En Estados Unidos, una persona menor de 18 años no puede votar, comprar bebidas alcohólicas, billetes de lotería o cigarrillos, ni prestar su consentimiento en la mayoría de los tratamientos médicos, pero sí puede ser condenada a pasar el resto de su vida en prisión. En el reciente informe "Aquí es donde voy a estar cuando muera", Amnistía Internacional insta a las autoridades de Estados Unidos a prohibir la imposición de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a menores de edad y a revisar los casos de más de 2500 personas que actualmente cumplen esta condena a fin de que sean conformes a lo exigido por el derecho internacional. Niños que tan sólo tenían 11 años en el momento de la comisión del delito han sido condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en Estados Unidos, el único país del mundo en el que se impone esta pena a menores. En muchos casos se impone como pena preceptiva, sin tener en cuenta circunstancias atenuantes como el historial de abusos o traumas, el grado de participación en el delito, el estado de la salud mental o la receptividad a la rehabilitación. No se trata de disculpar los delitos cometidos por menores ni restar importancia a sus consecuencias, sino de tener en cuenta el especial potencial para la rehabilitación y el cambio que tienen los menores infractores. La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que entró en vigor hace más de 20 años, prohíbe expresamente la imposición de la cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años, independientemente de la gravedad de dichos delitos. Todos los países han ratificado la Convención, con la excepción de Estados Unidos y Somalia. Amnistía Internacional insta a Estados Unidos a ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño sin reservas ni otras condiciones restrictivas e implemente plenamente su prohibición de imponer cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a menores, incluidos los casos de personas ya condenadas. El caso de Christi Cheramie Uno de los casos que incluye el informe es el de Christi Cheramie, que el 30 de noviembre de 2011 presentó una solicitud de indulto ejecutivo a la Junta de Indultos de Luisiana. Christi fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 1994, cuando tenía 16 años. Actualmente tiene 33. Fue condenada por el homicidio impremeditado de la tía abuela de su novio, que entonces tenía 18 años y que, según sostiene ella, fue el autor del delito. Christi Cheramie se declaró culpable justo antes del comienzo de su juicio ante un tribunal ordinario, por temor a ser condenada a muerte. El hecho de haberse declarado culpable impide que pueda recurrir directamente la sentencia o la condena. Un psiquiatra que examinó a Christi antes del juicio afirmó que se trataba de una joven de 16 años “deprimida, dependiente e insegura” que “parece que tenía miedo de contrariar” a su novio. La infancia de Christie estuvo marcada por los abusos sexuales. A los 13 años la internaron en una clínica psiquiátrica tras intentar suicidarse en, al menos, dos ocasiones. Su causa fue trasladada para ser enjuiciada en un tribunal ordinario antes de que se hubiese celebrado una vista, en la que se habrían tenido en cuenta factores como su historial de problemas de salud mental y su receptividad a la rehabilitación. En 2001, Christi solicitó que se retirase su declaración de culpabilidad y afirmó que, cuando la realizó, no había comprendido en qué consistía el proceso judicial ni qué implicaba realmente declararse culpable de homicidio impremeditado. Su solicitud fue rechazada. Tras pasar media vida en prisión, Christi Cheramie considera que ha cambiado en muchos aspectos. Ha finalizado la enseñanza secundaria y ha obtenido un título en estudios agrícolas. Una directora penitenciaria ha afirmado que Christi “merece una segunda oportunidad”. Un artículo original del sitio de AI http://www.es.amnesty.org/paises/estados-unidos/cadena-perpetua-a-menores/