Es cierto que el desarrollo y la evolución del derecho internacional a partir de la segunda mitad del siglo XX (especialmente desde los juicios de Nüremberg y Tokio y la creación de la Corte Penal Internacional) ha sido arduo, trabajoso e incompleto, más allá de la pretendida, y por ende plausible, finalidad de brindar respuestas jurídicas frente a los grandes crímenes contra la Humanidad, uno de los datos constitutivos de la Modernidad. Esas afrentas, consistentes en la eliminación sistemática y estructural de agregados enteros de personas, con el objeto de reorganizar una sociedad sobre las nuevas bases propuestas por los perpetradores, configuran en muchos casos lo que se ha dado en llamar “genocidios reorganizadores”. Ahora bien, como ya lo hemos señalado en artículos precedentes, las respuestas que ese sistema en pleno proceso de construcción y consolidación ha proporcionado solamente a algunos hechos de exterminio, desentendiéndose de otras violaciones groseras a derechos humanos fundamentales, es uno de los hiatos que deslegitima al derecho internacional. Hay, en efecto, una multiplicidad de supuestos en los que los organismos institucionales del sistema jurídico internacional han declinado actuar, o lo han hecho de manera absolutamente sesgada, e incluso en algunos casos han sido los responsables y promotores de estas ,enormes tragedias. concurren aluvionalmente a nuestras memorias los episodios de Vietnam, Ruanda, los Balcanes, Irak, Siria, Libia, sin pretender con esta enumeración agotar aquellas matanzas perpetradas sin que la “Comunidad Internacional” estuviera mínimamente a la altura de las circunstancias.
No lo está, tampoco, en los crímenes de masa que el Estado de Israel está perpetrando en tiempo real contra el pueblo palestino. Increíblemente, la intervención del Alto Comisionado para los DDHH de la Organización de las Naciones Unidas es un reflejo fiel de una caracterización prejuiciosa, estereotipada, profundamente asimétrica, que parte de la idea de la existencia de dos fuerzas en pugna en paridad de condiciones. Parece increíble que, pese al aislamiento internacional en el que se encuentra actualmente Israel, no haya habido una condena de máxima severidad por parte de la ONU respecto de los centenares de muertos y heridos civiles que ocasionan los ataques de uno de los ejércitos más poderosos del mundo frente a una población virtualmente inerme. Las condenas y rechazos de distinta naturaleza e identidad que han exteriorizado una cantidad importante de gobiernos del mundo, organismos de Derechos Humanos, Tribunales de opinión y otrs instituciones humanitarias, no han sido escuchadas todavía por los agresores. Pero lo que verdaderamente debe generar una indudable preocupación, es la inacción en que incurren los organismos institucionales que dicen constituir la “comunidad internacional” y las principales potencias de la tierra, empezando por el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. La masacre de Gaza, con este cuadro de situación, se ha transformado en un caso testigo que da cuenta de la necesidad impeiosa de reformular y democratizar las instituciones políticas globales, como forma de prevenir, conjurar y, eventualmente juzgar, los crímenes de los poderosos.