Por Eduardo Luis Aguirre
Las democracias liberales de ese espacio difícil de delimitar al que denominamos genéricamente occidente deben enfrentarse a dos situaciones problemáticas cruciales en este siglo. Una es la falta de legitimidad, el desinterés creciente de los pueblos en la política, la debacle del prestigio de las instituciones y el desgarramiento acelerado de la expectativa de un futuro común más justo y promisorio. La segunda dificultad es todavía más ardua: para transformar la realidad en esta relación de fuerzas globales, los pueblos deben asumir el desafío ineludible de ganar las elecciones. Y deben hacerlo en un contexto de reticencia sin precedentes de los sujetos a involucrarse en esa rutina que, como nunca antes, aparece como una pesada carga pública.
Para los espacios políticos populares, a diferencia de lo que acontece con la ultraderecha en el poder, eso significa un esfuerzo enorme. Sintetizando, en la Argentina sabemos que para remover esta calamidad histórica deberemos seguir recurriendo a las elecciones y ganarlas, en un escenario para nada propicio. Sobre todo, porque en los últimos años se han perdido muchas.
Nuestra única herramienta común frente a este desafío inexorable es la posibilidad de conjugar a todos los sectores sociales que colisionan con la ultraderecha y unificarlos en torno a una doctrina, un instrumento que el adversario desconoce.
Tengamos en cuenta entonces estos dos elementos iniciales imprescindibles: la existencia de una doctrina y de un movimiento cuyos candidatos deberán ganar las elecciones, aunque esa no sea la finalidad primordial de los movimientos. Pero en un estado de emergencia democrático, ganar las elecciones parece la única forma de evitar catástrofes inimaginables. La fragmentación, incluso de un país, es lo contrario a la “total unidad” que establece la doctrina.
La doctrina no es un plan de gobierno, es un posicionamiento estable y continuo frente a la realidad del mundo a partir de una mirada y una axiología particular del mismo. Los políticos y políticas que el movimiento nacional designe orgánicamente para intentar ganar las elecciones deberán comprender las complejidades de la realidad actual y de las nuevas subjetividades de los votantes, por un lado. Por el otro, deberán contar con la confianza de los electores. La confianza es un concepto que proviene del latín y alude a la seguridad y firme creencia, en este caso, en sus futuros representantes. Hay una cuestión ética que articula ambas exigencias. Esa relación está dada específicamente por la ética política. La convicción mutua de que el candidato, en caso de ser electo, ejercerá sus funciones de manera obediencial. No parece nada extraño. Se trata de una categoría política y filosófica que ponían en práctica los pueblos originarios de nuestra América. Adviértase la llamativa analogía con la Doctrina Peronista: “La autoridad del gobierno emana del pueblo. El mandatario gobierna por un acuerdo tácito con su pueblo. El gobernante no puede ejercer su autoridad en contra de la voluntad de la soberanía colectiva, de la cual emana su propia autoridad. Pero, desgraciadamente los políticos encontraron en muchas oportunidades, la forma de ejercer una autoridad con astucia, para violar el mandato del pueblo y hacerle cumplir obligaciones que no debía imponerle. Estos son los malos políticos, los hombres que no deben volver a la función pública, si los argentinos quieren estar a cubierto de todos los males que han sufrido hasta ahora”.
En definitiva, hay un mandato que permanece intacto desde el fondo de nuestra historia y desde la aparición de un movimiento revolucionario.
Consiste en el compromiso que asumen los postulantes de no renegar nunca de sus enunciados previos, a costa de declinar sus propios mandatos en caso de incumplimiento. Ese pacto de provisoriedad se rubrica con la ética política que, como vimos, es la forma más directa de generar acuerdos "çon” aquellos que se han "fiado" y han creído en sus representantes. "El derecho esencial que tienen los pueblos es exigir a sus gobernantes que al adaptar con la mayor prudencia los sistemas a las circunstancias cambiantes, jamás se abandonen los principios y las leyes esenciales", dice la Doctrina Peronista.
Porque, en definitiva, "el gobierno de un pueblo es una cuestión social" (Doctrina Peronista). Por eso mismo se explican otros dos mandatos doctrinarios explícitos e ineludibles. Uno de ellos concierne a la necesidad de "formar política y moralmente a las masas", (Doctrina Peronista) lo que hace suponer que lo propio han hecho deberán hacer sus prudentes dirigentes. La prudencia conlleva la obligación ética de afianzar certidumbres sociales mediante las estadísticas y demás estudios sociales que iluminen a la conducción y eviten que, por humano desconocimiento o especulaciones indignas dejen de ocuparse de la tarea de transformar los problemas fundamentales de una comunidad para dedicarse a compartir el catálogo de prioridades que establecen la oligarquía y sus mandantes foráneos. Como observadores, habremos de permitirnos dar un ejemplo de rigurosa actualidad, del que surge que el estado no puede intervenir sin antes conocer. Una investigación etnográfica que estamos llevando a cabo en La Pampa entre trabajadores en actividades privadas de ingresos bajos revela que la principal preocupación de los entrevistados es la situación socioeconómica y la idea de que no hay futuro. Le sigue la desconfianza en los políticos y la corrupción y el tercer lugar se lo disputan la inseguridad y el temor a que se debilite la. democracia por cualquier vía. Perplejidades de pago chico que, deberían direccionar las "actitudes del estado ante las nuevas condiciones económico sociales", como también consigna la Doctrina. Se trata, según Perón, de un "análisis de las nuevas situaciones generales imperantes". “Una evidencia más de las complejidades de asomarse a una nueva etapa histórica". Una necesidad urgente de anticipar "las realidades de las generaciones de hoy y el mundo de mañana". Todo está grabado en la memoria. Cada uno de estos entrecomillados es un fragmento textual de la Doctrina Peronista.
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