EL MAPA DEL DELITO Y LA POSIBILIDAD DE DETECTAR VARIABLES DESBOCADAS DEL PODER PUNITIVO.

Una iniciativa que debe analizarse especialmente en nuestro medio, es la posibilidad de desarrollar zonificaciones o mapas del delito en zonas urbanas predeterminadas, como forma de aproximación más fiable a un objeto de conocimiento dinámico y complejo, como es la denominada "cuestión criminal". Se trata de una herramienta conceptual resultante de los múltiples avances logrados en materia informática, que reconoce varios antecedentes en nuestro país, y muchos más en el mundo entero. Si bien los mapas del delito, en general, aluden o tratan de determinar centralmente la existencia de lo que la criminología empírica denomina “zonas calientes” - tomando a la ciudad o la zona donde debe realizarse el mapa como una unidad en la que se pretende localizar los hechos delictivos y detectar variables asociadas a los mismos, casi todas de naturaleza ecológica y situacional- nuestro objetivo pretende ser amplio. En efecto, en una primera etapa, se debería indagar las zonas más sensibles de las ciudades, dilucidando la fecha y localización exacta de cada tipo de delito reportado, su evolución, variables horarias, características de los acometimientos, de las víctimas y de los victimarios (edad, sexo, etc.), variaciones de tipo estacional (compatibles con procesos migratorios que pueden vincularse a factores tales como el turismo o estándares productivos o propios de economías regionales, urbanas o rurales) y motivaciones, debiéndose en todos los casos preservar la privacidad y confidencialidad de los datos identificatorios inherentes a ofensores y víctimas, para evitar procesos previsibles de estigmatización. En un segundo momento habría que intentar conocer elementos tales como la extracción social de agresores y víctimas, su situación laboral, económica, educativa, motivaciones, “modus operandi”, niveles de organización, etc. Estos últimos datos, cotejados con la verificación espacial del delito, serán sin duda relevantes para poner en práctica estrategias consistentes de prevención social, que en última instancia son las que confieren sentido estratégico a toda política criminal y sobre las que habremos de poner especial énfasis. Se trata, en definitiva, de determinar con los datos relevados las situaciones problemáticas, los grupos de riesgo, tanto de infractores como de víctimas, las particularidades y las rutinas de los victimarios, delineando las medidas de prevención situacional o social concretas en cada caso. Para eso es necesario relevar los datos sociodemográficos, disponer de información actualizada sobre la existencia de servicios en cada zona (escuelas, bibliotecas, acceso a internet, salud, agua potable, electricidad, red de gas, instituciones intermedias, etc.) y las percepciones e intuiciones de las personas. Para articular correctamente las intervenciones y lograr que las mismas se sostengan en el tiempo, las agencias estatales implicadas en esta problemática, y la sociedad en su conjunto, incluso a través de sus organizaciones, deberán proporcionar respuestas empíricamente verificables a la sociedad en términos de política criminal. Justamente, una de las ventajas de este tipo de constataciones radica en una elevación del compromiso cívico, a partir de una mayor participación de la población en materia securitaria . Se deberá gestionar proporcionando elementos objetivos de comprobación sobre temas indudablemente complejos y dinámicos, a fin de que los actores estatales encargados de prevenir, disuadir y conjurar los delitos, tengan a la mano herramientas gráficas que confieran mayor efectividad a su accionar y a través de su utilización efectiva permitan una mejor administración de sus recursos. Incluso el humano (en especial a partir de la determinación de zonas y períodos críticos, y de los horarios donde los delitos se producen con mayor frecuencia) concluyendo en una disminución comprobable de los niveles de conflictividad social. En ese sentido, experiencias de este tipo han posibilitado que los efectivos policiales adecuen y condicionen sus jornadas laborales a los horarios en que se ha comprobado que acontecen la mayor cantidad de delitos, focalizando en los mismos su mayor actividad preventiva. También resulta factible establecer con este insumo análisis comparativos año a año, determinando así la evolución de los delitos o de algunos de ellos en particular, en lo que constituye una de las posibilidades que confiere la producción de un estudio dinámico como el que se emprende. Sin perjuicio de que el objetivo es incorporar al mapa del delito a la mayor cantidad de agregados urbanos y rurales, es posible y hasta conveniente realizar pruebas en algunos ámbitos espaciales acotados, como experiencia piloto inicial introductoria. Esta posibilidad es también factible porque los mapas locales suelen ser más aceptados en lo que concierne a su factibilidad para colectar datos y resignificar dinámicamente variables igualmente cambiantes -como la evaluación de riesgos- y parecen más confiables en orden al registro de hechos, horarios y demás circunstancias del delito, acotadas a un radio referenciado. Pero una de las circunstancias más interesantes en materia político criminal, en materia de mapas del delito, lo constituyen las distintas formas cualitativas de auscultación de excesos del poder punitivo y como resultado de las representaciones, intuiciones y sistemas de creencias de los operadores que los provocan, que pueden ser determinadas mediante este tipo de estudios. Voy a intentar ejemplificar sobre esta última cuestión. De acuerdo a informaciones hasta ahora oficiosas, pero indudablemente confiables, el veinte por ciento de los presos alojados en dependencias policiales en la ciudad de Santa Rosa son agresores de género. En nuestras subestimadas tasas de encarcelamiento, ese dato, de por sí, no parece en principio sugerir demasiado. No obstante, si a título de mera hipótesis imagináramos que ese guarismo se reproduce en la Provincia de Buenos Aires, estaríamos hablando de seis mil personas privadas de libertad por esa causal. Sería bueno cotejar si esa proporción se reproduce en una provincia de dieciseis millones de habitantes. En este caso, lo que preocupa no es el número en sí mismo, que podría inducir a la conclusión equivocada de su insignificancia, sino la inexistencia de una política criminal totalizante en la Provincia, que se sustituye habitualmente por reacciones espasmódicas, oportunistas, demagógicas y punitivistas, que pasan inadvertidas para el conjunto social. Entre otros motivos, porque los expertos han sido poco menos que erradicados de los roles gravitantes en materia político criminal, y sustituidos por un nuevo sentido común básico, gestual e inconsistente. Así estamos.