El
deterioro del concepto de ciudadanía en España parece no tener fin. A la
decisión oficial de cerrar cualquier instancia de revisión de su pasado
inmediato (incluidas las groseras referencias del Ministro de Justicia
peninsular respecto del requerimiento efectuado por la jueza argentina Servini
de Cubría), deben añadirse esperpentos tales como la “ley mordaza” y el
comportamiento estatal violatorio de los Derechos Humanos de los migrantes
(rematada con la aparición de una nueva
cultura concentracionaria mediante la implementación de los “Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes”, en el
que se hacinan, las víctimas actuales del colonialismo y el
imperialismo), que merecieran una severa
amonestación del Comité contra la Tortura de la ONU.
Por
si esto fuera sencillo de explicar incluso en el marco acotado de una
democracia formal y de baja intensidad como la española, el
gobierno acaba de sostener que el asesinato de
una prostituta a manos de un cliente no puede considerarse violencia de género "al no existir un vínculo afectivo
entre el agresor y al víctima". La explicación no puede ser más brutal.
Pero las manifestaciones oficiales peninsulares
no quedan ahí, y permiten inferir sin temor a equívocos que una suerte de
cataclismo en materia de derechos civiles y políticos acompaña la crisis
económica y social, como suele ocurrir de ordinario.