RACISMO Y GENOCIDIO EN GUATEMALA: LA MUERTE SILENCIADA DEL QUETZAL

  “La prosperidad de Guatemala pasa por la aniquilación de la tradición maya o por la exclusión de los mayas de esa prosperidad, lo cual es legítimo ya que son los indígenas inconversos los responsables de que Guatemala no haya levantado nunca la cabeza”[1]. “Los ojos de los enterrados se cerrarán juntos el día de la justicia, o no se cerrarán”[2].

Hace 25 años finalizaba una de las prácticas sociales genocidas más tremendas de la historia contemporánea latinoamericana, ocurrida en Guatemala, un país acostumbrado a convivir desde el fondo de su historia con la marginalidad, la, las más grandes asimetrías sociales, la corrupción política y una cultura racista dominante que somete a la mayoría de la población indígena (casi el 60%) y que bien podría interpretarse como la causa fundamental de un aniquilamiento de proporciones dantescas[3].

En efecto, este pequeño país centroamericano está integrado por la segunda mayor población indígena de América, de origen maya, confinada mayoritariamente en las zonas más pobres y las tierras menos fértiles del interior del país, conminados a una vida miserables, sin acceso a los bienes y servicios básicos.

El asentamiento de una gran cantidad de mayas en el altiplano del país, permitió la consolidación de condiciones objetivas prerrevolucionarias y una paulatina elevación de la conciencia de los indígenas -los “indios alzados”- que luego serían las víctimas de la masacre, perpetrada en la inmensa mayoría de los casos por fuerzas policiales,  militares y paramilitrares (las temibles “patrullas de Autodefensa civil”)[4]. “Entre tanto, la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de Guatemala, impulsada por la ONU, ofrece datos escalofriantes sobre la represión durante los 36 años de guerra: 200.000 muertos, miles de violaciones de los derechos humanos, un millón de desplazados. Y además dos aspectos cruciales: el 93% de esos hechos fueron cometidos por las fuerzas armadas y de seguridad del Estado apoyadas e incluso estimuladas por Estados Unidos”[5], lo que torna, también en este caso, insostenible el argumento de la existencia de una “guerra” o la reedición de la teoría de los dos demonios.

En rigor, las últimas informaciones dan cuenta de que Estados Unidos participó directamente en el genocidio: “Nuevas revelaciones sobre experimentos médicos ilegales de un equipo estadounidense con guatemaltecos en la década de 1940 devela hoy la magnitud de aquel acto considerado aquí genocida. Un informe de la comisión investigadora, generado el lunes en Washington, cifra en 83 los ciudadanos de ese país muertos de los alrededor de 5.500 utilizados como cobayos de 1946 a 1948 por científicos norteamericanos. Reos, deficientes mentales y prostitutas estuvieron entre unos mil 300 a quienes les inocularon gonorrea y sífilis, con el objetivo de verificar los efectos de la penicilina sobre esas enfermedades de transmisión sexual. El hecho causó honda conmoción en Guatemala al conocerse en noviembre pasado, y entonces el presidente Alvaro Colom lo criticó de manera enfática, al punto de calificarlo como un acto genocida contra su pueblo”[6].

No hay duda, entonces, que desde una perspectiva tan extrema en materia de racismo como el que profesaban las clases dominantes y las fuerzas represivas guatemaltecas, el aniquilamiento tuvo como objetivo eliminar a los mayas, a quienes, por ser “potencialmente enemigos”, se consideraba legítimo reprimir, perseguir, torturar y asesinar sin distingo alguno.

Justamente, la particularidad que justifica un detenido análisis del genocidio guatemalteco, radica en la relación directa entre el aniquilamiento y el racismo, y la  gravitación que las prácticas y gramáticas racistas tuvieron en el fatal desenlace. En las formas en las que, en definitiva,  el racismo, como tecnología de poder y factor de opresión y dominación: “En ese sentido, resulta indispensable utilizar la expresión de Foucault de racismo de Estado, en la medida en que es el Estado, a partir del liberalismo, el que va a crear un modelo homogéneo, monocultural, monoétnico y excluyente, a partir de mediados del siglo XIX. El Estado juega un papel esencial en la reproducción del racismo y, por ello, nos parece más pertinente el  enfoque histórico-político. Este autor en Genealogía del racismo, hace un repaso histórico de la configuración del Estado moderno a través de diversos filósofos y pensadores políticos del siglo XVIII y XIX. Concluye afirmando que por influencia de las teorías darwinistas en las ciencias sociales, se produce una estatalización” de lo biológico y el Estado modifica el concepto de soberanía utilizado hasta el siglo XVIII”[7].

Para entender en un apretado relato el conflicto guatemalteco, es preciso situarnos en el año 1954, cuando es derrocado por un grupo de extrema derecha apoyado por los Estados Unidos, el Presidente Jacobo Guzmán, que había llevado a cabo una serie de medidas protectivas de los derechos indígenas, leyes laborales, democratización del acceso a la tierra, todas ellas medidas de corte nacionalista burguesa apoyadas en la Constitución Nacional.

No obstante, Guzmán fue acusado -como ocurrió con otros líderes nacionalistas y populares latinoamericanos- de “comunista”, y en su derrocamiento participaría ya uno de los personajes sindicados como principales perpetradores del genocidio que sobrevendría: el general Efraín Ríos Montt (foto) [8].

Este personaje llegaría a la presidencia del país de la mano de un golpe de estado, que en 1982 le permitió asumir la suma del poder  público, derogando la vigencia de la Constitución nacional y declarando un estado de emergencia militarizado, con un objetivo inmediato: saldar cuentas con los pueblos originarios que se resistían a la opresión fascista a través de su eliminación física lisa y llana.

Ríos consideraba a los mayas como “ignorantes y por ello vulnerables al comunismo internacional”, aludiendo a la mayor o menor participación o simpatía con la que este pueblo originario observaba las actividades insurgentes de tres grupos combatientes de orientación socialista: las Fuerzas Armadas Rebeldes, el Ejercito Guerrillero de los Pobres y el Partido Guatemalteco del Trabajo[9].

Según el usurpador, “los indígenas son la base de estos movimientos y por lo tanto, al ser sospechosos hay que matarlos a todos”[10] .

Desde entonces, entre 1983 y 1986 se producen los episodios más cruentos del genocidio. Se lleva a cabo una política lisa y llanamente genocida, de una connotación fuertemente racista, que se apropiaba de las lógicas de dominación y los prejuicios anti indigenistas que en Guatemala han sido instaladas como discurso hegemónico por las clases dominantes desde hace siglos.

El racismo en Guatemala es un fenómeno histórico y cultural de larga duración y antigua data, una estructura de pensamiento y acción que empezó a construirse desde el momento mismo de la conquista y la posterior colonización.

Sin perjuicio de ello, los antecedentes más inmediatos y significativos que le dieron vigencia renovada al racismo antiindigenista después de la emancipación de España se advierten fundamentalmente desde finales de siglo XX, materializándose de la manera más brutal y sangrienta mediante la política contrainsurgente llevada a cabo por el ejercito guatemalteco durante el conflicto armado interno, que se desarrolló desde la década del sesenta hasta mil novecientos noventa y seis[11].

Si bien los antecedentes históricos más visibles en materia de racismo, remiten en Guatemala a los últimos años de atroces de su  historia, para entender el arraigo de estos  significantes es necesario remontarse al imaginario colonial, que es cuando se construye un discurso de naturalización del racismo, absolutamente discriminatorio en virtud de la asignación de una otredad negativa  explícita a los pueblos originarios.

Este racismo y la discriminación consecuente pueden explicar  la forma en la que se desarrolló la violencia contra las comunidades mayas: “El racismo se convirtió en una auténtica ideología de Estado, porque proporcionó una estrategia política para la acción. Fue durante este periodo cuando la élite de poder proyectó una estrategia de represión selectiva indiscriminada, empleando la tortura, la guerra psicológica y todo tipo de métodos represivos contra la población civil y especialmente contra la población indígena, que provocaron un autentico etnocidio, como sucedió especialmente durante la época de Ríos Montt. El intento de desestructurar y destruir las bases comunitarias en las que descansan y se asientan las poblaciones mayas respondió a un plan perfectamente diseñado y planificado por parte de la inteligencia militar. La forma como se desarrolló la violencia por parte del Ejército y otros aparatos del Estado, así como la intencionalidad con la que ésta se materializó durante el conflicto guatemalteco no responde a un proceder coyuntural y aislado, sino a una política superior estratégicamente planificada que se tradujo en acciones que siguieron una secuencia lógica y coherente. Como señala al respecto Jennifer Schirmer, es necesario proceder a un análisis estructural de la violencia como parte intrínseca de la lógica de la contrainsurgencia, desterrando la interpretación de las violaciones masivas de derechos humanos en Guatemala como algo irracional y fruto de comandantes incontrolables y sanguinarios. Supuso la materialización de un plan perfectamente diseñado y llevado a cabo de destrucción de las bases culturales y físicas de las comunidades mayas. Es por ello, que, de un análisis somero de las distintas tipologías de violencia ocurridas durante la contienda armada, podemos concluir diciendo que entre las distintas opciones de las que dispuso el estado guatemalteco para operar durante el conflicto armado, optó por aquellas que causaron un mayor sufrimiento y un mayor costo de vidas humanas a la sociedad civil no combatiente. Es ilustrativo en este sentido el parecer de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, cuando afirma: “Los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a numerosos grupos mayas no fueron actos aislados o excesos cometidos por tropas fuera de control, ni fruto de eventual improvisación de un mando medio del Ejercito... Muchas de las masacres cometidas en contra de tales grupos respondieron a una política superior, estratégicamente planificada que se tradujo en acciones que siguieron una secuencia lógica y coherente” (numeral 120). Asimismo, se perciben claramente indicios de racismo en la política represiva desencadenada en Guatemala. Como se señala al respecto en el informe remhi, “en muchas ocasiones, las acusaciones contra las poblaciones indígenas por parte del Ejército utilizaron los prejuicios racistas como parte de la justificación de la violencia... Los comportamientos y trato a las víctimas estaban cargados de malestar” por esa actitud de indio levantado”. Es decir, el componente racista presente en todos los estratos de la sociedad guatemalteca contribuyó a que luego veremos y que la intención de dicha represión fuera la destrucción social, cultural e, incluso, física de la propia comunidad” (…) “De hecho, la mayor parte de las víctimas del conflicto pertenecían a las comunidades mayas. En este sentido, el Informe elaborado por la ceh, Memoria del Silencio, en sus numerales 1y 2, pone de manifiesto que de los 42275 casos investigados y verificados, el 83% de las víctimas plenamente identificadas eran mayas y el 17% ladinos.(…) Por lo tanto como podemos comprobar, la violencia desatada contra las comunidades mayas ha estado teñida e impregnada de discriminación y del desprecio más absoluto hacia los elementos definitorios de su identidad, con la clara intencionalidad de “destruir la identidad social” de las comunidades mayas”[12].

Este exterminio de un grupo étnico y nacional determinado pudo llevarse a cabo porque la oligarquía guatemalteca consideraba al aniquilamiento no solamente posible, sino también deseable y conveniente.

La condición de des-existencia de los mayas en la sociedad guatemalteca, su histórica exclusión social, los había transformado en “no sujetos”, aquellos que los sectores dominantes, en su momento, hacían como que no veían en el paisaje social, pero que, sumados ahora a una militancia insurrecional o de mera toma de conciencia de su condición de explotados, los tornaba absolutamente “peligrosos” para el orden impuesto y los intereses afines de una clase fuertemente influyente en materia de políticas públicas de control social punitivo.

La mera circunstancia de que el indígena abandonara su condición de objeto de la historia para intentar convertirse en sujeto de la misma, incorporándose masivamente a la vida política a través de estas organizaciones insurreccionales, movilizó en las clases dominantes guatemaltecas un “inconsciente colectivo” genocida, que añadía al miedo a la rebelión del indio los seculares y brutales prejuicios racistas que incluían, explícita o implícitamente, el deseo de exterminio[13]: “La ideología de la “inferioridad de los indios” se construyó con base en las teorías aristotélicas de la desigualdad natural, para justificar a posteriori el régimen de subordinación y explotación de los indígenas, así como los límites que pusieron a sus atribuciones. Bajo esta ideología se decía que los indios no tenían capacidad de entendimiento suficiente, no podían gobernarse, ni podían inteligir el derecho natural. Eran los españoles quienes, como hermanos mayores, debían enseñarles las leyes y poner límite a las costumbres “bárbaras” de los indios”. Así, los indígenas fueron “encomendados” a los españoles, para su evangelización a cambio de su trabajo. La “herencia del encomendero” es un símil que recuerda que los rasgos de arbitrariedad y violencia han estado presentes en las más diversas relaciones sociales respecto de la población indígena (…). “Debe recordarse que las pautas de violencia en una sociedad tienden a generalizarse. Se copian o se imitan, se difunden por todo el cuerpo social y se reproducen de una a otra generación. El racismo, consciente o inconsciente, es un factor muy importante en la explicación de muchos de los actos desmedidos de violencia cometidos a lo largo de la historia de Guatemala y del enfrentamiento armado. En la mentalidad racista, cualquier movilización indígena trae a la mente la imagen atávica del levantamiento. En este sentido, puede considerarse que el racismo también estuvo presente en los momentos más sangrientos del enfrentamiento armado, cuando se castigó a la población indígena como si fuese un enemigo a vencer”[14].

En consecuencia, es posible afirmar que el genocidio encarna en este caso la máxima expresión del racismo, su fase superior, que, concibiendo al indígena como su enemigo interno, desató contra este grupo racial una práctica de aniquilamiento reconocida por las normas del Derecho Internacional en sendas oportunidades.

En una de ellas, a través del pronunciamiento de la Comisión de Esclarecimiento Histórico; en la otra, como resultado de una conclusión emitida por el Tribunal Permanente de los Pueblos en 1973[15].

Por eso, si se analizan detenidamente las regularidades de hecho que evidenciaba el proceso represivo, salta a la vista la intencionalidad previa de deshacerse de un determinado grupo social, pulsión criminal asentada en códigos indudablemente raciales, tendientes a destruir las formas de coaligación y relacionamiento social preexistentes entre el grupo de víctimas, para sustituirla por otras.

En aquellos supuestos en que los perpetradores llevaban a cabo la destrucción social de las comunidades (varios centenares de ellas fueron literalmente borradas de la faz de la tierra) sin atender a condiciones de edad, género o grado de involucramiento de las víctimas en el conflicto, es obvio que se  intentaba destruir las bases culturales y sociales mismas  de la comunidad, su estructura de supervivencia y su posible organización política.

Los ataques se realizaban en fechas de especiales congregaciones públicas y en todo momento los que llevaban a cabo el etnocidio se comunicaban con sus superiores, lo que da una idea de que se estaba ante un proyecto mayor de exterminio premeditado, determinado en cuanto a sus víctimas y llevado a cabo mediante tecnologías de poder distintas según los casos, con un alto contenido simbólico, ejemplificador y desmovilizador[16].

Cuando los perpetradores dejaban abandonados a la vista del público los cuerpos de los muertos, o los destrozaban, estaban simbolizando la denigración de las personas y de su dignidad, que en el caso del pueblo maya tiene un marcado carácter cultural.

Algo similar ocurría cuando los hechos de violencia se cometían a propósito en lugares sagrados o de culto, y cuando para la destrucción de las viviendas de las comunidades se utilizaba el incendio, dado el carácter simbólico que el fuego tiene para los mayas y, en general, para la mayoría de las civilizaciones originarias americanas.

De la misma manera, al obligar a los propios miembros de la comunidad a colaborar en asesinatos u otro tipo de atentados contra sus pares, daba cuenta de un objetivo de deteriorar las relaciones de confianza y solidaridad del grupo, haciendo co-partícipes del genocidio a la propia comunidad.

Estas prácticas, lejos de constituir episodios aislados, se convirtieron en una constante de singular relevancia para destruir las formas de reracionamiento social y la cultura de los pueblos originarios: “Todo ello permitió a su vez exonerar de responsabilidad directa al Ejército como autor intelectual de las matanzas y sucesivas violaciones de derechos humanos, al ser sustituido en su ejecución material por los indígenas que integraban las patrullas, lo que contribuyó a generar un gran sentimiento de culpabilidad en muchos de ellos (…). Toda esta dinámica se fue completando a través de la puesta en marcha de diferentes prácticas, mereciendo entre ellas una atención especial aquella que el Ejército denominó como política de “mayificación o del maya autorizado” que, como su propio nombre indica, se trataba de una estrategia orientada a la construcción de un país nuevo y de una Guatemala nueva, así como al restablecimiento de la democracia bajo la integración y asimilación del maya. Desde esta perspectiva, el Ejército y demás aparatos del Estado siguieron considerando al indígena como alguien que necesitaba ser domesticado, socializado y ladinizado. Para tal propósito, se impuso como idónea la política de mayificación, que consintió en la apropiación e indiscriminada instrumentación por parte del Ejercito de símbolos mayas, con el propósito de borrar la memoria histórica del pueblo, vaciando su idiosincrasia cultural de contenido y, todo ello, completado con un ingente esfuerzo de interpretación de lo cultural indígena desde patrones exclusivamente ladinos aplicados por el Ejército”[17].

Según datos oficiales, en menos de dos años se  aniquiló a  más de 200.000 indígenas, se produjeron innumerables desapariciones forzadas de personas, se contabilizan 500.000 refugiados, y poblados enteros borrados de la faz de la tierra, principalmente a través de incendios intencionales, efectuados aprovechando la connotación cultural que entre los mayas tiene el fuego, torturas y violaciones masivas[18].

Si bien Ríos Montt fue derrocado por otro golpe de Estado dado en su contra en el año 1985, nunca debió responder por las prácticas genocidas perpetradas contra un grupo mayoritario de la población por sus peculiaridades étnicas, al que previamente se lo definió como enemigo interior y se dispuso su exterminio, pese a las denuncias que hiciera hasta la propia Rigoberta Menchu[19]. Esta increíble de falta de respuestas en materia de verdad, justicia y reparación  respecto de un verdadero etnocidio, propia de una débil democracia, ha permitido que Ríos Montt se volviera a presentar como candidato a presidente de su país, provocando el pánico de las poblaciones indígenas frente a la posibilidad real de que el máximo acusado de genocidio en el conflicto, descripto por los analistas del conflicto como un “asesino serial”[20], pudiera acceder nuevamente a la primera magistratura, legitimado por el propio sistema; lo que además le hubiera significado un importante reaseguro frente a la posibilidad de ser perseguido por delitos contra la humanidad.