La ONU ha confirmado lo que era un secreto a voces para la comunidad internacional: la comisión de delitos de masa en Libia, perpetrados por la OTAN, y también por los partidarios de Gadafi. Esta asignación de responsabilidades, aunque profundamente cuestionable ( el informe dice no haber podido determinar que las violaciones a los DDHH cometidos por la organización militar internacional fueran deliberadas, lo que parece insinuar que fueron la consecuencia de conductas meramente imprudentes, viejo latiguillo utilizado históricamente por las potencias hegemónicas, particularmente a partir del ataque a la Ex- Yugoslavia, en el que los "errores" castrenses se convirtieron en un clásico), arrojan luz sobre extremos que todavía no habían sido reconocidos oficialmente. Uno de ellos, acaso el más importante, es la perpetración de crímenes masivos por parte de las fuerzas invasoras, sin perjuicio de la retórica no del todo clara que utiliza el informe producido por una comisión integrada por el egipcio Cherif Bassiouni, la abogada jordano-palestina Asma Khader y el canadiense Philippe Kirsch, ex juez de la Corte Penal Internacional, utiliza, para terminar presentando como preponderantes las violaciones de DDHH cometidas por el ex líder libio y sus partidarios.
La otra conclusión relevante, es el producido del rol inusualmente activo de la ONU en la verificación de estos crímenes contra la población civil, circunstancia ésta que, paradójicamente, coloca a la organización mundial frente a una disyuntiva de hierro.
En efecto, independientemente de que la comisión actuante no haya podido determinar si los crímenes perpetrados por la alianza occidental fueran o no "deliberados", lo cierto es que , por la autoridad institucional que ella inviste, sus conclusiones deberían constituirse en la evidencia inicial que diera pie a la investigación y eventual persecución y enjuiciamiento de los responsables. Si en un plazo ostensiblemente breve, la ONU ha constatado la comisión de estos homicidios, la justicia internacional debería proceder a juzgar sin más a los implicados de manera mediata o inmediata, en esos hechos. De no ocurrir así, es esperable que esto marque un punto de inflexión, de cara al futuro, difícilmente soportable en términos de pérdida de legitimidad de los organismos
