“Derecho a réplica” se propone difundir el pensamiento de reconocidos científicos e investigadores, a través de reportajes sucesivos que tenemos previstos para los próximos meses. Hemos decidido iniciar esta ronda con una docente emblemática de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam.
“El estado en Argentina ha sido tantas veces terrorista , dictatorial , perseguidor que, ubicada como ciudadana , me causan temor las políticas punitivas. Sin embargo, ver a los militares genocidas presos en cárceles comunes, me parece una política acertada, que lamentablemente llega con 26 años de atraso”.
EL PERSONAJE: Olga Luisa Salanueva es Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales. Profesora Titular Ordinaria de Introducción a la Sociología en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales-UNLP; Docente Investigadora Categoría I; Directora de la Maestría en Sociología Jurídica-UNLP desde 2005. Autora de una multiplicidad de libros y artículos de su especialidad. Ha sido distinguida con el Premio “Renato Treves”. Es también Profesora Titular de Sociología Jurídica en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam.
1) En términos de acceso a la Justicia de los sectores populares, cree que en los últimos años, con la impronta de nuevos gobiernos progresistas se han producido avances en la Argentina y en América Latina?
R. Existe una preocupación, en los gobiernos constitucionales por mejorar, facilitar el acceso a la justicia de las personas pobres ( ubicadas en las clases medias bajas y bajas) que algunos investigadores/ras identifican como clases populares. Sin embargo, los programas implementados, desde los Ministerios de Justicia de la Nación y provinciales no han redundado en un efectivo acceso a la justicia para estos conjuntos humanos. En otros términos los programas gubernamentales se aplican parcialmente o quedan en meras formulaciones que no se concretizan. En la década de los 90, el gobierno menemista, con créditos del Banco Mundial y otras entidades financieras internacionales, propusieron reformas judiciales, entre las que figuraban un mejor acceso a la justicia, a través de juzgados de menor cuantía, vías alternativas de resolución de conflictos (conciliación, mediación y arbitraje), centros barriales de consultas, consultorios jurídicos gratuitos organizados entre las facultades de derecho y los municipios, simplificación y abreviación de los procesos judiciales… En la actual década se ha intentado crear las Casas de Justicia en aquellos lugares que no existen agencias judiciales y también se ha apelado a la modificación de los códigos procesales penales, el caso provincia de Buenos Aires en el año 1998, con el propósito de hacer una administración de justicia penal que permita una mayor y mejor accesibilidad . Distintos trabajos de investigación han podido demostrar que los desaventajados no acceden a la justicia en igualdad de condiciones materiales y simbólicas que las personas ricas. En Argentina el acceso a la justicia, es un tema recurrente desde al menos la década de los años 70. En América latina, por ejemplo, a través de los aporte de la literatura especializada y de las conferencias de Sonia Boueiri, investigadora venezolana, dictadas en los años 2007 y 2008 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP afirmó que en su país existe una sostenida política para dar voz judicial a los sin voz, pero, al igual que en otros países existe una marcada diferencia entre lo que dicen las normas, leyes y programas sobre acceso y lo que efectivamente ocurre .El problema en Argentina y Latinoamérica es cómo hacer para que las normas se concretice.
2) Qué incidencia o gravitación le atribuye, en materia de acceso a la justicia, a la cultura y la ideología de los operadores de la jurisdicción?
R. Tiene incidencia, no olvidemos que la ideología dominante en la administración de justicia se identifica con el sistema político-económico. Creen muchos operadores del sistema judicial, y de buena fe, que se trata de trabajar más , ser más estudiosos, utilizar todos los recursos de que dispone un juez, por ejemplo, dirigir efectivamente los procesos, para que la justicia atienda a cada vez más personas, más rápido y de mejores resultados.
La ideología condiciona los comportamientos y en organizaciones como la judicial, articulada sobre rutinas y rituales, (prácticas), las modificaciones o reformas que sobre algunos aspectos se quieren introducir, son reelaboradas, redefinidas y adecuadas a las modalidades anteriores, en términos de Luhmann diríamos que la organización es autopoiética. Esto sin perjuicio de que en algunas oportunidades como en la década del 90, las reformas tenían un sesgo marcadamente neoliberal, la justicia era para todos los iguales que tenían recursos que defender. Para los desaventajados, excluídos, pobres o marginales, cualquiera sea la denominación que usemos, está la justicia castigadora, la que define a los jóvenes y desaventajados como “peligrosos”. Los sectores populares, deben ser controlados por las fuerzas de seguridad porque son proclives a los desbordes: se emborrachan, se drogan, cortan el tránsito, hacen líos en las calles. Esta ideología que recorre algunos sectores de los autodenominados “gente decente” es la que proclama que hay que terminar con las “estupideces de los derechos humanos”, con los jueces garantistas. En sucesivas entrevistas a jueces y funcionarios judiciales y análisis de documentos jurídicos hemos podido comprobar que esta manera de pensar no es dominante en la administración de justicia.
3. Qué lectura hace de las nuevas “protoargumentaciones” de sectores patronales (las entidades del agro durante el lockout del año pasado, por ejemplo), que plantean una suerte de nuevo derecho a la protesta social, cuya expresión más emblemática la constituyeron los cortes de ruta? Cree que estas manifestaciones pueden asimilarse, en cuanto a su legitimidad, a la ocupación de los espacios públicos por parte de sectores sociales vulnerables, como ocurre en el caso de los piquetes?
R. Argentina es una sociedad que tiene profundas desigualdades, una sociedad fragmentada en clases sociales. De allí que las protestas sociales no tengan el mismo significado y alcance para los obreros despedidos por cierre de fábricas, o por obreros petroleros que pierden sus fuentes de trabajo, con motivo de las privatizaciones, o por aquellos que inspirados en la protección del medio ambiente bloquean calles, caminos y puentes, con los paros patronales de los empresarios agrícolas. Las vías de protesta pueden ser parecidas, pero los intereses que mueven a unos y a otros son diferentes.
Los grandes y medianos empresarios del agro y los pequeños chacareros tienen intereses basados en la propiedad de los recursos naturales que explotan, la tierra y la renta que de ella sacan. Los enfrentamientos se dan con las agencias gubernamentales, por las ganancias. No pelean ni discuten por sobrevivir y conservar un trabajo, sino por más, por obtener una mayor rentabilidad. Que las “armas” para protestar sean similares no nos puede llevar a confundir porqué luchan unos y porqué cruzan tractores y camionetas en las rutas, los del campo.
3) Hay temas jurídicos cruciales que se discuten a diario en la Argentina, y cuyas narrativas y lógicas parecen un patrimonio casi exclusivo de comunicadores sociales: inseguridad, niñez, violencia de género, acceso a la justicia, redistribución de la riqueza, sistemas de jubilaciones, recuperación de los servicios privatizados durante la década de los 90’, etcétera. Cree que las universidades públicas, y en particular las facultades de derecho, han estado a la altura de los acontecimientos en la construcción de discursos alternativos?
R. Las facultades de derecho de las universidades públicas están dirigidas por grupos, “actores colectivos”, que mayoritariamente, pertenecen o se identifican con partidos políticos. El involucramiento en problemas como los señalados en la pregunta implicarían compromisos, que construidos desde los conocimientos técnicos o científicos, los podrían llevar a enojosas situaciones en sus partidos e inclusive a enfrentamientos ideológicos. Es más placentero ser decano o consejeros y “ver” pasar la procesión sin participar en ella. Mientras estas pertenencias o identificaciones subsistan es poco probable que las facultades de derecho emitan opinión fundada sobre los problemas indicados.
4) Qué opinión le merece eso que Pastor denomina “neopunitivismo” de los sectores progresistas. Se dice: hay que castigar a los militares genocidas, pero también que hay que hacerlo más duramente con los agresores sexuales; luego, con la violencia de género ;desde luego, con los corruptos; y ahora también con los conductores imprudentes, por citar algunos casos. En muchos de ellos, se lo hace “desde la izquierda”. ¿No marchamos hacia un pampenalismo suicida, hacia una legitimación de una mayor violencia estatal, que puede volverse en contra de los propios sectores populares si cambiara en un futuro la relación de fuerzas sociales, económicas y políticas?
R. La existencia del estado constituye de por si una forma de violencia toda vez que reclama para si el monopolio del uso de las fuerzas militares y policiales. Uso cuyo control por parte de la ciudadanía es más una manifestación de deseos que un real control. No conozco bien el “neopunitivismo” y las políticas concretas que propone. El estado en Argentina ha sido tantas veces terrorista , dictatorial , perseguidor que, ubicada como ciudadana , me causan temor las políticas punitivas. Sin embargo, ver a los militares genocidas presos en cárceles comunes, me parece una política acertada, que lamentablemente llega con 26 años de atraso.
5) Qué importancia le asigna a las estrategias de resolución alternativa de conflictos como forma de reducción de la violencia estatal?
“El estado en Argentina ha sido tantas veces terrorista , dictatorial , perseguidor que, ubicada como ciudadana , me causan temor las políticas punitivas. Sin embargo, ver a los militares genocidas presos en cárceles comunes, me parece una política acertada, que lamentablemente llega con 26 años de atraso”.
EL PERSONAJE: Olga Luisa Salanueva es Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales. Profesora Titular Ordinaria de Introducción a la Sociología en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales-UNLP; Docente Investigadora Categoría I; Directora de la Maestría en Sociología Jurídica-UNLP desde 2005. Autora de una multiplicidad de libros y artículos de su especialidad. Ha sido distinguida con el Premio “Renato Treves”. Es también Profesora Titular de Sociología Jurídica en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam.
1) En términos de acceso a la Justicia de los sectores populares, cree que en los últimos años, con la impronta de nuevos gobiernos progresistas se han producido avances en la Argentina y en América Latina?
R. Existe una preocupación, en los gobiernos constitucionales por mejorar, facilitar el acceso a la justicia de las personas pobres ( ubicadas en las clases medias bajas y bajas) que algunos investigadores/ras identifican como clases populares. Sin embargo, los programas implementados, desde los Ministerios de Justicia de la Nación y provinciales no han redundado en un efectivo acceso a la justicia para estos conjuntos humanos. En otros términos los programas gubernamentales se aplican parcialmente o quedan en meras formulaciones que no se concretizan. En la década de los 90, el gobierno menemista, con créditos del Banco Mundial y otras entidades financieras internacionales, propusieron reformas judiciales, entre las que figuraban un mejor acceso a la justicia, a través de juzgados de menor cuantía, vías alternativas de resolución de conflictos (conciliación, mediación y arbitraje), centros barriales de consultas, consultorios jurídicos gratuitos organizados entre las facultades de derecho y los municipios, simplificación y abreviación de los procesos judiciales… En la actual década se ha intentado crear las Casas de Justicia en aquellos lugares que no existen agencias judiciales y también se ha apelado a la modificación de los códigos procesales penales, el caso provincia de Buenos Aires en el año 1998, con el propósito de hacer una administración de justicia penal que permita una mayor y mejor accesibilidad . Distintos trabajos de investigación han podido demostrar que los desaventajados no acceden a la justicia en igualdad de condiciones materiales y simbólicas que las personas ricas. En Argentina el acceso a la justicia, es un tema recurrente desde al menos la década de los años 70. En América latina, por ejemplo, a través de los aporte de la literatura especializada y de las conferencias de Sonia Boueiri, investigadora venezolana, dictadas en los años 2007 y 2008 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP afirmó que en su país existe una sostenida política para dar voz judicial a los sin voz, pero, al igual que en otros países existe una marcada diferencia entre lo que dicen las normas, leyes y programas sobre acceso y lo que efectivamente ocurre .El problema en Argentina y Latinoamérica es cómo hacer para que las normas se concretice.
2) Qué incidencia o gravitación le atribuye, en materia de acceso a la justicia, a la cultura y la ideología de los operadores de la jurisdicción?
R. Tiene incidencia, no olvidemos que la ideología dominante en la administración de justicia se identifica con el sistema político-económico. Creen muchos operadores del sistema judicial, y de buena fe, que se trata de trabajar más , ser más estudiosos, utilizar todos los recursos de que dispone un juez, por ejemplo, dirigir efectivamente los procesos, para que la justicia atienda a cada vez más personas, más rápido y de mejores resultados.
La ideología condiciona los comportamientos y en organizaciones como la judicial, articulada sobre rutinas y rituales, (prácticas), las modificaciones o reformas que sobre algunos aspectos se quieren introducir, son reelaboradas, redefinidas y adecuadas a las modalidades anteriores, en términos de Luhmann diríamos que la organización es autopoiética. Esto sin perjuicio de que en algunas oportunidades como en la década del 90, las reformas tenían un sesgo marcadamente neoliberal, la justicia era para todos los iguales que tenían recursos que defender. Para los desaventajados, excluídos, pobres o marginales, cualquiera sea la denominación que usemos, está la justicia castigadora, la que define a los jóvenes y desaventajados como “peligrosos”. Los sectores populares, deben ser controlados por las fuerzas de seguridad porque son proclives a los desbordes: se emborrachan, se drogan, cortan el tránsito, hacen líos en las calles. Esta ideología que recorre algunos sectores de los autodenominados “gente decente” es la que proclama que hay que terminar con las “estupideces de los derechos humanos”, con los jueces garantistas. En sucesivas entrevistas a jueces y funcionarios judiciales y análisis de documentos jurídicos hemos podido comprobar que esta manera de pensar no es dominante en la administración de justicia.
3. Qué lectura hace de las nuevas “protoargumentaciones” de sectores patronales (las entidades del agro durante el lockout del año pasado, por ejemplo), que plantean una suerte de nuevo derecho a la protesta social, cuya expresión más emblemática la constituyeron los cortes de ruta? Cree que estas manifestaciones pueden asimilarse, en cuanto a su legitimidad, a la ocupación de los espacios públicos por parte de sectores sociales vulnerables, como ocurre en el caso de los piquetes?
R. Argentina es una sociedad que tiene profundas desigualdades, una sociedad fragmentada en clases sociales. De allí que las protestas sociales no tengan el mismo significado y alcance para los obreros despedidos por cierre de fábricas, o por obreros petroleros que pierden sus fuentes de trabajo, con motivo de las privatizaciones, o por aquellos que inspirados en la protección del medio ambiente bloquean calles, caminos y puentes, con los paros patronales de los empresarios agrícolas. Las vías de protesta pueden ser parecidas, pero los intereses que mueven a unos y a otros son diferentes.
Los grandes y medianos empresarios del agro y los pequeños chacareros tienen intereses basados en la propiedad de los recursos naturales que explotan, la tierra y la renta que de ella sacan. Los enfrentamientos se dan con las agencias gubernamentales, por las ganancias. No pelean ni discuten por sobrevivir y conservar un trabajo, sino por más, por obtener una mayor rentabilidad. Que las “armas” para protestar sean similares no nos puede llevar a confundir porqué luchan unos y porqué cruzan tractores y camionetas en las rutas, los del campo.
3) Hay temas jurídicos cruciales que se discuten a diario en la Argentina, y cuyas narrativas y lógicas parecen un patrimonio casi exclusivo de comunicadores sociales: inseguridad, niñez, violencia de género, acceso a la justicia, redistribución de la riqueza, sistemas de jubilaciones, recuperación de los servicios privatizados durante la década de los 90’, etcétera. Cree que las universidades públicas, y en particular las facultades de derecho, han estado a la altura de los acontecimientos en la construcción de discursos alternativos?
R. Las facultades de derecho de las universidades públicas están dirigidas por grupos, “actores colectivos”, que mayoritariamente, pertenecen o se identifican con partidos políticos. El involucramiento en problemas como los señalados en la pregunta implicarían compromisos, que construidos desde los conocimientos técnicos o científicos, los podrían llevar a enojosas situaciones en sus partidos e inclusive a enfrentamientos ideológicos. Es más placentero ser decano o consejeros y “ver” pasar la procesión sin participar en ella. Mientras estas pertenencias o identificaciones subsistan es poco probable que las facultades de derecho emitan opinión fundada sobre los problemas indicados.
4) Qué opinión le merece eso que Pastor denomina “neopunitivismo” de los sectores progresistas. Se dice: hay que castigar a los militares genocidas, pero también que hay que hacerlo más duramente con los agresores sexuales; luego, con la violencia de género ;desde luego, con los corruptos; y ahora también con los conductores imprudentes, por citar algunos casos. En muchos de ellos, se lo hace “desde la izquierda”. ¿No marchamos hacia un pampenalismo suicida, hacia una legitimación de una mayor violencia estatal, que puede volverse en contra de los propios sectores populares si cambiara en un futuro la relación de fuerzas sociales, económicas y políticas?
R. La existencia del estado constituye de por si una forma de violencia toda vez que reclama para si el monopolio del uso de las fuerzas militares y policiales. Uso cuyo control por parte de la ciudadanía es más una manifestación de deseos que un real control. No conozco bien el “neopunitivismo” y las políticas concretas que propone. El estado en Argentina ha sido tantas veces terrorista , dictatorial , perseguidor que, ubicada como ciudadana , me causan temor las políticas punitivas. Sin embargo, ver a los militares genocidas presos en cárceles comunes, me parece una política acertada, que lamentablemente llega con 26 años de atraso.
5) Qué importancia le asigna a las estrategias de resolución alternativa de conflictos como forma de reducción de la violencia estatal?
R. No tengo conocimiento directo de la aplicación de estas medidas, me falta información técnica como para emitir una respuesta fundada.
6) Básicamente, qué cambiaría de la formación de grado de los juristas en la Argentina?
R. Que terminen de una buena vez con las “posiciones intermedias”, recurso antiguo que se sigue utilizando en las clases : el jurista fulano dice tal cosa, el otro dice tal otra y yo “me inclino por una posición intermedia”; con la exégesis de las leyes, con la sacralización de los códigos, con la lectura de la realidad social a través de los paradigmas jurídicos, con los glosadores de la ley; con los exámenes donde se quiere solo escuchar o ver escrito lo que se dio en clases y, sobre todo, lo que dicen los textos recomendados, ningún otro y, si por casualidad el docente tiene “posición intermedia”, los alumnos/as no deberán olvidarse de manifestarla. Así demuestra que ha leído las 30 o más unidades del programa y merece un cuatro.
Una nueva manera de trasmitir el derecho sería desafiar al aprendiz al análisis y crítica fundada de toda la documentación jurídica, sin miedo a las opiniones de los maestros. Proponer casos reales y construídos, para que los resuelvan. Contar con centros de documentación e información (libros, sentencias, demandas, expedientes, estadísticas sociales y específicas del campo jurídico) y personal consustanciado con las funciones de esos centros; que no estén para prestar un libro con mala cara y con un señalador que diga las sanciones a aplicar al usuario. ¿Es mucho pedir? Habría además, que acortar las carreras a partir de la revisión de los contenidos técnicos, ¿por qué 5 civiles, 4 comerciales, tres penales? Es la lógica del conocimiento a impartir por la “densidad” de esos contenidos o es por que “tenemos que darle lugar” a fulanos y menganos sin cambiar o sustituir otros menganos y fulanos? Sobre los programas habría que exigir al cuerpo docente que actualice los contenidos cada dos o tres años y que no los hagan acumulativos de todos los saberes histórico- jurídicos porque se hacen materias imposibles de estudiar.
* Un reportaje de Eduardo Luis Aguirre