La última semana ha sido dramáticamente pródiga en evidencias rotundas de la existencia de un sistema de
control global punitivo, que se expresa a través de lógicas y prácticas imperiales
capaces de poner en crisis los estándares de convivencia del capitalismo, al
menos como lo conocíamos durante la modernidad temprana.
Una determinación
sistémica a la utilización de prácticas de control global policíacas de
altísima intensidad, y guerras de baja intensidad, aunque capaces de provocar
enormes masacres, son dos de los rasgos más salientes de la era del control
global.
El Presidente Obama acaba
de confesar que su país que su país torturó gente después del 11-S. Es
obvio que el Premio Nobel de la Paz paradójico intenta emparentar esas
prácticas violatorias de los Derechos Humanos fundamentales, con la gestión de
una gestión republicana. Eso no lo releva, en absoluto, de su responsabilidad
en Guantánamo, por motivos análogos, ni tampoco por los numerosos crímenes cometidos o ayudados a
cometer en distintos países del mundo durante todo su mandato.
No debe olvidarse que, tiempo atrás, la propia
Hillary Clinton le había aconsejado levantar el “embargo” a Cuba (en realidad,
un bloqueo groseramente ilegítimo que data de décadas), otro atropello a los derechos fundamentales
cuyas consecuencias para el pueblo cubano ya hemos analizado en este mismo
espacio cuando relevábamos los casos más emblemáticos de crímenes contra la
Humanidad cometidos por el imperio.
Tampoco que, hace pocas horas, el Congreso de
Estados Unidos autorizó la entrega a Israel de 225 millones de dólares
para que esta nación refuerce su escudo de proyectiles “Cúpula de Hierro” (“Iron
Drome”) y profundice sus crímenes masivos contra el pueblo palestino. La singular ayuda (que equivale a más de la mitad de los 369 millones de dólares solicitados por la ONU para asistir humanitariamente a las víctimas de la franja de Gaza) fue aprobada por la Cámara de representantes por 395 votos a favor y solamente 8 en contra, lo que revela parte del delicado entramado de poder que somete a la humanidad.
Estos ataques de máxima ilegalidad, no solamente
están amparados por el gobierno estadounidense, sino también por gran parte de
sus aliados occidentales, veteranos perpetradores de crímenes de masa. Para ello no hay más que recordar lo ocurrido en la antigua Yugoslavia y el rol que los mismos países asumieron respecto de la crisis de Ucrania.
Estos ejemplos de
preeminencia desembozada de la fuerza son encarnados, principalmente, por la política exterior
asegurativa de los Estados Unidos, que se reconoce a sí mismo, explícitamente,
como una excepción con respecto a la ley,
que se exceptúa unilateralmente -vale destacarlo- nada menos que del
cumplimienrto de los Tratados y Convenciones internacionales sobre
medioambiente, derechos humanos y tribunales internacionales, arguyendo, por
ejemplo, que sus militares no tienen por qué atenerse a las normas que obligan
a otros en cuestiones tales como los ataques preventivos, el control de
armamentos, las torturas, las muertes extrajudiciales y las detenciones
ilegales.
En este sentido, la
“excepción estadounidense remite a la doble vara de medir de que disfruta el
más poderoso, es decir, a la idea de que donde hay patrón no manda marinero.
Estados Unidos también es indispensable, según la recordada definición de Madeleine
Albright, sencillamente porque
tiene más poder que nadie”[1],
y lo usa discrecionalmente dentro y fuera de sus fronteras (el prevencionismo
extremo en materia internacional es un equivalente de las leyes de inmigración
de Arizona, la doctrina de las ventanas
rotas o la tolerancia cero que
caracterizan su Política criminal, lo que da idea de lo que significa -también-
un pretendido derecho globalizado construido en esta misma clave de emergencia permanente).
El discurso
neopunitivista, uno de los datos constitutivos de la modernidad tardía, plantea
de esa forma la utilización del derecho como una herramienta útil y apta
para hacer frente a una multiplicidad de
conductas que generan las nuevas “inseguridades” en las denominadas “sociedades
de riesgo”.
Las características
de este nuevo derecho se sintetizan y sincretizan no en una tendencia
unitaria a criminalizar a sujetos individuales en circunstancias determinadas,
sino en la configuración de un control
punitivo de última generación que se expresa de manera “glocal”[2] y grupal, y su objeto de control es la
rebelión o la autonomía de los excluidos o los insumisos, sobre la base de la adhesión a las
teorías que justifican las medidas de coerción y las sanciones, con apego a tesis prevencionistas o retribucionistas.
Asistimos así a la
vigencia de un sistema de lógicas
globalizadas y unitarias, que excede en mucho al propio Obama, donde las mencionadas características configuran las
improntas identitarias que asimilan los
elementos e instrumentos nacionales e internacionales de punición.
Por eso mismo, no
creemos que la conducta del juez Griesa y el accionar de los fondos buitres pueda desagregarse
de un sistema punitivo global, en el que interactúan torturas, escudos
misilísticos, bombardeos, ocupaciones territoriales, primaveras, extorsiones, embargos y demás estrategias de dominación y control cuyos límites no queremos imaginar. Capaces
de arrasar con los derechos decimonónicos fundamentales, pero también con la
vida, la salud, los recursos naturales y el futuro mismo de la Humanidad.