una posición dominante, pertenecieron siempre a la oposición. Ahora,el gobierno ha ido censurando una por una las voces alternativas. Morales es un ejemplo paradigmático. Pero por sí solo, no alcanza a explicar los motivos reales de semejante campaña de silenciamiento masivo. Para poder comprenderlos,  resulta imprescindible echar un vistazo a la historia reciente. Pocos analistas como Michel Collon se han ocupado de poner al descubierto el rol de los medios de comunicación como aparatos ideológicos del imperialismo y los sectores internos más reaccionarios. Estemos atentos a la forma en que se han exhibido las guerras en el último cuarto de siglo, a sus consecuencias y sus verdaderos objetivos, en palabras del periodista belga.
"Guerra de Iraq (1991):
La mentira mediática preponderante fue que los Iraquíes habían robado las incubadoras de la maternidad de Kuwait City.
Lo que supimos después es que se trató de una invención total de una agencia publicitaria pagada por el emir de Kuwait, Hill & Knowlton.
Objetivo real: Impedir que Oriente Próximo resista a Israel y consiga independizarse de EEUU.
Consecuencias: Innumerables víctimas de la guerra y después un largo embargo incluso sobre los medicamentos.
Guerra de Somalia (1993):
Mentira mediática: Kouchner «sale a escena» como héroe de una intervención humanitaria
Lo que supimos después: Cuatro sociedades estadounidenses habían comprado la cuarta parte del subsuelo somalí, rico en petróleo.
Objetivo real: Controlar una región militarmente estratégica
Consecuencias: Al no conseguir controlarla, Estados Unidos mantendrá la región sumida en un caos interminable.
Bosnia (1992 - 1995):
Mentira mediática: La empresa estadounidense Ruder Finn y Bernard Kouchner ponen en escena supuestos campos serbios de exterminio.
Lo que supimos después: Ruder Finn y Kouchner mentían. Eran campos de prisioneros para intercambios. El presidente musulmán Izetbegovic lo reconoció.
Objetivo real: Romper Yugoslavia, demasiado a la izquierda, eliminar su sistema social, someter la zona a las multinacionales, y controlar el Danubio y las rutas estratégicas de los Balcanes.
Consecuencias: Cuatro años de una guerra atroz para todas las nacionalidades (musulmanes, serbios, croatas), provocada por Berlín y prolongada por Washington.
7. Yugoslavia (1999):
Mentira mediática: Los serbios cometen un genocidio sobre los albaneses de Kosovo
Lo que supimos después: Invención pura y simple de la OTAN, como reconoció Jamie Shea, su portavoz oficial.
Objetivo real: Imponer la dominación de la OTAN sobre los Balcanes, y su transformación en policía del mundo. Instalación de una base militar estadounidense en Kosovo.
Consecuencias: Dos mil víctimas de los bombardeos de la OTAN. Limpieza étnica de Kosovo por la UCK, protegida de la OTAN.
8. Afganistán (2001):
Mentira mediática: Bush pretende vengar el 11-S y capturar a Bin Laden
Lo que supimos después: No hay ninguna prueba de que exista la red (Al Qaeda, N. de T.). En cualquier caso, los talibanes habían propuesto extraditar a Bin Laden.
Objetivo real: Controlar militarmente el centro estratégico de Asia, construir un oleoducto que permitiera controlar el suministro energético del sur de Asia.
Consecuencias: Una larga ocupación y un gran incremento de la producción y el tráfico de opio
Iraq (2003):
Mentira mediática: Sadam poseía peligrosas armas de destrucción masiva, afirmó Colin Powell a la ONU, probeta en mano.
Lo que supimos después: La Casa Blanca ordenó a sus servicios que falsificaran o fabricaran las pruebas (asunto Libby).
Objetivo real: Controlar todo el petróleo y chantajear a sus rivales: Europa, Japón, China…
Consecuencias: Iraq hundido en la crueldad, las mujeres relegadas a la sumisión y el oscurantismo.
10. Venezuela - Ecuador (¿2008?):
Mentira mediática: Chávez apoya el terrorismo, importa armas, es un dictador (el pretexto definitivo parece que todavía no se ha elegido).
Lo que ya sabemos: Ya se han vertido varias mentiras mediáticas: Chávez dispara contra su pueblo, Chávez es antisemita, Chávez es militarista… Y la satanización continúa.
Objetivo real: Las multinacionales estadounidenses quieren el control del petróleo y los demás recursos de toda América Latina. Tienen miedo de la liberación social y democrática del continente" (*).

Ya lo señalamos, y en tren de sintetizar, vuelve a ser útil evocar aquellos párrafos del 18 Brumario: "No basta con decir, como hacen los franceses, que su nación fue sorprendida..."

En el caso nuestro no basta con decir que Magnetto y Durán Barbas hicieron sus deberes tan bien que confundieron a una gran parte del electorado.

Las elecciones en Argentina son un episodio más en la guerra de 4ta Generación. Toda guerra tiene un objetivo y un enemigo El objetivo del planteo binario gubernamental es el de hacer aceptar a los pueblos que hay población sobrante. El enemigo principal es, precisamente, ese excedente poblacional para quien se reserva el abismo de la exclusión. 
Las corporaciones de la derecha en el poder lograron, hasta ahora,  un éxito transitorio.

Que, debe reconocérselo, es una tarea sumamente difícil en Argentina. Particularmente, porque hay una conciencia muy acentuada de justicia social amasada durante setenta años, a partir del primer peronismo, fortalecida nuevamente en estos 12 años de gobierno K. De ahí el alerta por cómo fueron capaces de penetrar y como les fue permitió influir en la conciencia del pueblo argentino.

“.....Quedaría por explicar cómo tres caballeros de industria pudieron sorprender y reducir al cautiverio, sin resistencia, a una nación de 36 millones de almas." (**)

En el artículo  al que hacemos mención (“El silencio de los intelectuales”) intentábamos llamar la atención de que estamos exactamente en esta etapa y conjeturamos sobre las limitaciones políticas, ideológicas y prácticas de los populismos.

No hemos trascendido ese límite. Explicar, explicarnos. Incluso, planteamos algunos puntos. Pero fundamentalmente, alertamos que los conservadores lograron -creemos que muy efímeramente- hacer aceptar a parte del pueblo que este país es para pocos.



(*) Disponible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=67579

(**) http://derecho-a-replica.blogspot.com.ar/2015/12/el-silencio-de-los-intelectuales.html
Los miles de despidos y la represión masiva, sin precedentes en la democracia argentina, nos permiten escrutar el verdadero rostro del cambio derechista y su tránsito hacia una escalada autoritaria que se diferencia claramente –y para peor- de las experiencias conocidas del consenso de Washington.
Asistimos ahora a una restauración conservadora imposible de disociar de una nueva forma de control global que se asienta en el disciplinamiento y  la punición de las experiencias autonómicas en todo el mundo, por parte de un imperio que, en los último años, añadió a su histórica hegemonía política, militar, tecnológica y económica, un decisivo excedente energético mediante el que impone condiciones en todas las latitudes.


El mundo está en guerra. Y lo que se vive en la Argentina es una réplica de las denominadas guerras asimétricas, que responden a una afilada estrategia internacional que cuenta siempre con la complicidad de los grandes medios de comunicación, los sectores concentrados del capital (interno e internacional), los CEO´s y la gran burguesía agropecuaria. Una nueva puesta en escena de una sociología de control global punitivo, cuya primera expresión fue la guerra de los Balcanes y que en América Latina se exteriorizó mediante  múltiples tentativas de golpes suaves destinados a desestabilizar a los gobiernos populistas de la región. Y que, en nuestro país, terminan imponiéndose mediante elecciones cuyo contexto merecería ser motivo de otro análisis.
Es cierto que el modelo de ajuste y exclusión no cierra sin represión. La incógnita es quién tendrá a su cargo en lo sucesivo la conjuración de la protesta social, porque está claro no resultará sencillo hacerle entender al pueblo argentino que buena parte de sus habitantes quedarán afuera de la transformación de colores y globos. Hasta ahora, las fuerzas de seguridad interna han asumido el rol de ejército de ocupación encomendado, pero la verdadera magnitud de la punición de la protesta social va a depender de factores que tampoco se sustancian exclusivamente en el acotado escenario doméstico. De hecho, el Ministro de Justicia acaba de advertir que “Lamentablemente estamos  transitando un camino muy parecido al de Colombia y México cuando el narcotráfico penetra el Estado”, y al mismo tiempo la vicepresidenta se quejó de que el Estado Nacional "no tiene medios" para capturar a tres prófugos condenados por delitos comunes. Son dos avisos concomitantes, que deben mensurarse en el marco de la obstinada y reconocida predilección del gobierno por reformular la política exterior argentina, alineándose con Estados Unidos y los países del Pacifico. De ahí la propensión a exhumar el ALCA, ahora reconvertido como TPP, que además de regular las relaciones entre Europa y EEUU va a controlar más de la mitad del comercio mundial. La potencial incorporación de nuestro país a ese esquema global importa una verdadera capitulación de nuestra soberanía, y las reacciones frente a la tentativa infame seguramente habrá de deparar nuevas y más encendidas protestas por parte de los sectores populares. En ese caso ¿Se viene un “Plan Argentina” con la excusa de la inseguridad y el narcotráfico, que algunos llaman narcoterrorismo? Si eso fuera así, tomando la queja de Michetti ¿qué medios harán falta para neutralizar al nuevo "enemigo"?
 Si analizamos la política internacional de los países vecinos que han inclinado a fortalecer sus alianzas estratégicas con el imperio (nuestros potenciales socios del Pacífico, según la mirada del gobierno), en términos de intervención militar y estratégica, veremos que el panorama es más preocupante todavía, pero también que es posible encontrar algunas respuestas a estos interrogantes.
En Chile, el Comando Sur instaló la base militar de Fuerte Aguayo, cercana al puerto de Valparaíso, destinada a llevar a cabo operaciones de “mantenimiento de la paz y la “estabilidad civil”.
En Colombia hay una infinidad de enclaves militares que merecen ser consignados. Una de ellas, la base aérea Fernando Gómez Niño, ubicada en una zona cercana a la frontera con Brasil, está destinada no solamente a lanzar operaciones armadas contra las FARC, sino a llevar a cabo campañas contra el narcotráfico y controlar vuelos que transporten narcóticos hacia otros países. La base está en condiciones de recibir todo tipo de aviones. La base aérea Alberto Pauwels Rodríguez, situada a 700 kilómetros al norte de Bogotá, es la sede del Comando Aéreo de Combate Número 3, y está concebida también para realizar operaciones militares contra la guerrilla, intercepción de vuelos ilegales y lucha contra el narcotráfico.

La base Palanquero (190 kilómetros al norte de Bogotá), es la sede del Comando de Combate Nº 1 y constituye un objetivo principal de los EEUU. La base aérea José Inocencio Chincá, ubicada en Toleimada, a 100 km de Bogotá, alberga frecuentemente a militares norteamericanos encargados de entrenar a las tropas colombianas en estrategias de lucha antiinsurgente y narcotráfico. La base fue visitada en 2012 por León Panetta, Jefe del Pentágono. La base naval Bahía Málaga, ubicada en un punto de la costa colombiaana equidistante de Ecuador y Panamá. Por un acuerdo con Washington opera como puerto alterno de barcos de guerra norteamericanos, habilitados a patrullar el litoral colombiano. También está destinada a la lucha contra el narcotráfico. A todas ellas, podríamos agregar las bases de Tres Esquinas, Turbo, Cartagena y Larandia.
Si bien la información que atañe al Perú es calificada de confusa, algunas fuentes aseguran que hay bases norteamericanas semipermanentes y sitios de radar en Iquitos (Amazonas), Pucallpa, Mazamari, Palmapampa y Ancón, un puerto que ha servido de teatro de entrenamiento proporcionado por el Comando Sur a las fuerzas de la región. Además, el gobierno peruano autorizó el uso de instalaciones portuarias para el abastecimiento de la IV Flota. 
En Paraguay, en la estratégica base militar Mariscal Estigarribia (ubicada a apenas 200 km de la frontera con Bolivia y Argentina) fue sede desde 2005 de ejercicios militares y operaciones de la Special Operations Forces (SOF) y se denunciaron supuestas operaciones humanitarias de la USAID. En el aeropuerto internacional Dr. Augusto Roberto Fuster, ubicado al noroeste de Asunción, en el límite con Brasil, funcionan efectivos militares de la agencia antinarcóticos de EEUU. Por razones de brevedad, omitimos la descripción detallada de la fuerte presencia militar estadounidense en México (*). Ahora sí podremos evaluar si el ALCA (o su sucedáneo) es o no una mala palabra para los intereses de la Patria.



(*) Todos los datos fueron extraídos del libro de Telma Luzzani: "Territorios Vigilados. Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica", Ed. Debate, 2012.

En líneas generales, poco o nada es lo que se conoce de la realidad social de Corea del Norte en Occidente. La mayoría de las informaciones están atravesadas por la propaganda o el sesgamiento de ciertos medios de comunicación y, por lo tanto, existe una marcada tendencia a la simplificación y, en algunos casos, la banalización, de lo que acontece en el país asiático. 
Mucho menos se conoce, en consecuencia, de las formas que asume el control social en Corea, al menos desde la visión que respecto del mismo tienen sus propios funcionarios. Derecho a Réplica intentó -y logró- una entrevista virtual exclusiva con Alejandro Cao de Benos, un ciudadano de origen español que es, desde hace tiempo, representante oficial de Corea del Norte en las relaciones con Occidente,y delegado especial honorario del Comité de Relaciones Culturales con Países Extranjeros. Les sugerimos hacer una lectura meticulosa y detallada de sus respuestas, capaces -por su singularidad y potencialidad- de introducirnos en nuevos debates y polémicas sobre aspectos y temas que se han convertido en verdaderos ordenadores de nuestra vidas cotidianas. A continuación, la nota realizada a Alejandro Cao de Benos.

P) En Occidente suele decirse que, para medir las condiciones democráticas de una nación, hay que observar cómo ésta trata a sus presos. En América Latina, y me atrevo a decirle que en todo el mundo occidental (aún admitiendo las excepciones que confirman la regla), la cárcel en sí misma es una demostración global de inhumanidad. ¿Cuáles son las condiciones de las prisiones en Corea del Norte?
 R) En general las prisiones son granjas cooperativas o plantaciones madereras y mineras de régimen cerrado. Los criminales que han sido sentenciados realizan trabajos en un régiman disciplinado similar al de un acuartelamiento militar. Deben trabajar 8 horas al día obligatoriamente y dedicar tiempo al estudio y formación hasta que son re-insertados. Existe reducción de condena por buen comportamiento y también amnistía en fechas señaladas como el próximo 1 de Agosto de 2015.


 P) El sistema penal coreano es selectivo? Queremos decir si van presos solamente los más desfavorecidos y desamparados de la sociedad. En América Latina, las cárceles están pobladas de pobres, marginales, adictos, etcétera. ¿Cuál es el panorama en Corea? 
 R) Para nada es selectivo. De hecho no existen las fianzas como en otros países, que permiten a los más acaudalados evadir las penas. El fusilamiento del General Jang Song Theak es reflejo que nadie escapa a las leyes de la República, por muy alta que sea su posición militar o política.
 P) Le hemos escuchado decir en las entrevistas antes aludidas, que la pena de prisión en Corea incluye el trabajo obligatorio de los reclusos (algunos le llaman "forzado"), y que ese trabajo debe realizarse como forma de reparación a la sociedad a la que se ha perjudicado con el delito cometido. ¿Es esto correcto? 
 R) Correcto. Se trata de trabajo forzado porque dicha persona es un criminal y debe devolver a la sociedad lo que le ha quitado, sin percibir un sueldo y sin posibilidad de salir del perímetro estipulado. 
P) Si esto es así, ¿cómo se plantea en Corea la "reinserción" o "resocialización" de los reclusos para cuando retornen al mundo libre? Se los prepara para la nueva vida en sociedad? Se les ofrecen tratamientos o abordajes en las prisiones? ¿existen organismos estatales que se ocupen de los liberados, para facilitar su reinserción en la sociedad? 
 R) La reinserción se aplica en todos los casos menores, como pequeños hurtos. En esa situación el culpable del delito realiza trabajos en régimen abierto y contacto con la población, como el arreglo de parques y jardines. En los casos más serios la reinserción se formaliza mediante el estudio obligatorio de cursos académicos, lenguas extranjeras, etc. El Consejo de Ministros tiene una oficina a cargo de esta reinserción y, al igual que el resto de ciudadanos, provee vivienda gratuita y trabajo a todos los que cumplieron la condena. 
P)¿En Corea se piensa que a una infracción o a un delito, sea más o menos grave, corresponde siempre un castigo? 
 R) No. Si no tiene gravedad, la infracción se puede solventar con el reconocimiento de la falta y la promesa del autor de los hechos frente a familiares y compañeros de trabajo, de que no sucederá más. P)¿En base a qué principio se sostiene la necesidad social de castigar al otro? Usted conoce los puntos de vista occidentales en lo que hace a la justificación del castigo estatal. Qué semejanzas y diferencias encuentra entre ambos?
 R) Como existen seres humanos que deciden perjudicar al resto de la sociedad por egoísmo, envidia, odio, etc. tiene que existir un sistema punitivo que obligue a la conciencia del delincuente a plantearse cometer un delito por temor al castigo asociado al mismo. Lo definiría como un altavoz de la conciencia. Para mantener la armonía social y el orden es necesaria esa serie de medidas en cualquier sociedad. La diferencia más importante sería que en Corea usamos mucho el sentimiento de honor y moral como elemento integrador. Un delincuente en Corea sabe que aunque salga de prisión su honor estará manchado por mucho tiempo, en occidente en cambio, a veces los delincuentes se convierten incluso en héroes y se le cantan rancheras.
 P)Sabemos que Usted ha negado en más de una oportunidad la existencia de campos de concentración en Corea. Sí, en cambio, habría admitido que existen "campos de trabajo". En qué consisten esos campos? 
 R) Los campos de concentración hacen referencia en el imaginario colectivo a los campos del nazismo, donde se enviaba a prisión a personas por su raza, religión o tendencia sexual. Este término se sigue usando como propaganda imperialista para demonizar a Corea y manipular a la gente para que crea que lo que existe en Corea es algo similar. Nada más lejos de la verdad. Como he comentado un campo de trabajo es como una prisión en España o México, con la diferencia de que los presos no pasan el día drogándose, haciendo el vago o sobornando a los funcionarios. En Corea existe un régimen militar y hay que trabajar, se quiera o no se quiera. 
P) ¿Cuántas personas privadas de libertad, aproximadamente, existen en Corea? 
 R) Esos datos no están disponibles pero pocas, teniendo en cuenta que yo mismo en 24 años apenas he sido testigo de 4 delitos menores. Esto se debe a que el énfasis se pone en la prevención de delitos mediante la educación y a que las penas son duras físicamente, por lo que el ciudadano sabe que: el crimen en la RPDC, no compensa. 
P)¿Existen en Corea los establecimientos genéricos de internación para enfermos mentales? Cuáles son, en su caso, las condiciones y características de esos lugares? 
 R)En el caso de enfermos mentales existen centros adecuados para el internamiento, asistencia y control las 24 horas. No se diferencian mucho de un hospital, excepto que hay mucho más personal para cuidar a cada paciente y el trato es más familiar y personalizado. 
 P) Pasando a otros temas, queremos preguntarle cuál o cuáles son las formas de hostigamiento y coacción que Corea del Norte sufre de parte del imperialismo y sus aliados? 
 R) Múltiples y variadas. Habitualmente es el acoso armamentístico que empezó en los años 50 con la invasión de la República por parte del imperialismo norteamericano. Las maniobras militares de entrenamiento para la ocupación de la RPDC se suceden cada 3 meses desde las bases que tienen en el Sur. Luego está el bloqueo comercial sistemático para intentar asfixiar nuestra economía, y otro canal importante son los intentos de sabotaje y terrorismo para crear inestabilidad y grupúsculos disidentes entre la población que eventualmente y una vez armados por la CIA pudieran derrocar al gobierno popular, como hicieron en Libia, Siria, etc.
 P) En su caso, de qué manera influye ese tipo de coerción a la que es sometida Corea en su población. 
 R) Lógicamente tuvo y tiene un efecto desastroso. Corea llego a sufrir malaria y otras enfermedades que nunca existieron en el pasado. Esto fue debido al lanzamiento de bombas bacteriológicas por parte de los EE.UU. Luego está el bloqueo económico que impide el comercio exterior regular, mermando las posibilidades de importar aquellos medicamentos y otros productos de alta tecnología que se necesitan del exterior.
 P) Qué rol político le adjudican en Corea a las grandes cadenas comunicacionales occidentales? 
 R) Las grandes cadenas de comunicación son básicamente órganos de propaganda del capital. Están pagadas y apropiadas por un puñado de multimillonarios que maneja a su antojo las noticias y el conocimiento para mantener engañada a la población. La imparcialidad periodística no existe, y está claro que a la clase privilegiada, a la oligarquía, no le interesa que el pueblo se levante o se nacionalice la industria y la vivienda bajo un sistema socialista. 
 P) Qué visión se tiene en Corea del Norte sobre los movimientos emancipatorios, también denominados populismos, que se dan en América Latina? 
 R) La RPD de Corea tiene el principio de respeto a otras naciones en la elección de su propio sistema político y Gobierno. El pueblo debe ser siempre soberano. 
 P) Cuáles son, actualmente, los aliados estratégicos de Corea del Norte en materia de política internacional? 
 R)Ninguno. La RPDC se ha valido y lo seguirá haciendo por sí misma. Hay países que son más cercanos y que tradicionalmente han sido amigos, pero al final todos ellos velan por sus propios intereses y si EE.UU. les ofrece un caramelo envenenado, rápido olvidarán cualquier nexo histórico. DAR) Muchas gracias.
 ACDB) Encantado.