Con las palabras inaugurales de la Defensora General de la Nación y de la Procuradora General de la Nación, dió comienzo el Congreso Internacional “20 años de Autonomía del Ministerio Público de la Nación”, en la Facultad de Derecho de la UBA
La actividad -organizada en conjunto por el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal- celebra la reforma constitucional de 1994 que dotó de autonomía funcional y autarquía financiera al Ministerio Público y acogió, en ese marco, la figura del Defensor General.
Ante un auditorio repleto, con la presencia de defensores, fiscales, jueces y otros especialistas y funcionarios de Argentina e Hispanoamérica, la Defensora General comenzó su exposición destacando que “somos los Defensores quienes más tenemos que agradecer la reforma del 94, que nos ha dado autonomía. Hasta ese momento éramos la Cenicienta del sistema de administración de justicia y todavía lo seguimos siendo en muchas provincias”.
Luego de destacar las luchas históricas en pos de una Defensa autónoma, Stella Maris Martínez hizo hincapié en la separación entre el Ministerio Público y el Poder Judicial y, luego, entre los defensores y los fiscales. “La incorporación de los tratados internacionales de DDHH a la Constitución también fue muy importante porque a partir de ahí se vio que el derecho de defensa es un derecho humano fundamental y que las garantías no podían ser dejadas al gusto del juez”.
La Defensora General destacó a su vez que “ha sido muy positivo el trabajo a nivel interamericano. Hemos logrado el reconocimiento de la Comisión y de la Corte Interamericana de DDHH con los que se han firmado convenios para que se pueda litigar a nivel regional. Además, la Defensa Pública ha sido considerada por la OEA un modelo a seguir. Hemos logrado que nos reconozcan como garantes de acceso a la justicia. Hace 10 años no existíamos a nivel interamericano”.
“Felicito a los colegas de Brasil, continuó la Defensora, “donde se ha creado una ley que ordena que en cada lugar donde haya un juez tiene que haber un defensor: eso es precisamente un ejemplo de autonomía, independencia, y el Ministerio que buscamos. En nuestro país no es así, nadie piensa que la Defensa sea imprescindible. En muchas provincias el modelo es el anterior, es un trabajo a concluir”.
La Dra. Martínez finalizó animando a sus colegas a “seguir luchando, de manera colectiva, para hacer una defensa pública cada día más grande, más orgullosa del rol que ocupa en el sistema de administración de justicia”.
A su turno, la titular del Ministerio Público Fiscal hizo un detallado recorrido por la historia del ministerio que encabeza y de las etapas que se superaron en ese largo camino en busca de la independencia y autonomía del organismo.
Si bien la Dra. Gils Carbó destacó la reforma constitucional del 94 como un hito en el avance de la justicia, señaló el actual Código Procesal Penal como un obstáculo para el trabajo de los fiscales ya que mantiene “un modelo semi inquisitivo que le otorga al juez poder de decisión sobre cuál va a ser el organismo que va a investigar. Esto afecta la imparcialidad y la garantìa del debido proceso, y mantiene un déficit estructural, porque resta eficiencia a las investigaciones”.
A pesar de estas dificultades, la Procuradora General subrayó que no puede ni quiere limitarse a “protestar por las limitaciones normativas. Decidimos aprovechar el Código Procesal vigente al máximo para defender los derechos porque el acceso a la justicia sigue siendo una asignatura pendiente”. En ese marco destacó la creación de distintas procuradurías especializadas y ATAJO, agencias territoriales que tienen el propósito de “acortar el camino que separa a los ciudadanos de la justicia”.
Por último, Gils Carbó destacó que la institución que encabeza promueve una nueva dinámica en busca de una idea de la justicia “nueva, más inclusiva, más democrática, donde el pueblo sea la fuente inspiradora de una visión de equidad, que surja de los gritos de las personas de carne y hueso, del mundo real”.
El congreso continuó con una mesa donde expusieron los constituyentes de 1994: Marcelo Guinle, Antonio María Hernández, Aníbal Ibarra y Hugo Rodríguez Sañudo.
El cierre de la jornada se llevó a cabo con las conferencias de Rodrigo Uprimny, miembro del Comité de DESC de Naciones Unidas, quien expondrá sobre el rol del Ministerio Público en la protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, quien disertará sobre el rol del Ministerio Público en casos penales.
(Fuente: Dirección General de Prensa y Difusión de la Defensoría General de la Nación. Imágenes originales de Infojus Noticias)
En el marco de la segunda jornada del Congreso Internacional “20 años de Autonomía del Ministerio Público de la Nación”, tuvo lugar el panel “La autonomía de la defensa pública: la situación en las provincias”
Expusieron Gonzalo Molina (Defensor Público oficial ante los Tribunales de Primera y Segunda Instancia de Resistencia), Eduardo Aguirre (Defensor General de la Provincia de La Pampa), Maximiliano Benítez (Defensor General ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos) y Alfredo Pérez Galimberti ((Defensor General Alterno de Chubut).
El Dr. Benítez trazó un mapa de la autonomía de la defensa en nuestro país, en donde el 67% de las provincias no tiene una defensa autónoma independiente. La mayoría de nuestro país no tiene una defensa autónoma y en muchos casos los defensores dependen de los procuradores. Al respecto, Benítez señaló que “cuando hablamos de republicanismo, hablamos de separación de poderes, por eso debe haber una separación clara entre acusación y defensa”, e invitó a todos los defensores a tener “una actitud militante y proactiva” que contribuya a la autonomía.
El Dr. Molina se detuvo en la situación de la defensa en su provincia, Chaco, en donde no hay un Defensor General y los defensores dependen del Procurador General. Esa situación, según Molina, atenta contra la autonomía de la defensa, ya que “no se pueden establecer lineamientos para garantizar el acceso a la justicia, ni pensar en un litigio estratégico, ni en una capacitación adecuada para los defensores”. Además, “la estructura implica una desventaja para la defensa pública: tres defensorías civiles ante treinta juzgados que existen hace más de veinte años y estaban pensadas para siete juzgados. ¿Cómo pensar en este contexto en una defensa proactiva?”
El Defensor General de La Pampa, Eduardo Aguirre, recordó la creación de la Defensoría General en su provincia advirtiendo que “se crea interponiendo una enmienda a la ley orgánica de la provincia para poder adecuar la defensa pública al nuevo código procesal.” Esto, según él, generó una debilidad estructural para el organismo. Por eso remarcó el rol de los defensores a la hora de intentar un cambio dentro de esa estructura, y dijo: “depende de nosotros, de nuestras subjetividades y singularidades, llegar a hacer una cosa distinta aun con un sistema superestructural contrario a nuestros interés de ir por la defensa de intereses colectivos de personas vulnerables.”
Diego Fernández, Defensor General de Azul, repasó el proceso que se viene sucediendo tras la reforma constitucional de 1994 en la provincia de Buenos Aires, donde el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa dependen de una misma cabeza, el Procurador General.
“En febrero del año pasado se promulgó una ley que creó el cargo de Defensor General de la provincia que, si bien lo mantiene en el ámbito de la Procuración, le asigna todas las atribuciones que en los hechos permite la dirección de la defensa pública y le otorga autonomía”, señaló el Defensor de Azul.
Sin embargo, Fernández explicó que una vez puesta en vigencia esta ley, la Procuradora General Ana María Falbo planteó la inconstitucionalidad de algunos artículos.
Ante esta situación que paralizó la autonomía de la Defensa Pública, el Defensor de Azul señaló: “Estamos convencidos de la necesidad y conveniencia de esta autonomía y de que no es una mera opción legislativa sino un requisito constitucional. Si somos una República, la división de poderes también debe darse entre acusación y defensa. Este equilibrio es difícil si ambas partes , con fines e intereses opuestos en su mayoría, dependen de la misma cabeza. Y sin derecho de defensa no puede hablarse de verdadero acceso a la justicia”.
Al finalizar, Fernández recordó que “la situación actual en la provincia de Buenos Aires es grave: con condiciones inhumanas de detención, superpoblación carcelaria, detenidos en calabozos, incremento de detenidos en preventiva. Por eso es imprescindible una Defensa Pública autónoma que garantice el acceso a la justicia”.
Por último, Alfredo Pérez Galimberti además de hacer una descripción pormenorizada de cómo funciona la defensa en su provincia, Chubut, se preguntó para qué sirve la autonomía de la defensa, puntualizando: “¿Para qué la autonomía? Para que el sujeto que lo requiere cuente con una persona competente, para prestar un servicio cada vez más eficiente. La autonomía no es para los defensores, sino para los usuarios. Hay que luchar contra la estructura de exclusión económica y nuestra misión es el servicio para aquellos usuarios que no pueden pagar un abogado.” (Fuente: Dirección General de Prensa y Difusión)
(Fuente: Dirección General de Prensa y Difusión de la Defensoría General de la Nación. Imágenes originales de Infojus Noticias)