JUICIO POR JURADOS. UN ANÁLISIS A PARTIR DE LA SOCIOLOGÍA JURÍDICA

v  ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a determinar su fracaso en la práctica, o mejor dicho, la ausencia reglamentaria del mismo en nuestro sistema judicial?

v  ¿Están dadas las condiciones hoy para su implantación en el país?

a)      Pretendo, con este humilde trabajo, brindar un panorama más amplio que el que se deriva de analizar la institución de juicio por jurado solo desde el punto de vista jurídico. Explicar que su retardo no se debió, por lo menos no de una forma exclusiva, a la “negligencia” del legislador argentino, pero de ninguna manera justificar su actuar omiso ante el mandato constitucional.

b)      Para poder lograr este fin, voy a realizar un pequeño repaso histórico de los antecedentes del juicio por jurado en nuestra Constitución nacional, junto a los proyectos presentados para poder concretar su implementación en la justicia tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Haré una breve reseña al especial caso de la provincia de Córdoba, por ser el único ejemplo de juicio por jurado que logro concretarse en nuestro país. Un ejemplo a seguir por nuestros legisladores.

c)      Además hablaré del tema elegido en relación directa a una concepción, “el positivismo, que se ha arraigado en la clase política argentina, aportando varios de los fundamentos utilizados para oponerse al sistema de juicio por jurados. Estas ideas están aún hoy arraigadas en varios autores de esta clase, en los argumentos utilizados en defensa del sistema del “Juez profesional” y en su crítica al juicio por jurado.

I.            Concibiendo al derecho como un producto espontáneo de la historia, así como lo planteaba Friedrich Karl Von Savigny, solo eficaz y válido en la medida que se adecue con una comunidad determinada. Partiendo de que no existen en nuestra Sociedad normas aplicadas en forma absoluta en tiempo y espacio, válidas universalmente en términos del liberalismo. Así, desde los presupuestos fundamentales de esta corriente (libertad, igualdad y fraternidad) hasta la norma más pequeña han tenido que adaptarse a la comunidad en que pretendía aplicarse. Montesquieu en el siglo XVIII veía esta influencia al  sostener la existencia de leyes internas que rigen los destinos humanos y el suceder de la historia, leyes que eran determinadas por factores físicos (número de habitantes, suelo, clima)  y  sociales (comercio, costumbres, religión etc.). Carlos Marx deja asentado con su materialismo dialéctico, la gran influencia que tienen otros factores sociales (especialmente la economía) en el derecho. El derecho no es, según él, una norma independiente respecto de la sociedad, todo lo contrario, es un elemento que depende de la estructura económica principalmente y de las relaciones que de ella se deriven.

II.            En este sentido, pretendo mirar la evolución del instituto de juicio por jurado en la Argentina, es decir relacionando una norma implantada en nuestra Carta magna hace más de ciento cincuenta años, junto a un proceso de acontecimientos históricos y sociales que van a influir en que no se pudiera cumplir su implantación. No dejando con esto de lado la responsabilidad de un legislador argentino que, lejos de representar los intereses del pueblo argentino,  ha hecho caso omiso a las necesidades manifiestas de un pueblo clamando por “democracia”, entre otras cosas.

I.            Enrique Aníbal Maglione hace un análisis de los antecedentes del juicio por jurado en el derecho comparado y en la Argentina. En dicho trabajo Maglione cita a el autor italiano Luigi D´Orsi, quien sostiene que  el origen del Jurado no es conocido de una manera precisa, pues hay opiniones que lo hacen derivar de las antiguas leyes romanas, otras que lo atribuyen a los escandinavos y a los anglosajones.

II.            Dice Maglione, al respecto” En realidad este instituto fue implementado en Inglaterra siendo el resultado de los usos y costumbres incorporándose al “comonn law” siendo una parte esencial del mismo. Alcanza su plena formación al principio del reinado de la Casa de Tudor, cuando la influencia del Poder Real estuvo en su apogeo, así podemos distinguir cinco especies de esta institución: 1) El Jury Ordinario; 2) el Jury Especial; 3) El Gran Jury; 4) el Jury de Coroner y 5) el Jury de Expropiación”

III.            Como consecuencia de la fuerte política de expansión de Inglaterra en los Siglos XVII y XVIII, esta influencia fue expandida por todas las colonias inglesas, y principalmente en el continente americano.

IV.            En la actualidad este instituto de juicio con jurados está vigente en los siguientes países: Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia, Alemania, Italia, Austria, Portugal, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Noruega, Suiza, Brasil, Bulgaria,  Rumania, Grecia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Ceilán, México, Honduras, Malta, Costa Rica, Puerto Rico, entre otros.

I.            Tiene  basamento en la influencia de las concepciones liberales del Río de La Plata del siglo XIX, en base a una gran influencia del principio de soberanía popular, en el cual el pueblo tomaba una intervención directa tanto en la elección de sus gobernantes así como también en la administración de justicia. Esto se deriva de los fundamentos esgrimidos en los proyectos previos que se elaboraron con miras a la Asamblea de 1813, donde se propuso la implantación del instituto.

II.            Este proyecto va a ser luego sustentado en la Constitución de 1819 y plasmado en su Art. 114, que dentro del mismo prescribía la implantación  en cuanto lo permitan las “circunstancias”.

III.            Posteriormente el Art. 164 de la Constitución de 1826 reproduce textualmente el Art. º114 de la anterior, sin que se registre debate alguno en las respectivas actas de la Asamblea en relación al juicio por jurado.

IV.            En la Constitución de 1853 se estableció, que corresponde al poder legislativo la implementación de la institución del jurado (Art. 102º).Siendo la principal fuente ideológica de nuestra Constitución la Constitución de Estados Unidos, no es extraño que también lo sea en cuanto al instituto en análisis.

VII.            Actualmente con la última reforma de 1994 se ha mantenido inalterable el Art. 24 que expresa, “El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todas sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurado”.Asimismo el Art. 75 dispone entre las atribuciones del Congreso la de establecer el juicio por jurado. Finalmente el Art. 118 prescribe; “Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados, se terminaran por jurados luego que se establezca en la República dicha institución.”

VIII.            No obstante esto algunos autores, como el Dr. Sagués,  sostienen  (Bidart- Campos, Aftalión, Lino Palacios entre ellos) la derogación consuetudinaria de las normas que lo establece. Sostienen estos autores que al no ser implantada la institución, durante todo este tiempo, se ha producido una derogación por costumbre. Otros autores sostienen que esto no es así, debido a que nunca el legislador podría derogar un mandato constitucional impuesto por una convención constituyente.  

IX.            Vemos, dentro del panorama histórico, que el sistema ha sido incluido en casi todas las reformas constitucionales, ya que, salvo la reforma de 1949, en las demás ha estado incluida den las disposiciones constitucionales. Esto expresa una firme convicción del constituyente de su implantación en el sistema de administración de justicia.

       I.            Cabe tener presente, que con posterioridad a la sanción de la Constitución Nacional de 1853/1860, fueron muchos los proyectos de ley presentados al Congreso Nacional para instituir los juicios por jurados.

    II.            Así podemos citar como los más relevantes, entre otros, el de la ley 483 del año 1871, durante la presidencia de Sarmiento,  en la que se resolvió que una comisión de dos personas habría de proyectar la ley respectiva. Se designó a los Dres. Florentino González (profesor de derecho constitucional de la Universidad de Buenos Aires) y Victorino de la Plaza para realizar la tarea. En la discusión de la ley n°483, Mitre, siendo Senador, sostuvo que “la institución del jurado es un dogma para todo pueblo libre”, y el Senador Zavalía manifestó que “el jurado es el complemento del sistema democrático; es la justicia administrada al pueblo por el pueblo mismo”. No obstante  el proyecto de González y de la Plaza, presentado el 23 de abril de 1873, el Congreso no llegó a tratarlo.

 III.            Otros proyectos para instituir el juicio por jurados, fueron: los del procesalista Tomás Jofré (1919), del Dr. Enrique del Valle Ibarlucea (1920), del Dr. Juan Amadeo Oyuela (1930), del diputado Vidal Baigorri (1934), del Dr. Jorge Albarracín Godoy (1937), y luego, más cercanos en el tiempo, del Dr. Jorge Vanossi (1986, para los delitos contra el honor), el Dr. Antonio M. Hernández (1992), del Ministerio de Justicia de 1998, y del Senador Jorge Yoma (2004), actualmente, éste último en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación. Cabe asimismo, tener presente que también muchos

 IV.            Finalmente mencionamos el proyecto presentado para la implantación del instituto por la Presidenta Cristina Fernández en el año 2011, que está siendo tratado en el Congreso de la Nación.

         I.            Cabe hacer un tratamiento especial respecto de Córdoba, ya que a partir de 1987 ha implantado el sistema de jurado para los juicios en materia penal.

      II.            En la provincia de Córdoba con la reforma de la constitución del año 1987 se implantó el Art. 162, que dispone que la ley puede determinar los casos en que los tribunales colegiados también se integrarán por jurados, incorporados posteriormente de manera efectiva a la legislación procesal con la reforma del Código Procesal Penal, siendo en  abril de 1998, la primera experiencia.

   III.            La reforma de la ley 9.182 marca un punto de inflexión en el sistema de jurado implementado en la provincia de Córdoba. Esta ley sustituye el sistema escabinado por un sistema anglosajón puro.

   IV.            En la ley recientemente sancionada se estatuye un sistema al estilo anglosajón y obligatorio para el juzgamiento de los delitos, así el art. 2 dispone “…. las Cámaras con competencia en lo Criminal deberán integrarse obligatoriamente con jurados populares constituido mediante la designación por sorteo de “…ocho (8) miembros titulares y cuatro (4) suplentes…”art. 4, los que actuaran y funcionaran al momento de dictaminar de acuerdo a las reglas establecidas por el Art. 44. “Los jurados y los dos jueces integrantes del Tribunal, con excepción del Presidente, votarán sobre las cuestiones comprendidas en los Incisos 2º) y 3º) del Artículo 41 y sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.

      V.            Si mediara discrepancia entre los dos jueces y los jurados, y éstos formaran mayoría, la fundamentación lógica y legal de la decisión mayoritaria correrá por cuenta del Presidente de la Cámara, excepto que uno de los jueces técnicos haya concurrido a formar mayoría, en cuyo caso la fundamentación será elaborada por este.

   VI.            Si la decisión mayoritaria de los jurados no fuera unánime, los jurados que hayan emitido su voto en sentido contrario a la mayoría, podrán adherir al voto de alguno de los jueces que concurrieron a formar la minoría. En igual sentido, el Presidente de la Cámara deberá motivar la decisión minoritaria de los jurados cuando ninguno de los dos jueces hubiera votado en el mismo sentido que aquellos.[3]

I.            Actualmente se ha manifestado un panorama movilización hacia la implantación del sistema de juicio por jurado. En este sentido es importante mencionar una gran cantidad de debates, conferencias, simulacros realizados y proyectos presentados en los últimos años.

II.            [5]Dentro de los últimos intentos realizados por las provincias en este sentido cabe mencionar los siguientes:

I.            Para poder entender un acontecimiento, tal como  la evolución del juicio por jurado en la Argentina, creo, debe estudiarse el ámbito social en el que se desarrolla este. Así, podríamos decir que la omisión legislativa debe ser vista, fundamentalmente a partir de la primer constitución de 1853 hasta principios del siglo XX, en relación directa a nuestro proceso histórico de la formación del Estado argentino.

II.            Cabe aclarar, para comenzar este recorrido histórico, que si bien desde 1810 Argentina se declaró independiente del reinado de España, no fue hasta la “batalla de caseros” (el 3 de Febrero de 1852) cuando pudimos comenzar un proceso de formación estatal sólido. Batalla ésta, en la que saldría como vencedor al General Justo José Urquiza, frente al ejército de Juan Manuel de Rosas.  

V.            El conflicto entre Bs As y la Confederación continuó, hasta culminar en dos batallas trascendentales. Por un lado,  “La batalla de Cepeda” (23 de Octubre de 1859), donde las tropas al mando del General Mitre saldrían derrotadas por el ejército de la Confederación. Como resultado de esta batalla se llega al “Pacto de San José de Flores”, por medio del cual la Confederación aceptaba la incorporación de Bs. As. y ésta debía aceptar las reformas que Bs. As. realizara a la Constitución nacional.

VI.            El acuerdo logrado en San José de Flores se desmoronó tras un breve conflicto en la Provincia de San Juan. Nuevamente las fuerzas porteñas y las del interior se enfrentaron, esta vez en Pavón el 17 de Septiembre de 1861, en un combate en el que Urquiza retirarías las tropas, dejando como vencedor al General Mitre. En Mayo de 1862 se reunió nuevamente a una convención constituyente, que legitimó la situación de Mitre y, culminó con la reforma de 1860. Por medio de esta, Bs. As. se incorporaría definitivamente a las “Provincias Unidad del Rio de la Plata”.  

VII.            En la presidencia de Bartolomé Mitre se producen acontecimientos de trascendental importancia, tales como la redacción de los Códigos de Comercio, y del Código Civil, y la organización de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores.

VIII.            En 1865 Argentina entra en guerra con Paraguay. La guerra duraría cinco años, costaría 500.000.000 de pesos y traería como consecuencia 50 mil muertos. La guerra culminaría con el “Tratado de la Triple Alianza”, firmado el 1 de Mayo de 1865.

IX.            El Gobierno de Avellaneda impulsó una campaña para extender la línea de frontera hacia del sur de la Provincia de Bs. As. Dentro de este plan se destacaría Julio A. Roca, quién llevaría a cabo el aniquilamiento de varias comunidades indígenas durante este plan.

X.            En 1884, durante la presidencia de Julio A. Roca,  se creó el Registro Civil y, por otro lado, se sanciona la ley 1420 que establece la educación gratuita, laica y obligatoria. Estas dos funciones que estaban reservadas a la iglesia católica.  

I.            La Constitución de 1853 decía en su artículo 25: "El Gobierno Federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes".

II.            La oleada inmigratoria tuvo su auge en las décadas del 1860, 1870 y 1880, en concordancia de los presidentes Mitre, Sarmiento y Avellaneda

III.            En la  República comenzó a atraer inmigrantes a los que se les ofrecían facilidades para su incorporación al país, pero sin garantizarles la posesión de las tierras; así lo estableció la ley de colonización de 1876, que reflejaba la situación del Estado frente a la tierra pública.[8]

IV.            En 1880 se acentuó el carácter de aluvión del "poblamiento" del país. Las magníficas posibilidades de la República Argentina, las guerras y dificultades europeas atrajeron una fuerte corriente inmigratoria. Este "poblamiento" no fue seguido de una asimilación inmediata.

V.            El saldo inmigratorio fue de 76.000 inmigrantes en la década del 60 al 70 y de 85.000 en la década del 70 al 80. Sin embargo la distribución tuvo una tendencia definida y la corriente inmigratoria se fijó preferentemente en la zona del litoral y en las grandes ciudades. Solo pequeños grupos se trasladaron al centro y al oeste del país.

VI.            Así comenzó a acentuarse intensamente la diferenciación entre el interior del país y la zona del litoral, antes contrapuestas por sus recursos económicos y ahora por diferencias demográficas y sociales. Para tener una idea aproximada de lo que se entiende por este "enorme flujo de inmigrantes", tenemos que entre 1886 y 1870 el país recibió 160.000 inmigrantes mientras que entre 1881 y 1890 la cantidad de inmigrantes fue de 841.000. Esta inmigración fue predominantemente de origen latino: español e italiano.

VII.            La construcción del ferrocarril creó una importante fuente de trabajo para los inmigrantes y desencadenó un cambio radical en la economía del país. Buenos Aires fue la principal beneficiaria del nuevo desarrollo económico.

I.            En 1878 se crea el primer partido, denominado el “partido Autonomista Nacional” (PAN). Este partido hegemonizó la vida política por más de treinta años.

II.            Dice sobre este tema F. Piña en su obra “Historia Argentina 1810-2000”; “La primera oposición a este régimen fue la creación de la Unión cívica, un grupo político muy heterogéneo que nucleó a diversos sectores disconformes con un régimen al que consideraban corrupto e irresponsable. Quedó constituido en 1890, y sus máximos referentes van a ser Leandro N. Alem y Bartolomé Mitre”.

III.            De este partido surgiría un movimiento paramilitar que se enfrentó a Juárez Celman, movimiento que sería derrotado, pero que lograría la renuncia de Juárez Celman a la presidencia.

IV.            En 1891 surge, dentro de la Unión Cívica, la Unión Cívica Radical. Partido que fuera creado por Leandro N. Alem, cabeza de una fracción disidente de U.C, tras el acuerdo de Roca con Mitre.

V.            Finalmente en 1896 se crea el partido Socialista, y en 1914 el partido Demócrata Progresista. El primero representó a las clases obreras urbanas y se hiso fuerte en la Capital. En 1904 este partido impuso su primer diputado en el Congreso Nacional (Alfredo Palacios).

I.            Una primera reforma electoral fue asumida por Joaquín V. González, Ministro del Interior del Presidente Roca, quien propuso y obtuvo la sanción en diciembre de 1902 de la ley de elección uninominal, por la cual se puso fin al sistema de elección por simple mayoría (o de lista completa) en un determinado distrito electoral. El nuevo sistema permitía que las minorías estuvieran representadas.

II.            Finalmente el 13 de Febrero de 1912, fue sancionada la ley 8871, denominada, a partir de ese momento “Ley Sáenz Peña”. Estableció el voto secreto y obligatorio a través de la confección de un padrón electoral, pero seguía siendo exclusivo para nativos argentinos y naturalizados masculinos y mayores de 18 años

a.       Por la ley Sáenz Peña se considera electores a todos los ciudadanos, natos y natural, que consten en el padrón electoral, desde los 18 años de edad hasta los 70. A partir de esa edad el voto es opcional. Se consideran afectados de incapacidad y privados de ejercer el derecho de sufragio, los dementes declarados en juicio y los sordomudos que no puedan expresarse por escrito. Por su estado y condición se hallan imposibilitados de votar, los religiosos, los soldados y los detenidos por Juez competente. Por causas de indignidad, no pueden sufragar los reincidentes condenados por delitos contra la propiedad, durante cinco años después de cumplida la condena, los penados por falso testimonio y por delitos electorales, por el lapso de cinco años.

b.      Las juntas escrutadoras de votos son las encargadas del recuento de las votaciones, reuniéndose en la Cámara de Diputados de la Nación o en la Legislatura, constituyéndose dichas juntas en cada capital de provincia, integrada por el Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, el Juez Federal y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. En la capital de la república la integrará el Presidente de la Cámara Civil.

c.       La primera aplicación de la ley Sáenz Peña sucedió en abril de 1912 en Santa Fe y Buenos Aires, y permitió que accediera al poder en 1916 el candidato por la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen.

I.            Alexis de Tocqueville decía que “la fuerza nunca es más que un elemento pasajero de éxito; tras ella viene, inmediatamente la idea del derecho. Un gobierno reducido a no poder alcanzar a sus enemigos más que en el campo de la batalla sería destruido pronto. La verdadera sanción de las leyes políticas se encuentra, pues en las leyes penales, y si la sanción falta, la ley pierde, tarde o temprano su fuerza. El hombre que puede juzgar al criminal es, pues, el dueño de la sociedad. Y la institución del jurado coloca al pueblo mismo, o por lo menos a una clase de ciudadanos, en el sitial del Juez. La institución del jurado pone, pues, realmente la dirección de la sociedad en manos del pueblo o de esa clase”.

II.            No es de extrañar entonces, que en periodos de factos se anulen los jurados en el sistema judicial.

III.            En Argentina se realizaron seis golpes de Estado durante el siglo XX, en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Los cuatro primeros establecieron dictaduras provisionales en tanto que los dos últimos establecieron dictaduras de tipo permanente según el modelo de Estado burocrático-autoritario. El último impuso un Terrorismo de Estado, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron decenas de miles de desaparecidos.

I.            El proceso penal ha sido definido de varias maneras y formas, todas más o menos relacionadas a un conjunto homogéneo del actos con un mismo fin, que es el de aplicar una especial sanción a una persona determinada, o bien, eximirla de tal coerción. Una facultar soberana de impartir coacción a personas que infrinjan ciertos valores que se consideran de trascendental importancia para una sociedad.   También se ha sostenido que el proceso penal es una relación jurídica, es decir, relaciones entre personas que producen efectos jurídicos.

II.            No entrando en la discusión sobre cual concepto es más o menos abarcador, hay una indiscutible realidad de que, como todo concepto, no puede ser absoluto e indiscutiblemente válido.

III.            No obstante estas tendencia, es importante remarcar que cada una de ella no supone un modelo diferente y puro, sino que las dos convergen en los diferentes ordenamientos procesales criminales existentes. En este sentido dice Alberto Binder que, “Si realizamos un corte sincrónico (en un instante fijo) sobre una determinada sociedad seguramente podemos observar que la puja entre “eficiencia y garantía” se ha resuelto de diversos modos. Encontraremos grupos de casos en que las garantías han prevalecido o han funcionado del modo previsto; en otros casos o grupos de casos, observamos que la eficiencia ha menguado por sí mismas y otros en que fue lograda a costa de las garantías”. Preguntándose Binder, “¿Cuál de todas esas situaciones representa el proceso penal?, responde a esto posiblemente debamos admitir que todas tienen vigencia social y por lo tanto son el proceso penal”.

       I.            En este sentido, Alberto Binder dice que hay un mecanismo que no suele ser incluido dentro de las denominadas “garantías procesales o penales”, pero que también cumple con la función de proteger a los individuos y grupos sociales del uso despótico del poder. Este mecanismo es la “descentralización del ejercicio de la coerción penal”, es decir, una distribución del poder penal que busca evitar la concentración de tal poder en una sola mano o en uno solo de los sujetos constitucionales.

    II.            En la distribución del poder que realiza nuestra constitución, existen cuatro sujetos primarios o básicos. Ellos son el pueblo, los municipios, las provincias y el estado nacional.

a.       Así, el Estado nacional tiene el poder de establecer un Código penal que rija en todo el territorio nacional y para juzgar esos delitos en ciertos casos o materias (Art.75 inc.129). Los estados provinciales tienen a su cargo la organización de la justicia penal en su territorio, y esa organización provincial tiene a su cargo la facultad de juzgar los delitos que no sean de competencia federal. Por otro lado, le corresponde a los estados provinciales legislar las contravenciones y en muchos casos, según la legislación de cada provincia, les corresponde a los jueces de faltas juzgar sobre esas contravenciones.

b.      Además a los municipios suelen legislar sobre otras faltas que también implican una especie de coerción penal, tales como las que regulan las infracciones a las leyes de tránsito o las referentes a las situaciones de vecindad.

   III.            Por último, en todo el territorio de la Nación, ya se trate de delitos de competencia federal o provincial, todos los juicios criminales deben ser juzgados por jurados, en virtud de la manda constitucional del Art. 118.

I.            A.M. Binder dice,” La constitución nacional diseñó el proceso penal desde tres principios esenciales: el principio de oralidad, el principio de publicidad y finalmente, el establecimiento en todos los juicios criminales del sistema de juicio por jurados”. Esto se deriva de un análisis simple de nuestra Constitución y de sus disposiciones, en especial del de los arts. 24, 75 inc.12, y 118. Además, cuando diseña el juicio político, que en esencia sigue los lineamientos de un juicio penal, lo hace teniendo como base la oralidad y la publicidad.

II.            Por otra parte, la publicidad es una exigencia de todos los sistemas republicanos manifestado en la máxima general de publicidad de los actos de gobierno. Siendo la “Justicia” uno de los poderes en que se manifiesta la soberanía estatal, mal podría quedar excluida de esta regla.

III.            Es importante remarcar la discordancia entre este principio de publicidad y la realidad de la justicia argentina. En la realidad se ve, señala dicho autor, que “el principio parece ser el inverso, es decir, el de secreto del expediente judicial”. Explica Binder, que en realidad se trata de un proceso donde solamente pueden intervenir los directamente afectados, y en donde los demás solo conocen de la causa y sus novedades por medio de los mal llamados “medios de comunicación”, que terminan por cumplir la tarea de medios de distorsión de la información sobre las causas penales, adecuando la información a los devenires de un mercado mediático cada vez más competitivo, donde lo único que importa es vender datos sin ser constatados previamente.

I.            Señala Alberto M. Binder que “el positivismo en el derecho penal, asumió dos formas clara; por un lado, nutrió a la naciente criminología argentina orientándola hacia un modelo biologicísta y clínico italiano (Lombroso, Ferri, Garófalo). Según esta concepción la lucha social contra la delincuencia era un problema científico, la determinación científica de aquellas personalidades peligrosas, y en consecuencia productoras de crímenes. Los jueces eran entendidos como científicos sociales, solo debían detecta esas personalidades anormales y aplicarles las medidas curativas necesarias. Evidentemente dentro de esta concepción de enorme vigencia dentro del sistema penal, hasta aproximadamente la década del cincuenta y que continuó influyendo en nuestra criminología hasta nuestro días, los jurados populares no tenían ninguna cabida. Carecían de capacidad técnica y científica para detectar a las personas peligrosas, mucha más aún si pertenecían a los sectores más humildes de la sociedad, de donde provenían casualmente esos seres peligrosos. El positivismo criminológico alimento una de las variantes más virulentas de la crítica hacia todas las instituciones de participación popular en la justicia”.

II.            Por otro lado, según señala Binder, el positivismo tuvo otra variante, que también influyo en la crítica a los sistemas de jurado, manifestada en el surgimiento dentro de la dogmática jurídica, de la idea de que lo único que brindaba seguridad en la aplicación del derecho era la elaboración de sistemas racionales, de tal modo que su aplicación al caso concreto sólo fuera una derivación, resultado del razonamiento de principios generales y de un conjunto de normas cerrado y estanco. La labor del Juez se convertía en un proceso mecánico-racional de subsunción, y los jueces serían, pues, meros robots que debían realizar esta labor sin salirse de esta lógica autómata.

III.            [17]A partir de esta premisa, nace la discusión entre jueces técnicos y jueces populares. Sostiene Binder que la crítica de esta concepción es mucho más seria que la originada en la criminología biologicísta, y dice al respecto.” La capacidad técnica (jurídica) aparece como un escudo que protege al juez frente a la posible intervención de los sentimientos (como si juzgar a una persona y decidir sobre su libertad fuera una operación meramente lógica) o frente a la arbitrariedad (como si el conocimiento científico fuera lo mismo que la honestidad). El Juez técnico aparece como un ser puramente racional, ajeno a los sentimientos, ajenos a las consideraciones sociales”.

II.            La doctrina argentina se encuentra dividida sobre cual modelo es más conveniente, o mejor adaptable a nuestro sistema constitucional. Así algunos sostienes que nuestra constitución nacional quiso implantar un modelo clásico, mirando a la carta constitucional de Estados Unidos. Por esto último, sostienen estos autores que debería implantarse el sistema inglés clásico, con un jurado compuesto por ciudadanos legos todos.

II.            En los últimos tiempos, los detractores de este sistema de enjuiciamiento han vuelto a la carga sosteniendo que las sentencias que dicta un jurado al ser inmotivadas afectan garantías constitucionales.

III.            Carl Mittermaier, destacado jurista alemán, quien realizara un estudio de los sistemas judiciales de Inglaterra y Escocia en el Siglo XIX, se propuso responder a dos interrogantes cruciales: ¿por qué los pueblos en donde reina el jurado tienen una atracción natural por sus veredictos y se ganan la confianza tanto del acusado como de la sociedad? ¿Por qué esos mismos pueblos desconfían de los fallos de los jueces gubernativos?