El neoliberalismo, entre otros aportes devastadores, en términos sociales,  ha subalternizado el rol de los expertos en materia político criminal desde la debacle de los estados welfaristas en todo el mundo, y lo ha sustituido por un sentido común abyecto y brutal. Esto es lo que debemos soportar a diario, en la Argentina en general, y en nuestra Provincia en particular. Lo que Hirschman ha denominado "la retórica de la reacción", que se expresa desde la crisis de los años dorados de la segunda posguerra con arreglo a tres tesis claves que reaparecen cíclicamente en los discursos conservadores, explícitos o estereotipados: a) la tesis de la perversidad, según la cual el correccionalismo (cuyas expresiones legales más cercanas son el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 10........) produce resultados perversos y contrarios a los esperados, porque sus políticas de rehabilitación conllevan un aumento y no una disminución del delito (de resultas de lo cual "algunos" infractores deben ser privados necesariamente de derechos fundamentales. b) La tesis de la futilidad, que afirma categóricamente que "nada funciona" y por ende, tampoco las medidas que los Estados pongan en práctica. Solamente funciona la cárcel, pero como ámbito de incapacitación o de encierro de los sujetos socialmente indeseables. Por último, c) las tesis del peligro: las estrategias correccionalistas del Estado de bienestar, paradójicamente, ponen en crisis principios fundamentales de la democracia como la autonomía moral, los derechos del individuo y el propio Estado de Derecho. De acuerdo a esta última tesis, la justicia está en peligro y, en realidad, es un peligro para los habitantes probos en tanto y en cuanto no deje de lado preceptos garantistas que impiden una convivencia socialmente tolerable (Garland: 2001). Estas tesis permiten asumir, con fatal banalidad, que "la notificación en libertad de una persona sin antecedentes penales o la entrega a su padres de un menor que comienza a robar o a generar hechos de violencia, ya de por si es discutible", y espetar la posible existencia naturalizada de un "estado de inseguridad" que motiva, desde luego, un "clamor popular" punitivo, en una Provincia que tiene tasas de homicidios cercanas a la mitad de las que exhibe el país, que a su vez es uno de los que menos delitos de este tipo sufre en todo el continente.

Por el contrario, advertimos que es perfectamente posible establecer y poner en prácticas políticas públicas consistentes en materia criminal, sin desertar en absoluto de los paradigmas emergentes de un Estado Constitucional de Derecho.

El problema es fijar y concebir esas políticas unitarias, y luego ponerlas en práctica y medir sus consecuencias y resultados. Y aquí sobreviene la cuestión del declive de los expertos, su apartamiento en las decisiones estratégicas en materia político criminal y su sustitución por gestores políticos que, en general, y desde las décadas de los años ochenta y noventa, han sustituido estos saberes por pulsiones demagógicas y medidas espasmódicas que han contribuido a consolidar la percepción masiva de que "nada funciona". Doy ejemplos claros. Conocida la falibilidad de las encuestas policiales y judiciales (no solamente por las posibilidades de manufacturación de las mismas, sino por la imposibilidad de incorporar a esos estudios la cifra negra de los delitos), no queda otra posibilidad que acudir a las encuestas o estudios de victimización para tener una idea más o menos confiable de la realidad criminológica. La Pampa, hasta donde conozco, ha intentado un estudio de ese tipo únicamente en el año 2004. Los resultados fueron categóricos e imprescindibles. Mientras había barrios de Santa Rosa (apelo a mi memoria pues, naturalmente, no cuento con los datos a la mano) que tenían una tasa de victimización objetiva del 16% (nota: como era la primera experiencia que se esperaba continuarían, se les preguntaba entonces a los vecinos si habían sido víctima de un delito "a lo largo de su vida", porque se especulaba que al año siguiente debería habérseles preguntado por esa misma cuestión durante cada año calendario, como correspondería metodológicamente hacerlo), tenían una percepción subjetiva de la "inseguridad" que les llevaba a colocar el miedo al delito en un lugar preponderante: casi el 50% de los entrevistados de ese mismo barrio creía que el delito era su principal problema. Mientras tanto, en otros lugares de la ciudad, los guarismos fluctuaban llamativamente, hasta igualar, en algunos casos, los indicadores de victimización con la percepción del miedo a ser víctima de un delito. Digo que los resultados fueron imprescindibles, porque eso permitía que en distintos barrios se intentaran intervenciones y estrategias de prevención del delito diferenciadas, en base a experiencias y escuelas creadas por universidades extranjeras y expertos a lo largo del siglo pasado.

Es éste un único ejemplo, aunque elocuente. La Pampa no puede seguir intentando gestionar la conflictividad en base al olfato pesquisante y la buena voluntad de sus gestores. Son muy escasas las posibilidades de éxito que podemos esperar de semejante improvisación. Por ende, es necesario reponer a los expertos y pensar una política criminal que combine los saberes científicos y la "eficiencia" con la convicción política del respeto de los derechos y las garantías. Porque el caos es mucho mayor de lo que los operadores  imaginan. Muchísimo mayor. Y una Provincia con recursos de sobra, un alto capital social y solamente 300.000 habitantes, corre el riesgo de chocar la calesita.