La reconocida debilidad del denominado sistema jurídico de la “comunidad internacional”, y su histórica tendencia a la selectividad, ha quedado una vez más al descubierto –ahora sin justificación razonable alguna- frente al brutal asesinato que la administración del Imperio se jacta de haber perpetrado contra Bin Laden.
Más allá de las perplejidades, contradicciones y oscuridades que rodean el hecho, es interesante destacar que un país cuyo presidente ha sido galardonado, paradójicamente, con el premio nobel de la paz, afirma haber “hecho justicia” y haber aplicado la “pena merecida” al supuesto infractor, consistente en la violación de la soberanía territorial de un Estado y el aniquilamiento a sangre fría de varios ciudadanos extranjeros (cualquiera haya sido su responsabilidad en horrendos hechos anteriores) por parte de fuerzas militares propias.

Es el mismo Obama que el 4 de junio de 2009 pronunciaba un “histórico discurso” en la Universidad del Cairo, abogando por la necesidad del respeto y la tolerancia entre la civilización occidental y la islámica.
En este caso, al parecer, ni siquiera fue necesaria la fachada de juicio previo puesta en escena como antesala de la primitiva ejecución de Saddam Hussein, la anterior bestia negra también creada por el gobierno estadounidense en su versión republicana.
La justicia, ahora, es la justicia del que demuestra que puede matar “a cualquier persona en cualquier lugar del mundo”. Es la justicia de la venganza desembozada, del prevencionismo y el retribucionismo extremos que no reconocen límites ni preceptos jurídicos básicos, casi decimonónicos. La soberanía nacional, el derecho a la defensa en juicio, el juicio previo, las garantías del debido proceso. Conquistas del derecho penal liberal de más de dos siglos de añejamiento, que el Imperio que construye enemigos internos y externos a voluntad, y exporta sus teorías securitarias al resto del mundo ( donde son adoptadas a libro cerrado por las derechas locales), hace tiempo que ha decidido incumplir. Estados Unidos ha ratificado que concibe una “comunidad internacional” acotada y selecta, compuesta únicamente por una alianza militar hegemónica, la OTAN, y el Consejo de Seguridad de la ONU, al que desobedece y desconoce cuando cada vez que sus intereses así se lo aconsejan. Veremos qué hace ahora este Consejo de Seguridad, que el pasado 26 de febrero había votado por unanimidad la imposición de sanciones al gobierno libio liderado por Muammar Khadafi, jestamente, por haber incurrido en violaciones a los DDHH[1]. Si el derecho internacional no responde de manera categórica, es dable esperar que en poco tiempo más el gendarme del planeta construya otro enemigo de la “democracia”. Y, si eso ocurre, lamentablemente, Latinoamericana tendrá cada vez más chances de convertirse en el territorio en el que en un futuro no demasiado lejano se imparta nuevamente “justicia” unilateral sobre los diferentes y los insumisos.



[1] Fuente: Revista Veintitres Internacional, edición de febrero de 2011.