En materia político criminal, las estrategias de prevención situacional
remiten a estrategias que involucran aspectos urbanísticos, ecológicos y de ordenamiento del espacio.
De acuerdo a ellas, en la medida que el espacio público sea
recuperado por la mayor cantidad de gente posible, la sensación de seguridad y
la seguridad objetiva serán un patrimonio común de esos agregados. Por el contrario, aquellos ámbitos
espaciales y territoriales donde se desarrollan procesos de exclusión,
ghettización, homegeneización social y flujo migratorio, es posible que
involucren mayores tasas de conflictividad.
Históricamente, estas categorías conceptuales han sido exhibidas como un patrimonio de la derecha criminológica.
Creemos, en cambio, que es perfectamente posible desplegar estas herramientas de prevención situacional, adaptadas a las diferentes formas
mediante las que se expresan la criminalidad o la violencia en cada zona de las
distintas ciudades y centros urbanos, que tengan por objetivo la
reconciliación, la restauración y la composición, y que involucren no solamente a las agencias estatales sino a organizaciones sociales y organismos de DDHH.
Este tipo de intervenciones -estatales y
comunitarias- provocan adecuaciones y cambios que modifican a su vez
rápidamente el sistema de creencias de la población, que tiende a visualizar
como “políticas públicas” en materia criminal al cuidado de los espacios
verdes, la mejor iluminación de ciertos sitios,
la consecuente recuperación por parte de los vecinos de espacios compartidos,
plazas, etc. Y, sobre todo, la presencia militante de vecinos y organizaciones de la comunidad. Estas medidas producen efectos en el corto plazo, modificando las
tasas objetivas de criminalidad y fortaleciendo la sensación de mayor
seguridad.
No obstante, estas estrategias, que en modo
alguno pueden subalternizarse en términos político criminales, son difíciles de
sostener en el tiempo, a menos que se las conjugue, como decimos, con intervenciones sociales
e integradas de alta calidad institucional y una fuerte resignificación ideológica. El desafío consiste, justamente, en
la articulación de las mismas con medidas de carácter social e integradas, en
todo caso superadoras, cuya impronta principal sea incluir a los vecinos en la participación, la solidaridad, las prácticas de resolucióm amigables de los conflictos, las actividades comunes y la militancia comunitaria.