La ministra Sabina Frederic acaba de tomar decisiones históricas en temas sensibles de la cartera a su cargo. Desmontar-uno por uno- los dispositivos de control punitivo interno del macrismo constituían una suerte de imperativo categórico para cualquier gobierno popular. Los desafíos que restan en materia de seguridad son enormes, pero la perentoriedad táctica de las medidas ensayadas impactan en el horizonte de proyección de cualquier estrategia democrática a desarrollar en el mediano y largo plazo. El primer paso está dado.
Entre las asignaturas pendientes se inscribe, sin ninguna duda, la disputa cultural por la democratización de las fuerzas de seguridad. Algo que los gobiernos populares no han podido lograr, en general, en Nuestra América. Por el contrario, esas fuerzas han asumido roles preponderantes en materia de tentativas de interrupción de los mandatos constitucionales y de reproducción de un sentido común conservador. Frederic es una autoridad en la materia. Este dato, aunque pudiera visualizarse como un matiz subjetivo y subalterno asume también una significación rotunda. La ministra sabe de lo que habla y esa fortaleza conceptual no ha sido frecuente en estas áreas sensibles de gobierno. Su currículum trasciende con holgura la medianía de los razonamientos gestivos de cabotaje y la pereza intelectual de funcionarios que, por acción u omisión, han permitido que la cultura de la punición reprodujera a nivel interno las lógicas y las rutinas de un sistema de control global que se impone a través de la violencia sistemática. Porque todo tiene que ver con todo en estos mares incógnitos de la “seguridad”, caracterizados por la más intrincada y abstrusa opacidad y oscuridad.
Doctora en Antropología Social por la Universidad de Utrecht, Sabina Frederic es profesora de la Universidad Nacional de Quilmes e Investigadora Independiente del CONICET.
Es coordinadora del Grupo de Estudios sobre Policías y Fuerzas de Seguridad, GEPYFS (CAS IDES) y directora del proyecto “El Estado y la seguridad pública: obediencia, desobediencia y autoridad en las fuerzas policiales y de seguridad de la Argentina contemporánea” (PICT-ANPCYT). Además, es integrante del espacio de pensamiento crítico Agenda Argentina.
Recibió el Primer Premio Nacional de Cultura categoría ensayo antropológico 2014, por “Las Trampas del Pasado. Las Fuerzas Armadas y su Integración al Estado democrático” (Fondo de Cultura Económica, 2013). (*)
Estas fortalezas deben materializarse en construcciones colectivas y en políticas públicas consistentes. Eso está claro. Pero sería muy difícil imaginar sin ellas una intervención efectiva y racional en materia de formación y educación de las fuerzas. En la modificación de sus cuerpos docentes, de sus contenidos curriculares y de sus referencias valorativas a nivel internacional. El proceso de descolonización y democratización cultural resultará una tarea ímproba y a la vez imprescindible. Cualquier política de estado en la materia debe encararse desde una densidad teórica plausible y desde las certezas que alcancen las prietas verificaciones empíricas que existen en la Argentina. El sistema de creencias de las fuerzas, sus representaciones, sus intuiciones y percepciones deben constituirse en objetivos centrales de las nuevas construcciones culturales de la democracia. Hechas éstas, vale señalarlo, en legítima defensa del orden constitucional.
El neoliberalismo, entre otros aportes devastadores, en términos sociales, ha subalternizado el rol de los expertos en materia político criminal desde la debacle de los estados welfaristas en todo el mundo, y lo ha sustituido por un sentido común abyecto y brutal. Esto es lo que debemos soportar a diario, en la Argentina y en casi toda la región. Eso que Hirschman ha denominado "la retórica de la reacción", que se expresa desde la crisis de los años dorados de la segunda posguerra con arreglo a tres tesis claves que reaparecen cíclicamente en los discursos conservadores, explícitos o estereotipados: a) la tesis de la perversidad, según la cual el correccionalismo (cuyas expresión legal más cercana es el artículo 18 de la Constitución Nacional) produce resultados perversos y contrarios a los esperados, porque sus políticas de rehabilitación conllevan un aumento y no una disminución del delito (de resultas de lo cual "algunos" infractores deben ser privados necesariamente de derechos fundamentales. b) La tesis de la futilidad, que afirma categóricamente que "nada funciona" y por ende, tampoco las medidas que los Estados pongan en práctica. Solamente funciona la cárcel, pero como ámbito de incapacitación o de encierro de los sujetos socialmente indeseables. Por último, c) las tesis del peligro: las estrategias correccionalistas del Estado de bienestar, paradójicamente, ponen en crisis principios fundamentales de la democracia como la autonomía moral, los derechos del individuo y el propio Estado de Derecho. De acuerdo a esta última tesis, la justicia está en peligro y, en realidad, es un peligro para los habitantes probos en tanto y en cuanto no deje de lado preceptos garantistas que impiden una convivencia socialmente tolerable (Garland: 2001). Estas tesis permiten asumir, con fatal banalidad, que "la notificación en libertad de una persona sin antecedentes penales o la entrega a su padres de un menor que comienza a robar o a generar hechos de violencia, ya de por si es discutible", y espetar la posible existencia naturalizada de un "estado de inseguridad" que motiva, desde luego, un "clamor popular" punitivo que se transforma en discurso hegemónico.
Por el contrario, advertimos que es perfectamente posible establecer y poner en prácticas políticas públicas consistentes en materia criminal, sin desertar en absoluto de los paradigmas emergentes de un Estado Constitucional de Derecho.
El problema es fijar y concebir esas políticas unitarias, y luego ponerlas en práctica y medir sus consecuencias y resultados. Y aquí sobreviene la cuestión del declive de los expertos, su apartamiento en las decisiones estratégicas en materia político criminal y su sustitución por gestores políticos que, en general, y desde las décadas de los años ochenta y noventa, han sustituido estos saberes por pulsiones demagógicas y medidas espasmódicas que han contribuido a consolidar la percepción masiva de que "nada funciona". Doy ejemplos claros. Conocida la falibilidad de las encuestas policiales y judiciales (no solamente por las posibilidades de manufacturación de las mismas, sino por la imposibilidad de incorporar a esos estudios la cifra negra de los delitos), no queda otra posibilidad que acudir a las encuestas o estudios de victimización para tener una idea más o menos confiable de la realidad criminológica. (Ampliaremos).
(*) Datos extraídos de la Revista Anfibia.