El caso de los pueblos originarios de América Latina constituye un supuesto emblemático de genocidio.
En primer lugar, se perpetró contra minorías étnicas y nacionales, que poseían un sistema de creencias, una cultura y una cosmogonía propia, absolutamente distinta de las que profesaban los ejércitos invasores, y se llevó a cabo con el objetivo explícito de la destrucción de esos pueblos. Es decir, un hecho acaecido en el siglo XIX, inequívocamente, podría haberse tipificado como genocidio estando a la propia letra de la Convención de 1948.Si bien acaso con una connotación diferente respecto de la que -como categoría histórica- adquirió con el capitalismo temprano, no existen dudas que entre los pueblos originarios preexistían organizaciones políticas e institucionales que configuraban “naciones”.

Aún hoy en día los mapuches continúan reivindicándose como una nación sin Estado, otra de las perplejidades que el Derecho internacional no ha logrado resolver en la modernidad tardía[1]. Tampoco, que poseían una organización social, una estructura económica, una lengua, un sistema de creencias que incluían una religión y una mitología alternativas, una identidad, y una percepción del mundo propia, basada en la articulación entre el mundo espiritual y el mundo tangible, difícilmente conciliables con la del blanco[2].

Basta con señalar, en este sentido, que la denominada eufemísticamente “Conquista del Desierto” (debe aclararse que no se trató de una conquista, sino de un aniquilamiento masivo y sistemático de la población originaria, y que esa campaña genocida tampoco se hizo en un desierto sino en regiones densamente pobladas para la época) en Argentina, conducida por el controvertido general Julio Argentino Roca, se hizo para ampliar el horizonte de proyección capitalista dependiente y las fronteras agropecuarias del país oligárquico incipiente, consciente de la feracidad y las riquezas incalculables de las tierras que se ocupaban, pero también para desmontar una cultura milenaria y disfuncional de los “distintos” que se resistían a un proceso violento de aculturación[3].

Los pueblos originarios de América, pero particularmente los que ocupaban los territorios que hoy conforman Argentina y Chile (ranqueles, rankulches, mapuches, tehuelches y onas), no sentían que la tierra“era de ellos”, sino que, por el contrario, “ellos pertenecían a la tierra”. De hecho, por ejemplo, en mapudungun -la lengua originaria- “mapuche”quiere decir “gente de la tierra”[4].

Por ende, la disputa militar se planteó en términos de antagonismo por la tierra; entendida, de un lado, como un bien económico, y de otro, como un espacio para la vida, ya que entre los mapuches no existía la propiedad privada, al menos como es concebida en las sociedades occidentales.

La masacre victimizó a una civilización ágrafa, lo que dificulta indudablemente la recolección de datos más precisos sobre el genocidio[5]. Sobre todo, porque una de las características de los descendientes de estos pueblos originarios es una pertinaz tendencia a la parquedad, acaso como una rémora de procesos de persecución, discriminación y anexión cultural que, como rémora de todo genocidio, se extendió hasta bien avanzado el siglo XX.

Esto provocó, además, que la única historia capaz de ser retransmitida a través de la palabra escrita, de generación en generación, fuera la de los “vencedores” o genocidas, que construyeron a lo largo de los años una épica de la “conquista”.

Los habitantes originarios de la Patagonia eran pueblos que reivindicaban su pertenencia a un orden terrenal en el que, hasta lo que el cientificismo moderno considera “objetos” inanimados, adquieren para ellos sentido y vida propia (el agua, la tierra, las rocas, el aire)[6].

Esos elementos contribuían decididamente al mantenimiento y la reproducción de un orden signado por la idea de equilibrio en un contexto caracterizado por la solidaridad comunitaria, la propiedad común y el respeto por las tradiciones culturales ancestrales y el medioambiente.

Ese orden fue sustituido, después de la invasión, por un sistema jerárquico, clasista, de apropiación individual de los bienes comunes y de un capitalismo dependiente ligado al comercio transnacional. Aquella idea del equilibrio como valor fundante del sistema de creencias mapuche, se extendía, incluso, a las formas de resolución de conflictos.

En esas comunidades, supuestamente “salvajes”, no existía la violencia punitiva propia de la ecuación infracción/castigo, sino formas armónicas y no violentas de justicia restaurativa, como ocurría en la mayoría de las civilizaciones de la América precolombina[7].

Su escala de valores y la particularidad del sistema de ordenamiento de sus bienes jurídicos merecen al menos una mención ilustrativa: el peor crimen era castigar a los niños, ya que éstos eran considerados sagrados.

Se ha afirmado que “los mapuches poseen un importante capital social, entendido-por oposición al capital financiero occidental- como capacidad de los individuos para desarrollar tareas conjuntas y alcanzar objetivos comunes, justamente en base a la solidaridad, la confianza y la cooperación mutua, que redunda en un bienestar individual pero fundamentalmente colectivo, derivado probablemente de la concepción de una propiedad comunitaria de la tierra a la que pertenecen. Frente a la alteración de ese equilibrio, es natural que en su lógica se tienda antes a su restauración que a la punición entendida en clave occidental”[8].

Paradojas de la historia, se trata justamente de un capital social compuesto por aquellas lógicas y valores que reivindicamos -siglos más tarde- como instrumentos capaces de prevenir los crímenes de masa.

Una impactante entrevista efectuada a Diana Lenton (antropóloga social, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, especializada en antropología histórica y política, en cuya tesis doctoral analiza las políticas indigenistas y el discurso político sobre indígenas en el estado nacional en los últimos 125 años) y Walter Del Río(historiador, magister en Etnohistoria de la Universidad de Chile y doctor en antropología, becario del Conicet y se desempeña en la sección antropología y etnografía de la facultad de Filosofía y letras de la UBA, autor recientemente del libro “Memorias de la expropiación. Sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia”) nos sitúa acertadamente en tiempo y espacio.

Cuando se les consulta por qué hablar de genocidio en esa época, Del Río es enfático en señalar que “primero y principal es hablar y pensar en términos históricos que hoy estaban cerrados. La definición de genocidio permite ver los hechos de un país que se construye sojuzgando a los que entiende como diferentes y cómo se maneja esa diferencia, eliminándola y construyendo una historia nacional de la cual algunos quedan excluidos. Reivindicar la Campaña del Desierto sólo como una epopeya militar y en términos de progreso y conformación del Estado cierra y deja en el olvido muchos temas. Hablar de genocidio genera tanto ruido que es positivo, porque habla y se piensa en la historia de otra manera”[9].

A fines del siglo XIX, los mapuches fueron definitivamente sometidos por los gobiernos chilenos y argentinos.

En 1884 se entregó el emblemático cacique tehuelche INACAYAL (en imagen). Fue tomado prisionero y terminó sus días exhibido como una curiosidad antropológica en el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata, uno de los más importantes de América, en pleno apogeo del pensamiento positivista[10].

Comenzaba de esa manera un proceso de destitución y marginación social sin precedentes para los sobrevivientes, y un trauma colectivo que impactó decididamente sobre la posibilidad de reconstruir los lazos de solidaridad y la cultura previa a la catástrofe.

Los pueblos originarios habían perdido su tierra, su idioma, su libertad, su cultura, sus creencias, y hasta sus apellidos originarios, que fueron sustituidos por otros españoles.

Hacia fines del siglo XIX se conformó en la Argentina un Estado nacional militarista, en el que casi la mitad del presupuesto oficial estaba destinado al sector castrense, que había sido el ejecutor de un capitalismo agrario. “Como en etapas posteriores, los militares ejecutaron proyectos urdidos por empresarios. Ya en esas épocas, apellidos como Martínez de Hoz o Blaquier se destacaban en una Sociedad Rural que financió la “campaña del desierto”[11].

Estos mismos apellidos se repetirían, ejerciendo roles igualmente antipopulares, durante el segundo genocidio argentino, como formando parte de la misma oligarquía exportadora al servicio de intereses extranjerizantes.


[1] http://www.mapuexpress.net/
[2] Aguirre, Eduardo Luis: “Elementos de justicia restaurativa en las comunidades mapuches.Racionalidades alternativas en tiempos de retribucionismo extremo”, disponible en www.derechopenalonline.com
[3] Aguirre, Eduardo Luis: “Elementos de justicia restaurativa en las comunidades mapuches.Racionalidades alternativas en tiempos de retribucionismo extremo”,disponible en www.derechopenalonline.com
[4] Aguirre, Eduardo Luis: “Elementos de justicia restaurativa en las comunidades mapuches.Racionalidades alternativas en tiempos de retribucionismo extremo”,disponible en www.derechopenalonline.com. Esta diferencia filosófica marca también las irreconciliables distancias que existían entre la concepción del cosmos de los mapuches y la cultura de apropiación individual de la tierra de los perpetradores.
[5] Aguirre, Eduardo Luis: “Elementos de justicia restaurativa en las comunidades mapuches.Racionalidades alternativas en tiempos de retribucionismo extremo”,disponible en www.derechopenalonline.com
Cabe aclarar que la criminalización del pueblo mapuche, perpetrado a través de sistemas procesales selectivas que apelan a la “macdonalización” de la Justicia y leyes“antiterroristas” que la mayoría de las veces penalizan la protesta social, aún persiste, fundamentalmente en Chile.
[6] Aguirre, Eduardo Luis: “Elementos de justicia restaurativa en las comunidades mapuches.Racionalidades alternativas en tiempos de retribucionismo extremo”,disponible en www.derechopenalonline.com Éste es un dato al parecer común en los pueblos originarios de casi toda América, que privilegiaban la composición y la restauración del equilibrio alterado por la ofensa como forma de resolución de los conflictos sociales, por sobre la respuesta punitiva.
[7]Zaffaroni, Eugenio Raúl: “Justicia penal comunitaria en Latinoamérica”, en Da Rocha, Joaquín Pedro y De Luca, Javier (Coordinadores): “La justicia penal en las comunidades originarias”, Editorial AD-HOC, Buenos Aires, 2010, p.102.
[8] Aguirre, Eduardo Luis: “Elementos de justicia restaurativa en las comunidades mapuches.Racionalidades alternativas en tiempos de retribucionismo extremo”, disponible en www.derechopenalonline.com
[9] Vid. el revelador reportaje de Leonardo Herreros, disponible en www.mapuexpress.nety que incorpora la siguiente entrevista:
“- ¿Cuál es su enfoque de estudio sobre la Campaña del Desierto?
- Walter del Río: Trabajamos como una red que nuclea a gente que trabaja desde distintos sectores en la memoria y documentación sobre determinados hechos históricos ignorados de la Campaña del Desierto y posteriores, sobre el genocidio indígena, incorporando documentación que no era tenida en cuenta para describir hechos además de la memoria oral, de las personas que vivieron los hechos que se transmitieron por generaciones... Por ejemplo, trabajamos con copias de publicaciones que hizo el diario “La Nación”, cartas editoriales, es decir la palabra de Mitre[Nota del autor: el diario “La Nación” de Buenos Aires, propiedad de los Mitre, fue y sigue siendo la expresión orgánica de los sectores terratenientes argentinos]. En un artículo de ese diario el 16 y 17 de noviembre de 1878 denuncia la actuación de Rudecindo Roca(hermano de Julio) en San Luis con una matanza de 60 indígenas desarmados y lo califica de “crimen de lesa humanidad” en medio de las campañas. Están los partes militares, que tampoco han sido estudiados a fondo y dicen cosas terribles. De allí sale el secuestro de chicos, la matanza de prisioneros, la violación sistemática como arma de guerra. La prostitución forzada como botín de guerra de los soldados era algo fomentado desde los mandos.
- ¿Es aplicable en la Campaña del Desierto la noción de genocidio, más allá de reconocerse desigualdad militar y matanzas terribles? Algunos historiadores dicen que es una categoría posterior y no aplicable.
- D.L.: Seguimos el modelo de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de Naciones Unidas, de 1948, que se aplica al genocidio nazi que fue anterior. La carta también se aplica al genocidio armenio de 1915... se puede aplicar retroactivamente. No evaluamos los resultados, porque algunos dicen que se no se exterminó a toda la población indígena, pero el genocidio nazi también fracasó en exterminar a todos lo judíos y no por eso es menos genocidio. Porque la definición se da por el proyecto, no por resultados, la intencionalidad de acabar con un pueblo. Hay un proyecto genocida.
- ¿En dónde se enuncia, en dónde se especifica algo similar a la “solución final” de los nazis? ¿Hay algún discurso, algún documento?
- D.L.: Por empezar en el discurso político, en el Legislativo de la época en donde se habla directamente de “exterminar a los indios salvajes y bárbaros de Pampa y Patagonia”; y con las prácticas que se producen, pequeñas algunas, pero que se suman. El art. 11 de la carta de ONU te habla de genocidio primero como “acciones de un Estado contra sociedad civil” y esto se cumple, porque las mayores acciones militares no eran entre grupos de soldados o guerreros de dos bandos, sino que en muchos casos el Ejército atacó a sabiendas tolderías vacías de hombres adultos porque estaban en otras partidas, con mujeres y chicos solos. Eso lo cuenta el propio general Conrado Villegas. En la memoria del Ministerio de Guerra y Marina de 1881 dice “sabemos que el indio es como el tero, que en un lugar grita y en otro tiene el nido. Nosotros sabíamos que los indios de tal cacique estaban apostados en tal lugar entonces fuimos a la toldería e hicimos tanto de botín, de mujeres y ‘chusma’” (lenguaje que designaba a mujeres y niños). Parece que los objetivos no estaban en los guerreros indígenas sino en la población civil. La otra parte de la definición de genocidio habla de “actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo étnico, racial o religiosos como tal”. Y la forma sistemática en que fueron atacando después de finalizada la campaña y la resistencia indígena, con partidas de policía contra la familias que habían quedado, lo ratifican. Los partes de Villegas mencionan casos de “persecuciones de a pie”. ¿A qué clase de población guerrera persigue un soldado a pie? A heridos, viejos, chicos, etc. Otra parte de la definición de ONU habla de “matanza de miembros de grupo, lesión grave a la integridad física y mental”. Gran parte del exterminio no se dio en campos de batalla sino con prácticas de tomarlos prisioneros, haciendo traslados a pie hasta Carmen de Patagones, en donde los embarcaban a Martín García. Ese cruce por la Patagonia a pie exterminó a miles de personas, porque mataban a los que no caminaban, mujeres que tenían a sus hijos en el campo, iban todos encadenados, etc. Había más muertes por esos traslados que en las batallas. Otra parte es “sometimiento intencional del grupo, condiciones de existencia que hallan de acarrear destrucción física total o parcial”. Allí está el tema de los campos de concentración.
- ¿Campos de concentración en 1879?
- W.d.R.: Sí. En Valcheta, por ejemplo, se registran campos de concentración con alambres de púas de tres metros de alto, con gente muriendo de hambre por no tener qué comer. Eso se lee en las memorias de los viajeros galeses, por ejemplo. Esas mismas memorias de los viajeros que se usan por los historiadores oficiales para hablar de lo lindo que fue la inmigración, pero en algunas páginas del libro “John Evans, el Molinero”, se habla de esto y nadie le presta atención.
- D.L.: Después de la campaña y la derrota indígena entra en acción la “policía de frontera”, que detecta a una familia indígena y la deporta a otro sitio del territorio. Por Martín García, que funcionó como gigantesco campo de concentración, pasaron miles. Se habla de entre 10 y 20.000. Tuvieron que habilitar dos cementerios especiales en 1879, lo que da una idea de la magnitud de lo que pasó.
- ¿Qué otras políticas se toman?
- D.L.: Otra parte de la definición de ONU es “medidas destinadas a impedir nacimientos en el grupo”. De los partes militares mismos salen las medidas de separar a las mujeres de los varones, el traslado por fuerza de niños de un grupo a otro... Les cambiaban el nombre de tal manera que muchos saben que tienen ascendencia indígena pero no pueden reconstruir su historia familiar porque a su antepasado le pusieron Juan Pérez.
- Se centran las críticas en el general Julio A. Roca, pero las campañas contra los aborígenes comenzaron antes, ya con Rivadaviacontra los Ranqueles, Juan Manuel de Rosas en La Pampa...
- Es verdad. Se sabe que desde el gobierno de Martín Rodríguez en provincia de Buenos Aires, incluso antes de Rivadavia, década de 1820, se hablaba de exterminio. El ya decía “primero exterminaremos a los nómades y luego a los sedentarios”, textual. El proyecto genocida viene de antes de Roca, pero lo que consigue Roca es el consenso nacional de todos los sectores para hacer la Campaña del Desierto. En ese momento se juzgó indispensable. Se consolida el Estado nacional con la derrota de caudillos provinciales, se pacifica el país y se piensa en extender la frontera al Sur y al Norte. Probablemente si la hubieran hecho 20 años antes hubiera sido más o menos lo mismo. Nos centramos en Roca porque precisamente es el símbolo de la historia oficial, el prócer con el que las clases dominantes se exaltan a sí mismas y es por eso que les molesta tanto que se toque a este prócer. También estaba Avellaneda, pero pocos se acuerdan de él. Roca es el símbolo, el que construyó una nación con estos parámetros.
- ¿En esa época los políticos estaban en condiciones intelectuales de entender la idea de genocidio, con el darwinismo, el positivismo, la idea generalizada de llevar “la civilización” a todo el territorio, de ver a los pueblos originarios como obstáculo a esta civilización? ¿Había intelectuales y políticos que se opusieron?
- D.L.: Bueno, esa expresión es la ideología hegemónica de la época, está bien conocerlo como contexto. Pero toda idea hegemónica tiene opositores, incluso dentro de la propia elite, que cuestionaba esta política de exterminio. En la época ya se planteaba políticas más integracionistas, de colonización pacífica. Antes de la Campaña del Desierto había una coexistencia conflictiva, el gran problema de la frontera en donde se mataban unos a otros, pero también casos de comercio y convivencia pacífica, que luego fueron negados o minimizados. Aristóbulo del Valle en 1884, cuando la campaña ya había llegado al Río Negro (1879) pero se estaba desarrollando la campaña del Nahuel Huapi, se opone duramente a un intento de Rocapor hacer una campaña similar en el Chaco. Allí denuncia: “Al hombre lo hemos esclavizado, a la mujer la hemos prostituido, al niño lo hemos arrancado del seno de la madre. En una palabra, hemos desconocido y violado las acciones que gobiernan las acciones morales del hombre”. Otros políticos que habían apoyado la campaña en la Patagonia se oponen a la del Chaco, porque esto había sido una barbaridad. Le costó un esfuerzo con campaña ideológica y otros medios como el reparto de tierras para acallar las críticas y la oposición. Aristóbulo del Valle representaba a los ganaderos y quería que se expandiera la frontera, pero cuestiona el método”.
[10]Colectivo guias (Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social): “Antropología del Genocidio”, Ediciones de la Campana, La Plata, 2010, p. 94.
[11] Cieza, Daniel: “La dimension laboral del genocidio en la Argentina”, en Revista de Estudios sobre genocidio”, Editorial eduntref, Buenos Aires, noviembre de 2009, Volumen 3, p. 69.