De esa manera, las autoridades con incumbencia directa en el tema podrían conocer los alcances, las metodologías científicas y los resultados de experiencias recientes de prevención de este tipo de expresiones conflictivas. Desde el Proyecto Square Cabot (Montreal, Quebec), una iniciativa que desarrolló estrategias destinadas a mejorar la seguridad en el centro de Montreal, hasta la Misión exploratoria realizada en Perú para la evaluación de los programas en prevención de la violencia juvenil, los avances en la materia han sido y siguen siendo sustanciales. Nadie podría razonablemente dudar, por ejemplo, de la importancia y utilidad de realizar en nuestro medio una misión exploratoria para la evaluación de los programas en prevención de la violencia contra las mujeres. Esto ha sido puesto en práctica en El Alto, Bolivia, durante el año 2010. El propio CIPC ha anunciado que inició actividades para colaborar en la producción de una propuesta tendiente al desarrollo de un proyecto de prevención de la criminalidad en Mozambique. Los ejemplos sobran y dan cuenta que la cuestión de la prevención de la conflictividad no siempre se vincula con la incorporación de mayor número de efectivos policiales, la multiplicación del presupuesto oficial o la adquisición de tecnologías de opinable utilización.
En octubre pasado, el CIPC produjo el 5o Informe Internacional sobre la Prevención de la Criminalidad y la Seguridad Cotidiana: las ciudades y la Nueva Agenda Urbana.
El informe señalado, que define la necesidad de reconocer e intervenir sobre los crímenes urbanos, destaca algunos aspectos que, sin duda alguna, no nos han de resultar extraños.
Los principales factores que contribuyen a la criminalidad en las ciudades tienen sus raíces, según se concluye, en las desigualdades urbanas creadas, reforzadas y mantenidas por la combinación de una mala planificación y diseño urbano y una mala gobernanza de las ciudades. No es el tamaño de éstas, ni la densidad de la población aquello que causa la pérdida de seguridad en las ciudades, sino más bien una urbanización rápida la cual supera el ritmo en que las ciudades pueden acoger nuevos residentes mientras mantienen espacios y servicios públicos de calidad. Esto genera las condiciones para que la criminalidad y la violencia crezcan (*).
Un capítulo en particular del informe se entra en un aspecto crucial que pone al descubierto los límites y debilidades históricas que las políticas estatales en materia de seguridad exhiben en América Latina.
Uno de ellos es el problema de la coordinación territorial.
Los procesos de descentralización y el aumento del poder relativo de las ciudades respecto de los estados nacionales plantean retos importantes en términos de gobernabilidad local. ¿Cómo coordinar eficazmente las políticas nacionales y locales para mejorar los resultados de las políticas de prevención? Este capítulo intenta despejar esta incógnita llevando a cabo un estudio comparativo de casos, para lo cual analiza la realidad de 10 ciudades de la región, incluyendo Rosario. Se analizan también los procesos de articulación territorial en Ciudad Juárez, Aguascalientes (México), San Salvador (El Salvador), Bogotá (Colombia), Quito (Ecuador), Lima (Perú), Santiago (Chile), Rosario (Argentina), Recife y Rio de Janeiro (Brasil). La primera parte define los procesos de coordinación territorial desde la perspectiva de la gobernabilidad urbana. La segunda, contextualiza las tendencias de la urbanización y de la criminalidad en América Latina. Vale decir, hace hincapié en insumos conceptuales que la criminología norteamericana, por ejemplo, viene atendiendo académica e institucionalmente desde hace un siglo (recordemos, en ese sentido, la Escuela de Chicago). La tercera, estudia la evolución y emergencia de las políticas de seguridad ciudadana en la región observando los desarrollos normativos e institucionales. Este tramo adquiere centralidad para analizar críticamente la coherencia y consistencia de los programas, estudios y prácticas intentadas en materia político criminal. En la cuarta parte del informe, se analizan específicamente los procesos de articulación territorial entre estas ciudades y las estructuras nacionales. Finalmente, se realiza un análisis de estos resultados, poniendo énfasis en recomendaciones orientadas a mejorar el desarrollo de los aspectos territoriales de las políticas y de seguridad y de prevención. Vale decir, no solamente se realizan diagnósticos (que, por otra parte, son fundamentales) sino que se concretan propuestas específicas para intervenir en los procesos cada vez más complejos que caracterizan la conflictividad urbana contemporánea.
En síntesis, como le hemos señalado en diferentes oportunidades, quizás convendría analizar en nuestro país la conveniencia del abandono (definitivo) de las intervenciones voluntaristas de baja intensidad teórica y propender a recuperar y reivindicar el rol de los expertos, virtualmente erradicados de los debates criminológicos.(*) http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/International_Report/CIPC-Sommaire_IR5_ESP_Final.pdf
Fuentes: Quinta edición del Informe Internacional sobre la Prevención de la Criminalidad y la Seguridad Cotidiana, derechoareplica.org.
