Por Eduardo Luis Aguirre
La Argentina que toca fondo ha desertado de la idea inicial del gobierno de parecerse a Irlanda. En tiempos de sujeción extrema a una deuda impagable y acreedores implacables, nuestro país ha comenzado a pensar que, tal vez, su modelo más asequible sea el peruano. Inquietante deriva, que empieza a mencionarse en los mentideros neoliberales.
Esa extraña expectativa en ciernes se basa, fundamentalmente, en datos macroeconómicos esperables. Los peruanos tienen robustas reservas estimadas en 70 mil millones de dólares, productos de la intensa extracción y explotación de sus riquezas minerales. El tipo de desarrollo que históricamente se ha desarrollado en el país andino se ha localizado en la región cordillerana sur, entre Huancavelica y Puno, al que se ha denominado “el corredor minero”. Allí se encuentran los principales yacimientos mineros y gasíferos de la nación y una importante proporción de la población quecha y aymara. Pueblos originarios y extractivismo duro y sin demasiado control conviven asimétricamente en un país cuya calidad institucional es, por lo menos, asombrosa. Un botón basta de muestra. De los últimos 10 presidentes peruanos, 6 terminaron presos y otro (Alan García) se suicidó antes de someterse a una probable privación de libertad.
El modelo, pese a la pretendida prolijidad de las cuentas públicas, depara impresionantes desigualdades en su población. Se estima que casi el 30% de los peruanos (más de 9 millones de habitantes) son pobres. La pobreza supera el 40% en las zonas rurales, según cálculos del Instituto Peruano de Economía (*) y la clase media es de apenas el 20% de la población según un informe del Banco Mundial (**). El mismo banco reveló también que en realidad el 70% de los peruanos son pobres o vulnerables (***) Según informes de la última década, la desigualdad de los ingresos en el Perú, medida con el coeficiente de Gini, se ubica por encima del promedio de los cinco países más dispares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A eso hay que añadirle la inaccesibilidad a la salud pública y el sistema de pensiones y educación, en especial en analfabetismo (****). Es decir que estamos frente a un país cuya estabilidad económica, incluso con un sol apreciado que se utiliza para las transacciones cotidianas y un dólar libre y flotante reservado para la libra circulación desde y hacia el exterior, contrasta con su intrínseca injusticia social y su inestabilidad política. Más aún, la estabilidad económica y la moderada inflación que se mantiene en esos carriles de pobreza socializada desde la época del fujimorismo contrasta absolutamente con una labilidad política hegemonizada por una derecha que supo de acusaciones y persecuciones por violación sistemática de los derechos humanos y represión indiscriminada de su población.
Según publica el sitio oficial del CIDOB, un reconocido centro de investigación en relaciones internacionales con sede en Barcelona “la exportación de materias primas al mercado mundial ha sido el principal componente y organizador de la economía peruana durante los últimos siglos –colonia y República incluidos–, definiendo su carácter dependiente. En la última época, la exportación de materias primas ha sido especialmente minera y gasífera, siendo, de hecho, el principal negocio en el Perú. Este tipo de desarrollo capitalista ha generado altas ganancias para un pequeño grupo de empresas –peruanas y extranjeras– en los períodos de auge del boom exportador, que han cubierto la mayor parte de los últimos 30 años de aplicación del modelo neoliberal; sin embargo, han dejado muy poco para la abrumadora mayoría de la población. Se considera que, entre 1990 y 2019, el PIB del país se multiplicó casi por cuatro (BCRP, 2023), gracias en buena parte a las exportaciones mineras y gasíferas; pero, al mismo tiempo, el carácter informal de la economía se mantuvo por encima del 70% entre la población económicamente activa (INEI, 2020).
Esta informalidad ha sido promovida por una economía de exportación de materias primas que no ha desarrollado encadenamientos productivos ni tampoco empleos y, al mismo tiempo, es vista por la población de los territorios afectados como una economía depredadora de los recursos naturales. Ello ha afectado a las comunidades circundantes de las explotaciones mineras y gasíferas, las cuales viven en una situación de pobreza y extrema pobreza, mientras ven pasar frente a sus ojos y cruzar sus territorios los cargamentos de mineral y los tubos que se llevan el gas de su país. Esta informalidad expresa tanto la aguda sobreexplotación del trabajo en el conjunto de la economía como el racismo del cual esta va acompañada. Y esto sucede en una realidad en la que, según la visión de los que mandan, los otros, que son distintos, no merecen una remuneración adecuada por el trabajo que realizan, llamando a los reclamos por unas mejores salariales «sobrecostos laborales». El CIDOB es insospechable de conspiración o tergiversación malsana contra las derechas internacionales. Su presidente es nada menos que el recordado Josep Borrell (*****).
(*) https://ipe.org.pe/evolucion-de-la-pobreza-regional-tablero-interactivo/#:~:text=La%20pobreza%20en%20el%20Per%C3%BA,del%20contexto%20de%20alta%20inflaci%C3%B3n.
(**) https://gestion.pe/economia/clase-media-peru-abarcaria-20-poblacion-24481-noticia/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwtpLABhC7ARIsALBOCVrvYlIp__aGecOm1NwQ44wEkIUH51SLyNs_8T44Ho__VdqEX_73ZKIaAlCvEALw_wcB