El día 17 de marzo, después del Habeas Corpus correctivo interpuesto por el MPD ante el Tribunal de Impugnación Penal, que este cuerpo elevara al máximo Tribunal Provincial,este último se ha expedido sobre la situación carcelaria en la Provincia a través de una comunicación cursada al Poder Ejecutivo. La novedad, publicada en el sitio oficial del Poder Judicial de La Pampa expresa textualmente: "El Superior Tribunal de Justicia, preocupado por la superpoblación y hacinamiento de personas privadas de libertad que se verifica en alcaidías y dependencias policiales, le envió una nota al gobernador Oscar Mario Jorge solicitándole que arbitre medidas de manera urgente y sugiriéndole, al menos en forma temporaria, que considere la posibilidad de trasladar a los detenidos a espacios edilicios provinciales que brinden una estructura acorde a los requerimientos penitenciarios.
El texto fue recibido por la Secretaría General de la Gobernación el 17 de marzo y está firmado por la presidenta Elena Victoria Fresco y los otros tres ministros que componen el cuerpo, Eduardo Fernández Mendía, Víctor Luis Menéndez y Hugo Oscar Díaz.
Allí se califica de acuciante la situación que atraviesa ese grupo de personas –cuantificada en dos centenas– y se señala que ello es debido a la falta de recepción de los detenidos por parte del Servicio Penitenciario Federal (las negrillas nos pertenecen).
También se recuerdan las resoluciones notificadas por jueces de ejecución penal al Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad advirtiendo acerca de que cada vez más se están viendo afectadas las condiciones de seguridad, salubridad e higiene de los detenidos; lo que coadyuva a poner en riesgo la integridad de los agentes provinciales.
En ese contexto, el Superior Tribunal, previendo la posibilidad de que se produzcan conflictos inminentes, le requirió al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas que considere necesarias y apropiadas para solucionar el problema y que dé inmediata intervención a las autoridades correspondientes.
Además propuso, ante la emergencia declarada públicamente respecto a alcaidías y dependencias policiales, que se evalúe la alternativa de hallar otros espacios físicos adecuados para albergar a los detenidos".