Por Eduardo Luis Aguirre

Es razonable que podamos alegar (ahora) que a mediados de los noventa no sabíamos que el mundo iba a estar en guerra. Tal vez lo supiera el imperio, o al menos previera, ya por ese entonces,  la forma novedosa que iban a asumir las nuevas conflictividades globales. Por eso es que, por esos años, diseñó un sistema de control global punitivo, en el que debían intervenir alianzas militares, cadenas comunicacionales, poderes fácticos y nuevas tecnologías institucionales de diverso orden.



También estructuras políticas y jurídicas capaces de refrendar las nuevas formas imperiales de disciplinamiento y control. Desde las grandes agencias internacionales, que pusieron, como la ONU, la OEA y sus instituciones, determinadas “ONG´s”, la CPI y los tribunales Ad Hoc, su autoridad y sus múltiples recursos al servicio del reaseguro de las nuevas relaciones de dominación surgidas inmediatamente después de la disolución de la ex Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín y los restantes socialismos reales de Europa oriental.

Mientras tanto, en Colombia, primer experimento de intervención humanitaria imperial a gran escala en América Latina,  las guerras  de cuarta generación y las luchas contra un nuevo enemigo (el narcotráfico y el terrorismo) permitían visualizar un tremendo instrumento impulsado por la USAID, por el Departamento de Estado de los EEUU y algunos dicen que también por la CIA, como veremos en artículos siguientes.

Los nuevos sistemas procesales adversariales que, en aquel país, sirvieron –entre otras cosas-  para facilitar la extradición de colombianos a EEUU. También, para producir los resultados para los que en realidad fue previsto. Estos códigos nunca tuvieron falencias de diseño o implementación. Operaron sobre una conciencia acrítica de los operadores cuyos límites conocían de antemano, pero su objetivo era el que vemos. No están funcionando mal. Lo están haciendo de acuerdo a las pautas que ameritaron su diseño.

A nosotros, en nuestro país, nos llegó de la mano de instituciones irreprochables. También de otras financiadas por la USAID. Es decir, patrocinadas en este último caso, por los hacedores de las nuevas formas de control.

Nuestros lectores recordarán lo mucho que hemos escrito en innumerables situaciones sobre el Consejo de Seguridad de la ONU; la OEA, sus tribunales institucionales, sus agencias prestamente preocupadas por la “justicia” y por penetrar a toda costa en las universidades y los estados de la región. Cosa que hicieron, lamentablemente, merced a la perplejidad de los encargados de articular una razón gestiva alternativa y antiimperialista. Hoy no queda tiempo para derogar, prorrogar o cancelar estas discusiones. La nueva situación política imperante en la región y en el país nos obligan a plantear sin demora nuevas epistemologías decoloniales y un derecho basado ahora  en lo americano. En nuestro acervo histórico, político y cultural. Como lo llegaron a plantear, incluso, mandatarios de distintos países del Continente, seguramente conocedores de lo delicado de la hora. En próximos artículos vamos a abundar sin solución de continuidad sobre estos temas, y sobre los significados de engorrosas categorías como la gestión, la litigación y los Derechos Humanos enseñados y aprendidos en clave de dominación imperial.