Por Eduardo Luis Aguirre
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Una visión ampliada de la Política Criminal equivale a la reacción socio-estatal ante la criminalidad, y encarna las diversas formas de respuesta que desarrollan el Estado y la Sociedad Civil frente al fenómeno de la violencia y los límites a que deben acotarse esas respuestas.
La política criminal, desde una perspectiva criminológica, tiene un sentido mucho más amplio que las meras intervenciones policiales o jurídico penales, e incluye otras políticas sociales y vinculadas a los Derechos Humanos, civiles y políticos de los habitantes, que tienen relevancia para la prevención y la intervención multidisciplinaria y multiagencial en el fenómeno delictivo.
En esta dirección, debería resultar una tarea prioritaria la articulación de estrategias de política criminal coherentes y unitarias que comprometan interdisciplinariamente a todas las áreas del Estado vinculadas al fenómeno de la violencia, y a la sociedad en su conjunto. El Estado no debe compartimentalizar sus decisiones en términos de política criminal, porque ésta, a su vez, es parte de una sola política y porque la fragmentación acerca a la frustración.
El abordaje de los aspectos conflictivos que incidan sobre la seguridad objetiva o subjetiva de los ciudadanos deberá concebirse estratégicamente como un todo armónico, sin fisuras ni arrestos voluntaristas o espasmódicos. La clave de su éxito posible radica en su coherencia, su persistencia en el tiempo y su respeto permanente por los Derechos Humanos.
Todos los recursos operativos del Estado y la sociedad deben interactuar coordinadamente en esta nueva concepción. La misma debe atender a las particularidades de las causas que contribuyen a la generación de las conductas delictivas y articular diagnósticos y propuestas operativas que deben inexorablemente atender a esas singularidades sociales. Pero, por sobre todo, el sistema en su conjunto debe apartarse gradualmente de su selectividad histórica, respecto de los grupos sociales de infractores y de las infracciones sobre las que se estructuran hasta ahora las estrategias de prevención, disuasión y conjuración de los delitos. Esta es una clave fundamental, de la que se desprenden medidas factibles en el plano de la gestión pública en materia político criminal, entre las cuales el observatorio del delito constituye una herramienta que, usada con apego a racionalidades democráticas, puede resultar de indudable utilidad.
Serían entonces, algunas funciones a cumplir por el Observatorio del Delito, las siguientes:
1. Relevar mediante estudios, estadísticas y encuestas de victimización, la evolución -aumento o disminución- de la conflictividad, el delito y la violencia en todo el ámbito provincial. En especial, de la violencia institucional en cualquiera de sus formas. La única encuesta de victimización se hizo en Santa Rosa durante el año 2004, sin costo alguno, y sus resultados fueron absolutamente reveladores y significativos.
2. Confeccionar “mapas del delito” regionales, para definir sus connotaciones situacionales, variables horarias, características de los acometimientos, de las víctimas y de los victimarios, su extracción social, “modus operandi”, niveles de organización, variaciones estacionales y motivaciones, debiéndose en todos los casos preservar la privacidad y confidencialidad de los datos identificatorios inherentes a ofensores y víctimas. Luego, con los datos relevados, determinar las situaciones problemáticas, los grupos de riesgo, tanto de infractores como de víctimas, las particularidades y las rutinas de los victimarios, delineando las medidas de prevención situacional o social concretas en cada caso.
3. Relevar mediante estudios etnográficos, la evolución de la preocupación de la población respecto del delito y la violencia. Este es un dato fundamental a recabar, que influye decisivamente en la construcción de narrativas, y en las lógicas y las prácticas de las agencias de control social punitivo.
4. Desplegar estrategias de prevención situacional adaptadas a las diferentes formas mediante las que se expresan la criminalidad o la violencia en cada zona de las distintas ciudades y centros urbanos, que tengan por objetivo la reconciliación, la restauración y la composición.
5. Redefinir estrategias tendientes a la unificación y coordinación de las acciones político criminales que emprendan los distintos actores institucionales y sociales involucrados, a fin de evitar dispersión de esfuerzos o medidas contradictorias que conducen a su propia neutralización o inocuización.
6. Realizar evaluaciones con fines estadísticos para determinar la composición social actual de las personas privadas de libertad en establecimientos carcelarios, determinando variables tales como edad, niveles de educación formal, grupo familiar u otros grupos de referencia, estándares de reincidencia, etcétera.
7. Realizar evaluaciones e investigaciones cualitativas para determinar el impacto de la cárcel en las personas, una vez que recuperen su vínculo con el mundo libre.
8. Llevar a cabo relevamientos que permitan establecer conclusiones de denuncias interpuestas respecto de funcionarios de prisiones por conductas que impliquen cualquier tipo de violencia sobre las personas privadas de libertad.
9. Optimizar las pesquisas de determinados delitos, recuperando el papel de los gobiernos locales y provincial.
10.Estudiar en el corto plazo los patrones que muestran la incidencia de problemas sociales y económicos en un determinado barrio o comunidad, así como por la delincuencia, el desorden y la victimización, cuya evaluación debe quedar a cargo de expertos interdisciplinarios.
11.Intervenir en la prevención de delitos particularmente violentos e intimidatorios, por caso, el robo de viviendas y los robos armados, a lo que ya nos hemos referido reiteradamente en este espacio.
Podríamos desarrollar extensamente estas funciones del observatorio, que por ahora preferimos solamente enunciar. Hemos tratado de desplegar un mero catálogo indicativo de las funciones de este insumo, particularmente relevante para no seguir a tontas y a locas en materia político criminal, favoreciendo los discursos y las prácticas brutales y simplistas, robusteciendo los discursos antidemocráticos, y perpetuando las prácticas violentas de las agencias del Estado.