El presente documento surge como una necesidad impostergable de interpretar los datos oficiales que el propio Poder Judicial de La Pampa recabara respecto del funcionamiento de sus agencias y tiene como único objetivo problematizar aspectos cuya centralidad  en materia político criminal resultan indiscutibles.
Más allá de que, al tomar estado público, este instrumento de suma utilidad fue exhibido como una evidencia del “crecimiento” de las denuncias y del “delito” común o de subsistencia en la Provincia, una lectura más profunda y meditada permitiría extraer conclusiones que no pueden soslayarse ni menoscabarse al momento de intentar conocer ciertas variables que hacen al funcionamiento del Poder Judicial e impactan decididamente sobre cualquiera de las intervenciones que quisieran hacerse en materia político criminal.
La única conclusión que no puede extraerse, justamente, es la que sin rigor alguno propaga el mensaje de un aumento exponencial de la criminalidad. Sabemos todos que no se realizan estudios de victimización en la Provincia, y por ende cualquier otro tipo de medición o encuesta adolece de un margen de error de proporciones que debilita cualquier tipo de presunción en la materia.
Pero no es éste el aspecto que preocupa (al menos en este caso) al Ministerio Público de la Defensa.
Nuestro aporte, por el contrario, tiende inicialmente a esclarecer algunos datos y variables que han permanecido invisibilizados, sobre los que nada se ha expresado oficialmente, y que marcaría verdaderos hiatos en materia político criminal, a cuatro años de haberse puesto en vigencia el nuevo sistema de persecución y enjuiciamiento penal.

Pero además, nuestro aporte  insiste en la necesidad de que el Poder Judicial analice en ámbitos horizontales de debate este tipo de problemáticas, como única forma de poder realizar estrategias de política criminal consistentes en su ámbito constitucional de incumbencia.

A título de ejemplo, debemos recordar que el nuevo Código Procesal Penal, de corte adversarial, fue sancionado con el objeto de lograr mayor celeridad, eficiencia y respeto de las garantías y derechos de los ciudadanos, lo que en buena medida impedía el anterior sistema mixto.
Es menester analizar, a más de cuatro años de vigencia del nuevo ordenamiento, en qué medida se han cumplido esos postulados originarios.


Informe de la Defensa Pública
Estadísticas 2014.
Fuente de datos:

Para el relevamiento de la producción del Fuero Penal del Poder Judicial de La Pampa en el año 2014, se utilizó como fuente el Informe 03/2015 del Sector Estadísticas de la Secretaría de Sistemas y Organización del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa, titulado “Estadísticas del Sistema Penal, 2014”.
Para el relevamiento de la prisionización -preventiva y condenatoria-, se han utilizado como fuente, datos oficiales de la Policía Provincial obtenidos de los e-mails que diariamente envía esa fuerza a los actores judiciales con los partes de ingresos y egresos de personas detenidas en las seccionales de policías y alcaidías de la provincia; y el informe oficial enviado por la provincia al Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) 2013. “Informe Anual. Provincia de La Pampa”.
I- Producción del Fuero Penal del Poder Judicial de La Pampa en el año 2014.
En primer lugar, debemos aclarar que los datos colectados y relevados por la secretaría de Sistemas y Organización de mención en el informe que analizaremos, no corresponden a cantidad de delitos cometidos en realidad en la provincia, sino que los datos corresponden a la contabilización de datos registrados en el poder judicial de casos judicializados solamente, los cuales, cabe decir, no conforman la totalidad de delitos cometidos, pues existe un porcentaje no medido en nuestra provincia, de “cifra negra”, entendiendo dicho término como delitos que han sido cometidos pero que por diversas circunstancias no son judicializados; pero además, los casos judicializados, en un porcentaje que tampoco se encuentra medido en nuestra provincia, contienen hechos que aún cuando son denunciados penalmente, no configuran ningún delito y son reenviados a los juzgados de faltas o directamente archivados sin trámite.
Por ende, no sería correcto concluir que los porcentajes y datos numéricos que puedan extraerse del informe en análisis, aluden a cantidad de delitos cometidos o existentes en la realidad. Entendemos que lo correcto es que sólo podría arribarse a conclusiones en los siguientes aspectos, que es lo que trataremos de transparentar en este informe:
1º) De manera directa, sólo puede arrojar resultados en términos de producción laboral de las agencias y actores del fuero penal del poder judicial, como uno de los integrantes del sistema penal, el cual también está conformado por otras agencias que no se encuentran medidas en el informe utilizado como base (por ejemplo, la policía);
2º) Por derivaciones, pueda analizarse la eficiencia con que los responsables de dirigir la política criminal de la provincia, vienen administrando el poder punitivo desde el poder judicial. Y para ello, deberemos construir las variables a analizar. Aclaramos desde el inicio que en este aspecto nos limitaremos a análisis cuantitativos, y la variable principal será la obtención de sentencias condenatorias, pues se carece en el informe de aspectos cualitativos, por ejemplo, relacionados a la flexibilización de garantías constitucionales para obtener la producción de sentencias verificada, pues estos datos no se registran en este informe, sin perjuicio de que podamos construir la relación en aportes posteriores; y por último
3º) Por inferencias, puede arribarse a un número diverso e impredecible de conclusiones, pero sólo ahondaremos en dos aspectos: primero, cuál es la producción de otras agencias, necesariamente asociadas al poder judicial, y en este caso ejemplificaremos sólo con la policía; y segundo, con el grado de eficiencia que permita verificar el informe estadístico, cuáles serían las posibilidades de incidencia del poder penal utilizado desde la agencia judicial sobre las diferentes problemáticas sociales, tanto para fines preventivos, investigativos, disuasivos, sancionatorios o el que fuera que se pueda pregonar como aspiración a ser cumplimentada desde este sector del Estado.
En segundo lugar, debemos aclarar también que, aunque el informe contiene datos numéricos correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014, en este análisis nos circunscribiremos a desagregar datos correspondientes al año 2014, a fin de aportar una visión a modo de fotografía del último año relevado, aunque en algunos pasajes realizaremos comparaciones a fin de ejemplificar conclusiones.
Pero en este aspecto, debemos destacar también, que el informe contiene dos variables mensurativas diferentes para la recolección de datos: la primera se refiere a Causas ingresados al sistema judicial, que luego relaciona con legajos judicializados y sentencias dictadas; y la segunda, es Delitos denunciados que divide por tipo, según ocho campos, tomando como base el bien jurídico implicado (administración pública, fe pública, integridad sexual, libertad, propiedad, seguridad pública, personas y animales).
Y en tercer lugar, aclaramos para quienes les resulte ajena la cuestión, que las agencias del Poder Judicial de La Pampa se dividen para su competencia territorial en cuatro circunscripciones judiciales por ley (Art. 4º de Ley Pcial. 2574), y son:
La Primera comprende los Departamentos de Capital, Catriló, Atreucó, Toay, excluidos los Lotes 21 y 22 de la Fracción B, 1 y 2 mitad oeste del Lote 10 y Legua Noroeste del Lote 11, todos de la Fracción C, Sección VIII; Lote 10 de la Fracción B, Sección IX; y Conhelo excluidos los Lotes 21, 22, 23, 24 y 25 de la Fracción C y Lote 25, Fracción D, todos de la Sección VII; Lotes 21, 22, 23, 24 y 25 de la Fracción D, Sección I; Lote 5 Fracción A, Sección VIII; Lotes 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12,13, 18, 19 y 20 de la Fracción B, Sección VIII.
La Segunda comprende los Departamentos de Rancul, Realicó, Chapaleufú, Trenel, Maracó, Quemú Quemú y los Lotes 21, 22, 23, 24, y 25 de la Fracción C y Lote 25 de la Fracción D, todos de la Sección VII; y Lotes 21, 22, 23, 24 y 25 de la Fracción D de la Sección I del Departamento Conhelo.
La Tercera comprende los Departamentos de Utracán, Guatraché, Limay Mahuida, Puelén, Curacó, Lihuel Calel, Hucal y Caleu Caleu.
La Cuarta comprende los Departamentos de Chicalcó, Chalileo, Loventué y del Departamento Conhelo, Lote 5, Fracción A y Lotes 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de la Fracción B, todos de la Sección VIII; y del Departamento Toay los Lotes 21 y 22 de la Fracción B y Lotes 1 y 2 mitad Oeste del Lote 10 y Legua Noroeste del Lote 11, Fracción C, todos de la Sección VIII y Lote 10, Fracción B de la Sección IX.
Según los datos de la página 2 del informe, en el año 2014 ingresaron al fuero penal de toda la provincia de La Pampa, un total de 21961 causas, de las cuales:
1º) 12678 corresponden a la 1ª circunscripción judicial, es decir un 57.73 %. De ellas, 7212 (un 56.89%) ingresaron con autor/a conocido/a y 5466 (un 43.11 %) con autor/a desconocido/a.
2º) 6499 corresponden a la 2ª circunscripción judicial, es decir un 29.59 %. De ellas, 3753 (un 57.75%) ingresaron con autor/a conocido/a y 2746 (un 42.25%) con autor/a desconocido/a.
3º) 2182 corresponden a la 3ª circunscripción judicial, es decir un 9.94 %. De ellas, 1429 (un 65.49%) ingresaron con autor/a conocido/a y 753 (un 34.51%) con autor/a desconocido/a.
4º) 602 corresponden a la 4ª circunscripción judicial, es decir un  2.74%. De ellas, 314 (un 52.16%) ingresaron con autor/a conocido/a y 288  (un 47.84%) con autor/a desconocido/a.
Es decir que, del total de causas ingresadas al fuero penal del poder judicial en toda la provincia en 2014, que asciende a 21961, un total de 12708 ingresaron con autor/a conocido/a, mientras que un total de 9253 lo hicieron con autor/a desconocido/a.
Ergo, de las causas que ingresan a este sistema, en un 57.87% se ha logrado identificar a las/os autoras/es de los delitos denunciados antes de que el caso sea judicializado, mientras que en el 42.13 % no.
Ese total de 21961 supone 4818 casos más que en 2013, que fueron 17143, es decir un 21,94% de aumento del flujo de causas ingresadas.
Si se tiene en cuenta que en nuestra provincia se carece de policía judicial, siendo la policía provincial la encargada de la prevención de delitos pero también de la tarea investigativa para dilucidarlos, dirigidos por las/os fiscales de cada circunscripción, puede verse claramente que en materia de prevención los casos que han llegado a las fiscalías para su tramitación, lejos de disminuir, han aumentado en un 21,94%, y en materia investigativa, los números son más contundenes aún, puesto que en casi la mitad de los casos (42,13%) no se ha logrado identificar a las/os autoras/es de los delitos. Y esto incluye la actividad investigativa inicial, esto es, de los casos que se originan en la policía y luego son judicializados, en conjunto con la actividad investigativa provocada desde las fiscalías, pues ambos conceptos no se encuentran desagregados en el informe.
Respecto del total de causas ingresadas, el informe no aporta los datos necesarios para saber cuántas fueron tramitadas y cuántas resueltas efectivamente, ni cuánto tiempo duran los procesos.
Sí aporta datos, en cambio, en relación a las sentencias dictadas, por lo que haremos la relación entre ambas variables –causas ingresadas y sentencias dictadas-:
- En la etapa de Control, durante 2014, se han dictado un total de 788 sentencias, esto es un 3.59 % de sentencias con respecto al total de causas ingresadas en el año 2014. Aunque, debemos aclarar que esas sentencias no necesariamente corresponden a causas que han ingresado el mismo año de referencia 2014, por ende la variable puede ser inexacta, y el porcentaje de eficiencia, en términos de lograr una sentencia sobre cada causa, puede ser aún menor.
Ahora bien, de las 788 sentencias, 353 fueron condenas (44.80%), 395 fueron sobreseimientos (50.13%) y 40 contuvieron condenas y absoluciones (5.07%).
Cabe aclarar que el 100% de las condenas fueron en juicio abreviado, pues ese es el único procedimiento que pueda terminar con una condena en esta etapa del proceso penal pampeano (Investigación Fiscal Preparatoria ante Juzgados de Control), el cual, además, no implica investigación completa del caso, es decir, que materialmente no ha sido necesario investigarlos de manera integral.
Entonces, pese a que en esta etapa de las investigaciones, el 100% de las resueltas lo es por la vía del juicio abreviado, ello implica sólo el 44.80% de las sentencias dictadas, pues el 50.13% son sobreseimientos, si a cada porcentaje se le distribuye a mitades el restante 5.07% mixto, otorgando el 2.535% a cada extremo, se obtiene que el 47.335%, esto es, 373 resoluciones, son condenatorias; mientras que el 52.665%, esto es, 415 resoluciones son  sobreseimientos.
Recordemos que la cantidad de sentencias en esta etapa -788-, en relación a la cantidad de causas ingresadas -21961-, implica sólo el 3.59%.
Si a ese total se sentencias condenatorias (373), que representa el 47.335% de las sentencias dictadas en 2014 en la etapa de control, se lo relaciona con la cantidad de causas ingresadas en el mismo año -21961-, implica un 1.698%.
Sería interesante verificar cuántas de las personas que recibieron condenas en esta etapa del proceso, llegaron en prisión preventiva al momento de aceptar la decisión de acceder al juicio abreviado, pero ese dato no lo aporte el informe que usamos como fuente.
- En la etapa de Juicio, durante 2014, se han dictado un total de 226 sentencias, esto es un 1.03% de sentencias con respecto al total de causas ingresadas en el año 2014. Aunque, debemos aclarar que esas sentencias no necesariamente corresponden a causas que han ingresado el mismo año de referencia 2014, por ende la variable puede ser inexacta, y el porcentaje de eficiencia, en términos de lograr una sentencia sobre cada causa, puede ser aún menor.
Ahora bien, de las 226 sentencias, 139 fueron condenas (61.50%), 15 fueron absoluciones (6.64%), 25 fueron sobreseimientos (11.06%) y 47 contuvieron condenas y absoluciones y/o sobreseimientos (20.796%).
Si se suman las sentencias en las cuales recayeron absoluciones y sobreseimientos, a fin de agrupar las sentencias condenatorias por un lado y las que no lo fueron por el otro, para sumarles en proporciones iguales las sentencias mixtas, en 23.5 a cada uno de los dos grupos, arroja los siguientes números:
De las 226 sentencias 162.5 fueron condenas, lo cual implica un 71.90% del total de las dictadas, mientras que 63.5 fueron absoluciones o sobreseimientos, lo cual implica un 28.10% del total de esas resoluciones.
Entonces, la cantidad de sentencias dictadas en la etapa de juicio en el año 2014 -226-, en relación a la cantidad de causas ingresadas en el mismo año -21961-, implica sólo el 1.03%.
Si sobre ese porcentaje que implica 226 sentencias, se tiene en cuenta que el 71.90% son condenatorias (162.5 resoluciones), mientras que el 28.10% fueron absolutorias o de sobreseimiento (63.5 resoluciones), se obtiene que esas 162.5 sentencias condenatorias, implican en relación a las 21961 causas ingresadas, un 0.74%.
Sería interesante verificar cuántas de las personas que recibieron condenas en esta etapa del proceso, llegaron en prisión preventiva al momento de aceptar la decisión de acceder al juicio abreviado, pero ese dato no lo aporte el informe que usamos como fuente.
Cabe aclarar que para el acceso a la etapa de juicio es necesario agotar la Investigación fiscal Preparatoria y acusar, por lo cual en el 100% de estos casos, se han concluido las investigaciones con los elementos necesarios como para llevar a juicio a las personas involucradas.
El informe no aporta el dato de cuántas sentencias se han producido en juicios ordinarios, abreviados o directos, por lo cual no se pueden analizar esas variables, aunque por registros de la defensa pública se puede arribar a ciertas aproximaciones, de las que daremos cuenta.
Si se relacionan el total de las sentencias dictadas en ambas etapas del proceso penal con respecto al total de causas ingresadas, a fin de arribar a algún índice de eficiencia en términos de obtención de sentencias condenatorias, los datos son los siguientes:
Etapa de Control: 788 sentencias, 353 fueron condenas (44.80%), 395 fueron sobreseimientos (50.13%) y 40 contuvieron condenas y absoluciones (5.07%). Y si se contabilizan sólo las sentencias condenatorias (373), en relación a las causas ingresadas (21961), ello implica un 1.698%.
Etapa de juicio: 226 sentencias 162.5 fueron condenas, lo cual implica un 71.90% del total de las dictadas, mientras que 63.5 fueron absoluciones o sobreseimientos, lo cual implica un 28.10% del total de esas resoluciones. Y si se contabilizan sólo las sentencias condenatorias (162.5), en relación a las causas ingresadas (21961), ello implica un 0.74%.
Entonces, si se suman los datos correspondientes a sentencias condenatorias dictadas en el año 2014, en ambas etapas del proceso –373 en Control y 162.5 en Juicio- ello arroja un total de 535.5, lo cual implica un 2.44%, en relación al total de causas ingresadas.
El total de sentencias dictadas en el año 2014 sin discriminar su contenido condenatorio, absolutorio o de sobreseimiento, fue de 1014 en toda la provincia de La Pampa, sumando las 788 de la etapa de control y las 226 de la etapa de juicio, lo cual implica un 4.62% en relación al total de causas ingresadas en el mismo año.
Pero si se tienen en cuenta la cantidad de sentencias condenatorias y la cantidad de sentencias absolutorias o de sobreseimiento, arroja los siguientes datos: del total de sentencias dictadas en La Pampa en 2014, que asciende a 1014, en 535.5 recayó sentencia condenatoria, lo cual implica un 52.81% de las sentenciadas, por ende, el restante 47.19% fueron absoluciones y/o sobreseimientos, un total de 478.5 resoluciones.
De ello se pueden obtener múltiples conclusiones. Quizá algunas de las más lineales, y siempre siguiendo sólo la fuente citada en este informe, pueden ser las siguientes:
1º) Mientras que en el año 2014 ingresaron 21961 causas, sólo se produjeron 1014 sentencias, lo cual implica un 4.62% del total, si se relacionan ambas variables;
2º) De esas 1014, sólo 535.5 fueron sentencias condenatorias, lo cual implica un 52.81% de las sentenciadas, y un 2.44% en relación al total de causas ingresadas en el mismo año.
3º) De las sentencias recaídas en la etapa de control, más de la mitad (el 50.13%) fueron sobreseimientos, por lo cual, en más de la mitad de los casos se dictó sentencia a personas inocentes en términos constitucionales o no se pudieron probar los delitos investigados;
4º) De las sentencias recaídas en la etapa de juicio, casi la mitad (el 47.19%) fueron absoluciones y/o sobreseimientos, por lo cual, en casi la mitad de los casos se llevó hasta esa etapa del proceso a personas inocentes en términos constitucionales o no se pudieron probar los delitos investigados;
5º) El grado de eficiencia, entendiendo por este término la consecución de una sentencia condenatoria, en la etapa de control es del 1.0698%, mientras que en la etapa de juicio es del 0.74%, y en total es del 2.44%, siempre relacionando las variables causas ingresadas con sentencias dictadas.
6º) El total de sentencias dictadas en la etapa de juicio -226- arroja también el número de los casos que se investigaron materialmente de manera completa, lo cual implica un porcentual de 1.03% en relación al total de causas ingresadas en el mismo año 2014. Ello es así, puesto que los casos archivados, desestimados, reservados, resueltos con medios alternativos y/o principios de oportunidad, y las que arribaron a juicios abreviados, no fueron investigadas de acuerdo al procedimiento ordinario por no resultar necesario,
Relacionado con la primera parte de este informe –causas ingresadas con autor/a conocido/a o no-, arroja los siguientes datos:
Del total de causas ingresadas al fuero penal del poder judicial en toda la provincia en 2014, que asciende a 21961, un total de 12708 ingresaron con autor/a conocido/a, mientras que un total de 9253 lo hicieron con autor/a desconocido/a. Ergo, de las causas que ingresan a este sistema, en casi la mitad (el 42.13%) no se ha logrado identificar a las/os autoras/es de los delitos denunciados antes de que el caso sea judicializado.
De ellas, se judicializaron 2259 legajos en 2014. Es decir que, de los 21961 causas ingresadas, sólo se materializaron en investigaciones judicializadas el 10.28%.
Sobre ese porcentaje de investigaciones, se dictaron 1014 sentencias, lo cual implica el 4.62% del total, y en más de la mitad (el 50.13%) de las dictadas en la etapa de control fueron sobreseimientos, y en casi la mitad en la etapa de juicio también (el 47.19%).
Por último, estos datos, podrían completarse diciendo que: en relación al total de las causas ingresadas en 2014 -21961- se dictaron 1014 sentencias, lo cual implica un 4.62%, hay entonces un porcentaje del 95.38% de lo administrado, sin sentencia.
Y si se agrega que la defensa pública asiste a (+-) el 90% de los casos ingresados al sistema, esto nos arroja los siguientes resultados:
1º) Del total de las causas ingresadas en el año 2014 (21961) las/os defensores oficiales en lo penal han intervenido en (+-) 19764.9 procesos;
2º) Del 98.21% (21568) del total de las causas ingresadas al sistema y que no han recibido sentencias condenatorias, el 90% (19411.2) es producto de la actividad de la defensa pública; y por último
3º) Del total de sentencias finalmente dictadas -1014-, en más de la mitad de las que obtuvieron sentencia  en la etapa de control (el 50.13%) y en casi la mitad de las que obtuvieron sentencia en la etapa de juicio (el 47.19%), la defensa pública obtuvo absoluciones y/o sobreseimientos.
En general, del total de las sentencias dictadas en La Pampa en el año 2014, en 535.5 recayó sentencia condenatoria, lo cual implica un 52.81% de las sentenciadas, por ende, el restante 47.19% fueron absoluciones y/o sobreseimientos, un total de 478.5 resoluciones, de las cuales un (+-) 90% es producto de la defensa pública, en total de 430.65 casos;
4º) Si al total de casos en que la defensa pública ha intervenido -+- 19764.9- se le descuenta el total de casos sentenciados de manera condenatoria -535.5-, da como resultado 19.229.4, lo cual implica que su actividad ha logrado absoluciones o procesos sin condena en el 87.56% de los casos en que han intervenido durante el año 2014.
Respecto de los órganos de Alzada del Fuero Penal, se puede relevar lo siguiente:
En el Tribunal de Impugnación Penal han ingresado 222 causas en el año 2014.
En el Superior Tribunal de Justicia, en el año 2014, han ingresado directamente 98 legajos, mientras que han pasado por allí 108 (sin especificar el informe a qué se debe esta división de recolección de datos), los cuales sumados, arrojan como resultado 206.
En relación a estos dos tribunales de alzada, el informe utilizado como fuente, no releva datos sobre la cantidad de legajos resueltos en el año de mención, ni otros datos que permitan determinar la cantidad de resoluciones dictadas, los plazos que duran los procesos tanto en la tramitación de los recursos como para su resolución, los tipos de recursos tramitados, los desestimados o en los cuales los Tribunales hubiesen dispuesto su incompetencia, como así tampoco desagrega procesos con personas privadas de su libertad o no, qué tipo de procesos se resuelven antes que otros para verificar parámetros de priorización, etcétera.
El informe releva también por tipos de delitos, en relación a afectación de bienes jurídicos
Tal como dijimos al principio, pero es necesario tener en cuenta que sólo se registran los casos judicializados, entendiendo por este término la intervención de los organismos correspondientes del Ministerio Público Fiscal, y según han sido cargados al sistema informático del Poder Judicial de La Pampa.
Así, puede verse que en el informe a página 10 destaca que en el año 2014 hubo (entiéndase por éste término, que se han judicializado por denuncia, comunicación, sumario policial, iniciación de oficio, etcétera –el informe no desagrega estas variables-) en total 20587 delitos (2867 más que en el año 2013, que fueron 17720), pero en la página siguiente cuando desagrega esos números por circunscripción, no coinciden las cifras, sino que los números son los siguientes: para 2013 fueron 7414 delitos mientras que para 2014 fueron 10226, lo cual reduce prácticamente a la mitad el resultado.
Tomando la tabla discriminada por circunscripción judicial, se pueden obtener los siguientes resultados:
1º) En la 1ª circunscripción, del total de delitos judicializados en 2014 -6258-, el  90.82% fueron delitos contra la propiedad (5684 casos) y le siguen en cantidad los delitos contra la libertad en un 4.1% (257 casos) y los delitos contra las personas en un 3.32% (208 casos), mientras que los delitos judicializados por afectar a la integridad sexual fueron un 0.46% (29 casos) y contra la administración pública sólo el 0.30% (19 casos)
2º) En la 2ª circunscripción, del total de delitos judicializados en 2014 -2952-, el 88.92% fueron delitos contra la propiedad (2625 casos) y le siguen en cantidad los delitos contra las personas  en un 4.74% (140 casos) y los delitos contra la libertad en un 4.71% (139 casos), mientras que los delitos judicializados por afectar a la integridad sexual fueron un 0.27% (8 casos) y contra la administración pública sólo el 0.41% (12 casos)
3º) En la 3ª circunscripción, del total de delitos judicializados en 2014 -836-, el  65.79% fueron delitos contra la propiedad (550 casos) y le siguen en cantidad los delitos contra la libertad en un 16.98% (142 casos) y los delitos contra las personas en un 9.45% (79 casos), mientras que los delitos judicializados por afectar a la integridad sexual fueron un 1.08% (9 casos) y contra la administración pública sólo el 0.72% (6 casos)
4º) En la 4ª circunscripción, del total de delitos judicializados en 2014 -180-, el 76.11 % fueron delitos contra la propiedad (137 casos) y le siguen en cantidad los delitos contra la libertad en un 12.78 % (23 casos) y los delitos contra las personas en un 7.78 % (14 casos), mientras que los delitos judicializados por afectar a la integridad sexual fueron un 2.22% (4 casos) y contra la administración pública no se registró ningún caso.
Completaremos este informe con una estadística propia del ámbito de la Defensa Pública, realizada durante el último semestre del año 2014, a fin de que en el marco de producción del Poder Judicial de La Pampa, en su Fuero Penal, como se ha descrito hasta aquí, se pueda graficar la situación con respecto a las personas condenadas en este sistema a prisión efectiva, cuántos y quiénes son, qué se hace con ellos, si son o no reincidentes, si son o no de esta provincia, y otros datos que no aporta el informe tomado como fuente hasta aquí, pero también desagregaremos algunas cuestiones referidas a la utilización de la prisión preventiva en el marco de este sistema punitivo, en su arista judicial.
Adelantamos, que de lo que sigue surgirá una cuestión que nos preocupa en demasía, y es la excesiva y desmesurada prisionización preventiva, pero si a ello se agrega que, con el nivel de producción detallado hasta aquí, y teniendo en cuenta el nivel de efectividad, en términos de condenas obtenidas, que vimos no llega al 1% de los casos ingresados al sistema, no obstante ello, ha producido una superpoblación (o mejor dicho hacinamiento) de entre el 30 y el 46% en los lugares de alojamiento pampeanos, por lo que cabe colegir que si el fuero penal fuera más eficiente en las resoluciones condenatorias, el nivel de prisionización podría elevarse a cantidades que superarían ampliamente cualquier posibilidad de asegurar derechos humanos en este ámbito.
Quedará claro de lo que sigue, y de lo que se ha relevado hasta aquí, entonces, que es necesario y de manera urgente revisar la dirección de la política criminal del estado pampeano para, entre muchas otras variables, disminuir los niveles altísimos de prisionización preventiva, y elevar los niveles de eficiencia en la resolución de los casos.
Prisionización.
Cantidad de personas privadas de libertad en la provincia.
En el año 2004 (informe SNEEP) tenía 94 presos y hoy tiene 231, En diez años aumentó en 137 personas: 145,7% en 10 años, esto es 14,57% por año.
En el año 2012 (informe SNEPP) tenía 161 presos en una capacidad de alojamiento de 195 lugares. Es decir quedaban 34 vacantes. Total -17,4% de vacantes disponibles.
A diciembre de 2014 tenía 231 presos en 200 lugares de alojamiento (221 menos 21). Total 15,5 % de sobrepoblación.    Aumentó 32,9% en sólo dos años
En la Alcaidía UR-I (Santa Rosa) en 2012 (informe SNEEP) había capacidad para 72 presos y había  63 alojados. Total -12,5% de vacantes disponibles.
Con una capacidad para 64 presos, había 94. Total 46,8% de sobrepoblación (esto configura hacinamiento).        
Aumentó 59,3% en sólo dos años
En Alcaidía UR-II (General Pico) en 2012 (informe SNEEP) había capacidad para 74 presos y había 60 alojados. Total -18,9% de vacantes disponibles.
A Diciembre de 2014 con una capacidad para 33 presos, había 43. Total 30,3% de sobrepoblación.   
Aumentó 49,2% en sólo dos años
Proyectada la cantidad de presos da 13,7 personas por año. Dentro de 5 años tendríamos el 50% más de presos que lugares para alojarlos. Y si agregamos que en el último semestre la prisión preventiva aumentó en un 34%, la situación será insostenible.
¿A quiénes se priva de libertad?
El 56% tiene entre 18 y 34 años de edad, y del total, el 98% son varones.
El 92% no ha terminado el colegio secundario, mientras que el 40% ni siquiera tiene el primario completo.
El 90% es desocupado (64%) o trabajador a tiempo parcial (24%) y el 64% no tenía ni oficio ni profesión al tiempo de ser detenido.
El 52% proviene del ámbito urbano, y el 48% restante del rural.
El 99% son argentinos, y el 98% del total son pampeanos. Pero además, también el 98% tenían como última residencia La Pampa, antes de ser detenidos.
El 63% de los presos no tienen condena (procesados 59%, otra situación legal 4%), mientras que sí la tienen el restante 37%.
Del total, el 47% son primarios, el 44% reiterantes, y el 8% reincidentes. Total 92% de NO reincidentes.
Qué se hace con ellas/os.
El 91% no ha participado de ningún programa educativo.
Al 99% no se le aplica ningún período de progresividad del régimen penitenciario, y sólo al 1% el período de prueba. Es necesario destacar que la progresividad es la reglamentación legal del principio re-socializador dispuesto en los artículos 5,6 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 10,3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos con recepción en la Constitutción Nacional en el artículo 75, inciso 22.
El 94% nunca obtuvo salidas transitorias, al 97% nunca se le otorgó semilibertad, y al 98% nunca se le otorgó semidetención. Cabe destacar que éstos son institutos que prevé la Ley 24660 y suponen egresos esporádicos de los lugares de detención.
Al 100% no se lo incorporó nunca al programa de pre-libertad. Cabe destacar que este progrma es obligatorio legalmente, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 24660, y configura el nexo entre la cárcel y la liberación.
¿Por cuáles delitos fueron condenados?
Para destacar sólo los más numerosos, el 32,75% (75 casos) fue por son robos, hurtos y/o sus tentativas, el 26.20% fueron delitos contra la integridad sexual (60 casos), el 10,91% fue por homicidios dolosos (21 casos consumados y 4 tentados), y no hubo condenados por delitos contra la administración pública ni incumplimientos de deberes de funcionarios públicos.
Por último, y sin lugar a dudas, puede verse claramente que el nivel de incidencia que puede tener un fuero penal como el descrito hasta aquí, estadísticamente, sobre conflictos sociales que, desde diversas áreas, pretenden ser solucionados, o al menos visibilizados para sancionar a sus autoras/es, es más que mínimo, pues no alcanza ni el 1%, como ya vimos en detalle.
Lo que se pretende desde este informe, al medir algunas variables de incidencia condenatoria sobre la base de casos ingresados, es que, además del propio discurso legitimante del poder punitivo, criticable ya desde aspectos ideológicos, tampoco en el análisis cuantitativo resiste el tamiz de la racionalidad, pues, si algo queda demostrado de lo que ha sido relevado hasta aquí, es que en materia de prevención o sanción de ciertos conflictos sociales, pregonando la utilización del poder punitivo para ello, claramente, con un fuero penal con el nivel de eficiencia condenatoria como el que se ha descrito, no tendrá absolutamente ninguna incidencia.
Y ello, no sólo surge de este informe, sino también de una variable sobre la cual no da cuenta la fuente que utilizamos, que tiene que ver con el tiempo desde el ingreso de los casos hasta el momento de su resolución definitiva, lo cual podría distanciar aun más la pretensión de incidencia sobre la corrección o sanción de conflictos sociales desde el poder punitivo, y los efectos que en realidad éste produce, al menos desde la arista judicial.
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.


Objetivos Generales: Esta materia pretende describir y analizar las instancias de control social y su evolución histórica, a la luz de los significados y significantes de la infracción y su correlación con el sistema penal.
La denominada “cuestión criminal”, será abordada a partir de las agencias que se ocupan de la misma, recorriendo las distintas corrientes históricas de pensamiento que intentan explicar la criminalidad acudiendo a la sociología.
Objetivos Especiales: El Sistema Penal, entendido como instrumento de un esquema de control y  reproducción de un determinado estado de situación, se expresa a través de instituciones y organizaciones sociales. Esta realidad permitirá abordar críticamente las lógicas y racionalidades del Sistema Penal  partir del análisis crítico de las instituciones que lo constituyen y de sus operadores.

La asignatura pretende proporcionar elementos teóricos y metodológicos para el análisis tanto de las instituciones como de las acciones mediante las que se reacciona desde el estado y la sociedad frente a la cuestión criminal, recorriendo los distintos discursos históricos y permitiendo que el abordaje de esas narraciones permitan identificar los factores que interactúan como instancias de control y dominación punitiva.  


Unidad 1. Objeto que estudia la sociología criminal. La Investigación sociológica en materia criminal: marco teórico, objetivos, hipótesis, datos requeridos, población y muestra, técnicas de producción y análisis de información. El proyecto de investigación: definición y componentes. La perspectiva cualitativa o estructural. Principales técnicas: entrevista abierta, historias de vida, observación, grupos de discusión, datos secundarios. Las mediciones en la Argentina.

Anitua, Gabriel Ignacio: “Historias de los pensamientos criminológicos”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005.
García Pablos de Molina, Antonio: "Criminología", 3ª edición, Tirant lo blanch, Valencia, 1996.
Torrente, Diego: “Desviación y Delito”, Alianza, Madrid, 2001.
Unidad 2. Los problemas de la discriminación. Pensamiento criminológico argentino. Los operadores jurídicos del sistema penal. Formas de reclutamiento. Extracción social. Ideología de jueces y fiscales. La policía y el régimen penitenciario. Instituciones de la justicia penal para adultos y menores. Principales problemáticas en el marco de la justicia penal actual: drogas, victimología, prisiones, alternativas a las prisiones, minorías, medios de comunicación, violencia juvenil y contra las mujeres.
Bibliografía:
Aguirre, Eduardo Luis: “Bienes Jurídicos y sistema Penal”, Ediciones Fabián Di Plácido, Buenos Aires, 2005.
Aguirre, Eduardo Luis: “La influencia del positivismo criminológico y del derecho penal del enemigo en el sistema de justicia juvenil”, disponible en www.derechopenalonline.com
Bergalli, Roberto: "Control social punitivo", M.J. Bosch, 1996, Barcelona.
Bergalli, Roberto: "Hacia una cultura de la jurisdicción: Ideología de jueces y Fiscales", Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999.
Bombini, Gabriel: "Poder Judicial y cárceles en la Argentina", Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000.

Foucault, Michel: "Los anormales", Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000.
           Margalit, Avishai: "La sociedad decente", Ed. Paidós, Barcelona, 1997.
           Nun, José: "Marginalidad y exclusión social", Ed. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2001.
Sobral Fernández, Jorge: "Psicología y Ley", Eudema, Madrid, 1998.
Sozzo, Máximo: Policía, Gobierno y Racionalidad: incursiones a partir de Michel Foucault (material de la cátedra).
Vega, Juan Carlos; Verbitsky, Horacio; Tonelli, Ideler: "Brecha existente entre la justicia y la sociedad", Marcos Lerner Editora Córdoba, 1995.
Villarreal, Juan: "La exclusión social", Ed. Norma, Buenos Aires, 1996.
           Wacquant, Löic: "Las cárceles de la miseria", Ed. Manatial, Buenos Aires, 2000.
Wacquant, Löic: "Parias urbanos", Ed. Manantial, Buenos Aires, 2001.
Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro: "Derecho Penal. Parte General", Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000.











Unidad 3. Las perspectivas estatales y sociales dominantes en el tratamiento de la relación Seguridad/Inseguridad. El control y las inseguridades globales. La “guerra preventiva” interna. Colectivos de víctimas y empresarios morales: retribucionismo y prevencionismo extremo. La construcción social de la criminalidad.  Norma, fetiche y mentalidad: legislando en defensa propia. La visión social de la cárcel. Discurso social punitivo y teorías de la pena: los disfraces de Talión. Controlando al otro: expresiones cotidianas de control social ciudadano. La convalidación del deterioro de las garantías.
Aguirre, Eduardo Luis: “Bienes Jurídicos y sistema Penal”, Ediciones Fabián Di Plácido, Buenos Aires, 2005.
Aguirre, Eduardo Luis: “La influencia del positivismo criminológico y del derecho penal del enemigo en el sistema de justicia juvenil”, disponible en www.derechopenalonline.com
Aguirre, Eduardo Luis: “Consideraciones criminológicas sobre el derecho penal de enemigo”, disponible en www.fabiandiplacido.com.ar
            Aguirre, Eduardo Luis: “Crónica desencantada del rol de la víctima en las políticas públicas de seguridad”, en “Criminalidad y ciencia penitenciaria”, Ediciones de la Universidad do Pará, 2005, con prólogo de Eugenio Raúl Zaffaroni.
            Aguirre, Eduardo Luis: “Lo esencial es imperceptible a los ojos”, disponible en www.carlosparma.com.ar
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Cerro, Ana María; Meloni, Osvaldo: "Distribución del Ingreso, Desempleo y Delincuencia en la Argentina", Anales de la XXXIV Reunión de la Asociación Argentina de Economía Política, Rosario, 1999, disponible en www.aaep.org.ar.
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          Gomes, Luiz Flávio; Bianchini, Alice: "El derecho penal en la era de la globalización", Serie "Las Ciencias criminales en el siglo XXI", Volumen 10, Editora Revista de los Tribunales, San Pablo, 2002.
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           Pitch, Tamar: “Responsabilidades limitadas”, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2003.
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Vinyamata, Eduard: "Manual de prevención y resolución de conflictos", Ariel, Barcelona, 1999.
Wacquant, Löic: "Las cárceles de la miseria", Ed. Manatial, Buenos Aires, 2000.
Wacquant, Löic: "Parias urbanos", Ed. Manantial, Buenos Aires, 2001.
Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro:  "Derecho Penal. Parte General", Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000.















Unidad 4. Castigo y sociedad moderna. Sociología de la prisión. La composición social de la población carcelaria. Efectos y significados del secuestro institucional. Las instituciones totales argentinas. Selectividad del sistema penal. Criminalización primaria y secundaria.

            Aguirre, Eduardo Luis: “Bienes Jurídicos y sistema penal”.
            Garland, David: “Castigo y sociedad moderna”.
 Vasseur, Veronique: "Lo que yo he visto en la Prisión de la Santé", Ed. Argitaletxe Hiru, SL, Hondarribia (Guipúzcoa), en castellano, 2001.
Wacquant, Löic: "Las cárceles de la miseria", Ed. Manatial, Buenos Aires, 2000.

            Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro:  "Derecho Penal. Parte General", Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000.



Unidad 5. La influencia del pensamiento ilustrado en el conocimiento penal y criminológico .El Iluminismo: sus orígenes. Los motivos de su aparición: revelación vs. razón y procesos sociales revolucionarios que lo impulsaron. Sus distintas manifestaciones en Europa y en América. Ambigüedades y aporías filosóficas. El modelo social y político que se propone. El Estado moderno, sus narraciones y sus instituciones. Conceptos de sistema penal y desarrollo analítico. El papel del derecho y el sistema penal en la configuración de una sociedad liberal: principios y categorías jurídico-penales.
 

             Anitua, Gabriel Ignacio: “Historias de los pensamientos criminológicos”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005.
             Elbert, Carlos: "Manual básico de criminología", Eudeba, Buenos Aires, 2001
  García Pablos de Molina, Antonio: "Criminología", 3ª edición, Tirant lo blanch, Valencia, 1996.
  Larrauri, Elena; Cid, José: "Teorías criminológicas", Ed. Bosch, Barcelona, 2001.
   Pavarini, Massimo: “Control y dominación”, Siglo XXI Editores, México, 1996.
  Zaffaroni, Eugenio Raúl: “Criminología. Aproximación desde un margen”, Ed. Temis, Buenos Aires.
            Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro: "Derecho Penal. Parte General", Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000.

Unidad 6. La aparición del paradigma etiológico: Las tendencias criminológicas y penales de la denominada Escuela Positiva en Europa y en América latina. El desarrollo posterior de las diversas orientaciones del Positivismo criminológico. El correcionalismo. La defensa social como ideología común a todas ellas. El paradigma etiológico o la búsqueda de las causas individuales del comportamiento criminal.
  Aguirre, Eduardo Luis: “El eterno retorno”, disponible en www.derechopenalonline.com
 Aguirre, Eduardo Luis: “La influencia del positivismo criminológico y del derecho penal del enemigo en el sistema de justicia juvenil”, disponible en www.derechopenalonline.com
          
             Anitua, Gabriel Ignacio: “Historias de los pensamientos criminológicos”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005.
             Elbert, Carlos: "Manual básico de criminología", Eudeba, Buenos Aires, 2001
 García Pablos de Molina, Antonio: "Criminología", 3ª edición, Tirant lo blanch, Valencia, 1996.
Larrauri, Elena; Cid, José: "Teorías criminológicas", Ed. Bosch, Barcelona, 2001.
Pavarini, Massimo: “Control y dominación”, Siglo XXI Editores, México, 1996.

Scarzanella, Eugenia: "Ni gringos ni indios. Inmigración, criminalidad y racismo en Argentina 1890-1940, Universidad Nacional de Quilmes Ediciones, 2002.

Zaffaroni, Eugenio Raúl: “Criminología. Aproximación desde un margen”, Ed. Temis, Buenos Aires.

            Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro:  "Derecho Penal. Parte General", Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000.

Unidad 7. Los enfoques ecológicos procedentes de la llamada Escuela de Chicago. Principales ideas teóricas. La percepción de los problemas sociales por la naciente sociología norteamericana de entre siglos. Los fenómenos migratorio y urbano junto al crecimiento industrial. Aproximación ecológica al fenómeno criminal. Investigaciones sobre delincuencia juvenil. Teorías de la desorganización social. Valoración crítica. Planteamientos actuales. 
             Anitua, Gabriel Ignacio: “Historias de los pensamientos criminológicos”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005.
             Elbert, Carlos: "Manual básico de criminología", Eudeba, Buenos Aires, 2001
 García Pablos de Molina, Antonio: "Criminología", 3ª edición, Tirant lo blanch, Valencia, 1996.
  Larrauri, Elena: “La herencia de la criminología crítica”
  Larrauri, Elena; Cid, José: "Teorías criminológicas", Ed. Bosch, Barcelona, 2001.
  Pavarini, Massimo: “Control y dominación”, Siglo XXI Editores, México, 1996.

            Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro:  "Derecho Penal. Parte General", Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000.



Unidad 8. Teoría de la asociación diferencial. Introducción. Principales ideas teóricas. El delito como aprendizaje social. Qué se aprende y cómo se aprende. Consecuencias de política criminal. Planteamientos actuales. Delincuencia de cuello blanco. Valoración Crítica.
             Anitua, Gabriel Ignacio: “Historias de los pensamientos criminológicos”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005.
             Elbert, Carlos: "Manual básico de criminología", Eudeba, Buenos Aires, 2001
 García Pablos de Molina, Antonio: "Criminología", 3ª edición, Tirant lo blanch, Valencia, 1996.
 Larrauri, Elena; Cid, José: "Teorías criminológicas", Ed. Bosch, Barcelona, 2001.
 Pavarini, Massimo: “Control y dominación”, Siglo XXI Editores, México, 1996.
           Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro: "Derecho Penal. Parte General", Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000.

Unidad 9. Teoría de la Anomia. Introducción. Principales ideas teóricas. Merton. Característica de una sociedad anómica. Desequilibrio entre aspiraciones y oportunidades. Respuesta a los problemas de ajuste. Planteamientos actuales. Propuestas y consecuencias de política criminal. Valoración crítica.
            Anitua, Gabriel Ignacio: “Historias de los pensamientos criminológicos”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005.
             Elbert, Carlos: "Manual básico de criminología", Eudeba, Buenos Aires, 2001
 García Pablos de Molina, Antonio: "Criminología", 3ª edición, Tirant lo blanch, Valencia, 1996.
Larrauri, Elena; Cid, José: "Teorías criminológicas", Ed. Bosch, Barcelona, 2001.
Pavarini, Massimo: “Control y dominación”, Siglo XXI Editores, México, 1996.

            Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro: "Derecho Penal. Parte General", Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000.

Unidad 10. Teoría de las subculturas delictivas. Introducción. Principales ideas teóricas. Subculturas expresivas (Cohen) e instrumentales (Cloward-Olhin). Tipología de subculturas delictivas. Otras concepciones acerca de las subculturas. Bandas de barrio, subculturas ideológicas. Consecuencias de política criminal. Valoración crítica.
             Anitua, Gabriel Ignacio: “Historias de los pensamientos criminológicos”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005.
             Elbert, Carlos: "Manual básico de criminología", Eudeba, Buenos Aires, 2001
 García Pablos de Molina, Antonio: "Criminología", 3ª edición, Tirant lo blanch, Valencia, 1996.
Pavarini, Massimo: “Control y dominación”, Siglo XXI Editores, México, 1996.
Larrauri, Elena; Cid, José: "Teorías criminológicas", Ed. Bosch, Barcelona, 2001.
            Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro: "Derecho Penal. Parte General", Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000.

Unidad 11. Teorías del control. Introducción. Principales ideas teóricas. La teoría de los vínculos sociales de Hirschi. Planteamientos actuales: el bajo autocontrol. Consecuencias de política criminal. Valoración crítica.
           Anitua, Gabriel Ignacio: “Historias de los pensamientos criminológicos”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005.
            Elbert, Carlos: "Manual básico de criminología", Eudeba, Buenos Aires, 2001
 García Pablos de Molina, Antonio: "Criminología", 3ª edición, Tirant lo blanch, Valencia, 1996.
Larrauri, Elena; Cid, José: "Teorías criminológicas", Ed. Bosch, Barcelona, 2001.
Pavarini, Massimo: “Control y dominación”, Siglo XXI Editores, México, 1996.
          Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro: "Derecho Penal. Parte General", Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000.


Unidad 12. Teoría del etiquetamiento. Introducción. Principales ideas teóricas. El proceso de definición del delito y del delincuente. La etiqueta y la asunción de una identidad de delincuente. La estadística del delito. Planteamientos actuales: las penas públicas reintegradotas. Consecuencias de política criminal. Valoración crítica.
            Anitua, Gabriel Ignacio: “Historias de los pensamientos criminológicos”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005.
             Elbert, Carlos: "Manual básico de criminología", Eudeba, Buenos Aires, 2001
 García Pablos de Molina, Antonio: "Criminología", 3ª edición, Tirant lo blanch, Valencia, 1996.
Larrauri, Elena; Cid, José: "Teorías criminológicas", Ed. Bosch, Barcelona, 2001.
Pavarini, Massimo: “Control y dominación”, Siglo XXI Editores, México, 1996.
         Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro: "Derecho Penal. Parte General", Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000.



Unidad 13. Teoría crítica de la sociedad. Criminología crítica. Introducción. Precedentes. Evolución. Orígenes de la criminología marxista. La “nueva” criminología marxista. Consecuencias de política criminal. Valoración crítica. Entre las utopías y la realidad. El pensamiento Abolicionista del derecho penal, del sistema institucional y de las cárceles. Conflicto social y globalización: contraste y exclusión social. Corrientes actuales de la criminología crítica: abolicionismo penal, realismo de izquierdas y garantismo penal. Influencia en América Latina.
             Aguirre, Eduardo Luis: “Ensayo de criminología crítica argentina”, Ed. Scotti, La Plata, 1999.
             Aguirre, Eduardo Luis: “Bienes jurídicos y sistema penal”, Editorial Fabián J. Di Plácido, Buenos Aires, 2005.
             Anitua, Gabriel Ignacio: “Historias de los pensamientos criminológicos”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005.
Baratta, Alessandro: "Criminología crítica y crítica del derecho penal", Siglo XXI Editores, México, 1998.
Baratta, Alessandro: "Funciones instrumentales y simbólicas del derecho penal. Lineamientos de una teoría del bien jurídico", en "Revista brasileña de ciencias criminales", Nº 5, enero-marzo de 1994.
           Elbert, Carlos: "Manual básico de criminología", Eudeba, Buenos Aires, 2001.
 Ferrajoli, Luigi: "Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal", Trotta, Madrid, 1995.
           García Pablos de Molina, Antonio: "Criminología", 3ª edición, Tirant lo blanch, Valencia, 1996.
Larrauri, Elena: “La herencia de la criminología crítica”
Larrauri, Elena; Cid, José: "Teorías criminológicas", Ed. Bosch, Barcelona, 2001.
Pavarini, Massimo: “Control y dominación, Ed. Siglo XXI
Taylor, Ian; Walton, Paul; Young, Jock: "La nueva criminología", Amorrortu, Buenos Aires, 1997.
Scheerer, Sebastián; Steinert, Heinz; de Folter, Rolf; Hulsman, Louk; Mathiesen, Thomas; Christie, Nils: “Abolicionismo penal”, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1989.
           Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro: "Derecho Penal. Parte General", Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000.



Unidad 14. La desaparición del modelo fordista y la expansión del sistema penal. El debate contemporáneo sobre la cuestión criminal: de la criminología crítica a una sociología del control penal. Propuestas para una sociología del control penal; transformaciones del derecho y del Estado: su plasmación en el ámbito penal, en especial por la restricción de éste (neo-liberalismo), como por las lógicas bélicas y las estrategias del terror. El nuevo realismo de derecha.

           Anitua, Gabriel Ignacio: “Historias de los pensamientos criminológicos”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005.
Davis, Mike: "Control Urbano: la ecología del miedo", Virus Folletos, Bilbao, 2001.
           Elbert, Carlos: "La misión actual de la criminología o el drama de David frente a Godzilla", ponencia de cierre del II Seminario de derecho penal y criminología ("En homenaje a Alessandro Baratta"), 2002, UNLPam, publicada en www.criminología21.com.
Elbert, Carlos: "La represión sólo trae más violencia", en Diario Clarín, edición del 28 de abril de 2001.
Elbert, Carlos: "Manual básico de criminología", Eudeba, Buenos Aires, 2001

Ferrajoli, Luigi: "Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal", Trotta, Madrid, 1995.

           García Pablos de Molina, Antonio: "Criminología", 3ª edición, Tirant lo blanch, Valencia, 1996.

Larrauri, Elena; Cid, José: "Teorías criminológicas", Ed. Bosch, Barcelona, 2001.
Lea, John y Young, Jock: “¿Qué hacer con la ley y el orden”, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2001.
Pavarini, Massimo: “Control y dominación”, Siglo XXI Editores, México, 1996.

           Pitch, Tamar: “Responsabilidades limitadas”, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2003.
Revista “Delito y sociedad”, Año 10, números 15 y 16, Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral, 2001.
          Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro: "Derecho Penal. Parte General", Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000.






Por María Florencia Aguirre

Introducción

            Los actuales conflictos multiculturales en la región de Europa Oriental como consecuencia de los sucesivos fraccionamientos producto de conflictos modernos parecen adquirir una dimensión de relativa importancia en la actualidad, a pesar de constituir ellos mismos una multiplicidad de realidades sumamente interesantes de abordar.
            En este sentido, resulta hondamente atractivo enfrentarse a la cuestión húngara, que no se agota en una sola dimensión: Hungría ha sufrido, en los últimos cien años, la pérdida de dos terceras partes de su territorio, situación que ha aparejado que casi dos millones de húngaros queden fuera de su territorio nacional. A su vez, es Hungría anfitriona de diversas etnias que habitan allí en carácter de grupos minoritarios.

            Se trata, a primera vista, de una región multiétnica cuyos límites territoriales no se condicen con las nacionalidades de las personas que allí habitan. Entre ellas encontramos una que sobresale por los severos conflictos con los que se la relaciona: la comunidad gitana. Se hará mención a ella en el marco que este trabajo propone aunque, no obstante, constituye una materia cuya trama es tan intrincada como fascinante.

El tópico a desarrollar en las páginas sucesivas conlleva numerosos conflictos internos y externos que no han sido ampliamente difundidos, a su vez que constituye una problemática digna de ser estudiada a fin de realizar un intento de comprensión de un fenómeno poco abordado sobre multiculturalismo y minorías más lejano que los latinoamericanos y europeos occidentales, a los cuales accedemos con más facilidad diariamente.
          La historia de Hungría resume en sí misma el histórico multiculturalismo y la diversidad cultural que caracterizan a la Europa de la modernidad tardía. Pocas regiones como la magiar ponen en evidencia la multiplicidad cultural, el relativismo de naciones, pueblos, etnias, lenguas, costumbres, sistemas de creencias y practicas diversas.
            Las bases del antiguo estado húngaro fueron establecidas por Esteban I, coronado Rey por Roma. La sucesión de Esteban generó dos siglos de inestabilidad, aunque Hungría dominó al norte, hasta la cresta de los Cárpatos y Transilvania, y al sur, la región entre los ríos Sava y Drava. Reinó además sobre Croacia, Bosnia y Dalmacia del Norte (esta última como estado separado). En el siglo XIII Hungría se vio afectada por la invasión mongola, de resultas de  la cual perdió la mitad de su población. Entonces el reino invitó a nuevos colonizadores, pero se vio obligado a  hacer en ese trance diversas concesiones a los grandes señores y a los inmigrantes cumeos, lo que derivó en nuevos efectos disgregadores sobre el reino, hasta la consolidación de la corona con Carlos Roberto de Anjou (1307-1342), que tuvo el favor del Papa. Fue en el siglo XIV que Hungría experimentó su  Edad de Oro.
            Una Dieta húngara avaló la aprobación de las leyes por medio de las cuales los impuestos recaían sobre el campesinado, lo cual originó fuertes rebeliones en el norte y en Transilvania. En 1458, Matías Corvino de Praga fue elegido Rey de Hungría  y ejerció el poder con mano de hierro: contuvo a sus enemigos internos y extendió su señorío sobre Bosnia, Serbia, Valaquia, Moldavia, involucrándose en campañas contra Bohemia y Austria. Con la muerte de Matías en 1490, el Ejército Negro (tropa mercenaria aliada) fue disuelto y los campesinos explotados provocaron otra rebelión en 1514 que  fue cruelmente aplastada. Austria recuperó sus provincias del sur e instauró un patronazgo sobre Hungría.
            Hungría fue conquistada por el Imperio Otomano en 1526. El sultán apoyó a Zapolya. A su muerte ocupó Budapest y retuvo gran parte del centro y el sur del país. Croacia, la franja oeste y norte de Hungría quedaron en poder de Fernando de Habsburgo, debiendo pagar tributo al imperio turco. Entre los siglos XVII y XVIII, Hungría vivió bajo dos imperios cuyo único interés residió en ese tributo.
            La Dieta húngara de 1848 en París aprobó las Leyes de Abril. Se propuso reunificar el país y crear una administración separada en Budapest. Tras la derrota de la revolución, Austria anuló las reformas y, con ayuda de Rusia, reimplantó su poder en Hungría. Viena subdividió el imperio y aceptó las Leyes de Abril. Una ley de nacionalidades dio garantías a las minorías y así quedó constituido, en 1867, el Imperio Austro-Húngaro. El Imperio de los Habsburgo cayó con la Primera Guerra Mundial, tras casi cincuenta años que marcaron una situación de equilibrio político, institucional y democrático cuyas huellas aún se perciben. Un gobierno provisional asumió el poder y proclamó la República de Hungría, pero serbios, checos y rumanos tomaron dos tercios del país y paralizaron el Gobierno central. En 1919, una rebelión comunista anunció una “república de soviets”. Los bolcheviques de Bela Kun huyeron debido al avance de tropas rumanas en la capital. Las potencias europeas obligaron a Rumania a retirarse e instalaron un gobierno provisorio. El Parlamento elegido en 1920 restauró la monarquía y designó al almirante Miklos Horthy regente provisional.
            Por el Tratado de Trianón, las potencias triunfadoras de la Primera Guerra Mundial reconocieron la independencia de Hungría, pero Yugoslavia, Rumania y Checoslovaquia se quedaron con la mayor parte de su territorio y el 60 % de la población; Austria, Polonia e Italia se beneficiaron también en el reparto. Hungría quedó con la industria y la producción desorganizadas, obligada a pagar grandes indemnizaciones de guerra; el desempleo llegó a índices sin precedentes. Recibió casi 400 mil refugiados de los territorios perdidos.
            Territorios húngaros anexionados a otros países a consecuencia del tratado:
Ÿ A Checoslovaquia: Toda Eslovaquia y la entonces llamada Rutenia Transcarpática (en la actualidad la región de Transcarpatia en Ucrania occidental), o sea un territorio de 63 mil kilómetros y más de 3,5 millones de habitantes (de los cuales 1,7 millones eran eslovacos, 900 mil húngaros, 442 mil rutenos y 263 mil alemanes).
Ÿ A Rumania: lo que se suele llamar Transilvania (aunque en realidad es Transilvania y parte del Banato y del Partium), un territorio de 102 mil km2 y 5.250.0000 habitantes (2,8 millones rumanos, 1,7 millones húngaros, 560 mil alemanes y otros).
Ÿ A Yugoslavia (Reino Serbo-Croata-Esloveno): el territorio de Bachea y parte del Banato. 21 mil km2, 1 millón y medio de habitantes  (459 mil húngaros, 378 mil serbios, 308 mil alemanes, 92 mil croatas y otros).
Ÿ A Austria: el Burgenland, zona de 4.000 km2, 293 mil habitantes (216 mil alemanes, 26 mil húngaros, otros).
            Además Hungría perdió el territorio de Fiume o Rijeka, puerto dependiente de
Budapest, donde no había casi población húngara. Territorios totales perdidos por Hungría: 190.263 km2, casi 11 millones de habitantes (de ellos 3,3 millones de húngaros, casi 3 millones de rumanos, 1,8 millones de eslovacos, 1,4 millones de alemanes, 463 mil rutenos, 435 mil serbios y otros). Datos de la Hungría de Trianón (así se menciona a veces a la Hungría actual): 92 mil km2, 7,6 millones de habitantes (6,8 millones húngaros, 555 mil alemanes, 164 mil eslovacos y otros).
            La posterior alianza con Berlín permitió a Budapest recuperar parte de Eslovaquia, Rutenia y el norte de Transilvania. Hungría colaboró en los ataques alemanes contra Rumania, Yugoslavia y la URSS, pero no logró impedir la contraofensiva del Ejército Rojo. Con el Tratado de París, Hungría volvió a los límites de Trianón, pagó indemnizaciones y redujo su ejército. El 23 de octubre de 1989 se declaró la República de Hungría.
            En 2001, el parlamento aprobó por amplia mayoría una controvertida Ley de Estatus que autorizaría a los descendientes de ciudadanos húngaros que viven fuera de fronteras -en Rumania, Eslovaquia, Ucrania, Serbia, Croacia y Eslovenia- a portar un documento especial de identidad que les permitiera trabajar, estudiar, recibir asistencia en salud y beneficios para viajes temporalmente en Hungría.
            La Ley de Estatus despertó una fuerte protesta en Eslovaquia y Rumania con acusaciones a Hungría de injerencia en asuntos internos y de intentar ejercer una influencia exterior injustificada; tanto en Rumania como en Eslovaquia se han producido iniciativas legislativas para penalizar a los húngaros que solicitaran el documento de identidad magiar que da derecho a los beneficios previstos en la ley. Curiosamente, estos dos países tienen leyes para apoyar a sus respectivas minorías dispersas en terceros países, lo cual demuestra que el problema de fondo no son ni los derechos culturales ni el apoyo de otros países a las minorías, sino el temor a la secesión de un territorio.
            Por otra parte, tanto Serbia como Ucrania o Rumania se encuentran en una situación económica inferior a la húngara, lo que motiva una tendencia migratoria entre las minorías, en buena parte destinada a Hungría, lo cual constituye una preocupación para este país.
            Cabe señalar el conflicto que mantienen Eslovaquia y Hungría hasta el día de hoy por la población húngara que habita en la región sur del primero: la dificultad en torno a las minorías húngaras se expresa como una demanda de derechos culturales  -a la enseñanza en el idioma magiar, a la utilización del idioma en los trámites administrativos locales, a la presencia de toponímicos propios, etc.- y, en algunos casos, de autonomía administrativa para la zona habitada por la minoría. En efecto, tal es la raigambre magiar que numerosos periódicos húngaros de Eslovaquia se publican con ayuda estatal; la radio pública Patria emite en tiempo ampliado durante diez horas en húngaro (aunque en Bratislava ya no se puede escuchar); hay nueve editoriales húngaras y dos teatros estatales que reciben financiación pública. Más aún, la propia constitución remarca la importancia del aprendizaje de la lengua oficial. El estado eslovaco (como así también el rumano) teme que la concesión de derechos culturales y de autonomía sea un primer paso hacia la secesión de los territorios que habitan y su posterior anexión a Hungría. En este sentido, la autonomía para la minoría húngara resulta inaceptable. De hecho, la ley de lenguas minoritarias para los manuales que había sido aprobada por la mayoría del parlamento no fue firmada por el presidente de la República Eslovaca, Ivan Gašparovič.
            De esta situación se desprende una permanente tensión entre los dos estados que, lejos de lograr suavizar y atemperar este escenario, lo agravan con sucesivas declaraciones públicas que vuelven a generar una crispación general aunque pacífica en torno al tema.
            Al hacer un análisis de esta situación y de las que se mencionarán posteriormente, cabe apuntar como reflexión acerca del Tratado del Trianón que el mismo no resultó una mejora en las condiciones de las minorías étnicas, sino todo lo contrario. Como intento de aferrarse a la idea de reino milenario húngaro y a sus fronteras, culminó siendo un factor político de opresión de las minorías al trazar nuevos límites territoriales arbitrarios sin considerar la multietnicidad que caracterizaba al antiguo imperio.
            Respecto a lo referido a las minorías nacionales y étnicas en Hungría, se consideran como tales a búlgaros, gitanos, griegos, croatas, polacos, alemanes, armenios, rumanos, rutenos, serbios, eslovacos, eslovenos y ucranianos, según la Ley de Minorías. La misma establece que se considerará una minoría nacional y étnica, reconocida como factor constituyente del estado, “a todo grupo étnico, establecido en el territorio de la República de Hungría, desde hace al menos un siglo, que esté en minoría numérica respecto a la población del estado, cuyos integrantes sean ciudadanos húngaros, que se diferencien de las demás partes de la población por su idioma, cultura y tradiciones propias, a la vez que den testimonio de una conciencia de cohesión que apunte a la conservación de todo lo dicho, a la expresión y protección de los intereses de sus comunidades establecidas a los largo de la historia“.[1]
            Ésta se promulgó debido a la prolongada convivencia histórica de dichos grupos, que llegaron al territorio actual del país en los siglos XVII y XVIII con la excepción de la población autóctona eslovena de la zona fronteriza occidental. Debido a su pasado secular, transcurrido dentro del marco del Estado húngaro, se consideran de conciencia dual, y su conciencia de ser húngaros es al menos tan fuerte como su apego a sus respectivas minorías. La mayoría abandonó sus lugares de procedencia y sus comunidades originales aún antes de que su respectivo lenguaje literario regulado hubiese sido establecido, debido a lo cual su idioma o los dialectos que usan aún en nuestros días son, por lo general, variantes lingüísticas arcaicas.
            Según los datos del censo nacional de 1990, de la población del país, 10.374.823 habitantes, 232.751 personas admitieron pertenecer a alguna minoría. Según estimaciones de los investigadores y de las organizaciones de las minorías, el número de integrantes de las distintas minorías nacionales y étnicas es superior a la cifra mencionada: la dimensión de los grupos va de algunos miles de personas a casi medio millón.[2] La diferencia entre los datos puede encontrar explicación en razones históricas, sociales, y de psicología social que atañen las cuestiones de minorías de los países de Europa Centro-oriental. También refleja el dilema de las minorías de apego dual en lo afectivo y lo cultural: muchos se sienten húngaros y minoría.
            En referencia a la autonomía de estos grupos minoritarios, dice la Embajada húngara en su sitio web: “Anteriormente a 1993, las minorías podían asumir cargos en la vida pública dentro del marco de las organizaciones civiles. Sin embargo, la ley sobre los derechos de las minorías nacionales y étnicas establece que las minorías tienen derecho a crear autonomías locales y nacionales propias. Las autonomías de las minorías son organismos electos que representan los intereses de la minoría nacional o étnica en cuestión, a nivel de poblado o nacional. A diferencia de las organizaciones que funcionan en un marco de asociaciones, las autonomías locales de las minorías no solamente representan a sus propios miembros, sino a toda la comunidad minoritaria del poblado. Mediante el establecimiento del sistema autonómico de las minorías, las minorías que habitan en Hungría adquirieron el derecho a integrarse de manera legítima al sistema municipal, con el fin de que, a lo largo de la gestión de los asuntos públicos locales, prevalezcan los derechos de las minorías nacionales y étnicas que viven en una población determinada. El objetivo de la creación de las autonomías de las minorías es garantizar la autonomía cultural. De acuerdo con ello, constituye un derecho asegurado por ley de las autonomías de las minorías el poder decidir independientemente, dentro de su propia competencia, acerca de la fundación, la toma y el mantenimiento de instituciones, especialmente en los terrenos de la enseñanza pública local, de los medios de comunicación escritos y electrónicos locales, de la conservación de las tradiciones y de la educación general“.[3]
            Es preciso hacer aquí una referencia a la minoría gitana. Ya durante la Segunda Guerra, 3000 gitanos fueron exterminados en un sólo día (el 1 de agosto, día de la conmemoración anual del holocausto gitano) por los nazis, marcando ya una situación de discriminación y sojuzgamiento particularmente sensible. Este grupo es, actualmente, el más afectado por la pobreza y constituye la minoría más pobre y excluida de Hungría. De hecho, son catalogados como “los pobres del país”: la franja más humilde -aunque no indigente- y marginalizada del país la constituyen los gitanos. La tasa de desempleo supera cuatro o cinco veces el promedio nacional y existen aldeas donde entre el 90 y 100 % de la población gitana está sin empleo. El problema se agudiza aún más por el hecho de que los gitanos viven en mayor número en regiones geográficas donde se redujeron sobremanera las posibilidades de encontrar empleo en la industria pesada, a raíz de la reconversión industrial posterior al cambio de sistema político, que ha puesto en crisis no solamente a las capas socialmente más vulnerables del país sino a las personas mayores, que evidenciaron comprensibles dificultades para adaptarse a las lógicas competitivas de la "economía de mercado". Los gitanos frecuentemente son objeto de discriminación en su trabajo y durante los acontecimientos de su vida cotidiana. Además, existen múltiples  factores   que influyen negativamente sobre su estado de salud. Por eso, las expectativas de vida de la población gitana son 10 años menores que las de los no gitanos. Viven aún de manera segregada, en colonias sin agua potable, electricidad ni otras comodidades.
            Dentro de las políticas del Gobierno Húngaro, se aprobó un nuevo conjunto de medidas (Decreto gubernamental 1047/1999.(V:5.)). La realización concreta de las medidas a mediano plazo se lleva a cabo mediante la elaboración de planes de acción anuales gubernamentales. El paquete de medidas, que emplea una aproximación integral, establece tareas en los ámbitos de la enseñanza, la cultura, el empleo, la economía agrícola, el desarrollo regional, los asuntos sociales, la salud pública, la situación habitacional, la lucha contra la discriminación y el trabajo de comunicación relacionado con la gitanería. El objetivo de las medidas es, por un lado, atenuar la desigualdad de oportunidades en la sociedad, prevenir y disminuir los prejuicios y la discriminación, y por el otro, fortalecer la identidad y la cultura de las comunidades gitanas. En la visión del gobierno, la integración social de los gitanos es al mismo tiempo una cuestión de política de minorías y de política social. Esto delata la gravedad del problema, ya que estas comunidades son víctimas de múltiples actos de discriminación y violencia.
            El concepto de "multitud" sustituye a ideas totalizantes tales como la del pueblo, la raza o la misma nación. "Con el concepto de multitud, pues, se quiere significar, en un primer momento, que una teoría de la clase económica no tiene por qué elegir entre unidad y pluralidad. La multitud es una multiplicidad irreductible; las diferencias sociales singulares que constituyen la multitud  han de hallar siempre su expresión, y nunca nivelarse en la uniformidad, la unidad, la identidad o la indiferencia. Sin embargo, la multitud no es una mera multiplicidad fragmentada y dispersa. Es cierto, desde luego, que las viejas identidades se han fragmentado y alejado en nuestra vida posmoderna. [...] La fractura de las identidades modernas, sin embargo, no es óbice para que las singularidades actúen en común. Esa era, precisamente, la definición de multitud que adelantábamos al comienzo: unas singularidades que actúan en común. La clave de esa definición es el hecho de que no existe contradicción conceptual ni real entre singularidad y comunalidad"[4]. Ambas conviven dinámicamente en el "unidimensionalismo cultural" a que alude Nils Christie[5].
            Tratándose de fenómenos tan multiétnicos y transculturales, resulta imprescindible apuntar un concepto de “identidad” que, en este contexto, se dibuja y desdibuja permanentemente: “La identidad es un dato, una constatación, una realidad, es un <>. Por otra parte y simultáneamente, la identidad también es un proyecto, un devenir, un <>. En la medida que realcemos el primer aspecto, estático, estaremos construyendo una fortaleza que dificultará toda ósmosis y reciprocidad; en la misma medida alargaremos el horizonte, la porosidad y la elasticidad identitarias cuando afirmemos el segundo aspecto más dinámico.
            Una concepción adecuada de la identidad tendría que albergar esas dos dimensiones señaladas. [...] Cuando se considera sólo lo que es, lo real, la identidad se atrinchera haciendo imposible toda reciprocidad; pero además, y esto es lo más problemático, incurre en un determinismo irreductible, se vuelve solipsista, autista. La identidad, cualquiera, sólo puede ser integrable desde su vertiente abierta de posibilidad de devenir; así puede haber reciprocidad. Nuestro ser, nuestra identidad, no es sólo la que es, sino también la que es posible. Somos lo que somos más lo que podemos llegar a ser. La realidad de lo que somos es un punto de partida de un proceso de realización que va más lejos; ella no puede determinar de modo mecánico lo que podemos llegar a ser; es un condicionante abierto. De no ser así, <> se convierte en un búnker impenetrable. Para que el hombre no sea un ser despreciable (en el sentido sartreano) debe amar en sus semejantes tanto lo que son como lo que pueden llegar a ser“.[6]
            En cuanto a la integración de diferentes grupos étnicos, “la verdadera cuestión de toda integración está en que el futuro hay que construirlo desde la realidad identitaria que se tiene, sin renunciar a ella, guardándola, como un potenciador, un catalizador de una nueva dimensión más enriquecedora. [...] La voluntad de excluir se aprende y los comportamientos discriminatorios son el resultado de un hábito socialmente reforzado. Nacen irracionalmente por el temor a perder lo propio, por un miedo defensivo injustificado, sin base real. Creo que la exigencia que impongan leyes democráticas profundamente morales y justas, así como los frutos de una educación abierta, podrán evitar actitudes de discriminación”.[7]

Conclusión
           
            Justamente ésta parece ser la paradoja de la modernidad tardía de Europa. La coexistencia de particularismos nacionalistas, insularizados y a veces exacerbados, concebidos en clave binaria a partir de sistemas de creencias superpuestos y yuxtapuestos, que han dado como resultado que el mapa político de la región mutara justamente en contextos donde se creó la nación como categoría histórica.
            Por otro lado, un multiculturalismo y una diversidad cultural que obliga a ejercicios de síntesis basados en una convivencia plural. Nacionalismos subalternos que desde antaño pueden leerse en clave progresista[8], donde la presencia contemporánea de la multitud sacude los paradigmas decimonónicos totalizantes del "pueblo" y la "nación" burguesa, y los resignifica con una impronta cargada de diversidad.
            De hecho, es paradójico que estas minorías étnicas que no se consideran a sí mismas como nación posean un sentimiento de pertenencia tan fuerte como para permanecer como tales y, a la vez, vivir dentro de un Estado-Nación. Esta dualidad es sumamente interesante desde el punto de vista histórico-político por el lugar en el que se producen estos fenómenos, como así también desde el punto de vista de la construcción de una identidad dual de la que ya se habló anteriormente.
            Al observar un fenómeno de estas características, podría decirse que la identidad no siempre reviste el carácter de restrictiva y unidimensional, sino que, por el contrario, es posible construir una con múltiples facetas que no impide el desarrollo del ser.
            Esta situación también implica un replanteo en torno al “otro”: la discriminación y la desconfianza que suscita una persona con hábitos y costumbres “diferentes” ya no constituiría una dificultad si, en realidad, su conformación como persona es completamente entendible y abordable, por más que sea multidimensional. Quedaría como tarea pendiente quitarse el preconcepto de que “el otro” viene a quitarme algo propio o a modificarlo, para terminar así con los juicios discriminatorios que afectan a la sociedad actual tan profundamente que culminan en una disgregación social que suscitan un miedo irracional.



Bibliografía

Ÿ  CHRISTIE, Nils, "Una sensata cantidad de delito", Editores del Puerto, 2004.
Ÿ  HARDT, Michael; NEGRI, Antonio, "Multitud", Ed. Debate, 2004.
Ÿ  HOXHA, Enver, "Obras Escogidas", Tomo III, Ed. 8 Nentori, Tirana, 1980.
Ÿ  MILLÁN PLANELLES, Ángel, “Sobre la identidad y la alteridad”, en “Literatura y pateras” de Dolores Soler-Espiauba (coord.), Akal Ediciones, Universidad Internacional de Andalucía.
Ÿ  Ley LXXVII del año 1993 acerca de los derechos de las minorías nacionales y étnicas.
Ÿ  www.embajada-hungria.org
Ÿ  www.cronicashungaras.blogspot.com
Ÿ  distensiones.wordpress.com
Ÿ  www.realinstitutoelcano.org
Ÿ  www.elmundo.es
Ÿ  www.guiadelmundo.org.uy


[1] Ley LXXVII del año 1993 acerca de los derechos de las minorías nacionales y étnicas, Capítulo 1, inciso 2.

[3] Datos extraídos de www.embajada-hungria.org, artículo “Minorías nacionales y étnicas en Hungría”.
[4]  HARDT, Michael; NEGRI, Antonio, "Multitud", Ed. Debate, 2004, p. 133.
[5]  CHRISTIE, Nils, "Una sensata cantidad de delito", Editores del Puerto, 2004.
[6] MILLÁN PLANELLES, Ángel, “Sobre la identidad y la alteridad”, en “Literatura y pateras” de Dolores Soler-Espiauba (coord.), Akal Ediciones, Universidad Internacional de Andalucía, 2004, p. 11.
[7] Op. cit, p. 11.
[8] HOXHA, Enver, "Obras Escogidas", Tomo III, Ed. 8 Nentori, Tirana, 1980, p. 800.



No cabe ninguna duda que posibilitar que se escuchen otras voces o se respete la vigencia de espacios alternativos son algunas de las consignas principales al momento de reclamarse la democratización de los medios de comunicación audiovisuales.
Sin perjuicio de esas justas reivindicaciones, existen otras razones, ligadas a los contenidos de cierta programación enlatada, que las corporaciones hegemónicas importan sin beneficio de inventario, que ameritan un mayor control e intervención del Estado, o al menos la posibilidad de optar por una televisión diferente.
Este parece ser el caso de la serie Breakout Kings, que según destaca la programación mensual de la empresa Cablevisión, se emitirá a partir del 20 de este mes por el canal A&E.

Exhibida en la portada del folleto, y publicitada en su interior como “destacada del mes”, la propaganda de la tira utiliza un título, al menos, sugerente: “Se necesita un criminal para atrapar a otro criminal”. Con todo, el mismo es mucho menos explícito, por ejemplo que “Law & Order”, que resulta lisa y llanamente apologético de una conservadora y reaccionaria teoría acuñada por el nuevo realismo de derecha norteamericano en materia político criminal. Con la misma visión estereotipada de este tipo de programas estadounidenses, el resumen del contenido de esta “serie dramática” expresa textualmente: “Después de 72 horas, las probabilidades de encontrar a un prisionero que ha huido caen a menos del 5%. Sabiendo que hay pocas cosas más peligrosas que un convicto fugitivo, y cansado de los métodos anticuados de las autoridades policiales, un grupo de alguaciles deciden dejar de lado el protocolo y adoptar un método poco ortodoxo en su trabajo: usar un ex fugitivo para atrapar a los actuales. Así, lo agentes Charlie Duchamp y Ray Zancanelli utilizarán a tres de lso convictos más peligrosos que han capturado para encabezar este nuevo operativo. Con cada fugitivo apresado, los miembros del equipo se acercan más a la oportunidad de conseguir su propia libertad. Pero ¿esperarán todo ese tiempo su recompensa o tratarán de aprovechar y escaparse ellos mismos?

Por: Jairo Vladimir Llano1
El punto de encuentro entre la reciente sociología y antropología jurídica latinoamericana, de una forma sutil, es el problema o temática común del pluralismo jurídico, cuyos debates y publicaciones tienen su amplia referencia a partir de mediados de la década del noventa; situación que se presentaba por desconocimiento, en el caso de los programas de derecho, se enseñaba como fuente única y esencial productora de derecho al Estado nacional, por medio del legislador soberano, el parlamento, práctica que es denominada como monismo2 y que desde los inicios del siglo XX se encontraba cuestionada por teóricos del derecho continental europeo3 que consideraban la práctica social como fuente de derecho y los posteriores adelantos de neo-positivistas como Kelsen4 a mediados de siglo que planteaba la existencia del derecho internacional en relación con el derecho nacional o estatal.

Por su parte, los programas de sociología que se imparten en las universidades latinoamericanas han desarrollado tímidamente la especialidad de la sociología del derecho, situación que contradice la producción de autores europeos de renombre en esta especialidad como Max Weber5 y Karl Marx6 para quienes el derecho se convertía en parte de la consolidación del Estado moderno y la expansión del capitalismo; el poco avance de la sociología del derecho desde la misma disciplina sociológica lleva al desconocimiento del pluralismo jurídico como concepto y teoría, solamente a partir de mediados de los noventa aparecerán las primeras publicaciones que de forma sorprendente serán dirigidas por abogados especializados en sociología jurídica.
Las investigaciones holísticas como paradigma que ha caracterizado la antropología cultural por varias décadas se transformó en la segunda mitad del siglo XX por la imposibilidad de describir y analizar al mismo tiempo, y por un solo antropólogo aspectos lingüísticos, políticos, médicos, económicos, históricos, arqueológicos, jurídicos, ecológicos, entre otros; situación metodológica que llevaría a la consolidación de las especialidades como la antropología jurídica, que tiene cierto reconocimiento académico a partir de las reformas y transformaciones constitucionales en la década del noventa en las naciones latinoamericanas, introduciéndose paulatinamente en el debate del pluralismo jurídico con estudios y publicaciones en los finales del siglo XX e inicios del XXI.
El pluralismo jurídico como concepto científico tiene sus inicios en Europa con más de un siglo7 desde disciplinas de las ciencias sociales como la filosofía, la sociología y la antropología que promovían el cuestionamiento a la teoría dominante en el derecho, el positivismo jurídico; sin embargo el concepto es referenciado en el contexto de la academia latinoamericana, particularmente en los programas de derecho y antropología de forma reciente, y son varios los profesores e incluso algunos investigadores de la ciencia jurídica que siguen asombrándose con el término y las implicaciones que tienen en el ámbito de la teoría del derecho, la sociología y la antropología jurídica contemporánea.
La disciplina del derecho es concebida como parte de las ciencias sociales, sin embargo su relación con las otras disciplinas del campo social en la formación universitaria es precaria y marginal en la mayoría de los programas académicos, interesándose de forma exclusiva las universidades de mayor prestigio académico, que incentivan las cátedras y las investigaciones en filosofía, historia, sociología y antropología del derecho, conformando equipos interdisciplinarios que se adecuan fácilmente a las propuestas innovadoras de la ciencia jurídica en el contexto internacional, como por ejemplo el fenómeno de globalización del derecho, mientras en los programas de derecho de menor prestigio académico y profesional prevalece la enseñanza de la técnica jurídica, contradiciendo de antemano el papel universitario y sus prácticas que deben de diferenciarse de otros espacios formativos considerados como técnicos y tecnológicos.8
Los avances interdisciplinarios en la ciencia social y la jurídica en Latinoamérica son considerados innovadores pese a los esfuerzos que se deben reconocer de las universidades más consolidadas académicamente como la UNAM en México, USP y Santa Catarina en Brasil, la UCBA y la Universidad de Córdoba en Argentina, Nacional y Externado en Colombia. Las tradiciones y las identidades de lo disciplinario impiden se dialogue de forma flexible entre los estudiantes y profesionales de una y otra disciplina sobre ciertos problemas comunes, por ejemplo; los sociólogos se limitan tanto en su formación como en su práctica profesional a realizar investigaciones de las sociedades contemporáneas por medio de la estadística social; los antropólogos se dirigen hacia los estudios de las culturas del pasado por medio de las técnicas arqueológicas o los colectivos indígenas, campesinos o negros alejados de lo citadino a través del método etnográfico; los abogados consideran la aplicación y la interpretación de la ley por medio de la hermenéutica tradicional que produce y crea el legislador como derecho; situaciones que contradicen las fuentes teóricas y metodológicas recientes que traspasan la tradición disciplinaria.
Pluralismo jurídico desde las especialidades jurídicas
La primera publicación teórica y conceptual desde la sociología y la antropología jurídica que tiene desarrollos teóricos y conceptuales sobre el pluralismo jurídico se origina en un espacio de reflexión académica distinta al universitario, como es el Instituto de Servicios Legales Alternativos (ILSA) con publicaciones sobre pluralismo jurídico o temáticas relacionadas por profesores e investigadores provenientes de distintos países latinoamericanos, planteando de forma irreverente y novedosa para la mayoría de los abogados, profesores y expertos del derecho una concepción alejada rotundamente del positivismo y que tenía su soporte en otras formas de producción jurídica que escapaban al monopolio del derecho estatal.
Situación que no se origina desde los investigadores y expertos de la teoría del derecho nacionales, sino por la entrada de profesores investigadores de otros contextos especialistas en la sociología jurídica que para el momento histórico como cátedra o curso en el pregrado era desconocida excepto en ciertos programas de prestigio y donde contradictoriamente se formaban y forman las elites que ya preparaban a sus futuros profesores en universidades extranjeras, y que en sus visitas periódicas a las universidades patrocinadoras de sus estudios comenzaban tímidamente a plantear la posibilidad de lo sociojurídico como complemento esencial para la formación del abogado; en torno a la propuestas de ofertar especializaciones en el espacio de la sociología, la antropología y la filosofía del derecho la pretensión era aun más remota, entre la que se puede determinar cómo entre las primeras publicaciones sobre el pluralismo jurídico contemporáneo se encuentra: Estado, derecho y luchas sociales, del profesor e investigador portugués Boaventura de Sousa Santos, quien introduce la mirada renovada en términos de la academia latinoamericana sobre el pluralismo jurídico de acuerdo con las realidades brasileras donde realiza sus primeros trabajos de campo.
Precisamente, Santos inicia su reflexión académica con el debate marginal que han tenido el reconocimiento de otras formas de derecho distintas al estatal por parte de la especialidad de la ciencia jurídica en la que se formó el autor, la sociología del derecho,9 circunstancia que para el caso latinoamericano es aun más difícil debido a la ausencia de las especialidades pese a los avances que se han tejido tanto en el contexto anglosajón10 como en el continental europeo11 desde varias décadas atrás, mucho más complejo es la aceptación por parte de abogados y profesores en las facultades de derecho latinoamericana de que existe una sociología y antropología jurídica que sustenta sus estudios en prácticas jurídicas paralelas u opuestas al Estado-nación moderno.
La negación y el desconocimiento del conflicto social por parte de profesionales de las ciencias sociales como los abogados, antropólogos y ciertos sociólogos es esencial para las especialidades de la ciencia jurídica, la antropología jurídica se
ha caracterizado por analizar las relaciones conflictivas que surgen en los distintos contextos sociales y culturales, el derecho comparado intenta relacionar los fenómenos de regulación y control entre distintas situaciones de confrontación y transgresión entre grupos específicos,12 la sociología jurídica por su parte se ha caracterizado por el estudio de los conflictos y en diferentes ámbitos de la vida social moderna y contemporánea,13 estas especialidades como se puede palpar tienen su encuentro en los conflictos sociales que suceden de forma constante en los diversos grupos humanos y que originan mayor claridad y consistencia teórica y práctica al pluralismo jurídico.14
La relación entre conflicto y pluralismo jurídico se remonta a los estudios sobre los procesos de colonización que la antropología y la sociología jurídica tendrán como debate central y que se mantendrá con ciertas variables en los tiempos recientes con la categoría del neocolonialismo, al plantearse la existencia del derecho colonial de la nación hegemónica y el reconocimiento de los derechos tradicionales y locales en un mismo espacio, realizando ruptura con la concepción positivista del derecho moderno que tiene como centro de producción jurídica al Estado-nación, en el contexto de colonización se reconocen como central al derecho transnacional de los Estados expansionistas y los derechos locales de las culturas tradicionales que en ciertas circunstancias se consolidan como resistencia, en otras como complemento del derecho extranjero y en ciertas dinámicas son absorbidos por el derecho visitante.15
La publicación de Boaventura de Sousa en su momento era considerada una novedad para ciertos académicos del derecho, críticos del formalismo y el positivismo y que eran un porcentaje reducido en alguno que otro programa de derecho donde se formaban las elites jurídicas, mientras al grueso de los profesores universitarios y sus estudiantes no les interesaba dicha temática de las relaciones sociales y el derecho, desde la perspectiva de la sociología jurídica, espacio donde el desconocimiento era la constante.16 Para Santos, el conflicto y el pluralismo jurídico se encontraban no solamente en el proceso de colonización, sino era parte de las sociedades capitalistas modernas y complejas
debido a las tensiones que surgían entre las clases sociales y los grupos étnicos que conformaban los Estado-nación,17 estas situaciones de conflicto interclasista han sido descritas en sociedades de mayor complejidad como los Estados Unidos por parte de los sociólogos jurídicos norteamericanos, especialidad que como se ha dicho anteriormente tiene un desarrollo académico reconocido y de tradición.
El pluralismo jurídico se convierte en la categoría de la ciencia jurídica que vincula el conflicto social en toda su amplitud en relación con el derecho, comprendiendo la complejidad de los diversos derechos que se encuentran tanto en las sociedades capitalistas contemporáneas y que interactúan en un determinado contexto, como en los derechos y prácticas jurídicas de las culturas tradicionales, o la relación entre los derechos de sociedades capitalistas y tradicionales en un solo espacio, sin importar los conflictos que surjan al interior de las diferentes sociedades y culturas.18 Este concepto o categoría de la ciencia jurídica se convierte en la posibilidad que tienen los profesionales del derecho, en particular y los profesionales de la ciencia jurídica y social, en general, de introducirse en los estudios sobre los diversos conflictos sociales (incluyendo el conflicto armado) que se devienen en el contexto colombiano.
Los avances del pluralismo jurídico al reconocer las prácticas jurídicas diferentes al derecho estatal al interior de la teoría del derecho y de las especialidades de la ciencia jurídica como la filosofía, antropología y sociología del derecho que plantearon el debate conceptual en sus inicios, son recogidos contradictoriamente por cierto sector considerado como de sus más acérrimos detractores, los defensores del positivismo jurídico tradicional y de la vigencia de un solo derecho, el estatal, para impulsar las transformaciones del Estado capitalista y adecuarse al devenir histórico19 que en cierta manera se impulsa desde la misma lógica, claro está con sus respectivas contradicciones que en algunos momentos son reguladas y en otros, la estabilidad del sistema se encuentra cuestionada, impidiendo su avance y reproducción.
Los Estados considerados como “avanzados” en el capitalismo, en forma constante y permanente sufren transformaciones para limitar las contradicciones que se tejen desde su interior y expandir la lógica del mercado en que se sustenta, estas transformaciones afectan el soporte esencial para su reproducción desde sus inicios, la ciencia y el derecho;20 estos países avanzados son por lo general quienes lideran los cambios que se consideran pertinentes para consolidar su estructura económica y la superestructura política, ideológica y cultural, es así como la administración de justicia que se desprende del Estado-nación de la modernidad debe realizar los correctivos pertinentes para estar a la par con las exigencias del momento, lo que se cuestionaba e incluso se perseguía por ser contrario a la ley y el orden se vincula como parte de lo jurídico, como son las prácticas informales de la justicia como por ejemplo los mecanismos de conciliación de conflictos.21
Las prácticas jurídicas locales como la justicia comunitaria o la justicia indígena que se reconocieron por los críticos del derecho como alternativas al derecho dominante por ciertas tendencias o de resistencias e insurgentes por otros enfoques y rechazadas de forma radical por parte de los defensores del positivismo, la legalidad por consiguiente del único derecho posible, el derecho estatal, de forma irónica, son vinculadas por medio de su reconocimiento a las prácticas de regulación que se originan desde el Estado central con el objetivo de expandir su presencia desde un imaginario más conciliador, distinto al represivo que se caracterizó en varias décadas de dominación, situación que se relaciona con la expansión simbólica y real de las sociedades modernas y capitalistas, esta vinculación se hace desde las reformas constitucionales que se han realizado recientemente en las naciones latinoamericanas, que para el caso colombiano se contextualiza por medio de las jurisdicciones especiales de paz e indígena.
Referencias Bibliográficas
1 Antropólogo y especialista en antropología jurídica de la Universidad del Cauca, actualmente se encuentra terminando los estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Externado de Colombia, realizó estancia de investigación en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali en filosofía del derecho y sociología jurídica, hace parte del centro de investigaciones de dicha Universidad.
2“La concepción monista del Derecho ha dominado la cultura jurídica al menos durante tres siglos, a partir de la consolidación del Estado moderno, en particular el Estado nacional, como entidad política soberana tanto en el ámbito interno como en el externo. Soberanía interna significa monopolio del poder, del uso de la fuerza y en general, de los instrumentos coactivos: por tanto, esencialmente, de la producción y de la aplicación del Derecho, entendido como única norma para la regulación de las relaciones sociales y, por eso mismo, para la legitimación del uso de la fuerza”. Ferrari, Vincenzo. Acción Jurídica y Sistema Normativo. Introducción a la Sociología del Derecho. Madrid: Dykinson; 2000. p. 253.
3 Así lo referencia Bobbio: “La doctrina de la institución representa una reacción contra el estatalismo y es uno de los tantos medios con lo cual los teóricos del derecho y de la política han tratado de oponerse a la expansión del estatalismo. La doctrina nace, ya de las revaluaciones de las teorías jurídicas de la tradición cristiana, como en el caso de GEORGES RENARD ( ver la Théorie de l´insititution, 1930), ya de la influencia de las corrientes socialistas libertarias (PROUGHON), o anárquicas, o sindicalistas como el caso de GEORGES GURVITCH (ver L´idée du droti social y la Dichia razione dei diritti sociali, 1949) y se convierte en teoría del derecho en Francia con MURICE HAURIO, y en Italia con SANTI ROMANO…”. Bobbio, Norberto. Teoría General del Derecho. Bogotá: Temis; 1999. p. 10.
4 “El alejamiento de Kelsen de la teoría estatalista tradicional –que podemos comprobar por el hecho de que él califique la teoría tradicional como “dualista”, y no ya como “monista”, por estar basada en la contraposición entre ordenamiento estatal y ordenamiento internacional- se hace más evidente aún en el momento en que el autor extiende su propia concepción monista hasta rechazar por ideológico y subjetivo, “el dogma de la soberanía del Estado”, y hasta reducir ad unum, tanto por razones de lógica conceptual como de evolución histórica política, toda la construcción universal del Derecho: de manera que el Estado pasa a configurarse como un mero “órgano de la comunidad jurídica internacional” identificada a su vez con un único ordenamiento jurídico general”. Ferrari, Vincenzo. “Acción jurídica”. Op. Cit., pp. 254 y 255.
5 Para Weber el derecho es esencial en torno el funcionamiento del Estado moderno capitalista, “…, el “progreso” hacia lo burocrático, hacia el Estado que juzga y administra así mismo conforme a un derecho estatuido y a reglamentos concebidos racionalmente, está en la conexión más íntima con el desarrollo capitalista moderno. La empresa capitalista moderna descansa internamente ante todo en el cálculo. Necesita para su existencia una justicia y una administración cuyo funcionamiento pueda calcularse racionalmente, por lo menos en principio, por normas fijas generales con tanta exactitud como puede calcularse el rendimiento probable de una maquina”. Carduño Valero, Guillermo y Silva Ruiz, Gilberto. Compiladores. Antología. Teoría Sociológica Clásica Max Weber. México: UNAM; 1998. p. 433.
6 La sociología del derecho critica latinoamericana, europea y norteamericana tiene entre sus referencias teóricas fundamentales la propuesta marxista: “En Marx, la cuestión de la “critica” asume un significado muy particular y distinto. Al examinar la economía política de su época, Marx se rebeló contra el modo en que los economistas clásicos describieron las leyes del capital. Ellos presentaban formulaciones supuestamente científicas que no reflejaban la realidad de los hechos ni de las relaciones sociales. Sus contribuciones no eran erradas, sino planteadas de manera engañosa, y esto llevaba a escamotear y ocultar las verdaderas prácticas sociales. Así la “critica” aparece en el marxismo como el discurso revelador y desmitificador de las ideologías ocultas que proyectan los fenómenos de forma distorsionada”. Wolkmer, Antonio Carlos. Introducción al pensamiento jurídico crítico. Bogotá: ILSA; 2003. p. 21.
7 “…del pluralismo jurídico puede ser rastreada hasta sus orígenes como concepto científico. Surgió durante el cambio del siglo pasado al presente en la filosofía jurídica antipositivista, como reacción contra la reducción del derecho al derecho estatal, hecha por el movimiento codificador y desarrollada por el positivismo jurídico. Fue una reacción contra el centralismo o del exclusivismo estatal, fundada en un argumento según el cual el derecho estatal estaba, en realidad, lejos de ser exclusivo y en algunos casos incluso no era central en la ordenación normativa de la vida social”. Santos, Boaventura de Sousa. La globalización del derecho. Bogotá: ILSA; 1998. p. 248 “…, la sola descripción positivista de las reglas, las instituciones jurídicas no adopta esencialmente el punto de vista de los actores mismos de la vida jurídica, es decir el punto de vista de un “usuario”, de un técnico, quizás el de un “tecnólogo” pero no el de un científico […] La objetividad científica postula, por el contrario, el cambio del “punto de vista”, la percepción de las cosas “tal como son” y no “tal como nuestro sistema social nos permite verlas”, lo que implica no solo describirlas desde “el interior” sino también explicarlas desde “el exterior”, es decir, relacionándolas con otros fenómenos. […] De manera que no parece posible romper completamente el “circulo hermenéutico” en el que la ciencia del derecho se encuentra situada”. Ost, Francois y Kerchove, Michel Van de. Elementos para una teoría crítica del derecho. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2001., pp. 24 y 26.
9 “Y, la verdad, no sólo la cuestión de la producción jurídica no estatal (fuera del Estado, paralela al Estado o incluso contra el Estado) es aún hoy uno de los tabúes de la teoría sociológica del derecho, tanto dentro como fuera del marxismo, como también el discurso y de la argumentación jurídicos continúan siendo uno de los temas en que más absoluto el divorcio entre la sociología y la antropología del derecho, por un lado, y la filosofía del derecho, por otro. En lo que respecta al discurso específicamente al discurso jurídico, la sociología positivista del derecho lo considera poco controlable por los métodos de la razón técnica que constituyen la base de su cientificidad, en cuanto que la sociología marxista tiende a ver en él a un objeto teórico de extracción idealista no comprensible en sus propios términos y apenas si aplicable a la luz de la critica de la ideología.” Santos, Boaventura de Sousa. Estado, Derecho y Luchas Sociales. Bogotá: ILSA; 1991. p. 24.
10 “El auge de la sociología del derecho en Estados Unidos está relacionada con la llamada tradición crítica del derecho iniciada por el realismo jurídico durante la década de 1920. Los realistas se enfrentaron a la cultura jurídica liberal dominante en la academia legal estadounidense de finales del siglo XIX y denunciaron el carácter marginal, indeterminado y político de la práctica jurídica contra las pretensiones de neutralidad y determinación por el pensamiento dogmático jurídico. Para tal efecto, utilizaron, por un lado, el razonamiento lógico para poner en evidencia la falta de coherencia de las decisiones judiciales, lo cual fue denominado en aquel entonces como .” García Villegas, Mauricio. Estudio preliminar. En: Mauricio García Villegas. Sociología jurídica. Teoría y sociología del derecho en Estados Unidos. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; 2003. p. 3.
11 “.., ha sido la jurisprudencia misma quien ha contrapuesto, a partir del final del siglo pasado, una corriente de pensamiento “antiformalista” que, señalando el carácter equivoco de aquellas proposiciones y la consiguiente libertad de los intérpretes ha sabido construir monumentos de sabiduría jurídica: es precisamente esta corriente de pensamiento la que ha dado vida, de forma implícita pero también explícita, a una auténtica “sociología del derecho” […] Eugen Ehrlich, autor de la primera gran obra dedicada explícitamente a la disciplina (Fundamentos de la Sociología del Derecho), escribe desde un jurista y quiere construir, frente a la ciencia jurídica de su tiempo, conceptualista y formalista, una ciencia jurídica alternativa en cuanto sociológica.” Ferrari, Vincenzo. “Acción jurídica”, Op. Cit. pp. 66 y 67.
12 “Me parece que los principales enfoques del derecho comparado –ya conciban su tarea como un contraste entre distintas estructuras normativas, o bien como un contraste entre procesos diferentes de resolución de contenciosos en sociedades diferentes- pasan en ambos casos por alto en un aspecto fundamental: el primero mediante una concepción superautónoma del derecho como un sistema legal separado e independiente, que lucha por defender su integridad analítica frente a los descuidos conceptuales y morales de la vida cotidiana; el segundo mediante
una concepción superpolítica de éste como una colección indiferenciada, ordenada pragmáticamente, de mecanismos sociales para promover intereses y controlar conflictos por el poder”. Geertz, Clifford. Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas. Barcelona; Paidós; 1994. p. 241.
13 “…., en el ámbito de cualquier relación social, incluso de aquellas que están más próximas a los tipos extremos, es posible encontrar los elementos del tipo opuesto. Relaciones estables de naturaleza típicamente cooperativa como el matrimonio, la relación paterno-filial, el asociacionismo de cualquier clase, cultural, político o económico, el trabajo organizado y coordinado dentro de la empresa, se caracterizan por tener índices tan altos de conflictividad, latente o manifiesta, que hacen indispensable el recurso a prácticas, más o menos institucionalizadas, dirigidas a la prevención, a la atenuación, a la conciliación de los conflictos” Ferrari, Vincenzo. “Acción jurídica”, Op. Cit. pp. 137 y 138.
14 La propuesta de pluralismo jurídico se destaca por relacionar los conflictos sociales en toda su dimensión con el derecho desde la perspectiva de la sociología y la antropología jurídica, “…, estos casos de pluralismo jurídico, con vigencia sociológica reconocida o no por el derecho dominante, constituyen situaciones socialmente consolidadas y de larga duración, en donde se reflejan los conflictos sociales que acumulan y condensan diferencias socio-económicas, políticas y culturales particularmente complejas y evidentes” Santos, Boaventura de Sousa. “Estado, Derecho y”, Op. Cit., p. 71.
15 “El colonialismo se caracteriza por la imposición de un régimen de dominación sobre la sociedad colonizada lo que viene a trastocar la estructura social en su conjunto. Tanto el derecho como la religión fueron bastiones de la empresa colonial y referentes centrales para su justificación ideológica y política […] Es decir, a través del derecho se pretendía civilizar a los dominados salvajes o nativos en contra de sus costumbres. Esta misión civilizatoria de la ley puede generalizarse a toda empresa colonial, si bien en cada país tuvo sus propias características […] sin embargo el derecho cumplió un doble papel: así como contribuyó a instaurar estructuras de dominación, quitando la tierra a los campesinos o nativos, convirtiéndoles en fuerza de trabajo y disciplinándolos, más adelante proveyó también la posibilidad para que estos grupos se rebelaran en contra de los colonizadores, recurriendo a sus mismos instrumentos ideológicos”. Sierra, María Teresa y Chenaut, Victoria. Los debates recientes y actuales en la antropología jurídica: Las corrientes anglosajonas. En: Esteban Krotz. Antropología jurídica: perspectivas socioculturales en el estudio del derecho. México: Anthropos; 2002. p. 141 y 142.
16 “Saberes con una pertinencia directa a los derechos sustancial y procesal penal como la sociología, la psicología, la economía, la antropología, la historia, la ciencia política y la filosofía se encuentran desterrados […] .Aunque las obras de derecho penal general son más que propicias para la intervención de la filosofía, y en parte de la sociología, pocas veces participan como competencia […] Incluso algunos autores que han incursionado simultáneamente en el derecho penal especial y la criminología o la política penal en el primero de los campos desechan fuentes interdisciplinarias y las interpretaciones críticas fundadas en la lectura de la realidad social, ajustándose estrictamente al método de la dogmática jurídica… La integración en el análisis jurídico del bagaje y las líneas teóricas de la filosofía, la historia y las ciencias sociales y humanas resulta útil como fuente para la construcción de la teoría del derecho.” Silva García, Germán. El mundo real de los abogados. Tomo II. Bogotá: Universidad Externado de Colombia e ILSA; 2001., pp. 120 y 121.
17 Los conflictos en las sociedades capitalistas contemporáneas para el profesor Boaventura se encuentran relacionadas con las prácticas y expresiones del pluralismo jurídico, “…, la conveniencia de ampliar el concepto de pluralismo jurídico, de tal manera que cubra situaciones susceptibles de ocurrir en sociedades cuya homogeneidad es siempre precaria porque se define en términos clasistas; esto es en las sociedades capitalistas. En estas sociedades, la homogeneidad es, en cada momento histórico, el producto concreto de las luchas de clases, y por eso encierra contradicciones (interclasistas, pero también intraclasistas) que nunca son puramente económicas y, por el contrario, constituyen un tejido de dimensiones sociales, políticas y culturales entrelazadas […] Una de esas expresiones es precisamente la situación del pluralismo jurídico y tiene lugar siempre que las contradicciones se condensan en la creación de espacios sociales, más o menos segregados, en el seno de los cuales se generan litigios o disputas…” Santos, Boaventura de Sousa. “Estado, Derecho y”, Op. Cit. pp. 71 y 72.
18 Clifford Geertz reflexiona sobre el derecho y su a relación con la cultura, y el pluralismo legal: “…; el acento sobre la tenacidad histórica de las sensibilidades legales; el rechazo de una relación sobre la fuerza práctica del derecho basada en el consenso social a favor de otra que lo esté en la búsqueda de su sentido; la convicción de que el pluralismo legal no es una aberración pasajera, sino una característica central del paisaje moderno; y el argumento de que la autocompresión y la compresión del otro se hallan tan internamente conectadas en el derecho como lo están en los restantes ámbitos de la cultura –todas estas apreciaciones son producto de una cierta forma de pensar, por lo demás bastante fascinada por la diversidad de las cosas-”. Geertz, Clifford. “Conocimiento local”, Op. Cit., pp. 259 y 260.
19 El investigador Andrea Hoekema reseña cómo el Estado moderno en un tiempo reducido pasa de la aplicación del derecho estatal al reconocimiento del pluralismo jurídico: “Antes, en los años 50 y 60, las políticas de desarrollo de muchos países se orientaban a un concepto de modernidad que implicaba la abolición y represión total de otros sistemas de derecho y autoridad diferentes de los estatales. Se atacaba por todos los medios una visceral lealtad a comunidades y aun liderazgo no estatal que pudiera oponerse a las leyes y directivas nacionales […] Muchos países reconocen ahora que dentro de la reforma del Estado se contemple seriamente la necesidad de transferir recursos y atribuciones a la sociedad: a comarcas, distritos, municipios y comunidades; […] abre además oportunidades para avanzar hacia formas político-legales que encarnen una plurietnicidad, una pluralidad de derecho y una autoridad genuina”. Hoekema, André. Hacia un pluralismo jurídico formal de tipo igualitario. En: El otro derecho No. 26-27. Bogotá: ILSA; 2002. pp. 63 y 66.
20 “Las reformas propuestas son principalmente de dos tipos y además, en apariencia, contradictorios. El primer tipo propone transformaciones profundas en la concepción el sistema judicial, instrumentándolo con múltiples y sofisticadas innovaciones técnicas […] este primer tipo de reformas, parece apuntar hacia lo que se puede designar como Administración tecnocrática de la justicia. El segundo tipo de reformas, muy distinto del anterior, se caracteriza por la elaboración de alternativas al modelo centralizado formal y profesionalizado que ha dominado la administración de justicia sobre todo en los últimos 200 años. Estas alternativas – diversa y genéricamente conocidas como informatización de la justicia, deslegalización, justicia comunitaria, resolución de conflictos y procesamientos de litigios- consisten en general en la creación de procesos, instancias e instituciones relativamente descentralizados, informales y despersonalizados que sustituyan o complementen en áreas determinadas la administración de justicia y la tornen en general más rápida, más barata y más accesible”. Santos, Boaventura de Sousa. “Estado, Derecho y”, Op. Cit., p. 24.
21 “Las posibilidades de acrecentar o sostener el dominio de los operadores jurídicos sobre el manejo de muchos asuntos enfrenta a los movimientos de resolución alternativa de conflictos y desjudicialización de ciertas causas, quienes fundamentan, en parte, sus discursos de reforma legislativa en una crítica a la cultura de la litigiosidad que contamina a los abogados. Aquí es necesario preguntarse, sin embargo, si todos los asuntos que son turnados a aquellas franjas donde es factible un tratamiento no institucionalizado o paralelo del conflicto son de interés para los operadores jurídicos. Así mismo, respecto del caso colombiano, será necesario indagar hasta qué punto los operadores del derecho han ocupado también los espacios previstos para los tratamientos llamados alternativos. Es probable que el primer interrogante deba absolverse de modo negativo y el segundo de manera más o menos positiva”. Silva García, Germán. “El mundo real Tomo I”, Op. Cit., p. 168.
Nota del Editor: se trata de la ponencia presentada por el autor en el Congreso "Complejidad, Conflictos, Justicia. 20 años de Sociología Jurídica", organizado por el Instituto de Sociología Jurídica de Oñati, entre el 7 y el 10 de julio de 2009.