¿Ha reflexionado Usted, señora Senadora, acerca de las causas que provocaron ese proceso de desertificación? ¿Ha podido reconocer los orígenes de esa catástrofe ambiental que ha roto el equilibrio de la naturaleza, agredido al ecosistema y condenado a la migración forzada a decenas de miles de personas?
¿Ha podido Usted, señora Senadora, pensar el diferendo en clave de antagonismos de clases, donde quizás encuentre la contradicción fundamental que habita esta disputa? Si algo no tiene la postura histórica de La Pampa es un atisbo de capricho. Me gustaría que el conflicto pudiera ser observado desde una perspectiva superadora, señora Senadora. Los pampeanos no tenemos para con los mendocinos más que lazos históricos de hermandad y fraternidad. Muchísimos de sus comprovincianos vinieron a vivir a este suelo. Supongo que lo propio habrá ocurrido en su provincia. Pero el comportamiento de la burguesía bodeguero viñatera de Mendoza ha sido históricamente rapaz, unilateral, incapaz de realizar un ejercicio de alteridad, de pensar en el otro en tanto Otro. Un Otro al que no dudó en condenar a la pobreza y la sequedad extremas.
¿Qué cree que pensamos los pampeanos si se concretara Portezuelo en manos de Mendoza con este precedente histórica que se ha transformado, como decía Edgar Morisoli, en la causa máxima de La Pampa?
¿Ha pensado Usted, señora Senadora, que ese proceso histórico de desertificación, llevado a cabo con plena conciencia y voluntad realizativa de sus consecuencias extremas pudo haber implicado un gigantesco delito ambiental que todavía se sigue perpetrando?
¿Cómo cree Usted que resolvería un tribunal de opinión internacional en el caso de que debiera expedirse sobre una situación que tal vez debiera haber despertado su sensibilidad social y no su sorprendente indignación? ¿Se avendría Usted, por ejemplo, a que el Tribunal Permanente de los Pueblos sentara posición respecto de la totalidad de la situación implicada?
Prescindo de analizar otras motivaciones que usted y otros legisladores mendocinos sugieren y que yo desconozco. Lo que me queda en claro es que la decisión del Presidente de la República significa un reconocimiento del derecho de los débiles, de los que vivieron la sed y el éxodo, de los que lo perdieron todo, de la preservación de un equilibrio cosmogónico que estamos llamados, todos, a preservar. De la integración territorial que es la base de una Nación. De la equidad, la fraternidad, el amor y la justicia. De contribuir a un esfuerzo colectivo que ponga fin a la barbarie. La cuestión no es menor en este difícil tramo epocal que atraviesa la Argentina en medio de un mundo devastado. Porque nos va la vida en ello, señora Senadora.
Por Eduardo Luis Aguirre
Ex Defensor General de la Provincia de La Pampa
Docente de Posgrado de la Universidad Nacional de La Pampa y de la Universidad Torcuato Di Tella
Autor de los libros “El corte del Río Atuel y sus implicancias jurídico- penales” y “Filosofía y Desierto.