En un primer momento,
como se
recordará, fue un "movimiento ciudadano", denominado Comisión por la
Seguridad Nacional, liderado por el ex presidente, Luis Alberto Lacalle, del
Partido Nacional y el senador Pedro Bordaberry, del Partido Colorado y otros
grupos sociales, el que promovió el “Día del Firmazo por la Paz y la Justicia”.
En ese marco, paradójicamente, solicitaron a los ciudadanos uruguayos, su
firma para conseguir que junto a las elecciones de 2014, se votara un
plebiscito para rebajar de 18 a 16 años, la edad de imputabilidad para que los
menores puedan ser juzgados y encarcelados. Todo ello, por supuesto, ante el
pretendido aumento de la "criminalidad juvenil". El ex
presidente Lacalle expresó por entonces que la iniciativa regresiva implicó,
por el contrario, una jornada de “protesta ante la inacción del gobierno frente
al aumento de los delitos y de propuesta para cambiar la Constitución y
adecuarla a la realidad”. Pedro Bordaberry también alabó el trabajo de los
recolectores de firmas y confió en poder contar con “un empujoncito para
conseguir las firmas que falten para llegar a 250 mil”. Este embate
criminalizador de la derecha podría perjudicar seriamente a Uruguay..
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de pronunciarse en contra del
plebiscito porque lo considera un "contrasentido" y un
"retroceso" de los derechos de los adolescentes, según
denunció hoy la relatora de Derechos de la Niñez de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), Rosa María Ortiz, durante la presentación de un
informe sobre los derechos del niño en Uruguay.
La responsable
advirtió que Uruguay podría ser denunciado ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CorteIDH), como ocurrió en el caso Gelman.
Como es sabido, en
ese caso, la Corte obligó a Uruguay a adaptar su legislación para poder juzgar
el caso de Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman y uno de los casos más
emblemáticos de los desaparecidos durante la dictadura.
La relatora de la
OEA reiteró que "se es niño hasta los 18 años" y abogó por medidas de
prevención y rehabilitación, en lugar de políticas de mano dura, que, a su
juicio,"solamente han servido para profundizar la violencia".