Pocos meses atrás, el espacio de Pensamiento, Praxis y Militancia Abolicionista del Encierro y Toda Otra Variante Punitiva LOCOS, TUMBEROS Y FALOPEROS (locostumberosyfaloperos.blogspot.com.ar), convocó a colaborar en un “Plan Integral” cuyo objetivo fuera la elaboración de un trazado político –materialmente posible- que apuntara a reducir en el corto, mediano y largo plazo la estructura carcelaria y sus consecuencias, iniciando así una suerte de “tránsito” o “etapa previa” hacia el ideal abolicionista.

Sin perder de vista este objetivo estratégico, le hicimos llegar a estos compañeros algunos insumos “tácticos”, que creíamos conducentes a aquellos fines, y que compartimos ahora con nuestros lectores.

1.- Hacer un seguimiento periódico del incremento de las tasas de prisión preventiva en las cárceles y demás establecimientos de detención de todo el país.

Es esencial realizar este tipo de mediciones, sobre todo en aquellos distritos donde se han producido transformaciones en sus respectivos sistemas procesales. En La Pampa, por ejemplo, hemos detectado un incremento importante de presos cautelares, pese a que el nuevo código debía responder a estándares de mayor celeridad, pero también, de mayores derechos y garantías. Las defensas de las usinas reproductoras del dogmatismo adversarial (muchas veces influenciadas por agencias regionales que juegan el rol de una suerte de gendarme neocolonial en materia político criminal y procesal), responden que los detenidos están privados de libertad "durante menos días", lo cual en modo alguno desmiente el incremento. Este es un dato sensible y relativamente fácil de auscultar.

2.- Realizar mediciones periódicas de los indicadores de prisionización. Nos llevaremos sorpresas no precisamente agradables. Esas tasas daban para nuestra Provincia de La Pampa algo así como 59 presos cada 100.000 habitantes en el año 2000. Habían trepado a 164 en 2004, en medio de la Argentina post crisis, y si bien descendió hasta llegar a 100 c/100.000 en 2011, volvió a aumentar a 110/100.000 en 2012. Por supuesto, durante estos años, nunca volvió a 59 cada 100000.

3.- Recabar informaciones objetivas respecto de la influencia que determinados hechos conmocionantes o la incidencia de grupos de presión, o la prensa, o la "opinión pública" ocasionan en las decisiones de los operadores. El año pasado, luego de dos hechos singularmente violentos y luctuosos perpetrados contra mujeres, el 20% de la población de presos preventivos en Santa Rosa, eran agresores de género.

4.- Militar continua y orgánicamente para que las Provincias adopten legislación compatible con el Protocolo Facultativo contra la Tortura. Muchas de ellas, entre las que se encuentra La Pampa, no han avanzado a pesar de nuestra insistencia, nuestras reuniones con las comisiones respectivas en la Legislatura y la presentación concreta de un modelo para comenzar a discutir la cuestión.

5.- Tratar de incidir para que el SPF profundice las tareas de democratización de esa agencia, a la sazón la única que no ha avanzado en la materia desde el advenimiento de la democracia. Esta democratización debería abarcar, entre una multiplicidad de cuestiones, la erradicación de retóricas positivistas en los "informes criminológicos", el manejo unidireccional y arbitrario de los traslados concebidos como parte de un sistema de premios y castigos, limitar el traslado de internos a cárceles federales ubicadas a varios cientos de kilómetros de sus respectivos grupos de referencia, etc.

6.- Coadyuvar culturalmente para revertir, mediante ejercicios continuos de discusión sincera y fraterna, la prédica de ciertos grupos de presión, colectivos de víctimas y organismos de DDHH que reivindican y hasta festejan las condenas, cualquiera sean los hechos por las que las mismas se dictan. Este es un tema que, fatalmente, tarde o temprano, debería mancomunarnos en un debate con muchos compañeros de militancia, generalmente bien intencionados, que han caído en distintas aporías que, por numerosas, dejan de constituir una excepción a favor de justificaciones basadas en las concepciones de "pena merecida" o "valor simbólico" de los castigos, para transformarse en una regla no escrita, que además se expresa en un mayor rigor punitivo institucional. El populismo punitivo es, a la vez, una cuestión y un problema en la Argentina.

7.- En concordancia con el punto precedente, variar el enfoque, o al menos completarlo, frente a todo tipo de incidencia violenta o catástrofe carcelaria, que ocasione víctimas entre los internos. El sistema es lo suficiente autopoiético para garantizar su existencia o reproducción ofreciendo el "sacrificio" de los operadores de menor cobertura institucional y política de cara a estos conflictos. Luego de verdaderas masacres, pareciera que "se hace justicia" condenando únicamente a policías o guardias. Cosa que, obvio es señalarlo, en muchos casos puede ser lo que corresponde. Pero lo que llama la atención es que nadie cuestiona a los operadores judiciales que decidieron encerrar a esas víctimas, a sabiendas del estado de las estructura carcelaria argentina y de las lógicas y el sistema de creencia de muchos de los miembros de los servicios penitenciarios. Tampoco a los responsables políticos de las carencias de los reclusos, las torturas, el hacinamiento y todas las privaciones, degradaciones y humillaciones de las que son víctimas.