Proyecto de Ley Eliminación de todo mensaje que fomente la explotación sexual y la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación por Andrés Larroque.

TENSIONES DEL PROYECTO DE LEY EN RELACIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE EN ARGENTINA:
La excesiva laxitud en la definición y determinación de la conducta que se pretende prohibir y sancionar, -siendo tan amplia-, resulta peligrosa y genera una situación de inseguridad jurídica, siendo contraria al Principio de Legalidad establecido en el art. 18 de la CN. El Estado al legislar en forma amplia e indefinida una conducta que pretende prohibir propiciará a generar un escenario de imprecisión y persecución impropio de un Estado de derecho, perdiendo de vista el requisito de certidumbre que se exige a toda norma de carácter prohibitivo. En este sentido, el artículo 2º al referirse a “los avisos, publicaciones, publicidades o cualquier otro tipo de mensajes que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, a través de cualquier medio de comunicación conforme surge de la enumeración establecida en el artículo 3º de la Ley Nº 25.750 y cualquiera sea el soporte o modalidad que utilicen. Quedan comprendidos en este régimen todos aquellos avisos que haciendo referencia a otras actividades lícitas, tengan como finalidad la realización de alguna de las actividades indicadas en el párrafo precedente” deja abierto un abanico de situaciones que podrían ser pasibles de sanción estatal generando un marco de inseguridad jurídica y de falta de limitación al ejercicio del poder de policía del Estado.
A su vez el artículo 2º establece que se refiere a “cualquier medio de comunicación conforme surge de la enumeración establecida en el art. 3º de la ley 25.750 cualquiera sea el soporte o modalidad que utilicen” (es decir, “ARTICULO 3º— A los efectos de la presente ley, son considerados medios de comunicación los siguientes: a) Diarios, revistas, periódicos y empresas editoriales en general; b) Servicios de radiodifusión y servicios complementarios de radiodifusión comprendidos en la Ley Nº 22.285; c) Productoras de contenidos audiovisuales y digitales; d) Proveedoras de acceso a Internet; e) Empresas de difusión en vía pública”), pero por otra parte, el artículo 6º del presente proyecto refiere que “La autoridad de aplicación podrá requerir a quien corresponda la eliminación y/o interrupción de acceso a los avisos, publicaciones, publicidades o cualquier otro tipo de mensajes y/o contenidos enunciados en el artículo 2° de la presente ley que se difundan a través de cualquier medio de comunicación o tecnología de la información y comunicación, de conformidad con el procedimiento que dicte el Poder Ejecutivo Nacional”. No quedando claro si en estos supuestos sólo procederá la eliminación y/o interrupción de acceso a los avisos, o también corresponderá la aplicación de las sanciones que se enumeran con anterioridad en el mismo artículo.

Asimismo, no se define lo que se entiende por medios de tecnología de la información y comunicación y, por ende, que medios son los que quedan también comprendidos. 
Lo expresado precedentemente, y la afectación del principio de legalidad que hemos señalado se entiende con mayor claridad si tomamos en consideración lo que implica la aplicación concreta de dicho principio. A tal fin, resulta oportuno y clarificador citar al Dr. Eugenio Zaffaroni, quien explica que “El principio de legalidad, dentro de nuestro sistema jurídico positivo, se halla consagrado en el art. 18 constitucional, en la parte que dice: ‘Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso…’. Tiene su correlativo en el principio de reserva legal, que dice: ‘Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohibe’ (art. 19 última parte). Esta formulación del principio de reserva requiere, además, que el sujeto pueda haber conocido lo prohibido, puesto que el único sentido de la ley previa es la posibilidad del conocimiento de la prohibición, que de otro modo no existiría” (Zaffaroni, Eugenio Raúl, Tratado de Derecho Penal, Tomo I, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1998, p. 131). 
Sumado a ello, el artículo 9º del proyecto en cuestión, realiza una ampliación de la prohibición a las “Redes Sociales”, no dejando en claro si en estos casos sólo procede la eliminación del contenido o también la aplicación de una sanción, pero –y esto es lo mas grave- independientemente de ello, siendo que las redes sociales configuran herramientas de comunicación entre las personas y cada persona es dueña de su perfil y de su cuenta, se debería expresar en forma concreta que la ley no alcanza a los supuestos en que la persona titular de la cuenta haya realizado una publicación autorreferente lo cual queda comprendido dentro de la esfera de su intimidad y en ejercicio de su derecho a la autodeterminación que encuentran su reconocimiento legal en el Art. 19 de la CN, 1071 bis del Código Civil y en principios consagrados en los Tratados de Derechos Humanos que por disposición del Art. 75 inc. 22 de la CN integran nuestro bloque de constitucionalidad. Es menester señalar que si no se encuentran afectados de modo efectivo derechos de terceros, la prohibición se constituye en una invasión del Estado en el ámbito de la privacidad violando el principio de reserva y por otro lado, pareciera que el presente proyecto desconoce la prohibición de la existencia de figuras penales de autor, ya que la prohibición y sancionar de publicaciones autorreferenciales implica la penalización de determinados modos de vida, máxime teniendo en cuenta que en nuestro ordenamiento legal, el trabajo sexual autónomo y ejercido libremente es actividad legal.
El Proyecto en análisis, modifica márgenes de libertad de las personas, atentando contra el derecho personalísimo a la libertad de expresión y de trabajar y ejercer industria lícita (Art. 14 CN) ya que quienes ejercen el trabajo sexual en forma autónoma y libremente no podrán publicitar sus servicios, cercenando así su libre ejercicio de una actividad lícita. Lo cual a su vez cercena el derecho personalísimo a la autonomía de la voluntad y autodeterminación que constituye un Derecho Humano fundamental. No se toma en consideración que los avisos de oferta sexual constituyen el medio por el cual las trabajadoras sexuales promocionan los servicios que prestan y que no constituyen un delito. Son numerosos los fallos judiciales en los que se ha expresado que el trabajo sexual autónomo libre no es delito. Los fallos judiciales han determinado que es lícito ejercer el trabajo sexual en un ámbito privado donde "no existe ni el menor indicio de la existencia de persona alguna que explote, promueva o facilite la prostitución”. En un precedente judicial de la Sala I de la Cámara del Crimen se declaró nulo un procedimiento policial que efectuó un oficial contra una trabajadora sexual y sobreseyó a la mujer ya que los magistrados consideraron que la exposición de una tarjeta en la vía pública no constituyó una violación a la ley de profilaxis (Nº 12.331) y resultaba “a lo sumo, una oferta individual de un servicio de carácter sexual que constituye una acción privada carente de relevancia penal”. Por lo que se evidencia, que el proyecto en cuestión desoye los vastos precedentes judiciales que se han dictado en la materia y que han dejado en claro no sólo el ejercicio lícito del trabajo sexual en forma libre y en el ámbito privado, sino también la legalidad de la oferta sexual individual autorreferente de carácter sexual. 
Amén de lo señalado en el punto anterior, no puede perderse de vista el aumento de la judicialización que se generará tomando en cuenta que la razonabilidad de toda medida que implique una injerencia estatal en derechos de rango constitucional (en el caso, el ámbito de privacidad tutelado por el art. 19 CN) será sometida a control judicial, lo cual amerita aún mas acotar los términos de la definición de la conducta que se pretende prohibir a fin de evitar una injerencia estatal ilimitada y la consecuente judicialización de la vida de las trabajadoras sexuales.-
El proyecto que se cuestiona, contribuye a generar una situación de clandestinidad de las redes de trata de personas y a su vez provocar un obstáculo en la –fundamental- tarea de identificación fehaciente de quienes ofrecen servicios sexuales. En vez de tomar una actitud regulatoria que facilite el control estatal de la circulación de la información de este tipo generando las acciones tendientes a identificar, y controlar la publicación de avisos de oferta sexual pudiendo investigar y detectar los casos que evidencia una situación de explotación sexual o trata.
Asimismo, restringe injustificadamente el ejercicio del comercio lícito por parte de todos los medios de comunicación que comercializan con dichos espacios publicitarios; 
Vulnera derecho a la libertad de expresión y de imprenta (en medios gráficos), al prohibir la libre circulación de información de interés público;
TENSIONES DEL PROYECTO DE LEY EN RELACIÓN A LA POLÍTICA ESTATAL Y AL ROL DEL ESTADO:
El proyecto de ley en la forma que se encuentra redactado tiende a generar mayor exclusión social y desempleo ya que incide negativamente en la actividad laboral desarrollada libremente por trabajadoras sexuales que no resultan “víctimas” del delito de trata de personas ni explotación sexual -a quienes intenta proteger-.
El Estado se propone estar al servicio de las poblaciones mas vulnerabilizadas y combatir la exclusión social, pero este proyecto criminaliza indirectamente el trabajo sexual libre y autónomo –al presuponer que toda publicación de oferta sexual constituye una situación de violencia hacia la mujer, discriminación y cosificación- prohibiendo en consecuencia toda publicación, publicidad o mensaje de oferta sexual sin dejar a salvaguarda los autorreferenciales, lo cual afectaría directamente el nivel de trabajo de las trabajadoras sexuales generando una masa de población que perderá su fuente de ingresos y se constituirá en una nueva población desempleada.-
Mediante la implementación de este proyecto se generará la invisibilidad de un sector de la población que será víctima de la persecución del sistema penal (poder judicial y fuerzas de seguridad). Sin posibilidad de publicidad de avisos de oferta sexual, las trabajadoras sexuales deberán salir al espacio público a fin de ofrecer sus servicios. En este sentido, debido a la falta de la reglamentación del trabajo sexual, y las diversas posturas que existen en relación a las normas contravencionales locales en cada jurisdicción se generará una situación de desigualdad, desamparo e inseguridad jurídica que propiciará el cercenamiento de sus derechos y contribuirá a facilitar un escenario de persecución policial injustificado.
Si se ha constatado que las Redes de Trata y el Proxenetismo utilizan medios de comunicación para captar potenciales víctimas entonces lo que resulta imperioso es la necesidad de que el Estado controle, fiscalice y regule las publicaciones a los fines de detectar a quienes encubren una situación de trata y/o proxenetismo, pero la prohibición de tales publicaciones frustra toda posibilidad de detección del delito. incapaces de trascender los anuncios y desarrollar políticas públicas capaces de luchar con eficacia contra estos delitos.
Los juicios de valor en relación al trato de la mujer como mercancía que alentaría el comercio sexual o la cosificación de las mujeres en las publicaciones que violentaría su derecho a una vida digna, libre de violencia y discriminaciones no es exacta, es un argumento moralista y por ende subjetivo que no pueden dar fundamento a la sanción de una norma legal que por su carácter de generalidad, tiene como finalidad regular a la sociedad toda en su conjunto. Tomar medidas que impliquen dejar a las trabajadores sexuales sin trabajo es mucho mas violento, discriminatorio y atenta directamente contra su vida digna, y esa no puede ser la respuesta de un Estado de Derecho que pretende combatir la exclusión social y generar una política de inclusión.
A lo largo del proyecto se utiliza el término oferta sexual y comercio sexual, lo cual no constituye un delito, el delito es la explotación sexual y la trata de personas. No resulta lógico ni mucho menos justo, que para combatir un delito se prohíba y se sancione otra conducta que no es un delito, criminalizando a un sector de la población que ejerce una actividad lícita. En este sentido, y a los fines de hacer un paralelismo que permita ilustrar esta idea, podemos tomar el ejemplo de los delitos de robo y hurto de objetos. Sabido es que muchos elementos que son robados en la vía pública luego son “revendidos” a través de avisos en páginas de internet, en comercios a la calle o incluso a través de avisos clasificados y sin embargo resultaría totalmente absurdo que el Estado prohibiera la publicación de avisos de venta de diversos bienes muebles a los fines de combatir el “robo o hurto”, eso atentaría contra la libertad del comerciante de realizar su publicidad libremente, lo mismo ocurre con el caso de las trabajadoras sexuales, ellas se ven perjudicadas injustificadamente y se cercena su actividad comercial injustamente.-
El Estado se propone avanzar en la consagración, reconocimiento y efectivo respeto de los Derechos Humanos de los ciudadanos llevando a cabo todas las acciones tendientes para ello, en este sentido, lo que nos preguntamos es ¿Cuáles son los Derechos Humanos de la Mujeres Meretrices en Argentina y cómo se les pueden garantizar si se prohíbe la publicidad que perjudica su fuente de su trabajo?
Por otra parte, de los fundamentos del proyecto se desprende que dentro de las dos modalidades de captación de víctimas, existe el supuesto de atracción de víctimas mediante falsas ofertas de trabajo. Debemos señalar que tampoco resulta lógico prohibir aquellos avisos destinados a la oferta sexual, puesto que también podrían encubrirse bajo la oferta laboral de cualquier de los rubros. Por lo que bajo ese argumento debiera prohibirse cualquier publicación de oferta laboral, ya que toda oferta de trabajo puede encubrir un método delictivo a fin de captar víctimas.
Si se persigue revertir los patrones socioculturales por medio de los cuales históricamente se ha tenido a naturalizar e invisibilizar las representaciones que han colocado a las mujeres en una posición de subordinación, no es la prohibición de publicaciones de avisos de oferta sexual una herramienta útil. La mujer es cosificada cuando se la exhibe semidesnuda en programas de televisión, cuando se refiere a ella como el sexo débil, cuando se publicitan electrodomésticos para regalar el día de la madre, cuando no existen propagandas de elementos de limpieza en las que aparezcan hombres, cuando se las exhiben con ropas ajustadas en eventos deportivos, y sin embargo el camino para revertir esas costumbres no es el de la prohibición sino el de la transformación social, concientización y educación para respetar la diversidad cultural y para evitar la discriminación y la intolerancia. 
Este proyecto de ley, no es inocuo y provocará un daño a las trabajadoras sexuales que día a día luchan por el reconocimiento, y ejercicio de sus Derechos Humanos mas fundamentales, pero sobre todo, será fútil en la medida que se pretenda a través de una ley generar un cambio en la conciencia social y revertir los patrones socioculturales por medio de los cuales históricamente se han tendido a naturalizar e invisibilizar las representaciones que han colocado a las mujeres en una posición de subordinación, puesto que es el derecho el que responde a la evolución, demanda y cambios de una sociedad y no es la ley la que los impone. Revertir los patrones socioculturales por medio de una ley prohibitiva, no sólo es una solución incorrecta, sino que lo único que conseguirá es silenciar prejuicios e invisibilizar situaciones que en el seno de la sociedad seguirán vigentes.
(Nota textual originaria del sitio www.ammar.org.ar)
Fatigosa la espera
que no espanta la esperanza
la búsqueda sin pausa,
arropada y solitaria.
La vida, tras la muerte
conmoviendo finalmente
la gravedad crucial de la
condición humana.
La vida y el amor
construcciones cotidianas
Y Guido que irrumpe
pasado, presente
y futuro luminoso
de paz, y sin revancha.
(A Estela y Guido)
La prisión preventiva es la institución maldita del derecho procesal. Lo es en varios sentidos. En primer lugar porque todavía muchas de las construcciones teóricas y normativas que diseñan un proceso penal moderno, garantista y democrático se estrellan ante la realidad masiva del encarcelamiento antes del juicio, que es precisamente la negación más cabal de sus principios básicos. En segundo lugar porque no hemos hallado aún una política constante de reducción y racionalización del uso de esta institución y, por el contrario, no sabemos nunca cuando estamos a la puerta de un nuevo período expansivo. En tercer lugar porque tampoco hemos hallado aún una 
adecuada conceptualización teórica de una medida, una práctica y un sistema que se resiste a ser explicado con los conceptos tradicionales. En cuarto lugar porque el encarcelamiento preventivo es la gran herramienta de la selectividad hiriente que empuja a los sectores más vulnerables de la sociedad a un encierro cada día más cercano  a las penas crueles e infamantes que prometimos abolir. Frente a este panorama quien  diga que se trata de un mero instrumento de cautela, cierra los ojos frente a las más clara de las realidades (Alberto Binder: "La intolerabilidad de la prisión preventiva")..

Ciertas prédicas de máxima absurdidad y mínima consistencia epistemológica, proferidas casi a diario con el objetivo de reorganizar la sociedad pampeana en base a un piso de inscripción ideológica basado esencialmente en  un retroceso sistemático de derechos y garantías y la maximización de las instancias de control, en especial la cárcel, convoca a algunas discusiones útiles que, por supuesto, en ningún momento se cruzan con los anatemas plenos de amateurismo conceptual a los que me refiero.
Creo, sinceramente, que la problemática de la sesgada noción de "inseguridad" en La Pampa, adolece de un pecado original. Se parece demasiado, en sus reacciones sociales, corporativas y sus respuestas institucionales, al descalabro que en materia político criminal exhibe, en general, el mundo entero (salvo contadas excepciones que confirman la regla), por supuesto que también la región latinoamericana, y por ende, nuestro país.
La Provincia de La Pampa carece de estrategias unitarias en materia político criminal. De esta manera es muy difícil, por no decir imposible, gestionar la conflictividad.
El riesgo de estas retóricas y clamores, es que incidan efectivamente en los gestores habilitados constitucional y legalmente para articular nuestra política criminal y los determine en la asunción de conductas y prácticas que pueden conducir a consecuencias penosas.


El neoliberalismo, entre otros aportes devastadores, en términos sociales,  ha subalternizado el rol de los expertos en materia político criminal desde la debacle de los estados welfaristas en todo el mundo, y lo ha sustituido por un sentido común abyecto y brutal. Esto es lo que debemos soportar a diario, en la Argentina en general, y en nuestra Provincia en particular. Lo que Hirschman ha denominado "la retórica de la reacción", que se expresa desde la crisis de los años dorados de la segunda posguerra con arreglo a tres tesis claves que reaparecen cíclicamente en los discursos conservadores, explícitos o estereotipados: a) la tesis de la perversidad, según la cual el correccionalismo (cuyas expresiones legales más cercanas son el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 10........) produce resultados perversos y contrarios a los esperados, porque sus políticas de rehabilitación conllevan un aumento y no una disminución del delito (de resultas de lo cual "algunos" infractores deben ser privados necesariamente de derechos fundamentales. b) La tesis de la futilidad, que afirma categóricamente que "nada funciona" y por ende, tampoco las medidas que los Estados pongan en práctica. Solamente funciona la cárcel, pero como ámbito de incapacitación o de encierro de los sujetos socialmente indeseables. Por último, c) las tesis del peligro: las estrategias correccionalistas del Estado de bienestar, paradójicamente, ponen en crisis principios fundamentales de la democracia como la autonomía moral, los derechos del individuo y el propio Estado de Derecho. De acuerdo a esta última tesis, la justicia está en peligro y, en realidad, es un peligro para los habitantes probos en tanto y en cuanto no deje de lado preceptos garantistas que impiden una convivencia socialmente tolerable (Garland: 2001). Estas tesis permiten asumir, con fatal banalidad, que "la notificación en libertad de una persona sin antecedentes penales o la entrega a su padres de un menor que comienza a robar o a generar hechos de violencia, ya de por si es discutible", y espetar la posible existencia naturalizada de un "estado de inseguridad" que motiva, desde luego, un "clamor popular" punitivo, en una Provincia que tiene tasas de homicidios cercanas a la mitad de las que exhibe el país, que a su vez es uno de los que menos delitos de este tipo sufre en todo el continente.
Por el contrario, advertimos que es perfectamente posible establecer y poner en prácticas políticas públicas consistentes en materia criminal, sin desertar en absoluto de los paradigmas emergentes de un Estado Constitucional de Derecho.
El problema es fijar y concebir esas políticas unitarias, y luego ponerlas en práctica y medir sus consecuencias y resultados. Y aquí sobreviene la cuestión del declive de los expertos, su apartamiento en las decisiones estratégicas en materia político criminal y su sustitución por gestores políticos que, en general, y desde las décadas de los años ochenta y noventa, han sustituido estos saberes por pulsiones demagógicas y medidas espasmódicas que han contribuido a consolidar la percepción masiva de que "nada funciona". Doy ejemplos claros. Conocida la falibilidad de las encuestas policiales y judiciales (no solamente por las posibilidades de manufacturación de las mismas, sino por la imposibilidad de incorporar a esos estudios la cifra negra de los delitos), no queda otra posibilidad que acudir a las encuestas o estudios de victimización para tener una idea más o menos confiable de la realidad criminológica. La Pampa, hasta donde conozco, ha intentado un estudio de ese tipo únicamente en el año 2004. Los resultados fueron categóricos e imprescindibles. Mientras había barrios de Santa Rosa (apelo a mi memoria pues, naturalmente, no cuento con los datos a la mano) que tenían una tasa de victimización objetiva del 16% (nota: como era la primera experiencia que se esperaba continuarían, se les preguntaba entonces a los vecinos si habían sido víctima de un delito "a lo largo de su vida", porque se especulaba que al año siguiente debería habérseles preguntado por esa misma cuestión durante cada año calendario, como correspondería metodológicamente hacerlo), tenían una percepción subjetiva de la "inseguridad" que les llevaba a colocar el miedo al delito en un lugar preponderante: casi el 50% de los entrevistados de ese mismo barrio creía que el delito era su principal problema. Mientras tanto, en otros lugares de la ciudad, los guarismos fluctuaban llamativamente, hasta igualar, en algunos casos, los indicadores de victimización con la percepción del miedo a ser víctima de un delito. Digo que los resultados fueron imprescindibles, porque eso permitía que en distintos barrios se intentaran intervenciones y estrategias de prevención del delito diferenciadas, en base a experiencias y escuelas creadas por universidades extranjeras y expertos a lo largo del siglo pasado.
Es éste un único ejemplo, aunque elocuente. La Pampa no puede seguir intentando gestionar la conflictividad en base al olfato pesquisante y la buena voluntad de sus gestores. Son muy escasas las posibilidades de éxito que podemos esperar de semejante improvisación. Por ende, es necesario reponer a los expertos y pensar una política criminal que combine los saberes científicos y la "eficiencia" con la convicción política del respeto de los derechos y las garantías. Porque el caos es mucho mayor de lo que los operadores  imaginan. Muchísimo mayor. Y una Provincia con recursos de sobra, un alto capital social y solamente 300.000 habitantes, corre el riesgo de chocar la calesita.

La última semana ha sido dramáticamente pródiga en evidencias rotundas de la existencia de un sistema de control global punitivo, que se expresa a través de lógicas y prácticas imperiales capaces de poner en crisis los estándares de convivencia del capitalismo, al menos como lo conocíamos durante la modernidad temprana.
Una determinación sistémica a la utilización de prácticas de control global policíacas de altísima intensidad, y guerras de baja intensidad, aunque capaces de provocar enormes masacres, son dos de los rasgos más salientes de la era del control global.

El Presidente Obama acaba de confesar que su país que su país torturó gente después del 11-S. Es obvio que el Premio Nobel de la Paz paradójico intenta emparentar esas prácticas violatorias de los Derechos Humanos fundamentales, con la gestión de una gestión republicana. Eso no lo releva, en absoluto, de su responsabilidad en Guantánamo, por motivos análogos, ni tampoco por los numerosos crímenes cometidos o ayudados a cometer en distintos países del mundo durante todo su mandato.

No debe olvidarse que, tiempo atrás, la propia Hillary Clinton le había aconsejado levantar el “embargo” a Cuba (en realidad, un bloqueo groseramente ilegítimo que data de décadas), otro atropello a los derechos fundamentales cuyas consecuencias para el pueblo cubano ya hemos analizado en este mismo espacio cuando relevábamos los casos más emblemáticos de crímenes contra la Humanidad cometidos por el imperio.
Tampoco que, hace pocas horas, el Congreso de Estados Unidos autorizó la entrega a Israel de 225 millones de dólares para que esta nación refuerce su escudo de proyectiles “Cúpula de Hierro” (“Iron Drome”) y profundice sus crímenes masivos contra el pueblo palestino. La singular ayuda (que equivale a más de la mitad de los 369 millones de dólares solicitados por la ONU para asistir humanitariamente a las víctimas de la franja de Gaza) fue aprobada por la Cámara de representantes por 395 votos a favor y  solamente  8 en contra, lo que revela parte del delicado entramado de poder que somete a la humanidad.
Estos ataques de máxima ilegalidad, no solamente están amparados por el gobierno estadounidense, sino también por gran parte de sus aliados occidentales, veteranos perpetradores de crímenes de masa. Para ello no hay más que recordar lo ocurrido en la antigua Yugoslavia y el rol que  los mismos países asumieron respecto de la crisis de Ucrania.
Estos ejemplos de preeminencia desembozada de la fuerza son encarnados, principalmente,  por la política exterior asegurativa de los Estados Unidos, que se reconoce a sí mismo, explícitamente, como una excepción con respecto a la ley, que se exceptúa unilateralmente -vale destacarlo- nada menos que del cumplimienrto de los Tratados y Convenciones internacionales sobre medioambiente, derechos humanos y tribunales internacionales, arguyendo, por ejemplo, que sus militares no tienen por qué atenerse a las normas que obligan a otros en cuestiones tales como los ataques preventivos, el control de armamentos, las torturas, las muertes extrajudiciales y las detenciones ilegales.
En este sentido, la “excepción estadounidense remite a la doble vara de medir de que disfruta el más poderoso, es decir, a la idea de que donde hay patrón no manda marinero. Estados Unidos también es indispensable, según la recordada definición de Madeleine Albright, sencillamente porque tiene más poder que nadie”[1], y lo usa discrecionalmente dentro y fuera de sus fronteras (el prevencionismo extremo en materia internacional es un equivalente de las leyes de inmigración de Arizona, la doctrina de las ventanas rotas o la tolerancia cero que caracterizan su Política criminal, lo que da idea de lo que significa -también- un pretendido derecho globalizado construido en esta misma clave de emergencia permanente).
El discurso neopunitivista, uno de los datos constitutivos de la modernidad tardía, plantea de esa forma la utilización del derecho como una herramienta útil y apta para hacer frente a  una multiplicidad de conductas que generan las nuevas “inseguridades” en las denominadas “sociedades de riesgo”.
Las características de este nuevo derecho se sintetizan y sincretizan no en una tendencia unitaria a criminalizar a sujetos individuales en circunstancias determinadas, sino en la configuración de un  control punitivo de última generación que se expresa de manera “glocal”[2] y grupal, y su objeto de control es la rebelión o la autonomía de los excluidos o los insumisos, sobre la base de la adhesión a las teorías que justifican las medidas de coerción y las sanciones, con apego a  tesis prevencionistas o retribucionistas.
Asistimos así a la vigencia de un sistema  de lógicas globalizadas y unitarias, que excede en mucho al propio Obama, donde las mencionadas características configuran las improntas identitarias que asimilan  los elementos e instrumentos nacionales e internacionales de punición.
Por eso mismo, no creemos que la conducta del juez Griesa y el accionar de los fondos buitres pueda desagregarse de un sistema punitivo global, en el que interactúan torturas, escudos misilísticos, bombardeos, ocupaciones territoriales, primaveras, extorsiones, embargos y demás estrategias de dominación y control cuyos límites no queremos imaginar. Capaces de arrasar con los derechos decimonónicos fundamentales, pero también con la vida, la salud, los recursos naturales y el futuro mismo de la Humanidad.



[1]  Albright, Madeleine, The Today Show, entrevista de la NBC con Marr Lauerr, 19 de febrero de 1998, citada por Hardt, Michael - Negri, Antonio: “Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio”, Ed. Debate, Buenos Aires, 2004, p. 29.
[2] Para desarrollar una breve semblanza explicativa del concepto de glocalización en materia cultural, en tanto relacionamiento asimétrico entre un mundo globalizado y la reivindicación de los particularismos locales, aplicable a las prácticas y culturas punitivas contemporáneas, reproduzco un tramo del concepto que sobre el particular brinda Kevin Power: “La cultura cotidiana se encuentra en aumento, determinada por una combinación de signos y conceptos que se extraen tanto de lo local como de lo global (lo glocal) y el campo simbólico en el cual se forman las identidades culturales se mezcla cada vez más con signos híbridos y globales. Ya tenemos lo que algunos críticos han llamado la deterritorialización de la cultura contemporánea, estructurada por fuerzas semicaóticas, por patrones desiguales de intercambio cultural”, en Power, Kevin: “Descifrando la Glocalización”, en http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/172/powerHuellas3.pdf
É com imensa perplexidade que se divisa o recrudescimento da repressão e das tentativas de criminalização das lutas sociais pelos poderes instituídos.

Desde junho do ano passado, quando as grandes manifestações se multiplicaram a partir da luta contra o aumento da tarifa, observa-se que, longe de responder às reivindicações com propostas de concretização de direitos sociais, os agentes do Poder Público têm respondido com violência e tentativas abusivas de criminalização de ativistas.
Especificamente em São Paulo, lugar em que primeiro sopraram os bem-vindos ares de junho, causa extrema indignação o aparato que se organizou desde a instauração do famigerado inquérito policial 1 de 2013 no DEIC.
Como já foi amplamente divulgado[1], são várias as ilegalidades percebidas nesse inquérito:
1) orientado por um explícito e inconstitucional direito penal do autor, ele é conduzido a partir de um rol de perguntas sobre a vida política das pessoas intimadas e chegou-se ao absurdo de proceder à busca e apreensão de livros na casa de alguns “investigados”;
2) na portaria de instauração, está expresso o objetivo ilegal de investigar “indivíduos (que) atuam de forma organizada com o objetivo de questionar o sistema vigente”, sem a indicação de qualquer fato específico que constitua crime;
3) a ampla maioria das pessoas intimadas para “prestar esclarecimentos” foipresa ilegalmente, sem flagrante ou qualquer acusação formal de prática de crime;
4) há infiltração de agentes em manifestações, determinada a partir do inquérito e sem autorização judicial.
Nos últimos dias, assistiu-se a duas prisões claramente forjadas[2], de Fábio e de Rafael, estranhamente realizadas por policiais do DEIC, e à ameaça do Secretário de Segurança de SP de conduzir à força 22 militantes do Movimento Passe Livre ao DEIC para “prestar esclarecimentos”, apesar de eles, em todas as oportunidades em que foram intimados, já terem justificado a ausência com base no exercício do direito fundamental de ficar em silêncio.

Tais arbitrariedades estão sendo perpetradas a partir desse mesmo inquérito 1 de 2013 do DEIC, já permeado de todas as ilegalidades acima enumeradas.
Basta a mínima observância dos postulados do Estado Democrático de Direito para se posicionar pelo repúdio ao referido inquérito e a todas as arbitrariedades, ameaças e violências que vêm sendo praticadas contra a liberdade de manifestação.
Os direitos e garantias fundamentais inscritos na Constituição de 88foram conquistados após muita luta e resistência contra a Ditadura que arrasou o país entre 1964 e 1985. Não é possível tolerar a naturalização de práticas ilegais de repressão e criminalização de ativistas, em claro vilipêndio ao direito constitucional de se reunir e de se manifestar.
Por essas razões, posicionamo-nos pela cessação da escalada de criminalização das manifestações, com a imediata liberdade de Fábio e Rafael, o acatamento ao direito ao silêncio e, portanto, o afastamento de medidas coercitivas, e o arquivamento do inquérito policial 1 de 2013, tudo em estrita observância dos fundamentos da República e dos  direitos e garantias fundamentais inscritos nos artigos 1º e 5º da Constituição.
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Fábio Konder Comparato, Professor Emérito da Faculdade de Direito da USP
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Juarez Cirino dos Santos, Professor Doutor da Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Jorge Luiz Souto Maior, professor livre-docente da Faculdade de Direito da USP
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Ari Marcelo Solon, Professor Associado da Faculdade de Direito da USP
Alysson Leandro Mascaro. Professor da Faculdade de Direito da USP.
Cristiano Maronna, advogado e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM
Silvio Luiz de Almeida, advogado, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e presidente do Instituto Luiz Gama
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Mauricio Stegemann Dieter, Professor da Faculdade de Direito da USP.
João Batista Damasceno, doutor em Ciência Política (PPGCP/UFF) e juiz de direito (TJ/RJ). Membro da Associação Juízes para a Democracia/AJD.
Paulo Teixeira, deputado federal, advogado e mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP)
Roberto Amaral, Escritor e professor universitário, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros.
Fernando Castelo Branco, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Ceará
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Alex F. Magalhães, Professor adjunto IPPUR/ UFRJ
Mariana Trotta, professora da Faculdade de Direito da UFRJ e PUC-RJ, advogada do Centro de Assessoria Popular Mariana Criola.
Adriana Nogueira Vieira Lima, Professora de Direito Urbanístico da Universidade Estadual de Feira de Santana – BA
Carlos Frederico Marés de Souza Filho, Professor Titular da PUCPR, Doutor em Direito, Procurador do Estado do Paraná
Fabio de Sá e Silva, PhD em Direito, Política e Sociedade (Northeastern University) e Professor Substituto da Faculdade de Direito da UnB
Virgílio de Mattos, professor de Direito da Universidade Estácio de Sá e do Centro de Ensino Superior de São Gotardo
Maria Ciavatta, Professora do PPG-Edu da UFF
Francine Damasceno Pinheiro, advogada popular do CDDH de Petrópolis/RJ e professora universitária.
Vinícius Pinheiro, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Membro do Conselho Editorial da Revista Crítica do Direito e advogado
Adriano Pilatti, Professor de Direito Constitucional da PUC-Rio
Alexandre F. Mendes, Professor de Direito da UERJ
Noel Struchiner, professor da PUC-RJ
Sérgio Muylaert, Advogado em Brasília, Membro efetivo do IAB, ex-vice presidente da Comissão de Anistia (2004-2008), Presidente da Associação Americana de Juristas – DF(linha fundadora).
Claudio Carvalho, Advogado, Professor de Direito Ambiental,Urbano e Agrário, Coordenador do Grupo de Pesquisa em Direito Ambiental,Urbano, Agrário e Movimentos Sociais, Integrante do Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa – NAJA, UESB – Vitória da Conquista/Bahia
Aton Fon Filho, advogado e diretor da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos
Élder Ximenes Filho, Promotor de Justiça de Entrância Especial, Titular da 9a. PJ de Caucaia/CE, Mestre em Direito Constitucional pela UNIFOR, Ex-Advogado da União
Patrick Lemos Cacicedo, Defensor Público, Coordenador do Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública de SP
Bruno Shimizu, Defensor Público, Coordenador Auxiliar do Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública de SP
Verônica dos Santos Sionti, Defensora Pública e membra do Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública de SP
Thaísa Oliveira, Presidenta da Associação dos Defensores Públicos do Paraná (ADEPAR)
Thiago Barison de Oliveira, advogado, Diretor da Comissão de Direitos Humanos do Sindicato dos Advogados de São Paulo
Gustavo Seferian Scheffer Machado, Mestre e doutorando em Direito do Trabalho pela FDUSP, professor da FICS.
Marta Machado, pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, professora na mesma instituição e pesquisadora do Cebrap
Sílvio Mota, Juiz do Trabalho
Renan Quinalha, advogado da Comissão da Verdade de SP
Paulo César Malvezzi, assessor jurídico da Pastoral Carcerária Nacional – CNBB
Carolina Diniz, advogada e coordenadora do Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo
Eduardo Baker, advogado da Justiça Global
Antônio Donizete Ferreira, Advogado do Pinheirinho
Aristeu César Neto Pinto, advogado membro da Com. de Dir. Sindical da OAB/Federal
Américo Astuto Rocha Gomes, advogado membro da Fundação Sundermann
Aderson Bussinger Carvalho, advogado membro da Comissão de Direitos Humanos OAB/RJ
Sergio Augusto Pinto, membro da diretoria do Sindicato dos Advogados de São Paulo
Bruno Colares Soares Figueiredo Alves, membro da diretoria do Sindicato dos Advogados de São Paulo
Pablo Biondi, membro da diretoria do Sindicato dos Advogados de São Paulo
Fabiana Costa do Amaral, membro da diretoria do Sindicato dos Advogados de São Paulo
Isabela Blanco, advogada da CSP-Conlutas RJ
José Denis Lantuer Marques,  membro da diretoria do Sindicato dos Advogados de São Paulo
Ana Lucia Marchiori, Advogada e diretora do Sindicato dos Advogados de São Paulo
Adonyara Azevedo, advogada do mandato da vereadora Amanda Gurgel e CSP-Conlutas RN
Tairo Batista Esperança, advogado da CSP-Conlutas SP
Julia Maria de Siqueira Eid, Advogada de presos e perseguidos da Convergência Socialista
Alberto Albiero Junior, advogado da CSP- Conlutas e do Bloco de Lulas do Rio Grande dos Sul
Denis Ometo, advogado do Sindicato dos Metalurgicos de São José dos Campos/SP
Claudio Renno, advogado do Sindicato dos Metalurgicos de São José dos Campos/SP
Irene Maestro Guimarães, advogada e membro da Comissão de Direitos Humanos do Sindicato dos Advogados de São Paulo
Alexandre Pacheco Martins, Advogado Criminalista
Rodolfo Valente, advogado e coordenador do Instituto Práxis de Direitos Humanos
Marcela Cristina Fogaça Vieira, advogada
André Kehdi, advogado criminalista
Rafael Custodio, Advogado do Programa de Justiça da Conectas Direitos Humanos
Amanda Hildebrand Oi, Pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP
Daniel Adolpho Daltin Assis, Advogado popular em DDHH, com especial participação nos movimentos da luta antimanicomial e da infância e adolescência
Mariana Fidelis, advogada
Pablo Castellon, advogado
Giane Alvares, advogada
Eliana Lúcia Ferreira, advogada
Maria Livia Goes, Advogada
Luisa D´avola, Advogada
Juliana Hereda, Advogada
Adriano Galvão, Advogado Criminalista
Gabriel de Freitas Queiroz, Advogado Criminalista
Leopoldo Stefano Louveira, Advogado Criminalista
Armando de Oliveira Costa Neto, Advogado Criminalista
Juliana Machado Brito, Advogada
Caio Yamaguchi Ferreira, Advogado
Rafael Moura da Cunha, Advogado
Bruno Salles Pereira Ribeiro, advogado criminalista
Renato Vieira, Advogado Criminalista
Marcelo Leão, Advogado
Rafael Augusto Ferreira Zanatta, advogado e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo.
Pedro Baumgratz de Paula, advogado e mestrando em Direito pela Universidade de São Paulo
Pedro Davoglio, mestre em Direito pelo Mackenzie
Luiz Guilherme da Silva Gomes Ferreira, advogado
Daniel Luiz Passos Biral, advogado
Silvia Daskal Hirschbruch, advogada
André Zanardo, advogado
Guilherme Duarte, advogado
Tabatha Alves, advogada
Igor Favano Leone, advogado
Leo Lopes de Oliveira Neto, advogado
Elaine Moraes Ruas Souza, Defensora Pública
Daniella Bonilha, advogada
Rafael Moura da Cunha, advogado
Vladimir Sampaio, advogado
Fernando Barboza Dias, Advogado Criminalista
Fernanda Salgueiro Borges, Doutoranda em Direito Público e Econômico pela UPM-SP, Advogada e Consultora em Direito Público e Ambiental
Bruno Gonzaga Pena, advogado civilista – belo horizonte/MG
Felipe Gomes da Silva Vasconcellos, mestrando em direito do trabalho pela USP e advogado.
Ana Claudia Tavares, advogada do Centro de Assessoria Popular Mariana Criola
Rodrigo de Medeiros Silva, membro da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares- RENAP e da Comissão Nacional de Acesso à Justiça do Conselho Federal da OAB
Fernanda Peron Geraldini, advogada.
Joviano Mayer, Advogado do Coletivo Margarida Alves de Assessoria Jurídica Popular – MG
Fabiana Borin, Advogada
Rachel de Miranda Taveira, Advogada
Fernando Albuquerque de Oliveira, Defensor Público do Estado do Pará
Benedito Roberto Barbosa, Advogado do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos e União dos Movimentos de Moradia
Ednardo Motta, advogado
Felipe Vono, advogado
Ramon Koelle, advogado
Viviane Pereira de Ornellas Cantarelli, advogada
Marília Fabbro, advogada
Ricardo Tadeu Penitente Genelhu, Doutorando e mestre em direito penal pela UERJ
Thiago Melo, advogado, coordenador do Instituto de Defensores de Direitos Humanos (DDH)
João Tancredo, advogado, presidente do Instituto de Defensores de Direitos Humanos (DDH)
Nonnato Masson, advogado
Helio Mannato, advogado
José Ricardo Vasconcelos Ribeiro de Assis, advogado,  jornalista e Membro da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB/RJ.
Nayara Nancy Ferreira da Silva, Assistente Jurídica da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo
Marcos Fuchs, Diretor Adjunto da Conectas Direitos Humanos e membro do CNPCP – Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
Leandro Teodoro Andrade, Advogado
João Vitor Rodrigues Loureiro, Mestrando em Direitos Humanos e Cidadania – UnB
Thiago Arcanjo Calheiros de Melo, pesquisador e membro do conselho editorial da Revista Crítica do Direito
Paulo Somlanyi Romeiro, advogado
Vinicius Nogueira Franco, advogado
Ariel Sanches Garcia, advogado
Guilherme Kamitsuji, advogado
Rodnei Doreto Rodrigues, Juiz do Trabalho aposentado
Gabriela Marques de Miranda Rocha, advogada
Rosa Costa Cantal, advogada
Rafael Locateli Tatemoto, advogado e jornalista.​
Veridiana Alimonti, advogada
Joana Cruz. Advogada
Roseli Cantarelli, Advogada
Karina da Silva Pereira, advogada e diretora do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo
Danilo Uler Corregliano, advogado e mestre em Direito pela USP
Giancarlo Paulo, advogado
Anderson Lopes, advogado criminalista
Breno Zanotelli, Secretário da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB-ES
Natalia Keiko, advogada
Laís Avelar, advogada
Delane Ferreira Lima, Advogado e ativista político
Eduardo Baldissera Carvalho Salles, ex-Presidente do Diretório Acadêmico José Olavo Vargas Dias da Unochapecó
Diego Rezende Polachini, Defensor Público do Departamento de Inquéritos Policiais – SP
José Roberto Coêlho de Almeida Akutsu, advogado criminalista
Thaís Magalhães, advogada
Victor Manfrinato de Brito, Advogado
Nilcio Costa, advogado, Presidente da comissão de Direitos Humanos da subseção da OAB em Boituva/SP e Membro da Direção Estadual do MST/SP
Gustavo Bay Gonçalves, bacharel pela Faculdade de Direito da USP e advogado
Melyssa de A. Vecchete, Advogada
Paula Martins, advogada da Artigo 19
Karina Quintanilha, advogada da Artigo 19
Camila Marques, advogada da Artigo 19
Evorah Cardoso, advogada e pesquisadora do Cebrap e Conectas Direitos Humanos
Cristiane Vilanova, advogada
Gabriel Porto Dutra, advogado, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Santa Maria-RS e do Grupo de Apoio aos Povos Indígenas (GAPIN)
Monique Rodrigues Ferian, bacharel em Direito, professora de Direito e áreas correlatas.
Carla Veronica Rodrigues Leite, advogada.
Sérgio Passos Duarte, Advogado em MG

La crónica periodística de cuenta que la Comisión de Justicia de México aprobó la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, en la que se establecen mecanismos no punitivos para la resolución de situaciones problemáticas "no graves", en los que las partes pueden reapropiarse del conflicto, llegar a una conciliación y evitar así un proceso penal. 
"El presidente de dicha comisión, senador Roberto Gil Zuarth, del PAN, explicó que existen dos momentos en los procesales en los que las partes en conflicto podrán emprender una conciliación, el primero cuando se hace denuncia al Ministerio Público de la existencia y otro cuando ya se hizo del conocimiento a un  juez.
El dictamen en mención establece la obligación de  las procuradurías federal y estatales, y de las salas del Poder Judicial de contar con  juntas restaurativas, donde las partes involucradas tengan posibilidad de emprender una conciliación, acuerdos o convenios para dar solución a su conflicto.
En las negociaciones no se limitará la presencia de los abogados del demandante o demandado, salvo que  no se encuentre uno de ellos.
Gil Zuarth precisó que dichas salas contarán con mediadores y facilitadores que ayudarán a las partes a encontrar una vía de conciliación. Estos habrán de cumplir requisitos de certificación por el Ministerio Público y la Conferencia Nacional de Procuradores, así como una capacitación y profesionalización continua que implica 100 horas al año.
La secretaria de la comisión, senadora Arely Gómez González, del PRI, precisó que  los mecanismos de solución alternativos son un mecanismo de respaldo a los juicios orales, cuya aplicación comenzará en 2016, el objetivo es eliminar la carga procesal en los juzgados, así como la sobrepoblación en centros penitenciarios, en especial con personas que no cometieron delitos graves".

En rigor, "los acuerdos reparatorios entre la víctima y ofendido y el inculpado sólo podrán realizarse en delitos que se persiguen por querella, culposos y/o patrimoniales, siempre que no haya habido violencia.
La legisladora subrayó que la víctima u ofendido que haya recurrido a este medio alternativo de justicia, sólo podrá acudir nuevamente a este procedimiento después de dos años. El inculpado no podrá celebrar nuevos convenios por un mismo hecho o delito, salvo que hayan transcurrido cinco años del último arreglo, según se informó oficialmente". 
Más allá de lo acotado del margen de aplicación de estas RAC´s en la nación hermana, es importante destacar algunas cuestiones. La primera, es que un país que tiene una problemática carcelaria severa la asuma en su verdadera dimensión, si es que en realidad lo ha hecho y las respuestas institucionales trascenderán realmente el marco discursivo y se traducirán en acciones concretas de descongestionamiento de los ámbitos de secuestro institucional.
La segunda, es que se acepte que en un país donde las tasas de encarcelamiento y los indicadores de violencia son sustancialmente más altos que en la Argentina (y mucho más altos que los que se verifican en nuestra Provincia), la cárcel es un problema y no una solución, y la tendencia a reimplantar al sistema penal como primera ratio constituye una aporía de difícil reversión. Como de ordinario acontece, los límites a la demagogia punitivista los impone, en nuestra región, la propia dinámica de la realidad vital, antes que la racionalidad de políticos y operadores.
Daniel Feierstein responde ¿Que pasa cuando los órdenes jurídicos nacionales e internacionales no prestan atención a violaciones de DDHH? Los tribunales "de opinión": del tribunal Russell al Permanente de los Pueblos. De los crímenes en Vietnam a la actualidad. Colonialismo e Imperialismo en la gestion de procesos genocidas. Las trasnacionales y las violaciones a los DDHH. Genocidios para destruir estados o para consolidar estados: casos de Yugoslavia y Sri Lanka. Poenciar a los que resisten y visibliizar lo que se trata de ocultar. La experiencia argentina de los Juicios por la Verdad. Verdad, Justicia y Conden