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Cuando hablamos de los Panamá Papers y su verdadera significación y dimensión, tropezamos con una gigantesca maquinaria propagandística hegemónica local que pretende reducir este tipo de conductas a meras infracciones administrativas, cuando no a una expresión intrínseca a la libertad de empresa. Este comportamiento insólito solamente se comprende porque el presidente de la Nación y parte de su grupo más cercano aparecerían seriamente implicados en este escándalo internacional sin precedentes, que en condiciones menos desiguales de la lucha por la cultura y el sentido común, habrían tenido un desenlace diametralmente distinto. Estos efectivos y denodados esfuerzos por minimizar pòsibles delitos de cuello blanco, son, en realidad, algunas de las denominadas "técnicas de neutralización" que Edwin Sutherland explicaba en sus estudios sobre los ilegalismos de los poderosos, que han merecido suficientes abordajes en esta misma hoja. En síntesis, y como ya lo expresáramos en esas oportunidades, se trataría de delitos cometidos por personas que gozan de un alto status social y que se cometen en el ejercicio de sus respectivas funciones. Ese tipo de perpetradores, a diferencia de los que el mismo Sutherland caracteriza como "ladrones profesionales", nunca se asume como delincuente y cuenta, para eso, con dos herramientas legitimantes por demás efectivas. Una de ellas es un sistema de percepciones hegemónico y organizador de las sociedades capitalistas, que asimila la "inseguridad" únicamente a los delitos de calle o de subsistencia, y que a lo sumo desaprueba los denominados delitos contra la administración pública, a los que asimila como "la corrupción", escamoteando la categoría de "estado ampliado" que indudablemente integran estas corporaciones de poderosos, como enseña Gramsci. Otras son, como ya enunciamos, las técnicas de neutralización que desarrollan todos los delincuentes, y que en el caso de los delitos de cuello blanco, generalmente tienen que ver con intentos más o menos consistentes de menospreciar o controvertir las acusaciones, exhibirlas como un ejercicio de la libertad individual o justificarlas por medio de la necesidad de sobreponerse a un exagerado intervencionismo estatal que "ahoga" a la "libre empresa", entre otros pretextos. Abstracción hecha de estas especulaciones criminológicas aclaratorias, conviene tener en cuenta cómo se visualizan este tipo de prácticas desde los países "serios" a los que tanto hemos querido parecernos. Compartimos con nuestros lectores una edición del programa "Fort Apache" de la cadena Hispavisión, que conduce el referente de "Podemos", Pablo Iglesias.
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Por División Las Heras
En poco más de cien días aciagos, ha quedado claro que a estas nuevas derechas no se le pueden dar ventajas. A su sólida representatividad de antiguas hegemonías e intereses foráneos, claramente contrarios a los de la mayoría del pueblo argentino, le añaden un equipo de lúmpenes burgueses dispuestos a hacer la tarea sucia capaz de provocar a la Argentina un retroceso en tiempo récord, desmontando las tareas incompletas del desarrollo autonómico articuladas por el gobierno kirchnerista durante más de diez años. Con su enorme potencialidad transformadora y sus contradicciones, sus errores y sus crípticas opacidades, por todos conocidas.
Dispone además, el gobierno neocon criollo, de vínculos empresariales que se conjugan con la complicidad sin límites de los medios de comunicación dominantes, especialistas en impactar en la opinión "pública", en particular en la de los sectores más despolitizados de las clases medias urbanas.
La disputa sobre la cultura se salda, en buena medida, en esos territorios. En la capacidad popular de articular sistemas de información alternativos, y no tanto en los medios de comunicación convencionales, jaqueados por la creciente falta de legitimidad y confiabilidad con las que la mayoría del pueblo comienza claramente a identificarlos.
Esos medios, igualmente, han intentado infructuosamente -hasta ahora- subalternizar, con la absurda novela de un plantel de corruptos de cabotaje, la inscripción de Macri y sus principales acólitos en un sistema de control global. Un círculo de poder financiero al que bien podríamos denominar imperialismo, perpetrador de la debacle de países enteros (denunciada hasta por el propio Presidente Obama), violentando, las reglas impuestas por la mismísima "comunidad internacional" a la que durante tanto tiempo el establishment argentino dijo querer parecerse. Báez pasa a ser, de esa manera, la "contracara" pedestre ("fea, sucia y mala") , menor, de un gigantesco sistema de expoliación global del que participa protagónicamente la matriz macrista. Esa que los medios argentinos, en soledad global, naturalizan, cuando no invisibilizan sin remordimiento ni prurito alguno. Hasta que comienza a agitarse la pesadilla tan temida: los vínculos del chivo expiatorio con el riñón del macrismo.
Hace unos días Carlos Pagni advertía en La Nación que la campaña “mani pulite” que están impulsando groseramente los medios concentrados y el Partido judicial brasileño contra Dilma, preocupan a empresarios y funcionarios argentinos:
“... ahora sobran testimonios de legisladores que reciben llamadas de antiguos funcionarios y empresarios preocupados por un uso imprudente de estas normas. No vaya a ser que Brasil sea un espejo que adelanta.
El espejo brasileño devuelve una imagen deformada a la Argentina. En 2004, Moro estudió el proceso mani pulite (http://s.conjur.com.br/dl/artigo-moro-mani-pulite.pdf), que en 1992 produjo en Italia una revolución en cámara lenta. Extrajo una lección: como la corrupción suele ocultarse en sofisticados montajes institucionales, es indispensable contar con arrepentidos que ofrezcan precisiones sobre los delitos. Y para que los delincuentes se arrepientan hace falta meterlos en la cárcel. El método desata reacciones en cadena: el preso que supone que en otra celda alguien lo delata, pide confesar sus fechorías para negociar la pena. La otra enseñanza de los fiscales italianos fue que las investigaciones deben legitimarse ante la opinión pública con la filtración de datos a la prensa..... Los magistrados están hiperactivos para autopreservarse".
El columnista anticipaba que el gobierno puede haberse arrojado a una ciénaga sin fondo que terminará fatalmente devorándolo.
Así como en su momento anticipábamos que la citación a CFK de Bonadío era sólo una enorme pantalla para ocultar el particular negocio real que habían hecho Macri y sus Ceos con el dólar futuro y que C5N detallaba en absoluta soledad, creemos que aún con el manejo de los “arrepentidos”, el Poder Judicial y la creación de un clima de época mediante los medios hegemónicos, el tiro al gobierno le puede salir otra vez por la culata. Igual que al juez autonomizado, enterrado a manos de una primera multitud de decenas de miles de militantes que acompañaron un día hábil bajo la lluvia a CFK, en la primera gran pueblada contra la derecha encaramada en el gobierno. La primera de tres en cinco meses.
Los promotores de la mani pulite vernácula están caminando por el filo de la navaja, ya que el poder real sigue siendo el mismo y tanto jueces aptos para todo servicio, empresarios, políticos “influyentes” y medios concentrados siguen siendo también los mismos. Que se encuentran estrecha y peligrosamente (para ellos y para el gobierno) emparentados en sus intereses de clase con los burgueses litoraleños del Brasil. Y en el caso de los empresarios, hasta a veces son los mismos a ambos lados de la frontera o al menos conservan lazos carnales.
Esto genera una situación extremadamente complicada para el gobierno, ya sea por su incapacidad manifiesta o por su preocupación centrada exclusivamente en transferir riquezas a los sectores más concentrados del capital, y en atender sus rapaces intereses particulares, que quedaría una vez más al descubierto. Basta recordar que hasta en el episodio de Báez asumen un rol protagónico personajes "vinculado"s a Macri.
Mientras tanto, los CEOS en el gobierno siguen sembrando miedo (encarnan la nueva "inseguridad" percibida como principal temor por los argentinos) y devastación, disminuyendo el salario promedio al del año 2007, lo que augura que ninguna recuperación será fácil ni rápida, a menos que el próximo gobierno nacional y popular decida llevar adelante las tareas incumplidas por un keynesianismo táctico que ha demostrado que es capaz de producir un empoderamiento masivo y provocar una inclusión social sin precedentes. Pero que también se ha revelado como insuficiente e incapaz de desapoderar a los sectores hegemónicos de segmentos estratégicos de la economía y la cultura.
Lejos de parar la pelota, la lumpenburguesía acelera -mientras tanto- la destrucción sistemática de la riqueza nacional y multiplica el endeudamiento del país. La pulseada contrahegemónica debería llevar a fondo las investigaciones de corrupción, cuentas off shore, complicidad con los sectores más concentrados de la economía interna y con los centros financieros de mayor densidad del capital mundializado, la evasión, el enriquecimiento ilegal de políticos y empresarios para, al menos, dejar en evidencia de que es la matriz del robo la que caracteriza la rapacidad neoliberal. También su adscripción a formas de disciplinamiento y control que pasan por la construcción de un nuevo enemigo -el narcotráfico- respecto del cual no habrá límites ni garantías en una "lucha" que binariza la conflictividad y militariza la disputa, incluso con la participación de potencias que representan la centralidad misma del imperio.
La respuesta popular debe pasar por la consolidación de un bloque histórico, que acierte en la construcción de una diagnóstico y una propuesta política que hasta ahora (debemos admitirlo) no existe. Que obviamente deberá ser llevada adelante por el pueblo “empoderado”. O sea, con la participación consciente, organizada y activa de las grandes mayorías.
La ardua transición admite escenarios distintos. Uno, reproduce la deriva conservadora que parece no tener fin, y en ese caso estaríamos ante un epílogo abierto que obliga a pensar alternativas de cara a la necesidad de generar una densidad democrática acorde con escenarios rupturistas provocados por la derecha en el poder y los millones de nuevos pobres y desocupados que habrá generado en estos meses. En ese caso, el pueblo deberá estar igualmente atento a las pulsiones exógenas, que no suelen ser contemplativas ni piadosas con los gobiernos autonómicos y las gestas emancipatorias en cualquier lugar del mundo. Ese contexto hipotético permitiría una exhibición obscenamente tergiversada de la realidad objetiva. Las grandes cadenas comunicacionales han demostrado ser especialistas en este sentido.
Otro contexto posible -igualmente complejo- es que la bicicleta financiera y el eudeudamiento suicida le den un aire inesperado al gobierno, a costa de nuevas calamidades.
Un aire que debe ser interpretado en su real dimensión. Los ingresos de capitales en un marco de bicicleta financiera complaciente (apertura de cuenta de capitales) contribuyen a financiar los déficits de las cuentas corrientes (la álgida relación exportaciones-importaciones) o el balance comercial (mediante los que se incorpora servicios. Cuando la tendencia se revierta y revele la profundidad de aquella ficción macabra, la clase trabajadora será -nuevamente- la que mayores daños sufrirá. Y será también , como siempre, el sector más dinámico y progresivo de cara a las contradicciones que vienen.
Un aire que debe ser interpretado en su real dimensión. Los ingresos de capitales en un marco de bicicleta financiera complaciente (apertura de cuenta de capitales) contribuyen a financiar los déficits de las cuentas corrientes (la álgida relación exportaciones-importaciones) o el balance comercial (mediante los que se incorpora servicios. Cuando la tendencia se revierta y revele la profundidad de aquella ficción macabra, la clase trabajadora será -nuevamente- la que mayores daños sufrirá. Y será también , como siempre, el sector más dinámico y progresivo de cara a las contradicciones que vienen.
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Por María Liliana Ottaviano (1)
En el marco general de los procesos de desmanicomialización que se
han llevado a cabo en todo el mundo y a los cuales insta la Oficina
Panamericana de la Salud a través de la Declaración de Caracas, los
Principios de Brasilia y el Consenso de Panamá se propone desplazar el eje
de la atención brindada en el Hospital psiquiátrico hacia estrategias de
atención primaria de la salud con base en la comunidad y promover la
atención de pacientes con trastornos mentales en servicios de hospitales
generales.
Estas propuestas suponen cuestionar las formas tradicionales de
atención en salud mental, desplazando la visión psiquiátrica
hospitalocéntrica hacia una atención de tipo comunitaria que incluya “lo
mental” en el sistema sanitario, partiendo de los derechos humanos de los
pacientes, los usuarios y familiares.
Esto implica, por ejemplo, seguir insistiendo en el derecho a vivir en comunidad y en el principio de intervención mínima de las Naciones Unidas (Art. 29 Declaración Universal de los Derechos Humanos). En nuestro país todavía subsiste un modelo de servicios centrado en el hospital psiquiátrico, conjuntamente con un modelo de abordaje comunitario centrado en la Atención Primaria de la Salud, un espacio singular, transicional, de entrecruzamiento de distintos paradigmas, donde conviven diferentes posturas ideológicas y disciplinares en el campo de la salud mental. El cambio implica reducir en forma progresiva los dispositivos de internación e integrar la atención de salud mental en los servicios de salud generales con base comunitaria Los recursos para afrontar esta enorme carga son insuficientes, y no están distribuidos apropiadamente. Para reducir la brecha de tratamiento, es necesario optimizar el uso de los recursos disponibles, reestructurar los servicios de salud mental basados en un modelo de tipo comunitario y garantizar la protección de los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales y sus familias. Los resultados de las acciones de prevención secundaria y terciaria en el marco de las políticas, planes y programas, tienden a mejorar la calidad de vida de las personas con trastornos mentales y sus familiares; a facilitar a los usuarios su inclusión en la comunidad; a mejorar su capacidad laboral; a lograr la disminución de los síntomas de su trastorno; a prevenir la comorbilidad física y de las sustancias y a disminuir la mortalidad prematura. Para el año 2010, de la población total de adultos de 15 años y más en Argentina, se estimaba que probablemente el 21 % (6.285.066) padeciera algún trastorno mental durante el último año. Para dicha estimación se extrapolaron datos obtenidos en diferentes estudios epidemiológicos de tipo comunitario sobre trastornos mentales en países de América Latina y el Caribe, a fin de poder llegar a contar con una estimación nacional.(2). Siguiendo esta línea, en la provincia de La Pampa, el total de población de 15 años y más, según Censo 2010, es de 236.509 personas. El 21% se correspondería con 49.670 personas que podrían padecer algún trastorno mental en el último año (es necesario aclarar que en esta estimación se presentan trastornos severos conjuntamente con otros trastornos que pueden ser considerados menores). Tomando como base dichos antecedentes, surge con evidencia la necesidad de contar con un diagnóstico epidemiológico y sanitario de salud mental a nivel nacional y provincial que permita asignar prioridades y evaluar el impacto de aquellas las intervenciones adoptadas para lograr un cuestionamiento del paradigma tradicional.
Esto implica, por ejemplo, seguir insistiendo en el derecho a vivir en comunidad y en el principio de intervención mínima de las Naciones Unidas (Art. 29 Declaración Universal de los Derechos Humanos). En nuestro país todavía subsiste un modelo de servicios centrado en el hospital psiquiátrico, conjuntamente con un modelo de abordaje comunitario centrado en la Atención Primaria de la Salud, un espacio singular, transicional, de entrecruzamiento de distintos paradigmas, donde conviven diferentes posturas ideológicas y disciplinares en el campo de la salud mental. El cambio implica reducir en forma progresiva los dispositivos de internación e integrar la atención de salud mental en los servicios de salud generales con base comunitaria Los recursos para afrontar esta enorme carga son insuficientes, y no están distribuidos apropiadamente. Para reducir la brecha de tratamiento, es necesario optimizar el uso de los recursos disponibles, reestructurar los servicios de salud mental basados en un modelo de tipo comunitario y garantizar la protección de los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales y sus familias. Los resultados de las acciones de prevención secundaria y terciaria en el marco de las políticas, planes y programas, tienden a mejorar la calidad de vida de las personas con trastornos mentales y sus familiares; a facilitar a los usuarios su inclusión en la comunidad; a mejorar su capacidad laboral; a lograr la disminución de los síntomas de su trastorno; a prevenir la comorbilidad física y de las sustancias y a disminuir la mortalidad prematura. Para el año 2010, de la población total de adultos de 15 años y más en Argentina, se estimaba que probablemente el 21 % (6.285.066) padeciera algún trastorno mental durante el último año. Para dicha estimación se extrapolaron datos obtenidos en diferentes estudios epidemiológicos de tipo comunitario sobre trastornos mentales en países de América Latina y el Caribe, a fin de poder llegar a contar con una estimación nacional.(2). Siguiendo esta línea, en la provincia de La Pampa, el total de población de 15 años y más, según Censo 2010, es de 236.509 personas. El 21% se correspondería con 49.670 personas que podrían padecer algún trastorno mental en el último año (es necesario aclarar que en esta estimación se presentan trastornos severos conjuntamente con otros trastornos que pueden ser considerados menores). Tomando como base dichos antecedentes, surge con evidencia la necesidad de contar con un diagnóstico epidemiológico y sanitario de salud mental a nivel nacional y provincial que permita asignar prioridades y evaluar el impacto de aquellas las intervenciones adoptadas para lograr un cuestionamiento del paradigma tradicional.
Epidemiología en Salud Mental y Adicciones:
En el tránsito del paradigma asilar-tutelar -que rigió históricamente la
concepción y el abordaje de la salud mental en Argentina- hacia un
paradigma comunitario y promotor de los derechos humanos que cobró
renovado impulso a partir del año 2010 con la sanción de la Ley Nacional
de Salud Mental Nº 26.657, se impone el desafío de edificar un nuevo ordenamiento jurídico, administrativo y sanitario, incorporando el aporte de
los saberes profesionales y populares. Una transformación, aún en proceso,
que planteó –sigue planteando- el desafío de hacerla sólida y a la vez lo
suficientemente permeable a futuros aportes.
Entendemos a la epidemiología como la ciencia dedicada al estudio de
los procesos colectivos de salud-enfermedad-atención. Se encarga de
abordar los fenómenos que atraviesan el campo de la salud y sus
manifestaciones a nivel poblacional. Los eventos de salud mental presentan
particularidades específicas propias de un proceso complejo como es la
subjetividad.
La construcción de la disciplina no ha sido sencilla, sin embargo se ha
avanzado sobre diferentes aspectos que permiten establecer bases para el
estudio y la construcción de espacios de trabajo y producción de
conocimiento. A nivel latinoamericano, estas luchas se fueron dando
simultáneamente, en diferentes países con retrocesos y avances. El Consejo
Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS, 2009) –
del que Argentina forma parte-, aprobó el documento “Estrategia y Plan de
Acción sobre Salud Mental”, en lo que puede considerarse un hito histórico
de extraordinaria importancia. La Estrategia recoge la experiencia alcanzada
en nuestro continente, en especial en las últimas dos décadas, y expresa el
compromiso de todos los gobiernos de la región acerca del evento. El
documento se estructura en cinco Áreas Estratégicas, una de las cuales se
refiere al fortalecimiento de la capacidad para producir, evaluar y emplear
información sobre salud mental.
Los sistemas de registro y de información del sector salud son un
elemento clave para reducir la brecha existente en términos de información
y apoyar a la gestión de los servicios. Estos no pueden ser un simple
mecanismo de recolección de datos sino que es la principal herramienta
para la realización de acciones de salud basadas en evidencia.
La Estrategia plantea tres objetivos principales:
1) Evaluar integralmente los Sistemas de Salud Mental en los países,
estableciendo una línea de base y realizando el seguimiento de la situación.
2) Mejorar el componente salud mental de los sistemas nacionales de información,
asegurando la recopilación y el análisis regular de datos básicos en
salud mental.
3) Fortalecer la investigación en el campo de la salud mental en el contexto
de las necesidades de cada país y los recursos disponibles.
Al igual que los sistemas de información, el desarrollo de líneas de
investigación en el campo de la Salud Mental es de vital importancia para el
fortalecimiento de la Salud Mental.
En 2013, el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013 – 2020
(OMS 2013) reitera entre sus objetivos reforzar los sistemas de
información, los datos científicos y las investigaciones sobre Salud Mental,
ya que son componentes básicos para un adecuado proceso de elaboración
de políticas, planificación y evaluación en materia de salud mental. En
relación a ésto es importante señalar que el sistema de salud argentino
posee la característica de estar fuertemente fragmentado y desarticulado
debido a que operan tres subsectores de atención a la salud: Público, Obras
Sociales y Privado.
Además, dado que el país presenta diversas realidades regionales, es
importante contar con información actualizada y oportuna que las refleje
para orientar las políticas públicas en la materia; que no sólo protejan y
promuevan la salud mental de todas las personas y que respalden el pleno
goce de los derechos humanos de aquellas con algún padecimiento mental
sino que permitan también planificar acciones que garanticen el
cumplimiento de dichas políticas. Para tal fin, es indispensable fundamentar
dichas acciones con información veraz, confiable y actualizada que conlleve
a la efectividad de las mismas.
En este sentido, desde el año 2010 Argentina cuenta con la Ley
Nacional de Salud Mental Nº 26.657, siendo la Dirección Nacional de Salud
Mental y Adicciones (DNSMyA) la autoridad de aplicación de la misma. A lo
que se suma el Decreto Reglamentario 603/2013 aprobado por el Poder
Ejecutivo en mayo de 2013, en el cual se definieron, aclararon y
desagregaron los contenidos del articulado de la mencionada ley. El 20 de
enero de 2014 se aprobó oficialmente el Plan Nacional de Salud Mental
(PNSM) 2013-2018, por medio del cual se proponen una serie de acciones y
metas de trabajo para asegurar el derecho a la protección de la salud
mental de la población y el pleno goce de los derechos humanos de las
personas con padecimiento mental, según lo establecido por dicha Ley y su
Decreto Reglamentario.
El Plan Nacional tiene como propósito “proteger y promover la
salud/salud mental de todos los habitantes, formulando contenidos para el
diseño, implementación, monitoreo y evaluación de estrategias, planes,
proyectos, programas, actividades, procedimientos, directrices e
intervenciones; jerarquizar e integrar el campo de la Salud Mental en el
campo de la Salud y de las políticas públicas en general; y disminuir la
brecha entre la necesidad y el acceso de la población a la red de servicios
de salud mental”(3)-
La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones como autoridad
de aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental y en el marco del Plan
Nacional de Salud Mental determina como dimensiones más relevantes para
monitorear las siguientes:
1) Padecimientos y trastornos mentales en general (Morbilidad atendida)
2) Consumo de sustancias psicoactivas (Consumo episódico excesivo de
alcohol)
3) Violencia (Suicidios)
4) Red de servicios de Salud Mental y Adicciones (adecuación a la Ley
26657/2010)
El Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Mental se nutre de
información propia y de la proveniente de otras fuentes como estadísticas
vitales (nacimientos, muertes), estadísticas hospitalarias (egresos y
producción de los servicios), estadísticas y censos (datos demográficos y
encuestas permanentes de hogares).
En relación a los padecimientos y trastornos mentales, la información
será proveniente de las estadísticas hospitalarias, el Registro Nacional de
Personas Internadas por motivos de Salud Mental (RESAM) y los Egresos
hospitalarios por trastornos mentales y del comportamiento.
En lo que respecta al consumo problemático de alcohol la principal
estrategia utilizada es el análisis de las encuestas epidemiológicas
realizadas en forma periódica o continuada. Tanto la Encuesta Nacional
sobre Prevalencia de Consumo de Sustancias Psicoactivas, como la Encuesta (3) Nacional de Factores de Riesgo (MSAL 2011) y la Encuesta Mundial de Salud
Escolar constituyen una fuente de datos que permitirá evaluar la
prevalencia de ciertas condiciones o factores de riesgo.
Esta estrategia ha demostrado ser de suma utilidad, sobre todo para obtener información, por ejemplo, sobre factores de riesgo potenciales y hábitos personales. Asimismo, se utiliza la misma estrategia para el intento de suicidio, cuyas fuentes de información son: la Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE 2007, 2012), el Sistema de Vigilancia de Lesiones Externas (SIVILE), Egresos hospitalarios por lesiones intencionales autoinfligidas.
Del análisis de estas fuentes se evaluará la pertinencia de generar nuevas estrategias de vigilancia en Salud Mental. En lo que respecta al suicidio corresponde la vigilancia de mortalidad, utilizando como fuente de información las estadísticas vitales; específicamente los datos estadísticos de mortalidad Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo, analizando las defunciones por causas externas de los registros permanentes de estadísticas vitales.
Esta estrategia ha demostrado ser de suma utilidad, sobre todo para obtener información, por ejemplo, sobre factores de riesgo potenciales y hábitos personales. Asimismo, se utiliza la misma estrategia para el intento de suicidio, cuyas fuentes de información son: la Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE 2007, 2012), el Sistema de Vigilancia de Lesiones Externas (SIVILE), Egresos hospitalarios por lesiones intencionales autoinfligidas.
Del análisis de estas fuentes se evaluará la pertinencia de generar nuevas estrategias de vigilancia en Salud Mental. En lo que respecta al suicidio corresponde la vigilancia de mortalidad, utilizando como fuente de información las estadísticas vitales; específicamente los datos estadísticos de mortalidad Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo, analizando las defunciones por causas externas de los registros permanentes de estadísticas vitales.
Antecedentes, Contexto Nacional y Provincial:
En el marco de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental
Nº 26.657 y del Plan Nacional de Salud Mental, la Dirección Nacional de
Salud Mental y Adicciones propone diseñar e implementar un sistema de
información en Salud Mental y Adicciones que permita disponer de datos
actualizados y permanentes acerca de las principales problemáticas del área
en las diferentes jurisdicciones del país para la toma de decisiones de
políticas públicas en la materia.
Sosteniendo la idea de que la mejor forma de construir un sistema de
información en salud mental y adicciones es junto a los actores
involucrados, la definición de los indicadores debe partir de la experiencia
concreta de los equipos de trabajo locales, reconociendo la participación de
los actores sociales como estrategia indispensable de cualquier intervención
poblacional en salud mental.
En el Encuentro Nacional de Referentes de Salud Mental y Adicciones
realizado en noviembre de 2012, se socializó la Propuesta
de Fortalecimiento de Epidemiología en Salud Mental y Adicciones en las
diferentes jurisdicciones del país.
Para dar continuidad a esta propuesta, se realizaron diferentes
encuentros tanto regionales como nacionales, con la metodología de mesa
de trabajo contando con la participación de los referentes de epidemiología
y miembros de las áreas de Salud Mental y Adicciones de cada provincia
El equipo nacional presentó las prioridades sobre las que en el año
2014 se decidió avanzar, en la convicción de que el abordaje de la SM y las
Adicciones en el campo epidemiológico, tiene una particular complejidad y
una necesidad imperiosa de visibilizar las demandas de atención en SM y
adicciones de nuestras poblaciones:
* Mortalidad por suicidios
* Intentos de Suicidios
* Egresos hospitalarios.
* Consultas ambulatorias en Salud Mental en los diferentes niveles de atención, e Intervenciones comunitarias.
*Carga y análisis de datos en el RESAM (Registro de personas internadas por motivos de SM)
De esta manera la información epidemiológica se constituye en un recurso fundamental para el desarrollo de una salud mental promotora de los derechos humanos y un excelente insumo para optimizar las políticas públicas en salud mental y adicciones. Santa Rosa, Abril 2016.
* Mortalidad por suicidios
* Intentos de Suicidios
* Egresos hospitalarios.
* Consultas ambulatorias en Salud Mental en los diferentes niveles de atención, e Intervenciones comunitarias.
*Carga y análisis de datos en el RESAM (Registro de personas internadas por motivos de SM)
De esta manera la información epidemiológica se constituye en un recurso fundamental para el desarrollo de una salud mental promotora de los derechos humanos y un excelente insumo para optimizar las políticas públicas en salud mental y adicciones. Santa Rosa, Abril 2016.
El presente escrito recopila información y textos de la siguiente bibliografía:
http://www.msal.gob.ar/saludmental/images/stories/info-equipos/pdf/2013-09-
26_ley-nacional-salud-mental.pdf
http://www.msal.gob.ar/saludmental/images/stories/info-equipos/pdf/2013-10-
29_plan-nacional-salud-mental.pdf
http://www.msal.gob.ar/saludmental/images/stories/info-equipos/pdf/2013-03-
22_experiencias-territoriales-sistematizacion-informacion.pdf
http://www.msal.gob.ar/saludmental/images/stories/recursoscomunicacion/pdf/2015-05-07_politicasp-publicas-en-sm.pdf
(1) Licenciada en Psicología. UNSL.Especialista en Salud Mental Comunitaria. UNLa. Magister en Salud Pública. UNC.
(2) Sistema de Vigilancia Epidemiológica en SM y A. Boletín N°1. Estimación de la población afectada de 15 años y más por trastornos mentales y del comportamiento en Argentina. Ministerio de salud de la Nación. Año 2010.
(3) Plan Nacional de Salud Mental. Dirección Nacional de Salud Mental. Ministerio de Salud de la Nación. Octubre 2013.
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Por División Las Heras
Pese al blindaje colosal de los medios adictos, y la decisión de la derecha de instalar una escalada revanchista en base a sofismas que sensibilizan la epidermis moral selectiva de la clase media, siempre lista para transformar la política en un hecho policial o judicial, la aparición del affaire Panamá ha estallado en el centro de la construcción de los publicistas neoconservadores. Y -por su magnitud y volumen- ha producido un impacto de connotaciones irreversibles para el gobierno de Mauricio Macri. Aquí no está en juego una nueva edición de las inmoralidades domésticas a las que nos tiene acostumbrados la intencionada caricaturización de la política criolla. Por lo tanto, exhibir la integración de cuentas off shore con la misma ligereza con la que lo hacen desde el oficialismo, planteando una suerte de “suma cero”, un empate en el corruptómetro social, no sólo no aclara sino que oscurece el imprescindible análisis conceptual. La aparición de Macri en esa lista de mala fe, desnuda algo mucho más grave que la insoportable levedad del empresario de pasado y presente opaco, que acertó a ganar las últimas elecciones generales argentinas. Por el contrario, la evidencia incontrastable pone de relieve la lógica de un imperio global de rapiña, de una necesidad del capital concentrado de incumplir a rajatablas las normas formales que el propio sistema financiero establece, utilizando instrumentos que se conciben para ocultar las más tremendas prácticas del delito organizado mundial. Allí eligió ubicarse Macri.En este nuevo modelo de acumulación de capital financiero. Esa es la tarea que en su nombre ejerce la lumpenburguesía que integra. Ese es el mundo cargado de emprendedurismo que, a su manera,y por su condición de clase, expresa. No es sólo la continuación de la evasión y el contrabando por otros medios. Es la certeza de que si el aluvión de dólares prometido (la llegada del nuevo mesías usurero) debería explicarse por la confianza, la confianza no podría explicarse por la adhesión a las cuentas secretas en paraísos fiscales, develadas a partir de un cúmulo de información que hace empalidecer a Wikileaks. Es el fin del pedestre relato macrista, con el que Durán Barba ha logrado hacer ganar elecciones a sujetos impresentables, entre ellos el director confeso de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd (y eventualmente de otra, u otras, que comienzan a aparecer en las redes sociales, ante la contumaz censura mediática impuesta por el establishment comunicacional). A esta altura,lo inocultable es que el endeudamiento se organizó para financiar la fuga descarada. Es anecdótico que justo ahora apareciera un "datito" del presidente, porque, en definitiva, eso es solo la punta del iceberg.
Lo central, como lo venimos diciendo desde enero, es que este gobierno bárbaro está dejando tierra arrasada, hambre, desocupacion, miseria, para poder financiar la fuga de capitales también a sus propios bolsillos offshore y programar la entrega del país al gran capital, mediante algunas modalidades que conocemos y otras que, por puro instinto de conservación, preferimos no imaginar.
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Por Eduardo Luis Aguirre
El cinismo imperial jugando a la pelota, pegándole con tres dedos, con displicencia, frente a la colonización cultural berreta de una platea de nativos paralizados de admiración, torna más agobiante las imágenes. Esas que con un dejo inocultable de provocación reivindica la estética rediviva de la derecha argentina, reinventada, justamente, a 40 años del golpe.
Los mismos personajes, las mismas corporaciones y los mismos sectores que contribuyeron decisivamente a la masacre, se visibilizan profundizando la arduidad de la hora, que a veces dificulta la ponderación del retroceso, por no decir de la derrota, porque sería demasiado doloroso y porque no será, finalmente, derrota.
Nos mancomuna, sin embargo, la memoria colectiva frente al genocidio, la evocación permanente de las víctimas y el recuerdo de los perpetradores, de adentro, y de afuera. Muchos de ellos, conspicuos representantes del país imperial que preside formalmente el visitante ilustre que nos honra con su presencia.
Sin embargo, así y todo, la Argentina ha señalado, de manera indeleble, un camino que es una referencia cierta en materia de juzgamiento de los crímenes de masa para todos los países del mundo. Eso no lo podrá remover ni retrotraer la claudicación cultural más humillante que pudiéramos imaginar.
Fue la propia justicia argentina, parte de una burocracia que ahora opera como una fuerza de choque funcional a los designios del capital, la que dejó claramente establecida la magnitud de una práctica social genocida.
Cada 24 de marzo tendrá, de aquí en más, un horizonte de proyección ampliado. Un nunca más preventivo contra los golpes blandos y contra cualquier otra forma de intervención imperial.
Ocupémonos ahora de las sentencia. Y de los crímenes. Para rememorar, justamente, su formidable legado ético, político e histórico.
En el análisis de la histórica sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N°. 1 de la ciudad de La Plata en el denominado “Caso Etchecolatz”, hemos de señalar que se trata del primer antecedente que determinaba que los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar debían incluirse en el marco de un genocidio[3].
El cinismo imperial jugando a la pelota, pegándole con tres dedos, con displicencia, frente a la colonización cultural berreta de una platea de nativos paralizados de admiración, torna más agobiante las imágenes. Esas que con un dejo inocultable de provocación reivindica la estética rediviva de la derecha argentina, reinventada, justamente, a 40 años del golpe.
Los mismos personajes, las mismas corporaciones y los mismos sectores que contribuyeron decisivamente a la masacre, se visibilizan profundizando la arduidad de la hora, que a veces dificulta la ponderación del retroceso, por no decir de la derrota, porque sería demasiado doloroso y porque no será, finalmente, derrota.
Nos mancomuna, sin embargo, la memoria colectiva frente al genocidio, la evocación permanente de las víctimas y el recuerdo de los perpetradores, de adentro, y de afuera. Muchos de ellos, conspicuos representantes del país imperial que preside formalmente el visitante ilustre que nos honra con su presencia.
Sin embargo, así y todo, la Argentina ha señalado, de manera indeleble, un camino que es una referencia cierta en materia de juzgamiento de los crímenes de masa para todos los países del mundo. Eso no lo podrá remover ni retrotraer la claudicación cultural más humillante que pudiéramos imaginar.
Fue la propia justicia argentina, parte de una burocracia que ahora opera como una fuerza de choque funcional a los designios del capital, la que dejó claramente establecida la magnitud de una práctica social genocida.
Cada 24 de marzo tendrá, de aquí en más, un horizonte de proyección ampliado. Un nunca más preventivo contra los golpes blandos y contra cualquier otra forma de intervención imperial.
Ocupémonos ahora de las sentencia. Y de los crímenes. Para rememorar, justamente, su formidable legado ético, político e histórico.
En el análisis de la histórica sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N°. 1 de la ciudad de La Plata en el denominado “Caso Etchecolatz”, hemos de señalar que se trata del primer antecedente que determinaba que los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar debían incluirse en el marco de un genocidio[3].
El pronunciamiento habría de coincidir con las expectativas
de miles de militantes y un importante
número de organizaciones humanitarias y políticas que, desde hacía muchos años,
venían peticionando el acogimiento de esta caracterización para definir el
exterminio argentino ocurrido entre 1976 y 1986[4].
Pero más allá de los reclamos y la movilización permanente
de los organismos de Derechos Humanos y de gran parte de la sociedad argentina,
las causas que permitieron esa instancia procesal en el ámbito genocida siguen
siendo materia de permanente y cotidiana discusión.
Toda tragedia se entiende, únicamente, si se analizan las
causas subyacentes, la interacción y la relación de distintas fuerzas sociales
y políticas, los condicionamientos externos, los intereses económicos y
geopolíticos que pugnan por imponer determinadas lógicas discursivas, los
diferentes alineamientos y las conductas colectivas como precondición de la
instauración de prácticas sociales genocidas.
La recuperación de la memoria colectiva, en mi humilde
opinión, excede en mucho los resultados de los distintos procesos judiciales
que se llevan a cabo (y que resultan de una importancia incomparable en
términos históricos) en la Argentina, e implican una serie de factores y
circunstancias muy difíciles de concatenar ordenadamente en un relato causal,
justamente porque la historia se compone de complejidades y contradicciones de
diversa índole, y es casi siempre
refractaria a las caracterizaciones simplistas o lineales.
El primero de esos grandes reduccionismos de la historia
reciente, y acaso uno de los más importantes,
lo constituyó la denominada “teoría de los dos demonios”, esgrimida por
los sectores conservadores de la Argentina y recogida en su momento por la
Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (conadep), un agregado creado por el Presidente Raúl Alfonsín, compuesto por reconocidas personalidades nacionales, que
tenía la obligación de investigar y concluir sobre las graves violaciones a los
Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura militar.
La Comisión concluyó su cometido en 1984, el que quedó
asentado en el libro “Nunca Más”, que sirvió en buena medida como sustento para
iniciar el juicio a los integrantes de las juntas militares, en un hecho
histórico también sin precedentes.
No obstante, la conadep
acuñó (en plena época de recuperación democrática, donde existían -vale recordarlo- factores de poder autoritarios que
conservaban todavía una importante cuota de poder, empezando por las propias
fuerzas armadas y de seguridad y las grandes corporaciones), tal como también
lo hacían la gran prensa y una buena parte de la sociedad, la idea de que en la
Argentina había habido “una guerra”[5].
En ella habrían participado “dos
bandos” que utilizaban procedimientos diabólicamente reprochables,
en la que el accionar del Estado debía considerarse singularmente grave
precisamente porque, quien debía cuidar por la vigencia de la legalidad, la
había violado sistemáticamente, cometiendo una enorme cantidad de crímenes y
violaciones a los Derechos Humanos, a veces llamados “errores” y “excesos”[6].
En el prólogo del Informe “Nunca Más”, el escritor Ernesto Sábato, Presidente de la Comisión,
escribía: “Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un
terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda
(…) a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un
terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque el 24 de marzo de 1976
contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando
y asesinando a miles de seres humanos”[7].
Es necesario preguntarse entonces, qué factores debieron
haberse removido estructuralmente en la sociedad argentina para que aquel nivel
de conciencia que expresaban intelectuales notables hace menos de treinta años,
se viera fuertemente confrontada y superada por la convicción y la demostración
final, de que lo que ocurrió en la Argentina, fue nada más y nada menos que un
genocidio.
Mucha agua ha corrido bajo los puentes, evidentemente,
durante estos años, pero bastante menos dinámica y sostenida ha sido la
discusión sobre el cambio radical acaecido en la conciencia de los argentinos
durante estas últimas décadas.
Esta discusión, todavía pendiente, además de un ejercicio
de introspección necesario, abre las puertas para develar otra trama no menos
simbólica y trascendental: las lógicas y las representaciones de los genocidas
que perpetraron el exterminio.
Ese debate, doloroso pero inconcluso, acaso salvado por la
función esencialmente simbólica de los juicios en los que afloran datos
psicológicos, emocionales, antropológicos, sociológicos e ideológicos, tal vez
nos permita explorar las causas últimas del genocidio y las lógicas y
racionalidades -todas ellas- que hicieron posible que
lo impensado ocurriera.
Estos últimos años han sido particularmente intensos en el
país, en lo que concierne a una disputa permanente por el discurso, por la
necesidad de articular -aunque sea de manera fugaz y
generalmente condicionados por un nihilismo entendible después de tantas frustraciones
colectivas- un entramado de continuidades, lógicas y narrativas medianamente
consensuales (entendido el consenso como la capacidad para generar tendencias
que se arraigan en las masas), respecto de la tragedia ocurrida en el pasado
reciente.
Hay, al menos, dos cuestiones en las que intuyo que la
mayoría de los argentinos coincide, lo que no es poca cosa: a) que no sólo es imposible, sino
retardatario pensar en salidas autoritarias o ajenas al orden institucional,
más allá de las pulsiones fascistas de ciertos grupos sociales o factores de
poder, y los clamores marginales de aquellos que creen que la “inseguridad”
(entendida como los delitos de subsistencia o de calle) “son culpa de la
democracia” (el filósofo José Pablo Feinmann
denominó ingeniosamente a estas imprecaciones como “el discurso tachero”,
refiriéndose al carácter ampulosamente autoritario de las retóricas cotidianas
y coloquiales de ciertos sectores de la sociedad argentina, entre los que el
autor ubica en un sector preponderante a los taxistas), y que por ende es
necesario apelar de nuevo al “orden” de la “mano dura”, a los que se suman los
grupúsculos fundamentalistas que catalogan como presos políticos a los
perseguidos o condenados penalmente por delitos contra la humanidad y genocidio;
y b) que el genocidio empezó antes
del golpe de Estado de 1976.
Por todo ello, deberíamos indagar cuáles fueron las
condiciones que posibilitaron que en el imaginario colectivo argentino se
instalara la idea de que, efectivamente, se estaba ante una guerra iniciada por
“bandas” de “delincuentes subversivos”, y que esa conflictiva debía ser leída
en clave de una guerra entre Occidente y el “comunismo internacional”, que se
prolongaba fronteras adentro de nuestro país y que, por lo tanto y en definitiva,
debía saldarse sustituyendo las doctrinas decimonónicas de la “soberanía
nacional” por una lógica de emergencia: la doctrina de la “seguridad nacional”[8].
La posibilidad de instalar en gran parte de la sociedad
argentina discursos, narrativas, prácticas y lógicas compatibles con la
ocupación militarizada, y su aceptación, en sustancia, fue un requisito sine qua non para que se pudiera llevar
adelante un plan sistemático de extermino de nacionales en su propio
territorio.
Ese logro cultural de los represores fue decisivo para que
una parte importante de la sociedad argentina tolerara y participara del léxico
y las gramáticas opresoras y de la
imposición forzada de una nueva cultura identitaria.
Pero, en tal caso, importa sobremanera escrutar los
elementos fundamentales que coadyuvaron para construir un ideario represivo en
los propios encargados de llevar adelante la “guerra sucia”.
En ese sentido, resulta prioritario recordar que el
genocidio tuvo ejecutores (efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad,
bandas armadas, fuerzas de choque en el plano sindical, estudiantil, etcétera),
pero también tuvo ideólogos, partícipes, cómplices y sectores fuertemente
aliados al capitalismo internacional que confluyeron como soporte funcional y
esencial del exterminio, para imponer a sangre y fuego un plan económico de
expoliación y entrega[9].
Empresarios, grupos periodísticos, la jerarquía
eclesiástica, intelectuales fascistas, militantes de la extrema derecha,
partidos políticos tradicionales, progresistas claudicantes y sindicalistas,
prestaron un apoyo entusiasta a las “medidas” sanguinarias que se adoptaron
para derrotar a la “subversión”.
Aunque pudiera resultar extraño y paradójico, una población
aterida por la violencia política, no alcanzó a representarse el cambio
regresivo de paradigma securitario ni a advertir que las fuerzas represivas se
comportaban como ocupantes en su propio país, y perseguían y masacraban a sus
propios nacionales.
Ahora bien, frente a esa realidad inobjetable, resulta
ineludible intentar entender las representaciones que los genocidas
construyeron como forma de justificación y legitimación de los actos propios,
cuya barbarie no reconoce antecedentes en la Argentina desde el genocidio de
los pueblos originarios.
Algunos datos conceptuales pueden reconstruirse apelando a
las más autorizadas lecturas contemporáneas sobre el tema. “Sin embargo, lo que Lemkin no podía ver aún con claridad en
su obra -dado que se trató de un fenómeno
posterior- era que el procedimiento de “ocupación” del territorio que había
implementado el nazismo y sus “técnicas de ocupación”, que Lemkin calificara como
eje de lo que entendía por “genocidio”, pudieran ser sistemáticamente
implementadas por un ejército de ocupación integrado por propios nacionales de
cada Estado. De esto se trató en verdad la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, formulada en la Conferencia de Ejércitos Americanos de 1954 en Caracas,
una reformulación de la lógica de los ejércitos americanos que tiende a
transformar el concepto de “fronteras territoriales” por el de “fronteras
ideológicas” y a levantar la bandera de un nuevo paradigma securitario: la
“Doctrina” de la “Seguridad Nacional”[10].
Por eso es que, con referencia al segundo genocidio
argentino, fue fundamental el aporte del Informe Whitaker, al poner en claro, refiriéndose al caso de
Camboya, que “la definición (de genocidio) no excluye aquellos casos en que las víctimas son parte del propio
grupo transgresor”[11].
La debilidad teórica del argumento central de los
represores, que identificaba un enemigo histórico que amenazaba las bases
mismas de la nacionalidad, a la que se suponía occidental y cristiana, era en
parte advertido por los propios jerarcas del régimen: “Ya en esa época yo
hablaba de los errores que cometimos, las muertes y los desaparecidos….Sin duda
que los desaparecidos fueron un error porque, si usted los compara con los
desaparecidos de Argelia, es muy diferente: ¡eran finalmente los desaparecidos
de otra nación, los franceses volvieron a su país y pasaron a otra cosa! Mientras
que aquí cada desaparecido tenía un padre, un hermano, un tío, un abuelo, que
siguen teniendo resentimiento contra nosotros, y esto es natural…”[12].
Pero con antelación a estos “errores”, hubo un núcleo duro
de creencias e intuiciones al que los genocidas adhirieron posteriormente con
un dogmatismo acrítico. En rigor, la idea de un choque de civilizaciones, que
debería saldarse inexorable con el recurso a la “guerra”, venía gestándose en
el país desde muchos años atrás.
Sectores integristas y fanáticos de la iglesia católica se
pronunciaban categóricamente y sin eufemismo alguno acerca de la necesidad de
utilizar una violencia sin límites para eliminar al enemigo ideológico. Sin
duda, la influencia de estos sectores religiosos conservadores debieron haber gravitado
decisivamente en quienes debían llevar a cabo la “guerra justa” contra la
“subversión apátrida”, que intentaba socavar los valores occidentales, cambiar
nuestra bandera por un “sucio trapo rojo”, infiltrar el comunismo ateo y otras
monstruosidades por el estilo. Es más, debieron convertirse en el “soporte
moral” de la cruzada, que en clave estratégica de “guerra contrainsurgente”
extrapolada del modelo francés, conformaron una suerte de cóctel explosivo.
Hay elementos que permiten inferir que la formación
militar, la “doctrina” militar que inspiró a las fuerzas de ocupación durante
el genocidio, se hallaba fuertemente ligada a una concepción religiosa de la
política que registraba antigua data en el país: “El
hombre católico no es hombre y, además, católico, como si lo católico fuese
algo separado de su cualidad de hombre o de padre de familia, artista,
economista, político. El hombre católico es una unidad. Cuanto de hombre y de
actividad hay en él, debe ser católico; esto es, adaptado a las exigencias de
su fe y caridad cristianas (…) La política es una actividad moral que nace
naturalmente de las exigencias humanas en su vida terrestre. De ahí que, tanto
la ciencia política que legisla las condiciones esenciales de la ciudad
terrestre, como la prudencia política que determina las acciones que convienen
a ciertas circunstancias concretas, para el logro de determinados fines
políticos, deban ajustarse a la vida sobrenatural”[13].
En plena década del 70, otro religioso integrista, Carlos
Alberto Sacheri, salía a la caza
de lo que denominaba “La Iglesia clandestina”, una suerte de secta católica “infiltrada” por el
marxismo internacional, en la que identificaba en primer término a los curas
progresistas del Tercer Mundo o las restantes agrupaciones o religiosos
comprometidos con la causa de los más desposeídos y la lucha por la liberación[14]. Sacheri no se andaba con rodeos:
“La disyuntiva es total y no admite
posturas intermedias: o bien la civilización se edifica en el respeto de los
derechos de Dios y del hombre, o., por el contrario, se edifica en la negación
de tales derechos. La primera es la civilización del orden natural y cristiano,
la segunda, es la de la Revolución Anticristiana: Quien no está conmigo, está
contra mí; quien no recoge conmigo, desparrama. Tal es el juicio de Nuestro
Señor, tal es el único criterio auténticamente cristiano”[15].
Hasta 1973, época en que transcurrió el efímero gobierno
camporista, estos sectores pensaban al peronismo como una prolongación del
enemigo, a partir de los cambios y transformaciones de corte nacionalistas y
antiimperialistas que había llevado a cabo el primer peronismo, a partir de
1946 y hasta 1952[16].
Ese sesgo mutó profundamente a partir de la última
presidencia de Perón -en la que
amonestó en su discurso del 1º de mayo de 1974 en la plaza de Mayo a los
Montoneros y los sectores más dinámicos de su movimiento, a quienes denigró
llamándolos “estúpidos”, “imberbes”,
para quienes, advirtió, todavía no había “tronado el escarmiento”- aunque este
dato pareció pasarle inadvertido a estas
jerarquías eclesiásticas[17].
Sacheri agregaba, incansable, también en clave de escarmiento: “Sin sangre no hay redención. Yo no creo
jugar a la fácil profecía (porque son hechos que ya se están dando en la
realidad argentina), en la Argentina de 1973 correrá mucha sangre; y si
nosotros, los católicos, no estamos dispuestos a dejar correr nuestra propia
sangre en una militancia heroica, la Argentina será marxista y no será
católica. En nuestras manos está eso. Sin sangre no hay redención, y lo que
vale en el orden estrictamente sobrenatural para el cual hablaba San Pablo de
la redención de Cristo, vale también para la redención secular de la Argentina,
de una sociedad tradicionalmente cristiana que debe reencontrarse
definitivamente a sí misma en el sendero del cual la apartó el liberalismo…” [18].
No fue el de Sacheri
el único ni el último caso de exaltación fundamentalista de la violencia
reaccionaria por parte del poder eclesiástico. El 23 de septiembre de 1975,
cuando el golpe se perfilaba ya en el horizonte político de la Argentina y era
alentado sistemáticamente por la prensa derechista, el vicario general
castrense de las fuerzas armadas argentinas, monseñor Vitorio Bonamín se ponía al frente del próximo
asalto al poder y aclamaba el genocidio por venir: “Saludo a todos los hombres de Armas aquí presentes purificados en el
Jordán de la Sangre para ponerse al frente de todo el país. El ejército está
expiando las impurezas de nuestro país. ¿No querrá Cristo que algún día las
Fuerzas Armadas estén más allá de su función?”.
El arzobispo de la ciudad de Bahía Blanca (bastión cultural
de la Armada, con el aporte histórico del diario ultraderechista “La Nueva
Provincia”),
monseñor Jorge Mayer[19] no tenía nada que envidiarla a la inflamada verba bélica de
Bonamín: “La guerrilla subversiva quiere arrebatar la cruz, símbolo de todos los
cristianos para aplastar y dividir a todos los argentinos mediante la hoz y el
martillo”[20].
La sangre que inspiraba la militancia de estos pastores
llegaría fatalmente, y se derramaría a torrentes “expiatorios” por todo el país. La masacre de Ezeiza, ejecutada por bandas armadas
del peronismo de ultraderecha, marcaría un punto de inflexión en la violencia
política y un anticipo del genocidio durante el gobierno civil.
La muerte de Perón,
y sus definiciones previas, en las que reivindicaba al sindicalismo ortodoxo y
renegaba de la “juventud maravillosa” a la que años antes había alentado -desde
su exilio en Madrid- a constituir las “formaciones especiales”, que
convergerían en organizaciones armadas, agudizarían las contradicciones dentro
del movimiento peronista y acelerarían la masacre[21].
Ya durante la dictadura, estas retóricas binarias y
católicas intransigentes se reiterarían en las proclamas que Jorge Rafael Videla haría al mundo entero, en una
equilibrada alquimia de fundamentalismo, autoritarismo y cinismo. “Octubre
de 1977. En esos días, el general Videla
recibió a un grupo de periodistas ingleses. Uno de ellos afirmó que en (el
aeropuerto de) Ezeiza hay un cartel donde dice que la Argentina es occidental y
cristiana”, pero que entre los principios europeos estaba la idea de que
“ningún hombre o ser humano sufra por sus creencias y que las minorías reciban
una justa consideración por parte del Estado”[22].
El general Videla le contestó que “la Argentina es un país occidental y cristiano, no porque
esté escrito así en el aeropuerto de Ezeiza; Argentina es occidental y
cristiana porque le viene de su historia. Nació cristiana a través de la
conducción española, heredó de España la cultura occidental y nunca renunció a
esa condición sino que justamente la defendió. Es por defender esa condición
occidental y cristiana como estilo de vida que se planteó esta lucha contra
quienes no aceptaron ese sistema de vida y quisieron imponer otro distinto. Yo
le puedo asegurar que la vocación democrática cristiana y occidental que pueden
tener los pueblos de Europa no es superior a la nuestra. Para esto es necesario
distinguir lo que puede ser disenso, controversia en el plano de las ideas, y lo
que es la subversión terrorista. Nosotros decimos que en la Argentina no hay
presos políticos, no hay presos gremiales, hay delincuentes subversivos. Es
decir, que por el solo hecho de pensar distinto dentro de nuestro estilo de vida, nadie es privado de su libertad,
pero consideramos que es un delito
grave atentar contra el estilo de vida occidental y cristiano queriéndolo
cambiar por otro que nos es ajeno, y en este tipo de lucha no solamente es
considerado como agresor el que arremete a través de la bomba, del disparo o
del secuestro, sino también aquel que en el plano de las ideas quiere cambiar
nuestro sistema de vida a través de ideas que son justamente subversivas, es
decir, subvierten valores, cambian, trastocan valores”[23].
La sentencia intolerante y groseramente antidemocrática de Videla, importa una confesión explícita
de las categorías absolutas que impregnaban las lógicas de los represores y un
ejemplo emblemático de genocidio
reorganizador moderno[24].
Si buscábamos un fundamento del genocidio, esta dura y delirante amalgama entre
el integrismo católico y una peculiar visión de los acontecimientos mundiales,
tal vez, nos proporcione valiosos elementos para intentar comprender el por qué
de esa pesadilla.
Pero también, sin ningún tipo de duda, esa construcción
cultural retrógrada es perfectamente compatible con idea de la contraposición
de un modelo de autonomía propio de la modernidad, opuesto a las
relaciones sociales heterónomas producida por la sociedad feudal,
religiosa y estamental de la Edad Media[25].
Si se analizan los discursos de los segmentos más
retardatarios de la Iglesia argentina, durante los años previos e
inmediatamente posteriores al golpe de Estado, en todos ellos podremos observar
una profesión de fe antiliberal, incluso concibiendo al liberalismo como un
enemigo irreconciliable, justo con el comunismo, el costado nacionalista
popular y antiimperialista del peronismo, el comunismo internacional y el
judaísmo.
Más allá de las limitaciones y críticas que un modelo de
prácticas y relaciones sociales basado en el contrato como idea fuerza y
representante de los intereses de la burguesía en ascenso podría generar, lo
cierto es que lo que causaba aquel rechazo clerical era la superación de una
sociedad basada en el plano de la diferencia estamental de origen religioso por
una basada en formas más equitativas de convivencia entre los hombres y mujeres
aregentinas.
El nuevo paradigma liberal de la igualdad formal y la
libertad natural del ser humano, ciertamente, implicó un nuevo modelo de poder
y una ingeniería social basados en las relaciones autonómicas, entendidas éstas
como la posibilidad de auto-determinación, o de “darse la propia ley”,
contraponiéndose así a los modelos vigentes del Derecho natural, que planteaban
la existencia de un orden previo modelado por Dios, y por ende inamovible[26].
En el discurso de los perpetradores
del genocidio argentino, queda claramente explicitado que se está atacando a aquellos que hacen uso de su autonomía. Y, para muestra,
valgan algunos ejemplos:
a) En el año 1977,
el Ministro de Educación de la dictadura distribuye un folleto titulado
“Subversión en el ámbito educativo”. En dicho folleto, considera como parte de
la “acción enemiga” a “la notoria ofensiva en el área de la literatura infantil
que se propone emitir un tipo de mensaje que parta del niño y que le permita
auto-educarse sobre la base de la libertad y la alternativa”[27].
En el mismo folleto oficial se sostiene “que las editoriales marxistas
pretenden ofrecer libros que acompañen al niño en su lucha por penetrar en el
mundo de las cosas y de los adultos que lo ayuden a no tener miedo a la
libertad, que lo ayuden a querer, a pelear, a afirmar su ser, a defender su yo
contra el yo que muchas veces le quieren imponer padres e instituciones,
consciente o inconscientemente víctimas a su vez de un sistema que los plasmó o
los trató de hacer a su imagen y semejanza”[28].
b) En otro nivel
educativo, valen las declaraciones de un miembro de la Facultad de Ciencias
Sociales, Horacio García Belsunce, para definir el concepto de
“subversivo”: “subversivos no son solamente aquellos que asesinan con las armas
o privan de libertad individual o medran a través de esos procedimientos, sino
también los que desde otras posiciones infiltran en la sociedad ideas contrarias
a la filosofía política que el Proceso de Reorganización Nacional ha definido
como pautas o juicio de valor para su acción”[29].
Ahora bien, esta prédica de reacción heterónoma en materia
de construcción de prácticas sociales, antiliberal, quizás “predecimonónica”,
no es fácil de conciliar con un plan económico ultra neoliberal del gobierno
militar.
Justamente, una de las características más salientes de la
dictadura fue la puesta en práctica de un plan que impulsó las importaciones,
destruyó la industria nacional, redistribuyó regresivamente la riqueza,
multiplicó la deuda externa, disminuyó el gasto social, “achicó el Estado”,
alentó los monopolios y comenzó una tarea de aniquilamiento social que continuó
al aniquilamiento físico o se complementó con él.
Es más, algunas de las grandes violaciones a los Derechos
Humanos durante la última dictadura militar están fuertemente vinculadas a las
continuidades y quiebres del sistema capitalista. Por eso, uno de los sectores
más victimizados durante el genocidio fue aquel que los represores
identificaban como “guerrilla fabril”.
Fue necesario exterminar este segmento específico de la
“subversión -el obrero industrial comprometido- como mecanismo previo a
la instauración del ajuste neoliberal de fines de los 70 y principios de los
80. La consecuencia fue la dramática cifra de 15.000 detenidos desaparecidos,
algo así como la mitad de las víctimas fatales del aniquilamiento, entre cuyas
víctimas se contaban los dirigentes sindicales más comprometidos y menos
proclives a estrategias transaccionales con el regimen de turno.
Pareciera que el ideario de la dictadura encarnó, en
consecuencia, el sistema de creencias de
toda la derecha argentina, y de una buena parte de la sociedad nacional,
a la que reorganiza, en principio, detrás de dogmas morales religiosos leídos
en clave ultramontana, la disciplina detrás de dispositivos geopolíticos de las
“fronteras ideológicas” y del “enemigo interno”, y le garantiza el poder a
través de un plan que lleva a cabo uno de los representantes más conspicuos del
poder oligárquico: el poderoso Ministro de Economía José Martínez de Hoz, actualmente perseguido
penalmente por delitos de lesa humanidad, cuyos antecesores aparecen vinculados
a la “conquista del desierto” que significó el primer genocidio argentino, ya
por entonces como conspicuos representantes del ruralismo vernáculo, que
conserva hasta hoy día intacta su vocación destituyente y sus representaciones
antidemocráticas[30].
Todo el arco conservador argentino, por acción u omisión,
comprendió que la autonomía ponía en riesgo un orden estamental oligárquico
que, salvo contados lapsos históricos, gobernó a la Argentina.
Gran parte de la clase media de entonces, históricamente
timorata por su propia condición y ubicación de clase, temerosa de perder lo
conseguido durante una existencia sacrificial, adormecida culturalmente en la
imitación de hábitos, gustos y escala de valores de los sectores dominantes a
los que añora parecerse, incapaz de comprender en buena medida los cambios
liberadores y los grandes relatos sociales y políticos de la época, refractaria
a los procesos de transformación y permeable a la gigantesca propaganda
conservadora, termina
incorporando -y consintiendo- esta visión conglobante que legitima el
golpe y el genocidio.
Cuando hacemos referencia a la inédita campaña de
penetración cultural e ideológica ocurrida en la Argentina, no solamente
aludimos a los grandes medios escritos, televisivos o radiales, que con sus
matices diferenciales adhirieron al gobierno militar y sus políticas públicas
(ya sea por convicción., porque la dictadura les permitió hacer fabulosos y
nunca aclarados negociados y obtener ganancias exorbitantes, o porque pudieron
incluso haber tenido algún grado de participación en crímenes de lesa
humanidad, cosa que se investiga en la Argentina mientras esta tesis se
encuentra en pleno proceso de elaboración). Tampoco a los programas “políticos”
de periodistas que actuaban como virtuales teóricos del golpe y el genocidio[31].
Incluso la revista infantil “Billiken”, la de mayor tirada
y una existencia continua de más de 90 años en la Argentina, cumplió el rol de
producto cultural hegemónico para restaurar los valores tradicionales (familia,
símbolos, imágenes), simplificando una historia sacralizada y fundamentalmente
bélica, y afirmando la idea de una soberanía nacional siempre acechada, en
clara concordancia con los discursos de la dictadura. Billiken es una revista
que prácticamente no ha dejado de leer ningún argentino, pertenecía a una editorial afín al regimen, y por eso no
llamaban la atención, por ejemplo, las
prédicas de sus fundadores en
editoriales evangelizadoras incrustadas en un medio que era el material
escolar preferido de los niños[32].
La sensación abrumadora era que nada podía leerse en la
Argentina, porque la mayoría de las publicaciones (al igual que los programas
radiales y televisivos) tendían a convalidar y legitimar al gobierno militar, a
través de impostaciones, falacias y una subliminalidad de las prédicas no
siempre fáciles de detectar para los consumidores poco avisados, que no eran
pocos, por cierto.
La formidable campaña de penetración cultural e ideológica,
sumada a la pérdida de los mejores cuadros de una generación comprometida,
militante, esclarecida, produjo un retroceso indudable en la conciencia
colectiva de los argentinos, de la que todavía no nos hemos recuperado.
Solamente así podría completarse una explicación acerca de
la prédica sistemática de los grandes medios de comunicación respecto de un
nuevo enemigo social: el “delincuente” de calle o de subsistencia, el agresor
salvaje, el que ocasiona la “inseguridad” que se transforma en la primera
preocupación de los argentinos, a pesar que el índice de homicidios cada
100.000 sea uno de los más bajos de todo el continente americano[33].
Hago esta breve disquisición sobre las relaciones de la
propaganda y el genocidio absolutamente
comprobadas en la Argentina, y que ha producido en Ruanda el primer episodio
que se recuerde de participación comprobada judicialmente de “periodistas” y
empresarios de medios de comunicación en
el aniquilamiento[34].
Más allá de la mayor o menor sutileza en el manejo del lenguaje, las metáforas
o los mensajes, los niveles de participación y complicidad no parecen
diferenciarse en lo sustancial.
[1] Fragmento de un “discurso” de
María Estela Martínez de Perón, en
Tucumán, 1975.
[2]
Relatos del arrepentido Adolfo Scilingo, que se pueden encontrar
disponibles en http://www.rodolfowalsh.org/spip.php?article2917.
[3] Dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 1 de
La Plata, en la
causa N 2251/06 procedente del Juzgado Federal N 3 de la ciudad de La Plata, seguida a Miguel
Osvaldo Etchecolatz, disponible en
http://www.rodolfowalsh.org/spip.php?article2378
[4] Aguirre,
Eduardo Luis: “El delito de genocidio en la jurisprudencia argentina”, disponible
en
http://derecho-a-replica.blogspot.com/2010/11/el-delito-de-genocidio-en-la.html
[5] Feierstein,
Daniel: “El genocidio como práctica social”, Fondo de Cultura Económica, Buenos
Aires, 2008, p. 333
[6] Feierstein,
Daniel: “El genocidio como práctica social”, Fondo de Cultura Económiva, Buenos
Aires, 2008, p. 333 y 334.
[7]
Informe “Nunca Más”, Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (conadep),
también conocido como “Informe Sábato”, 1984.
[8]
Feierstein, Daniel: “El genocidio como práctica social”, Fondo
de Cultura Económiva, Buenos Aires,
2008, p. 308.
[9]
Aguirre, Eduardo Luis: “Hay que completar la gesta de
memoria, verdad y justicia”, disponible en http://derecho-a-replica.blogspot.com/2010/11/hay-que-completar-la-gesta-democratica.html
[10]
Feierstein, Daniel: Estudio Preliminar a la edición argentina de Raphael Lemkin: “El dominio el eje en la Europa ocupada”, Ed.
Prometeo, Buenos Aires, 2009, p. 29.
[11] Feierstein,
Daniel: Estudio Preliminar a la edición argentina de Raphael Lemkin: “El dominio el eje en la Europa ocupada”, Ed.
Prometeo, Buenos Aires, 2009, p. 31.
[12], Declaraciones del ex Ministro del Interior Albano Harguindeguy, en Robin, Marie-Monique: “Escuadrones de la muerte. La escuela
francesa”, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2005, p. 447, citado por
Daniel Feierstein: Estudio
Preliminar a la edición argentina de Raphael Lemkin:
“El dominio el eje en la Europa
ocupada”, Ed. Prometeo, Buenos Aires, 2009 p. 29.
[13] Esto escribía el sacerdote del catolicismo intransigente Ramón Meinvielle, en la publicación
“Concepción Católica de la política”, Buenos Aires, Dictio, 1974, p. 4., citado
por Ranalletti, Mario:
“Contrainsurgencia, catolicismo intransigente y extremismo de derecha en la
formación militar argentina. Influencias francesas en el terrorismo de Estado
(1955-1976), en Feierstein, Daniel
(compilador): “Terrorismo de Estado y Genocidio en América latina, Editorial
Prometeo, Buenos Aires, 2009, p. 254.
[14] Sacheri, Carlos Alberto: “La Iglesia Clandestina”, Ediciones del Cruzamante, Buenos Aires, 1977, p. 15, citado por Ranalletti, Mario: “Contrainsurgencia,
catolicismo intransigente y extremismo de derecha en la formación militar
argentina. Influencias francesas en el terrorismo de Estado (1955-1976), en Feierstein, Daniel (compilador): “Terrorismo
de Estado y Genocidio en América latina, Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2009, p. 270.
[15] Sacheri, Carlos Alberto: “La Iglesia Clandestina”, Ediciones del Cruzamante, Buenos Aires, 1977, p. 15, citado por Ranalletti, Mario: “Contrainsurgencia,
catolicismo intransigente y extremismo de derecha en la formación militar
argentina. Influencias francesas en el terrorismo de Estado (1955-1976),
en Feierstein,
Daniel (compilador): “Terrorismo de Estado y Genocidio en América latina,
Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2009,
p. 270.
[16] Bonasso,
Miguel: “El Presidente que no fue”, Editorial Planeta, 2002, p. 626.
[17] Bonasso, Miguel:
“El Presidente que no fue”, Editorial Planeta, 2002, p. 626: Anguita, Eduardo -Caparrós, Martín: “La Voluntad. Una
historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, 1973-1976,
Tomo II”, Editorial Norma, p. 311 y 312. Puede escucharse también el discurso
pronunciado por Perón desde los
balcones de la Casa Rosada
el 1° de Mayo de 1974 en www.youtube.com/watch?v=U1NmQslv8oU.
[18] Intervención de Carlos Sacheri en la “Jornada de Estudios sobre el Marxismo”, que
organizaron el Círculo de Acción Universitaria y la Agrupación Misión
en la Universidad
Católica Argentina, el 9 de junio de 1973, en momentos en que
la derecha se relamía con la retirada de los sectores más progresistas del
gobierno nacional, con la renuncia de Cámpora y el triunfo ulterior de la
fórmula Perón-Perón, citado por Ranalletti,
Mario: “Contrainsurgencia, catolicismo intransigente y extremismo de derecha en
la formación militar argentina. Influencias francesas en el terrorismo de
Estado (1955-1976), en Feierstein,
Daniel (compilador): “Terrorismo de Estado y Genocidio en América latina,
Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2009,
p. 271.
[19] Quien anteriormente
se había desempeñado como Obispo Diocesano de La Pampa, en nuestra propia
ciudad de Santa Rosa.
[20] Manifestaciones hechas el 27 de
junio de 1976, tres meses después de producido el golpe.
[21] “Apuntes de Historia”, disponible en
http://marcosmarinoni.blogspot.com/2011/01/peron-y-las-formaciones-especiales.html
[22] Anguita, Eduardo - Caparrós, Martín:
“La voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina”,
Editorial Norma, Tomo III, 1998, pp. 357
y 358.
[23] Anguita, Eduardo - Caparrós, Martín: “La voluntad. Una
historia de la militancia revolucionaria en la Argentina”, Editorial Norma, Tomo III,
1998, pp. 357 y 358.
[24] Feierstein,
Daniel: “El Genocidio como práctica social”, Fondo de Cultura Económica, 2008,
p. 310.
[25] Montera, Carolina: “¿Derecho a la Verdad o Verdad del
Derecho? El juicio a las juntas militares y la realización simbólica del
genocidio en la Argentina”, que se encuentra disponible en www.catedras.fsoc.uba.ar/feierstein/escritosalumnos/Derecho.pdf
[26] Feierstein, Daniel: “El genocidio como
práctica social”, Fondo de Cultura
Económica, 2008, p. 120.
[27] Feierstein, Daniel: “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”,
Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 61. En realidad, la supuesta prédica
marxista que se cree ver en esa literatura infantil, al menos como se la
plantea, no constituye sino una mirada liberal destinada a valorar
positivamente el sentido de la libertad de pensamiento por parte de los
lectores.
[28]
Feierstein, Daniel: “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”,
Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 61.
[29] Feierstein,
Daniel: “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial
Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 61. La afirmación de este personaje resume la
“ideología” de la dictadura militar: el subversivo es el distinto. Él es el
“enemigo” que atenta contra una supuesta prosapia y una concepción del mundo en
cuyo nombre estaba permitido secuestrar,
torturar, asesinar, hacer desaparecer a miles de personas, apropiarse de
sus hijos y de sus bienes.
[30] http://www.elortiba.org/guedes.html
[31] La propaganda
llegaba a introducirse subliminalmente hasta en las telenovelas. Un programa de
televisión -todavía en blanco y negro- titulado “Lo mejor de nuestra
vida: nuestros hijos”, que se emitía semanalmente, relataba situaciones
familiares donde una madre abnegada -la actriz Susana Campos- debía soportar y socorrer las
ingratitudes, la petulancia, el desagradecimiento, el desamor y la
violencia….de sus propios hijos. Este metamensaje, inocuo en apariencia,
adquiría una importancia trascendental en un contexto nacional (y mundial)
caracterizado por las diferencias generacionales, en las que “todo era
política”, y en un contexto en el que la juventud, en todo el mundo, intentaba
transformar las estructuras arcaicas del capitalismo mundial, que le venían
dadas por generaciones anteriores.
[32] Guitelman,
Paula: “La infancia en dictadura. Modernidad y conservadurismo en el mundo de
Billiken”, Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2006.
[33] http://www.nuevaszonceras.com.ar/noticias/estadisticas-de-crimen-y-percepcion-de-inseguridad
y http:// www.eldiario24.com/nota.php?id=216012.
[34] Dadrian, Vahakn N.: “Configuración de los genocidios del siglo veinte. Los casos
armenios, judío y ruandés”, en Feierstein,
Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la
modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 115.
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| William Connolly |
Por Eduardo Luis Aguirre
En los últimos tiempos, se ha reavivado, por parte de los medios de comunicación afines al gobierno (en general a partir de las declaraciones públicas de referentes políticos de la derecha), una pretendida polémica respecto del número de desapariciones forzadas que se perpetraron en la Argentina durante la última dictadura cívico militar. Si la finalidad de esas afirmaciones es poner en crisis la noción de genocidio -ratificada en el caso argentino por una multiplicidad de pronunciamientos judiciales concordantes- a la hora de caracterizar lo ocurrido en nuestro pasado reciente, debería recordarse que, con prescindencia de dichas sentencias, la propia legislación aplicable y la doctrina más actualizada brinda pautas inequívocas para llegar a conclusiones certeras sobre el tema. En ese sentido, las respuestas a cualquier tipo de cuestionamiento respecto de los requisitos que deben darse para que se considere cometido este delito contra la humanidad, emergen de la propia redacción del artículo II de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre Prevención y sanción del Delito de Genocidio (CONUG), y saldan la discusión acerca de si la destrucción del grupo debe abarcar a la totalidad o a una parte del grupo de víctimas, sin importar el número de víctimas ocasionadas. El planteo ya había sido anticipado por William Connolly en 1974, ratificando la condición problemática del concepto de genocidio: “¿Qué sucedería si nos enfrentáramos con una situación en la que el exterminio no es completo….?” (1).
En verdad, ninguna de las matanzas masivas que aquejaron a la humanidad durante toda su historia produjo el aniquilamiento de la totalidad de los grupos de víctimas (por eso mismo es que no resulta en definitiva relevante el número de víctimas a los fines de la calificación). En el caso del general del ejército Serbio-Bosnio Radislav Krstic, en abril de 2004 la Cámara de Apelaciones común al Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) y al Tribunal Penal para la ex Yugoslavia (TPIY), desechó un planteo del condenado en primera instancia, que se agraviaba por la circunstancia de que una eventual matanza de una porción de los musulmanes en Srebrenica no podía constituir genocidio. La alzada desestimó esta tesitura y consideró que, por el contrario, los asesinatos, junto a otros factores específicos, podían equivaler a un genocidio (2). Entre esos factores específicos, seguramente deberá atenderse a que sea el genocida el que haya identificado previamente a un conjunto de personas como blanco, por advertir entre las mismas determinados denominadores o características comunes, ya sea la pertenencia de la víctima al mismo adjudicada o voluntaria (3). Esas personas -el grupo- percibidas como una amenaza por el perpetrador, dejarían de serlo cuando hubieran sido eliminadas y hubieran, en consecuencia, dejado de ser concebidas como tales. En su virtud, no es necesario que las víctimas hayan sido la totalidad de los miembros de un grupo, y por ende la cantidad de víctimas pasa a ser una dato lateral que en modo alguno empece la caracterización del delito. Por el contrario, las prácticas sociales genocidas deben entenderse como una forma de matanza masiva llevada a cabo unilateralmente por parte de un Estado u otra autoridad, con el objetivo de destruir a un grupo, tal como éste y sus miembros han sido previamente definidos por el genocida. La obtención del exterminio total del grupo no es un requisito sine que non del tipo penal, sino que lo es la mera intencionalidad subjetiva finalista de la destrucción. Debe subrayarse que la posibilidad de que la intención criminal abarque la destrucción de todo el grupo o sólo una parte del mismo, debe ser interpretada en el “sentido de que basta que se limite a la destrucción de un subgrupo dentro de una raza, etnia, nacionalidad o religión”, como por ejemplo los musulmanes de Bosnia-Herzegovina. Es cierto que el “subgrupo” deberá tener una determinada entidad numérica, pero esta determinación precisa “de qué subgrupo se considera suficientemente amplio para que el ataque contra el mismo constituya genocidio”, es algo cuya solución última solamente puede estar a cargo de los jueces penales competentes en la materia (4): lo protegido en la figura del genocidio es la existencia del grupo”, y la lesión de dicho bien consiste en el exterminio del mismo. Sólo esta concepción puede ser compatible con la exigencia de la convención y los Estatutos de los diversos tribunales, de una clara intención de destruir al grupo “como tal” (5). De igual suerte, no hay duda en la doctrina más seria, que el crimen de genocidio no se identifica con la idea de una matanza colectiva. Lo que califica al genocidio, por el contrario, es el propósito de los perpetradores de eliminar un determinado grupo social para reorganizar la sociedad sin su presencia. El número de víctimas que apareja esa escalada no es un dato sustancial ni consttutivo de ese delito. Por eso es que, en general, aniquilamientos tales como el producido por la utilización de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki podrían configurar crímenes de guerra o contra la humanidad, pero, aún así, como su objetivo no era el establecimiento de una nueva sociedad mediante la elminación de grupos sociales, la conducta no encuadraría en la figura del genocidio (6). En relación con el art. II de la Convención -“la intención no tiene que ser necesariamente la (de) destrucción total del grupo, sino que constituyen también genocidio los actos cometidos con la intención de destruirlos parcialmente”-, se ha entendido que la interpretación de la expresión “con la intención de destruir, en todo o en parte, un grupo” como la exigencia de un amplio número de víctimas es errónea, en la medida que confunde los aspectos objetivos y subjetivos del tipo, ello en razón de que “una interpretación literal indica claramente que la expresión total o parcial va referida al objeto cubierto por el elemento subjetivo del tipo, es decir, por la intención, y en ningún momento al resultado material exigido en el tipo objetivo para la consumación del delito, que se verifica con el menoscabo de una parte ínfima (un individuo)… Además, la posibilidad de que la intención criminal se extienda a la destrucción de todo el grupo o sólo a una parte del mismo debe ser interpretada en el sentido de que basta que se limite a la destrucción de un sub grupo dentro de una raza, etnia, nacionalidad o religión de que se trate y su delimitación a un determinado ámbito: un país, una región o una comunidad concreta… Ello significa que ha de calificarse de genocidio también el intento de exterminio de todas las personas que pertenecen a un grupo de los protegidos por la Convención dentro de determinado ámbito, aunque dichas personas no constituyen todos los miembros del grupo, que puede extenderse a otros ámbitos, comunidades o territorios, pero siempre que la raza, nacionalidad, etnia o religión sea el factor que caracteriza a las víctimas como grupo contra el que se dirige el plan de exterminio, distinguiéndoles del resto de los individuos que conforman ese ámbito (7). Por ende, el número, la cifra, de victimizados, por sí sola, carece de entidad para caracterizar al genocidio como práctica social y como conducta penal típica.
En los últimos tiempos, se ha reavivado, por parte de los medios de comunicación afines al gobierno (en general a partir de las declaraciones públicas de referentes políticos de la derecha), una pretendida polémica respecto del número de desapariciones forzadas que se perpetraron en la Argentina durante la última dictadura cívico militar. Si la finalidad de esas afirmaciones es poner en crisis la noción de genocidio -ratificada en el caso argentino por una multiplicidad de pronunciamientos judiciales concordantes- a la hora de caracterizar lo ocurrido en nuestro pasado reciente, debería recordarse que, con prescindencia de dichas sentencias, la propia legislación aplicable y la doctrina más actualizada brinda pautas inequívocas para llegar a conclusiones certeras sobre el tema. En ese sentido, las respuestas a cualquier tipo de cuestionamiento respecto de los requisitos que deben darse para que se considere cometido este delito contra la humanidad, emergen de la propia redacción del artículo II de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre Prevención y sanción del Delito de Genocidio (CONUG), y saldan la discusión acerca de si la destrucción del grupo debe abarcar a la totalidad o a una parte del grupo de víctimas, sin importar el número de víctimas ocasionadas. El planteo ya había sido anticipado por William Connolly en 1974, ratificando la condición problemática del concepto de genocidio: “¿Qué sucedería si nos enfrentáramos con una situación en la que el exterminio no es completo….?” (1).
En verdad, ninguna de las matanzas masivas que aquejaron a la humanidad durante toda su historia produjo el aniquilamiento de la totalidad de los grupos de víctimas (por eso mismo es que no resulta en definitiva relevante el número de víctimas a los fines de la calificación). En el caso del general del ejército Serbio-Bosnio Radislav Krstic, en abril de 2004 la Cámara de Apelaciones común al Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) y al Tribunal Penal para la ex Yugoslavia (TPIY), desechó un planteo del condenado en primera instancia, que se agraviaba por la circunstancia de que una eventual matanza de una porción de los musulmanes en Srebrenica no podía constituir genocidio. La alzada desestimó esta tesitura y consideró que, por el contrario, los asesinatos, junto a otros factores específicos, podían equivaler a un genocidio (2). Entre esos factores específicos, seguramente deberá atenderse a que sea el genocida el que haya identificado previamente a un conjunto de personas como blanco, por advertir entre las mismas determinados denominadores o características comunes, ya sea la pertenencia de la víctima al mismo adjudicada o voluntaria (3). Esas personas -el grupo- percibidas como una amenaza por el perpetrador, dejarían de serlo cuando hubieran sido eliminadas y hubieran, en consecuencia, dejado de ser concebidas como tales. En su virtud, no es necesario que las víctimas hayan sido la totalidad de los miembros de un grupo, y por ende la cantidad de víctimas pasa a ser una dato lateral que en modo alguno empece la caracterización del delito. Por el contrario, las prácticas sociales genocidas deben entenderse como una forma de matanza masiva llevada a cabo unilateralmente por parte de un Estado u otra autoridad, con el objetivo de destruir a un grupo, tal como éste y sus miembros han sido previamente definidos por el genocida. La obtención del exterminio total del grupo no es un requisito sine que non del tipo penal, sino que lo es la mera intencionalidad subjetiva finalista de la destrucción. Debe subrayarse que la posibilidad de que la intención criminal abarque la destrucción de todo el grupo o sólo una parte del mismo, debe ser interpretada en el “sentido de que basta que se limite a la destrucción de un subgrupo dentro de una raza, etnia, nacionalidad o religión”, como por ejemplo los musulmanes de Bosnia-Herzegovina. Es cierto que el “subgrupo” deberá tener una determinada entidad numérica, pero esta determinación precisa “de qué subgrupo se considera suficientemente amplio para que el ataque contra el mismo constituya genocidio”, es algo cuya solución última solamente puede estar a cargo de los jueces penales competentes en la materia (4): lo protegido en la figura del genocidio es la existencia del grupo”, y la lesión de dicho bien consiste en el exterminio del mismo. Sólo esta concepción puede ser compatible con la exigencia de la convención y los Estatutos de los diversos tribunales, de una clara intención de destruir al grupo “como tal” (5). De igual suerte, no hay duda en la doctrina más seria, que el crimen de genocidio no se identifica con la idea de una matanza colectiva. Lo que califica al genocidio, por el contrario, es el propósito de los perpetradores de eliminar un determinado grupo social para reorganizar la sociedad sin su presencia. El número de víctimas que apareja esa escalada no es un dato sustancial ni consttutivo de ese delito. Por eso es que, en general, aniquilamientos tales como el producido por la utilización de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki podrían configurar crímenes de guerra o contra la humanidad, pero, aún así, como su objetivo no era el establecimiento de una nueva sociedad mediante la elminación de grupos sociales, la conducta no encuadraría en la figura del genocidio (6). En relación con el art. II de la Convención -“la intención no tiene que ser necesariamente la (de) destrucción total del grupo, sino que constituyen también genocidio los actos cometidos con la intención de destruirlos parcialmente”-, se ha entendido que la interpretación de la expresión “con la intención de destruir, en todo o en parte, un grupo” como la exigencia de un amplio número de víctimas es errónea, en la medida que confunde los aspectos objetivos y subjetivos del tipo, ello en razón de que “una interpretación literal indica claramente que la expresión total o parcial va referida al objeto cubierto por el elemento subjetivo del tipo, es decir, por la intención, y en ningún momento al resultado material exigido en el tipo objetivo para la consumación del delito, que se verifica con el menoscabo de una parte ínfima (un individuo)… Además, la posibilidad de que la intención criminal se extienda a la destrucción de todo el grupo o sólo a una parte del mismo debe ser interpretada en el sentido de que basta que se limite a la destrucción de un sub grupo dentro de una raza, etnia, nacionalidad o religión de que se trate y su delimitación a un determinado ámbito: un país, una región o una comunidad concreta… Ello significa que ha de calificarse de genocidio también el intento de exterminio de todas las personas que pertenecen a un grupo de los protegidos por la Convención dentro de determinado ámbito, aunque dichas personas no constituyen todos los miembros del grupo, que puede extenderse a otros ámbitos, comunidades o territorios, pero siempre que la raza, nacionalidad, etnia o religión sea el factor que caracteriza a las víctimas como grupo contra el que se dirige el plan de exterminio, distinguiéndoles del resto de los individuos que conforman ese ámbito (7). Por ende, el número, la cifra, de victimizados, por sí sola, carece de entidad para caracterizar al genocidio como práctica social y como conducta penal típica.
(1) Connolly: “The Terms of Political Discourse, D.C. Heath & Co., 1974, p. 28, citado por Bjorlund, Matthias - Markusen, Eric - Mennecke, Martin, “¿Qué es el genocidio?”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 21.
(2) Bjorlund, Matthias - Markusen, Eric - Mennecke, Martin : “¿Qué es el genocidio?”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 41.
(3) Chalk, Frank - Jonassohn, Kart: “Historia y sociología del genocidio”, Editorial Prometeo. Buenos Aires, 2010, p. 51.
(4) Gómez-Robledo Verduzco, Alonso: “El crimen de genocidio en Derecho internacional”, Biblioteca Jurídica Virtual, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, que se encuentra disponible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art6.htm
(5) Gómez-Robledo Verduzco, Alonso: “El crimen de genocidio en Derecho internacional”, Biblioteca Jurídica Virtual, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, que se encuentra disponible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art6.htm
(6) Slepoy, Carlos, en Taub, Emmanuel - Borovinsky, Tomás: “La jurisdicción universal, entre el genocidio moderno y los Derechos Humanos. Una entrevista a Carlos Slepoy”, en Revista de Estudios sobre genocidio, Volumen 4, julio de 2010, Buenos Aires, Editorial Eduntref, p. 94.
(7) Rezses, Eduardo: “La figura de genocidio y el caso argentino. La posibilidad de adecuar juridicamente una figura penal a una realidad política”, disponible en www.derechopenalonline.com
- Detalles
Volúmenes antiguos, presentaciones de libros, homenajes, temas como el medio ambiente o los derechos humanos, detalles sobre la historia y la geografía, talleres sobre artesanías, narraciones acerca de mitos y leyendas, instrumentos musicales y la música de cada rincón de la Argentina se hacen sentir a diario en el Pabellón Ocre de la Feria del Libro que agrupa los stands de diferentes provincias.
Atrás quedaron los días en que las provincias se juntaban en un sólo espacio donde con dificultades exponían algunos libros. Poco a poco se empezaron a independizar, proliferaron las editoriales provinciales con sus stands propios y en la última década los escritores del interior se animaron a venir a la Feria, a dar a conocer personalmente su literatura.
En el stand de La Pampa, el público superó la cantidad de sillas y muchos seguían parados escuchando a Eduardo Luis Aguirre, abogado y profesor titular de Derecho Penal I de la Universidad de la Pampa que hablaba sobre su libro "El llanto del Kopaonik", sobre el juzgamiento de los crímenes en la tragedia de los Balcanes.
Mientras Luis Talone atendía a las personas interesadas en comprar alguno de los títulos exhibidos en las vitrinas, Guido Alonso, en diálogo con Télam, adelantó que el prestigioso autor esta preparando "un nuevo libro sobre la desertificación de los dos tercios del territorio pampeano, producto del corte de las ex correntías del Río Atuel por Mendoza, un tema de litigio entre ambas provincias".
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