Asumieron este lunes las autoridades del Comité Provincial de Prevención de Torturas y otros Tratos y Penas Crueles Inhumanos y/o Degradantes del Chaco, que será presidido por el abogado Mario Bosch. El gobernador Jorge Capitanich, quién encabezó el acto, aseguró que es una acción más que aporta hacia la calidad institucional y hacia una sociedad abierta, plural y democrática.
En el acto Capitanich fue el encargado de tomar el compromiso público de quien presidirá el Comité; Mario Bosch. Por su parte el flamante presidente hizo lo propio con el resto de las autoridades del organismo: por el Poder Ejecutivo el secretario de Derechos Humanos, José Luis Valenzuela; las diputadas Nancy Mariel Gersel y Elba Gladis Altamiranda –representantes del Poder Legislativo; el Fiscal en lo Penal Especial de Derechos Humanos, Francisco Daniel Turraca, quien será el representante en el Comité del Poder Judicial. Representando a la sociedad civil asumieron –además de Bosch- Benedicta Juana Ortíz de Penayo, Juan Carlos Goya, Bonifacio Saúl Rodríguez (representante de los pueblos originarios) y Juan César Penchasky (representante de los abogados).
El Comité fue creado por la Ley 6483; se articula con distintos actores y entes estatales, organizaciones no gubernamentales, y movimientos sociales interesados en la promoción y vigencia de la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su “protocolo facultativo”. Esta integrada por nueve miembros: cinco de la sociedad civil y cuatro representantes del estado (uno de cada poder). La misma ley establece que el Comité se constituirá como un ente “autárquico y autónomo” en el ejercicio de sus funciones, que no recibe instrucciones de ninguno de los poderes públicos del Estado.
La reglamentación además establece un “Deber de Colaboración” para con el Comité de todos los poderes del Estado provincial, autoridades, funcionarios y las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas cuya actividad se encuentre vinculada a los centros de detención, que ingresen dentro de la órbita de competencia del Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, sin distinción de rango o jerarquía, ni excusa en órdenes de sus superiores, colaborarán con carácter obligatorio, urgente y de manera inmediata al mismo, para su pleno funcionamiento y la consecución de los fines previstos en la presente ley.
Avance cualitativo
El primer mandatario consideró al Comité como un avance cualitativo para el Chaco y su calidad institucional. Destacó que es la primera provincia que aplica este órgano facultativo y que además logra integrar a la sociedad civil (que tiene cinco representantes) con los poderes del Estado (con cuatro representantes, uno por cada poder).
“El Poder Ejecutivo coadyuvará y cooperará para eliminar y erradicar a tortura de la provincia”, garantizó y enumeró como acciones en ese sentido mejorar el funcionamiento de la alicaída de Sáenz Peña, eliminar las comisarías como centro de detención y realizar las inversiones necesarias en infraestructura correspondiente.
Capitanich aseguró que cualquier tipo de tratos degradantes afectan a las personas y que el Poder Ejecutivo tiene como política de Estado la construcción de una sociedad abierta, plural y democrática. En este sentido recordó la sanción de la Ley de Seguridad Democrática y la designación y puesta en funciones del Defensor del Pueblo. “Eso implica un salto cualitativo en materia de calidad institucional”, insistió y remarcó que cada persona es un sujeto de derecho y puede expresarse libremente.
Cambio de paradigma
Bosch se comprometió ante el gobernador, “sobre la Constitución Nacional y Provincial, por la Patria, por mi honor, por la memoria de los 30 mil desaparecidos, por la memoria de los sobrevivientes del último genocidio como el de la Conquista de los 500 años de América y por todos aquellos que en nuestro país y en el mundo, luchan por un mundo más justo”.
En su discurso consideró que el Comité es un paso más hacía el cambio de paradigma que se está produciendo en el país desde 2003 en materia de derechos humanos. Destacó que el órgano este integrado por representantes estatales. “El Estado siempre fue, en la Argentina, el principal violador de los derechos y ahora se compromete a garantizarlos”, explicó. Enumeró como acciones en esta dirección la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario y de la Salud Mental.
Destacó además que entre las autoridades haya un representante de los pueblos originarios ya que es un sector de la sociedad que sufrió y sufre torturas de todo tipo. En este sentido explicó que las torturas no se producen solo en momentos de interrogatorios o detenciones sino que varios ámbitos de la vida y agregó que las torturas no son solo físicas sino también psíquicas.
El flamante presidente aseguró que el comité no se limitará a realizar estadísticas o análisis de situación sino que realizará trabajos de campos y accionará para lograr la eliminación total de torturas en el Chaco. “Parece una utopía, pero nos gusta que así sea y vamos a trabajar por ella”, afirmó.
La noticia fue publicada en el diario Chaco día por Día, donde puede ser consultada.En el acto Capitanich fue el encargado de tomar el compromiso público de quien presidirá el Comité; Mario Bosch. Por su parte el flamante presidente hizo lo propio con el resto de las autoridades del organismo: por el Poder Ejecutivo el secretario de Derechos Humanos, José Luis Valenzuela; las diputadas Nancy Mariel Gersel y Elba Gladis Altamiranda –representantes del Poder Legislativo; el Fiscal en lo Penal Especial de Derechos Humanos, Francisco Daniel Turraca, quien será el representante en el Comité del Poder Judicial. Representando a la sociedad civil asumieron –además de Bosch- Benedicta Juana Ortíz de Penayo, Juan Carlos Goya, Bonifacio Saúl Rodríguez (representante de los pueblos originarios) y Juan César Penchasky (representante de los abogados).
El Comité fue creado por la Ley 6483; se articula con distintos actores y entes estatales, organizaciones no gubernamentales, y movimientos sociales interesados en la promoción y vigencia de la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su “protocolo facultativo”. Esta integrada por nueve miembros: cinco de la sociedad civil y cuatro representantes del estado (uno de cada poder). La misma ley establece que el Comité se constituirá como un ente “autárquico y autónomo” en el ejercicio de sus funciones, que no recibe instrucciones de ninguno de los poderes públicos del Estado.
La reglamentación además establece un “Deber de Colaboración” para con el Comité de todos los poderes del Estado provincial, autoridades, funcionarios y las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas cuya actividad se encuentre vinculada a los centros de detención, que ingresen dentro de la órbita de competencia del Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, sin distinción de rango o jerarquía, ni excusa en órdenes de sus superiores, colaborarán con carácter obligatorio, urgente y de manera inmediata al mismo, para su pleno funcionamiento y la consecución de los fines previstos en la presente ley.
Avance cualitativo
El primer mandatario consideró al Comité como un avance cualitativo para el Chaco y su calidad institucional. Destacó que es la primera provincia que aplica este órgano facultativo y que además logra integrar a la sociedad civil (que tiene cinco representantes) con los poderes del Estado (con cuatro representantes, uno por cada poder).
“El Poder Ejecutivo coadyuvará y cooperará para eliminar y erradicar a tortura de la provincia”, garantizó y enumeró como acciones en ese sentido mejorar el funcionamiento de la alicaída de Sáenz Peña, eliminar las comisarías como centro de detención y realizar las inversiones necesarias en infraestructura correspondiente.
Capitanich aseguró que cualquier tipo de tratos degradantes afectan a las personas y que el Poder Ejecutivo tiene como política de Estado la construcción de una sociedad abierta, plural y democrática. En este sentido recordó la sanción de la Ley de Seguridad Democrática y la designación y puesta en funciones del Defensor del Pueblo. “Eso implica un salto cualitativo en materia de calidad institucional”, insistió y remarcó que cada persona es un sujeto de derecho y puede expresarse libremente.
Cambio de paradigma
Bosch se comprometió ante el gobernador, “sobre la Constitución Nacional y Provincial, por la Patria, por mi honor, por la memoria de los 30 mil desaparecidos, por la memoria de los sobrevivientes del último genocidio como el de la Conquista de los 500 años de América y por todos aquellos que en nuestro país y en el mundo, luchan por un mundo más justo”.
En su discurso consideró que el Comité es un paso más hacía el cambio de paradigma que se está produciendo en el país desde 2003 en materia de derechos humanos. Destacó que el órgano este integrado por representantes estatales. “El Estado siempre fue, en la Argentina, el principal violador de los derechos y ahora se compromete a garantizarlos”, explicó. Enumeró como acciones en esta dirección la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario y de la Salud Mental.
Destacó además que entre las autoridades haya un representante de los pueblos originarios ya que es un sector de la sociedad que sufrió y sufre torturas de todo tipo. En este sentido explicó que las torturas no se producen solo en momentos de interrogatorios o detenciones sino que varios ámbitos de la vida y agregó que las torturas no son solo físicas sino también psíquicas.
El flamante presidente aseguró que el comité no se limitará a realizar estadísticas o análisis de situación sino que realizará trabajos de campos y accionará para lograr la eliminación total de torturas en el Chaco. “Parece una utopía, pero nos gusta que así sea y vamos a trabajar por ella”, afirmó.
Lo que importa es saber cuál es la voluntad institucional y política para crear un Organismo análogo en la Provincia de La Pampa, respecto de lo cual la misma está obligada convencional, constitucional y legalmente.
El año pasado, como Defensor General, hice este planteo formal ante la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, incluso llevando a modo de borrador o memo un sistema que recogía el proyecto chaqueño originario, adaptado a la realidad doméstica, en el que, a diferencia de lo que ocurría en la provincia del nordeste, su creación no irrogaría un sólo peso al erario público. El Comité cuya creación se instaba, contaba con la ventaja de poder enancarse en el trabajo del Mecanismo de Constatación de DDHH en contextos de Encierro que, con los medios con los que contamos, intentamos sostener desde el Ministerio Público de la Defensa Pampeano.Ayer, enviamos sendas notas y el mismo dossier a la Secretaría de DDHH y al Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad de la Provincia, instando la creación de un instrumento fundamental en materia de DDHH. Cualquiera sea el resultado, seguiremos impulsándolo como una forma de intentar la adecuación institucional de nuestra Provincia al programa de la Constitución.