Por Eduardo Luis Aguirre
El denominado “pacto de Mayo”, suscripto el pasado 9 de julio por el presidente de la Nación y un grupo de gobernadores, consta de diez puntos que significan en todos los casos una amenaza para el pueblo argentino en su conjunto y para nuestros comprovincianos. Esta breve e introductoria crítica de las racionalidades que expresa o encubre este decálogo no pretende agotar las acechanzas de la profundización eventual de las lógicas libertarias, sino transformarse en una mera glosa de una incertidumbre gigantesca para las grandes mayorías populares y la soberanía de la patria.
El primer punto reitera "la inviolabilidad de la propiedad privada". La proclama es absolutamente innecesaria porque la Constitución Argentina garantiza la intangibilidad de la propiedad. También lo hace la Constitución de La Pampa. Por ende, el orden de prelación y el énfasis en esta reiteración no puede dejar de leerse a partir del credo liberal-llibertario. Por supuesto, el pacto es insuficiente para poner en cuestión la función social de la propiedad que ambas constituciones reconocen. Simplemente porque la función social de la propiedad es una derivación razonada de la aspiración de vivir en una comunidad justa y equitativa (el hombre nunca fue individuo, siempre fue comunidad). Eso no implica otra cosa que la justicia social, denostada una y otra vez de manera febril por el presidente de la República. Los peronistas tenemos además la obligación ética de reivindicar la Constitución más avanzada en el tema, que es la Carta Magna de 1949, la más explícita en resguardar los derechos de la comunidad, la visibilización del Otro en tanto Otro y la vocación de ponerle un freno a la injusticia distributiva. Esa que el gobierno ha disparado con una crueldad sin precedentes. La propia agencia Bloomberg, señaló que en estos primeros meses de gobierno "la drástica reforma económica del presidente Javier Milei ha disparado la desigualdad de ingresos en Argentina, poniendo a prueba hasta dónde pueden soportar sus electores su “terapia de shock”, en una nota firmada el 17 de julio de este año por los analistas Patrick Gilliespie y Silvia Martínez. En 2015, en una recordada homilía sobre la pobreza, el Papa Francisco clausuró cualquier discusión sobre este punto: "el Papa explicó que «cuando damos una ayuda a los pobres, no hacemos cristianamente obras de beneficencia». Estamos ante un acto «bueno», un acto «humano», pero «esto no es la pobreza cristiana, que Pablo quiere, que Pablo predica». Porque pobreza cristiana significa «que yo doy de lo mío y no lo superfluo, incluso de lo necesario, al pobre, porque sé que él me enriquece». ¿Por qué me enriquece el pobre? «Porque Jesús dijo que Él mismo está en el pobre».
El mismo concepto lo recuerda Pablo al escribir: «Nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza». Esto sucede «cada vez que yo me desprendo de algo, pero no sólo de lo superfluo, para dar a un pobre, a una comunidad pobre, a tanta gente pobre que le falta de todo», porque «el pobre me enriquece» dado que «es Jesús quien obra en él».
He aquí por qué, concluyó el Papa Francisco, la pobreza «no es una ideología». La pobreza «está en el centro del Evangelio». En la «teología de la pobreza» encontramos «el misterio de Cristo que se abajó, se humilló, se empobreció para enriquecernos». Así se comprende «por qué la primera de las bienaventuranzas es: “Bienaventurados los pobres de espíritu”». Y «ser pobre de espíritu —indicó el Pontífice— es ir por este camino del Señor», quien «se abaja tanto», hasta hacerse «pan para nosotros» en el sacrificio eucarístico. Es decir, Jesús «sigue abajándose en la historia de la Iglesia, en el memorial de su Pasión, en el memorial de su humillación, en el memorial de su abajamiento, en el memorial de su pobreza, y con este “pan” Él nos enriquece».
De aquí la sugerencia final para la oración: «Que el Señor nos haga comprender el camino de la pobreza cristiana y la actitud que debemos tener cuando ayudamos a los pobres».
Por ende, la riqueza es inviolable mientras no afecte el bien común. Todos los países que habitualmente mencionamos como ejemplos aparentes participan de esta posición. Alemania, sin ir más lejos, que habremos de escoger como evidencia porque fue uno de los países visitados por el presidente en sus arrebatos viajero, tiene en claro estos principios de equidad distributiva. En el "Entorno social en Alemania", se analizan uno por uno los derechos que hacen a la justicia social a la que esa sociedad aspira. En el "Entorno social en Alemania", se analizan uno por uno los derechos que hacen a la justicia social a la que esa sociedad aspira: Introducción al Entorno Social y sus Características. Políticas Sociales de Alemania Educación de Alemania. Igualdad de Género en Alemania. Inclusión Social en Alemania. Salud Pública de Alemania. Familias de Alemania. Pensiones de Alemania. Integración Social en Alemania. Seguridad ciudadana en Alemania. Desigualdades globales de Alemania. Sostenibilidad socioeconómica en Alemania (https://paises.chamberly.org/entorno-social-en-alemania/) Vale decir, se trata de la principal potencia de la Unión Europea que está lejos de representarse un destino de intemperie para sus habitantes.
El segundo punto es el equilibrio fiscal (“innegociable”, agrega con desmañada prosa). No hay discusión sobre el equilibrio fiscal. Lo que descubre la verdadera intención de algo en lo que es difícil estar de acuerdo es el punto siguiente del "pacto", el tercero, que obliga a la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. La pregunta es de dónde surge la razonabilidad de ese porcentaje. Los análisis comparativos internacionales nos proporcionan elementos contundentes para develar un descarado intento de debilitar la presencia estatal y el gasto público compatible con una sociedad digna. El gasto público en Francia alcanzó el 57,3% del PIB; Irlanda, la tierra inicialmente prometida por el gobierno nacional, destinó el 22,9% del PBI al gasto público. La publicación especializada Datos Macro, de donde se extraen todos los datos habremos de consignar, agrega sobre este país: La posición de Irlanda frente al resto del mundo en 2023, en cuanto a gasto se refiere, ha progresado de forma positiva, si consideramos que gastar más es mejorar, ya que ha pasado del puesto 40 que ocupaba en 2022 al 35. Más que la cantidad gastada es comparable el porcentaje del PIB que ésta supone y en este caso ha mejorado. Irlanda continua entre los países con un gasto público bajo, en el puesto 148 de 194 países del ranking de Gasto público respecto al PIB, ordenado de menos a más gasto". Pero el gobierno no tiene por qué incurrir en el prejuicio de que las provincias habrán de gastar más y hay que asignarles entonces unilateralmente un tope. La Pampa es un ejemplo de lo que llevo dicho). En Estados Unidos el gasto público en 2022 alcanzó el 36,26% del PIB. En Noruega, el gasto público ascendió en 2023 al 46,5% del PBI. En Italia, ascendió al 55,2%. En Chile, que hizo un ajuste respecto al año anterior, el gasto público llegó al 36, 77%. Bolivia al 35% ((https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/).
En el cuarto punto del acuerdo, se habla del objetivo de lograr "una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna", Resulta difícil, en principio, no compartir esa enunciación. La cuestión es plantearse a qué se refiere el gobierno cuando pretende que la educación sea "útil" y "moderna". La prevención sobreviene a partir de los propios dichos presidenciales cuando abjura de los contenidos que considera "ideológicos", o a los saberes que considera menores como las ciencias sociales, la cultura, el arte o las disciplinas humanas. Si el ideal es un” homo economicus”, un sujeto individualista cuyo único objetivo existencial es generar dinero con desprecio absoluto de la presencia y la suerte del Otro, ya podemos inferir que el pensamiento crítico o decolonial será cancelado en aras de un nuevo enciclopedismo individualista.
Cuando se promueve una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio ya podemos inferir la lógica impositiva que impregna al acuerdo. Se impone una política impositiva regresiva, con escandalosas liberalidades para los grandes contribuyentes, de empresas extranjeras o sectores rentísticos, agobiando a los trabajadores y sectores menos favorecidos de la sociedad, como ha venido aconteciendo hasta ahora. Esa es su visión y su horizonte de proyección filosófica. Un país de unos pocos ricos cada vez más ricos y una masa empobrecida acorde con las tendencias que podemos ver en muchísimos países del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Eso explica la vigencia proteccionista del trumpismo en los distintos sectores y cinturones empobrecidos de la gran potencia mundial. Lo que expresa también la dura biografía de James Vance, el montañés que el candidato republicano lleva como vice presidente.
La "rediscusión" de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias, por sí sola, no garantiza nada. Si hay "dos países" en la principal potencia del mundo es natural que se siga pensando en hambrear (prescindo aquí de la jerga escatologica del presidente) a ese añadido molesto y provinciano que es visto como un obstáculo rebelde para una administración porteñocéntrica que lo desprecia. El presidente nos conduce al día anterior a Caseros y fomenta, en la práctica, una posible fragmentación nacional. En enero de 2024 -primer mes de gestión completa de Javier Milei (LLA)-, las transferencias automáticas cayeron un 11% y se registró el menor valor en 9 años.
En ese mismo mes de 2024, en tanto, el giro de fondos discrecionales cayó un 98%. Además, 13 provincias no recibieron fondos de este tipo en el primer mes del año (https://chequeado.com/el-explicador/la-relacion-de-javier-milei-con-las-provincias-como-se-reparten-los-fondos-y-que-cambio-con-la-nueva-gestion/.). Huelgan más explicaciones.
El séptimo punto es uno de los más sensibles y estratégicos. Plantea aquí el acuerdo obtener el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. ¿Hay un riesgo de contaminación y degradación ambiental si el gobierno impone su sistema de creencias en este punto? No hay ninguna duda. Por el contrario, en casos como la minería, el petróleo, el agua, la pesca o el litio subyacen razonablemente las peores sospechas y sólo un plan de gobierno podría poner coto a esa catástrofe si quién las ejecutan son capitales extranjeros sin controles ni obligación alguna. Vamos a desarrollar esta problemática desde una mirada que parte del interés nacional. En 2020, el “Informe de la situación de las emisiones de CO2” en el mundo estableció una suerte de ranking del cual el ecologismo colonial, como enfermedad infantil del progresismo buenista y colonial debería tomar debida nota antes de intentar obturar la única puerta de salida que tiene la Argentina para tener una patria libre, justa y soberana, que es justamente el desarrollo.
El gran capital transnacional, el poder económico y financiero al que alguna vez denominamos sistema de control global punitivo, no obstante, trata a todos los estados “por igual” en un ejercicio de democracia sugestivo que no practica siquiera en el Consejo de Seguridad de la ONU y nos alerta sobre las calamidades por venir, que son ciertas, indudablemente.
Pero vamos a ver la incidencia real de los países, muchos de los cuales nos quieren conducir a modos de energía más limpia, un proceso seguramente asimétrico que volverá a ubicarnos en un margen de objetivas dificultades,
China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón son los cinco primeros países emisores de CO2 del mundo, por encima de los 1.000 millones de millones de toneladas cada uno de ellos, y representan el 62,9 % del total de emisiones mundiales.
Irán, Alemania, Qatar, la península arábiga, Turquía y el Reino Unido el Reino Unido completaban un baremo que casi nunca llegaba a las dos cifras porcentuales.
Ahora bien: ¿es la Argentina un país contaminante? Para nada. Figura en el puesto 155 del ranking de países por emisiones de CO2, formado por 184 países, en el que son ordenan de menos a más contaminantes.
O sea, no es momento de pavadas. Perdón por el escaso vuelo metafórico. Comprendamos que en esta situación de virtual amenaza de nuestra soberanía y de (lo que queda) del bienestar de nuestro pueblo el desarrollo y la producción son la única salida que nos va a permitir en un mediano plazo salir de la hipercrisis neoliberal. Pero no le hagamos el juego al sistema. Es un pedido patriótico. Un clamor que se apoya en las perspectivas que no abrevan en las grandes ONG´s y los centros del conocimiento que han conducido al gobierno a fracasos estrepitosos en los últimos años.
Si vamos a intentar controvertir estos datos evitemos la tentación de recurrir a estas banalidades propaladas con la autoridad de la intelligentzia inerme. Por ejemplo, sostener esta idea como dato de la incidencia argentina: “La vivienda impacta en promedio con el 29% de las emisiones. De estas emisiones, el 39% son gases de efecto invernadero, el 37% son contaminantes de la calidad del aire y el 10% son precursores del ozono. Sin embargo, los promedios ocultan muchas diferencias. Así, una vivienda del noroeste del país consume 32 GJ por vivienda. En cambio, una de la Patagonia consume 38 GJ per cápita o 130 GJ por vivienda. “Para que se aprecie este valor, una heladera con freezer funcionando todo el año consume aproximadamente 0,2 GJ, lo mismo que 4 lámparas de bajo consumo durante 8 horas por día durante todo un año”. Parece una broma macabra. Pero no lo es. Porta la autoridad de investigadores que no consignan, sin embargo, la rica hilaridad de que una de las mayores fuentes de producción contaminante es la que proviene de las flatulencias del ganado.
¿Estamos condenados al estancamiento y la pobreza creciente?, se pregunta el economista Eduardo Crespo. Y él mismo concluye: Disponemos de cuatro posibilidades: aumentar exportaciones, sustituir productos importados por bienes elaborados en el país, endeudarnos, seguir achicando nuestra economía (una economía que decrece requiere menos importaciones). Las últimas dos opciones están excluidas por motivos obvios”. Después de dar el ejemplo de Tierra del Fuego y la prohibición de Cabandié de la pesca de los salmónidos, desarrolla una idea que, por lo menos, debe ser analizada y debatida: “Movimientos similares en distintas jurisdicciones – aunque con el impulso de ONGs financiadas desde el exterior - se oponen a todo tipo de actividad con potencial exportador o sustitutivo de importaciones. Rechazan la extracción de petróleo en nuestra plataforma submarina, se oponen a los proyectos vinculados a Vaca Muerta, la explotación del litio, la minería, actividades forestales, exportación de porcinos a China, por mencionar los ejemplos más resonantes. Pareciera que nada nuevo se puede producir en las provincias. Quiéranlo o no, al dificultar la diversificación productiva y regional, refuerzan el carácter estratégico del agro pampeano y sus históricos poderes de veto sobre las políticas populares. Al ser el único sector que genera divisas, conserva un peso político y una presencia mediática capaces de frenar cualquier iniciativa en su contra, con prescindencia de cuales puedan ser sus impactos ambientales.
Uno de los argumentos recurrentes de quienes impulsan las prohibiciones es que deberíamos dejar atrás el ‘extractivismo’ para elaborar bienes con mayor ‘valor agregado’ y contenido industrial. Suponer que de la noche a la mañana, en una economía estrangulada por la escasez de divisas, podríamos especializarnos en la elaboración de bienes de elevado contenido tecnológico, hace abstracción de todo lo escrito sobre las dificultades estructurales de las economías periféricas y los obstáculos para saltar peldaños de complejidad allí donde las condiciones no son especialmente apropiadas (Tavares, M. C. Auge y declinación del proceso de sustitución de importaciones en el Brasil. CEPAL, 1964), por no hablar de la necesidad de insumos originados en actividades ‘extractivas’. Pues bien, si el desarrollo productivo ayuda a correr el poder de veto de los dueños de las grandes extensiones de tierras, la idea puede ser dimensionada también a la luz de la gobernabilidad y los antagonismos que se han encargado históricamente a mantener la matriz agrícola de un país primario donde sobra la mitad de su población. Hagamos, por eso, un esfuerzo urgente, impostergable, vital, que nos debemos como nación, como categoría histórica (https://www.derechoareplica.org/secciones/filosofia/1616-contaminacion-ambiental-y-desarrollo-una-mirada-desde-el-interes-nacional). El único desastre ambiental que soporta La Pampa es el derivado del corte unilateral e ilegal del Río Atuel. El libro de Enrique Stieben "La Pampa. Su historia. Su geografía. Su realidad y su porvenir" da cuenta en sus primeras 40 páginas de la calamitosa afectación medioambiental provocada, cuando el autor describe el caudal de agua, la profundidad, la flora y la fauna de esa zona a principios del siglo pasado.
Sobre "la reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal" ya sabemos perfectamente que nada de lo que piensa el gobierno beneficiará a los trabajadores.
Lo propio ocurre con la reforma previsional con la que se insiste. Los jubilados y pensionados han sido las víctimas propiciatorias del gobierno. Una suerte de genocidio social se abate sobre uno de los sectores más indefensos de la comunidad. Tampoco hace falta en este caso añadir más argumentos. Sí, en cambio, tener una alternativa de gobierno peronista en estos puntos tan candentes.
La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global es un prodigio de cruel descontextualización. Cuando las naciones y los bloques van hacia esquemás más protectivos y asociativos, el gobierno pretende seguir aferrado a la globalización, el paradigma más fugaz de la historia humana. (en desarrollo)
