El gobierno de Bolivia ha planteado la necesidad de que los países del ALBA constituyan una alianza defensiva geoestratégica, tendiente a prevenir o conjurar las futuras y posibles intentonas intervencionistas del imperialismo en América Latina. Esa nueva organización, inédita en la historia del Continente, debería construirse, siempre según las explicaciones de sus impulsores, con lógicas diferentes a las que dotan de sentido, por ejemplo, a la OTAN. Más propiamente, sus objetivos serían virtualmente antitéticos, pues su función estaría destinada al mantenimiento de la paz y el afianzamiento de la democracia y la soberanía en la región. La iniciativa en cuestión, por una multiplicidad de razones, aparece como  necesaria y urgente, sobre todo en momentos en que varios líderes latinoamericanos han cuestionado públicamente a la Organización de las Naciones Unidas, la OEA y sus instituciones orgánicas, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente por su dependencia política con Estados Unidos y sus aliados, por la evidente falta de democracia interna en su funcionamiento, o por su incapacidad para evitar las más graves violaciones a los Derechos Humanos. 




No obstante, es necesario problematizar algunas críticas respecto a supuestas contradicciones subyacentes en la propuesta inaugural e introductoria de Evo Morales. Ciertamente, crear una alianza defensiva para defender la paz, puede sugerir la existencia de un hiato que merece, por lo menos, algún ejercicio explicativo que avente perplejidades respecto de esta ilogicidad aparente.
La respuesta inicial, casi obligada, es que el futuro agregado, en caso de concretarse, no debería abarcar solamente aspectos vinculados a la defensa continental, sino también a su seguridad. Este tema ya ha sido abordado, reiteradamente, en artículos anteriores de este mismo blog. Nos vemos, en consecuencia, obligados a reiterar ciertos fundamentos ya ensayados y profundizar otros que creemos relevantes.
Históricamente, Estados Unidos ha gravitado decisivamente en la delimitación de las “hipótesis de conflictos” y la construcción de “enemigos” de los países latinoamericanos. Las relaciones asimétricas de poder y la vertebración cultural colonial de muchas administraciones latinoamericanas, han consentido o estimulado estas perspectivas, que en no pocas ocasiones ha derivado en verdaderos genocidios. En esta etapa de experiencias autonómicas y unitarias sin precedentes, los países de nuestra América tienen la posibilidad de prevenir conflictos y riesgos, atendiendo a sus propios intereses permanentes. Ambos implican a su defensa, pero también, y muy especialmente, a la seguridad del hemisferio.
Ahora bien, la cuestión es cómo entender la seguridad y cómo delimitar esos riesgos en clave emancipatoria.
En primer lugar, por la  decisiva gravitación que como excusa recurrente para la intervención norteamericana ha tenido el narcotráfico, es necesario que las naciones latinoamericanas articulen formas de prevención y conjuración de esta conflictividad, la nueva bestia negra con la que amenaza el imperio a los insumisos, basadas en la autopreservación de la seguridad de sus fronteras y la prescindencia absoluta de operaciones preventivas foráneas a las que se unen, como de ordinario ocurren, las fuerzas pretorianas propias o las clases dominantes de los países afectados. El narcotráfico equivale, al fin de cuentas,  el terrorista del siglo XXI. Y AL no es una excepción en este sentido. Hay sectores interesados en caracterizar la diversidad como conflictividad y posicionarse frente a ésta desde perspectivas binarias. O, si mejor se lo prefiere, castrenses.
Para ello, es necesario democratizar rápidamente (y en serio) las fuerzas armadas y de seguridad, y los servicios de inteligencia. Esa democratización excede largamente la modificación ingenua de los contenidos curriculares de las respectivas academias –aunque, desde luego, las incluye- y se extiende hasta la posibilidad de que cuadros y militantes provenientes de  sectores populares ingresen sin dilación  a las fuerzas armadas y de seguridad.
Hay que desmilitarizar de inmediatos las policías, prefecturas, gendarmerías y servicios penitenciarios. Las últimas asonadas, tentativas de golpes de estado y otros intentos desestabilizadores, se deben a la existencia predominante de una falsa conciencia, mayoritaria al interior de estas agencias estatales.
Es necesario crear instancias de resolución de conflictos regionales, basados en el Imperio del derecho internacional de los Derechos Humanos, concebidos en clave latinoamericana, y capaces de sintetizar las diferentes etapas de evolución de las democracias populares del Continente. En otros términos, marchar hacia una superación de la Corte Interamericana de DDHH, que debería ser sustituida por un organismo integrado exclusivamente por los países que compartan estas experiencias.
En materia de políticas armamentísticas, y más allá de las singularidades prioridades que cada estado pueda asignar a las mismas, América Latina debe crear una fuerza  suficiente y única capaz de disuadir cualquier intento de intervención “humanitaria” imperial. Sobran los ejemplos en el mundo, desde la invasión a Yugoslavia, hasta lo ocurrido en Irak, Afganistán, Libia, Siria, Egipto, Yemen, Somalia, etc.
Los próximos arrebatos imperiales en la región no habrán de incluir, solamente, a las grandes corporaciones mediáticas o los sectores más concentrados del poder económico vernáculo o internacional. La mayoría de ellos ha fracasado y la construcción de más capriles ha demostrado ser una tarea demasiado trabajosa y lenta, aunque las experiencias recientes, todavía frescas, de la Argentina y Brasil, parecieran poner en crisis esta afirmación.
Hay que disminuir drásticamente las tasas de homicidios cada 100.000 personas que asolan el Continente, y acotar la violencia social e institucional. La región debe acotar las exageradas tasas de prisionización, apelar a formas de resolución de los conflictos no violentas, deponer los intentos reiterados de populismo punitivo y acordar formas similares de enjuiciamiento y persecución penal. En definitiva, ser consciente de que ceder la política de seguridad a la derecha equivale a un suicidio colectivo, porque la seguridad en clave conservadora, equivale inexorablemente a escamotear derechos y garantías y autonomizar las fuerzas militares y de seguridad con el pretexto de la "inseguridad" interna. 
El imperialismo, desde hace tiempo, no se conforma con inferir derrotas militares. Extrema sus muchos recursos hasta infligir derrotas políticas y morales. Es la única forma que posee de asegurarse un retroceso de la conciencia colectiva y crítica de los pueblos.
(Intentaremos que continúe)