En la medida que avanza la etapa instructoria del denominado Juicio por la Subzona 14 (2), algunas cuestiones cuya centralidad no pueden ni deben ser subalternizadas, se nos representan -como ciudadanos- en términos de expectativas posibles respecto de dicho proceso. La primera especulación, tiene que ver con un dato consustancial a todos los procesos penales y al sistema penal mismo: nunca dejará conforme a todas las partes, cualquiera sea su resultado. Más allá de esta advertencia inicial, a esta altura de la instrucción algunas cuestiones comienzan a transformarse en preocupación, sobre todo si tenemos en consideración que la investigación fue publicitada como una forma de determinación de los niveles de complicidad y responsabilidad de los civiles que prestaron cualquier tipo de colaboración a la dictadura cívico militar. Por eso, flaco favor se haría a los mandatos históricos de memoria y verdad, si en el banquillo de los acusados se volvieran a sentar los mismos imputados que en el juicio anterior, o se engrosara esa grilla con la presencia de algunas (pocas) personas aludidas o declarantes en otra calidad en aquel. La tarea de explorar un pasado complejo, intrincado, es tan necesaria como difícil, y seguramente pondrá a prueba la capacidad de adaptación de los operadores del sistema a un proceso cualitativamente y sustancialmente diferente de los que habitualmente se ponen en marcha como un reflejo del ritualismo y el burocratismo del día a día judicial. El rol preponderante de las operaciones de inteligencia y delación, el colaboracionismo de civiles, su silencio relevante, a veces determinante, en otras directamente cómplice, son datos históricos objetivos que aspiramos no sean menoscabados en la investigación. Las conexiones entre los servicios de inteligencia, la interacción coordinada entre agencias oficiales de otras provincias y las fuerzas de seguridad pampeanas (la pista bahiense, la cordobesa, etc), el rol de ciertas corporaciones que en esa época influian no solamente en la opinión pública, sino también en los procesos de selección de los funcionarios políticos y magistrados judiciales del gobierno de la dictadura, el desempeño de medios de comunicación, de médicos que -según se cuenta- actuaban como comisarios políticos del régimen respecto de otros colegas, la intromisión militar en la Universidad pública, los episodios de búsqueda y "entrega" de desaparecidos y perseguidos pampeanos, la actitud condescendiente de buena parte de la sociedad civil, no pueden ser pasadas por alto. Independientemente de que se traten, o no, de responsabilidades estrictamente "penales", es necesario develar cómo actuaron y se desempeñaron estos sectores. Todo eso, sin duda, constituye una expectativa razonable respecto del juicio, porque configura un aspecto medular para la reconstrucción de la memoria histórica.