PorDivisión Las Heras "Ahora me parece que la cuestión más interesante para nosotros, la más difícil, la más problemática,
es este legado que, como todo legado, siempre es algo a descifrar. Uno no sabe del todo cual es su
legado, un legado es algo que nos interpela siempre, no es algo que uno pueda interpretar de una
vez y para siempre, uno nunca sabe quién es dentro de una herencia. Uno no sabe que lugar tiene
en lo que ha heredado" (Jorge Alemán).
El generoso artículo de Fernando Peirone en la revista Anfibia ayuda - y mucho- al análisis de la influencia política determinante y el rol de las comunicaciones en el tercer milenio (*).
Pero, como lo señalábamos en nuestro anterior aporte, la caracterización puede reducirse a plena abstracción, a una nueva expresión en el marco de la multitud de abordajes superestructurales que escamotean -como el kirchnerismo-, poner el acento en la cuestión de clases y en la estructura social a la hora de intentar comprender el desenlace electoral reciente y la construcción de una nueva hegemonía por parte de una derecha cuyos gestores tampoco aciertan a conformar del todo a sus mandantes externos (**).
La unilateralidad de los abordajes superestructurales en buena medida cancela la posibilidad de avanzar en los trazos gruesos de un nuevo programa general, un proyecto o relato totalizante, superador, holístico desde lo social, lo político y lo económico para los sectores productivos que volcaron la balanza a favor del peligro amarillo y no se sintieron contenidos ni representados por el FPV (el mayor emprendimiento colectivo emancipatorio, de inclusión social y expansión de derechos de la democracia argentina). Un programa para la construcción de una parte del pueblo, la más explotada, que es, paradójicamente, la integrada por los sectores mejor remunerados, plusvalía mediante.
¿Y cómo fue que reconquistó Macri la hegemonía cultural? Pues bien, quizás un principio de respuesta surja de la recordada geopolítica de la acumulación concebida hace alrededor más de un lustro por el recordado (o quizás no tanto) Héctor Huergo. Desde ahí, desde la estructura económica dura consolidada por el poder de la gran burguesía extractivista de la zona núcleo, pudieron desarrollar una política que tuvo efectivamente a la comunicación como uno de sus pilares, pero donde lo esencial era "lo otro", que es justamente lo que no resolvió correctamente el kirchnerismo. Es perfectamente correcto lo que advierte Peirone: "Porque en el marco de una disputa tan decisiva por la lógica del sentido como la que atravesamos en la actualidad, la identificación de las ventajas conseguidas tienen un valor relativo si no se las trasforma en un cambio de la estructura organizacional y en un salto conceptual, como el que llevó adelante el capitalismo a fines de los años sesenta, cuando tomó conciencia de sus riesgos y reconquistó la hegemonía cultural. En esta suerte de carrera, el campo que primero logre decodificar la cosmovisión emergente -porque de eso se trata-, es el que realmente conseguirá una ventaja política y comunicativa. Porque el que logre construir una identidad narrativa. acorde a la trama de significaciones y procedimientos que le dan sustento y proyección colectiva a esa cosmovisión, estará sentando las bases para una nueva hegemonía (o contrahegemonía); es decir, tendrá un rol decisorio en la reconfiguración del diagrama de poder y, por lo tanto, de la nueva institucionalidad. Seremos nosotros en la medida que exploremos, apliquemos, promovamos, y ampliemos ese nuevo decir. Lo cual, por su carácter dinámico e interactivo, nos demanda —indispensable— el desarrollo de una nueva escucha, especialmente hacia los más jóvenes. En esa reformulación instituyente de la acción comunicativa se encuentra la oportunidad de una alternativa cierta a la hegemonía neoliberal". Pero esa conclusión, sin anclaje en la materialidad objetiva, corre el riesgo de desagregarse de lo esencial, que es la actual estructura económica, críptica quizás como nunca antes en la Argentina, después de la experiencia kirchnerista. Porque al no incorporar las variables y la nueva relación de fuerzas emergente en la estructura económica, corre el riesgo de derivar en una prédica líquida, efímera, intangible, desagregada de la realidad económica y social. Parecida a lo que ocurrió con la ley de medios, esa suerte de nave insignia que -como el legendario y simbólico barco Vasa de la historia nórdica- naufragó en su debut y antes de llegar a navegar en aguas profundas. En ambos casos, y en muchos otros, el populismo desnuda una inédita crisis de representación: no alcanza a distinguir a qué sectores productivos y sociales representa, cosa que la derecha tiene por demás en claro, aunque por ahora no pueda satisfacer el mandato del capital concentrado transnacional, habilitando por defección las condiciones para una irrupción exógena que reduzca el 2001 a una escaramuza menor. ¿Se acuerdan de Héctor Huergo? Es el que en 2009 adelantaba, casi premonitoriamente, y refiriéndose a aquella derrota de medio término del kirchnerismo, la emergencia de los sectores dominantes en la antesala de la victoria total. Con Néstor Kirchner en vida, para aventar malabares y juicios de recorte oportunistas peyorativos respecto de CFK: "El resultado electoral es un triunfo contundente de la Argentina Verde y Competitiva. Ganó la soja. Ganó el modelo del eje Rosario-Córdoba, el nuevo centro de gravedad de la economía argentina. La sociedad entiende que no se pueden atender las necesidades de los sectores postergados, representados por el eje Matanza-Riachuelo, expoliando al interior genuinamente productivo. Como decíamos una semana atrás, no es desnudando al santo del interior como se va a vestir al santo del conurbano. Hace falta "otro modelo". El resultado electoral es un hito más, si no la culminación, del camino iniciado cuando el gobierno intentó la exacción de la renta agropecuaria con las retenciones móviles. Todos los referentes que emergieron como ganadores tuvieron que ver con la fenomenal epopeya del campo, cuando le puso la mano en el pecho a un gobierno que, en nombre de la mesa de los argentinos, jaqueó nada menos que a la Segunda Revolución de las Pampas" (***). La derecha la tuvo y la tiene clara. Y carece de dudas respecto de su representatividad. En el plano de la disputa por las ideas, el "capitalismo bueno" neokeynesiano se precipitó a tierra sin llegar a descubrir a qué sectores sociales debía representar en función de su conciencia transformadora ("en sí" y "para sí"). De aquí en más, entonces, a embarrarse los pies en la escrutación permanente de la estructura social, o a prepararse para una derrota cuya crueldad no tendrá fin en el escenario impiadoso de las guerras de cuarta generación.
La irrupción en vivo y en directo del espía más famoso, en un programa de la televisión argentina (uno de los tantos convenientemente formateados para naturalizar la banalidad el sentido común conservador, recurriendo a la cancelación cotidiana de la argumentación teórica como forma de explicar la realidad política local), ha impactado fuertemente en vastos sectores de una sociedad siempre desprevenida. No es para menos. El espectáculo que protagonizó el ex funcionario de la inteligencia estatal implicó un estudiado "apriete" contra un ex- Fiscal de la Corte Penal Internacional y ex- Fiscal del juicio a las juntas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El modo elegido significó, además, un mensaje claro con varios destinatarios posibles. Y llegó justo cuando la declaración del mismo personaje acababa de dar un vuelco procesal en la causa en la que se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. Con esta aparición sorpresiva, se pone nuevamente en el tapete el rol de los servicios de inteligencia, sus prácticas y su poder oscuro y real. Hace más de un lustro, cuando nadie sabía de este espía ni se había producido la muerte de Nisman, desde esta hoja analizamos la realidad de los servicios de inteligencia (nacionales y locales) a la luz de los juicios de la verdad que se sustanciaban en todo el país, y en especial en nuestra Provincia. En ese momento pusimos especialmente de relieve el recorrido legal de las normas que regulaban la inteligencia interior en nuestro país y su funcionamiento. Como creemos que sigue conservando la misma vigencia de aquellos años, lo volvemos a compartir con nuestros lectores.
“En otras palabras, en este modelo inmanente, en vez de existir una autoridad externa que imponga el orden a la sociedad desde arriba, los diversos elementos presentes en la sociedad pueden organizar ellos mismos la sociedad en colaboración” (Hardt, Michael; Negri, Antonio: “Multitud”, Editorial Debate, 2004, p. 391)
La realidad histórica de los servicios de inteligencia interior en la Argentina, está signada por un cerrado oscurantismo, compatible con los horrendos cometidos asignados a muchos de sus miembros, copartícipes del terrorismo de Estado durante la década del 70.
No obstante, contrariamente a lo que podría suponerse, la negritud de la historia de los “servicios” en la Argentina no comienza con el golpe del 76', ni tampoco con la aparición brutal de grupos paramilitares, por caso la “Triple A”, durante el Gobierno de Isabel Perón.
La “Ley Nacional Secreta” 19083/71, por ejemplo, incorporaba “al plantel básico de la Secretaría de Informaciones de Estado, a diverso personal de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones”. “Los agentes de que se trata -decían los crípticos y prietos fundamentos de esta norma de facto-, la mayoría de los cuales ha prestado servicios en ésta durante casi diez años, han evidenciado no sólo sobresalientes condiciones de idoneidad y relevantes cualidades morales, sino también gran confiabilidad, lo que resulta de gran importancia debido a las tareas que desempeñan y a la naturaleza de la labor específica de esta Secretaría”. Es decir, que la intercepción de las comunicaciones telefónicas estaba en manos de confiables expertos del régimen militar.
Por su parte, otra norma, la 17.112/73, aprobó con carácter igualmente “secreto”, nada más y nada menos que “el Estatuto para el personal civil de la Secretaría de Informaciones de Estado y de los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, constituido por las disposiciones de la presente Ley, que establecen las carreras, deberes, derechos, retribuciones y régimen disciplinario para este personal afectado a tareas de seguridad y defensa nacional (Art. 1ª). Estableció además que el personal no debía “tener antecedentes que lo sindiquen como afiliado o simpatizante de agrupaciones políticas extremistas o de teorías foráneas, ni vinculaciones de sangre, comerciales o sociales voluntarias, con personas o entidades de tal carácter”. Que debía ser presentado por persona de “solvencia moral indiscutida”, y “recabar autorización para contraer enlace, informando con anticipación no menor de sesenta días, la filiación civil completa del futuro cónyuge, que no debe ser nativo de país limítrofe al nuestro, a los fines de averiguación de antecedentes morales e ideológicos”. Recién durante el Gobierno de Néstor Kirchner se prohibió expresamente a ese organismo realizar más operaciones de inteligencia -claramente inconstitucionales- respecto de colectivos e instituciones sociales, civiles, políticas, organismos de DDHH. Fue el primer esfuerzo normativo del Estado por ponerle límite a actividades realizadas, paradójicamente, desde el propio Estado. Ahora bien, si esta incompleta síntesis histórica ayuda a repensar el rol de los servicios en la Argentina en las últimas décadas, el desafío inconcluso de la democracia radica en “actualizar” las actividades de esas agencias, de sus operadores, y de todos aquellos que, habiendo formado parte de las mismas o participado por afinidad ideológica en tareas de delación, información o inteligencia interior en el pasado, quizás no hayan renegado de esas prácticas, sino que las hayan reformulado en claves compatibles con la sociedad de mercado, sus lógicas, y las nuevas formas de dominación y control. La cuestión no supone un mero ejercicio de imaginación, como podría pensarse en un primer momento. En una sociedad donde la diversidad, el multiculturalismo, en fin, la “multitud” ha desplazado a paradigmas totalizantes con identidad propia, tales como el “pueblo” o la “masa”, los Estados-nación han abdicado buena parte del ejercicio de la soberanía entendida en clave decimonónica, en favor de entidades supranacionales y corporaciones. Dos de las categorías conceptuales que han variado sustancialmente en los sistemas de creencias hegemónicos de Occidente, son la idea de “futuro” y la capacidad de los Estados para disciplinar a sociedades inéditamente dinámicas y plurales. Campea ahora la idea de que “nada” dura para siempre (ni las naciones, ni el trabajo, ni las parejas, ni las familias, ni la vida misma) y que el Estado - al menos en el capitalismo tardío marginal- no ofrece respuestas consistentes y en tiempo real a las crisis sistémicas estructurales; cosa que no difiere sustancialmente, hasta el momento, con lo que ocurre en los Estados conducidos por gobiernos que se reivindican como “nacionales y populares”. Es interesante relevar las lógicas del supuesto reportaje realizado a un narcotraficante alojado en una prisión brasileña, para plantearnos la verosimilitud de la “amenaza” de las multitudes, de los distintos, de los “otros” respecto de estados y sociedades inermes que proponen -todavía- soluciones disciplinarias, en las sociedades de control (ver www.rambletamble.blogspot.com). Por eso mismo, supone un necesario desafío intentar un relevamiento, que aunque pueda representársenos como igualmente imaginario, reproduzca y explicite la verdadera capacidad de maniobra de los servicios de inteligencia en la Argentina, que son justamente medios de control social, probablemente mucho más inocuos para incidir, lo mismo que el Estado, en las nuevas sociedades. ¿Es posible entonces, pensar que durante las décadas de los 80' y especialmente los 90', al influjo de un proceso de privatizaciones inédito de los servicios esenciales del país, y de un retraimiento del Estado, o al menos de algunas de sus funciones esenciales, se haya producido un trasvasamiento de esos servicios al ámbito privado? Una suerte de privatización de las operaciones políticas o de prensa, de la delación y la información ilegal. Si admitimos que, efectivamente, hay un nuevo “Estado Imperial” -capaz de poner en caja a un Obama con mayoría legislativa y condicionarlo al punto de hacer sucumbir sus principales promesas de campaña en los primeros cien días de gobierno- donde las corporaciones y las instituciones supranacionales exhiben su ventajosa relación de fuerzas, deberíamos preguntarnos qué es lo que está ocurriendo con este tema en nuestra región. ¿Los resabios de la “mano de obra desocupada” - de aquí y de allá- forman parte de esta fuerza de tareas, aunque no actúen orgánicamente? En la Argentina se está dando un proceso de profunda reconversión social. El sistema político y el Estado colapsaron en el 2001. El colapso escapó al dominio y control de los actores políticos tradicionales. El Poder real, probablemente, haya perdido en estos últimos años las posibilidades de dominación históricas: no tiene cuadros, ni militancia, ni aparato. Sólo controla su enorme poder económico y su capacidad para contrarrestar a través del discurso y los medios las medidas que contradicen sus intereses de clase y sector. Tal vez el único "aparato", estructurado sea esta mano de obra que hace algunas tareas politico-militares como en Venezuela o Bolivia. Pero ese “desguasamiento” de los servicios estatales, en modo alguno autoriza a ignorar la incidencia posible de cuadros que actuando por cuenta propia o de terceros ayudan a consolidar prácticas reaccionarias y conservadoras, en una sociedad contrademocrática, desconfiada, que es permeable a este tipo de prácticas regresivas. Las víctimas, por supuesto, tampoco serían casuales. Supongamos por un momento la existencia de denunciantes compulsivos, aprietes, chantajes, episódicas operaciones, prácticas invasivas de los derechos civiles de las personas, intercepción de comunicaciones electrónicas y telefónicas que algunos medios han destacado en los últimos tiempos. Existe un sugestivo silencio del periodismo “de investigación” sobre estos temas, que por supuesto deberían llamar la atención porque esos hechos pueden resumirse como acciones que atentan contra la convivencia social y dan la pauta de la debilidad de nuestras formas democráticas de baja intensidad. Esto es, apenas, el principio de una indagación. En la dinámica del acopio de datos y memorias se escuchan relatos que establecen rumbos. Sobre la relevancia de la tarea no puede haber dudas. Resulta paradójico que en una sociedad atravesada por los medios de control social informales (entre ellos, la prensa, la extorsión y el rumor) nadie repare en estos nichos insondables, que remiten al pasado más tortuoso de los argentinos.
Edificio de la radio y televisión serbia, bombardeado por la OTAN
En las guerras de cuarta generación, las mentiras preceden a las bombas, y pueden a veces sustituirlas. Para comprender el furibundo arrebato macrista sobre los medios opositores e independientes de nuestro país, hay que remitirse al rol decisivo que los medios de comunicación han cumplido en los conflictos más graves que ha vivido la humanidad en los últimos veinticinco años. En los que, naturalmente, el imperialismo ha desempeñado un papel determinante, siempre amparado en la supuesta defensa de la libertad, la democracia, los derechos humanos y otras enunciaciones valorativas por el estilo. En realidad, el rol de las grandes potencias en cada uno de esos momentos de la historia, ha sido el de un agresor que previamente tergiversó la realidad hasta tal punto que no solamente la población mundial, sino también los propios habitantes de los países en los que se perpetraron esas "guerras humanitarias", no alcanzaran a entender lo que verdaderamente ocurría en esos momentos, o directamente apoyaran esos embates. De esta forma, las grandes cadenas occidentales lograron, en todos los casos, crear una opinión pública favorable a las más variadas formas de intervención extranjera sobre aquellos países díscolos a los que era necesario exportar la democracia neoliberal. América Latina, en general, y Argentina en particular, no escapan a esa lógica.
En esa clave debe leerse la compulsión del actual gobierno argentino por acallar las voces alternativas. De hecho, a un mes de gestión, son pocos los comunicadores, emisoras o programas masivos en condiciones de propalar una mirada crítica sobre el gobierno conservador. El episodio del notorio periodista Víctor Hugo Morales (que, sin perjuicio de su gravedad, en modo alguno lidera el ranking de las iniquidades PRO) no puede dejar de analizarse en ese contexto.Durante los doce años de gobierno kirchnerista, la mayoría de los medios de comunicación, y absolutamente todos los que exhibían una posición dominante, pertenecieron siempre a la oposición. Ahora,el gobierno ha ido censurando una por una las voces alternativas. Morales es un ejemplo paradigmático. Pero por sí solo, no alcanza a explicar los motivos reales de semejante campaña de silenciamiento masivo. Para poder comprenderlos, resulta imprescindible echar un vistazo a la historia reciente. Pocos analistas como Michel Collon se han ocupado de poner al descubierto el rol de los medios de comunicación como aparatos ideológicos del imperialismo y los sectores internos más reaccionarios. Estemos atentos a la forma en que se han exhibido las guerras en el último cuarto de siglo, a sus consecuencias y sus verdaderos objetivos, en palabras del periodista belga.
"Guerra de Iraq (1991):
La mentira mediática preponderante fue que los Iraquíes habían robado las incubadoras de la maternidad de Kuwait City.
Lo que supimos después es que se trató de una invención total de una agencia publicitaria pagada por el emir de Kuwait, Hill & Knowlton.
Objetivo real: Impedir que Oriente Próximo resista a Israel y consiga independizarse de EEUU.
Consecuencias: Innumerables víctimas de la guerra y después un largo embargo incluso sobre los medicamentos.
Guerra de Somalia (1993):
Mentira mediática: Kouchner «sale a escena» como héroe de una intervención humanitaria
Lo que supimos después: Cuatro sociedades estadounidenses habían comprado la cuarta parte del subsuelo somalí, rico en petróleo.
Objetivo real: Controlar una región militarmente estratégica
Consecuencias: Al no conseguir controlarla, Estados Unidos mantendrá la región sumida en un caos interminable. Bosnia (1992 - 1995):
Mentira mediática: La empresa estadounidense Ruder Finn y Bernard Kouchner ponen en escena supuestos campos serbios de exterminio.
Lo que supimos después: Ruder Finn y Kouchner mentían. Eran campos de prisioneros para intercambios. El presidente musulmán Izetbegovic lo reconoció.
Objetivo real: Romper Yugoslavia, demasiado a la izquierda, eliminar su sistema social, someter la zona a las multinacionales, y controlar el Danubio y las rutas estratégicas de los Balcanes.
Consecuencias: Cuatro años de una guerra atroz para todas las nacionalidades (musulmanes, serbios, croatas), provocada por Berlín y prolongada por Washington.
7. Yugoslavia (1999):
Mentira mediática: Los serbios cometen un genocidio sobre los albaneses de Kosovo
Lo que supimos después: Invención pura y simple de la OTAN, como reconoció Jamie Shea, su portavoz oficial.
Objetivo real: Imponer la dominación de la OTAN sobre los Balcanes, y su transformación en policía del mundo. Instalación de una base militar estadounidense en Kosovo.
Consecuencias: Dos mil víctimas de los bombardeos de la OTAN. Limpieza étnica de Kosovo por la UCK, protegida de la OTAN.
8. Afganistán (2001):
Mentira mediática: Bush pretende vengar el 11-S y capturar a Bin Laden
Lo que supimos después: No hay ninguna prueba de que exista la red (Al Qaeda, N. de T.). En cualquier caso, los talibanes habían propuesto extraditar a Bin Laden.
Objetivo real: Controlar militarmente el centro estratégico de Asia, construir un oleoducto que permitiera controlar el suministro energético del sur de Asia.
Consecuencias: Una larga ocupación y un gran incremento de la producción y el tráfico de opio. Iraq (2003):
Mentira mediática: Sadam poseía peligrosas armas de destrucción masiva, afirmó Colin Powell a la ONU, probeta en mano.
Lo que supimos después: La Casa Blanca ordenó a sus servicios que falsificaran o fabricaran las pruebas (asunto Libby).
Objetivo real: Controlar todo el petróleo y chantajear a sus rivales: Europa, Japón, China…
Consecuencias: Iraq hundido en la crueldad, las mujeres relegadas a la sumisión y el oscurantismo.
10. Venezuela - Ecuador (¿2008?):
Mentira mediática: Chávez apoya el terrorismo, importa armas, es un dictador (el pretexto definitivo parece que todavía no se ha elegido).
Lo que ya sabemos: Ya se han vertido varias mentiras mediáticas: Chávez dispara contra su pueblo, Chávez es antisemita, Chávez es militarista… Y la satanización continúa.
Objetivo real: Las multinacionales estadounidenses quieren el control del petróleo y los demás recursos de toda América Latina. Tienen miedo de la liberación social y democrática del continente" (*).
Ya lo señalamos, y en tren de sintetizar, vuelve a ser útil evocar aquellos párrafos del 18 Brumario: "No basta con decir, como hacen los franceses, que su nación fue sorprendida..."
En el caso nuestro no basta con decir que Magnetto y Durán Barbas hicieron sus deberes tan bien que confundieron a una gran parte del electorado.
Las elecciones en Argentina son un episodio más en la guerra de 4ta Generación. Toda guerra tiene un objetivo y un enemigo El objetivo del planteo binario gubernamental es el de hacer aceptar a los pueblos que hay población sobrante. El enemigo principal es, precisamente, ese excedente poblacional para quien se reserva el abismo de la exclusión.
Las corporaciones de la derecha en el poder lograron, hasta ahora, un éxito transitorio.
Que, debe reconocérselo, es una tarea sumamente difícil en Argentina. Particularmente, porque hay una conciencia muy acentuada de justicia social amasada durante setenta años, a partir del primer peronismo, fortalecida nuevamente en estos 12 años de gobierno K. De ahí el alerta por cómo fueron capaces de penetrar y como les fue permitió influir en la conciencia del pueblo argentino.
“.....Quedaría por explicar cómo tres caballeros de industria pudieron sorprender y reducir al cautiverio, sin resistencia, a una nación de 36 millones de almas." (**)
En el artículo al que hacemos mención (“El silencio de los intelectuales”) intentábamos llamar la atención de que estamos exactamente en esta etapa y conjeturamos sobre las limitaciones políticas, ideológicas y prácticas de los populismos.
No hemos trascendido ese límite. Explicar, explicarnos. Incluso, planteamos algunos puntos. Pero fundamentalmente, alertamos que los conservadores lograron -creemos que muy efímeramente- hacer aceptar a parte del pueblo que este país es para pocos.
(*) Disponible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=67579
Los miles de despidos y la represión masiva, sin
precedentes en la democracia argentina, nos permiten escrutar el verdadero
rostro del cambio derechista y su tránsito hacia una escalada autoritaria que
se diferencia claramente –y para peor- de las experiencias conocidas del
consenso de Washington.
Asistimos ahora a una restauración conservadora
imposible de disociar de una nueva forma de control global que se asienta en el
disciplinamiento y la punición de las experiencias autonómicas en todo el
mundo, por parte de un imperio que, en los último años, añadió a su histórica
hegemonía política, militar, tecnológica y económica, un decisivo excedente energético
mediante el que impone condiciones en todas las latitudes.
El mundo está en guerra. Y lo que se vive
en la Argentina es una réplica de las denominadas guerras asimétricas, que
responden a una afilada estrategia internacional que cuenta siempre con la
complicidad de los grandes medios de comunicación, los sectores
concentrados del capital (interno e internacional), los CEO´s y la gran
burguesía agropecuaria. Una nueva puesta en escena de una sociología de control
global punitivo, cuya primera expresión fue la guerra de los Balcanes y que en
América Latina se exteriorizó mediante múltiples tentativas de golpes
suaves destinados a desestabilizar a los gobiernos populistas de la región. Y que, en nuestro país, terminan imponiéndose mediante elecciones cuyo contexto
merecería ser motivo de otro análisis.
Es cierto que el modelo de ajuste y
exclusión no cierra sin represión. La incógnita es quién tendrá a su cargo en lo sucesivo la
conjuración de la protesta social, porque está claro no resultará sencillo
hacerle entender al pueblo argentino que buena parte de sus habitantes quedarán
afuera de la transformación de colores y globos. Hasta ahora, las fuerzas de
seguridad interna han asumido el rol de ejército de ocupación encomendado, pero
la verdadera magnitud de la punición de la protesta social va a depender de
factores que tampoco se sustancian exclusivamente en el acotado escenario
doméstico. De hecho, el Ministro de Justicia acaba de advertir que “Lamentablemente
estamos transitando un camino muy parecido al de Colombia y México cuando
el narcotráfico penetra el Estado”, y al mismo tiempo la vicepresidenta se
quejó de que el Estado Nacional "no tiene medios" para capturar a
tres prófugos condenados por delitos comunes. Son dos avisos concomitantes, que deben mensurarse en el marco de la
obstinada y reconocida predilección del gobierno por reformular la política
exterior argentina, alineándose con Estados Unidos y los países del Pacifico.
De ahí la propensión a exhumar el ALCA, ahora reconvertido como TPP, que además
de regular las relaciones entre Europa y EEUU va a controlar más de la mitad
del comercio mundial. La potencial incorporación de nuestro país a ese esquema
global importa una verdadera capitulación de nuestra soberanía, y las
reacciones frente a la tentativa infame seguramente habrá de deparar nuevas y
más encendidas protestas por parte de los sectores populares. En ese caso ¿Se
viene un “Plan Argentina” con la excusa de la inseguridad y el narcotráfico,
que algunos llaman narcoterrorismo? Si eso fuera así, tomando la queja de
Michetti ¿qué medios harán falta para neutralizar al nuevo "enemigo"?
Si analizamos la política internacional de
los países vecinos que han inclinado a fortalecer sus alianzas estratégicas con
el imperio (nuestros potenciales socios del Pacífico, según la mirada del
gobierno), en términos de intervención militar y estratégica, veremos que el
panorama es más preocupante todavía, pero también que es posible encontrar
algunas respuestas a estos interrogantes.
En Chile, el
Comando Sur instaló la base militar de Fuerte Aguayo, cercana al puerto de
Valparaíso, destinada a llevar a cabo operaciones de “mantenimiento de la paz y
la “estabilidad civil”.
En Colombia hay
una infinidad de enclaves militares que merecen ser consignados. Una de ellas, la base
aérea Fernando Gómez Niño, ubicada en una zona cercana a la frontera con
Brasil, está destinada no solamente a lanzar operaciones armadas contra las
FARC, sino a llevar a cabo campañas contra el narcotráfico y controlar vuelos
que transporten narcóticos hacia otros países. La base está en condiciones de
recibir todo tipo de aviones. La base aérea Alberto Pauwels Rodríguez, situada
a 700 kilómetros al norte de Bogotá, es la sede del Comando Aéreo de Combate Número
3, y está concebida también para realizar operaciones militares contra la
guerrilla, intercepción de vuelos ilegales y lucha contra el narcotráfico.
La base Palanquero (190 kilómetros al
norte de Bogotá), es la sede del Comando de Combate Nº 1 y constituye un
objetivo principal de los EEUU. La base aérea José Inocencio Chincá, ubicada en Toleimada, a 100 km de Bogotá, alberga frecuentemente a militares norteamericanos encargados de entrenar a las tropas colombianas en estrategias de lucha antiinsurgente y narcotráfico. La base fue visitada en 2012 por León Panetta, Jefe del Pentágono. La base naval Bahía Málaga, ubicada en un punto de la costa colombiaana equidistante de Ecuador y Panamá. Por un acuerdo con Washington opera como puerto alterno de barcos de guerra norteamericanos, habilitados a patrullar el litoral colombiano. También está destinada a la lucha contra el narcotráfico. A todas ellas, podríamos agregar las bases de Tres Esquinas, Turbo, Cartagena y Larandia.
Si bien la información que atañe al Perú es calificada de confusa, algunas fuentes aseguran que hay bases norteamericanas semipermanentes y sitios de radar en Iquitos (Amazonas), Pucallpa, Mazamari, Palmapampa y Ancón, un puerto que ha servido de teatro de entrenamiento proporcionado por el Comando Sur a las fuerzas de la región. Además, el gobierno peruano autorizó el uso de instalaciones portuarias para el abastecimiento de la IV Flota.
En Paraguay, en la estratégica base militar Mariscal Estigarribia (ubicada a apenas 200 km de la frontera con Bolivia y Argentina) fue sede desde 2005 de ejercicios militares y operaciones de la Special Operations Forces (SOF) y se denunciaron supuestas operaciones humanitarias de la USAID. En el aeropuerto internacional Dr. Augusto Roberto Fuster, ubicado al noroeste de Asunción, en el límite con Brasil, funcionan efectivos militares de la agencia antinarcóticos de EEUU. Por razones de brevedad, omitimos la descripción detallada de la fuerte presencia militar estadounidense en México (*). Ahora sí podremos evaluar si el ALCA (o su sucedáneo) es o no una mala palabra para los intereses de la Patria.
(*) Todos los datos fueron extraídos del libro de Telma Luzzani: "Territorios Vigilados. Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica", Ed. Debate, 2012.
En líneas generales, poco o nada es lo que se conoce de la realidad social de Corea del Norte en Occidente. La mayoría de las informaciones están atravesadas por la propaganda o el sesgamiento de ciertos medios de comunicación y, por lo tanto, existe una marcada tendencia a la simplificación y, en algunos casos, la banalización, de lo que acontece en el país asiático.
Mucho menos se conoce, en consecuencia, de las formas que asume el control social en Corea, al menos desde la visión que respecto del mismo tienen sus propios funcionarios. Derecho a Réplica intentó -y logró- una entrevista virtual exclusiva con Alejandro Cao de Benos, un ciudadano de origen español que es, desde hace tiempo, representante oficial de Corea del Norte en las relaciones con Occidente,y delegado especial honorario del Comité de Relaciones Culturales con Países Extranjeros. Les sugerimos hacer una lectura meticulosa y detallada de sus respuestas, capaces -por su singularidad y potencialidad- de introducirnos en nuevos debates y polémicas sobre aspectos y temas que se han convertido en verdaderos ordenadores de nuestra vidas cotidianas. A continuación, la nota realizada a Alejandro Cao de Benos.
P) En Occidente suele decirse que, para medir las condiciones democráticas de una nación, hay que observar cómo ésta trata a sus presos. En América Latina, y me atrevo a decirle que en todo el mundo occidental (aún admitiendo las excepciones que confirman la regla), la cárcel en sí misma es una demostración global de inhumanidad. ¿Cuáles son las condiciones de las prisiones en Corea del Norte?
R) En general las prisiones son granjas cooperativas o plantaciones madereras y mineras de régimen cerrado. Los criminales que han sido sentenciados realizan trabajos en un régiman disciplinado similar al de un acuartelamiento militar. Deben trabajar 8 horas al día obligatoriamente y dedicar tiempo al estudio y formación hasta que son re-insertados. Existe reducción de condena por buen comportamiento y también amnistía en fechas señaladas como el próximo 1 de Agosto de 2015.
P) El sistema penal coreano es selectivo? Queremos decir si van presos solamente los más desfavorecidos y desamparados de la sociedad. En América Latina, las cárceles están pobladas de pobres, marginales, adictos, etcétera. ¿Cuál es el panorama en Corea?
R) Para nada es selectivo. De hecho no existen las fianzas como en otros países, que permiten a los más acaudalados evadir las penas. El fusilamiento del General Jang Song Theak es reflejo que nadie escapa a las leyes de la República, por muy alta que sea su posición militar o política.
P) Le hemos escuchado decir en las entrevistas antes aludidas, que la pena de prisión en Corea incluye el trabajo obligatorio de los reclusos (algunos le llaman "forzado"), y que ese trabajo debe realizarse como forma de reparación a la sociedad a la que se ha perjudicado con el delito cometido. ¿Es esto correcto?
R) Correcto. Se trata de trabajo forzado porque dicha persona es un criminal y debe devolver a la sociedad lo que le ha quitado, sin percibir un sueldo y sin posibilidad de salir del perímetro estipulado.
P) Si esto es así, ¿cómo se plantea en Corea la "reinserción" o "resocialización" de los reclusos para cuando retornen al mundo libre? Se los prepara para la nueva vida en sociedad? Se les ofrecen tratamientos o abordajes en las prisiones? ¿existen organismos estatales que se ocupen de los liberados, para facilitar su reinserción en la sociedad?
R) La reinserción se aplica en todos los casos menores, como pequeños hurtos. En esa situación el culpable del delito realiza trabajos en régimen abierto y contacto con la población, como el arreglo de parques y jardines. En los casos más serios la reinserción se formaliza mediante el estudio obligatorio de cursos académicos, lenguas extranjeras, etc. El Consejo de Ministros tiene una oficina a cargo de esta reinserción y, al igual que el resto de ciudadanos, provee vivienda gratuita y trabajo a todos los que cumplieron la condena.
P)¿En Corea se piensa que a una infracción o a un delito, sea más o menos grave, corresponde siempre un castigo?
R) No. Si no tiene gravedad, la infracción se puede solventar con el reconocimiento de la falta y la promesa del autor de los hechos frente a familiares y compañeros de trabajo, de que no sucederá más.
P)¿En base a qué principio se sostiene la necesidad social de castigar al otro? Usted conoce los puntos de vista occidentales en lo que hace a la justificación del castigo estatal. Qué semejanzas y diferencias encuentra entre ambos?
R) Como existen seres humanos que deciden perjudicar al resto de la sociedad por egoísmo, envidia, odio, etc. tiene que existir un sistema punitivo que obligue a la conciencia del delincuente a plantearse cometer un delito por temor al castigo asociado al mismo. Lo definiría como un altavoz de la conciencia. Para mantener la armonía social y el orden es necesaria esa serie de medidas en cualquier sociedad. La diferencia más importante sería que en Corea usamos mucho el sentimiento de honor y moral como elemento integrador. Un delincuente en Corea sabe que aunque salga de prisión su honor estará manchado por mucho tiempo, en occidente en cambio, a veces los delincuentes se convierten incluso en héroes y se le cantan rancheras.
P)Sabemos que Usted ha negado en más de una oportunidad la existencia de campos de concentración en Corea. Sí, en cambio, habría admitido que existen "campos de trabajo". En qué consisten esos campos?
R) Los campos de concentración hacen referencia en el imaginario colectivo a los campos del nazismo, donde se enviaba a prisión a personas por su raza, religión o tendencia sexual. Este término se sigue usando como propaganda imperialista para demonizar a Corea y manipular a la gente para que crea que lo que existe en Corea es algo similar. Nada más lejos de la verdad. Como he comentado un campo de trabajo es como una prisión en España o México, con la diferencia de que los presos no pasan el día drogándose, haciendo el vago o sobornando a los funcionarios. En Corea existe un régimen militar y hay que trabajar, se quiera o no se quiera.
P) ¿Cuántas personas privadas de libertad, aproximadamente, existen en Corea?
R) Esos datos no están disponibles pero pocas, teniendo en cuenta que yo mismo en 24 años apenas he sido testigo de 4 delitos menores. Esto se debe a que el énfasis se pone en la prevención de delitos mediante la educación y a que las penas son duras físicamente, por lo que el ciudadano sabe que: el crimen en la RPDC, no compensa.
P)¿Existen en Corea los establecimientos genéricos de internación para enfermos mentales? Cuáles son, en su caso, las condiciones y características de esos lugares?
R)En el caso de enfermos mentales existen centros adecuados para el internamiento, asistencia y control las 24 horas. No se diferencian mucho de un hospital, excepto que hay mucho más personal para cuidar a cada paciente y el trato es más familiar y personalizado.
P) Pasando a otros temas, queremos preguntarle cuál o cuáles son las formas de hostigamiento y coacción que Corea del Norte sufre de parte del imperialismo y sus aliados?
R) Múltiples y variadas. Habitualmente es el acoso armamentístico que empezó en los años 50 con la invasión de la República por parte del imperialismo norteamericano. Las maniobras militares de entrenamiento para la ocupación de la RPDC se suceden cada 3 meses desde las bases que tienen en el Sur. Luego está el bloqueo comercial sistemático para intentar asfixiar nuestra economía, y otro canal importante son los intentos de sabotaje y terrorismo para crear inestabilidad y grupúsculos disidentes entre la población que eventualmente y una vez armados por la CIA pudieran derrocar al gobierno popular, como hicieron en Libia, Siria, etc.
P) En su caso, de qué manera influye ese tipo de coerción a la que es sometida Corea en su población.
R) Lógicamente tuvo y tiene un efecto desastroso. Corea llego a sufrir malaria y otras enfermedades que nunca existieron en el pasado. Esto fue debido al lanzamiento de bombas bacteriológicas por parte de los EE.UU. Luego está el bloqueo económico que impide el comercio exterior regular, mermando las posibilidades de importar aquellos medicamentos y otros productos de alta tecnología que se necesitan del exterior.
P) Qué rol político le adjudican en Corea a las grandes cadenas comunicacionales occidentales?
R) Las grandes cadenas de comunicación son básicamente órganos de propaganda del capital. Están pagadas y apropiadas por un puñado de multimillonarios que maneja a su antojo las noticias y el conocimiento para mantener engañada a la población. La imparcialidad periodística no existe, y está claro que a la clase privilegiada, a la oligarquía, no le interesa que el pueblo se levante o se nacionalice la industria y la vivienda bajo un sistema socialista.
P) Qué visión se tiene en Corea del Norte sobre los movimientos emancipatorios, también denominados populismos, que se dan en América Latina?
R) La RPD de Corea tiene el principio de respeto a otras naciones en la elección de su propio sistema político y Gobierno. El pueblo debe ser siempre soberano.
P) Cuáles son, actualmente, los aliados estratégicos de Corea del Norte en materia de política internacional?
R)Ninguno. La RPDC se ha valido y lo seguirá haciendo por sí misma. Hay países que son más cercanos y que tradicionalmente han sido amigos, pero al final todos ellos velan por sus propios intereses y si EE.UU. les ofrece un caramelo envenenado, rápido olvidarán cualquier nexo histórico. DAR) Muchas gracias.
El viceministro de Defensa
ruso Nikolai Pankov, acaba de proponer que los estudiantes universitarios
de ese país sean preparados, formados y educados en el enfrentamiento a los
golpes de Estado patrocinados desde el exterior, más conocidos como "revoluciones
de colores". El funcionario proyecta- en una propuesta que parece tan
original como urgente e imprescindible- incluir en los programas de estudio las
formas de contrarrestar ese tipo de acciones golpistas puestas en práctica por
Occidente siguiendo los lineamientos originales de Gene Sharp. Esas prácticas
contemplan la utilización de determinadas técnicas y operadores (caso
"Otpor") destinados a lograr la destitución de gobiernos que no
resultan afines al orden imperial (los "estados revisionistas" que pretenden
socavar la hegemonía de Estados Unidos, uno de las dos "amenazas
mundiales" que - junto a las organizaciones extremistas violentas-
identifica el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor norteamericana,
Martin Dempsey)*. La sugerencia de Pankov alcanza, en principio, a los alumnos
universitarios, pero se extiende también a otros estamentos sociales tales como
las academias militares y demás organizaciones sociales que pudieran coadyuvar
en la prevención y conjuración de las nuevas modalidades golpistas, siempre
exhibidos como ejercicios de protesta social por la gran prensa occidental. El
propio Presidente Vladimir Putin, ratificando las versiones de ciertos medios
de comunicación internacionales, admitió en una reunión con oficiales del Ministerio
de Interior que su país podría llegar a enfrentar ese tipo de ataques. Putin
fue más allá y señaló que esos intentos son cada vez más sutiles en la
utilización de nuevas organizaciones "no gubernamentales",
tecnologías, manipulación de la opinión pública y el probado poder de las
redes sociales en materia de creación y fortalecimiento de esas
"primaveras".
De hecho, el Consejo de la Federación (Senado) de Rusia solicitó a la Fiscalía
General y los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores investigar a doce
ONG´S extranjeras que tendrían como objetivo "influir en la situación
política interna" del país, conforme reza la petición.
La mayoría de esas organizaciones
estarían, según el gobierno ruso, vinculadas a Estados Unidos, tal el caso de
Open Society Institute (Fundación Soros), Freedom House o National Institute
for International Affairs.
Sabemos que, estos golpes "suaves" terminan casi siempre en
resoluciones violentas y, como ya lo hemos señalado en oportunidades
anteriores, admiten cinco pasos sucesivos.
El primero de ellos consiste en
llevar a cabo acciones tendientes a minar el humor social, sobre todo de las
amplias capas medias, provocando un clima de malestar general a través de
denuncias de corrupción, intrigas y acusaciones permanentes y sistemáticas que,
desde luego, sobreactúan los errores objetivos que cometen los gobiernos que se
intentan derrocar.
Generalmente, se incluyen en una segunda etapa, arduas y sostenidas campañas
en defensa de valores que, en abstracto, son compartidos por todas las
sociedades democráticas contemporáneas, tales como la libertad de expresión,
los derechos humanos, las libertades civiles y políticas, la convivencia
armónica y la "seguridad" de los ciudadanos.
Un tercer paso supone un verdadero
"pase al acto", que importa la profundización sostenida de
aquellas y otras reivindicaciones políticas y sociales, facilitando y
promoviendo manifestaciones y protestas violentas, siempre invocando valores
superiores y el derecho a la protesta social.
La cuarta etapa incluye operaciones de
verdadera guerra psicológica, creando un clima de virtual
"ingobernabilidad". La fase final tiende a forzar directamente
la caída de los gobiernos, profundizando las revueltas, intentando controlar
algunas instituciones gubernamentales y animando el calentamiento de las
calles. Si el gobierno resistiera, la estrategia incluye una intervención
militar (interna o extranjera), la estimulación de una guerra civil prolongada
y el debilitamiento de la inserción internacional del país acosado.
Sabemos que este tipo de intentonas se han sucedido sin solución de
continuidad y con diferentes resultados en los cinco continentes, con decisiva
participación de las grandes cadenas comunicacionales, poderosas organizaciones
internacionales, grupos concentrados de poder e incluso de las grandes
potencias mundiales.
Sin ir más lejos, el Centro de Militares para la Democracia Argentina
(Cemida) denunció no hace mucho tiempo que Argentina había vivido una
experiencia destituyente análoga.
Lo propio ha ocurrido, en nuestra región, en países tales como Brasil,
Venezuela, Paraguay, Honduras, Ecuador y Bolivia.
Algunos trascendidos periodísticos dan cuenta que una estrategia similar ya
se prepara contra Grecia, después de que el "NO" a la troika arrasara
en el plebiscito que convocara el presidente Tsipras.
En virtud del riesgo cierto que estas
prácticas importan para los gobiernos democráticos de todo el mundo, la
iniciativa de Pankov adquiere dramática actualidad e importa, en la práctica,
un paso fundamental en la disputa contrahegemónica contra ciertos productos
culturales que se utilizan para poner en marcha las mentadas primaveras
impulsadas por los poderes financieros.
En los modernos populismos
antiimperialistas, el Estado ha dejado de ser el "enemigo" de las
izquierdas tradicionales, para convertirse en el único ámbito de refugio
de los pueblos como nuevos sujetos sociales en sus intentos emancipatorios. Por
ende, las instancias de formación y educación contra este tipo de pulsiones
retrógradas constituye una idea trascendental, que bien podría ser imitada en
los países del continente, incorporando a sus programas educativos el análisis
crítico, libre y democrático de este tipo de experiencias que, a nuestro
entender, tuvieron su bautismo de fuego con las maniobras que precedieron y
lograron la caída del presidente Slobodan Milosevic.
La tarea no es menor. Basta recordar que,
en general, nuestras academias han sido prolíficas en la generación acrítica de
ciertos contenidos y categorías occidentocéntricas que es necesario poner en
crisis y releer en clave marginal.
Tampoco es sencilla la articulación de una
nueva "utopía" positiva, de un nuevo metarrelato que logre insertarse
en las mayorías populares y deconstruir las nuevas formas de dominación y
control.
En tren de afinar las sugerencias, quizás
debamos releer las encíclicas y documentos papales para descubrir y extender el
límite de lo posible. Para adivinar el horizonte de proyección de los nuevos
intentos tendientes a alcanzar los cambios profundos en los estilos de
vida, los modelos de producción y consumo y las estructuras de poder a las que
ha aludido Francisco.
(*) Estudios de Política Exterior (http://www.politicaexterior.com/actualidad/obsolescencia-planificada-en-el-pentagono/)
Compartimos con nuestros lectores el Programa del Seminario que junto a Francisco Bompadre impartiremos (aprobación del mismo mediante) a partir del próximo mes de octubre en la Especialización en Derechos Humanos que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Como ustedes saben, para mí el programa significa nada más (y nada menos) que una guía para quienes habremos de compartir este espacio. Pero sirve para marcar los lineamientos y la tendencia de una práctica académica. Esperamos que la propuesta sea aceptada por las autoridades de la Facultad. Una vez que la misma se produzca, brindaremos más detalles de la misma. Prevemos siete clases de tres horas cada , con un descanso, comenzando el jueves 1 de octubre. Nuestra idea es que el curso sea lo más amplio posible; por lo menos, que incluya no solamente a quienes cursan la especialización, sino también a otros graduados.
Módulo 1. Foucault y el
poder. 1) Sociedades de Soberanía. 2) Sociedades Biopolíticas. 3) Sociedades de Seguridad y/o Control. Modelos de control
social según Foucault: la peste, la lepra y la viruela.
Módulo 2.Desplazamientos en el neoliberalismo:
capitales y finanzas. Poblaciones y migraciones forzadas. Guerras climáticas y
políticas punitivas globales. Legalidad, excepción y emergencia: Baja política,
alta policía.
Módulo 3. Izquierda y derecho. La era del control
global punitivo. Estado de excepción. Crímenes masivos y guerras en la era
imperial. Tribunales orgánicos y Tribunales de opinión. Comisiones de Verdad y
Reconciliación.
Módulo 4. Derechos Humanos, sistema internacional y
conflictos globales. Hacia una perspectiva epistemológica no colonial. Una
mirada alternativa respecto del sistema internacional institucional de Derechos
Humanos.
Bibliografía
AGAMBEN, G. (2004). Estado de excepción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
AGUIRRE, E. (2012) Delitos de lesa humanidad y genocidio. Editorial Universitaria de
La Plata.
AGUIRRE, E. (2014) Sociología del control global punitivo. Editorial Universitaria de
La Plata.
AGUIRRE, E. (2015): El Llanto del Kopaonik. El juzgamiento de los crímenes en la tragedia
de los Balcanes. Editorial Universitaria de La Plata.
ALEMÁN, J. (2013). Conjeturas sobre una izquierda lacaniana. Gramma Ediciones.
ALEMÁN, J. (2012). Soledad: Común. Capital Intelectual.
APONTE
CARDONA, A. (2007). De la guerra y la política: dinámica cotidiana del derecho
penal del enemigo. En BOHM, M. L. y GUTIERREZ, M. (comps). Políticas de seguridad. Peligros y desafíos para la criminología del
nuevo siglo. (pp. 55-76). Buenos
Aires: Del Puerto.
BUTLER,
J. (2010). Marcos de guerra. Las vidas
lloradas. Buenos Aires: Paidós.
DE
GIORGI, A. (2004). Tolerancia cero.
Estrategias y prácticas de la sociedad de control.Barcelona: Virus.
-(2006).El
gobierno de la excedencia. Posfordismo y control de la multitud. Madrid: Traficantes
de Sueños/Mapas.
DE
SOUSA SANTOS, Boaventura (2010). Descolonizar
el saber. Reinventar el poder. Ediciones Trilce.
DE
SOUSA SANTOS, Boaventura (2009). Sociología Jurídica. Para un nuevo sentido
común en el derecho. Edi
DUSSEL,
E. (2006). 20 tesis de política.
México: Siglo XXI.
DUSSEL,
E (1980) Filosofía de la Liberación.
Fondo de Cultura Económica.
EGUIGUREN
PRAELI, F. (2004). Los derechos fundamentales como límites para la legislación
especial sobre juzgamiento por terrorismo. Seminario
en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política (SELA 2003).(pp.
249-264). Buenos Aires: Del Puerto.
ESPOSITO,
R. (2006). Bios. Biopolítica y filosofía.
Buenos Aires: Amorrortu.
FEELEY,
M. y SIMON, J. (1995). La nueva penología. En Delito y sociedad. Revista de Ciencias Sociales, Universidad
Nacional del Litoral,6/7.
FEIERSTEIN,
D. (2007). El genocidio como práctica
social. Entre el nazismo y la experiencia argentina. Buenos Aires: FCE.
FOUCAULT, M. (2001). Defender la sociedad. Buenos Aires: FCE.
- (2006). Vigilar
y castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI.
- (2006). Seguridad,
territorio, población. Buenos Aires: FCE.
GAGO,
V. (2014). La razón neoliberal. Economías
barrocas y pragmática popular. Buenos Aires: Tinta Limón.
GARLAND,
D. (2006). Castigo y sociedad moderna. Un
estudio de teoría social. México: Siglo XXI.
GUDYNAS,
E. (2015). Derechos de la naturaleza.
Ética biocéntrica y políticas ambientales. Buenos Aires: Tinta Limón.
HANDKE,
P (2011). Preguntando entre lágrimas.
Apuntes sobre Yugoslavia bajo las bombas y en torno al Tribunal de La Haya.
Madrid. Editorial Alento.
HARDT
M y NEGRI, A. (2004). Multitud.
Editorial Debate.
HARVEY,
D. (2013). Breve historia del
neoliberalismo. Madrid: Akal.
HEIDEGGER,
M (2005) ¿Qué significa pensar?. La
Plata. Editorial Caronte.
HOBBES,
T. (1997). Leviatán: la materia, forma y
poder de un Estado eclesiástico y civil. Barcelona: Altaya.
JAKOBS,
G. y CANCIO MELIA, M. (2007). Derecho
penal del enemigo. Buenos Aires: Hammurabi.
KENNEDY,
D. (2010). Izquierda y Derecho. Ensayos de Teoría Jurídica Crítica. Siglo XXI
Editores.
LACLAU,
E. (2010) La razón populista. Fondo
de cultura económica.
L´HEVILLET,
H. (2010). Baja política, alta policía.
Un enfoque histórico y filosófico de la política. Buenos Aires: Prometeo.
MAGGIO,
N. (2010). Hacia el gran encierro: un
panorama cuantitativo de la población carcelaria en el mundo actual. En
GESPyDH. Cuadernos de estudios sobre
sistema penal y derechos humanos, 1, 83-97.
MARAZZI,
C. (2014). Capital y lenguaje. Hacia el
gobierno de las finanzas. Buenos Aires: Tinta Limón.
MEZZADRA,
S. (2013). La cocina de Marx. El sujeto y
su producción. Buenos Aires: Tinta Limón.
MONCLÚS
MASÓ, M. y BRANDARIZ GARCÍA, J. (2015). Políticas
y prácticas del control migratorio. Buenos Aires: Didot.
MOONEY,
J. y YOUNG, J. (2007). El terror tras el terror: después del 9/11. En BOHM, M.
L. y GUTIERREZ, M. (comps). Políticas de
seguridad. Peligros y desafíos para la criminología del nuevo siglo. (pp.
289-316). Buenos Aires: Del Puerto.
NEGRI,
A. (2006). Movimientos en el Imperio.
Paidós.
NEOCLEOUS,
M. (2010). La fabricación del orden
social. Una teoría crítica sobre el poder de policía. Buenos Aires:
Prometeo.
OCALLAN,
A. (2014) Hoja de Ruta. Hacia la paz en
el Kurdistan. Editorial Txalaparta.
O´MALLEY,
P. (2006). Riesgo, neoliberalismo y
justicia penal. Buenos
Aires: Ad-Hoc.
PRATT, J. (2006). Castigo y civilización. Una lectura crítica sobre
las prisiones y los regímenes carcelarios. Barcelona:
Gedisa.
RODRIGUEZ,
E. (2003). El gobierno imposible. Trabajo
y fronteras en la metrópolis de la abundancia. Madrid: Traficantes de
sueños/Mapas.
SASSEN,
S. (2015). Expulsiones. Brutalidad y
complejidad en la economía global. Buenos Aires: Katz.
SCHMITT,
C. (2006). Concepto de lo político. Buenos Aires: Struhart.
SZNAJDER,
M. y RONIGER, L. (2013). La política del
destierro y el exilio en América Latina. México: FCE.
STERN, V. (2010). Creando criminales. Las cárceles y las personas en una sociedad de
mercado. Buenos Aires: Ad-Hoc.
TONKONOFF, S. (2001). Meter caño. En Delito y Sociedad. Revista de Ciencias
Sociales, año 10, Nº 15-16.
- (2007) Tres movimientos para
explicar por qué los pibes chorros visten ropas deportivas. En AA.VV. Sociología ahora. Buenos Aires: Siglo XXI-FSC.
WACQUANT, L.
(2010a). Las cárceles de la miseria. Buenos Aires: Manantial.
- (2013). Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal
de la inseguridad social. Buenos Aires: Gedisa.
WELZER, H. (2010). Guerras climáticas. Por qué mataremos (y nos matarán en el siglo XXI).
Buenos Aires: Katz.
WIHTOL de WENDEN, C. (2013). El fenómeno migratorio en el siglo XXI. Migrantes, refugiados y
relaciones internacionales. México: FCE.
WILSON,
J. y KELLIN, G. (2001). Ventanas rotas. La
policía y la seguridad en los barrios. En Delito y
Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, año 10, Nº 15-16.
ZAFFARONI, E. R. (2006). El enemigo en el derecho penal. Buenos
Aires: Ediar.
ZOLO,
D. (2007). La justicia de los vencedores.
De Nuremberg a Bagdad. Buenos Aires: Edhasa.
ZUCMAN, G. (2015). La
riqueza escondida de las naciones. Cómo funcionan los paraísos fiscales y qué
hacer con ellos. Buenos Aires: Siglo XXI.
“Las guerras no comienzan
con bombas, sino con mentiras” (Michel Collon)
El alineamiento acrítico con las
categorías de Derechos Humanos occidentocéntricas han reproducido las
condiciones de dominación y control en todo el mundo.
Un delicado entramado de baterías
epistemológicas coloniales han impedido analizar el concepto de DDHH en clave
emancipatoria. Los resultados están a la vista. Aunque, extrañamente, muchas
veces permanecen invisibilizados, frente a la pleitesía que se rinde frente al
Caballo de Troya postmoderno que implica el sistema orgánico e institucional
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Estos precesos de alienación son
particularmente hegemónicosen las escuelas de derecho latinoamericana.
No existen recorridos epistemológicos
críticos que permitan porner en cuestión, desde los programas mediante los que
se imparten conocimientos a miles y miles de alumnos, la verdadera esencia de
la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados
Americanos, los Tribunales internacionales institucionales en tanto elemento
legitimadores de un estado de cosas signado por el unilateralismo imperial.
Esta hegemonía es particularmente
impactante en lo que concierne al “sistema” penal internacional.
En efecto, el arduo desarrollo que a partir de la segunda
mitad del siglo XX fue alcanzando el sistema jurídico penal internacional
(particularmente durante el período ubicado entre los juicios de Nüremberg y
Tokio, el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas y la creación de
la Corte Penal Internacional) estuvo condicionado por la necesidad de las
potencias vencedora de brindar respuestas a los crímenes de masa y las grandes
violaciones a los Derechos Humanos, pero fundamentalmente a garantizar la
impunidad de las naciones más poderosas de la tierra.
Las respuestas que ese sistema jurídico ha proporcionado
(solamente) a algunos hechos de exterminio, que repugnan a la conciencia
colectiva de la humanidad, se limitaron casi exclusivamente (dejando al margen
abominables y sumarias ejecuciones) a la aplicación de graves penas privativas
de libertad a los vencidos en los conflictos armados[1].
El binarismo que
caracterizó a esta dinámica histórica y los logros relevantes obtenidos en
materia de persecución y enjuiciamiento penal de personas físicas implicadas en
delitos de lesa humanidad y genocidio, en efecto, no alcanzaron a disimular la
asimetría de esos procesos de criminalización y la profunda selectividad que
condicionaron desde su nacimiento al sistema penal internacional, el cual
reprodujo en ese sentido las realidades de los sistemas penales de los Estados
nacionales.
Se ha dicho, en punto a esta cuestión, y como forma de
entender y explicar este desarrollo particular del sistema penal global, que
“la Comunidad Internacional se encuentra, en la actualidad, donde el
Estado-Nación se encontraba en los albores de su existencia: en la formación y
consolidación de un monopolio de la fuerza en el ámbito del Derecho penal internacional,
sobre cuya base se puede fundar el ius
puniendi” de una ciudadanía mundial[2].
Pensamos, y esto debe quedar claro, que el sistema penal
internacional no ha avanzado hacia formas menos violentas de resolución de los
conflictos, precisamente porque la ideología punitiva hegemónica no ha
permitido la incorporación de las mismas -a
excepción del caso de algunos tribunales de opinión y otras escasas
experiencias que también detallaremos a lo largo de este trabajo- con el objeto
de reasegurar así el control punitivo de los diferentes y los disfuncionales,
recurriendo a la guerra más como
garantía de la preservación y reproducción de un orden determinado que como
exigencia por las demoras que impone una “transición a la democracia” global.
Es más, probablemente no se alcanzará el tránsito
democrático global hasta tanto se modifiquen determinadas condiciones
estructurales e institucionales a nivel mundial, se remuevan sistemas de
creencias fuertemente arraigados en la cultura de los hombres y se establezcan mecanismos
más democráticos de convivencia entre las multitudes diversas y multiculturales
del tercer milenio.
Lo cierto es que -como de ordinario ocurre con el Derecho
penal de las naciones- el sistema penal internacional, invocando el interés del
conjunto y la representatividad de la
mayoría de los países del mundo, no ha podido trascender los límites que la
selectividad y la asimetría de los procesos de criminalización le han impuesto,
y ha terminado en muchos casos reproduciendo un estado de cosas injusto,
coincidente con los intereses de los poderosos y los vencedores del planeta.
Pero además de este sesgamiento histórico notorio, las
respuestas que el sistema penal internacional y la justicia universal han
conferido en materia de genocidios y delitos de lesa humanidad, no han podido
superar el binarismo punitivo respecto de determinadas personas o grupos de
ofensores, que casi siempre carecen de poder o han perdido el que alguna vez
tuvieron, consagrando una consecuente impunidad respecto de estremecedoras
masacres llevadas a cabo por los “indispensables” del planeta.
Pueden nombrarse a título de ejemplo, y sin pretender
agotar la posible enumeración de los casos que registra la historia moderna,
aniquilamientos tales como los del Kurdistán, Dresden, Hiroshima y Nagasaki,
Vietnam, Irak, Afganistán, las guerras de los Balcanes, etcétera, muchas de las
cuales fueron denominadas “operaciones humanitarias” o esfuerzos realizados en
aras de la instauración de la democracia, conforme el particular léxico etnocéntrico
de los perpetradores.
Esta resignificación legitimante de la violencia jurídica,
no puede disociarse de la nueva concepción política de la guerra, que como relación social permanente, tiende a convertirse
en un organizador básico de las sociedades contemporáneas, prescindiendo de las
conquistas y límites de las democracias decimonónicas en materia penal,
asumiéndose como “la matriz general de todas las relaciones de poder y técnicas
de dominación, supongan o no derramamiento de sangre”. (…) “En estas guerras
hay cada vez menos diferencia entre lo interior y lo exterior, entre conflictos
extranjeros y seguridad interna”[3],
porque en todos esos casos se expresan intervenciones policiales perpetradas
mediante medidas militares.
Intervenciones militares de baja intensidad y operaciones
policiales de alta intensidad, no podrían ya diferenciarse apelando a las categorías biopolíticas de principios
de los siglos XIX y XX.
Por ese motivo, la principal consecuencia de este estado de guerra es que las relaciones
internacionales y la política interior se asemejan cada vez más entre sí, lo
que provoca una asimilación del derecho penal internacional a los derechos
internos, difuminando cualquier diferencia basada en distintos estados de desarrollo
de las formas y las prácticas jurídicas.
Guerras de baja intensidad y operaciones policiales de alta
intensidad, provocan, en consecuencia, que las ideas de Justicia y de Derecho no
formen parte del concepto de guerra de la era postmoderna.
Las intervenciones a cargo de los organismos de control
social punitivo resultan mecanismos aptos por igual, para ocupar una nación preventivamente, o
para incapacitar a sujetos o colectivos disfuncionales, aún a sabiendas de que
guerra y derecho son nociones contrapuestas que se excluyen entre sí.
Un ejemplo de esta preeminencia desembozada de la fuerza lo
encarna la política exterior asegurativa de los Estados Unidos, que se reconoce
a sí mismo, explícitamente, como una
excepción con respecto a la ley, que se exceptúa unilateralmente -vale
destacarlo- nada menos que del cumplimienrto de los Tratados y Convenciones
internacionales sobre medioambiente, derechos humanos y tribunales
internacionales, arguyendo, por ejemplo, que sus militares no tienen por qué atenerse
a las normas que obligan a otros en cuestiones tales como los ataques
preventivos, el control de armamentos, las torturas, las muertes
extrajudiciales y las detenciones ilegales.
En este sentido, la “excepción estadounidense remite a la
doble vara de medir de que disfruta el más poderoso, es decir, a la idea de que
donde hay patrón no manda marinero. Estados Unidos también es indispensable,
según la definición de Albright,
sencillamente porque tiene más poder que nadie”[4], y
lo usa discrecionalmente dentro y fuera de sus fronteras (el prevencionismo
extremo en materia internacional es un equivalente de las leyes de inmigración
de Arizona, la doctrina de las ventanas
rotas o la tolerancia cero que
caracterizan su Política criminal, lo que da idea de lo que significa -también-
un Derecho penal globalizado construido en esta misma clave).
Coexistimos con un estado de emergencia y,
consecuentemente, con un “Derecho penal de emergencia” que se expresa en un
pampenalismo que recurre de ordinario al aumento de las penas, la derogación o
relajamiento de las garantías procesales y constitucionales, las medidas
predelictuales y la afirmación de la tesis retribucionista extrema del
“merecimiento justo” (de pena), en sustitución
del ideal resocializador.
Es obvio que no puede ser éste el programa sobre el que se
asiente el Derecho penal democrático del futuro, tanto a nivel interno de los
Estados como en el plano internacional.
La
violencia que se ejercita en estos términos se concibe ahora como “fuerza legítima”, en cuanto logra demostrar la efectividad de esa misma
fuerza -a diferencia de lo que acontecía en el viejo orden internacional-
resignificándose así el concepto de “guerra justa” a partir de la reducción del derecho a una cuestión de
mera eficacia.
La otra
gran perplejidad que nos plantea el sistema jurídico imperial radica,
justamente, en la dudosa corrección de denominar “derecho” a una serie de técnicas y prácticas fundadas en un estado de excepción permanente y a un
poder de policía que legitima el derecho y la ley únicamente a partir de la
efectividad, entendida en términos de
imposición unilateral de la voluntad[5].
El Derecho
supranacional, aún en pleno estado de desarrollo global, influye decididamente
en los clásicos Derechos de los Estados-nación y los reformula en clave de
estas lógicas binarias.
Ese
proceso de reconfiguración de los Derechos internos se lleva adelante mediante
la segunda peculiaridad del sistema penal internacional actual: el llamado “derecho de intervención”.
Los
Estados soberanos o la ONU, como bisagra entre el derecho internacional clásico
y el derecho imperial, ya no intervienen en caso de incumplimiento de pactos o
tratados internacionales voluntariamente acordados, como acontecía en la
modernidad temprana.
En la
actualidad, estos sujetos políticos, legitimados por el consenso o la eficacia
en la imposición de la voluntad y lógicas de control policial, intervienen
frente a cualquier “emergencia”
con motivaciones “éticas”
tales como la paz, el orden o la democracia[6].
Algo
análogo acontece al interior de los Estados-nación: las reiteradas reformas de
los sistemas penales y procesales de las últimas dos décadas han apelado en
todos los casos al adelantamiento de la intervención corcitiva, el
endurecimiento de las penas, el aumento desmedido de la punición, el
debilitamiento del programa de garantías penales y procesales, la
desformalización del derecho y la anticipación de la reacción punitiva[7].
Por eso,
tanto a nivel local como global, asistimos al fenómeno de una ciudadanía
que naturaliza el aumento
geométrico del número de personas privadas de libertad y la policización
de las reacciones contra las “clases peligrosas”[8], operaciones éstas que producen verdaderas masacres,
descriptas como guerras de “baja intensidad” u operativos policiales
de “alta intensidad”, o el relajamiento de los derechos y garantías
liberales.
El Derecho
internacional, como todas las construcciones holísticas de la modernidad, entró
en una severa crisis con el advenimiento de la sociedad postmoderna, a partir
de la imposibilidad aparente de concretar las grandes utopías del siglo pasado,
en especial la de construir una “paz duradera” (que era prometida ya en
las sociedades imperiales antiguas).
La crisis
de los grandes relatos contribuyó, por una parte, a disolver los lazos de
solidaridad, produciendo el paso de colectividades sociales al estado de una
masa compuesta de “átomos individuales”[9], en
la que los grandes proyectos colapsan a manos de un individualismo hedonista
exacerbado, que no atiende ya a los antiguos “polos de atracción”; por la otra,
esta revolución insondable de la postmodernidad impactó también, decididamente,
sobre el derecho entendido como un conjunto de normas, de prácticas, de
narrativas y de valores.
Si se
acepta como correcta la tesis de la existencia de un organismo supranacional de
producción normativa -la ONU- capaz de desempeñar un papel jurídico soberano,
deberá agregarse la posible gestación de nuevos derechos al interior de las
naciones sin estado, protagonizado por “minorías” subalternas que no responden a la verticalidad con la que
se organiza dentro del Imperio el Derecho internacional[10].
Es un
hecho notorio que Estados Unidos no apoyó la formación de la Corte Penal
Internacional establecida por el Estatuto de Roma, ni tampoco ratificó el
Estatuto que entrara en vigor el 1 de julio de 2002[11].
A pesar de
esta conducta renuente estadounidense a integrarse de manera igualitaria a la
comunidad jurídica internacional, el 12 de julio de 2002, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1422 (2002) que impide
investigar o procesar a funcionarios y personal, en funciones o no, de los
Estados que no son parte en el Estatuto por acciones y omisiones relacionadas
con operaciones para el mantenimiento de la paz autorizadas por las Naciones
Unidas. El 12 de junio de 2003, la resolución 1487 (2003) renovó ese mandato
por el término de un año a partir del 23 de julio de 2003[12].
Este tipo
de resoluciones sucesivas podría sugerir una profundización de las asimetrías
en función de la relación de fuerzas favorables a las superpotencias.
Además, y
pese a no ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
Estados Unidos propuso un tribunal internacional para Saddam Hussein[13].
Conocemos el aberrante final de este “juicio”.
Lo propio
ha pasado en experiencias escandalosas como las que exhibió el comportamiento
del TPIY.
Por eso, cualquier
interpretación que se intente hacer respecto de la sociedad de la modernidad
tardía y sobre las particularidades del Derecho penal internacional actual -a
partir de octubre de 2009- debe incluir una necesaria referencia a la crisis
más profunda que registra el capitalismo global desde 1929.
Es de
reconocer que el impacto ha sido de tal magnitud que ha logrado transformar las
predicciones y certezas habituales de los analistas económicos, en incógnitas
diversas, hasta ahora sin respuestas.
Las
preguntas de los economistas y las distintas agencias estatales mundiales se
reparten entre las irresueltas incógnitas que
intentan diagnosticar el alcance, la duración y la profundidad de estas
drásticas transformaciones, y las que se plantean “qué
hacer” frente a las mismas.
Hasta
ahora, el sistema ha intentado recomponerse con rápidos reflejos y pragmáticas
recetas, adoptadas a partir de la crisis estadounidense y luego mundial,
mediante un paquete de medidas duramente ortodoxas que se direccionan a
auxiliar financieramente a la banca, a costa de brutales ajustes y recortes del
gasto público de los Estados, que impactan, como siempre ocurre, en el bolsillo
y la economía de los sectores populares.
Pero las
verdaderas y últimas razones de la crisis, su
naturaleza y sus consecuencias sociales, constituyen cuestiones no
dilucidadas por parte de los operadores financieros, las corporaciones
multinacionales y los medios de comunicación occidentales. La magnitud del
quebranto ha provocado también disidencias al interior de los intelectuales
progresistas de todo el mundo.
Algunos piensan al respecto lo siguiente: “Esta crisis financiera
no es el fruto del azar. No era imposible de prever, como pretenden hoy altos
responsables del mundo de las finanzas y de la política. La voz de alarma ya
había sido dada hace varios años, por personalidades de reconocido prestigio.
La crisis supone de facto el fracaso de los mercados poco o mal regulados, y
nos muestra una vez más que éstos no son capaces de autorregularse. También nos
recuerda que las enormes desigualdades de rentas no dejan de crecer en nuestras
sociedades y generan importantes dudas sobre nuestra capacidad de implicarnos
en un diálogo creíble con las naciones en desarrollo en lo que concierne a los
grandes desafíos mundiales”[14].
Otros, por
el contrario, exigen desde el centro del poder financiero que “el sistema
financiero debe ser recapitalizado, en este momento, probablemente con ayuda
pública. En la base de esta crisis se encuentra el hecho de que el sistema
financiero, como un todo, dispone de poco capital. Aun cuando el sistema se
está encogiendo y los malos activos están siendo eliminados, muchas
instituciones seguirán careciendo de capital suficiente para proveer de manera
segura crédito fresco a la economía. Es posible para el Estado proveer capital
a bancos en formas que no impliquen la nacionalización de éstos. Por ejemplo,
muchos miembros del FMI en una situación similar en el pasado han combinado
inyecciones de capital privado con acciones preferenciales y estructuras de
capital que dejan el control de la propiedad en manos privadas”[15].
Los menos,
prefieren la cautela y admiten la falta de insumos conceptuales para
diagnosticar con alguna precisión las consecuencias futuras: “Cuando intentamos comprender un fenómeno tan complejo como
la crisis financiera actual, la primera palabra que surge es modestia. Modestia
respecto del alcance de los conocimientos que tenemos los economistas para
entender lo que está sucediendo; no digamos para aventurar lo que pueda
acontecer”[16].
Lo que no
resulta materia de disputa, hasta ahora, es que la realidad social planetaria,
a partir de la crisis, será mucho más “riesgosa” todavía, producto del descalabro de las grandes variables
económicas y financieras y las nuevas dinámicas sociales que han transformado
al riesgo en la categoría conceptual
que sintetiza y torna inteligible la realidad global; a la incertidumbre como
un dato objetivo de las nuevas sociedades, al miedo (al delito y al “otro”) en un articulador de la vida
cotidiana y al Derecho penal en un fabuloso instrumento de control y dominación
de esas tensiones sociales cada vez más profundas.
No
solamente el terrorismo (especialmente a partir del trágico 11-S y sus réplicas
ulteriores ocurridas en distintas naciones), sino asimismo los desastres
medioambientales, el multiculturalismo, el crimen organizado, la diversidad y
la violencia de subsistencia o de calle, serán las consecuencias más inmediatas
del estatus de quiebra.
También
habrá que ocuparse de las grandes crisis por la que atraviesan las sociedades
contemporáneas, las demandas de soberanía de los países emergentes, la protesta
social y la debilidad de los liderazgos, asentados en consensos precarios y
fugaces, articulados éstos por la desconfianza como valor fundante de una
sociedad nihilista en la que los ciudadanos
se vinculan con sus pares (“los otros”) a través de un escrutinio permanente y cotidiano[17]
y hasta ahora sin vocación de coaligarse detrás de proyectos colectivos.
Esa
desconfianza alcanza también, y muy especialmente, a los que encarnan el rol de
gobernar la penalidad, sus instituciones, sus narrativas y prácticas
colectivas, e influye decididamente en la construcción de las nuevas relaciones
sociales, explicando, entre otras cosas, el peligro, el riesgo y el auge de
nuevas formas de control punitivo.
Las
sociedades de riesgo son, precisamente, aquellas donde la producción de riqueza
va acompañada de una creciente
producción social de riesgos[18].
El aumento de los riesgos está produciendo consecuencias
trascendentales en el ámbito de la política, el biopoder y la gubernamentalidad
de los agregados sociales actuales.
El primer efecto lo constituye la necesariedad de la
implementación de políticas públicas tendientes a gestionar, esto es, a controlar
los riesgos, cada vez más visibilizados por la opinión pública, e
internalizados por la multitud como los nuevos miedos derivados de la
modernidad tardía.
El “riesgo” termina
completando, entonces, un nuevo metarrelato cuya densidad sería capaz de sustituir
y recomponer los paradigmas totalizantes en aparente retirada, cohesionar los
discursos y los sistemas de creencias e imponer políticas públicas defensistas.
Estas
características se observan, particularmente, en lo que atañe a las respuestas
institucionales que se adoptan en materia de conflictividad social en todo el
mundo, ya sea adelantando la punición, inocuizando a los especialmente
peligrosos y propiciando estrategias de control que recurrentemente menoscaban
las libertades públicas y las garantías individuales decimonónicas, adoptadas
siempre en aras de una mayor “seguridad”, una suerte de “concepto estrella” del Derecho penal actual[19], al que todo le está permitido, sencillamente porque “todos estamos en peligro”.
Y todos lo estamos, porque el riesgo está identificado como riesgo de daño o de
peligro.
Se trata
de un riesgo “negativo”, que el Estado debe gestionar como fin primordial que dota de sentido su razón de ser
postmoderna, dejando de lado las expectativas asegurativas que caracterizaron
al Estado de Bienestar; por ejemplo, la justicia distributiva y la igualdad, la
seguridad social, la estabilidad en el empleo, los miedos a los malestares de
clase, etcétera[20].
El riesgo,
de tal suerte, opera como una forma de gobierno de los (nuevos) problemas “a través de la predicción y la previsión. Se trata de una
tecnología que es común y familiar en el campo de la salud pública”, pero que se extiende especialmente a la justicia penal, “un campo en el que el riesgo se ha vuelto cada vez más
importante como una técnica para ocuparse de aquellos condenados por delitos,
pero también para la prevención del delito”.
(…) “El lugar central ocupado por el riesgo en el gobierno
contemporáneo es un reflejo de un cambio epocal en la modernidad. Este
desplazamiento epocal desde la “modernidad
industrial” hacia la “modernidad reflexiva” es vinculado con la
aparición de los “riesgos de la modernización”, tales como el calentamiento y el terrorismo globales.
Producto del despliegue de las contradicciones del modernismo industrial -especialmente del rápido y autodestructivo desarrollo del
cambio tecnológico conducido por el capitalismo- estos riesgos amenazan a la
existencia humana y crean una nueva “conciencia del
riesgo” que, a su vez, se torna el rasgo organizador central de la
emergente “sociedad del riesgo”.
(…).. En otras palabras, aunque las divisiones sociales tales como la clase y
el género no desaparecen, son reconstituidas en comunidades de seguridad y
protección, unidas más por los riesgos compartidos que por las necesidades
materiales en común. En esta era, las instituciones y concepciones centrales de
la modernidad son puestas en cuestión: hasta el progreso en sí mismo se vuelve
algo que es puesto en duda y sobre lo que se reflexiona críticamente”[21].
Esa
conciencia de los riesgos presentes, parte fundamental de una cultura postmoderna hegemónica unidimensional, se
vale de un retribucionismo y un prevencionismo extremos para confirmar la
vigencia de las normas sociales y anticiparse a “riesgos futuros” ocasionados
por los peligrosos, mediante un “derecho” (interno y supranacional) en estado de permanente excepción[22].
A estas
decisiones draconianas recurrentes, conduce el segundo efecto de la
gubernamentalidad de las sociedades de riesgo, que está dado por el fracaso de
las políticas públicas en la gestión de administración y control de los
peligros, y la necesidad de los gestores institucionales de apelar a un urgente
populismo punitivo como única forma de conservar sus precarios y efímeros
consensos.
El Derecho
penal establece, de esta manera, formas específicas de reacción punitiva no
sólo contra infractores incidentales de la ley, sino también contra quienes
frontalmente desafían el ordenamiento jurídico con el que se identifica la
Sociedad y a los que la dogmática funcionalista denomina enemigos, en cuanto
conculcan las normas de flanqueo que constitucionalmente configuran la Sociedad,
revelan singular peligrosidad y no pueden garantizar que van a comportarse como
personas en Derecho, esto es, como
titulares de derechos y deberes[23]. Con ellos el Estado no dialoga, sino que los amenaza y
conmina con una sanción en clave prospectiva, no retrospectiva, esto es, no
tanto por el delito ya cometido cuanto para que no se cometa un ulterior delito
de especial gravedad (v.gr., la
configuración típica de la tenencia de armas o explosivos o actos de
favorecimiento del terrorismo, como delitos autónomamente incriminados, para
evitar la comisión de un atentado terrorista de gran magnitud destructiva).
Se ha
afirmado al respecto que “… el Derecho penal del enemigo es, tal y como lo
concibe Jakobs, un ordenamiento de
combate excepcional contra manifestaciones exteriores de peligro, desvaloradas
por el legislador y que éste considera necesario reprimir de manera más
agravada que en el resto de supuestos (Derecho penal del ciudadano). La razón
de ser de este combate más agravado estriba en que dichos sujetos (“enemigos”)
comprometen la vigencia del ordenamiento jurídico y dificultan que los
ciudadanos fieles a la norma o que normalmente se guían por ella (“personas en
Derecho”) puedan vincular al ordenamiento jurídico su confianza en el
desarrollo de su personalidad. Esa explicación se basa en el reconocimiento
básico de que toda institución normativa requiere de un mínimo de corroboración
cognitiva para poder orientar la comunicació en el mundo real. De la misma se
deriva, no sólo un derecho a la seguridad
(Recht auf Sicherheit), sino un
verdadero derecho fundamental a la
seguridad (Grundrecht auf
Sicherheit)”[24].
Es
necesario, no obstante, establecer algún tipo de precisiones con respecto al
Derecho penal de enemigo, toda vez que la noción ha sido simplificada, muchas
veces descontextualizada y desinterpretada en lo que tiene que ver con su
filiación histórica, sociológica y política.
La guerra ha sido el medio, tan eficaz como brutal,
mediante el cual el sistema capitalista
mundial ha superado sus crisis cíclicas, reconvertido su economía de paz,
disputado mercados coloniales y atravesado las grandes depresiones y las
dificultades que se plantearon a los procesos de acumulación y expansión del
capital.
Se ha afirmado: “En la etapa imperialista todos los
territorios coloniales ya se han repartido, lo mismo que las zonas de
influencia. Más necesitado aun de territorios económicos que en su afable ciclo
anterior, el imperialismo procede a una redistribución periódica del mundo
colonial. La penetrante observación de Clausewitz
cobra aquí pleno valor: “la guerra es la continuación de la política, pero por
otros medios. El apetito de materias primas, combustibles y mano de obra
barata, una irrefrenable necesidad de nuevas zonas para la inversión de
capitales, el control de las comunicaciones y la disputa feroz por los mercados
mundiales, son otros tantos signos distintivos del imperialismo contemporáneo.
(…) Las guerras devastadoras entre las potencias imperialistas rivales o el
“talón de Aquiles” fascista contra el proletariado llegan a ser las armas
primordiales en la lucha moderna por la plusvalía mundial”[25].
A través de la historia, el capitalismo ha superado sus crisis mediante la apelación
recurrente a la guerra. Los períodos de pacificación han permitido, en cada caso, una reconversión
de su economía y posibilitado nuevas etapas cíclicas de recomposición del
sistema a escala planetaria.
La guerra ha implicado además, desde siempre (en la
psicología, las representaciones y las intuiciones de las multitudes), un
elemento de galvanización social que, como denominador común de los Estados
soberanos durante la modernidad temprana, ha desatado enormes reacciones de
patriotismo y una necesaria coalición entre los partidos liberales y las
burguesías de los países centrales, que apelaron a las conflagraciones como
forma de hacer frente a las crisis sistémicas del capitalismo financiero[26].
Sin embargo, la guerra ha experimentado también importantes
transformaciones conceptuales y simbólicas. Desde los albores de la Modernidad,
y hasta comienzos del siglo pasado, la guerra era una cuestión que incumbía
únicamente a los Estados y se dirimía exclusivamente entre ellos.
Los enemigos, integrantes de los ejércitos regulares de
potencias extranjeras, eran reconocidos “como
iustus hostis (esto
es, como enemigo justo en el sentido,
no de ‘bueno’, sino de igual y, en tanto que igual,
apropiado) y distinguido tajantemente del rebelde, el criminal y el pirata.
Además, la guerra carecía de carácter penal y punitivo, y se limitaba a una
cuestión militar dilucidada entre los ejércitos estatalmente organizados de los
contendientes, en escenarios de guerra concretos que finalizaba mediante la
concertación de tratados de paz que incluían el intercambio de prisioneros y
cláusulas de amnistía”[27].
Ya en la Primera Guerra imperialista, se advirtió una
modificación cualitativa y cuantitativa en las formas de concebir y llevar a
cabo los enfrentamientos armados. Los cambios en la táctica y la estrategia
bélica acompañaban la evolución tecnológica y los progresos científicos, que
eran a su vez los emergentes de nuevas formas de articulación y ordenamiento
del poder mundial, el derecho internacional, la soberanía y los Estados.
Si bien la contienda quedaba ahora limitada a los
ejércitos, las nuevas tecnologías de la muerte y las formas masivas de
eliminación del enemigo, constituyeron el prólogo de la masacre que durante la
Segunda Guerra enlutó al planeta, con la devastación sin precedentes de la población
civil, ciudades arrasadas, la utilización de armas atómicas, y el juzgamiento
final de los vencidos por parte de los primeros tribunales competentes para
entender respecto de la comisión de crímenes contra la Humanidad. Esa fue la
última gran confrontación entre naciones, entendido el concepto con arreglo a
las pautas tradicionales mediante las que hemos incorporado culturalmente el
concepto de guerra.
Las guerras actuales, en cambio, ya no son cruzadas
expansionistas tendientes a anexar territorios, ni a imponer una determinada
voluntad o ganar espacios en la disputa por mercados internacionales.
Por el contrario,
representan hoy en día una disputa cultural, se llevan a cabo con la
pretensión de imponer valores, formas de gobierno y estilos de vida, que
coinciden con un sistema económico y político determinado: la democracia
capitalista impulsada por el Imperio, una novedosa figura supranacional de
poder político[28]
.
Por lo tanto, a partir del desmembramiento de la ex Unión
Soviética y la caída del Muro de Berlín, el Imperio fue el encargado de
administrar el aniquilamiento de los enemigos, en una confrontación que debe
acabar necesariamente con la colonización cultural, territorial y económica de
los “distintos” -generalmente estigmatizados como “terroristas”- en un mundo
unipolar.
Estas características se exacerbaron, indudablemente, a
partir del 11-S y el incremento del riesgo que surge del primer ataque sufrido
por los Estados Unidos en su propio territorio, aunque habían formado también
parte del arsenal ideológico y cultural de los genocidios reorganizadores
perpetrados luego de la segunda guerra mundial.
La inmediata decisión de enfrentar al terrorismo apelando a
cualquier tipo de medios, adquirió una renovada significación de “guerra justa”, en la que no era
valorada positivamente la condición pacífica de la neutralidad que caracterizó
al derecho de gentes hasta el siglo
XIX.
En cambio, la participación en este tipo de conflictos pasa
a ser exhibida como una obligación
moral, asumida para contrarrestar o neutralizar
los riesgos que supone la supervivencia de los enemigos. Cualquier
medio, entonces, es válido para eliminar a los enemigos, incluso antes de que
éstos hayan llevado a cabo conducta de agresión u ofensa alguna[29].
Todo es legítimo si lo que quiere preservarse es un
determinado orden global, liderado de manera unilateral. Precisamente, para que
ese poder único alcance los fines proclamados de la paz y la democracia, “se le concede la fuerza indispensable a los efectos de
librar -cuando sea necesario- guerras
justas en las fronteras, contra los bárbaros y, en el interior, contra los
rebeldes”[30].
La censurable noción de “guerra
justa” -vale señalarlo- estuvo vinculada a las representaciones
políticas de los antiguos órdenes imperiales, y había intentado ser erradicada,
al parecer infructuosamente, de la tradición medieval por el secularismo
moderno.
Entonces -y también ahora-
supuso una banalización de la guerra y una banalización y absolutización del
enemigo en cuanto sujeto político. A este último se le banaliza como objeto de
represión, y se lo absolutiza como una amenaza al orden ético que intenta
restaurar o reproducir la guerra, a través de la legitimidad del aparato
militar y la efectividad de las operaciones bélicas para lograr los objetivos
explícitos de la paz, el orden y la democracia[31].
El caso testigo de esta nueva impronta de la guerra lo
configura la política exterior de los Estados Unidos, que pese al cambio de su
administración y el padecimiento de una fenomenal crisis financiera y política
interna, podría igualmente emprender en el futuro una nueva cruzada ética
contra Irán o Corea del Norte, cuando no ha logrado todavía saldar
decorosamente sus cruentas intervenciones policiales en Irak y Afganistán.
Al respecto, se ha entenido que el 11 de septiembre ha
cambiado nuestra subjetividad de ciudadanos de occidente, ha puesto al
descubierto la falsa conciencia de nuestra invulnerabilidad, la ilusión
inconsistente de nuestra seguridad eterna, el miedo a que “nosotros” engrosemos
la lista de víctimas que, durante otras catástrofes terribles de la segunda
mitad del siglo XX, afectaban a un mundo que considerábamos exterior, habitado por otros, de cuya existencia y padecimientos el primer mundo tomaba
conocimiento a través de las plácidas lecturas de los periódicos o mirando en
la televisión programas informativos que relataban guerras sin muertos, heridos
ni destrucción masiva[32].
Nosotros creemos que desde la reformulación del rol de la
OTAN, puesto de manifiesto con el ataque a Yugoslavia, se construyó un nuevo
control global punitivo, que ahora se expresa en distintas latitudes, regiones
y continentes.
Ese control no solamente se expresa con las ingentes
rovocaciones a una Rusia de nuevo y decisivo protagonismo en el contexto
global, sino también en una multiplicidad de intervenciones policiales de alta
intensidad y guerras de baja intensidad asociadas a golpes de mercados y
“primaveras” que se diseminan por todo el mundo, incluyendo, desde luego, a
América Latina.
Todas esas intervenciones van precedidas de gigantescas
campañas propagandísticas destinadas a manipular la opinión pública mediante
los grandes medios de comunicación afines. Las guerras, ahora, no comienzan con
bombas, sino con mentiras, ha señalado Michel Collon.
También, ese proceso ha ganado un generoso espacio en
materia cultural, fascistizando las relaciones internacionales y legitimando el
derecho penal de emergencia a través de retóricas vindicativas y utilitaristas,
que se han insertado exitosamente en las lógicas de los ciudadanos de la aldea
global.
“En los quince años
transcurridos desde entonces, el mundo imperialista no aprendió nada ni olvidó
nada. Sus contradicciones internas se agudizaron. La crisis actual revela una
terrible desintegración social de la civilización capitalista, con señales
evidentes de que la gangrena avanza”, decía León Trotsky en 1932[33] , en un trabajo que describía las crisis cíclicas del
capitalismo y su imbricación con las guerras. La cita conserva una dramática actualidad
y se asemeja demasiado a una profecía autocumplida.
Puesto en marcha, desde hace décadas, como hemos visto, un
sistema penal global de indudable rigor y verificada selectividad en materia de
gravísimas infracciones contra los Derechos Humanos de importantes colectivos
de víctimas, se hizo necesario poner al descubierto algunas particularidades
que plantea la realidad mundial contemporánea, absolutamente distinta de la que
existía hace apenas unos años.
La
profundidad de la crisis capitalista, desatada hace apenas un lustro, ha
influido de manera directa en el Derecho penal internacional actual.
En efecto,
el impacto de la crisis sobre los estados nacionales, su economía y su cultura,
no reconoce precedentes cercanos en el tiempo.
Por un
lado, las medidas adoptadas a todo nivel por los países centrales no han dado
los resultados esperados. Más bien, en algunos casos, han profundizado la
zozobra y acrecentado los temores de amplias capas de las sociedades
occidentales.
La
sensación generalizada de estar frente a una crisis de cualidades diferentes,
la emergencia de un mundo multipolar en materia de desarrollo económico, que a
la vez conserva vigente la figura de un gigantesco gendarme imperial, en
materia militar, han acrecentado la apelación a la categoría de las sociedades
“de riesgo”.
Las
incertidumbres abismales configuran el nuevo organizador de las vidas
cotidianas, a la sazón, el nuevo nombre del miedo, consustancial a las
sociedades tardomodernas.
Las
demandas de mayor soberanía de los bloques emergentes, la protesta social
universal, la fugacidad de los liderazgos de todo orden, en el marco de una
crisis estructural, ayudan a construir sociedades globales nihilistas,
articuladas por la desconfianza, los miedos
y la percepción de que el futuro se ha vuelto indudablemente más
complejo.
Los encargados de gobernar la penalidad en el
mundo, han sido también alcanzados por esa desconfianza, y su reacción
recurrente ha sido crear formas regresivas de control punitivo de los
distintos, considerados a priori peligrosos. Para constatar la verosimilitud de
esta afirmación no hay más que hacer un seguimiento de la evolución de los
nuevos paradigmas del penalismo contemporáneo.
El incremento de los nuevos riesgos ha operado cambios
trascendentales en la forma de concebir el biopoder, gestionar la
gubernamentalidad y establecer la política criminal de los Estados y de la
Comunidad Internacional, que se expresan actualmente mediante un deterioro
sostenido de los derechos y garantías de las personas criminalizadas, y en un
prevencionismo y un retribucionismo penal de perfiles inéditos, que han
transformado al derecho en un insumo en estado de excepción permanente.
El Derecho
penal interno de los Estados, opera en la actualidad con las mismas categorías
que el sistema penal internacional, acercando, como nunca antes, sus lógicas, a
la de la guerra.
La
analogía no es azarosa: el capitalismo ha saldado sus crisis cíclicas
recurriendo invariablemente a las guerras. La guerra, expresada como
gigantescas operaciones de limpieza de clase dirigidas contra los “enemigos”,
condiciona indudablemente al Derecho Penal Internacional contemporáneo.
Si bien el
neoliberalismo, que hace menos de tres décadas se autoerigía como el relato
único que ponía fin de la historia, ha resultado ser el paradigma más corto de
la historia humana.
El Consenso de Washington y sus recetas han colapsado
estructuralmente, y buena parte de la supervivencia del capitalismo global
depende de su eficacia para encubrir su política de control, bajo el pretexto
de un combate sostenido contra nuevas amenazas como el terrorismo, las
dictaduras populistas, o las difusas y nunca comprobadas amenazas nucleares.
[1] Zolo,
Danilo: “La Justicia
de los vencedores. De Nuremberg a Bagdad”, Editorial Trotta, Madrid, 2007, pp.
13 y 14.
[3] Hardt, Michael - Negri, Antonio: “Multitud. Guerra y
democracia en la era del Imperio”, Ed. Debate, Buenos Aires, 2004, p. 35.
[4] Albright, Madeleine, The Today Show, entrevista de la NBC con Marr Lauerr, 19 de
febrero de 1998, citada por Hardt,
Michael - Negri, Antonio:
“Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio”, Ed. Debate, Buenos
Aires, 2004, p. 29.
[5] Agamben,
Giorgio: “Estado de Excepción”, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2007, p.
58.
[6] Hardt, Michael - Negri, Antonio: “Imperio”, Editorial
Paidós, Buenos Aires, 2002, p. 33.
[7] Hardt,
Michael - Negri, Antonio:
“Multitud. Guerra
y democracia en la era del Imperio”, Ed. Debate,
Buenos Aires, 2004, p. 35.
[8] Hardt,
Michael - Negri, Antonio:
“Multitud. Guerra
y democracia en la era del Imperio”, Ed. Debate,
Buenos Aires, 2004, p. 39.
[10]
Aguirre, Eduardo Luis: “Elementos de control social en las
naciones sin Estado”, que se encuentra disponible en www.derecho-a-replica.blogspot.com
[11] Pinto,
Mónica: “El Derecho internacional. Vigencia y desafíos de un escenario
globalizado”, Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008, p. 163.
[12]
Pinto, Mónica: “El Derecho
internacional. Vigencia y desafíos de un escenario globalizado”, Editorial
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008,
163 y 164. También en este caso, resultan como mínimo cuestionables las
remanidas “operaciones para el mantenimiento de la paz”, que no han sido sino
agresiones deliberadas, que costaron la vida de centenares de miles de personas
en la Ex Yugoslavia,
Irak, Afganistán, Libia, etcétera.
[13] Pinto,
Mónica: “El Derecho internacional. Vigencia y desafíos de un escenario
globalizado”, Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008, 164.
[14] Delors, Jacques y Santer, Jacquees, ex presidentes de la Comisión Europea;
Helmut Schmiidt, ex canciller
aleman; Máximo d'Alema, Lionel Jospin, Pavvo Lipponen, Goran Persson,
Poul Rasmussen, Michel Rocard, Daniel Daianu, Hans Eichel,
Par Nuder, Ruairi Quinn y Otto Graf Lambsdorf: “La crisis no es el fruto del azar”,
disponible en http://www.lainsignia.org/2008/junio/int_002.htm
[15]Strauss-Kahn, Dominique, edición
del día 23 de septiembre de 2008 del
diario “La Nación”, disponible en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1052547
[16]
Torrero Mañas, Antonio: “La crisis financiera internacional”,
Instituto Universitario de Análisis Económico y Social”, Universidad de Alcalá,
texto que aparece como disponible en
http://www.iaes.es/publicaciones/DT_08_08_esp.pdf
[17] Rosanvallon, Pierre: “La
contrademocracia”, Editorial Manantial, Buenos Aires, 2007.
[18] Climent
San Juan, Víctor: “Sociedad del Riesgo: Producción y Sostenibilidad”,
Revista de Sociología, N°. 82, 2006, p. 121, disponible en
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2263896.
[19] Polaino
Navarrete, Miguel: “La controvertida legitimación del Derecho penal en
las sociedades modernas: ¿más Derecho penal?”, en “El Derecho penal ante las
sociedades modernas”, Editorial Jurídica Grijley, Lima, 2006, p.76.
[20] O´Malley, Pat: “Riesgo, Neoliberalismo y Justicia Penal”,
Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2006, pp. 168 y 169.
[21] O´ Malley, Pat: “Riesgo, Neoliberalismo y Justicia Penal”,
Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2006, pp. 21 y 22.
[22] Agamben, Giorgio: “Estado de excepción”,
Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2007, p. 6.
[23] Polaino
Navarrete, Miguel: “La controvertida legitimación del Derecho penal en
las sociedades modernas: ¿más Derecho penal?”, en “El Derecho penal ante las
sociedades modernas”, Editorial Jurídica Grijley, Lima, 2006, p. 76.
[24] Polaino-Orts, Miguel: “Verdades y
mentiras en el Derecho penal del enemigo”, en Revista de l Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales,
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), nueva serie, año 5, nº 9, Editorial
Dunken, Buenos Aires, 2011, pp. 426 s.
[25] Ramos, Jorge Abelardo: “América Latina: un país”, Ediciones Octubre,
Buenos Aires, 1949, p. 16.
[26]
Aguirre, Eduardo Luis: “Inseguridades
globales y sociedades contrademocráticas. La desconfianza como articulador del
nuevo orden y como enmascaramiento de las contradicciones Fundamentales”, en “Elementos de Política Criminal. Un
abordaje de la Seguridad en clave democrática”, Universidad
de Sevilla, trabajo de investigación presentado para la obtención del DEA,
Programa de Doctorado “Derecho Penal y Procesal”, Universidad de Sevilla, 2010.
[27] Frade, Carlos: “La nueva naturaleza de la guerra en el
capitalismo global”, Le Monde Diplomatique en español, septiembre de 2002,
disponible en http://www.sindominio.net/afe/dos_guerra/naturaleza.pdf
[28] Hardt, Michael- Negri, Antonio: “Multitud.
Guerra y democracia en la era del Imperio”, Ed. Debate, Buenos Aires, 2004, p
41.
[29]
Hardt,
Michael - Negri, Antonio:
“Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio”, Ed. Debate, Buenos
Aires, 2004, p 30.
[30] Hardt,
Michael - Negri, Antonio:
“Imperio”, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2002, p. 27. En este caso, lo
ocurrido en Irak importa un ejemplo por demás elocuente. Los invasores (la denominada
“Autoridad Provisional de Coalición Iraquí”) fueron habilitados para “colaborar” en la
creación de un Consejo de Gobierno,
compuesto fundamentalmente por “notables” afines a los intereses
norteamericanos, durante cuya “administración” entraría en vigencia
originariamente, desde el 10 de diciembre de 2003, el Alto Tribunal Penal Iraquí, que debería
juzgar (ratione materiae) las graves
violaciones a los derechos humanos (crímenes de guerra, delitos de lesa
humanidad y demás delitos considerados en la legislación interna
iraquí),cometidas entre el 17 de julio de 1968 y el 1° de mayo de 2003 (ratione temporis,según artículos 1 y 10
del Estatuto), abarcando los crímenes cometidos en Irak, pero también en la
guerra contra Irán y la
Invasión de Kuwait (ratione
loci). El Tribunal de Irak, en cuyas conformación y decisiones tvieron
activa participación juristas estadounidenses e igleses, debió ser constituido
con la participación de la ONU,
por tratarse de la persecución de crímenes contra el derecho internacional, que
no hubieran sido juzgados libremente por las autoridades iraquíes (al menos de
esta manera) si no hubiera mediado la invasión; contó con jueces de “identidad
reservada”, con la excepción de su presidente, que dimitió a los 4 meses de
comenzada su gestión denunciando presiones del gobierno provisional; violó las
garantías básicas del debido proceso, y fue un ejemplo de conversión ex post
facto de la guerra en “derecho”.
[31] Hardt,
Michael - Negri, Antonio:
“Imperio”, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2002, p. 29.
[32]
Ferrajoli, Luigi: “Las razones del pacifismo”, http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=174865.
El recuerdo de las sórdidas imágenes televisivas de la Guerra del Golfo y la
invasión ulterior de Irak remiten a esta nueva versión de guerras sin
consecuencias visibles, que reflejan contradicciones políticas de por sí
difícilmente inteligibles, de manera direccionada y tendenciosa.