Pocos meses atrás, el espacio de Pensamiento, Praxis y Militancia
Abolicionista del Encierro y Toda Otra Variante Punitiva LOCOS, TUMBEROS Y FALOPEROS (locostumberosyfaloperos.blogspot.com.ar), convocó a colaborar en un “Plan Integral” cuyo objetivo fuera la
elaboración de un trazado político –materialmente posible- que apuntara a reducir
en el corto, mediano y largo plazo la estructura carcelaria y sus consecuencias, iniciando
así una suerte de “tránsito” o “etapa previa” hacia el ideal abolicionista.
Sin perder de vista este objetivo estratégico, le hicimos llegar a estos
compañeros algunos insumos “tácticos”, que creíamos conducentes a aquellos fines, y que compartimos ahora con nuestros
lectores.
1.- Hacer un seguimiento periódico del incremento de las tasas de
prisión preventiva en las cárceles y demás establecimientos de detención de
todo el país.
Es esencial realizar este tipo de mediciones, sobre todo en aquellos
distritos donde se han producido transformaciones en sus respectivos sistemas
procesales. En La Pampa, por ejemplo, hemos detectado un incremento importante
de presos cautelares, pese a que el nuevo código debía responder a estándares
de mayor celeridad, pero también, de mayores derechos y garantías. Las defensas
de las usinas reproductoras del dogmatismo adversarial (muchas veces
influenciadas por agencias regionales que juegan el rol de una suerte de
gendarme neocolonial en materia político criminal y procesal), responden que
los detenidos están privados de libertad "durante menos días", lo
cual en modo alguno desmiente el incremento. Este es un dato sensible y
relativamente fácil de auscultar.
2.- Realizar mediciones periódicas de los indicadores de prisionización.
Nos llevaremos sorpresas no precisamente agradables. Esas tasas daban para
nuestra Provincia de La Pampa algo así como 59 presos cada 100.000 habitantes
en el año 2000. Habían trepado a 164 en 2004, en medio de la Argentina post
crisis, y si bien descendió hasta llegar a 100 c/100.000 en 2011, volvió a
aumentar a 110/100.000 en 2012. Por supuesto, durante estos años, nunca volvió
a 59 cada 100000.
3.- Recabar informaciones objetivas respecto de la influencia que
determinados hechos conmocionantes o la incidencia de grupos de presión, o la
prensa, o la "opinión pública" ocasionan en las decisiones de los
operadores. El año pasado, luego de dos hechos singularmente violentos y luctuosos
perpetrados contra mujeres, el 20% de la población de presos preventivos en
Santa Rosa, eran agresores de género.
4.- Militar continua y orgánicamente para que las Provincias adopten
legislación compatible con el Protocolo Facultativo contra la Tortura. Muchas
de ellas, entre las que se encuentra La Pampa, no han avanzado a pesar de
nuestra insistencia, nuestras reuniones con las comisiones respectivas en la
Legislatura y la presentación concreta de un modelo para comenzar a discutir la
cuestión.
5.- Tratar de incidir para que el SPF profundice las tareas de
democratización de esa agencia, a la sazón la única que no ha avanzado en la
materia desde el advenimiento de la democracia. Esta democratización debería
abarcar, entre una multiplicidad de cuestiones, la erradicación de retóricas
positivistas en los "informes criminológicos", el manejo
unidireccional y arbitrario de los traslados concebidos como parte de un
sistema de premios y castigos, limitar el traslado de internos a cárceles
federales ubicadas a varios cientos de kilómetros de sus respectivos grupos de
referencia, etc.
6.- Coadyuvar culturalmente para revertir, mediante ejercicios continuos
de discusión sincera y fraterna, la prédica de ciertos grupos de presión,
colectivos de víctimas y organismos de DDHH que reivindican y hasta festejan
las condenas, cualquiera sean los hechos por las que las mismas se dictan. Este
es un tema que, fatalmente, tarde o temprano, debería mancomunarnos en un
debate con muchos compañeros de militancia, generalmente bien intencionados,
que han caído en distintas aporías que, por numerosas, dejan de constituir una
excepción a favor de justificaciones basadas en las concepciones de "pena
merecida" o "valor simbólico" de los castigos, para
transformarse en una regla no escrita, que además se expresa en un mayor rigor
punitivo institucional. El populismo punitivo es, a la vez, una cuestión y un
problema en la Argentina.
7.- En concordancia con el punto precedente, variar el enfoque, o al
menos completarlo, frente a todo tipo de incidencia violenta o catástrofe
carcelaria, que ocasione víctimas entre los internos. El sistema es lo suficiente
autopoiético para garantizar su existencia o reproducción ofreciendo el
"sacrificio" de los operadores de menor cobertura institucional y
política de cara a estos conflictos. Luego de verdaderas masacres, pareciera
que "se hace justicia" condenando únicamente a policías o guardias.
Cosa que, obvio es señalarlo, en muchos casos puede ser lo que corresponde.
Pero lo que llama la atención es que nadie cuestiona a los operadores
judiciales que decidieron encerrar a esas víctimas, a sabiendas del estado de las
estructura carcelaria argentina y de las lógicas y el sistema de creencia de
muchos de los miembros de los servicios penitenciarios. Tampoco a los
responsables políticos de las carencias de los reclusos, las torturas, el
hacinamiento y todas las privaciones, degradaciones y humillaciones de las que
son víctimas.