Por Eduardo Luis Aguirre.
Ha tomado estado público en los últimos días, por distintos medios de comunicación, una polémica original, relacionada con la posibilidad de que los alumnos puedan (o no) evaluar algunos aspectos inherentes al desempeño de los docentes universitarios.
Adelantando desde ya mi punto de vista positivo en este aspecto, creo entender que el proyecto que impulsa un sector del estudiantado a través de sus representantes alude a un escrutinio “institucional”. Y digo esto porque, en concordancia con mi postura personal sobre el particular, en diversas ocasiones hemos promovido, desde las cátedras a mi cargo, la auscultación de aspectos que hacen a la actividad docente, dado que, en mi modesta opinión, nadie mejor que los alumnos están en condiciones de conocerlos. Descuento que, con mayor o menor frecuencia, y con distintos matices, objetivos y contenidos, habrá otros docentes que lleven adelante también iniciativas parecidas.
Es más, en alguna oportunidad anterior, las propias autoridades académicas promovieron, sin que los profesores fuéramos siquiera consultados (al menos yo no lo recuerdo), una “encuesta” anónima sobre el desempeño de los docentes. La impronta de aquella evaluación podría no tener demasiados puntos de contacto con la que los docentes realizamos por nuestros propios medios, pero lo que quiero dejar en claro, en todo caso, es que no estamos hablando de un hallazgo ni de una situación novedosa.
Ahora bien, yendo al fondo de la cuestión, entiendo, sinceramente, que no existen argumentos de mínima consistencia para oponerse a la posibilidad de una interacción horizontal, democrática y dialéctica de este tipo en una universidad pública.
La Universidad pública, democrática, totalizante, diversa y plural es en la modernidad tardía, como el ágora griega, un espacio de reivindicación de la libertad de la multitud.
Tomando prestada la veta analítica de Toni Negri, me planteo entonces la resignificación y revalorización del concepto de libertad, despreciado, devaluado por las izquierdas modernas, al concebírselo como un insumo de las retóricas y narrativas burguesas, y sustituido finalmente por la idea de “liberación”.
“Hoy, las multitudes de la libertad se presentan como figuras de la catástrofe del mundo capitalista y de la recomposición de las pasiones, de los cruces multitudinarios de las singularidades –la multitud es la figura de la recomposición de lo sensible contemporáneo, no sólo del lenguaje, sino también y sobre todo del deseo-[1]”.
La libertad, en buena medida, sobre todo en los nuevos ámbitos del trabajo inmaterial, se construye en función del tipo y de la intensidad de los vínculos que podamos construir y articular. Vínculos, también, democráticos, horizontales, respetuosos, tolerantes, públicos, que han sido desarticulados sistemática e intencionadamente en nuestro país.
Por eso, y por tratarse de ese ámbito, justamente, no creo que sea oportuno incorporar como un insumo inherente a la Universidad Pública, a la “jerarquía”, que es un concepto disciplinar, vertical y estático, al que deberíamos por todos los medios intentar “deconstruir”, sino a la “autoridad” del docente, entendida ésta como la la capacidad de despertar en el alumno lo mejor de sus potencialidades, la vocación de permanente perfeccionamiento, de recibir y transmitir conocimientos, de ser portador sano de una auténtica “curiosidad sociológica” al momento de interpelar la realidad, al compromiso con los ideales democráticos, el pensamiento crítico, los DDHH y la profundización de la democratización de la sociedad, que deberíamos, en este caso “reconstruir” cotidianamente. También solvencia académica.
Recuerdo que en uno de los puntos de nuestra planificación anual, destacábamos textualmente: “Por lo tanto, resulta particularmente trascendente la forma en que esos contenidos se imparten desde una universidad pública, socializando conocimientos dogmáticos y político criminales desde una perspectiva democrática compatible con el paradigma de la Constitución y la vigencia plena del Estado Constitucional de Derecho, deconstruyendo las improntas rígidas y autoritarias para ayudar de esa manera a sustituir las visiones estrechamente dogmáticas”.
Precisamente, en un Estado Constitucional de Derecho, que otros llaman “Estado garantista”, profundizar la democracia consiste en conferir más derechos y posibilitar que cada vez más personas accedan igualitariamente a los mismos.
Si acordamos en estas premisas, que parecen básicas, qué podría hacer suponer que un estudiante no estaría en condiciones de pronunciarse acerca de aspectos tales como la promoción por parte de los docentes de estrategias dialógicas y participativas en sus clase, si proporcionan a los estudiantes material bibliográfico actualizado relativo a los contenidos que imparten, si producen –en todo o en parte- ese material, si están a disposición de los alumnos, los estimulan en la investigación o extensión, promueven actividades académicas o se perfecciona permanentemente o –finalmente- les dispensan un trato respetuoso.
Por el contrario, no solamente creo que los alumnos se encuentran en condiciones de acceder al derecho y el deber de examinar y ser examinados, sino que esa participación –que en modo alguno supone, por ejemplo, la designación de un profesor regular, para lo cual existen conocidos procedimientos de oposición pública- sí podría contribuir a evitar incorporaciones o continuidades interinas arbitrarias o cesantías persecutorias y brutales.
Si bien es cierto que este tipo de evaluaciones pueden incorporar subjetividades, preconceptos, y hasta animosidades, no es menos cierto que toda evaluación – también las que hacemos los docentes- en cualquier orden, conlleva un margen de error o incluye nociones protodecisionales que, aunque las tratemos de evitar, probablemente incidan igualmente en el resultado final.
Toda forma de participación, demanda de derechos o interpelación de la realidad, sobre todo en ámbitos donde es el Estado el encargado de prestar un servicio público esencial, supone una profundización de la democracia que beneficia al conjunto.
En esa clave deben leerse, por ejemplo, el ejercicio de la protesta social por parte de los secundarios de la Ciudad de Buenos Aires y con esas mismas lógicas deben resignificarse las demandas de nuestros estudiantes.
[1] Negri, Antonio: “Movimientos en el Imperio, Ed. Paidós, 2006, Barcelona, p. 191.
Es más, en alguna oportunidad anterior, las propias autoridades académicas promovieron, sin que los profesores fuéramos siquiera consultados (al menos yo no lo recuerdo), una “encuesta” anónima sobre el desempeño de los docentes. La impronta de aquella evaluación podría no tener demasiados puntos de contacto con la que los docentes realizamos por nuestros propios medios, pero lo que quiero dejar en claro, en todo caso, es que no estamos hablando de un hallazgo ni de una situación novedosa.
Ahora bien, yendo al fondo de la cuestión, entiendo, sinceramente, que no existen argumentos de mínima consistencia para oponerse a la posibilidad de una interacción horizontal, democrática y dialéctica de este tipo en una universidad pública.
La Universidad pública, democrática, totalizante, diversa y plural es en la modernidad tardía, como el ágora griega, un espacio de reivindicación de la libertad de la multitud.
Tomando prestada la veta analítica de Toni Negri, me planteo entonces la resignificación y revalorización del concepto de libertad, despreciado, devaluado por las izquierdas modernas, al concebírselo como un insumo de las retóricas y narrativas burguesas, y sustituido finalmente por la idea de “liberación”.
“Hoy, las multitudes de la libertad se presentan como figuras de la catástrofe del mundo capitalista y de la recomposición de las pasiones, de los cruces multitudinarios de las singularidades –la multitud es la figura de la recomposición de lo sensible contemporáneo, no sólo del lenguaje, sino también y sobre todo del deseo-[1]”.
La libertad, en buena medida, sobre todo en los nuevos ámbitos del trabajo inmaterial, se construye en función del tipo y de la intensidad de los vínculos que podamos construir y articular. Vínculos, también, democráticos, horizontales, respetuosos, tolerantes, públicos, que han sido desarticulados sistemática e intencionadamente en nuestro país.
Por eso, y por tratarse de ese ámbito, justamente, no creo que sea oportuno incorporar como un insumo inherente a la Universidad Pública, a la “jerarquía”, que es un concepto disciplinar, vertical y estático, al que deberíamos por todos los medios intentar “deconstruir”, sino a la “autoridad” del docente, entendida ésta como la la capacidad de despertar en el alumno lo mejor de sus potencialidades, la vocación de permanente perfeccionamiento, de recibir y transmitir conocimientos, de ser portador sano de una auténtica “curiosidad sociológica” al momento de interpelar la realidad, al compromiso con los ideales democráticos, el pensamiento crítico, los DDHH y la profundización de la democratización de la sociedad, que deberíamos, en este caso “reconstruir” cotidianamente. También solvencia académica.
Recuerdo que en uno de los puntos de nuestra planificación anual, destacábamos textualmente: “Por lo tanto, resulta particularmente trascendente la forma en que esos contenidos se imparten desde una universidad pública, socializando conocimientos dogmáticos y político criminales desde una perspectiva democrática compatible con el paradigma de la Constitución y la vigencia plena del Estado Constitucional de Derecho, deconstruyendo las improntas rígidas y autoritarias para ayudar de esa manera a sustituir las visiones estrechamente dogmáticas”.
Precisamente, en un Estado Constitucional de Derecho, que otros llaman “Estado garantista”, profundizar la democracia consiste en conferir más derechos y posibilitar que cada vez más personas accedan igualitariamente a los mismos.
Si acordamos en estas premisas, que parecen básicas, qué podría hacer suponer que un estudiante no estaría en condiciones de pronunciarse acerca de aspectos tales como la promoción por parte de los docentes de estrategias dialógicas y participativas en sus clase, si proporcionan a los estudiantes material bibliográfico actualizado relativo a los contenidos que imparten, si producen –en todo o en parte- ese material, si están a disposición de los alumnos, los estimulan en la investigación o extensión, promueven actividades académicas o se perfecciona permanentemente o –finalmente- les dispensan un trato respetuoso.
Por el contrario, no solamente creo que los alumnos se encuentran en condiciones de acceder al derecho y el deber de examinar y ser examinados, sino que esa participación –que en modo alguno supone, por ejemplo, la designación de un profesor regular, para lo cual existen conocidos procedimientos de oposición pública- sí podría contribuir a evitar incorporaciones o continuidades interinas arbitrarias o cesantías persecutorias y brutales.
Si bien es cierto que este tipo de evaluaciones pueden incorporar subjetividades, preconceptos, y hasta animosidades, no es menos cierto que toda evaluación – también las que hacemos los docentes- en cualquier orden, conlleva un margen de error o incluye nociones protodecisionales que, aunque las tratemos de evitar, probablemente incidan igualmente en el resultado final.
Toda forma de participación, demanda de derechos o interpelación de la realidad, sobre todo en ámbitos donde es el Estado el encargado de prestar un servicio público esencial, supone una profundización de la democracia que beneficia al conjunto.
En esa clave deben leerse, por ejemplo, el ejercicio de la protesta social por parte de los secundarios de la Ciudad de Buenos Aires y con esas mismas lógicas deben resignificarse las demandas de nuestros estudiantes.
[1] Negri, Antonio: “Movimientos en el Imperio, Ed. Paidós, 2006, Barcelona, p. 191.