La más brutal e innecesaria provocación de Macri

Las recientes declaraciones del presidente Mauricio Macri despertaron la indignación de vastos sectores de la sociedad argentina, e impactaron de manera igualmente desfavorable en la comunidad internacional. Los ejercicios de provocación sistemática que ha elegido como práctica el gobierno, tendiente a poner en entredicho la verdad histórica de lo acontecido en el pasado reciente argentino, no tiene límites.

 

Desde el desconocimiento del número de víctimas del genocidio perpetrado por la dictadura cívico militar y la exhumación del concepto de “guerra sucia”, hasta los agravios vertidos respecto de la máxima referente de las históricas Madres de Plaza de Mayo, asistimos a un esfuerzo retórico denodado por impactar es aspectos sensibles, que la propia justicia –argentina y extranjera- ha saldado definitivamente hace varios años y ha permitido un ejercicio de producción de verdad histórica que Macri pretende negar. Si esa exteriorización de negacionismo de un genocidio se hubiera realizado en algún país europeo, tal vez Macri hubiera incurrido en un delito gravísimo.

 

La sentencia dictada en el denominado “Caso Etchecolatz” recoge en buena medida esta misma línea de razonamiento y aventa cualquier tipo de dudas: “Esta descripción realizada por aquel tribunal en el histórico fallo citado así como las restantes sobre el particular que constan allí y las que se desarrollaron luego en la causa 44 en la que precisamente se condenó a Etchecolatz por la comisión de 91 casos de aplicación de tormentos, marcó el comienzo de un reconocimiento formal, profundo y oficial del plan de exterminio llevado adelante por quienes manejaban en esa época el país y en el cual Etchecolatz, como se vio al tratar la responsabilidad, tuvo un indudable rol protagónico.

 

Es precisamente a partir de esa aceptación tanto de los hechos como de la responsabilidad del Estado argentino en ellos, que comienza, a mi entender, el proceso de producción de verdad sin el cual sólo habría retrocesos e impunidad. Obviamente que dicho proceso estuvo sujeto todos estos años a una cantidad enorme de factores de presión cuya negación resultaría ingenua, pese a lo cual tanto en el ámbito nacional como en el internacional, se lograron avances significativos en la materia”[1].

 

Pero, por si esto fuera poco, la verdad de lo acontecido en la Argentina durante el terrorismo de estado, además de ser esclarecido por la justicia local a la que Macri dice respetar,  también ha sido caracterizado por la justicia española.

 

“En la sentencia que nos ocupa, respecto de la omisión ya señalada en la Convención, los magistrados apuntaron lo siguiente: “el sentido de la vigencia de la necesidad sentida por los países partes del Convenio de 1948 de responder penalmente al genocidio, evitando su impunidad, por considerarlo crimen horrendo de derecho internacional, requiere que los términos “grupo nacional” no signifiquen “grupo formado por personas que pertenecen a una misma nación”, sino, simplemente, grupo humano nacional, grupo humano diferenciado, caracterizado por algo, integrado en una colectividad mayor... Esa concepción social de genocidio -sentida, entendida por la colectividad, en la que ésta funda su rechazo y horror por el delito- no permitiría exclusiones como las apuntadas (Rollo de Apelación 84/98 - Sección Tercera - Sumario 19/97)[2].

 

También, la connotación criminal del Plan Cóndor, máxima expresión de asociación ilícita concebida para perpetrar prácticas sociales genocidas en la región.

En este análisis, debe incluirse el importante rol jugado por el denominado“Plan Cóndor” en la mayoría de los países latinoamericanos -Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, entre otros- gobernados por dictaduras militares (aunque, al ser creado en 1975, según se conoce actualmente, en esa época la Argentina estaba gobernada por María Estela Martínez de Perón), en lo que fue una acción concertada y coordinada de represión de disidentes políticos en todo el cono sur[3].

El Plan, que contó con la activa participación y asesoramiento de la CIA (Agencia Central de Inteligencia estadounidense),  permitió el intercambio y sistematización de información, el secuestro y asesinato de “oponentes” de un país en otro, la persecución de los militantes por toda la geografías regional, el control concertado de los aeropuertos y demás vías de comunicación terrestre, fluvial o marítima entre dichos países[4].

El caso del asesinato del General chileno Carlos Prats en la Argentina, el 30 de septiembre de 1974[5], a manos de la Dirección de Inteligencia Nacional (dina) chilena, fue uno de los supuestos emblemáticos de coordinación genocida. Otro, el del asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier en Estados Unidos[6].

Por lo tanto, el negacionismo de Macri marca el revanchismo de una derecha que difiere sustancialmente de las coordenadas neoliberales del pasado noventista. Estamos frente a formas políticas diferentes, sustancialmente más brutales y retrógradas.

Como hemos señalado, “la selección para la eliminación física por sectores de población se distribuye de la siguiente forma, según los datos recogidos en el informe de la conadep (Comisión Nacional sobre la desaparición de personas: Nunca Más): Obreros 30,2% Estudiantes 21 % Empleados 17,9% Docentes 5,7% Autónomos y otros 5% Profesionales 10,7% Amas de casa 3,8% Periodistas 1,6% Actores y artistas 1,3% Religiosos 0,3% Personal subalterno de las Fuerzas de Seguridad 2,5%. El objetivo de esta selección, arbitrario en cuanto a las personas individuales, estuvo perfectamente calculado si se pone en relación con lo que era el objetivo del denominado “Proceso de Reorganización Nacional”, basado en la desaparición “necesaria” de determinada “cantidad” de personas ubicadas en aquellos sectores que estorbaban a la configuración ideal de la nueva Nación Argentina: eran “los enemigos del alma argentina”, así los denominaba el General Luciano Benjamín Menéndez, imputado en esta Causa, que, por alterar el equilibrio debían ser eliminados” [7].

De los históricos fallos argentinos citados (causa 13 y 44), así como de los conceptos vertidos por la justicia española, se deriva que “no estamos frente a la mera suma de delitos. Asimismo, la caracterización de los hechos aquí juzgados como delitos de lesa humanidad por las razones dadas al comienzo del punto, no impide ni mucho menos ingresar al análisis acerca de si esos hechos fueron aislados o se enmarcaron en un proyecto mayor”[8].

... El aniquilamiento en la Argentina no es espontáneo, no es casual, no es irracional: se trata de la destrucción sistemática de una parte sustancial del grupo nacional argentino, destinado a transformarlo como tal, a redefinir su modo de ser, sus relaciones sociales, su destino, su futuro”[9]. “(…) lo señalado surge irrebatible que no estamos como se anticipara ante una mera sucesión de delitos sino ante algo significativamente mayor que corresponde denominar genocidio. Pero cabe aclarar que ello no puede ni debe interpretarse como un menosprecio de las diferencias importantes entre lo sucedido en Argentina y los exterminios que tuvieron como víctimas (más de un millón) al pueblo armenio (primer genocidio del siglo XX producido a partir de 1915), el de los millones de víctimas del nazismo durante la segunda guerra mundial o la matanza en Rwanda de un millón de personas en 1994, para citar algunos ejemplos notorios. No se trata de una competencia sobre qué pueblo sufrió más o qué comunidad tiene mayor cantidad de víctimas. Se trata de llamar por su nombre correcto a fenómenos que, aún con diferencias contextuales y sucedidos en tiempos y espacios distintos registran una similitud que debe ser reconocida”[10]. Esto aclara la discusión pueril del número que, al igual que los sectores más recalcitrantes de la Argentina, intenta ensayar Macri.

Como concluye Feierstein, al dar las razones por las que distintos procesos históricos pueden llamarse de la misma manera..., “utilizar el mismo concepto sí implica postular la existencia de un hilo conductor que remite a una tecnología de poder en la que la negación del otro llega a su punto límite: su desaparición material (la de sus cuerpos) y simbólica (la de la memoria de su existencia)”[11]. Esto es, nada más y nada menos, que la caracterización de un genocidio reorganizador.

En lo que hace a la redefinición de las relaciones y el futuro de las víctimas, las prácticas genocidas aportaron las figuras de los desaparecidos e incidieron también, decisivamente, en las percepciones y valoraciones de y respecto de lossobrevivientes, aspecto este último poco explorado todavía en la Argentina, sobre el que existen solamente documentos y referencias aisladas, que, no obstante ello, permiten organizar algunos relatos y semblanzas[12].

La figura de la desaparición forzada de personas, además de su connotación típica penal, conlleva una nueva práctica de eliminación y supresión de una oposición política, que, además del mencionado antecedente argelino cuya matriz adoptaran los perpetradores del genocidio argentino, reconocen igualmente antecedentes en otros países latinoamericanos siempre bajo el gobierno de  dictaduras militares, el primero de los cuales fue el de Guatemala (1962), siempre como parte de los planes de la “guerra contrainsurgente”, y reconocen su origen en el decreto de “noche y niebla” de los nazis[13].

La desaparición forzada de personas, pero también el robo de bebés, la supresión de identidad, el aniquilamiento sistemático, la tortura, las prácticas de eliminación de un grupo determinado de personas, el arrojar víctimas inocentes al mar, no forman parte de una guerra sucia, sino de un crimen contra la humanidad.

 

 

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